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ADSL libre

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo han vuelto a hacer. El periodismo disperso de las bitácoras ha vuelto a demostrar que la posición de los medios de comunicación de masas (MCM) no es la que era. En el ya famoso rathergate, las bitácoras estadounidenses revelaron la falsedad de unos documentos aportados por el veterano periodista Dan Rather, y que presuntamente resultaban comprometedores para un George W. Bush, entonces con el puesto al albur del sentido del voto. Hoy es otro conocido periodista el que se ha visto forzado a dimitir gracias a la perseverancia de las bitácoras, aunque por un asunto distinto.

La ciudad suiza de Davos acogía por entonces a varios de los más destacados líderes mundiales. Los medios más importantes cubrían la reunión, y entre ellos no podría faltar la CNN. Fue entonces, en concreto el 27 de enero, cuando Eason Jordan, jefe de noticias de la cadena de Ted Turner, afirmó en una conferencia que el ejército estadounidense tenía entre sus objetivos militares en la guerra de Irak a los medios de comunicación. Nada menos. La CNN se hizo famosa en la primera guerra del Golfo, de la que ésta es una segunda parte. Su posición a la cabeza de los informativos de la CNN le daba a Eason Jordan mucha credibilidad. Pero su afirmación era de lo más grave. No obstante nadie pareció darle importancia a excepción de un blogger que asistía al acto y que escribió una anotación en su bitácora al día siguiente. No haría pasado de ahí si no fuera porque otra bitácora más conocida reparó en este dato y se hizo eco a su vez de la afirmación de Jordan, a quien siguieron muchas otras ese fin de semana. Otra periodista que también había atendido a la conferencia confirmó en su blog las palabras de Eason Jordan, lo que también hizo Michelle Malkin tras hablar con alguno de los otros ponentes de la conferencia. El asunto fue creciendo en la blogosfera sin atención por los MCM.

Mientras los medios miraban a otro lado, algunas de las bitácoras más influyentes seguían el asunto, como Hugh Hewitt o LGF, hasta llegar a la que probablemente es la que más influencia tiene en este abigarrado mundo de los blogs, Instapundit. Se llegó a crear uno dedicado a seguir específicamente el asunto. En realidad las bitácoras no tienen aún el poder de influencia que los medios de comunicación, por lo que nada habría de ocurrir hasta que éstos no dieran el paso de recoger el asunto. Pero antes de que se diera este paso, uno de los blogs que se destacaron en el rathergate, Poweline, llegó a decir que “el final de esta historia está escrito: Eason Jordan está acabado”.

Y así fue, ya que el directivo de la CNN se ha visto forzado a dimitir el pasado viernes, 11. Pero antes las bitácoras tenían que demostrar su verdadero papel forzando a los MCM a tratar el asunto. Lo hicieron en primer lugar el Washington Times, el New York Sun y el New York Post, de ahí a la NBC y a otros medios. Había pasado semana y media desde la primera mención a las palabras de Jordan, pero el efecto acabó llegando: Una vez más un asunto que hubiera quedado relegado por los medios tuvo que ser recogido por éstos gracias a la colaboración de los bloggers, los escritores en pijama, que han vuelto a demostrar que el periodismo disperso ha cambiado el panorama informativo para siempre.

Falta aún una clave que esclarece y da todo su sentido a este último caso, en la que ha incidido el periodista que quizás mejor conoce la política de su país, Michael Barone. En un reciente artículo, Barone se ha fijado en el papel que Internet ha tenido en las últimas elecciones, que no ha sido igual a izquierda y derecha. Mientras que los primeros han centrado sus energías en la crítica a George W. Bush y sus políticas, los más liberal-conservadores mantienen su atención no tanto en los demócratas o sus líderes, sino en los medios de comunicación. Les sobran motivos para ello, ya que los MCM están claramente escorados a la izquierda. Con todo ello, el rathergate y el easongate no son más que dos mojones de una carrera de enfrentamiento y colaboración entre medios y bitácoras de la que el principal beneficiado va a ser siempre el ciudadano.

Un nuevo éxito del periodismo disperso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 

Francia se dispone a revisar su semana laboral de 35 horas debido al fracaso que ha supuesto. Desde que se impuso la ley la productividad per cápita francesa ha disminuido un 4,3% según el Eurostat. En contraste, y durante el mismo período, la productividad per cápita en Reino Unido ha aumentado un 5% y un 6% en Estados Unidos.

Pero el fracaso de las 35 horas no ha estimulado al gobierno francés a abolir la ley, sino simplemente a “corregirla” contribuyendo otra vez al deterioro de su economía. Otra “conquista social” (léase imposición) que sólo ha resultado ser más deterioro económico.

La semana de 35 horas no tiene porque ser destructiva siempre y cuando no se imponga por ley. De las 70 horas semanales que trabajaba un hombre medio a principios del siglo XIX hemos pasado a 40. Algunos creen que esta disminución de horas de trabajo ha sido gracias al esfuerzo de los políticos, sindicatos, grupos de presión, etc. Pero la realidad es que esta reducción de horas sólo ha sido gracias al sistema de libre mercado, es decir, al capitalismo.

A medida que la producción y división del trabajo aumentaban gracias a la creación y acumulación de más capital no era necesario trabajar tanto. Precisamente una de las razones por la que hemos podido llegar a la situación actual ha sido la no intervención política en la economía privada.

Imagínese que a principios del siglo XIX algún visionario hubiese impuesto la actual semana de 40 horas por ley. ¿Cree que habríamos llegado al presente escenario de riqueza y bienestar? No, lo único que habría pasado es que en estos doscientos años no habríamos avanzado nada, o incluso peor, habríamos retrocedido. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la economía del siglo XIX no estaba lo suficientemente capitalizada ni desarrollada como para permitirse 40 horas semanales, y eso es lo que ha ocurrido con la semana de 35 horas en Francia. El gobierno ha intentado imponer una medida que la economía no se puede permitir hoy por hoy, y en consecuencia, el estado sólo ha contribuido a crear menos producción y menos competitividad.

En historia económica hay una lección muy clara que podemos aprender: cuando el burócrata se cree superior al mercado, y por tanto, a las libres decisiones de la sociedad, la economía retrocede y la pobreza aumenta. A menos estado, más riqueza, más libertad y más prosperidad para nuestro futuro.

Si queremos luchar de verdad por la semana de 35 horas sólo hay una solución, abolir todas las leyes e intervención en el mercado de trabajo y no permitir que el estado, sindicatos ni grupos de presión decidan por nosotros ni por el “bien común” imponiendo leyes inútiles que después nadie puede suprimir

El fiasco de las 35 horas

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

George W. Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, desmenuzó con propuestas los principios expuestos en su discurso de investidura. En este otro asentó la idea de que la seguridad en el interior está estrechamente ligada a la promoción de la paz y la seguridad fuera, lo que justificaría exportar la democracia y las instituciones que le acompañan a los Estados dispuestos a jugar con la llama del terrorismo, aunque ello pase por romper el Statu Quo. El multilateralismo es la primera opción, como está poniendo de manifiesto Condoleeza Rice; pero George W. Bush dejó claro que, llegado el momento, su país hará uso del poder que atesora, y que ha alcanzado no por casualidad, sino por ser la democracia más antigua del mundo. Por haber permitido, pese a varios reveses, una amplia libertad a los ciudadanos. Por haber dado contenido a la palabra ciudadano, sin más que acompañarla del adjetivo americano.

Todas estas razones ponen de manifiesto que hay una estrecha relación entre las políticas de las instituciones estadounidenses en el exterior, y las que siguen en el interior. Por ese motivo tienen tanta importancia varias de las reformas planeadas por la actual Administración, y en particular la reforma de la Seguridad Social a la que Bush dedicó especial atención en sus palabras ante el Congreso. La cualidad de ciudadano la otorgan su libertad y la seguridad jurídica. Se adquiere por la pertenencia a una sociedad en que las personas tiene el derecho de definir y buscar sus propios objetivos sobre la base de un Estado de Derecho. Pero esta cualidad se diluye cuando para salir adelante no puede confiar en su propio esfuerzo y en la cooperación voluntaria con otros ciudadanos, porque para cualquier actividad tiene que mirar al Estado. No sólo para saltarse sus trabas, sino para conseguir en parte sus objetivos personales y familiares. Entonces parte de su futuro no depende ya de sí y de lo que libre y honradamente pueda obtener por medio del propio esfuerzo y de la voluntaria cooperación con otros miembros de la sociedad, sino que depende de su posición en el juego de imposiciones, prohibiciones y prebendas en que consiste la política.

Un caso conspicuo es el de la Seguridad Social. El Estado detrae coactivamente (es decir, roba) una parte de nuestra renta para cumplir con su promesa de pagar las pensiones de jubilación. Aunque nuestra voluntad no tenga mucho que ver en todo este proceso, se quiere adquirir desde el Estado con la promesa de que en el futuro nosotros mismos nos podremos convertir en parásitos de otros, como otros lo son de nuestros esfuerzos. Se apela a la solidaridad. Pero lo que hay es justo lo contrario. Como quien acepta las novatadas al entrar en un Colegio Mayor porque sabe que en el futuro podrá adoptar con otros el papel de verdugo, la posición de uno en el juego de la Segridad Social cambia con el tiempo. Pero no la naturaleza del mismo. Y nada hay en el sistema que tenga un ápice de bueno. No puede haber solidaridad en lo que no es voluntario ni se ha elegido ni puede haber justicia en recibir lo que no se ha ganado. Las transferencias que uno ha hecho en el pasado en nada justifican la pretensión de ganarse recibir otras transferencias de terceros, porque nunca se puede tener derecho a apoderarse de los frutos del esfuerzo ajeno.

Se da la circunstancia de que esa promesa de participación en el robo futuro, con que se quiere comprar quienes son víctima actual de las transferencias coactivas, son falsas. La riqueza que permitiría sostener el sistema de Seguridad Social no está creada, y el propio sistema desincentiva su creación. Luego no es solo que la Seguridad Social sea por su propia naturaleza injusta, sino que no es viable económicamente a largo plazo.

Injusta e inviable. Pero es también innecesaria. Porque las personas tienen siempre la posibilidad de transformar su renta en riqueza (ahorrar e invertir) para, llegado el momento, tras una vida de esfuerzo, hacer todo lo contrario. Transformar la riqueza acumulada en la renta que permita una vida desahogada e independiente. Independiente porque permite a las personas sostenerse sobre los frutos del esfuerzo propio y no depender de que una promesa falsa e injusta se cumpla o no, y en qué medida. Esta independencia, la seguridad de sostenerse sobre lo que uno ha creado y acumulado, es lo que da un contenido más adecuado a la palabra ciudadano. Una sociedad de propietarios es una sociedad de ciudadanos. Por este motivo las reformas alumbradas por la Administración Bush, si bien modestas, tienen una importancia enorme, que desborda las ventajas meramente económicas.

A menos Estado, más trabajo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ante el fuerte incremento del paro alemán, el mayor desde la II Guerra Mundial, el diario El País, en una nota editorial apuntaba: “Alemania necesita hoy de medidas de estímulo para la economía; precisamente lo contrario de las dietas anoréxicas en gasto e inversión [del estado].”

¿Creemos que el estado es el encargado de gestionar la economía privada? ¿Qué sentido tiene crear un sistema artificial de producción donde el gobierno haga producir aquello que la comunidad no valora en absoluto? Semejante sistema es el que hemos tenido durante más de setenta años y sólo nos han llevado al fin contrario por el que hemos luchado: más desempleo, más socialismo, menos libertad y más dependencia.

El estado alemán está muy lejos de tener “dietas anoréxicas”, más bien son demasiado intervencionistas: un sistema de derechos laborales discriminatorio que dificulta la entrada a los jóvenes y crea un mercado rígido donde conseguir un trabajo es como caer en una trinchera donde nadie se puede mover; un mercado de fuertes privilegios estatales (subvenciones, apoyo a grupos de presión…); una expropiación impositiva que castiga a las empresas privadas y por lo tanto al empleo; monopolios públicos que impiden la competencia; leyes laborales que incentivan la no producción, el parasitismo y la dependencia de toda la comunidad hacia el estado.

Así pues, ¿qué papel juega el estado en el bienestar económico? Ninguno. Que no cree “dietas” de ninguna clase, que elimine todas las leyes socialistas que penalizan el trabajo, que retire los privilegios a patronales y sindicatos, que elimine los impuestos al consumo, inversión y ahorro. Cuanto más dinero y responsabilidad demos al estado, menos dinero y libertad tendremos nosotros: el “estado del bienestar” ha demostrado ser un fracaso en todos estos años, eliminémoslo de una vez por todas lo más rápidamente posible.

La única solución real al oscuro futuro de desempleo masivo sólo es la total libertad económica, y el camino para alcanzar este fin, sólo puede ser restaurar el sano sistema liberal de laissez-faire.

No sólo Luis Cobos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Es fácil despreciar los intentos de la SGAE por imponernos sus tesis sobre la propiedad intelectual y el robo cuando sus defensores son gente de la talla intelectual y musical de Luis Cobos. Pero cuando es el grupo U2 quien dice que sus derechos de autor "deberían ser suyos mientras vivan y poder traspasarlos a nuestros herederos" como cualquier otra propiedad, el asunto merece ser estudiado con un poco más de atención. Especialmente porque, al mismo tiempo, el cantante del grupo apoya la iniciativa del gobierno canadiense enfocada a minar las patentes que algunas empresas farmacéuticas tienen sobre medicinas para tratar el SIDA.

Los activistas como Bono intentan crear la imagen de que dichas drogas están ahí, como por arte de magia, y que la "Gran Farma" (no hay demagogia más efectiva que unir un montón de empresas en una única, fantasmagórica y malvada megacorporación) estaría condenando a millones a la muerte por hacer beneficios imponiendo precios más altos de los que la mayoría pueden pagar. Sin embargo, en África sólo está patentado el 21’6% de los tratamientos antirretrovirales, además de que muchas empresas han reducido su precio enormemente; la OMS reconoce que se dispone de tratamientos que cuestan un dólar al día o menos. Existen otros problemas de mucho mayor calado como la ausencia de la infraestructura que damos por sentada en el mundo occidental para distribuir, almacenar y entregar las medicinas. En Nigeria, por ejemplo, se importaron tratamientos antrirretrovirales desde la India, sin pagar patentes de ningún tipo, y sólo un 10% llegó a los pacientes mientras los demás caducaban en los almacenes.

Durante los últimos años se ha discutido mucho sobre si existe o no un derecho natural a la propiedad intelectual como sí lo hay para la propiedad de bienes físicos. Sin embargo, tanto los defensores como los detractores de la misma se suelen poner de acuerdo en su utilidad pública: actuar como incentivo para la creación de ideas. Sin él, es probable que U2 pudiera ganarse la vida más que dignamente, como demuestran las largas colas y el bloqueo de los sistemas de venta de entradas para sus conciertos en España. Pero es difícil llegar a la misma conclusión con las medicinas. Nadie invertiría los millones de dólares necesarios en investigación y estudios, muchas veces fallidos, que requiere un nuevo medicamento para salir a la calle y salvar vidas. Y esas vidas, las nuestras, las de nuestra familia, se perderían. Es algo mucho más grave que quedarnos sin escuchar "With or without you".

Los que, como Bono, apoyan la reducción de las protecciones a la propiedad industrial de los fármacos se basan en un beneficio inmediato para los enfermos y en que, a corto plazo, no habrá consecuencias negativas aparentes. Al fin y al cabo, dado que los costes de investigación y desarrollo ya han tenido lugar, a las mismas compañías les interesa vender todo lo posible y plegarse a las condiciones que les imponen. Pero sí que afecta a las estimaciones que se hacen sobre el futuro. Inventar nuevos medicamentos ya no resultará tan rentable, por lo que se invertirá menos, especialmente en los que curen o alivien enfermedades graves, que son los más propicios de verse recortados. Así, mientras se empieza a comercializar Viagra, se reducen el esfuerzo en la investigación de una cura para el SIDA. ¿Para qué investigarlo? Si alguien tiene la mala suerte de encontrar la cura, los gobiernos impulsados por bienhechores como Bono iban a robar su creación. Y ellos, al contrario que U2, no tienen un modo alternativo de cobrar.

Que los mayores defensores de los derechos de autor sean al tiempo activistas de izquierda dispuestos a atacar las patentes de los demás, resulta una incongruencia difícil de conciliar. A no ser que tanto una cosa como otra no sean más que expresiones de su interés como clase, tal y como diría Marx. Quien sabe, quizá debamos rescatarlo para algunas cosas.

Sociedad sin Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Se ha preguntado qué es el estado y qué utilidad tiene? No lo examine según las intenciones de los políticos, sino por sus acciones. En economía hay una lección que tendría que ser el primer capítulo de cualquier manual: la intervención del estado conduce a la servidumbre y pobreza generando pérdidas netas totales.

El estado no produce, por eso ha de incautar, mediante impuestos, el dinero a los ciudadanos que “gobierna” aunque éstos no quieran ser sus sirvientes. ¿Usted paga impuestos porque quiere? No, los paga porque sino el estado tomaría represalias contra su persona y propiedad. Si usted deja de pagar un impuesto, el gobierno de turno le enviará cartas amenazándole. Si no hace caso, intentará requisar sus cuentas bancarias. Si no encuentra dinero en sus cuentas, le enviará “oficiales del estado” para apresarlo y obligarle a pagar; pero si usted en ese momento persiste en defender lo que es suyo y se resiste a la “autoridad”, ésta no dudará en darle muerte y arrebatarle lo que había sido suyo.

Qué sentido tienen los conceptos de cooperación social, solidaridad, distribución de la riqueza, igualdad, talante… cuando éstos sólo funcionan bajo la amenaza de la extorsión y el miedo. Todos ellos han de ser actos voluntarios, y la mejor forma de llevarlos a cabo es mediante el libre mercado.

La sociedad no se ha desarrollado gracias al estado ni a ningún dirigente, sino gracias a la cooperación natural de los hombres. A medida que el hombre fue capaz de transformar su entorno para satisfacer sus necesidades fue creando bienestar para su comunidad. La cooperación social voluntaria es el prerrequisito básico de cualquier sociedad y del Capitalismo.

Pero tal vez crea que sin la intervención del estado la sociedad se volvería un caos. Muchos autores se están dando cuenta que los “servicios públicos” no tienen porque ser suministrados por un gobierno. Desde que se hizo la liberalización parcial de las comunicaciones este sector ha proliferado dándonos una gran oferta de servicios más baratos y variados que cuando eran un monopolio estatal. Imagínese si se privatizara la sanidad, la seguridad pública, la justicia…

La sanidad pública sólo genera largos periodos de espera, funcionarios incompetentes, tratos preferentes y un servicio que cuesta mucho dinero aunque usted no lo use.

La seguridad también es más eficiente en manos privadas. La seguridad pública ha sido eliminada en algunas partes de Estados Unidos generando una policía privada preocupada por su cliente, más eficiente y más barata. Las vallas, alarmas, seguros, instrumentos de defensa no los sirve el estado, sino la empresa privada.

Incluso la justicia privada se ha desarrollado sorprendentemente debido a la incompetencia de su homónima pública. La American Arbitration Association en Estados Unidos ha resuelto 14.500 casos laborales; Judicate West soluciona cualquier litigio en menos de 30 días a un coste muy asequible para cualquier bolsillo. En España, la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad administró 12.500 procedimientos arbítrales en 2004 con un tiempo máximo de espera de 35 días.

Según Inmaculada Sainz de Robles, árbitro inmobiliaria de la empresa Arbin, el arbitraje privado “llega a soluciones prácticas para las partes, y todo es más natural que en un juicio”. Además, “al juzgado [público] una parte va voluntaria y la otra forzada. Al arbitraje todos van porque quieren soluciones. Es muy frecuente que las partes lleguen a un acuerdo antes que el árbitro decida”.

Sin la “competencia desleal” del estado este tipo de empresas proliferarían creando mejores y más variados servicios trabajando por aquello que más valoramos: la protección física, judicial y médica.

Las bondades del sistema de libre empresa nos muestran muchos más ejemplos históricos y actuales; y las conclusiones son claras, no dejemos que el estado haga aquello que otros saben hacer mejor. El mejor gobierno es el que menos gobierna, y en consecuencia, el mejor gobierno es el que no existe.

Un pequeño paso para el hombre…

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado día 18 de enero tuvo lugar la presentación pública del nuevo Airbus A-380. La ciudad francesa de Toulouse se vistió de gala para tan importante acontecimiento en la historia de la industria aeronáutica. La ocasión y los exagerados comentarios lanzados al aire por los protagonistas del acto, invitan a reflexionar sobre el desarrollo, el estado actual y el futuro de la conquista del espacio –tanto interior como exterior– por parte de los seres humanos.

De manera somnolientamente previsible, los mandatarios europeos que se congregaron para celebrar tan solemne presentación en sociedad declararon que la parte pública de los más de 12.000 millones de euros invertidos en el desarrollo del avión son moco de pavo si se compara con el hito que esta máquina representa en la historia de la aviación, que “cuando Europa une sus fuerzas no tiene límites para sus objetivos”, “que cuando uno contempla ese monumento a la inteligencia, a la esperanza, a la fuerza y a la capacidad de progreso del ser humano, llega a una conclusión: Europa es imparable” y, ya puestos, proclamaron la superioridad de la industria aeronáutica europea sobre la estadounidense. Sin embargo, la perspectiva que da el poco más de un siglo trascurrido desde que los hermanos Wright hicieran volar con financiación privada el primer aeroplano sugiere que el avance de la aeronáutica a ambos lados del Atlántico no haya sido tan espléndido como para que lancemos voladores.

En realidad, la industria aérea se desarrolló de manera vertiginosa entre 1903 y 1938, periodo en el que fue verdaderamente libre y privada. Como botón de muestra conviene recordar que 1927 ya se había cruzado el océano Atlántico. En apenas 35 años, se pasó de meras ilusiones a una situación muy parecida a la de hoy en día. Sin embargo, desde 1938, la Civil Aeronautic Board –y sus réplicas europeas–, con su maraña de legislación reguladora del cielo, empantanó de tal forma este mercado que hasta su abolición definitiva en 1985 la industria apenas pudo superar los hitos de aquellos años gloriosos. En Europa, la desregulación todavía no se ha completado y la participación de estados europeos en importantes consorcios como Airbus sigue lastrando su potencial. Aún así, la parcial privatización que se ha venido realizando en los últimos 10 o 15 años da como resultado importantes mejoras relativas como la creación del A-380.

La importancia de esta lección es fundamental, no sólo para que podamos tener vuelos más rápidos, seguros y baratos entre diversas latitudes y longitudes del planeta sino, sobre todo, para que la conquista del espacio exterior sea pronto una vertiginosa, enriquecedora y exitosa aventura. Y es que cuando el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en poner su huella sobre la Luna, los ciudadanos de medio mundo estaban seguros de haberse convertido en espectadores de una fulgurante carrera espacial que antes del cambio de milenio haría normal la colonización de planetas cercanos y los vuelos regulares al espacio. Sin embargo, nada de eso ha sucedido. En cambio, la enorme regulación en este campo ha motivado que desde entonces se haya avanzado poco y a un elevadísimo coste si quitamos la pura aplicación de tecnologías como la informática a los viajes espaciales.

Los ejemplos del lastre estatal en la innovación espacial son un plomazo insoportable. La Estación Espacial Internacional (ISS) –por empezar con el Ave Fénix de la aeronáutica gubernamental– es una broma pesada si atendemos a su coste y a los pocos habitantes y experimentos que su diseño permite albergar. En cambio, el empresario de Las Vegas Robert Bigelow y su compañía Bigelow Aerospace están construyendo, y planean poner en órbita, una estación espacial mucho más barata y práctica que la ISS. Por otro lado, la NASA ha reconocido que el proyecto privado para poner al hombre en la Marte y conocido como “Zubrin” es un 95% más barato que el proyecto gubernamental Mars Direct. De modo similar, mientras las agencias gubernamentales de Europa y EEUU no han sabido hacer otra cosa que mamar de la ubre estatal, Dennis Tito, el empresario norteamericano que se convirtió en el primer turista espacial, abrió los ojos quienes pensaban que las aventuras espaciales y la rentabilidad eran incompatibles.

Prestemos atención a los efectos de la desregulación de las compañías aéreas estadounidenses en que tuvo lugar en 1978. Ésta dio lugar una reducción del 30% en el precio medio de los billetes de avión y los pasajeros anuales pasaron de 275 millones a los 650 millones de americanos que volaban en el año 2001. Por eso no parece muy aventurado especular que la única forma de reducir el altísimo coste de los viajes espaciales es su completa privatización. Después de todo, no ha sido el estado sino la iniciativa privada la que ha desarrollado, innovado y reducido el coste de producir infinidad de bienes y servicios como la telefonía, la automoción o los ordenadores personales. Del mismo modo, un primer paso para entrar en la era dorada de los vuelos espaciales sería la privatización de la NASA y la Agencia Espacial Europea.

Además, la efectiva conquista del espacio que permitiría la desregulación aeroespacial así como la privatización de las gigantescas moles públicas que hoy dirigen el mercado, acabará con el galimatías ecologista acerca de los recursos. No sólo porque como ocurre en la Tierra el mercado libre tiende siempre a reducir la escasez relativa de los recursos sino porque nos daremos cuenta de la minúscula proporción de recursos que hemos llegado a utilizar para satisfacer algunas de nuestras necesidades. Dejemos que el ser humano adapte, en libertad, el medio a su naturaleza y no le obliguemos a que actúe al revés como si fuese un mero animal. No cabe duda de que podrá colonizar Marte y todo el Sistema Solar. Pero para que eso ocurra primero será preciso que el estado deje de entorpecer la actividad de individuos que sueñan con la conquista del espacio.

Una historia que invita a la esperanza es el del Ansari X-Prize. La familia Ansari, originaria de Dallas, dotó 10 millones de dólares para el primer equipo que lograse poner dos veces una aeronave a más de 100 kilómetros de la tierra –y en menos de dos semanas– con financiación privada. Desde que fuera anunciado, el Ansari X-Prize ha incentivado la aeronáutica privada de forma similar al incentivo que para Charles Lindbergh y otros aviadores civiles supuso en la década de los años 20 del siglo pasado el Orteig Prize. Tanto ha sido así que el premio tiene dueño desde el pasado verano cuando el SpaceShipOne logró realizar con éxito los dos vuelos sin un solo céntimo de ayuda gubernamental.

Pero las compañías aeronáuticas privadas tienen que lidiar hoy en día con un vendaval de absurdas regulaciones creadas aparentemente para dar de comer a la burocracia que ha crecido con las agencias espaciales estatales. Si estas regulaciones y exigencias administrativas hubiesen existido a comienzos del siglo XX, los hermanos Wright no hubiesen podido despegar un solo palmo del suelo. El espacio necesita las mismas premisas básicas que permitieron el avance de la frontera americana –respeto a la colonización que transforma objetos en bienes útiles para el hombre, a la propiedad privada y a los intercambios voluntarios– y que han hecho de la tierra ese lugar en el que la escasez se iba haciendo cada día menos asfixiante para el florecimiento de nuestra especie. Bajo esas condiciones, el pequeño paso que ha dado el hombre con la creación del A-380 abriría camino para un gran salto de la humanidad en su anhelada carrera por conquistar el universo.

El monopolio de la contaminación

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La semana pasada el gobierno de ZP concedió nuevos derechos para contaminar a unas empresas en detrimento de otras basándose en sus “argumentos técnicos”. ¿Suponemos que la solución a la contaminación es el chanchulleo entre políticos y empresas? No, la solución sólo es el libre mercado y la nula intervención del estado.

Según la teoría actual la contaminación es un coste social necesario para poder tener un mayor desarrollo económico. Muchos creen que el único capaz de regular el mal de la contaminación son las imposiciones del estado. Así, el estado ha nacionalizado el aire, las calles, espacio aéreo… convirtiéndose en el mayor traficante de contaminación del mundo. En otras palabras, ha tomado el monopolio de la contaminación por la fuerza, por ley.

Imagínese que usted tiene una casa y el estado, sin preguntarle, le vende a una empresa los derechos de emitir contaminación en su zona. Esto ha ocurrido en varias ocasiones y más recientemente con la creación de aeropuertos donde despegan y aterrizan aviones cerca de viviendas ocupadas. Como el estado posee el espacio aéreo, cualquier acción que usted tome para defenderse de esa contaminación, ya sea de humos y ruidos, será casi inútil.

En una sociedad libre todos los bienes que la comunidad valora y escasean son privados —aire libre de contaminación por ejemplo. Si usted compra una casa también estará comprando el espacio que le envuelve (ahora es del estado). Si una empresa se coloca justo al lado de su vivienda emitiendo contaminación invadiendo su propiedad privada usted podrá defenderse contra ella mediante demandas individuales reales (es una invasión a la propiedad privada), o si le supone un mayor beneficio, podrá vender o alquilar su espacio a la empresa según el contrato que hayan estipulado a cambio de una recompensación económica. Los problemas son innumerables, pero en una sociedad libre —a diferencia de una sociedad intervenida— las soluciones existen y benefician a las dos partes.

El libre comercio es el voluntario intercambio de títulos de propiedad privada. Usted cada día está intercambiando títulos de propiedad privada por otros: su dinero, por una barra de pan por ejemplo. Nadie le obliga a realizar este intercambio, las dos partes —comprador y vendedor— salen ganando de una forma voluntaria y pacífica. Cuando el aire puro se vuelve un bien escaso, entonces también se vuelve susceptible de ser comercializado. En realidad ya ocurre, pero a diferencia de como sería en una sociedad libre, ahora el aire puro es un monopolio del estado: los gobiernos son los únicos con derecho a “contaminar” concediendo licencias.

Las concesiones del gobierno no son trasferencias de títulos de propiedad privada, sino licencias que se sustentan en la fuerza del estado contra la comunidad: jueces, la ley y la policía. El estado se embolsa el dinero que la empresa paga por obtener la “licencia a contaminar” y ésta, a cambio, es defendida por el estado manteniendo a raya a los afectados. El resultado genera una larga lista de ganadores y perdedores netos.

Con la nacionalización del espacio aéreo, ríos, calles, el mar… el estado no sólo ha robado algo que no era suyo, sino que ha contribuido a la Tragedia de los Bienes Comunes, es decir, cuando un bien no es gestionado por medio de las valoraciones subjetivas del individuo, éste se extingue (el aire sano en nuestro caso).

La única economía sostenible es aquella que sólo contempla las acciones individuales y privadas de los que participan. Cuando por falacias económicas se nos presentan algunos problemas como agregados, de todos, y el estado entra en acción para “ayudarnos” y de paso lucrarse a nuestra costa, la insostenibilidad y mal estar socioeconómico es inevitable.

Algunos países de América del Norte y América del Sur —por otras razones— ya han empezado, o estudian, desnacionalizar las calles, “áreas públicas”… Aprendamos de ellos y vayamos más allá. Las “patentes de corsario” del estado sólo benefician al estado perjudicándonos a todos.

Internet como estado policial

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El gobierno del partido que prometió retirar la famosa LSSI-CE o "ley de Internet" ahora se ha puesto como objetivo ampliarla para atender a las peticiones de los artistas comprometidos con el dinero de los demás, que encima han cometido la indignidad de comparar la red de redes con un tsunami, explotando la desgracia ajena para su propio interés. El mayor problema de la redacción aprobada en el parlamento de esa ley era la obligación de los proveedores de guardar datos de tráfico durante seis meses (aún no en vigor, por no haberse desarrollado el reglamento), debido sobre todo a los costes que esta medida iba a provocar y que pagaríamos los usuarios. Ahora se pretende hacer responsables a los intermediarios, es decir, a los proveedores de acceso a Internet, de las descargas de música y películas.

Las consecuencias de esta medida socialista, en el sentido más cubano del término, podrían consistir en cargar con los costes de vigilancia a las empresas, que se verían en la necesidad de espiar a sus usuarios para cumplir la ley, y hacerles pagar por ello aumentando los costes del acceso. Si, lo he escrito bien; Telefónica y sus cuates tendrían la obligación de espiarnos para cumplir la ley. Tendrían que colocar sniffers, pequeñas aplicaciones que vigilan la red donde se instalan en busca de aquellos datos que se les ha ordenado observar, en toda su infraestructura para que saltaran las alarmas cuando alguno de sus usuarios hace algo sospechoso como bajarse canciones desde un servicio legal, además de restringir las características de nuestras conexiones para intentar impedirnos la posibildad de hacerlo en primer lugar.

Ni siquiera en Estados Unidos, donde los lobbys del entretenimiento han llegado más lejos, existen medidas similares. De hecho, una ley tan controvertida como la Patriot Act obliga a limitar la actuación de los sniffers para proteger la privacidad de usuarios que no están sujetos a investigación. El FBI llegó a crear un sniffer propio llamado Carnivore porque las aplicaciones comerciales captaban demasiados datos de otros usuarios, retirándolo cuando ya se pusieron en el mercado herramientas suficientemente respetuosas.

Una vez que estemos convenientemente vigilados, la infraestructura necesaria para ampliar esa vigilancia ya estará instalada en la Internet española. No todos los países totalitarios disponen de tantas facilidades para controlar lo que se dice y se hace en Internet. Es de suponer que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones garantizado en nuestra Constitución, la propia LSSI que exonera a los intermediarios de responsabilidad y la directiva en que esta ley se basa terminarán imponiéndose. Pero ya se les habrá visto el plumero y las intenciones.

Desastres naturales y teorías desastrosas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El reciente terremoto que se ensañó con parte del litoral asiático y africano no sólo ha venido a poner de relieve la falsedad de las más recónditas teorías sobre la necesidad del estado. Además, parece como si trajera consigo el florecimiento de teorías económicas descabelladas. En realidad, la catástrofe bien podría destapar dos vergüenzas malamente escondidas por el nutrido gremio de economistas que las defiende, y causar estragos entre sus miembros.

La primera es una falacia que humilla a los damnificados e insulta la inteligencia de la especie humana al afirmar que a largo plazo las catástrofes son beneficiosas para la economía de la zona afectada. Con motivo del tsunami que ha anegado la vida y la propiedad de millones de personas, esta patraña vuelve a emerger y, desafortunadamente, se hace necesario refutarla por enésima vez.

En 1919 Ludwig von Mises explicó que si bien “los terremotos representan un buen negocio para los obreros de la construcción y el cólera mejora el negocio de los médicos, los farmacéuticos y los empresarios de pompas fúnebres, a nadie se le ha ocurrido hasta ahora celebrar los terremotos y el cólera como estimuladores de las fuerzas productivas en beneficio del interés general.”

Sin embargo, lo que a nadie se le hubiese ocurrido decir en 1919, se ha afirmado en innumerables ocasiones desde que el gran economista austriaco escribiera esas líneas. “Las guerras son buenas para el mercado” o “los desastres naturales estimulan la actividad económica” son penosas frases a las que nos hemos habituado a golpe de oírlas. La última marea de estas disparatadas afirmaciones nos ha llegado como consecuencia del terremoto asiático. Por poner un ejemplo del que se ha hecho eco el Mises Institute, el economista estadounidense del Instituto para la Economía Internacional, Fred Bergsten, ha defendido que en el caso de los maremotos del Índico “como en el caso de cualquier otro desastre, se produce un efecto negativo a través de la destrucción de la propiedad y la salud de las personas, pero se obtiene un estallido de nueva actividad económica para reemplazarlos que sopesados resulta generalmente bastante positiva.”

En su esencia este tipo de afirmaciones viene a decir que la destrucción de los medios con los que los seres humanos alcanzan sus fines es buena a largo plazo porque habrá que utilizar numerosos recursos en actividades que generen los bienes y servicios necesarios para volver a satisfacer aquellas necesidades. Como bien saben todas las personas bien educadas en lógica o en buena teoría económica, el timo reside en el hecho de fijarse en la reconstrucción y los empleos que posibilita, y olvidar que si nada hubiese sido destrozado, esos recursos serían empleados en satisfacer nuevas necesidades, que ahora no podremos cubrir, porque los tenemos que usar en tratar de volver a contar con lo que ya teníamos. Se trata de la vieja falacia de la ventana rota, que el gran economista francés Frederic Bastiat refutara en el siglo XIX, aplicada a las tragedias naturales.

Y es que la frase de Mises suena ingenua porque la escribía diecisiete años antes de que “la teoría general” de Keynes se convirtiera, para desgracia de casi todos –y a excepción de quienes han alcanzado cátedras y ministerios gracias a la defensa de las bondades de la expansión del gasto público y la inflación– en el texto económico más influyente del siglo XX. En esa Biblia del intervencionismo económico su autor llega a afirmar sin sonrojo alguno que “la construcción de pirámides, los terremotos e incluso las guerras, pueden servir para aumentar la riqueza […].”

Y, después de todo, el resurgimiento de estas pseudos-teorías era de esperar. La teoría Keynesiana que subyace tras estas gigantescas y vergonzantes falacias, ha dominado la ciencia económica hasta hace muy poco y, aún hoy, forma parte de esa corriente mayoritaria que suele llamarse neoclásica cuyas ideas siguen enseñándose en una aplastante mayoría de las facultades de economía de todo el planeta. Una lamentable situación que el control público de la educación tiende a perpetuar más allá de la definitiva derrota del keynesianismo tanto en la teoría como en la práctica.

Pero las falacias económicas ligadas a las catástrofes no se detienen en ese imaginario efecto beneficioso a largo plazo de los destrozos materiales gracias al impulso que inducen en la actividad económica. Llegan a profundidades verdaderamente inquietantes y raras veces reconocidas explícitamente. Y es que sugieren, ni más ni menos, que puede existir un beneficioso efecto económico de la muerte de miles de seres humanos sobre el bienestar de quienes sobreviven a la catástrofe si el valor de mercado de los destrozos materiales y del perjuicio para la actividad económica no son lo suficientemente grandes como para contrarrestar la proporción de renta que queda por habitante. Es decir, que si no fuese porque los maremotos han dañado gravemente al sector pesquero y turístico de la región, su mortífera arremetida sería, con toda seguridad, beneficiosa para el nivel de vida de quienes han sobrevivido. Peter Thomas Bauer ya denunció la implicación inversa de estos inhumanos disparates en medio del desierto académico de los años 70 cuando observaba que “mejor salud y esperanza de una vida más larga a menudo reducen las rentas per cápita medidas en forma convencional (en comparación con lo que hubieran sido de otra manera), con el paradójico y sin duda perverso resultado de que lo que claramente es una mejora, en las condiciones de la gente se presenta como un deterioro.”

Nada hay en una catástrofe natural que afecte a los logros de seres humanos que pueda ser considerada positiva para la economía o la sociedad en general. Es más, si para colmo el fenómeno natural se lleva por delante vidas humanas, el desastre económico –aparte de personal– es inmenso y, en buena medida, irreparable. El desencuentro de estas teorías con la realidad se debe a que en ellas los agregados económicos suplantan a los datos que sólo tienen sentido tratados individualmente en referencia a contextos determinados; los fines y medios de los individuos pierden su carácter subjetivo y se convierten en referentes objetivos a los que todas las personas han de dirigirse; y el individuo es sustituido por entes abstractos como el estado en su papel protagonista del proceso social. La única posibilidad de que dejemos de escuchar estas falaces afirmaciones que afrentan al ser humano como ser racional es un giro radical en la enseñanza económica de nuestros bachilleres y nuestros universitarios. Y para conseguirlo, me temo que primero habría que acometer la oceánica tarea sacar las zarpas estatales de la educación de nuestros jóvenes.