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El derecho a cita

El proyecto de ley de la propiedad intelectual del PSOE sigue recorriendo su camino. Este viernes fue recibido en el consejo de ministros un informe del ministerio de justicia sobre lo que va a ser una mina a explorar en profundidad durante las próximas semanas y meses. Durante su redacción se ha contado con entidades de gestión de derechos de autor, pero no con internautas, lo que hace temer que los cambios irán encaminados en perjuicio de éstos y del derecho a realizar copias privadas de música y películas a través de Internet. Más sospechoso resulta el que no se haya publicado ese anteproyecto y nos hayamos tenido que enterar del mismo por un fax (nota: son seis megas de descarga, luego no digan que no avisé). No obstante, hay un detalle que ya se ha empezado a debatir más en profundidad y es la modificación del artículo que regula el derecho a cita.

Aún a riesgo de que los hermanos Rojo vuelvan a coger un artículo mío sin permiso, o de que me echen del periódico por decir que me gusta algo que planea hacer este gobierno, debo decir que me gusta esta modificación. El debate sobre la propiedad cultural sigue vivo y muy vivo entre los liberales de diferentes escuelas. Quizá la forma más intuitiva de exponer el dilema al que nos enfrentamos es tomar las dos posturas enfrentadas al respecto. Para los creadores, la cosa está clara, son ellos quienes han filmado, compuesto o escrito algo y es, por tanto, suyo, pudiendo disponer de su creación como mejor le convenga. Puede ser liberándolo al permitir que cualquiera pueda acceder a él o puede ser cerrándolo para cobrar cada pase. Los consumidores, en cambio, lo ven de otro modo. Si se copian un CD de un amigo o se bajan de Internet una película, no están haciendo daño a nadie. Los propietarios de esos bienes siguen poseyéndolos. No hay, en definitiva, escasez de bienes culturales.

Hay que recordar que, ética aparte, la utilidad de los derechos de propiedad reside en la mejor administración de la escasez. Los bienes son escasos, y con propiedad privada se gestionan mejor y se produce el máximo de ellos. Pero los bienes culturales, una vez creados, no son escasos. Se pueden copiar sin coste, en el cerebro de cada uno, y cada vez con menos coste por diversos medios (discos compactos, libros, Internet, etcétera), sin que el autor deje de tener su propia copia. Sin embargo, ahí está el problema, que esto sucede una vez han sido creados. Si se elimina la propiedad, se eliminan los incentivos para aprovecharla, como décadas de comunismo han demostrado una y otra vez.

¿Se acabará la producción de bienes culturales si eliminamos los derechos de propiedad cultural? Es difícil de responder a esa pregunta. La tecnología era muy inferior a la actual cuando esos derechos se pusieron negro sobre blanco en papel oficial, una época en que los autores sí parece que podían vivir sin esa legislación. Intuitivamente, todos notamos una diferencia notable en la reproducción de bienes culturales sin permiso: el que se haga por dinero o no. Así está en la legislación actual, con el reconocimiento a la copia privada. El nuevo artículo sobre derecho a cita excluye expresamente la labor de copia y pega remunerada, es decir, "las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales", sin lesionar los derechos de los que citan a los demás para comentar o criticar sus textos, como los bloggers. Eso le traerá problemas tanto a las prácticas de Periodista Digital (no menos grave por mucho que incluya contenidos propios como su patética obsesión con la piscina de Pedro J.) como a las empresas de "press clipping", que realizan resúmenes de prensa a la carta generalmente para empresas, si no pagan a los medios por realizar su labor. En ambos casos me parece una restricción razonable y justa, porque una cosa es que las personas copien contenidos y otra que quieran ganar dinero con ello.

Ni una sola Ley contra el empleo

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT: “la reforma del mercado de trabajo debe apostar por la estabilidad en el empleo; no por flexibilizar el despido”. Lemas como este sólo han contribuido a un mercado laboral más rígido y, por lo tanto, de más difícil acceso para los que se encuentran desempleados.

Incluso los burócratas del Banco Mundial se han dado cuenta que el único camino para una economía próspera y rica es la no intervención tal y como plasmaron en su informe “Doing Business in 2005”: “las regulaciones laborales penalizan la inversión, el crecimiento y la creación de empleos”. Una de las principales conclusiones a las que llegó el informe es que las “regulaciones excesivas y derechos de propiedad débiles excluyen a los pobres, especialmente a las mujeres y a los jóvenes”.

No hace falta ser muy avispado para darse cuenta que las indemnizaciones por despido, contratación fija, bajas laborales… son una fuerte barrera para la creación de empleados por parte de la empresa. Eso significa, lógicamente, que cuantos más costes obligatorios se impongan a las empresas para contratar o despedir, menos empleados podrán incorporarse a sus filas.

En un mercado laboral altamente regulado, como el español, las empresas sólo podrán contratar a trabajadores cuya productividad sea mucho más alta que los altos costes impuestos por el estado, sindicatos, grupos de presión y leyes. Es decir, si seguimos manteniendo más regulaciones, sólo el muy preparado podrá trabajar e incentivaremos el desempleo general.

El camino a la estabilidad laboral, pleno empleo, o libertad de cambiar de trabajo rápidamente no es un camino intermedio de lentas desregulaciones ni un juego político entre burócratas sindicatos y patronales, sino abolir totalmente las leyes que castigan la creación de empleo y el desarrollo de la propiedad privada. Medidas como las indemnizaciones, salario mínimo, regularización de las horas extras, bajas, seguridad social, licencias, imposición de convenios o cualquier forma de colectivismo y agresión a la libertad individual sólo favorece a unos pocos a expensas del productor perjudicando a los que buscan empleo (estudiantes, gente que quiere cambiar de trabajo, inmigrantes…). Defender que incautar el dinero e imponer más costes a las empresas por la fuerza nos beneficia a todos, es un sinsentido.

Sin leyes que penalicen la propiedad privada ni el empleo, cualquier tipo de negocio y empresa podrá ser creada al único coste que decida el consumidor; y si nos esforzamos trabajando para él y para nuestro accionista, nuestro éxito estará asegurado. Nuestro éxito laboral sólo nace de nuestro propio esfuerzo y no del trabajo de “los que más tienen”.

Las consecuencias que nos traería la total abolición de las leyes sólo puede generar una explosión de oferta que, desde el punto de vista del empleado, crearía un tipo de mercado laboral desconocido hasta ahora: nuevas especializaciones, más productos y servicios para el consumidor (y mayor empleo por lo tanto), más capacidad productiva, más empresas nacionales y extranjeras donde ir a trabajar, más agilidad a la hora de cambiar de trabajo, gran aumento del trabajo para la gente joven, y como no, cualquier empleado podrá convertirse en empresario bajo su única responsabilidad y sin tener que soportar las amenazas y altos costes que imponen la ley y los sindicatos.

Si queremos mejorar nuestro presente y futuro, y asegurar el de nuestros hijos, sólo hay una solución real: eliminemos todas las leyes y regulaciones contra el trabajo.

Rerum Novarum, un referente para la libertad (y II)

La justicia distributiva no debe entenderse ya como una redistribución de los "recursos dados", sino como una apropiación continua de las creaciones "inapropiadas". En efecto, los individuos no necesitan apoderarse de los recursos ajenos, sino de las oportunidades de beneficio que nadie ha explotado.

De hecho, la coherencia teórica de León XIII se percibe también cuando describe la vía del trabajador hacia la riqueza. Así, propone al obrero que reduzca sus gastos para ahorrar e invertir "el fruto de sus ahorros en una finca", finca de la que sería legítimo poseedor, pues "no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia".

Lamentablemente, en la época de León XIII se carecía de una teoría del capital suficientemente desarrollada como para darse cuenta de que, de esta forma, el trabajador se convertía en "capitalista", rompiendo la falaz dialéctica de las clases sociales. Esta inversión en bienes de capital no sólo incrementaba la riqueza del trabajador, sino la de la sociedad entera, pues multiplicaba la cantidad de bienes y servicios disponibles.

Pero, obviamente, este proceso acumulativo de capital no podía ser arbitrario (tal y como pretendían los Estados socialistas), sino que el trabajador debía localizar las oportunidades de beneficio y dirigir hacia ellas sus ahorros. De ahí que León XIII concluyera que "los socialistas empeoran la situación de los obreros todos, en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que, privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades".

Pese a carecer, como hemos dicho, de una teoría del capital, León XIII sí identificó que el ahorro era esencial para el crecimiento económico, idea que pone en solfa gran parte de las doctrinas keynesianas, basadas en el consumo desbocado como estímulo al crecimiento económico: "Las virtudes cristianas suplen la renta con el ahorro, lejos de los vicios, que arruinan no sólo las pequeñas, sino aun las grandes fortunas, y disipan los más cuantiosos patrimonios". Queda claro que, en opinión del Papa, el consumismo sólo dilapida "el patrimonio", esto es, la estructura de capital de la sociedad.

De hecho, este proceso ahorrativo se efectúa a través de decisiones descentralizadas de los individuos, que distribuyen, tal como luego vino a poner de manifiesto la teoría austriaca, sus bienes entre los usos presentes y futuros: "El hombre, abarcando con su razón cosas innumerables, enlazando y relacionando las cosas futuras con las presentes y siendo dueños de sus actos, se gobierna a sí mismo con la previsión de su inteligencia, sometido además a la ley eterna y bajo el poder Dios; por lo cual tiene en su mano elegir las cosas que estime más convenientes para su bienestar, no sólo en cuanto al presente, sino también para el futuro".

Así mismo, siguiendo la línea de la eficiencia dinámica, alabó a los empresarios creativos e innovadores que, buscando el propio interés, servían de la mejor manera a los consumidores, a los trabajadores: "Son dignos de encomio, ciertamente, muchos de los nuestros que, examinando concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de mejorar a los obreros con oficios honestos. Tomado a pechos el patrocinio de los mismos, se afanan en aumentar la prosperidad tanto familiar como individual". Como nuevamente señalara años más tarde Hayek, todo un ejemplo de encontrar el provecho ajeno buscando el propio.

La redistribución es inmoral e inútil

León XIII también vio los peligros evidentes de una ideología socialista que pretendía reducir el hombre a una misma esencia. No sólo eso, esta diferencia explicaba y justificaba que unos hombres acumularan más riqueza que otros: "Establézcase que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo (…) Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna".

Así, se mostró partidario "de unir una clase con la otra", pero a través de "la aproximación y la amistad" y no mediante la fuerza del Estado. Esta crítica a la redistribución pública se observa perfectamente cuando alaba las "colectas, realizadas espontáneamente por los cristianos en cada reunión (…) porque se invertían ‘en alimentar y enterrar a los pobres’", y desdeña a quienes han "pretendido poner la beneficencia establecida por las leyes civiles"; y, como si anticipara la ruina de la redistribución pública para evitar la pobreza, señala que "no se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad cristiana".

De la misma manera, recuerda que la función esencial de las leyes y del imperium estatal será "principalísimamente" mantener "a la plebe dentro de los límites del deber (…); porque, si bien se concede la aspiración a mejorar, sin que oponga reparos la justicia, sí veda ésta, y tampoco autoriza la propia razón del bien común, quitar a otro lo que es suyo o, bajo capa de una pretendida igualdad, caer sobre las fortunas ajenas".

Y así, circunscribe la actuación del Estado para con los pobres a hacer que "brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos", ya que "cuanto mayor fuere la abundancia de medios procedentes de esta general providencia, tanto menor será la necesidad de probar caminos nuevos para el bienestar de los obreros".

Ciertamente, parece que León XIII, al escribir esas líneas, estuviera pensando en los peligros de la Sozialpolitik del canciller Bismarck, semilla del futuro Estado del Bienestar europeo y que, a diferencia del Papa, olvida que la mejor manera de combatir la pobreza es creando riqueza, y no limitándola.

¿Justificó León XIII el intervencionismo?

León XIII criticó no sólo el socialismo, sino prácticamente cualquier forma de intervencionismo. De hecho, tiene muy claro que, "siendo la familia lógica y realmente anterior a la sociedad civil, se sigue que sus derechos y deberes son también anteriores y más naturales". Aseguró que lo que más "contribuye a la prosperidad de las naciones" son "la probidad de sus costumbres" y las "moderadas cargas públicas". Recordó que el Estado es del todo improductivo y que extrae sus recursos de la sociedad y, en concreto, de las clases medias, pues "es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros".

Condenó de manera reiterada el intervencionismo moral del Estado, ya que "querer que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso", y "no es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible".

Con todo, sí es cierto que, en algunas partes de la encíclica, León XIII parece justificar el intervencionismo del Estado; concretamente, en los casos de extrema necesidad, en la regulación de los días festivos y en la limitación de las condiciones laborales.

En relación con la intervención en casos de extrema necesidad, aunque señala que, "si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios", matiza rápidamente: "Pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí".

Los casos de necesidad extrema se definen en ética como los del "bote salvavidas", casos donde la solución no es del todo clara, pues se coloca a la sociedad ante supuestos excepcionales que violentan las instituciones tradicionales. De la excepción no puede hacerse norma.

Sobre los festivos, León XIII asegura que hay "que interrumpir las obras y trabajos durante los días festivos", pues es "un descanso consagrado por la religión". En realidad, el Papa olvidó que ya durante el siglo XIX, y antes de que los Estados legislaran en tal campo, los crecimientos en la productividad ya habían permitido a los obreros disfrutar de días de descanso estipulados voluntariamente en sus contratos laborales. Las legislaciones laborales simplemente vinieron a consolidar una situación de hecho.

León XIII sostiene además que debe evitarse que "el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga"; y es que la capacidad del ser humano "se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar". Por ello, concluye, "se ha de mirar que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas".

También defendió un salario justo, "que no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado".

Por estas reflexiones Rothbard aseguró que sufría de un sesgo a favor del trabajador, lo cual, ciertamente, restaba verosimilitud a su liberalismo. Sin embargo, leído con atención, León XIII sólo está prescribiendo una situación física: el ser humano no puede (y por tanto no debe) trabajar más allá de sus límites y necesita comer para sobrevivir.

Pero ello no significa necesariamente que la legislación laboral quede justificada, pues "cuánto deba ser el intervalo dedicado al descanso, lo determinarán la clase de trabajo, las circunstancias de tiempo y lugar y la condición misma de los operarios". Y así, "para evitar injerencias de la magistratura, sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas, tiempos y lugares, será mejor reservarlas al criterio de las asociaciones de que hablaremos después". Sólo "si las circunstancias lo pidieren" debería intervenir "la autoridad pública".

En realidad, todo esto parece remitir a los casos de "necesidad extrema" arriba mencionados. Es más, uno encuentra un cierto anticipo a lo que, treinta años más tarde, vendría a conocerse como el "teorema de la imposibilidad del socialismo", pergeñado por Ludwig von Mises. Ningún Gobierno es capaz de recoger toda la información dispersa sobre las circunstancias concretas de cada caso, y por tanto es incapaz de conocer el salario o las condiciones de trabajo justas.

Algo similar a lo que plantearon los escolásticos Juan de Lugo y Juan de Salas, quienes afirmaron que el "precio justo" depende de tan gran cantidad de circunstancias específicas que sólo "Dios puede conocerlo".

El grueso de esa regulación lo deja a unas asociaciones a las que luego denomina "sociedades de socorros mutuos", esto es, "entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propios de las cosas humanas".

León XIII, pues, no defiende una seguridad social pública, sino más bien una serie de asociaciones de cooperación voluntaria que, con ciertos matices (por ejemplo, el desempleo no es actuarialmente asegurable), podrían resultar equiparables a los seguros y, en definitiva, a una seguridad social privada.

Así pues, no es cierto que León XIII justifique el intervencionismo, salvo en los casos de extrema gravedad (situaciones excepcionales donde, para muchos autores escolásticos, las normas morales dejan de tener validez). Y no puede hablarse de un sesgo a favor del trabajador más allá de las consideraciones cristianas acerca de la dignidad del trabajo.

Finalmente, sorprende cómo autores libertarios de la talla de Rothbard dejaron de percibir la cercanía de la Rerum Novarum a sus postulados anarquistas. Si bien León XIII justificó la intervención del Estado, no queda ni mucho menos claro que basara la existencia de éste en la coacción y en la fuerza. No estoy sugiriendo que León XIII fuera un convencido ácrata, pues en algunos pasajes es clara su aceptación de los poderes públicos; sin embargo, sí está en el límite, como muchos autores, de negar la soberanía del Estado sobre los individuos.

Conclusión

A lo largo de estos dos artículos hemos podido observar cómo el origen de la llamada "doctrina social de la Iglesia", la encíclica Rerum Novarum, es del todo liberal y procapitalista. Por supuesto, esto no soluciona el problema de si el catolicismo debe tomar partido por un determinado sistema político terrenal. Desde luego, la Iglesia católica está muy por encima de puntuales encíclicas. Aquí sólo hemos querido demostrar que las afirmaciones acerca de que el catolicismo nunca ha defendido el capitalismo y de que la doctrina social de la Iglesia fue una lacra para la libertad son, simple y llanamente, falsas.

Las miniviviendas de Trujillo

Maria Antonia Trujillo, aparte de una calamidad como ministra, es un prodigio sacándose de la chistera proyectos inútiles a los que acostumbra a bautizar en un politiqués casi perfecto. Hace cosa de un año, para debutar en el ministerio que Zapatero le acababa de poner en sus manitas de princesa extremeña, rizó el rizo del absurdo con aquello de las “soluciones habitacionales”. Dijo entonces que se tomaba la licencia porque así se llamaba a la vivienda en la tierra de Allende. No sé aún a que Allende se refería. Si al nefasto presidente que precedió a la no menos nefasta dictadura de Pinochet, o a la autora de “La casa de los espíritus”. Ambos son chilenos y, por más que me esfuerzo, no consigo recordar a un solo nativo de aquel país que en lugar de decir “Hay que ver lo cara que está la vivienda en Santiago” diga “Caray con las soluciones habitacionales en Santiago, no hay quien se independice”.

Además, en el caso de que la escritora hubiese proferido alguna vez semejante majadería su novela más famosa hubiera llevado por título “La solución habitacional de los espíritus”, y claro, con ese nombre jamás la hubiesen llevado al cine. Lo más probable es que ni Isabel ni el difunto Salvador Allende dijesen nunca aquello y la ministra se arrancase por ahí en uno de esos ataques de sudamericanismo a los que nuestra izquierda es tan aficionada. Citar a un novelista hispanoamericano tiene efecto balsámico, queda bien y al decirlo parece que uno lee y es la mar de sensible.

Como lo de las “soluciones habitacionales” no era suficiente para dar sentido a la vida de una ministra funámbula en un ministerio fantasma, a alguno de sus asesores se le ha encendido la bombilla y ha parido una nueva ocurrencia; las soluciones imaginativas aplicadas a la solución habitacional. No es un trabalenguas, es un cuchitril, porque éstas consisten en construir microviviendas de unos 25 metros cuadrados para que, bien enlatados, se hacinen los jóvenes en ellas. Los jóvenes a los que se las concedan se entiende, que serán pocos y podrán felicitarse por ello el resto de su vida. La idea fuerza que mueve a la ministra es que ocupamos demasiado espacio y por lo tanto hemos de racionarlo compartiendo el pasillo, la lavadora o el trastero. Si uno crece, o cambia de ciclo vital -que ya hay que ser cursi y rebuscada-, se anexiona el tabuco de al lado y tan frescos.

Ni a Orwell se le hubiese ocurrido disponer mejor al rebaño. Minúsculas casas estatales en las que se haya conseguido reducir el así llamado “espacio mínimo habitable” a un parchís de 25 metros cuadrados de superficie y cuatro de altura. Un cubilete, un receptáculo que dicen módulo y que, como no, está inspirado en los países nórdicos, esas ejemplares sociedades en las que sus habitantes sólo salen del módulo para pagar impuestos. Porque podría haber puesto como ejemplo a los alemanes, que disfrutan de espaciosas casas unifamiliares, pero no, el ejemplo a seguir es el de los ciudadanos más serviles de Europa. Estomagante. Consuela pensar que, en torpeza e ineptitud, no hay quien gane al ministerio habitacional de la desastrosa Trujillo, cuyo ciclo vital como ministra nunca debiera haber comenzado.

El negocio del miedo

La producción de miedos irreales se ha convertido en toda una industria que vive de producir y vender un bien económico ficticio gracias a una necesidad –la cual se supone que el bien o servicio ayuda a satisfacer– que es creada mediante medias verdades o completas mentiras. El objetivo de quienes llevan a cabo este timo moderno es sustituir la gestión descentralizada e individual del riesgo por su gestión estatal. Eso permite grandes trasvases de recursos que son expropiados gracias al soporte de la alarma social y que son entregados a los “lobistas”, esos amantadores profesionales del miedo artificial.

Un reciente informe del Instituto Económico Molinari muestra los siniestros efectos de esta explotación industrial del miedo artificialmente sobredimensionado o simplemente inventado. El ejemplo que ilustra las explicaciones teóricas del estudio es la prohibición del DDT gracias al desproporcionado sobresalto social causado por el libro de Raquel Carson, Primavera Silenciosa. La eliminación de ese riesgo ha conllevado la creación de uno nuevo: el riesgo, para millones de personas, de contraer malaria. Por eso una de las principales virtudes del informe consiste en mostrar que la gestión estatal del riesgo –previa expropiación de nuestra condición de gestores privados de los distintos peligros– no significa la eliminación de la incertidumbre sino, más bien, su agravamiento hasta límites insospechados.

Tanto en el caso del DDT como en el del calentamiento global o en el de tantos y tantos negocios del miedo en los que a menudo participamos debido al calculado bombardeo publicitario al que somos sometidos, el fraude suele funcionar de la siguiente manera. Primero tiene lugar la invención o magnificación de un miedo. A continuación se diseña una estrategia para la producción de noticias pavorosas. El lobby o grupo de presión –con frecuencia más verdes que las sandías– tratan de aprovechar la alarma social que ellos mismos han creado para lograr la concesión de privilegios particulares por parte del estado a costa del resto de la sociedad. Una típica forma de hacerlo es promocionando la idea de que ellos tienen la solución al gran peligro que amenaza a un gran número de individuos. Esa solución suele estar fundamentada, al menos en parte, en la acción estatal, motivo por el que al lobby no le suele costar mucho trabajo encontrar el apoyo publicitario y financiero de las administraciones públicas y de gran parte de la clase política.

Al final del proceso, no sólo sucede que los productores de miedo se han forrado a base del dinero que la gente les entrega después de tragar el anzuelo o gracias a la masiva redistribución que, en su favor, perpetran las administraciones públicas. También ocurre, y quizás esto sea aún más preocupante, que la gestión estatal del riesgo produce nuevos peligros que por surgir generalmente de una prohibición, son difícilmente eliminables. A todo esto hay que sumarle finalmente una dosis adicional de incertidumbre que proviene de la tremenda inseguridad jurídica que genera este negocio del miedo. En este, como en muchos otros casos de intervencionismo económico, el remedio es siempre infinitamente peor que la supuesta enfermedad.

Wolfowitz

George W. Bush ha nombrado a Paul Wolfowitz nuevo director del Banco Mundial. Toda una bofetada neoconservadora a la corrección política, aunque ésta no sea más que un efecto secundario, quién sabe si deseado por el propio Bush. Wolfowitz es el cargo de mayor rango ocupado en la Casa Blanca por un neoconservador, y el número tres en la lista de más odiados por la progresía mundial, después del ocupante del despacho oval, Belcebú para los desafectos, y de Donald Rumsfeld.

La significación del nombramiento de Wolfowitz es muy clara y concuerda con los dos puntos esenciales del pensamiento neoconservador, y que a su vez son los más valiosos: la displicencia ante el statu quo y la fe en la fuerza transformadora de la libertad. El nombramiento del hasta ahora secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos ni es un premio ni es un retiro dorado. Es un nuevo movimiento estratégico de George W. Bush para favorecer un círculo virtuoso de desarrollo y paz en las áreas más conflictivas del planeta.

Se ha dicho desde las filas del vacío moral que el terrorismo tiene una causa en la pobreza, villanía que se suele combinar con otra también muy común: que la pobreza en el tercer mundo está causada por los países ricos. Un cóctel doblemente perverso que sirve a cierta izquierda para justificar en grado diverso según quien hable los actos terroristas, presentándolos como mecánica excrecencia de la pobreza, y para señalar como verdaderos culpables a las víctimas de éstos. La realidad es seguramente muy otra. Terrorismo y pobreza tienen orígenes comunes, aunque no sean todos los mismos. Entre los que comparten está la lucha desde los gobiernos contra las oportunidades de desarrollo económico de los ciudadanos, ejerciendo sobre sus vidas un control que les impide ofrecer lo mejor de que son capaces, e intercambiarlo en el mercado por otros productos. Es la falta de oportunidades, no la mera carencia de bienes materiales, la que alimenta la desesperación.

El elemento exclusivo del terrorismo es la ideología que se cree con derecho a exterminar al vecino por no compartir tus creencias. Ese es el detonante de la desesperación, que comparten los creyentes en la yihad y los creyentes en que otro mundo no sólo es posible, sino que se debe imponer.

Hay que luchar contra esas ideologías. Pero también hay que luchar porque los gobiernos abran la mano con que ahogan el desarrollo económico. La prosperidad permite encontrar satisfacciones en lo más mundano y real. Y el comercio establece relaciones beneficiosas entre desconocidos, enseñando que la diversidad no tiene porqué ser fruto de conflicto. Lo que tiene en mente el nuevo director del Banco Mundial es sentar las bases para ese desarrollo, para ampliar el comercio, que asiente sobre bases sólidas la paz. Wolfowitz sabe que la democracia es más que el depósito periódico de papeletas en las urnas, y que está erigida sobre el Estado de Derecho, la propiedad privada, y la libertad, que son las condiciones necesarias para el desarrollo económico.

El problema es que mucho tendría que cambiar el Banco Mundial para que resulte útil. El Banco Mundial está concebido para hacer llegar fondos de los países ricos a los más pobres para favorecer el desarrollo, pero como en el caso del FMI los préstamos favorecen no los comportamientos económicamente más sanos, sino los orientados a conseguir nuevos préstamos. El Banco Mundial, si ha de servir de algo, debe ser una guía para la transición a economías liberales y abiertas. Si el nuevo director de la institución es capaz de marcar un camino que oriente el desarrollo hacia la libertad, esa fuerza transformadora, habrá hecho una contribución de primer orden también a la extensión de la paz.

Comerciante proteccionista

Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, ha dicho que los comerciantes se están durmiendo frente a la nueva competencia. Todos los grupos de presión próximos al proteccionismo se le han lanzado al cuello pidiendo su dimisión.

La gran mayoría de los grupos de presión, sino todos, siempre han sido proteccionistas (a igual que la organización que preside Gómez Navarro). Esto es, obligan al resto de comerciantes, mediante las armas de la política (leyes, amenazas y violencia) a no servir a sus clientes. Creen que si todos “hacen piña” imponiendo sus normas y leyes —que les garantiza el poder coactivo del estado— vivirán mejor a costa del dinero del consumidor y pagador de impuestos. En este proceso de “solidaridad impuesta” intentan anular el esfuerzo y ansias de prosperar del resto de comerciantes eficientes aboliendo la libertad de mercado.

En la actualidad este esperpéntico juego proteccionista ha llegado a situaciones grotescas como prohibir productos en unas horas determinadas, cierres forzosos bajo pena de multas, licencias concedidas por el estado, prohibición de ciertos productos por consideraciones morales…

Tales restricciones inútiles sólo enrarecen la competencia haciendo un mercado rígido y pobre en cuanto a variedad, elección y precio. En reacción a esta situación hostil hacia el consumidor y hacia el propio sector surgen otro tipo de comerciantes libres que esquivan la coacción de los grupos de presión: los comerciantes de la economía sumergida que dan trabajo al poco capacitado, al que tiene pocos recursos económicos y ofrece al consumidor un abanico más amplio y competitivo de oferta. Por más proteccionismo que exista siempre habrá alguien con ganas de prosperar que se adaptará a las necesidades de la comunidad ofreciéndole lo que quiere aun a riesgo de ser castigado por las leyes. ¿Por qué hemos de criminalizar el esfuerzo personal, variedad de consumo, diversidad y alta producción?

Los proteccionistas creen que cuando algún comerciante vende un producto más barato que el resto se comete un crimen sin más, por eso recurren a las leyes. Lo descalifican como “competencia desleal”, pero lo cierto es que la llamada competencia desleal no daña a nadie. Nadie sale herido, robado ni muerto de su aplicación, sino al revés: beneficia al comerciante que quiere ganar más y prosperar en nuestra sociedad y beneficia al consumidor que pide productos baratos.

Por el contrario, el comerciante proteccionista pretende lo contrario: aumentar lo máximo posible su producto destruyendo parte de la producción (como ocurre en la agricultura), vivir de subsidios financiados por el contribuyente (que paga contra su voluntad y por miedo a las represalias del estado), leyes al libre comercio internacionales que encarecen los productos, crean monopolios y perjudican a los países pobres.

Los comerciantes y grupos de presión proteccionistas que reclaman la intervención del estado son un peligro para nuestro bienestar y economía. El proteccionismo es una grave enfermedad para la iniciativa individual, prosperidad y riqueza que sólo puede ser curado con una medicina, la libertad económica.

La corte de los milagros

De todos es sabido que la Comisión Europea no sirve para gran cosa. Los comisarios se reúnen de tanto en tanto, se hacen unas fotos y entre una cosa y la otra gastan a placer el dinero que los demás les entregamos con tanta alegría como inconsciencia. Pues bien, dentro de ese ocio tan bien retribuido la Comisión nos sorprende a veces con algo que merece la pena leer. Por ejemplo, el informe sobre el Empleo en Europa del año pasado. Sus conclusiones, si lo miramos por encima, vienen a ser la confirmación de lo que aquí, en Libertad Digital, repetimos a diario. Esto es, que la economía europea no crea empleo ni queriendo, que el mercado laboral está esclerotizado por una regulación asfixiante y que, si no cambia la cosa, lo de la madre de Marco no va a ser cosa del pasado sino de un futuro que se antoja muy cercano.

La sorprendente excepción a esa regla no escrita que dice “esto es un desastre” es la Comunidad de Madrid, una pequeña región enclavada en medio de ningún sitio y a la que todo el mundo se refiere en términos despectivos. El informe es concluyente; entre 1995 y 2004 en Madrid se han creado 756.200 puestos de trabajo, es decir, que la población ocupada ha crecido un 45% en menos de una década. Allá por 1995, año en que encontraron a Roldán en Laos, en Madrid trabajaban 1.688.300 personas. En 2004, año en que el partido de Roldán volvió al poder, esa cifra era ya de 2.444.500 personas. Casi nada. Para los que tengan alergia a los números eso quiere decir que, en nueve años, en Madrid se ha creado más empleo que en Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia juntas, cuatro veces más que en Grecia o más del doble que en Bélgica. Así seguro que lo entienden mejor.

El mito, perpetuado por la legión de envidiosos de siempre, dice que Madrid no ha pasado jamás de ser una Corte holgazana poblada por un sinnúmero de funcionarios, covachuelistas y personajes que viven del sable. Quizá por eso el informe de la Comisión ha pasado desapercibido. Porque si, por ejemplo, llega a ser el País Vasco, y no digamos ya Cataluña, la que presentase semejantes datos el radioescucha habitual de la SER se los sabría ya de memoria y los escolares normalizados entonarían las cifras en verso antes de empezar la clase. En esto, muy a nuestro pesar, hemos de doblar la rodilla ante las habilidades propagandísticas del nacionalismo y su contrapartida, la nula capacidad de comunicación de los que en Madrid gobiernan. Porque, digo yo, que casi un millón de personas se pongan a trabajar en nueve años es motivo suficiente para hinchar el pecho. ¿O no?

En algún lado he leído que lo de Madrid es un milagro. La capital del reino no posee nada especial que de primeras lleve a pensar que es una ciudad próspera. No tiene puerto, el río que la atraviesa no pasa de ser un andrajo de agua, las fronteras están lejísimos y para llegar por tierra hay que atravesar el inmenso desierto humano en que se han convertido las dos Castillas. ¿Dónde está el secreto? A mi entender, el éxito de Madrid está en los casi seis millones de almas que pueblan su Comunidad y en lo sensato que ha acostumbrado a ser su Gobierno autonómico. En la tierra de Cervantes no hay más sentimiento de pertenencia que el de ser de dónde uno quiera. Y eso ya es suficiente, el resto viene sólo. Vacunados contra el virus del aldeanismo paleto, los madrileños han recorrido la mitad de un camino que otras regiones mucho más favorecidas aun ni han empezado a andar. En cuanto al Gobierno, aunque no mucho, algo ha tenido que ver en ello. Desde la Puerta del Sol ciertamente se incordia, pero poco en comparación con cualquiera de los taifatos que salpican nuestra geografía. Los dos ingredientes están ahí para quien quiera ensayar la receta: mucha gente y poco Gobierno. No es necesario más.

Rerum Novarum, un referente para la libertad (I)

En este sentido, tal y como puso de manifiesto uno de los mayores liberales del s. XX, Murray Rothbard, los mensajes de la Iglesia tendían a encuadrarse en un centrismo democristiano que contentara a todos los sectores por igual.

Conviene, no obstante, examinar la cuestión más detalladamente yendo a su fuente primaria, que es, sin lugar a dudas, la encíclica Rerum Novarum (1891), de León XIII. Acerca de ella podemos encontrar opiniones del todo contrapuestas. Mientras que Rothbard la calificó de "fundamentalmente liberal y procapitalista", otro notable liberal, y además católico, Thomas Woods, destaca su nociva influencia, al introducir "la idea de una tercera vía entre el socialismo y el laissez faire puro".

Mi objetivo, pues, es examinar con detalle la encíclica que inaugura el pensamiento económico moderno de la Iglesia. Al fin y al cabo, Juan Pablo II la calificó de "inmortal documento", y en él inspiró toda su obra. De hecho, la aclamada Centesimus Annus no deja de ser una actualización elaborada 100 años después.

He de adelantar que mis conclusiones son radicalmente favorables al documento. No quiero significar con ello que carezca de defectos, sino que éstos son mayormente accesorios. De hecho, en cierto sentido la Rerum Novarum recoge y anticipa, en mi opinión, buena parte del corpus teórico esencial con el que hoy defendemos la libertad.

Contra el socialismo

La Rerum Novarum surge en un momento histórico en que las falacias marxistas iban ganando adeptos; se estaba adoquinando el camino al advenimiento en cadena del golpismo totalitarismo que asoló el s. XX.

El comunismo legitima su violenta actuación a través de la llamada "teoría de la explotación capitalista": la propiedad privada de los medios de producción (del capital) coloca al trabajador en un situación dependiente y sumisa, hasta el punto de que se ve obligado a vender su fuerza trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, debido a su especial situación de sumisión, el proletario trabaja más horas de las que realmente cobra, de donde surge la plusvalía capitalista.

León XIII no vio nunca esta falsa relación de dependencia unidireccional. Muy al contrario, entendió que "ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital". Y es que "los que carecen de propiedad, lo suplen con el trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo".

De hecho, prestaba un flaco favor a la sociedad el "suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente".

El Papa León XIII creía que los diversos individuos "como en el cuerpo se ensamblaban entre sí", llegando a una disposición que podría denominarse "armonía" (parece como si la encíclica rindiera un tácito homenaje al liberal francés Frédéric Bastiat, quien 40 años antes había escrito su famosa obra Armonías económicas).

La armonía de intereses es el resultado necesario de la libre cooperación humana denominada "capitalismo". A tal conclusión llegó medio siglo después Friedrich von Hayek, en su obra Individualism and economic order. Según Hayek, la virtud proverbial del sistema capitalista era haber conseguido que los seres humanos se dedicaran a satisfacer las necesidades de otras personas desconocidas al buscar el interés personal.

El preconizado conflicto marxista de intereses era en realidad una milonga anticientífica. Los contratos y los acuerdos, a fuer de voluntarios, son siempre beneficiosos para ambas partes; esta armonía de intereses generaba un "orden espontáneo" en la sociedad (que Hayek contraponía al concepto de "organización") del que todos podían aprovecharse para satisfacer sus fines.

Pues bien, Leon XIII ya entendió suficientemente este punto, al concluir que "el acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas". El orden no surge de la coacción planificadora del socialismo, sino del acuerdo entre las personas. Es más, la violencia no puede fundamentar el orden, pues "de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo".

Esta condena de la lucha supone tanto una reivindicación del principio liberal de "no iniciación de la violencia" como una condena evidente de la lucha de clases. Condena que no sólo tenía un fundamento moral (no iniciación de la violencia), también pragmático.

León XIII no dudó en criticar a todos aquellos que alardeaban de poder lograr "una vida exenta de dolor y de calamidades, llena de constantes placeres". Esta pretensión socialista (eliminar la explotación del hombre por el hombre para multiplicar la producción) fue calificada como un "fraude que tarde o temprano acabará produciendo males mayores que los presentes".

Y es que el Papa sabía que la lucha de clases y la nacionalización de los medios de producción no eran el camino adecuado para enriquecer a la sociedad, "pues ejerce[n] violencia contra los legítimos poseedores" e "incluso llega[n] a perjudicar a las propias clases obreras". Así, una cosa era clara: "Cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable".

El derecho natural a la propiedad privada

Podemos afrontar los problemas morales desde una triple perspectiva: iusnaturalismo, utilitarismo y evolucionismo. La primera encuentra la solución a los problemas en los derechos "inherentes" al hombre, la segunda equipara bueno con útil y la tercera remite a la costumbre para efectuar un juicio de valor.

En realidad, estas tres perspectivas no son excluyentes, y las tres fueron utilizadas por León XIII para justificar la propiedad privada.

Desde el punto de vista iusnaturalista, el Papa aseguró que "el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza"; derecho que debía ser "estable y permanente", pues incluso "las leyes divinas prohíben gravísimamente el deseo de lo ajeno: ‘No desearás a la mujer de tu prójimo; ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo’". Dado que no es un derecho legal, sino natural, "la autoridad pública  no puede abolirlo".

Desde el punto de vista utilitarista, la eliminación de la propiedad privada quitaría "el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas y esa igualdad con que sueñan [los socialistas] no sería ciertamente otra cosa que una general situación, por igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna". Y es que "los hombres, sabiendo que trabajan lo que es suyo, ponen mayor esmero y entusiasmo" (lo cual parece una anticipación del reverso de la Tragedia de los Comunes, popularizada por Gerrett Hardin en 1968).

Podemos comparar esta última afirmación con la de Ludwig von Mises en su tratado de economía La acción humana: "Las tierras carentes de dueño efectivo las utiliza la gente sin preocuparse del daño que pueden sufrir. Cada cual procura lucrarse al máximo, por cualquier medio de sus rentas, desentendiéndose de los efectos que puedan producirse".

Incluso fue más allá y afirmó que no sólo "es lícito que el hombre posea cosas propias, sino que incluso es necesario en absoluto", pues "es necesario también para la vida humana".

Desde la perspectiva evolucionista, León XIII explica cómo Dios dio la tierra en común al género humano "no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos".

Esta teoría parece concordar a la perfección con las tesis institucionales del padre fundador de la Escuela Austriaca, Carl Menger: "Así pues, la economía humana y la propiedad tienen un mismo y común origen económico, ya que ambos se fundamentan, en definitiva, en el hecho de que la cantidad disponible de algunos bienes es inferior a la necesidad humana". La propiedad, para Menger, no es "una invención caprichosa", sino que surge como una institución social evolutiva.

Por último, León XIII no deja lugar a dudas acerca de cómo se adquiere legítimamente la propiedad: "Cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica a sí aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una huella, de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo".

León XIII, pues, viene a respaldar la tesis liberal de la apropiación original (o homesteading) propuesta por John Locke en su Segundo tratado sobre el Gobierno civil y reincorporada por el mismísimo Murray Rothbard en su Ética de la libertad: "Al descubrir los recursos de la tierra, al aprender a utilizarlos y, en especial, al transformarlos mediante un remodelación más utilizable, Crusoe ‘mezcló su trabajo con el suelo’. Al actuar así, al estampar el sello de su personalidad y de su energía en la tierra, la convirtió, de manera natural, a ella y a sus frutos, en su propiedad".

La propiedad no se extinguía con la muerte del propietario –como pretenden los impulsores del impuesto de sucesiones– sino que era enteramente transmisible mortis causa. De hecho, León XIII entiende que la herencia es parte del cumplimiento de la responsabilidad que todo padre contrae para con sus hijos (esta construcción de la responsabilidad paternal ha sido usada, recientemente, como epicentro de las modernas teorías antiabortistas): "Es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró; e igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren y en cierto modo prolongan la personalidad del padre(…) Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas, transmisibles por herencia a los hijos".

La revolución fiscal

Las últimas declaraciones de Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda, sobre la reforma fiscal del IRPF han sido una llamada a la "línea moderada". Reducción en el número de tramos, minúscula rebaja del tipo mínimo y máximo y, por otra parte, aumento de otros impuestos. Unos cambios ridículos que siguen castigando el trabajo, ahorro, gasto e inversión de todos nosotros. El gobierno sigue creyendo que sabe mejor que nosotros cómo manejar nuestro dinero.

Evidentemente no se puede esperar más de un socialista que considera que sólo él es el legítimo responsable de la distribución de la riqueza. Conceptos como “pragmatismo” y “moderación” han sido el camino de los políticos para expropiar los recursos del ciudadano en favor del estado. ¿Acaso sabe dónde van sus impuestos? ¿Estaría de acuerdo que la totalidad de sus impuestos se usen para financiar a RTVE, o sirviesen para beneficiar a aquellos que sólo viven de ayudas estatales porque no quieren trabajar, o que se usen para financiar a dictadores sudamericanos o grupos terroristas de oriente medio? Indudablemente al estado no le interesa que nosotros sepamos donde va a parar el dinero que nos han sacado; y es que el estado es la organización menos transparente que existe.

Una reforma fiscal ha de tener un único fin: liberar al hombre del yugo que inflinge el estado. Con los impuestos que recaudó el estado el año pasado sobre el tabaco, se podría haber pagado el presupuesto de defensa. No se necesita tanto para que el estado mantenga sus “servicios legítimos”, los de la fuerza. Aunque como otros autores han demostrando (Rothbard, Benson, Hoppe, Block…), incluso si privatizamos los servicios del estado, éstos pueden ser más baratos y dar un mejor servicio y variedad.

Si el estado trabajase de verdad para la gente su reforma fiscal sólo podría ser una: eliminar todos los impuestos. Cuando alguien nos quita mediante las amenazas y la coacción nuestro dinero nos está robando; da igual que pretenda ser nuestro defensor, o que diga que lo hace para nuestro bien. Los impuestos no son un acto voluntario, sino que son un acto de agresión contra la libertad individual.

Pero no podemos pretender que un político, que vive de la extorsión, sea quien acabe con un sistema que le beneficia, sino que hemos de tomar nosotros la iniciativa dejando de alimentar al tirano.

Si usted considera que pagar impuestos es injusto, no los pague. Cuando una empresa “evade” su legítimo dinero para que no sea confiscado por el estado está actuando correctamente; si alguien le ofrece un servicio o producto y le da la opción de cobrárselo con factura o sin ella, no lo dude, ¡hágalo sin factura!; tanto usted como él saldrán ganando.

No podemos esperar que los políticos realicen cambios para nuestro beneficio porque eso es una contradicción. La historia ya nos ha demostrado que ningún político, por más liberal que se haga decir, jamás ha hecho nada por nuestra libertad individual. El insumiso fiscal es un héroe al que se le tendría que hacer un monumento. El “elegido” no es ningún político, sino usted. No esperemos a que los burócratas nos liberen, empecemos nosotros antes.