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Sánchez: opinión pública antes que salud pública

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Que debieron adoptarse medidas de distanciamiento social antes del 8-M es algo que, tras un exceso de muertes superior a los 40.000 fallecidos durante las últimas semanas, no admite demasiada discusión. Las autoridades españolas actuaron tarde —muy tarde en relación con la situación epidemiológica del país y el grado de descontrol de los contagios— y precisamente por ello el virus penetró terriblemente dentro de nuestra sociedad. Si se hubieran tomado medidas antes —no mucho antes, sino solo algunos días antes—, más del 60% de los fallecidos por el coronavirus podrían haber salvado sus vidas. Pero ¿por qué actuaron tan tarde?

Hasta ahora, la explicación mayoritaria desde el ámbito gubernamental ha sido que “no se podía saber”. Pero esta es una explicación enormemente endeble porque, aun habiendo un alto grado de incertidumbre sobre cómo iba a evolucionar la pandemia, otros países con una situación epidemiológica similar —o menos grave— que la de España ya habían tomado diversas medidas de distanciamiento social antes del 8-M. En particular, según el Oxford Stringency Index —indicador sintético que empleó Sánchez para evaluar su labor al frente del estado de alarma—, España iba bastante por detrás de Francia o Alemania en los esfuerzos por contener la propagación del patógeno hasta el 8-M. ¿Por qué Francia o Alemania podían sí saber pero España no?

Pues porque, quizá, lo que faltó no fue tanto información cuanto voluntad política. Este fin de semana, en una entrevista para ‘La Vanguardia’, se le preguntó al presidente del Gobierno qué cambiaría si pudiera volver atrás. Y su respuesta resulta bastante sintomática del contexto y de los incentivos bajo los cuales actúan nuestros gobernantes:

¿El estado de alarma se tenía que haber aprobado antes? No lo niego ahora mismo, pero también es cierto que la sociedad española y muchas fuerzas políticas no lo hubieran entendido con un número de fallecidos inferior al que teníamos en la segunda semana de marzo…

Expresado de otra forma: ante la duda razonable de aplicar medidas preventivas de distanciamiento social —como ya habían hecho otros países en aquel momento, acaso porque entendían la enorme asimetría de riesgos que existía entre actuar y no actuar en medio de una pandemia—, Pedro Sánchez no solo tuvo en cuenta la situación epidemiológica del país, sino que también les tomó el pulso a la opinión pública y a su Frankenstein parlamentario. Ante la duda, se optó por el camino políticamente más sencillo: por aquel que no generaba a muy corto plazo desgastes de popularidad ni confrontación política.

¿Y por qué a un gobernante como Sánchez le obsesionan su imagen pública y sus ententes parlamentarias? Pues porque esos son los dos pilares sobre los que se sustenta su permanencia en el poder: y el principal objetivo de todo político —o, al menos, de todo político que asciende tanto en el ‘cursus honorum’ estatal— es acceder y permanecer en el poder a casi cualquier precio. Su verdadera ambición no es prestar un servicio público o buscar el interés general, sino manejar el Estado a su antojo. ¿En qué cabeza cabe, pues, que un gobernante deje de tomar alguna decisión —incluso decisiones cruciales para salvar millares de vidas en medio de una pandemia— sin subordinarla a su particular calculadora de votos? ¿En qué cabeza cabe que el escorpión deje de comportarse según su naturaleza de escorpión?

Eso sí, resulta llamativo que muchos de los que critican el funcionamiento de los mercados por ser demasiado cortoplacistas y por despreocuparse de la búsqueda del bien común (ambas críticas son incorrectas, pero exponer sus errores no es relevante para mi presente argumento) se echen rápidamente en brazos del intervencionismo estatal cuando ese intervencionismo está teledirigido por gobernantes que también son extremadamente cortoplacistas y egoístas: por gobernantes que han llegado hasta donde han llegado a través de un proceso de selección adversa (la competencia política) en el que triunfan los más tramposos, manipuladores y arribistas (‘a contrario sensu’, los políticos que no cumplan con esas características no tenderán a llegar a los puestos más elevados de mando, dado que habrán sido pisoteados por otros con menos escrúpulos). O bien el cortoplacismo y el egoísmo no eran sus auténticas y genuinas preocupaciones o bien caen en la peligrosa falacia del Nirvana, según la cual habríamos de comparar los mercados realmente existentes no con los Estados realmente existentes, sino con Estados idealizados e irreales.

La escalofriante sinceridad de Sánchez no solo pone de manifiesto que los criterios técnicos jamás fueron los únicos que guiaron la actuación del Gobierno en medio de la epidemia, sino que también nos recuerda cuál es la esencia misma de la política: el poder, incluso a costa de la vida y la salud de los ciudadanos.

Los tres desafíos económicos del 2020

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya ha transcurrido medio año de este accidentado 2020. Hoy se cumplen seis meses desde que se emitió la primera alerta científica sobre el virus de Wuhan. Desde entonces, 10 millones de personas han dado positivo y 500.000 personas han muerto a causa del coronavirus, sin entrar en la complicación de los datos oficiales.

La pandemia se ha instalado en nuestras vidas, junto con el miedo, el teletrabajo (quienes puedan) y una invitada a medio desvelar, que sólo ha mostrado una parte de su rostro: la crisis. Las consecuencias económicas del prolongado cierre decidido por el gobierno están, negro sobre blanco, en informes y artículos. Pero el limbo de los ERTE y la comprensible excitación ante las vacaciones de verano nos ciegan. No queremos saber nada. Ahora, no, por favor.

Con lo mal que lo hemos pasado, podrían darnos un poco de ‘vidilla’, al menos en el mes de agosto, y ya a la vuelta cargamos sobre nuestros hombros el madero de la cruz que, de nuevo, el gobierno considere que merecemos soportar, a costa de lo que sea. No estoy sola en esto: así estamos muchos.

Sin embargo, no está de más recordar algunas de las sombras que se ciernen sobre nosotros, y que irán materializándose, de aquí a finales de año.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea está lejos de haber finalizado. Las negociaciones, durante los pasados cuatro años, desde el referéndum del año 2016, se han centrado en los términos de la salida. Pero no se concretaban los siguientes pasos ¿Cómo va a ser el día de después? Eso es lo que deberá decidirse de aquí a diciembre, ya que Boris Johnson ha expresado claramente su intención de no alargar más esta situación.

Hay varios temas delicados como, por ejemplo, el de la pesca. Los barcos europeos no podrán faenar en aguas británicas como siempre. Otro es la investigación: ¿se va a producir una fuga de cerebros en el Reino Unido si las condiciones de los investigadores comunitarios se endurecen?

En los meses de julio y agosto, ambas partes tendrán que concretar estos y otros desagradables flecos en una de las peores situaciones para ambas partes. La pandemia no está bajo control. Los científicos siguen sin poder responder a las preguntas que nos devolverían la confianza.

No está probado que el virus haya perdido fuerza, ni que los rebrotes lo sean o, por el contrario, se trate de reactivaciones de virus que no se han acabado de eliminar, y que han dado falsos negativos. No sabemos nada seguro acerca del tiempo que dura la inmunidad en quienes lo han pasado.

Desde el punto de vista económico, no sabemos cuándo vamos a poder lanzar la economía a pleno gas o si vamos a tener nuevos frenazos. Y, mientras, ahí está el coste del Brexit, mirando desde la puerta, mientras nos acercamos, sin remisión posible. Hay un centenar de personas en cada equipo de negociación y once sub grupos de trabajo que se encargan de limar diferencias para llegar a acuerdos. Eso no es gratis.

Ignacio García Bercero, negociador de la UE para el TTIP (Trasatlantic Trade and Investment Partnership) con Estados Unidos, tuiteaba el pasado 12 de junio que, una de las peculiaridades del Brexit es que la solución por defecto, si no se llega a un acuerdo, no se corresponde con el status quo actual, y por eso, ha de estar todo bien cerrado. Los medios británicos se hacían eco de las declaraciones de García Bercero con cierto brillo de esperanza en sus ojos.

La segunda sombra en nuestro horizonte es, precisamente, la situación económica de nuestro país y de nuestros socios de la Unión Europea, especialmente respecto a las ayudas. No es que los plazos europeos vayan lentos, es que lo que el gobierno español quiere es acogerse a las nuevas medidas, nuevos fondos, nuevos requisitos. Y eso sí tarda.

Hay ayudas previstas a través de mecanismos aceptados por todos (nosotros también) que no pensamos tocar, porque el gobierno no quiere tener que aplicar reformas con alto coste electoral, a pesar de que, económicamente, es lo más conveniente, ahora mismo. Las reformas estructurales son dolorosas pero limpiar una herida infectada también. La clave de ambos procesos es que son imprescindibles para solucionar las cosas de raíz, con visión a largo plazo.

Si alguien tenía en mente que el recurso a la EU va a ser similar al de la pasada crisis del 2008, que se lo quite de la cabeza. Italia y España son los países más afectados, pero no los únicos. Por ejemplo, debido a las expectativas frente al Brexit, las exportaciones alemanas al Reino Unido se han desplomado. Un 30% de las empresas alemanas está asumiendo ya que no va a haber acuerdo: se preparan para el terremoto.

Los países de Europa del Este, conscientes de que el dinero no cae del cielo, no quieren que haya recortes de fondos estructurales que compensen las aportaciones extraordinarias previstas para los afectados por el Covid-19, principalmente, para Italia y España. Es un tema sin resolver.

Finalmente, no hay que olvidar la complicación añadida que suponen China y Estados Unidos. Ninguno de los dos colosos va a poder recuperarse sin el concurso de los países que estamos en medio de su guerra comercial. Es cierto que, desde el punto de vista sanitario, la situación de ambas naciones es muy diferente.

No me atrevo a decir que China lo tiene controlado. Estados Unidos está en plena eclosión. Y, aunque es cierto que el mercado laboral estadounidense, previsiblemente, se recuperará mucho más rápido que el nuestro, no sabemos cuál va a ser el calado del perjuicio económico debido a la pandemia allí, porque se encuentran en plena batalla.

Esta incertidumbre, tanto acerca de los rebrotes en algunos lugares de China como del futuro estadounidense, ensombrecen la guerra comercial abierta que arrastraban antes del Covid-19. Y nos pilla en medio.

¿Cómo vamos a afrontar estas tres tormentas que, sin duda, nos van a afectar de una u otra forma? No soy muy optimista. Me gustaría que, al menos, por una vez, lo hiciéramos con luz y con los ojos abiertos. Como personas adultas.

Sólo por ser mujer

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El martes, 23 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó por una abrumadora mayoría la proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas contra el negacionismo de la violencia de género. La petición, propuesta por el Grupo Parlamentario del PSOE, fue votada por los siguientes grupos parlamentarios, por orden de presencia en la Cámara:

  • PSOE 120 diputados
  • Partido Popular 89
  • Unidas Podemos 35
  • ERC 13
  • Ciudadanos 10
  • Junts per Catalunya 8
  • PNV 6
  • EH Bildu 5
  • Más País 3
  • CUP 2
  • Coalición Canaria 2
  • Navarra Suma 2
  • BNG 1
  • PRC 1
  • Teruel Existe 1

En total, 298 diputados, más del 85 por ciento de la Cámara, votó a favor de la PNL. ¿Qué motivó este inusual consenso para un asunto que puede resultar polémico?

La proposición establece que hay algo llamado violencia de género. Me distancio de lo que recoge la PNL no porque yo niegue violencia alguna, sino porque lo que dice que se produce en España es algo muy concreto, una realidad, la que estaría amparada por el sintagma “violencia de género”. En resumidas cuentas, esa “violencia de género” está definida por lo siguiente:

Es una “violencia específica que se produce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres”. Además es una violencia “estructural contra las mujeres [que] tiene su origen en la desigualdad”, y “el machismo apuntala esta violencia”.

No da más pistas, pero sí recoge que esa “violencia de género” (VdG) es una idea que está incrustada en “el marco normativo” y está respaldada por “las investigaciones académicas”, unas, “científicas”, otras. Además, sobre la existencia de tal VdG existe, según indican, un “consenso social y político”.

Esto lo dice el preámbulo de la PNL. Ya llegaremos a ella, pero corramos a decir que es absurdo negar su existencia. Sólo podría hacerse conociendo todos los casos de violencia de hombres contra las mujeres y, sobre todo, su motivación específica. Sin ese conocimiento holístico, ¿quién podría negar que hay casos de una “violencia específica, estructural, contra las mujeres, por el simple hecho de serlo”?

Pondré un ejemplo: El otro día vi un vídeo en el que un transeúnte se cruzaba con una mujer, de 99 años, con la que no tenía ninguna relación previa. El joven la vio, y le propinó un empujón que la derribó. ¿Lo hizo porque ella era mujer? ¿O quizás fue porque ella era blanca, y él negro en pleno furor de ‘Black lives matter’? Eso sólo nos lo puede decir la intimidad del podrido cerebro de ese joven. Pero insisto en que negar que ese tipo de violencia se dé es un absurdo.

Otra cuestión es su relevancia. ¿Cuántos de los hechos violentos de hombres hacia mujeres en España se deben a esa motivación? Si los hombres agrediesen a las mujeres sólo por el hecho de serlo, las agresiones serían aleatorias, y casi ninguna en el ámbito familiar, donde es fácil que el agresor sea identificado. Pero no es así, en todos los casos, o casi todos, hay una relación previa a la violencia entre ambas personas, por lo que aquí se juntan infinidad de motivaciones. Muchas serán comunes, porque la naturaleza humana es limitada, pero las hay muy diversas.

Si lo que pretende el preámbulo de la PNL no es afirmar que existe lo que describe como VdG, sino que todas las actuaciones violentas de hombres contra mujeres son de esa índole, entonces el asunto entra ya dentro del ámbito de lo debatible. Hay varias consideraciones que se pueden hacer para defender que esa pretensión no es evidente. Por ejemplo, hay muchos más hombres víctima de la violencia de otros hombres que mujeres. Los hombres son más violentos que las mujeres, lo cual es fácil de explicar por la psicología evolucionista. Aunque pueda haber razones puramente culturales, y por tanto matizables en alguna medida, hay un sustrato biológico indudable. Se sabe, por ejemplo, que la testosterona mitiga la empatía.

Pero si queda acreditada la mayor violencia de los hombres, no hay que recurrir a una explicación secundaria, como que el que ejercen sobre las mujeres es por el simple hecho de serlo. Subjetivamente es una idea extraña, la verdad. Y, en cualquier caso, plantearía la cuestión de si el grupo sexual que es más objeto de violencia por parte de los hombres, que son otros hombres, reciben esa violencia también por ser hombres. El preámbulo de la PNL nada dice al respecto, y son cuestiones que se debería plantear.

Por otro lado, hay violencia de algunas mujeres hacia algunos hombres o hacia otras mujeres; porque la naturaleza, o si prefieren la evolución, nos ha hecho distintos a este respecto, pero no tanto. ¿Cuánta de esa violencia es la imagen especular de la VdG, como la describe el documento?

Y, sobre todo, ¿cuántos de los 298 diputados que han votado la PNL del PSOE se han planteado en serio lo que pone? No hará falta que responda a esta pregunta.

Esto incluye al propio PSOE que, sin embargo, dice que negar que toda violencia de un hombre contra una mujer encaja en este estereotipo ideológico de VdG (estructural por el simple hecho de ser mujer) atenta contra el consenso político (lo cual, vista la votación, es innegable), contra el veredicto de la ciencia (no han visto un debate científico ni por asomo), y contra las propias víctimas. Sobre ellas sólo diré que un mal diagnóstico sobre la violencia, adoptado por la clase política como dogma, nunca puede ser una ayuda.

Pero llegamos a la propia proposición no de ley, y ya era hora. La voy a citar letra por letra: “El Congreso de los Diputados, reconociendo la existencia de una violencia específica contra las mujeres que se produce por el hecho de ser mujeres, insta al Gobierno de España a combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género y seguir impulsando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

No es una PNL, es un bodrio sobre el que se agolpan infinidad de consideraciones. La primera es, ¿cómo se puede llamar a la opinión contraria a que toda violencia hombre-mujer encaje en una definición tan estrecha, “negacionismo”? La palabra “negacionismo” tiene un significado preciso: la negación del hecho histórico del holocausto, el genocidio específico del pueblo judío llevado a cabo por los nacionalsocialistas. Por ejemplo, Irán, socio estratégico de Podemos, que ha apoyado esta PNL, organiza simposios negacionistas. Y, por cierto, asume un discurso hacia el pueblo judío y en particular hacia Israel que suena, como en un sombrío eco, en los discursos del propio Podemos.

Pero estar en desacuerdo con que esa definición de violencia encaje en todos los casos no se parece ni por asomo. Afirmar que las motivaciones de la violencia son complejas y que no todas se ajustan a una definición puramente ideológica, creada como ariete contra la sociedad actual, no es lo mismo que negar que esta violencia se produzca. Por cierto, que hay otras violencias, las que no son del hombre hacia la mujer, que las feministas sí niegan u ocultan.

Es más, la propia PNL hace referencia, ¡Ay!, a la ciencia. La ciencia tiene por misión entender la realidad y ello le lleva a poner en duda, y en ocasiones a enfrentarse abiertamente, a todo tipo de consensos. Especialmente a los consensos lysenko-políticos.

Pero hay más efectos estupefacientes de esta proposición. ¿Qué medidas puede adoptar el Gobierno? Aún reconociendo sin reservas toda su voluntad censora, ¿qué instrumentos puede utilizar el Gobierno para prohibir que otros expresen su opinión distinta a la proclamada como verdad oficial?

Y ¿Qué hacen Partido Popular y Ciudadanos votando este dislate? ¿También se suman a esta estrechísima definición de violencia para hacer pasar por ella a toda manifestación de la misma? ¿Será cierto que desean que el Gobierno ponga todos los medios a su alcance en contra de quienes sospechan que no todos los casos son como pretende esta posición ideológica? Este atentado al debate, este ataque desmedido contra la misma ciencia, ¿les parece a estos partidos algo merecedor de apoyo? Se ve que Pablo Casado, desde que ha elogiado públicamente la figura de Mariano Rajoy, ha dado por buena la expulsión de los liberales del partido. Pero ¿Y Ciudadanos? Aquel partido de dos almas, socialdemócrata una y liberal la otra, pero ambas ancladas a un (endeble) fondo ilustrado, ¿dónde ha quedado? El único partido que ha levantado la voz (literalmente) contra esta proposición no de ley ha sido Vox. Tengo muchas reservas hacia esta formación, pero aquí ha aportado todo el sentido común que le ha faltado al resto de la Cámara.

¿Tenemos margen para subir impuestos?

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“The best things in life are free, so you can give them to the birds and bees”. Berry Gordy.

El Gobierno más caro de la historia, con más ministerios y cargos públicos, dice que “hay margen para subir los impuestos” y que “recaudamos menos que la media de Unión Europea”. De hecho, nos dicen que recaudaríamos hasta 60.000 millones más “adecuando la fiscalidad a la media europea”. Es una falacia de cuento de la lechera.

El Gobierno sabe que con la subida brutal de impuestos que planean no recaudaría ni un 5% de los más de 115.000 millones de déficit de 2020. Es que no recaudarían ni siquiera la cantidad en la que se desviaron del objetivo de déficit en 2019. Es decir, con medidas que ponen más escollos a la recuperación, expoliando a empresas y familias ni siquiera reducirían el déficit excesivo… de 2019.

El engaño, como siempre está en hablar de presión fiscal (ingresos sobre PIB) en vez de esfuerzo fiscal (impuestos pagados sobre renta per cápita) y sin atender a la realidad económica del país.

España, según el Banco de España, recauda un 4% de PIB ‘menos’ que la media de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tiene más del doble de paro, empresas más pequeñas y mucha más economía sumergida. Por lo tanto, no es que recaude poco, recauda y extrae mucho de los contribuyentes cautivos.

Tenemos una fiscalidad muy alta para los que contribuyen, y esto supone un escollo para reducir el paro y fortalecer el tamaño empresarial y, con ello, las arcas públicas.

Si el Gobierno se dedicase a favorecer la creación de empleo, permitir la reducción de la economía sumergida y aumentar el tamaño empresarial con una fiscalidad competitiva, no estaríamos siempre debatiendo si recaudamos poco o mucho. Porque lo que se recauda es simplemente el reflejo de la realidad económica del país. Si imponen una fiscalidad desconectada de esa realidad, ni recaudan, ni crecemos, ni creamos empleo. Y luego nos repiten la falacia de que el gasto público es bajo y recaudamos poco.

La medición del gasto público y los ingresos no debe hacerse sobre el PIB, que además se infla simplemente gastando y endeudándose, sino en base a la realidad de las empresas y familias del país.

La fiscalidad no se calcula en base a lo que quiera recaudar el Gobierno, sino a la capacidad y proporcionalidad inherente a la economía. Y España es un país de pequeñas empresas y pocas rentas altas con una administración para millonarios.

Un país donde la mayoría de las empresas son microempresas y que solo tiene 7.000 personas entre las rentas altas (menos de 90.000 si llaman ‘rentas altas’ a más de 125.000 euros anuales) no se puede permitir una administración extractiva que solo piensa en recaudar aunque se haya devastado el tejido empresarial y el empleo en el cierre forzoso más incompetente del mundo, que nos va a llevar a una caída del PIB del 13% y un paro del 26% mientras el gobierno más caro de la historia sigue intacto.

El estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestra claramente la realidad de una fiscalidad en España que está muy lejos de ser competitiva y que además es muy superior a la media de la UE y la OCDE:

– La mayoría de los países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia) tienen una fiscalidad más competitiva que la española en cuanto a empresas, creación de empleo y capital y en fiscalidad de la propiedad. Lo que siempre nos ocultan de los países nórdicos es que recaudan más porque tienen un IVA e impuestos indirectos más altos.

– El Impuesto de Sociedades en España supera los promedios de la OCDE, la UE-28 y el conjunto de las economías del mundo. La falacia de que las grandes empresas pagan “pocos” impuestos viene de sumar a los beneficios en España los generados –y tributados– en el resto del mundo y llegar a un tipo implícito falso. La realidad es que los grandes grupos pagan un 18,96% y las entidades financieras en su conjunto un 22,43% sobre su base imponible, según datos de la AEAT.

– La presión fiscal que soportan las empresas en España es 1,2 puntos porcentuales superior a la de la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa derivada de la carga del Impuesto de Sociedades es un 16% superior a la media de la Unión Europea.

– España tiene una presión fiscal normativa que es un 8,1% superior a la media de la Unión Europea y muy superior a la media de la OCDE.

Incluso si utilizáramos el argumento basado en el cálculo de presión fiscal usado por la ministra, el propio Banco de España desmonta que estemos siete puntos por debajo de la media, es muy inferior, y nos revela que estamos en la media o por encima en ingresos de empresas, patrimonio y renta.

El Banco de España, en un estudio de López-Rodríguez y García Ciria, Estructura Impositiva de España en el contexto de la Unión Europea, resalta lo siguiente sobre España:

1. Impuestos al trabajo: “En la imposición sobre el trabajo, la recaudación en porcentaje del PIB en España es inferior a la media de la UE-28 (…) No obstante, el peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB es superior”, “especialmente la parte a cargo del empleador”. En España se “recauda” menos porque tenemos impuestos al trabajo demasiado altos que reducen el potencial de empleo y la capacidad de contratar. Y, con ello, tenemos más del doble de tasa de paro que la media con la que nos quieren comparar para expoliarnos.

2. Ya pagamos demasiado. Sigue el Banco de España: “De este modo, la cuña fiscal media, medida como cociente entre la suma de los impuestos sobre la renta personal derivados de las rentas del trabajo y las cotizaciones sociales, por un lado, y el salario medio bruto de los empleados a tiempo completo en el sector privado, por otro, se sitúa en España por encima de la media del conjunto de las economías de la OCDE para todos los tramos de renta y tipos de individuos de acuerdo con su situación familiar”.

3. ¿Y los ricos, las empresas y el patrimonio? “Por su parte, el peso sobre el PIB de la recaudación derivada de la imposición sobre el capital es más elevado en España que en la media de la UE-28, debido a una imposición sobre la riqueza superior, mientras que los ingresos derivados de las rentas de las empresas, así como los obtenidos de las ganancias y las rentas del capital de los hogares y los autónomos, se encuentran, en términos agregados, en niveles similares”.

¿Dónde está la diferencia que la ministra calla? En el IVA e Impuestos indirectos: “Esta menor tributación sobre el consumo se debe principalmente a la menor recaudación por IVA como consecuencia, sobre todo, del hecho que el tipo general del impuesto afecte a un porcentaje más reducido del gasto en consumo que en la mayor parte de los países de la UE-28. De manera adicional, la recaudación en impuestos especiales también es inferior, en particular en hidrocarburos, transporte, tabaco y alcohol, bienes en los que los tipos implícitos sobre su consumo son inferiores a los tipos implícitos promedio en la UE-28. Asimismo, España cuenta con una menor recaudación en términos del PIB derivada del conjunto de los impuestos medioambientales”. Todos estos impuestos los pagamos todos y, por supuesto, los subirán.

En impuestos al trabajo (cotizaciones sociales), empresas y riqueza estamos en la media o por encima. La razón por la que ópticamente “recaudamos menos” que la media de la Unión Europea viene de tener menor IVA y menos impuestos verdes y especiales. Es decir, impuestos que paga sobre todo la clase media. Lo que la ministra esconde es que van a subir todas estas figuras, que pagaremos todos, como siempre.

Incluso con ese análisis, España no debería subir estos impuestos indirectos y mucho menos ahora, porque añadiría a las trabas a la inversión y el empleo, un escollo a la recuperación del consumo.

España se enfrenta a un desastre económico sin precedentes. Subir impuestos, como ocurrió en el pasado, retrasaría la recuperación y nos volvería a poner en la cola de crecimiento y empleo.

Los aristócratas del gasto público siempre piensan que ellos gastan poco y usted gana demasiado. Ahora exigen economía de guerra a todos y administración de bonanza para ellos. Toca reducir gasto superfluo y pensar en atraer inversión, creación de empresas y empleo.

Solo lo conseguiremos si dejamos de hacer cálculos de ciencia ficción sobre ingresos imposibles y la administración empieza a enterarse de la elevada fiscalidad que ya sufrimos. Subirán los impuestos, no recaudarán casi nada y mucho menos para cubrir el enorme déficit acumulado, y cercenarán el potencial de crecimiento y empleo del país.

España solo saldrá de la crisis atrayendo inversión y facilitando la creación de nuevas empresas y empleo. Hemos perdido más de 120.000 empresas y 20.000 millones de euro de capital entre amenazas a los creadores de empleo, acusaciones y el cierre forzoso peor coordinado del mundo. El Gobierno debe parar la batería de subidas de impuestos y empezar a priorizar y hacer lo que pone en su descripción: administrar recursos escasos, no expoliar de lo que sobreviva a la crisis.

Los riesgos económicos de una reapertura demasiado temprana

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Un error bastante extendido sobre esta pandemia es atribuir el hundimiento de la economía a la adopción de medidas de distanciamiento físico para aislar el virus y frenar su propagación. La lógica parece rezar lo siguiente: sin medidas de distanciamiento físico, la actividad económica habría proseguido a niveles cercanos a los previos a la pandemia, aunque probablemente con un mayor número de muertos. La célebre (y falsa) disyuntiva entre salvar vidas o salvar la economía que, a su vez, ha reforzado los llamamientos a acelerar la reapertura de la economía: si no levantamos ya las restricciones, la economía no podrá soportarlo.

Pero no es ni mucho menos obvio que la ausencia de medidas de distanciamiento física hubiese permitido a la economía seguir en funcionamiento a un ritmo normal o próximo al normal. A la postre, existen dos canales a través de los cuales una pandemia descontrolada termina dañando igualmente la economía:

  • Canal de oferta: una pandemia provoca trabajadores enfermos, los cuales se ven temporal o permanentemente incapacitados para seguir prestando sus servicios laborales al ritmo habitual. Un menor número de horas trabajadas como consecuencia de una extensión del virus ya generaría por sí solo un hundimiento del PIB (recordemos que este puede expresarse como el producto de la productividad media por el número de horas trabajadas), pero este hundimiento habrá de resultar especialmente intenso en economías como las nuestras, a saber, economías basadas en una profundísima división hiperespecializada del trabajo: en la medida en que muchos trabajadores fabrican los inputs que son necesarios para que otros trabajadores puedan desarrollar su actividad, el que un grupo de obreros enferme y cese de producir no solo contribuye a reducir directamente el PIB por la menor actividad de esos obreros contagiados, sino también porque conlleva la interrupción de la actividad de aquellos otros trabajadores que, aun estando sanos, necesitan de los insumos fabricados por los primeros. En su momento, ya tuvimos ocasión de reseñar el trabajo de Bodenstein, Corsetti y Guerrieri, quienes estimaban que, dadas las fuertes interrelaciones de las cadenas de suministro en EEUU, el contagio de ciertos grupos de trabajadores difícilmente sustituibles podría generar una caída del PIB más intensa que la estrictamente derivada de las medidas de distanciamiento físico (las cuales contribuían a romper las cadenas de transmisión y consecuentemente a proteger a esos trabajadores esenciales).
  • Canal de demanda: un virus en abierta propagación es una amenaza a la que pocos desean exponerse. Es absurdo pensar que, sin medidas de distanciamiento físico, la vida de los ciudadanos habría transcurrido con absoluta normalidad y, por tanto, que sus patrones de consumo no se habrían alterado drásticamente. Como es obvio, una amplia mayoría de ciudadanos habría tratado de protegerse a sí mismo (y a los suyos, pues el riesgo no lo asume solo la persona susceptible de contagiarse, sino aquellos otros a quienes puede transmitirles el virus), modificando para ello sus patrones de consumo: esto es, suspendiendo sus gastos en bienes de consumo social (bares, restaurantes, turismo…) donde el riesgo de contagio es más intenso y acaso incrementándolo en bienes de consumo remoto (aunque es poco probable que la restricción de uno se compense plenamente con la ampliación del otro en momentos de fuerte incertidumbre). Si las medidas regladas de distanciamiento físico son potencialmente útiles no es porque nadie, en su ausencia, hubiese evitado mantener contacto social con otros, sino porque puede haber ciudadanos que, al no internalizar el daño que generan sobre terceros, no reduzcan suficientemente sus interacciones sociales. En todo caso, lo que es incuestionable es que, con o sin medidas de distanciamiento físico, se habría vivido una contracción intensa del consumo. De hecho, en un reciente estudio de Raj Chetty, se documenta que quienes más han minorado sus gastos en EEUU durante esta pandemia han sido el 25% de las rentas más altas (una caída que llegó a ser del 39% en el mes de abril frente al 13% experimentado por el 25% de rentas más bajas). Esta disminución del gasto agregado en consumo se debió en dos tercios al colapso del gasto en bienes de consumo presenciales (hoteles, restaurantes, ocio, transporte público…). El mensaje, pues, es claro: en medio de una pandemia quienes pueden permitirse aislarse tienden, en general, a aislarse (y, de hecho, las comunidades con un mayor capital social tienden a ser las que espontáneamente minimizan más las interacciones interpersonales al margen de si existen normas que lo requieran).

En definitiva, lo que ha destrozado la economía ha sido la pandemia. Con o sin medidas de distanciamiento físico, el golpe habría sido muy profundo. Y, de hecho, las medidas de distanciamiento físico, en tanto en cuanto aceleren la extinción del virus o al menos lo mantengan bajo un razonable control, pueden permitir que la economía se mantenga en unos niveles de funcionamiento mayores que con un virus mucho más extendido y enquistado. Este ha sido, de hecho, el mensaje de advertencia que nos ha lanzado recientemente el Banco de España con respecto a un levantamiento demasiado temprano de las medidas de distanciamiento físico: “no se puede descartar que una desescalada prematura resulte en una menor recuperación del empleo a corto plazo (si, por ejemplo, la demanda no repuntara porque los consumidores percibieran un nivel elevado de riesgo sanitario), o incluso a medio plazo, en la medida en que pudiera aumentar la probabilidad de nuevos brotes de contagios”.

A la luz de los rebrotes que ya se están produciendo en EEUU y en Europa (incluida España), ojalá no tengamos que arrepentirnos, tanto en lo relativo al número de fallecidos como a los daños económicos, de haber cantado victoria de manera precipitada.

La sostenibilidad eco es la clave del futuro

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta mañana, un médico me contaba que el virus que provoca el covid19, al igual que todos los virus, tiene como objetivo sobrevivir. Eso implica que, imaginando que los virus tuvieran intencionalidad y emociones, al coronavirus no le interesa lo más mínimo arrasar España.

Su propio interés le lleva a no ser 100% letal, porque, en ese caso, se extinguiría. ¿De qué iba a vivir si acaba con todos los posibles huéspedes? Eso explica que los virus más exitosos (desde su particular perspectiva) son los que aprietan pero no ahogan, mutan, se vuelven menos letales pero más duraderos. Se hacen sostenibles. Y eso quiere decir que, hasta que no encontremos una vacuna y haya “historial” y experiencia en los que apoyarnos para tratarlo, estamos expuestos a sus efectos, que tampoco conocemos del todo.

Esta historia, tan real como terrible, sirve para entender perfectamente la importancia de la sostenibilidad para todos los seres vivos. También para nosotros, los seres humanos.

Los economistas educados en el largo plazo conocemos lo que implica mirar los problemas atendiendo a la sostenibilidad. Los economistas educados en el corto plazo, por el contrario, siempre van a intentar solucionar el problema aquí y ahora, sin considerar qué pasa después. Lo ideal es seguir el consejo de mi profesor de auto-escuela: “Mira cerca con un ojo y lejos con el otro”.

Sin embargo, desde que Lord Keynes afirmó que en 100 años todos estaremos muertos, cada vez más economistas se han apuntado al club de los cortoplacistas.

Tuvo que aparecer la moda ‘verde’ para concienciarnos de que hay un más allá, después del hoy, y que la economía no puede enfocarse en matar a la gallina de los huevos de oro, sino en que los huevos de oro se consuman durante el máximo tiempo posible.

Siempre sonrío cuando recuerdo que, en los años 60, se conocía como ‘revolución verde’ al uso extensivo de fertilizantes y componentes químicos en la agricultura, que permitieron que el campo español tuviera, al fin, un poco de oxígeno para sobrevivir mejor. Todo eso es agua pasada. Ahora la revolución verde consiste en dejar de usarlos.

Solucionar los problemas económicos del presente más inmediato es algo muy importante. Pero, no combinar esa perspectiva con la visión a largo plazo es, sin lugar a dudas, suicida.

Los fundamentos de la riqueza, aquello que permite que se genere, se van deteriorando y, cuando nos vamos a dar cuenta, nos encontramos con una estructura de la producción y un sistema económico, rígidos e inasumibles. Eso es lo que sucede en nuestro país, al menos, en parte.

El mercado de trabajo, la educación, los hábitos de consumo, de ahorro, de inversión, la cultura de la competencia, tan necesaria para salir a los mercados internacionales: todo eso está desbaratado por la aplicación sistemática de políticas económicas cortoplacistas. ¿Por qué ese afán sabiendo en lo que desemboca? Porque la inmediatez es electoralista.

Y, como sabemos, desde hace lustros vivimos en una permanente campaña electoral. De manera que las declaraciones y gestos de los diferentes partidos políticos forman parte del teatro de las próximas elecciones. Como para fiarse. Por la propia esencia de la política económica, algunas medidas del club cortoplacista no sólo no han tenido el efecto esperado, sino que han sido contraproducentes. En el mejor de los casos, han resuelto el problema pero con efectos secundarios perniciosos.

Por eso, soy una firme defensora del largo plazo. Hay que pensar en las consecuencias de nuestras acciones. En eso consiste la responsabilidad que es consustancial a la libertad. Y, si eso es cierto en el caso de los individuos, en general, ¿por qué no lo es cuando el individuo se dedica a la política económica?

La respuesta es muy obvia y muy simplona: el político tiene que pactar con contrapartes enfrentadas, y ha de contentar a todos para ser reelegido. Eso le lleva a ceder siempre en aquello que puede posponer. Es decir, en aquello que puede endilgarle al que venga.

Pero, tratemos de mirar la sostenibilidad económica en nuestros días. Hoy, leía un titular en un periódico inglés, en el que se afirmaba que se está empezando a calentar la economía europea y que, probablemente, a finales de año, la Unión Europea superará económicamente a Estados Unidos.

¿En serio alguien está mirando eso? ¿No tenemos bastante con afrontar el colapso comercial, turístico y financiero? Porque, los diferentes países afectados de nuestro entorno piden ayudas para frenar la sangría particular de cada cual, pero si, como parece que va a suceder, esas ayudas recaen en los hombros de la banca, y la banca se resiente, la financiación de nuestra actividad económica se va a ver comprometida.

No se me ocurre que nadie en su sano juicio pueda perseguir este objetivo. Y, sin embargo, los hay que reclaman exactamente eso: descargar el peso de las ayudas en la banca.

La supervivencia de nuestro club europeo implica que las ayudas otorgadas a cada país no minen la capacidad de generar riqueza de estos países, pero tampoco la de los países de donde procede el monto principal de esas ayudas.

No estamos asistiendo a una lucha de norte contra sur, ricos contra pobres, ni nada parecido. Estamos calibrando si matamos la gallina de los huevos de oro o si pensamos dos veces qué tipo de ayudas necesitamos, para que nuestra sociedad sea económicamente sostenible.

Para eso, es imprescindible un baño de responsabilidad, valentía política, y visión de futuro. Y, sobre todo, hace falta olvidarse de las próximas elecciones. La alternativa puede ser olvidarse de la Unión Europea y regresar al nacionalismo económico previo. Y eso no es bueno ni económica ni políticamente.

Black lives (don’t really) matter

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las vidas de los negros (realmente no) importan. Es el reverso del reclamo de Black Lives Matter, pero parece acercarse más a la realidad de sus objetivos. No es esa su prioridad, sino la policía. La institución armada, cuya misión es hacer cumplir las leyes y desarticular las estructuras criminales, es el objetivo inmediato del movimiento Black Lives Matter.

El discurso político se ha ido sinplificando, de los tratados de filosofía a los panfletos políticos (y en ocasiones eran lo mismo) a los discursos parlamentarios, y de ahí a las intervenciones en televisión, para acabar siendo reducidos a un ‘hastag’, a una etiqueta. Y #BlackLivesMatter ha apadrinado otra etiqueta: #DefundThePolice, que es llevar los recortes de gasto público al extremo, pero con un objetivo específico: acabar con las policías del país.

No es que yo esté diametralmente en contra de una idea como esa. La vieja y olvidada tradición republicana (en España olvidada especialmente por los que dicen ser republicanos), se fundamenta en el concepto de ‘virtú’, que es la predisposición de los ciudadanos a participar directamente en los asuntos públicos. Y, entre ellos, está la seguridad. Un pueblo republicano es un pueblo en armas. Esta idea se puede combinar con el principio que hace posible cualquier sociedad, que es la división del trabajo: al igual que los ciudadanos pueden defenderse por sí mismos, solos u organizados con otros, también pueden contratar ese servicio a cualquier empresa.

Pero no es eso lo que tienen en mente, aunque no han precisado qué quieren que sustituya a la Policía, si el crimen irrestricto o un grupo armado comandado por grupos radicales, y al margen tanto del Estado como de los ciudadanos de a pie organizando su defensa. La cuestión es de la máxima importancia, porque la Policía es sólo la primera línea de defensa del Estado de Derecho, que es el siguiente objetivo por derribar. Ese es el objetivo mediato.

No tenemos que imaginarnos cómo sería una ciudad sin Policía. Nos basta con echar la vida sólo unos días atrás. El 31 de mayo murieron en la ciudad de Chicago 18 personas por causas violentas. Según informó el Chicago Sunday Times, esto le convierte en “el día más violento en Chicago en seis décadas”. El fin de semana supuso la muerte de 25 personas, con un saldo añadido de 85 heridos, todos ellos por armas de fuego. En esos días, la Policía tuvo que olvidarse de controlar el crimen, porque todos sus recursos estaban destinados a controlar las violentas protestas que se estaban produciendo en la ciudad. Luego, para el crimen, es como si el lema #DefundThePolice hubiera sido un completo éxito. Liberado el crimen de la fuerza represiva que lo controlaba, los cadáveres de los afroamericanos caían a un ritmo sin parangón desde 1961.

Otro ejemplo tiene que ver con un éxito indudable del movimiento BLM: cuando en 2016 el alcalde de la ciudad, Rahm Emmanuel, impuso a la policía local una política de “brazos caídos”; esa fue su expresión. El efecto fue clarísimo: en 2015, el número de homicidios fue de 480. En 2016 fue de 754, un aumento del 58 por ciento.

Quizá lo que tenga sentido no es acabar con la Policía, sino mejorar su actuación por medio de la reforma. Pero aún así hay datos que no podemos dejar de lado. Según recoge Rafael A. Mangual en un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, “Un estudio de 2018, publicado en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery, analizó más de 100.000 arrestos, y se encontró que más del 99 por ciento se llevaron a cabo sin el uso de fuerza física. En los casos en que se usó la fuerza, el 98 por ciento de los sujetos sufrieron lesiones leves o nulas”. Y para situar al lector: “A nivel nacional, la policía descargó sus armas de fuego aproximadamente 3.043 veces en 2018, con el resultado de 992 muertes. El mismo año, casi 700.000 oficiales de tiempo completo hicieron más de 10 millones de arrestos”. Esto puede sorprender al consumidor habitual de medios de comunicación españoles.

Como le sorprenderá saber que la situación no ha empeorado, sino que ha ido claramente a mejor en los últimos años. Si entra el lector en Mapping Police Violence, puede comprobar que en 2019 murieron 259 personas de raza negra en enfrentamientos con la Policía, por 291 en 2013. Es una pena que la web no vaya más atrás en el tiempo, porque esta tendencia a la baja lleva produciéndose desde comienzos de los años 90’. También se ha reducido el número de blancos muertos en las mismas circunstancias: 665 en 2019 por 717 en 2013, aunque el progreso ha sido más lento.

Ha habido un verdadero esfuerzo por lograr que la Policía sea más efectiva en su desempeño, sin que sus encuentros con la población civil desemboquen en muertes; especialmente en muertes injustas, como la de George Floyd. Pero no siempre esos esfuerzos se ven recompensados.

Un caso claro es el que ofrece detalladamente The Marshall Project, una institución a medio camino entre medio de comunicación y think tank, especializado en el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos. En 2012, la jefa de Policía de Minneapolis, Janeé Harteau, invitó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente para reformar al cuerpo, identificar y expulsar a los policías que no estaban a la altura de la tarea, y mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos de Minneapolis. Tres años de estudio desembocaron en un informe que recomendaba poner en marcha un sistema que alertase de los policías que podrían saltarse las normas, así como un programa de ‘coaching’ de los agentes. También acotó el protocolo para reducir las situaciones en las que un agente podía matar a un presunto criminal.

Pero una cosa es diseñar una política que zahiere el statu quo, y otra que éste se deje zaherir. El agente Chauvin, que presionó con su rodilla el cuello de George Floyd hasta quitarle la vida, había recibido una docena de denuncias, y ninguna acabó en una corrección disciplinaria. Tou Thao ha recibido seis quejas, pero tampoco han ido más allá. Pero tuvo que pagar 25.000 dólares a un ciudadano por golpearle los dientes durante una detención.

¿Por qué es difícil, incluso en una institución tan volcada sobre la reforma como el Ayuntamiento de Minneapolis, echar a los “malos” policías? Tenemos que mirar a los sindicatos, que frenan cualquier despido, aunque entre dentro de las políticas de mejora del cuerpo. Por eso, los demócratas han presentado un proyecto de reforma de las Policías que evite que las reformas como la de Minneapolis se queden en nada. Y para ello han reconocido que tienen que limitar el peso de los intereses creados dentro del cuerpo, fieramente defendidos por los sindicatos policiales.

Ese tipo de esfuerzos sí tienen al menos el objetivo de mejorar la situación, no de subvertir el orden legal y social para sustituirlo por algo muy distinto. Algo inconfesado, quizás por inconfesable.

El despropósito de la Tasa Google, otro impuesto a la clase media

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“You work hard, you make money, now the taxman is out to get you”. Rick Nielsen.

El Gobierno sabe perfectamente que la mal llamada Tasa Google (que es una tasa a los usuarios de tecnología, a usted y a mí) no va a recaudar casi nada ni siquiera mitigar el agujero fiscal en el que está metiendo a España. Se trata de un globo sonda, como el del “impuesto a los ricos”, que esconde una enorme subida de impuestos a la clase media.

Incluso si nos creyéramos la cifra que el gobierno estima de ingresos por la Tasa Google, 1.000 millones de euros -que no es creíble- ni rasca en el déficit de 115.000 millones de euros que ellos mismos estiman. Tampoco tenía ningún impacto en el déficit de 2018 o el de 2019, que fue de 35.195 millones de euros en año de ingresos récord. Pero es que el déficit de 2020 probablemente será, con estimaciones más realistas, de unos 125.000 millones de euros. El “impuesto a los ricos” recaudó en su máximo menos de 3.000 millones.

Estos globos sonda son excusas para engañar a los votantes y subir los impuestos a todos. El problema de España es que cuando crece la economía se disparan los gastos y cuando entramos en crisis se suben los impuestos “porque no recaudamos lo suficiente”. Con ello destruyen bases imponibles, potencial de empleo e inversión y cercenan el desarrollo empresarial, que son las bases para tener una recaudación sólida en el futuro.

La Tasa Google recaudaría menos de 1.000 millones de euros, según la AIReF, y nos va a costar al menos otros 1.000 millones en aranceles de EEUU. ¿Por qué? Porque es un impuesto diseñado contra un sector muy específico y por su nacionalidad. La razón por la que EEUU ha abandonado las conversaciones sobre una tasa europea ha sido porque preocupa que el diseño incluya mecanismos que casi eliminen el impacto sobre los conglomerados europeos y chinos, y en realidad solo busque gravar a las norteamericanas.

¿Sabe el Gobierno que la tasa recaudará poco y que nos costará mucho más en aranceles y pérdida de inversión y empleo? Claro. Pero la tasa la cobra Hacienda y los aranceles los sufren las empresas que exportan a EEUU. Es una medida más que demuestra la fiscalidad extractiva que domina el debate político en España. Da igual quién se fastidie mientras entre un euro en la caja, aunque eso lleve a que entren muchos menos euros después. Entonces, ellos volverán con el cuento de que “recaudamos poco” y volverán a subir los impuestos.

España ya ha sufrido la visión extractiva del Gobierno con los aranceles al aceite. La Unión Europea perdió un arbitraje con EEUU en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las ayudas a Airbus. La OMC permitió a EEUU imponer aranceles. Rápidamente, Italia, Portugal o Grecia se lanzaron a renegociar con EEUU, evitando aranceles al aceite. ¿Qué país se quedó cruzado de brazos? España.

La clave de este embrollo con la Tasa Google es la unilateralidad y arbitrariedad de gravar a un sector y a una nacionalidad por dónde genera parte de sus ingresos mientras todos los sectores del mundo pagan impuesto de sociedades donde generan el valor añadido. O se acuerda de manera global en la OCDE o nos llevan a un problema mayor a largo plazo.

Gravar los ingresos no deja de ser como un arancel, una medida que destruye mucho más de lo que se pretende proteger. Además, destruye inversión potencial justo cuando lo que la Unión Europea debería estar haciendo es atraer capital tecnológico y prepararse para la digitalización desde el liderazgo.

Al fijarse solo en los impuestos y, aún peor, solo en el impuesto de sociedades, se olvida el impacto en la economía y su beneficio multiplicador. Según Deloitte, una sola de estas empresas, Google, genera un impacto positivo para la economía española de más de 7.000 millones de euros. Las tecnológicas norteamericanas generan un efecto positivo en empleo, inversión e innovación además de apoyar al crecimiento de las empresas locales de tecnología y servicios que les suministran. Un efecto positivo en todos los impuestos y riqueza que va mucho más allá del impuesto de sociedades.

Imponer una tasa unilateral, injusta y claramente proteccionista supone menos inversión, menos empleo y hundir nuestro potencial como atracción de inversión tecnológica. Si añadimos a los escollos burocráticos y fiscales ya existentes la penalización a la remuneración en acciones que es la clave de la atracción de talento tecnológico, y otro impuesto innecesario.

La mentira de que “solo van a subir los impuestos a las rentas altas y grandes empresas” ya la hemos desmontado en esta columna y la falacia de que los “ricos” van a  sufragar decenas de miles de millones anuales y adicionales en gastos es bien conocida en la historia.

Pero la utilización del enemigo exterior y la mentira de las malvadas empresas tecnológicas norteamericanas (si son chinas o alemanas aparentemente son buenísimas) como excusa para subir los impuestos a todos es tremendamente negativa para nuestro país.

Imaginen si EEUU decidiese imponer una tasa unilateral y por país a las empresas españolas que invierten en infraestructuras, renovables o ingeniería en EEUU. Es una absoluta bomba de relojería que parte de la base de unos supuestos “ingresos fiscales perdidos” de las tecnológicas calculados de manera mucho más que cuestionable y que luego ni se recaudan ni se atrae inversión.

En vez de pensar en crear ingresos fiscales atrayendo inversión tecnológica y fomentando el emprendimiento, lo que hacen es empeorar la situación de consumidores y empresas, y por tanto del país, por intentar rascar unos millones de euros de recaudación que ni van a conseguir, y que, encima, se irán a otros países generando mucha mayor cantidad en empleo e inversión potencial.

Ayudas automovilísticas: otro ejemplo de captura del regulador

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno —es decir, el conjunto de contribuyentes españoles— destinará 250 millones de euros a subvencionar la adquisición de vehículos menos contaminantes por parte de los españoles a lo largo de 2020: en concreto, los ciudadanos que adquieran un vehículo con etiqueta de emisiones ‘cero’ y con un precio de mercado de hasta 45.000 euros recibirán de la Administración —es decir, del conjunto de contribuyentes españoles— un monto de 4.000 euros que podría incrementarse hasta los 4.500 si el vehículo reemplazado tiene más de 20 años. En el caso de los vehículos ‘eco’ o con etiqueta de emisiones C con precios de hasta 35.000 euros, esas ayudas oscilarán entre 800 y 1.000 euros (que a su vez podrían incrementarse hasta 1.300 y 1.500 euros).

El doble objetivo del plan del Gobierno es, por un lado, reanimar la industria automovilística estimulando el volumen de sus ventas y, por otro, fomentar la renovación del parque nacional de vehículos en la dirección de una mayor sostenibilidad ecológica. En parte, pues, podría tratarse de una política pública bien orientada: si la adquisición de vehículos menos contaminantes generara externalidades medioambientales positivas que, al no ser tenidas en cuenta dentro del precio de los vehículos, condujeran a un volumen de ventas subóptimo, entonces la concesión de un subsidio estatal conseguiría matar dos pájaros de un tiro: reanimaría la industria del automóvil generando ganancias medioambientales para el conjunto de la sociedad. Pero ¿es previsible que el plan cumpla con ambos objetivos? Atendiendo a la experiencia de anteriores planes PIVE, no.

A la postre, tal como expusieron los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y Carmen García en su ‘paper’ ‘Evaluation of subsidies programs to sell green cars: Impact on prices, quantities and efficiency‘, el Plan 2000E —aprobado por el Gobierno de Zapatero en el año 2009— tuvo dos consecuencias que no resultan demasiado esperanzadoras para la implementación del presente plan: por un lado, los fabricantes de automóviles capturaron el 35% del subsidio ofrecido, de modo que los consumidores únicamente recibieron el 65%; por otro, el efecto neto del Plan 2000E sobre la venta de vehículos fue esencialmente cero, esto es, como mucho, los ciudadanos adelantaron la compra de vehículos que ya tenían pensado efectuar, pero a medio plazo no hubo más adquisiciones de las que habría habido sin el programa estatal.

Si estos efectos se reprodujeran ‘grosso modo’ en las actuales circunstancias, estaríamos ante un completo fiasco. El subsidio no conseguiría que los ciudadanos compraran un mayor número de vehículos no contaminantes (es decir, las externalidades medioambientales positivas serían lo que técnicamente se conoce como externalidades inframarginales: la internacionalización en el precio de los efectos externos no altera el comportamiento de los consumidores) y, por tanto, su único resultado sería el de una mera transferencia de renta a aquellos individuos que vayan a comprar un vehículo no contaminante así como a las propias automovilísticas. Y habida cuenta de que, además, no parece que las familias que piensen adquirir coches con precios de hasta 35.000 o 45.000 euros sean familias de renta baja o media-baja, nos encontraríamos ante una redistribución de la renta esencialmente regresiva: en términos netos, los contribuyentes más humildes entregarían parte de su sueldo a los contribuyentes más acaudalados con el pretexto de que estos últimos van a comprar un automóvil que igualmente habrían adquirido en ausencia de semejante subsidio.

¿Cómo es posible, entonces, que los distintos gobiernos españoles, con independencia de cuál haya sido su color político, mantengan este tipo de programas de nula eficacia neta y de impacto redistributivo regresivo, sin además evaluar subsiguientemente sus resultados? Pues porque, como ya hemos indicado, parte de ese regresivo subsidio termina siendo apropiado por las grandes compañías automovilísticas, las cuales —merced al mayor poder adquisitivo de los compradores— pueden encarecer el precio de sus vehículos o, más previsiblemente, rebajarlo menos de lo que tendrían que abaratarlo en las actuales circunstancias económicas. O expresado de otra manera: el subsidio estatal a la adquisición de vehículos es una política pública diseñada en beneficio de algunas grandes corporaciones con una notable capacidad de presionar e influir sobre nuestros gobernantes. Es un ejemplo claro de cómo el regulador es capturado por aquellos intereses privados que consiguen doblegar el intervencionismo estatal en su favor: un ejemplo más de por qué deberíamos incrementar los controles internos sobre el diseño de políticas públicas o, idealmente, reducir el ámbito de un intervencionismo estatal tan fácilmente pervertible y corrompible.

La educación y el empleo deben ir de la mano

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Ayer, lunes, se inauguró la cumbre empresarial que durará hasta el día 25 de junio y que, con el título de Empresas españolas liderando el futuro, se ha convertido en un acontecimiento económico y empresarial sin parangón en nuestra historia. Las principales empresas de todos los tamaños y sectores estarán presentes para analizar el rol que desempeñan en la reconstrucción del tejido empresarial dañado por el cierre de nuestra economía, poner en común los principales escollos a los que están haciendo frente y los que se vislumbran en el horizonte, y, de paso, hacer oír su voz ante los gobernantes.

La primera de las diez jornadas  ha sido protagonizada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto con el presidente de Inditex, Pablo Isla, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín y el presidente de Mercadona, Juan Roig. El mensaje de todos ellos se resume en un lema: crear empleo.

A ninguno se les escapa la sangría que las medidas de confinamiento están suponiendo para las empresas españolas. También son conscientes de lo difícil que es salir de una situación de “pinza mortal”, en la que hay crisis de demanda y crisis de oferta, especialmente con un Gobierno bicéfalo, en permanente campaña electoral, que a menudo se limita a lanzar consignas populistas.

Piden los empresarios que las medidas aplicadas ahora para flexibilizar el mercado laboral no se eliminen cuando pase esta circunstancia tan desgraciada. Piden trabajar en un consenso para generar certidumbre y seguridad jurídica, de forma que España sea un objetivo atractivo para inversores. De esta manera, no se destruirá el tejido empresarial sino que se creará empleo.

Estudiar el mercado de trabajo es harto complicado. Son muchas las variables que influyen en el buen funcionamiento del mismo. Una de ellas es la estructura del sistema productivo. Por un lado, se trata de comprobar si dicha estructura es intensiva o no en mano de obra, de manera que genere muchos puestos de trabajo. Por otro lado, es importante que haya empresas intensivas en capital que sean el motor del crecimiento económico.

También cuenta si nuestro país es importador de bienes intermedios o finales y la dependencia energética. Trayendo al siglo XXI la teoría de la demanda recíproca de John Stuart Mill, si hay un problema en el comercio internacional, lo ideal es que nuestros bienes y servicios se vean lo menos afectados posible. Eso implicará un menor daño en el empleo de la nación. No es el caso de España, por desgracia.

Otro punto muy relevante en la salud de nuestro mercado laboral es, por supuesto, la Educación.

En este aspecto, como en tantos otros, es muy fácil dejarse llevar por los datos cualitativos. ¿Cuánto gastamos en Educación? ¿Más o menos que el año anterior? Y se asume que, si un Gobierno de un color gasta más, es porque le importan los niños, pero si gasta menos, entonces es lo peor y le da igual el futuro de España. El impacto del gasto no parece contar.

La estructura de nuestro sistema educativo es muy rígida. Y va a más. La búsqueda de la calidad de la educación y de la homologación, que son dos objetivos muy loables, se han interpretado tan mal que se han transformado en un potro de tortura para docentes y alumnos. Pero no es eso en lo que quiero detenerme, sino en la asignación de recursos.

Una correcta asignación del trabajo implica que cada puesto laboral está cubierto por una persona preparada para desempeñar sus funciones de la mejor manera posible. La mala asignación del trabajo sería como poner al portero de fútbol de delantero. Cada cuál se especializa en aquello que se le da mejor. Fue muy sonada la entrevista de aquel astrofísico español que se quejaba porque se había tenido que ir de su región para ejercer su profesión. Normal. Es como intentar ejercer la carrera de Ciencias del Mar en Toledo.

Si el sistema educativo, en general, y el universitario, en particular, no van de la mano, nos encontramos con una generación altamente preparada que ha de emigrar para poder trabajar eficientemente. Eso implica un coste económico y emocional, que hay que sumar al de su educación, desde los 6 años hasta que sale al mercado de trabajo. Es una inversión muy alta.

Los que se quedan y trabajan en lo que pueden, pasan a engrosar las listas del subempleo, junto con quienes desearían trabajar a jornada completa, pero han de conformarse con empleos de media jornada, porque es lo que hay. España es uno de los países con mayores tasas de subempleo. Es decir, además de tener un desempleo estructural muy alto, que significa que nuestras empresas no pueden ofrecer puestos de trabajo para todos, también ganamos en mala asignación de recursos.

No se trata de elaborar un plan nacional de forma que se asegure que van a salir tantos estudiantes de tal especialidad, que es lo que necesitan las empresas. Pero creo que es necesario que nos demos cuenta de que hay algo que estamos haciendo fatal. Y nuestra universidad y nuestras empresas, aunque hay cada vez más convenios y colaboraciones, no encajan como deberían.

Por eso, tal vez, esta cumbre debería ir acompañada, además, de una reflexión acerca de qué estudiantes universitarios les estamos presentando a estas empresas. ¿Tienen la cualificación que se necesita? ¿Por qué se promocionan, por ejemplo, los estudios de género en lugar de la ingeniería informática, la ciencia de datos, la robótica o la transformación digital?

¿Nos hemos intoxicado con el Espacio Europeo de Educación Superior y nos lo hemos tomado demasiado a la tremenda? ¿Respetará la política, alguna vez, la Educación como garantía de nuestro futuro, y dejará de utilizarla como arma arrojadiza? Ojalá la cumbre y la pandemia nos empujen a repensar, también, la Educación.