Ir al contenido principal

Las cláusulas que Sánchez no cumplirá pese al pacto europeo: la movilidad laboral y el caos normativo

Escrito por Laura Fàbregas en . Publicado en Artículos en prensa.

La Comisión Europea exige a España emprender reformas estructurales para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo Covid creado por la Unión Europea para relanzar la economía. Sin embargo, no todas las medidas que desde hace tiempo recomiendan desde Bruselas para facilitar la movilidad laboral entre Comunidades Autónomas se podrán llevar a cabo sin complicar la legislatura y los apoyos del bloque que facilitó la investidura.

Las fuentes consultadas aseguran que Sánchez cumplirá con las reformas más perentorias que ayuden a flexibilizar el mercado laboral, pero parece poco probable que cumpla otras cláusulas de las recomendaciones específicas de Bruselas para España. Por ejemplo, la unificación de las normativas regionales o que se ponga fin a la limitada capacidad de transferir prestaciones sociales entre regiones que representan un escollo para la movilidad laboral de empresas y trabajadores.

En todos sus informes sobre España, la Comisión Europea pide que se mejore la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en frecuentes ocasiones la Comisión se refirió a la Ley de Unidad de Mercado -aprobada con el Gobierno de Rajoy- “como un importante instrumento que podría utilizarse para reducir la fragmentación normativa”, explica un portavoz de la sede de la Comisión en Madrid a

En los considerandos de las Recomendaciones específicas 2020 para nuestro país se menciona que “la fragmentación normativa y las barreras en España impiden que las empresas se benefician de economías de escala y afectan negativamente a la productividad”. “La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de la competencia, debería utilizarse más activamente para promover una mejor regulación y competencia”, detalla el informe.

Las razones que da la Comisión para explicar el bajo grado de movilidad laboral son “la elevada propiedad de la vivienda, la segmentación del mercado laboral, la limitada eficacia de las políticas activas del mercado laboral y la limitada transferibilidad de las prestaciones sociales regionales”.

El Ejecutivo comunitario no ha hecho referencia a los requisitos lingüísticos para acceder a un puesto público como uno de los factores que también contribuyen a la baja movilidad laboral, pero también es una de las peculiaridades nacionales. En autonomías como el País Vasco, Cataluña o las Islas Baleares el conocimiento de la lengua autóctona es imprescindible para poder trabajar en la administración pública.

Las fuentes consultadas tampoco ven posible que Sánchez acabe con este tipo de discriminación lingüística, ya que sería abrir un conflicto con algunos de sus principales socios, como el PNV, EH-Bildu o ERC que han aplicado estas políticas en sus regiones.

Impuestos

La Comisión también aboga por “impuestos que sean menos perjudiciales para el crecimiento”. España tiene regiones, como Cataluña o Asturias, donde se aplica una alta presión fiscal mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, son más atractivas, porque tienen una bonificación del 99% en impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

El fiscalista Esaú Alarcón explica a este periódico que el sistema de fiscalidad que tenemos, donde las Comunidades Autónomas “tienen ciertas competencias en materia normativa”, hace que haya “grandes diferencias de trato entre unas comunidades y otras”. “Una armonización fiscal lo que haría es acotar la capacidad normativa de las Comunidades, pero la más perjudicada podría ser Madrid”, apostilla.

De hecho, uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición antes de la eclosión del virus era lograr una “armonización” de los impuestos en las autonomías de régimen común que, en la práctica, iba a afectar a la capital por su elevada competitividad fiscal.

Duplicidades

El analista económico Santiago Calvo destaca que entre autonomías “se producen duplicidades que generan costes innecesarios”. “La producción normativa es muy elevada, según datos de la CEOE, el número de páginas publicadas en boletines oficiales autonómicos y el estatal supera el millón, es decir, más de 2.700 páginas por día”, explica.

El también investigador del Instituto Juan de Mariana también cree que la Ley de Unidad de Mercado es una buena opción para “reducir parte del coste de la fragmentación”. “Simplificar legislación, coordinar políticas entre autonomías, reducir ciertas normas proteccionistas que ponen en ventaja a agentes locales sobre el resto de agentes del territorio nacional y se permite que, con una única licencia, operar en todo el territorio nacional, probablemente se logrará reducir”.

Cláusulas suelo y promesas incumplidas: qué implica la última sentencia del TJUE contra la banca

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

En un sistema económico operativo, la realización de los acuerdos de préstamo está condicionada: nadie dará el primer paso (conceder el crédito) si cree que la operación no concluirá con el segundo paso (devolver la deuda). No importa tanto la promesa como la acción que la justifica. Las promesas merecedoras de nuestra consideración son aquellas de cuya realización estamos convencidos. El desempeño pasado es la explicación última de todas las operaciones realizadas en diferido: dicha experiencia marca la concesión de crédito y la devolución de las promesas contraídas – Harry Scherman, Las promesas por las que vivimos.

Hace apenas unas semanas se publicaba por primera vez en castellano uno de los mejores libros de teoría monetaria-financiera del siglo XX. Escrito en 1938, en Las promesas por las que vivimos (Deusto), Harry Scherman explica y analiza una realidad fundamental, pero a la que casi nunca prestamos atención: nuestro sistema económico se sustenta en promesas. Casi cada paso que damos en nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás (incluyendo la entrega de un dinero que no deja de ser el pasivo de un banco central) giran en torno a estas promesas mutuas que van pasando de mano en mano sin que pensemos en lo que subyace en este tipo de intercambios. Incluso los más ricos no dejan de depender de estas promesas: al contrario de lo que pasaba hace 3-4 siglos, buena parte de su fortuna no tiene la forma de bienes reales (tierras, joyas, obras de arte…) sino de promesas (bonos, activos financieros, dinero…).

Sería muy largo explicar aquí todo lo que Scherman desarrolla en las más de 700 páginas de su entretenidísimo y muy clarificador ensayo, pero nunca debemos olvidar lo fundamental: vivimos en un sistema que se sostiene en base a promesas y esas promesas sólo seguirán realizándose si todos seguimos pensando que se completarán. De hecho, aunque a veces creamos lo contrario, lo cierto es que el 99,99% de las promesas económicas que hacemos cada día se cumplen; por eso no siempre le damos la importancia que se merece a este hecho, porque lo damos por sentado.

Scherman también analiza los intercambios de corto y largo plazo, y sus diferencias. Se pregunta por qué cumplimos nuestras promesas de forma recurrente. Y llega a algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, cumplimos por la confluencia de tres fuerzas que nos empujan a hacerlo: (1) social-ética (queremos ser honrados y queremos que los demás sepan que lo somos), (2) económica (si no somos honrados, no podremos seguir formando parte de esa cadena de intercambios diferidos, porque los demás nos penalizarán o no contratarán con nosotros) y (3) legal-gubernamental (el incumplidor sabe que la ley protege al acreedor y le obligará al pago de su deuda de una forma u otra).

En las promesas a corto plazo, los que predominan son los dos primeros factores (social y económico). Pero según aumenta el plazo entre el intercambio original y el término del cumplimiento, crece en importancia el factor legal. En estos casos, el ser humano tiende a asumir que el bien que disfruta es suyo por completo y a olvidar el acto (préstamo) que dio origen a esa posesión.

Por eso, recuerda Scherman, es clave que el prestamista, a la hora de conceder o no el préstamo, tenga muy presentes tres factores que se corresponden con las tres fuerzas de las que hablamos en el anterior párrafo: 1. Si el cliente querrá pagar; 2. Si tendrá los medios para hacerlo; 3. Si existen las garantías-instrumentos legales para hacer valer sus derechos en caso de que no lo haga.

El capítulo 7, dedicado a las diferencias entre las promesas de corto y largo plazo, es una clase magistral y termina así:

Toda la actividad económica (incluyendo los alquileres o el crédito inmobiliario) se sustenta en las promesas que resultan creíbles. La fiabilidad de su cumplimiento es el principal factor que explica la naturaleza y desarrollo de tales acuerdos.

Otra vez el TJUE

Esta semana tenía lugar una noticia que ha pasado casi desapercibida. Entre el Covid, el Eurogrupo, los planes de reconstrucción y las posibles subidas de impuestos, no hemos prestado demasiada atención a lo que no deja de ser otra sentencia más contra la banca española: la que publicó, el jueves, el Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas suelo, los contratos de novación y los acuerdos para renunciar en un futuro a posibles acciones judiciales.

En un principio, podría parecer que la sentencia avala este tipo de contratos de novación, puesto que abre la puerta a su validez siempre y cuando exista “un consentimiento libre e informado”. De hecho, el TJUE ni siquiera se pronuncia sobre el fondo del asunto, que deja en manos del tribunal español que elevó las cuestiones prejudiciales. Lo que hacen los jueces europeos es establecer los parámetros que deben servir de guía.

El caso en cuestión era el siguiente (todos los textuales están tomados de la sentencia del TJUE):

  • En diciembre de 2011, un particular compró una vivienda a un promotor y se subrogó en la posición deudora de dicho promotor con Ibercaja. Es decir, el comprador asumía la hipoteca original del promotor.
  • El contrato de préstamo hipotecario original “contenía una cláusula relativa al tipo de interés máximo y mínimo aplicable a dicho préstamo, quedando estipulado un tipo máximo —o techo— del 9,75% anual y un tipo mínimo —o suelo— del 3,25% anual”.
  • En marzo de 2014, tras la primera de las sentencias del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, se firmó un contrato de novación que cambiaba las condiciones del primer contrato. El tipo pactado en la cláusula suelo pasó a ser del 2,35%. En la firma de dicha novación, el cliente anotó “escribiendo de su puño y letra”, que era consciente y entendía que el tipo de interés del préstamo nunca bajaría del 2,35 % nominal anual.
  • Por último, el contrato de novación contenía la siguiente cláusula: “Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen”. Es decir, parecería que el cliente renunciaba a ulteriores acciones legales contra su banco.

Como decimos, la sentencia del TJUE no se opone a que puedan firmarse dichas cláusulas, pero sí impone una serie de exigencias: (1) transparencia; (2) posibilidad de que la cláusula sea negociada individualmente por el cliente en el caso de que esa misma cláusula le sitúe en una posición de desequilibrio respecto de la entidad; (3) información para que el consumidor pueda “comprender las consecuencias económicas que para él se derivan del mecanismo establecido por medio de la referida cláusula suelo”. Y esto aplica tanto a la cláusula suelo original como al conjunto del contrato de novación y a la renuncia a las acciones ante los tribunales. De hecho, el TJUE aunque sí admite la posibilidad de solventar mediante un contrato las controversias presentes (y renunciar, por lo tanto a acudir a los tribunales para resolver las mismas), establece que “no vincula al consumidor” la renuncia a acciones judiciales por controversias futuras.

Transparencia y desequilibrio

El principio general (que no todo lo que firma el consumidor le obliga y que hay cláusulas abusivas que deben ser objeto de control y, en su caso, declaradas nulas por los tribunales) no ofrece muchas dudas. Pongamos, en un caso extremo e impensable, una compañía que incluyese en la letra pequeña de un contrato de renting de un automóvil una cláusula que obligase al comprador a entregarle el triple del precio original del vehículo si no era capaz de pagarle las cuotas, incluso aunque sólo le queden 2 o 3 por saldar.

Y ni siquiera hay que llegar a ese extremo. En los últimos años se han generalizado productos bancarios complicados de entender por el particular y con condiciones que los pueden convertir en auténticas trampas para un consumidor que no esté atento a sus características: el caso más llamativo es el de las famosas tarjetas revolving, un producto que se comercializa en el límite del engaño en demasiadas ocasiones, con un gancho (cuota muy baja) que oculta una realidad muy diferente (intereses muy elevados y plazos de amortización que pueden ser, literalmente, eternos). Parece lógico que el legislador y los tribunales entren en este tipo de contratos y lo hagan para proteger al consumidor.

En el caso del que hablamos hoy, la cláusula por la que el consumidor renunciaba a cualquier acción judicial, incluso para controversias futuras, es más que discutible; y es lógico que el TJUE declare directamente que en realidad no le vincula.

Pero que haya casos de fraude o de cláusulas oscuras e incomprensibles no equivale a que cualquier contrato que no se desarrolle exactamente como el consumidor había previsto en un inicio sea una estafa. Por eso, lo que me parece más cuestionable no es tanto el principio jurídico como su aplicación en la práctica. Utilizaremos este caso como ejemplo, pero lo que planteo podría aplicarse a miles de otras causas similares que hemos conocido en nuestro país en los últimos años.

En su sentencia del jueves, el TJUE establece varios requisitos para que las cláusulas se consideren válidas. Podríamos resumirlos en que exige “transparencia” hacia el consumidor y “no desequilibrio” entre las partes.

** Transparencia y desequilibrio (los siguientes párrafos son textuales de la sentencia):

El cliente indicó escribiendo de su puño y letra que era consciente y entendía que el tipo de interés [del] préstamo nunca bajar[ía] del 2,35 % nominal anual

La renuncia [debe provenir] de un consentimiento libre e informado por parte del consumidor, extremo este que corresponde comprobar al juez nacional

La mencionada exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de transparencia, a que obliga la propia Directiva, debe interpretarse de manera extensiva

El juzgado [español] remitente pone en particular de relieve el desequilibrio importante en detrimento del consumidor que existe entre los derechos y las obligaciones estipuladas

El TJUE declaró en relación con préstamos hipotecarios de tipo de interés variable que el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del tipo aplicable constituye un elemento especialmente pertinente

Debe situarse al consumidor en condiciones de comprender las consecuencias económicas que para él se derivan del mecanismo establecido por medio de la referida cláusula suelo, en particular mediante la puesta a disposición de información relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés

Cláusulas suelo y promesas

En un contrato hipotecario, las obligaciones que adquiere el deudor-cliente son muchas y con numerosas implicaciones. Destacan dos: 1. Se compromete a pagar una mensualidad durante 25-30-35 años, un período de tiempo en el que pueden ocurrir todo tipo de imprevistos o desgracias (tanto en su situación particular como en la del país en el que se encuentre el inmueble); y 2. En el caso de contratos a tipo variable, está expuesto a posibles cambios en el tipo de interés que supongan una subida sustancial en la cuota.

Probablemente, la mayoría de nosotros, cuando firmamos un préstamo hipotecario no somos del todo conscientes de lo que supone. Quizás si lo fuéramos, no lo contrataríamos y haríamos como nuestros abuelos: no comprar una casa hasta que no podamos pagar una parte sustancial de la misma con nuestros ahorros. Pero si hay una parte del contrato que admite poca discusión respecto de su claridad, ésa es el tipo de interés, incluyendo la posible cláusula suelo-techo.

En lo que hace referencia a otras cuestiones sobre las que se han pronunciado los tribunales en los últimos años (gastos, impuestos) podríamos discutir más. Quizás ahí los bancos han jugado con redacciones más complicadas o han ocultado estos gastos detrás del tipo de interés que es, al final, lo que todos miramos. Yo no creo que hubiera esa estafa generalizada que parece intuirse viendo el acumulado de sentencias de los últimos años. Pero, incluso así, me parece acertada la última reforma de la ley hipotecaria en la parte en la que determina que será el banco quien asuma todos los gastos derivados de la hipoteca (notaría, gestoría, registro, IAJD). A partir de ahora, cuando contrate una hipoteca, el cliente sabe que sólo pagará la tasación y la posible comisión de apertura: por supuesto, a cambio de esos gastos que ahora asume, el banco cobrará un tipo de interés o un diferencial más elevado que antes, pero todo queda más claro de esta forma.

En otros aspectos, la reforma ha ido mucho más allá. Y los tribunales, también (no sólo en lo que respecta a las cláusulas suelo, también en otras cuestiones como el IRPH).

Si un cliente no es capaz de comprender las implicaciones de una cláusula suelo-techo, me resulta complicado imaginar que sea capaz de asumir todo lo que supone una hipoteca a 25-30 años. Si le declaramos incapaz, como están haciendo los tribunales, para lo primero (firmar una cláusula suelo convencional), deberíamos incapacitarle también para lo segundo (comprarse una casa a préstamo a 30 años vista), porque esto último es mucho más complejo.

El tipo de interés es el elemento central de una hipoteca y, si es variable, es bastante lógico que existan esas cláusulas suelo y techo. De hecho, hasta hace unos años siempre se consideraron como cláusulas que defendían al cliente antes que al banco: porque todos pensábamos que era más probable que los tipos subieran por encima del 8-9-10% que se establecía como techo, a que bajaran al 0-1-2% en el que se han situado en la última década. Y, cuidado, esto es importante: pensemos en los 25-30 años de los que hablábamos antes y en todas las cosas que pueden cambiar en ese período. Quizás en unos años estemos lamentándonos de haber prescindido de esas cláusulas. Y entonces, ¿acusaremos a los bancos de haber quitado las techo para perjudicarnos?

Porque, además, esto nos lleva a la cuestión de la transparencia y el desequilibrio. Ahora, cuando firmamos una hipoteca, el banco nos manda una detallada información con la evolución del Euríbor en los últimos años y un cuadro-resumen con las cuotas hipotecarias que nos tocaría pagar si los tipos variables subieran o bajaran. Algunos dirán que esto aporta información al consumidor. Pero, en realidad, puede llevar a más engaño o a decisiones erróneas: tomamos ahora el ejemplo de una hipoteca a 30 años firmada este mismo mes de abril de 2020; la horquilla de tipos que presentó el banco, siguiendo la nueva ley (está obligado a informar del Euríbor más alto y más bajo de los últimos veinte años), iba del -0,36% Mínimo al 5,39% Máximo, pasando por un tipo medio del 1,99%. ¿Es realista pensar que estos serán los tipos en las próximas tres décadas? ¿Y esto quién lo dice?

Si uno piensa que lo normal es que los tipos vuelvan a niveles más normales (al menos, “normales” si los miramos desde un punto de vista histórico), ese -0,36% o incluso ese 1,99% pueden ser engañosos y hacer que el cliente se confíe con un tipo variable que puede dispararse muy por encima de esas cifras.

Y algo parecido cabe decir, aunque en sentido contrario, de los tipos fijos que se han popularizado en los últimos años. A los clientes les gustan porque les protegen ante posibles subidas futuras. Pero si la política de los bancos centrales sigue siendo la que hemos visto desde 2010, un tipo fijo puede ser una condena a pagar de más, antes que una garantía.

La clave es que no tenemos ni idea de lo que pasará. No lo sabemos nosotros y no lo saben los bancos. Pero dentro de diez años, con argumentos parecidos a los que se han usado en la última década, cualquier juez podrá decir que el banco nos engañó por no habernos explicado mejor que el tipo fijo podía ser mucho más caro que el variable; o que el banco sí podía tener información sobre la evolución futura de los tipos; o, al revés, que los cuadros con las cuotas a pagar en función del variable histórico eran engañosos, porque estaban planteados a la baja y nos tenían que haber explicado mejor que el Euríbor podía subir mucho más de ese 5,39%.

¿Parece increíble? Pues ni siquiera habría que retorcer mucho los argumentos respecto a los que algunos tribunales están utilizando ahora mismo. En el caso del que hablamos hoy, el cliente incluso había firmado de su puño y letra que comprendía las implicaciones de un tipo variable y de una cláusula suelo. Y la hipoteca original estaba firmada por un promotor inmobiliario, no por un particular (es decir, el que aceptó la primera cláusula suelo fue un profesional).

Al igual que no sabemos cómo evolucionarán los tipos en el futuro, no sabíamos cómo lo harían en 2007-08. En esos años, pensar en que habría un Euríbor en negativo habría sonado a ciencia-ficción.

Corto y largo plazo

La nueva ley no sólo introdujo incertidumbre en lo que tiene que ver con los tipos de interés. También dificulta mucho y encarece las acciones de los bancos a la hora de hacer efectiva la garantía hipotecaria en caso de impago. Se planteó como una defensa del consumidor o de los colectivos más vulnerables, pero en realidad lo que hace es dinamitar el cimiento sobre el que se sustentan las promesas económicas a largo plazo. Como nos explica Scherman, si las promesas no son creíbles, no se harán esos contratos. O se harán sólo con aquellos clientes que aseguren a la entidad que cumplirán su parte: si debilitamos el tercer elemento que garantiza la promesa (el legal) las partes exigirán que los otros dos elementos (historial crediticio-capacidad económica) sean muy potentes. Aunque no siempre se quiera ver, una ley hipotecaria muy estricta en el cumplimiento de las garantías y los contratos firmados es, sobre todo, una forma de proteger a los clientes de menor patrimonio o ingresos: el prestamista sabe que no tiene que darle tanta importancia a esos aspectos, porque está protegido por la ley.

Y no sólo eso. Terminamos, como empezamos, con dos citas de Scherman, sobre la banca, los incumplimientos de los contratos en los que las entidades financieras son el prestamista y el impacto que esto tiene en el conjunto de la economía. Otro buen punto para reflexionar cuando escuchemos a nuestros políticos (o nuestros jueces) defender los impagos y los incumplimientos:

Una característica muy relevante de las promesas que hacen los bancos [depósitos y cuentas corrientes] es que son todas de corto plazo y que se deben completar de golpe, cuando el cliente exige su dinero.

Entre 1921 y 1933, las quiebras de los bancos han estado asociados a no saber gestionar adecuadamente el encaje entre promesas de corto [cuentas, depósitos] y largo [hipotecas, préstamos al consumo] plazo.

Si el cumplimiento de las promesas de corto plazo depende también de las promesas de largo plazo, un cambio en una parte del equilibrio afectará igualmente a la otra parte.

Mejor un cheque escolar de 2.000 millones de euros

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno de PSOE-Podemos planea invertir 2.000 millones de euros en reforzar los centros de enseñanza españoles a partir de septiembre. La educación es uno de los motores clave en la prosperidad de cualquier país y, a la vez, ha sido uno de los sectores más sacudidos por el coronavirus (en tanto en cuanto se han suspendido las clases como medida de distanciamiento social contra la pandemia). Es lógico, por consiguiente, que se plantee una modernización y adaptación de los centros educativos a este periodo de nueva normalidad: si hay cambios estructurales —o, al menos, cabe la posibilidad de que los haya— en el modo en que ha de proveerse la enseñanza, entonces las escuelas deberán readaptarse en consecuencia.

Hasta aquí, no debería haber demasiado espacio para la polémica salvo por el mal uso que pueda terminar efectuándose de esos 2.000 millones de euros (el tan extendido vicio político de arrojar centenares de millones de euros sobre un problema sin preocuparse mínimamente por la eficiencia con que se emplean). La controversia ha arrancado, en cambio, cuando PSOE y Podemos han decidido excluir de esos 2.000 millones de euros a los colegios concertados, a los que asiste alrededor de una cuarta parte de todo el alumnado patrio.

La justificación que ha empleado el Ejecutivo de izquierdas para semejante exclusión parece a simple vista razonable: el dinero público debe permanecer exclusivamente en el sector público y no transferirse a bolsillos privados (a bolsillos privados que no sean los del personal o los de los proveedores de la escuela pública, se entiende), de modo que los concertados deberán costearse su reconversión con su propio capital… si es que pueden. Tal argumento, empero, se antoja extremadamente débil por dos razones.

Primero, este mismo Gobierno de izquierdas que plantea una radical separación entre las fuentes de financiación públicas y las fuentes de financiación privadas en el ámbito educativo es el mismo Gobierno de izquierdas que no tiene ningún empacho a la hora de inyectar hasta 10.000 millones de euros de dinero público en grandes corporaciones ‘estratégicas’ de titularidad privada (como Iberia), que otorga cuantiosas subvenciones indirectas a determinadas empresas bien conectadas con el poder político (como las automovilísticas) o que reclama cientos de miles de millones de euros a Bruselas para potenciar una transformación del modelo productivo privado a golpe de talonario. No deja de resultar contradictorio que la concertada no pueda recibir parte de esos 2.000 millones de euros bajo el pretexto de que el dinero público no debe transferirse al sector privado cuando este Gobierno se ha pasado toda la crisis del coronavirus trasvasando dinero público al sector privado.

Segundo, cuando se afirma que el dinero público ha de permanecer en el sector público, se está presuponiendo de algún modo que el dinero público es propiedad del Estado y que, por tanto, aquellos agentes privados que aspiran a captarlo se lo estarían arrebatando a él. Pero el dinero público no es dinero del Estado: el dinero público no es más que riqueza que el Estado previamente ha sustraído al sector privado. Que esa riqueza confiscada a las empresas y a las familias deba permanecer dentro de la burocracia parasitaria del Estado en lugar de regresar al sector privado de donde emergió es una pura arbitrariedad política, no el curso natural de los acontecimientos (por supuesto, uno debe estar siempre vigilante de que una parte del sector privado no instrumente al Estado para, vía subvenciones u otro tipo de intervenciones, parasitar a otra parte del sector privado: pero asimismo también ha de estar vigilante de que el Estado no parasite finalistamente al conjunto del sector privado).

En el caso que nos ocupa, parece bastante obvio que una porción de los impuestos que abonan las familias va dirigida a sufragar gastos educativos en presunto beneficio de esas mismas familias. De ahí que lo más respetuoso con su libertad y su propiedad privada sería que, al menos, ellas pudieran escoger —en su calidad de pagadoras de impuestos— en qué centros —públicos o privados— desean que se desembolsen esos fondos educativos que gestiona el Estado por la sencilla razón de que previamente se los ha arrebatado vía impuestos.

O expresado desde otro ángulo: quienes argumentan que han de ser las familias que llevan a sus hijos a un concertado quienes se costeen de su bolsillo la reconversión de las escuelas concertadas están obviando que los 2.000 millones de euros con los que se regará la escuela pública… ¡salen en parte del bolsillo de esas familias! Sí, que se costeen ellas la reconversión de la escuela concertada… pero sin arrebatarles en primer lugar el dinero con el que se les obliga a costear la reconversión de la pública a la que no asisten. A la postre, si el Estado les vacía los bolsillos, difícilmente esas familias podrán rascárselos para impulsar aquella escuela privada o pública que resulte de su preferencia.

En definitiva, cuando el Gobierno de PSOE-Podemos decide excluir a la escuela concertada de ese fondo de 2.000 millones de euros para la reconversión de los centros educativos —amasado a partir del dinero que ha sustraído o que va a sustraer a los españoles—, no está actuando desde una ponderada neutralidad, sino desde un abierto sectarismo anti-libertad de elección educativa: lo que busca deliberadamente es arrinconar a la escuela concertada para que poco a poco vaya desapareciendo al tiempo que se sigue engordando de financiación la escuela pública, no porque así lo deseen los padres sino porque así lo imponen los políticos.

Por supuesto, en este asunto como en tantos otros en materia de enseñanza, la solución no debería pasar con mantener ese dinero público en las manos de los gobernantes para que estos lo repartan caprichosa —y quizá corruptamente— entre actores públicos o privados: la solución debería pasar por que esos 2.000 millones de euros regresen a las familias —por ejemplo, en forma de cheques escolares— de modo que sea cada una de ellas quien lo distribuya entre sus centros de enseñanza predilectos.

Tres ingredientes imprescindibles para la recuperación económica

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

A medida que se va retirando la marea de la crisis sanitaria, va quedando a la vista una tremenda destrucción económica. El cierre parcial de la economía no solo interrumpe de manera temporal la producción de bienes y servicios, sino que además destroza nuestra capacidad de producción futura. La recuperación económica pasa por una reestructuración a fondo de nuestro sistema productivo.

Esta reestructuración es necesaria por dos motivos principales. En primer lugar, por la masiva descapitalización del tejido productivo. Muchos negocios no podrán volver a operar con normalidad hasta poder reponer la pérdida de liquidez y solvencia sufrida durante la pandemia. En demasiados casos, lamentablemente, esta descapitalización ya se está traduciendo en quiebras y cierres permanentes, volviendo más profunda la necesidad de reconstruir el tejido productivo.

Por otro lado, el drástico cambio en los patrones de consumo también impone la readaptación de la economía. Por poner un ejemplo ilustrativo, el sector de las aerolíneas o las discotecas, víctimas de una menor demanda, tendrán que liquidar inversiones, mientras que sectores como el sanitario o el farmacéutico tendrán necesidad de atraer e incorporar nuevos factores productivos.

La rapidez con la que seamos capaces de completar esta reestructuración determinará la gravedad de la crisis económica que tenemos por delante, así como el sufrimiento que padecerán los ciudadanos. En este sentido, hay tres ingredientes que son imprescindibles para completar este proceso de la forma más rápida e indolora posible: capital, flexibilidad económica y confianza.

La materia prima de la reconstrucción económica, el ingrediente principal, es el capital: es necesario tanto para reponer el capital consumido durante la pandemia, como para acometer las nuevas inversiones que requerirá la nueva estructura productiva. Es imprescindible, por tanto, fomentar el ahorro y que este pueda materializarse en inversiones generadoras de valor.

Sin embargo, el actual Gobierno parece empeñado en lograr lo contrario: en lugar de maximizar la renta disponible de los ciudadanos, pretenden reducirla mediante subidas de impuestos; en lugar de animar a emprender e invertir a quien dispone de ahorro, les amenazan con impuestos contra el capital; en lugar de tratar de atraer capital de fuera de España, levantan barreras en las fronteras para “protegernos” del capital extranjero. Es decir, lejos de promover la rápida recapitalización de la economía española, parece que buscan evitarla.

Otra medida contraproducente en este sentido es la intención del Ejecutivo de emplear dinero o realizar inversiones en proyectos que no son rentables. Quitar los escasos recursos de los ciudadanos para inyectarlos en proyectos que destruyen valor con el objetivo de contentar a sus accionistas y prestamistas solo logrará destruir riqueza, posponer la necesaria reestructuración y retrasar la recuperación económica.

El segundo factor imprescindible para la recuperación económica es hacer de España un marco económico flexible y dinámico, un país con amplia libertad económica. Esto tendría un doble propósito: por un lado, permitir la liquidación, con el menor daño posible en destrucción de empleo y de empresas, de la parte de la estructura productiva que ha dejado de generar valor; y por otro lado, acelerar la aparición de las nuevas oportunidades de inversión para servir las demandas insatisfechas de los consumidores.

El Gobierno también va en la dirección opuesta en este ámbito. A nadie se le escapa que buena parte del mismo es ideológicamente averso a la flexibilización económica: ven con recelo la posibilidad de liberalizar cualquier sector o de relajar cualquier regulación. Un ejemplo paradigmático es el del mercado laboral. La flexibilidad en este ámbito es clave tanto para salvar empleos y empresas durante una crisis, como para acelerar la creación de empleo en los nuevos sectores económicos.

De acuerdo con un informe de BBVA Research, la reforma laboral de 2012 evitó la destrucción de un millón de empleos, y habría evitado casi tres millones de haberse aprobado al principio de la crisis.

Sin embargo, en lugar de mantener la reforma laboral, o incluso de profundizar en ella, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es derogarla. Solo el sector del Ejecutivo que lidera Nadia Calviño, consciente de la importancia de la flexibilidad en el mercado de trabajo, está posponiendo la prometida derogación de la reforma laboral.

Por último, para una rápida recuperación económica es esencial generar confianza: si queremos animar a empresas e inversores, tanto nacionales como extranjeros, a emprender proyectos a largo plazo en nuestra economía, es imprescindible que tengan certeza de que España es un país económicamente seguro.

En este sentido, hay dos factores que preocupan de manera especial. El primero es la estabilidad política: existen temores de que España derive en un régimen populista poco amigo de los derechos de propiedad y que pueda recurrir a regulaciones draconianas o incluso a nacionalizaciones de empresas. Esto, claro está, paraliza la inversión y la creación de empresas.

El segundo factor preocupante es la estabilidad presupuestaria del Estado. La pandemia va a suponer un enorme impacto negativo en las cuentas públicas. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda española son generalizadas, haciendo imprescindible tanto la asistencia del BCE como probablemente un rescate formal con cargo al contribuyente europeo.

El Gobierno necesita un plan creíble para cuadrar las cuentas, bien para convencer a los inversores en deuda pública, o bien para convencer a los países a los que solicitaremos el rescate. El problema es que PSOE y Podemos han llegado al Gobierno a lomos de la crítica contra la austeridad pensando que nunca tendrían que aplicarla. Y ahora que se hace imprescindible, nadie se cree que estén dispuestos a llevarla a cabo.

En resumidas cuentas, para una recuperación económica lo más rápida posible se necesitan tres elementos fundamentales: promover la formación de capital, flexibilizar el marco económico y generar confianza. De lo contrario la economía no logrará sanearse, la crisis empezará a prolongarse en el tiempo, y el sufrimiento y la desesperación de la población comenzará a volverse insoportable.

Nuestros gobernantes suelen repetir que su prioridad es atender a los más necesitados, pero con sus actuales políticas solo lograrán multiplicarlos. La mejor forma de ayudar a la gente, y en especial a los de renta más baja, es con una economía que genere altas tasas de crecimiento, un bajo desempleo y amplias oportunidades para todos.

La peor de las noticias es que, si tomaran las medidas necesarias para asegurar una recuperación económica rápida e indolora, irían en contra de su propia propaganda. El Gobierno prefiere seguir promoviendo su empobrecedora agenda ideológica y tejiendo sus redes clientelares, aunque sea a costa del sufrimiento de los españoles.

El coste del cuidado de la Creación

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 4 de julio, como cada primer sábado de julio, se celebró el Día de las Cooperativas. En esta ocasión, el Papa Francisco publicó un tuit desde su cuenta @pontifex, poniendo sus esperanzas en las cooperativas como un instrumento que permita, en un futuro, ayudar a extender el uso de las energías verdes.

En concreto, afirma: “En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para explotar fuentes de energía renovables que aseguran la autosuficiencia local. Pueden marcar una verdadera diferencia en la lucha contra el cambio climático, gracias a un fuerte sentido de comunidad y un profundo amor por la tierra”.

Como señala el diario digital Vatican News, la preocupación por los problemas medioambientales del pontífice no es nueva. En la encíclica Laudatio Si’ (2015), inspirada en las palabras de San Francisco de Asís. Desde el punto de vista católico, nos corresponde el cuidado de la Creación, no como propietarios que pueden expoliarla, sino por delegación del Creador. Es, por tanto, una responsabilidad esencial.

También reconoce, en la misma encíclica, que “la reflexión debería identificar posibles escenarios futuros, porque no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas integrales”. Después de recorrer múltiples aspectos de la cuestión medioambiental, también aborda el antropocentrismo y los problemas laborales.

Coincido en la importancia de abandonar el antropocentrismo y en la necesidad de que hay que contar con el ser humano, renunciando al relativismo moral. Sin embargo, el Papa Francisco es especialmente confuso cuando habla del mercado.

Por un lado, coloca en el mismo nivel la mentalidad que lleva a la explotación infantil con la mentalidad de quienes defienden las fuerzas invisibles del mercado como reguladores de la economía, asumiendo que “sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables”. Es una afirmación que no comparto porque sé que el mercado es un proceso dinámico protagonizado por la acción humana, y, aunque sus fuerzas sean invisibles, porque hablamos de necesidades, deseos, preferencias, no es un mecanismo perfecto inocuo. Nada que protagonice el ser humano es inocuo. Ni siquiera las religiones. Y sus efectos son mixtos: buenos y malos. Así es la naturaleza humana: dual e imperfecta.

Es un poco más adelante donde Francisco habla de las cooperativas, sentando las bases del mensaje de Twitter del 4 de julio.

En el capítulo V se centra en el rol de la política. “La grandeza política, afirma el pontífice, se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”. Ojalá ese principio fuera asumido por todos los gobiernos, empezando por el español.

Sin duda, tendríamos un volumen de deuda pública mucho menor ya que, lejos de perseguir lo que Francisco denomina “inmediatismo político”, los gobernantes mirarían por el bien común de las futuras generaciones. Y continua: “En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes.

Este sencillo ejemplo indica que, mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos”.

Probablemente sin querer, Francisco hace un alegato a la responsabilidad individual que lleva a la cooperación voluntaria para lograr un objetivo sustentado en los valores. Pero no me engaño: la lectura completa de la encíclica permite defender esta propuesta y la contraria. Suele suceder cuando se intenta abarcar todo, agradar a todos y se te cuelan los sesgos ideológicos, en medio de todo.

Sin embargo, a pesar de que, en principio, la solución cooperativa para la generación de energías verdes me gusta mucho, tiene dos problemas. Primero, como sucede con las cooperativas en general, el éxito no es escalable. En la medida en que el tamaño de la cooperativa se adecue al mercado en el que impacta todo va bien. Pero requeriría la descentralización de la energía a niveles probablemente poco eficientes para ser una solución general.

En segundo lugar, solamente sería una alternativa real si estas cooperativas fueran eficientes sin tener que drenar recursos de los bolsillos de los demás ciudadanos. Es decir, si los votantes eligen representantes locales que proponen financiar estas cooperativas con impuestos locales, no tengo nada que decir. Pero, mucho me temo que se trataría de ayudas nacionales para lograr beneficios locales. Una injusticia en toda regla.

Puestos a denunciar injusticias y a reclamar responsabilidades, quisiera recomendar la lectura de dos libros para este verano. El primero, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All, escrito por Michael Shellenberger, un reconocido medioambientalista que en el año 2008 recibió los premios Hero of the Environment y el Green Book Award.

Shellenberg presentaba hace unos días su libro afirmando: “En nombre de los ambientalistas de todas partes, me gustaría disculparme formalmente por el pánico climático que hemos creado en los últimos 30 años”. La cantidad de dinero desviado a causa de esta alarma en todo el planeta se podría haber dedicado a gastos más relevantes e inmediatos.

El segundo libro se titula False Alarm: how climate change panic cost us trillions, hurts the poor and fails to fix the planet, cuyo autor el danés Björn Lomborg insiste en el coste desorbitado de un conjunto de políticas que benefician a los políticos y algunos empresarios, pero perjudican a los ciudadanos y, especialmente, a los pobres.

No me cabe duda que, de llegar a leer estos textos, el Papa Francisco se apresuraría a denunciar semejante falta de humanidad y honestidad por parte de quienes hacen caja utilizando como pantalla algo tan sagrado como el legado del Creador, a costa, para más inri, de los recursos que podrían aliviar la pobreza de tantos.

El histerismo de género

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las aventuras de los alumnos de la escuela Howarts han convertido a J. K. Rowling en una de las autoras más exitosas en la historia. Su Harry Poter y la piedra filosofal ha vendido más de cien millones de ejemplares, y toda la saga ha vendido más de 500 millones de ejemplares, de modo que se puede decir que es la novelista contemporánea más vendida. Del millón cien mil palabras de la saga hay alguna de su invención que ha pasado a formar parte del léxico en inglés.

Sobre Rowling cae en estos momentos una torrencial lluvia de críticas por unas declaraciones suyas en la red de mensajes breves Twitter.

El 6 de junio, Rowling comenta el siguiente titular de una noticia: “Opinión: Creando un mundo post-COVID 19 más igual para personas que menstrúan”. Las tres personas que menstrúan y firman el artículo evitan la palabra “mujer”, porque el término lleva a al binomio hombre-mujer, que intentan evitar por todos los medios. En el artículo hablan de mujeres, sí, pero como parte del conjunto “personas que menstrúan”. Las autoras deben de dedicar sus esfuerzos al estudio de la identidad de género, y quizá por ello no manejan la lógica de Aristóteles. El sabio griego dijo que A más no-A lo comprendía todo. De modo que las personas que menstrúan y las que no menstrúan son dos conjuntos que comprenden a toda la humanidad. De nuevo un binomio. Y lo han creado las tres autoras, a pesar de que es lo que querían evitar.

Rowling no comete la crueldad de apelar a la lógica. Se queda en la ironía, al decir: “‘Personas que menstrúan’. Estoy seguro de que había una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?”. La palabra es “woman”, por supuesto; “Mujer”.

Pero frente al discurso identitario no cabe ninguna crítica, aunque sea en forma de ironía. De modo que la escritora fue duramente criticada. Al día siguiente, en otro tuit, puntualizó: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

¿Por qué esa mención a los transexuales? Porque si el sexo es algo real, no ficticio ni arbitrario, se puede entender que los transexuales no son mujeres, sino hombres transformados en mujeres. ¡Aunque no menstrúen! Señalar que la división entre hombres y mujeres es real, o más bien que responde a una división previa, natural, supone caer en un delito de odio, según sus críticos. Por eso se ve obligada a puntualizar que “no es odio decir la verdad”.

Las apelaciones de Rowling a lo que hasta hace nada era puro sentido común basado en la ciencia, ha provocado una serie de reacciones histéricas. Eddie Redmayne y Emma Watson han criticado a la autora. Salen en defensa de los transexuales, como si ella los hubiera criticado. No son biólogos ni antropólogos, sino actores que han sido contratados por la productora de las películas de Harry Potter. Se han visto en la necesidad de actuar así para sacudirse la mancha del sentido común de J. K. Rowling. George Takei, con sus súper poderes de actor, ha declarado que Rowling es “científicamente ignorante” por defender “el, así llamado, sexo biológico”. Algunos empleados de Hachette han amenazado con dimitir si la editorial publica el próximo libro de J. K. Rowling.

Ella respondió con un artículo, publicado en una web propia, en el que contaba lo siguiente: “Para aquellos que no lo sepan: el pasado diciembre tuiteé mi apoyo a Maya Forstater, una especialista en impuestos que había perdido su trabajo por lo que se consideraban «tweets transfóbicos». Ella llevó su caso a un tribunal laboral y le pidió al juez que dictaminara si la creencia filosófica de que el sexo está determinado por la biología está protegida por la ley. El juez Tayler dictaminó que no lo estaba”.

En el artículo recoge su interés por estudiar “la identidad de género y lo referido al transgénero”, un interés que le llevó a conocer a Magdalen Berns, una feminista, lesbiana, que creía “en la importancia del sexo biológico. Y que pensaba que no se debía considerar intolerantes a las lesbianas por no querer salir con mujeres trans, con pene”. Y explica la oposición que hay entre los transexuales y las feministas. Ciertamente, si cualquier hombre puede ser una mujer, los objetivos del feminismo de tercera ola quedan algo desdibujados.

Lo que nos hemos reído de la cultura bizantina con sus discusiones sobre el sexo de los ángeles, y ahora asistimos al desconcierto sobre la definición del sexo de los demás. Somos espectadores de la construcción de un espectro de géneros; géneros que se cuentan por decenas. El género se desvincula de la realidad, y entra en el terreno puramente subjetivo.

Yo no niego el derecho de nadie de seguir ese curso, y respeto a los que eligen para sí cualquiera de las etiquetas que prefieran llevar, así como la forma que elijan de vivir su sexualidad. Ese no es el problema, sino que algunos de quienes defienden ese derecho para sí, se lo niegan a los demás.

Tienen la pretensión de imponerse simplemente porque sí, y no aceptar ninguna opinión en contrario, lo cual incluye a los veredictos de la ciencia. No entra en el terreno del debate, sino en el de la descalificación, el oprobio y la condena social. Y, como mecanismo de solidaridad tribal entre sus miembros, atávicas manifestaciones de odio hacia el discrepante. Es un histerismo de género, un fenómeno digno de estudio por varias ciencias.

Grandes dueños dominantes

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí esta llamada en la portada de El País: “Los grandes dueños de la publicidad. Cinco agencias dominan el mercado”. Este tipo de retórica es tan habitual como engañosa.

El mercado no tiene dueños, y por lo tanto nadie lo domina. Recordemos que dominio significa “poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo”. Pero nadie es dueño de la publicidad en ninguno de los sentidos de la noción de propiedad.

En realidad, “usar y disponer” de una determinada actividad económica es algo que solo está al alcance del poder político cuando no hay mercado. Digamos, el poder está en condiciones de usar y disponer de los bienes de los ciudadanos, y con esos bienes puede dedicarse a financiar, por ejemplo, las televisiones públicas, o privadas. En ese caso quizá podría valer la retórica que habitualmente se emplea para hablar del sector privado.

El sector público, por tanto, sí que sería “dueño”, pero porque tiene la capacidad de usurpar legítimamente la propiedad de otros dueños, los propietarios originales, algo que nadie más puede hacer.

También es habitual ignorar los efectos de la competencia sobre la supuesta propiedad de los mercados a cargo de las empresas privadas, así como exagerar la fuerza de las empresas grandes. Pero, precisamente, el mercado se define porque existe libertad de entrada, en cuyo caso ni el número de empresas activas en él ni su tamaño constituyen garantía de dominio de ningún tipo. Todos recordamos casos de empresas cuyas ventas representaban un elevado porcentaje de la actividad y cuyo peso no las protegió frente a recién llegados más pequeños, pero también más competitivos. Pensemos solo en IBM o en Panam.

Justicia fiscal, expolio social

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“For a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle”. Winston Churchill.

Es sorprendente que el presidente del Gobierno, en una entrevista, nos diga que tenemos que consumir más mientras anuncia una brutal subida de impuestos en medio de una crisis. Denota la falta de respeto al contribuyente y a las empresas que están luchando por mantenerse a flote en una recesión sin parangón. En realidad, no sorprende. Parte de la misma visión extractiva de la economía de siempre. Usted gana demasiado y ellos gastan poco.

Para justificar su hachazo fiscal ya están utilizando varias mentiras.

La primera, que recaudamos muy poco, la desmontamos la semana pasada. Otra es el “peligroso aumento del ahorro”. Es alucinante, lanzan la economía al abismo, amenazan con subidas de impuestos constantes, las familias intentan ahorrar un poco y les culpan de que no consumen lo que quiere el Gobierno. La tercera mentira es que la subida de impuestos va a sufragar el Estado de bienestar.

Ni las estimaciones más optimistas cubren el aumento de déficit de 2019… Imaginen el de 2020 y 2021. Se han perdido 42.000 millones de ingresos fiscales en esta crisis, ni con estimaciones optimistas de crecimiento y de ingresos se van a cubrir hasta 2023… Y recordemos que en 2019 ya teníamos un déficit superior al estimado y presupuestado.  

Si subir impuestos, como ha hecho en 2018 y 2019 con los impuestos al trabajo, es positivo ¿por qué se ha destruido más empleo, empresas e ingresos fiscales que en ningún país de nuestro entorno? La cuarta mentira es la de “pagar impuestos como un ciudadano nórdico, orgulloso”.

Lo dice una persona que vive de los impuestos de los demás, orgulloso. La principal diferencia en materia tributaria con los países nórdicos es que tienen un IVA e impuestos indirectos, los que pagamos todos, mucho más altos. Otra gran mentira es que nos van a regar de dinero con centenares de miles de millones sin condiciones. Si fuera cierto, no subiría los impuestos, sería innecesario. Si fuera cierto que la ayuda de la UE y la monetización del déficit son la panacea de dinero gratis que va a evitar los recortes, no solo no subiría impuestos, debería bajarlos.

Es más, si fuera cierto que la recuperación de la economía va a ser en “V” y que los ‘brotes verdes’ nos rodean, tampoco tendría que subir los impuestos, solo aprovechar el espacio fiscal que nos concede la Unión Europea para facilitar y acelerar esa recuperación. Pero Sánchez sabe que la recuperación va a ser lenta y difícil y que va a tener que llevar a cabo enormes ajustes.

Lo que quiere es que esos ajustes recaigan en el 100% en el sector privado y los contribuyentes, mientras mantiene la administración más cara y con más ministerios de la historia. Dice que no va a hacer recortes, pero anuncia enormes recortes en el poder adquisitivo de todos los contribuyentes.

Por eso se inventa la falacia de la ‘justicia fiscal’. España ya tiene una fiscalidad progresiva. Un contribuyente que gana 150.000 euros brutos al año sufre una cuña fiscal ya es del 48,25% en las comunidades autónomas del régimen común, y que llega hasta el 53,11% en Navarra. El concepto de “renta alta” es en realidad casi inexistente en España, ya que hablamos de unas 90.000 personas, y solo 7.000 pueden considerarse “ricos” de verdad. Las rentas de 150.000 euros abonan unos 84.000 al año en impuestos, antes de entrar en impuestos indirectos, al ahorro, a la vivienda, etc.

La fiscalidad de las empresas también es progresiva si no se usan subterfugios para ignorar la batería de impuestos que pagan. “A la empresa pequeña le corresponde una factura fiscal anual del 49,67% sobre su resultado bruto de explotación. En el caso de una mediana, el tipo efectivo se eleva hasta el 51%; y en el de una grande, hasta el 61,57%. Es decir, más de la mitad de sus beneficios brutos tienen que dedicarse a pagar impuestos a las diferentes Administraciones: central, autonómica y municipal”, como explica Javier Santacruz en su estudio de la fiscalidad de las empresas.

Sánchez sabe que un incremento del 10% en el tipo efectivo medio sobre las rentas de más de 150.000 euros hundiría la recaudación entre 500 millones y 2.500 millones de euros. En el más optimista de los casos, efecto casi nulo. Existen diversos estudios que lo demuestran.

No solo sabe eso, sino que sabe que las “grandes corporaciones” no van a sufragar las decenas de miles de millones de euros de déficit en los que vamos a caer por no ajustar gastos, como ha hecho todo el mundo en Europa para tener espacio para el nuevo gasto sanitario y por desempleo.

El impuesto de Sociedades recauda unos 23.000 millones de euros. Ya en 2019 la recaudación cayó por menores beneficios empresariales. En 2020 y 2021 se va a dar un mar de pérdidas en la mayoría de las empresas. Sánchez sabe tan bien que esas grandes corporaciones no van a sufragar los miles de millones en nuevos impuestos que él mismo está anunciando ayudas para que se mantengan a flote.

En un país donde se han destruido 140.000 empresas en dos meses, y se están yendo grandes empresas a otros países, decir que las empresas pagan pocos impuestos es, como mínimo, una broma de mal gusto.

Si le preocupase la justicia social, no consideraría aceptable detraer en impuesto de la renta más de la mitad de los ingresos de un trabajador, sea cualificado o no, para luego detraer un tercio de sus ahorros, un cuarto de su vivienda y un quinto de su consumo.

Si le preocupase la justicia social, desde luego sabría que, expoliando a los 90.000 ciudadanos, trabajadores, que ganan más de 120.000 euros y a las empresas más sólidas ni se pagan las pensiones ni se reduce el déficit ni se mejora el patrón de crecimiento.

La realidad es que están preparando el terreno para la mayor subida de impuestos de la historia y el mayor recorte de gasto en décadas porque esas serán condiciones para recibir apoyo.

Tenemos la evidencia de que las subidas de impuestos cuando la fiscalidad no es competitiva (como explico en este artículo), y en periodo de crisis, ralentizan la recuperación y reducen el potencial de crecimiento de empleo. Las subidas de impuestos en la crisis anterior retrasaron la recuperación y ralentizaron la mejora del empleo.

No es ninguna casualidad que todos los países de la Unión Europea hayan bajado o exonerado impuestos para atender a esta crisis. La medida más exitosa de las economías líderes de la Unión Europea para combatir la crisis ha sido la exoneración de impuestos al trabajo, ayudas fiscales a empresas y a autónomos que han impedido que se dispare aún más el paro.

Subir los impuestos al consumo, la inversión y el empleo en medio de una crisis donde el paro es tan alto y el déficit se dispara por destrucción de actividad es simplemente una locura. Pone escollos a la recuperación y su efecto recaudatorio será imperceptible, como siempre.

Señor presidente: el sector público vive del sector privado. Ahogando a las empresas y familias bajo la mentira de que todo el mundo tiene margen menos ustedes no se defiende el Estado de bienestar, se le ataca.

Financiación autonómica en tiempos de pandemia

Escrito por Santiago Calvo López en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando China declaró formalmente la crisis sanitaria a causa de la COVID-19 el pasado 31 de diciembre en España las Comunidades Autónomas se encontraban en conflicto con el Ministerio de Hacienda a causa del famoso mes 13 del IVA. Los gobiernos autonómicos pretendían recibir una compensación por la menor liquidación del ejercicio 2017 a causa de la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII). Varios meses después, el debate sobre la financiación autonómica ha cambiado radicalmente, aunque el problema sigue siendo el mismo: excesiva dependencia de las Comunidades Autónomas para percibir buena parte de los ingresos que le corresponden a través de un sistema engorroso y que funciona con dos años de retraso.

Como en otras áreas de política económica, abordar la financiación autonómica en tiempos de pandemia requiere actuaciones en el corto plazo para hacer frente a las necesidades financieras más inmediatas, combinándolas con otras de carácter estructural que mejoren el diseño del sistema en el largo plazo.

Primero, lo urgente

Lo urgente es hacer frente a los costes más inmediatos relativos a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, en especial al aumento del gasto sanitario, educativo y social. Justamente en estas políticas las Comunidades Autónomas tienen un papel protagonista, sobre todo en las dos primeras, ya que en estas el peso del gasto autonómico supera el 90% del total.

La actuación del Gobierno en este sentido ha sido más bien positiva, haciendo uso tanto de los recursos ya integrados en el sistema de financiación autonómica como a través de fondos extraordinarios con el fin de dotar de recursos suficientes a las haciendas regionales para que estas no tengan que asumir grandes ajustes presupuestarios en el corto plazo. A cambio, eso sí, deberán acercarse al objetivo de déficit del 0,2% del PIB acordado el pasado mes de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En relación con los recursos ordinarios también ha habido una cierta excepcionalidad. A pesar de no haberse aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, ha permitido actualizar de manera extraordinaria las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas para este ejercicio, lo que supone unos recursos extra de 2.867 millones de euros.

Pero además, esas entregas a cuenta que se calculan según las estimaciones de ingresos tributarios previstos para cada ejercicio (hasta pasados dos años no se realizan las liquidaciones definitivas una vez conocida la recaudación tributaria definitiva), se han mantenido según lo previsto antes de que estallara la crisis del COVID-19, por lo que los gobiernos autonómicos dispondrán de unos recursos muy por encima de los que realmente les corresponderían (con los datos de recaudación del mes de abril, los ingresos tributarios en términos homogéneos han caído en un 8,4%, ver aquí).

Por otro lado, el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, ha creado un fondo extraordinario no reembolsable para financiar a las Comunidades Autónomas, dotado con 16.000 millones de euros. Y aquí surge un problema conocido: el papel preponderante que juega la política en los criterios de reparto (ver aquí). Quizás hubiera sido más conveniente haber llegado a un acuerdo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque también es preciso reconocer que no había demasiado margen temporal para que tal negociación llegase a buen puerto (ver aquí la estimación de Conde-Ruiz sobre la distribución regional del Fondo).

Luego, lo importante

Un modelo cuasi-federal desde el punto de vista fiscal como el existente en España exigiría coordinación y no subordinación, y por lo descrito en el anterior punto, las Comunidades Autónomas siguen estando en una posición de cierta dependencia con respecto al Gobierno Central. No se trata, como apunta Lago-Peñas (aquí) de realizar un ajuste cuantitativo, ya que la descentralización es difícilmente ampliable, sino más bien de un ajuste cualitativo de tal modo que la capacidad fiscal de la que disponen gobiernos autonómicos sea realmente efectiva.

Una vez superada la actual crisis provocada por la COVID-19, los desajustes verticales, es decir, la parte de las necesidades de gasto completadas por transferencias, deberían reducirse. La dependencia financiera generalmente alimenta comportamientos poco responsables, como así parece haber sucedido con los mecanismos extraordinarios de liquidez, tal y como mostramos en un papel (todavía por publicar) María Cadaval y un servidor en el pasado Encuentro de Economía Pública de Barcelona[1].

En una crisis que entra dentro de la lógica de la evolución de los ciclos económicos como fue la Gran Recesión, debido al funcionamiento de las entregas a cuenta y de las posteriores liquidaciones transcurridos dos años, las Comunidades Autónomas no sufrieron sus consecuencias hasta el ejercicio 2010, por lo que se vieron comportamientos imprudentes tales como el aumento de gasto corriente (ver aquí). Y este es un problema a resolver a través de una mejora del desajuste temporal entre lo que sucede realmente hasta el momento en el que la información de la situación económica llega a los gestores autonómicos, en la línea de lo recomendado en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (aquí).

Si no existiera tal desajuste, el problema de la financiación autonómica en tiempos de pandemia se resolvería con el fondo extraordinario. Sin embargo, en 2022 podemos vivir una situación similar a la del año 2010, ya que será en ese momento en el que se liquide el sistema de financiación autonómica del año 2020, arrojando un resultado negativo. Así como parece conveniente que, en este caso, se mantengan los recursos necesarios para hacer frente al gasto sanitario y educativo, tampoco parece idóneo que se deba hacer todo el ajuste en un solo ejercicio, y más con la incertidumbre imperante en estos momentos.

De este modo, debería establecerse un calendario de devoluciones asumible e inamovible, a diferencia de lo que ocurrió con la devolución de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009, cuyos plazos se modificaron hasta en dos ocasiones. Que ahora las Comunidades Autónomas no asuman los costes de la crisis sanitaria no significa que no deban ser igual de responsables en el posterior ajuste que otros niveles de gobierno.

En definitiva, en el corto plazo la actuación parece haber sido más que correcta, pero en los próximos años saldrán a relucir problemas estructurales del sistema de financiación autonómica que podrán resolverse como casi siempre, (i) a través de parches y transferencias que no ayudarán en nada a lograr un modelo robusto, también en momentos de vacas flacas; o bien (ii) haciendo copartícipes a las Comunidades Autónomas del ajuste y saneamiento de las cuentas públicas incentivando el uso de su capacidad fiscal y reduciendo, por tanto, su dependencia e insuficiencia financieras, en la línea de lo planteado por Diego Martínez López en una entrada anterior (ver aquí).

[1] Disponible a petición de los autores.

Stuart Mill no hubiese votado esa PNL

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa.

l pasado viernes, 291 diputados de diferentes formaciones políticas entre las que se encuentran los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP), Podemos y Ciudadanos, aprobaron en el Congreso una Proposición no de Ley para combatir el negacionismo de la Violencia de Género. Esta PNL instaba al Gobierno a, como dice su nombre, combatir los discursos que niegan la existencia de ese tipo de violencia.

Sin entrar en la cuestión sobre los orígenes y el comportamiento de la violencia en el hogar, pues ni soy una experta ni me gustaría tirar por la borda años de investigación académica, cabe destacar la ligereza con la que en un texto de no más de 4 páginas se hace referencia a la misma. Teniendo ello una gravedad no menos importante, hay una cosa que me preocupa todavía más.

La aprobación de esta PNL puede parecer, a priori, un acto puramente simbólico de apoyo al discurso, ahora mayoritario en el Congreso, que se arroga la consideración por el beneficio y protección de las mujeres. Pero no es así.

Estos actos parlamentarios, que pueden ser tanto elementos de control como de impulso político, y que buscan conseguir una resolución del órgano en el que se presentan (el pleno del Parlamento o una comisión), tienen como último objetivo que lo votado no se quede en una simple declaración de intenciones y que tenga un desarrollo posterior: ya sea con la aprobación de ciertas normas legislativas, por ejemplo. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. El desarrollo inmediatamente siguiente de esta PNL es, precisamente, la persecución de los discursos disidentes, usando como pretexto esa lucha contra el negacionismo.

En un momento en el que ciertos consensos de la democracia liberal están siendo amenazados por populismos y autoritarismos, que creen que la verdad debe ser dictada desde el poder, conviene rescatar a un autor muy importante. John Stuart Mill, odiado por unos y amado por otros, escribía en 1859 una obra sublime en defensa de la Libertad.

Cuestionar la libertad de expresión y la pluralidad pone en jaque los cimientos de la convivencia

En On Liberty, Stuart Mill hablaba de la importancia de la libertad de expresión en la búsqueda de la libertad. Decía que “la única forma de que un ser humano pueda conocer a fondo un asunto cualquiera es la de escuchar lo que puedan decir personas de todas las opiniones, y estudiar todas las maneras posibles de tratarlo”. Pues de negar esa posibilidad de confrontación tan elemental, los que la niegan estarían creyendo “no pecar de infalibilidad al reconocer que la discusión debe ser libre en cualquier asunto que pueda parecer dudoso, y, al mismo tiempo piensan que hay doctrinas y principios que deben quedar libres de discusión, porque son ciertos, es decir, porque ellos poseen la certezas de que tales principios y doctrinas son ciertos”.

La libertad de pensamiento y expresión no solo es fundamental como principio vertebrador de cualquier democracia liberal. Tiene además un componente utilitarista. Si cuando gobiernan los nuestros no protegemos ese derecho, cuando gobierne el adversario no podremos exigir que actúe de distinta forma. Y así la raíz misma de la Libertad, la duda y la falibilidad, estará en constante amenaza.

Dudar ante la determinación de lo que es bueno para uno, y contemplar la posibilidad de error, nos previene de una de las más crueles imposiciones: la imposición a los demás de una moral ajena que además pueda ser errónea.

En la convivencia en sociedad se debe poder discutir de todo y en todo momento, siempre que sea de forma pacífica y respetuosa, y siempre que se dé la oportunidad al adversario de defenderse. La libertad de expresión es uno de los aspectos más importantes de las sociedades abiertas y plurales en las que los ciudadanos pueden realizar su proyecto de vida sin que otros interfieran coactivamente.

Lo contrario, poner en cuestión la libertad de expresión y la pluralidad, pone en jaque los cimientos de la convivencia pacífica entre ciudadanos.