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Gallardongrado

Según publica el diario El Mundo en el número 60 del suplemento Su Vivienda, el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón planea reducir la edificabilidad de las manzanas donde se ponga en marcha el plan de revitalización. El motivo es casi tan totalitario como la propuesta: el Ayuntamiento de Madrid considera que la ciudad gana en calidad y así se beneficiarán los ciudadanos.

No sé si la idea de Gallardón ha quedado clara. Reducir la edificabilidad significa que algunas personas que hoy tienen una vivienda, mañana dejarán de tenerla por obra y gracia de nuestro gallardo señor y su tan personal como colectivista visión de cómo mejorar la calidad de la vida urbana. Hablamos de confiscación, expropiación, latrocinio, robo o incautación. Que cada cual elija el sustantivo que más apropiado le parezca porque si dejamos que el edil catalogue su acción no me extrañaría que empleara los términos que un decorador de interiores utilizaría para describir su última obra.

Supongo que los creadores del plan se defenderán replicando que no se pretende incautar la casa de nadie y que, bien al contrario, se pagará a los afectados por esta reforma estética el valor de mercado de las viviendas expropiadas primero y destruidas después. Surge entonces una interesante cuestión: ¿cómo se pretende financiar tan costosa mengua de la edificabilidad? Pues, seguramente, echando gasolina a la hoguera gallardoniana, es decir, con más deuda. Todos sabemos que Gallardón nunca ha tenido problemas a la hora de endeudar a sus ciudadanos a través de compromisos que él ha ido adquiriendo en nuestro nombre y no creo que esta ocasión vaya a constituir una excepción.

Sin embargo, ese problema es una minucia si lo comparamos con otros en los que el Alcalde, como consecuencia de su simpleza intervencionista, no se habrá detenido a pensar. Y es que no hay forma de que el consistorio pueda pagar el verdadero valor de mercado de las viviendas que expropiaría a sus ciudadanos. La razón es bien sencilla y se encuentra en la raíz de la teoría económica del valor. Dado que el valor es siempre subjetivo, el precio de bien heterogéneo como la vivienda depende de las aptitudes negociadoras tanto del vendedor como de quienes están interesados en comprarla y del valor subjetivo que cada uno le otorguen. De modo que el precio de mercado de una vivienda como las que el ayuntamiento de Madrid piensa expropiar sólo puede conocerse una vez se produce un acuerdo de compra venta en el mercado, lo que precisamente impedirá el plan expropiador. Así pues, la única manera de que se pague un precio de mercado –o justo– por esas viviendas es tratando de comprárselos a sus dueños. Pero, claro, entonces el plan quedaría en parte supeditado a que los ciudadanos quisieran realmente ver reducida la edificabilidad, algo seguramente intolerable a los ojos de Gallardón. Y digo en parte porque aunque el Ayuntamiento comprase las viviendas a sus propietarios, lo estaría haciendo con el dinero que se le ha arrebatado a los ciudadanos mediante impuestos y que estos dudosamente habrían usado de esa manera.

Si el nulo respeto por la propiedad privada y la imposición de una ciudad salida de la fantasía de Gallardón siguen siendo la regla de gobierno en este consistorio, terminarán cambiándole el nombre a la ciudad y poniéndole el de Gallardongrado. Tiempo al tiempo.

La discriminación negativa

En buena medida, los socialistas no han dudado en arrogarse la representación de determinados colectivos que dicen haber sido perseguidos y maltratados por la moral conservadora; minorías que, en este sentido, merecerían toda la protección necesaria que pueda ofrecer el Estado "social" de Derecho y que se suele plasmar en las llamadas "normas de discriminación positiva".

Uno sigue sin ver por qué tales individuos necesitan una protección específica distinta de la que merece toda persona. Es más, uno sigue sin entender los supuestos beneficios derivados de una discriminación positiva que petrifica un status diferenciado para esas personas y las separa, aún más, del pretendido objetivo de la integración.

¿Es que acaso, por referirnos a los homosexuales, mantener una relación con una persona del mismo sexo es un detalle tan sumamente relevante que requiere de unas normas diferentes y particulares? (por no hablar de las imprescindibles subvenciones destinadas a los que se proclaman portavoces legítimos del colectivo). ¿Es que hay que proteger a la mujer en tanto que supuesto eslabón secularmente débil de la sociedad occidental, y no en tanto que persona?

Ahora bien, cuando la legislación objetiviza la pertenencia de las personas a determinados grupos atendiendo a lo que considera características "relevantes" está condenándolas a que la gente siga centrando su atención en esa característica especial o extraña. Más que colaborar en que determinadas conductas sean socialmente aceptadas, la discriminación positiva sanciona normativamente la diferencia.

Entonces se produce una curiosa simbiosis entre los individuos afectados y los políticos. Si, al menos en teoría, el objetivo primigenio de la coacción política consistía en integrar "por la fuerza" a algunos individuos, en el momento en que se concede privilegios a determinados grupos sociales (por ejemplo, asegurando un 50% de las plazas de la Administración o pudiendo alegar un despido discriminatorio por razón de sexo o de orientación sexual), los mencionados beneficios, otorgados por los políticos, exceden, en mucho, el coste de la "falta de integración social".

Si la llave para continuar recibiendo ayudas y regulaciones favorables se encuentra en seguir siendo "diferentes", algunos de esos individuos (ni mucho menos todos) se encuentran abiertamente dispuestos a perpetuar el "hecho diferencial" para así asegurarse los beneficios de la "discriminación positiva".

De la misma manera, el gobernante de izquierdas –cuyo máximo objetivo es retener y ampliar su poder político– sabe que, en tanto se produzca una "efectiva" integración, la razón originaria de la discriminación positiva (y, por tanto, su capacidad para crear lazos clientelares y para hacer y deshacer las vidas ajenas) desaparecerá.

Ni unos ni otros están particularmente interesados en terminar con la discriminación. Como de costumbre, los objetivos de la intervención estatal (al transgredir las leyes económicas y los principios generales del derecho) no sólo no se cumplen, sino que agravan la situación de partida.

El PSOE y la izquierda en general han sido los abanderados de esa "discriminación positiva" durante mucho tiempo. Su propósito –al menos el declarado– era remoralizar a la sociedad rompiendo los prejuicios sociales de cientos de años. Como hemos visto, si en alguna medida estos "prejuicios" han ido cediendo en nada se ha debido a la acción política, que sólo acrecienta la animadversión hacia los "niños mimados" del Estado.

Ahora bien, tras su experiencia con la "discriminación positiva", con la moralización social a golpe de BOE, la izquierda ha adquirido una práctica sumamente nociva para la libertad: el Estado puede ser usado para que los valores morales de la sociedad, sus pautas de conducta, sus ilusiones y sus finalidades, sean moldeados a gusto del político.

Y esto, en ocasiones, supone no sólo una concesión de prebendas a ciertas personas (por supuesto, la contrapartida de todo privilegio es que otras personas salen perjudicadas; la política siempre beneficia a unos a costa de los demás), sino la persecución de otros individuos que no se ajusten al ideal moral del sabio gobernante.

El político se siente legitimado para utilizar la represión con la finalidad de adaptar las pasiones del ser humano a sus moldes de rectitud moral. Los díscolos podrán ser reprendidos, estigmatizados y perjudicados en todas aquellas actividades que, aunque legítimas, no satisfagan al burócrata de turno.

No obstante, en la era democrática los políticos quedan subordinados al llamado "interés general". Su actuación, su entera existencia, depende de la consecución de ese fin. Es necesario, pues, conciliar la moralización social con el interés general, asentar la represión en el bienestar colectivo. Y precisamente esta fusión entre moralización política e interés general da lugar a un perverso juego. El anarquista decimonónico Lysander Spooner, al comparar el Gobierno con el salteador de caminos encontró una diferencia, favorable a este último:

"Lo único que pretende es ser ladrón. No acumula desvergüenza suficiente para proclamar que es vuestro ‘protector’, y que se apodera del dinero de los ciudadanos contra su voluntad sólo para ‘proteger’ a estos fatuos viajeros (…) No insiste en seguiros por la carretera y en contra de vuestros deseos (…) No persiste en protegeros a basa de ordenaros que os inclinéis ante él y le sirváis; a base de ordenaros hacer esto y prohibiros hacer aquello (…) En una palabra: se contenta con robaros, no intenta convertiros en su bufón o su esclavo".

Siglo y medio antes de que las políticas de discriminación positiva tomaran cuerpo, Spooner ya había anticipado sus peores rasgos. El Gobierno no se limita a coaccionarnos, quiere que le reconozcamos su esfuerzo y dedicación; que disfrutemos mientras nos reprime y entendamos las causas de semejante coacción. Quiere, en pocas palabras, que amemos al Gran Hermano.

Esta peligrosa tentación que tan bien entrevió Spooner fue posteriormente desarrollada por Isaiah Berlin en su famoso ensayo Dos conceptos de libertad. Al criticar el concepto de libertad positiva, efectuó estas observaciones:

"Se han señalado en muchas ocasiones los peligros que entraña el usar metáforas orgánicas para justificar la coacción de algunos hombres sobre otros con el fin de elevarlos a un nivel ‘superior’ de libertad. Pero lo que hace que este tipo de lenguaje resulte convincente es que reconocemos que es posible, y a veces justificable, coaccionar a determinados hombres en nombre de algún fin (digamos, por ejemplo, la salud pública o la justicia), fin que ellos mismos buscarían si fueran más cultos, pero que no lo hacen por ceguera, ignorancia o corrupción".

Este modo de pensar, tan característico del intervencionismo y la planificación socialistas, da lugar a una suerte de paradoja de la represión:

"Esto facilita que me pueda concebir coaccionando a los demás por su bien, en su propio interés, no en el mío. Estaría entonces afirmando que conozco mejor que ellos cuáles son sus verdaderas necesidades. En último término, eso implica que no se resistirían a obedecerme si fueran tan racionales y sabios como yo y si comprendieran sus propios intereses como yo lo hago".

El perverso juego del que hablaba antes es esta especie de mesianismo dirigista que impregna a la izquierda. Cuando el malvado hace daño, es posible que se detenga en el linde insuperable de su moralidad; cuando el tonto hace daño y cree estar haciendo el bien, su amenaza no conoce límites.

La izquierda, que en su momento se consideró protectora de ciertos individuos (y cuyo corolario fue desprotegerlos todavía más frente a la sociedad), se está convirtiendo, en estos momentos, en un azote de "herejes", en una especie de neoinquisidor que persigue a todos aquellos individuos que se salgan del redil.

Día a día observamos cómo la persecución contra los conductores, los fumadores, los bebedores de alcohol, o los periodistas, se acrecienta. La regulación estatalista restringe cada vez más su ámbito de actuación. Hay que evitar que se fume, pues provoca cáncer; hay que evitar que la gente se emborrache, porque resulta degradante; hay que evitar que se hable por el móvil mientras se conduce, porque incrementa la posibilidad de accidente.

En cierto modo, se planifica la vida de las personas, impidiéndoles que asuman riesgos para alcanzar fines que valoran más. La cruzada contra todos aquellos que se salgan del molde socialista es ya una realidad.

Es cierto que el conservadurismo no es ajeno a esta batalla, y que comparte, en buena medida, sus objetivos. Sin embargo, una parte significativa de los conservadores siempre ha sido consciente de las limitaciones del intervencionismo estatal. Saben que la coacción estatal es del todo inútil, incluso nociva para sus intereses.

De ahí que los procesos inquisidores se desarrollen, especialmente, bajo gobiernos de la izquierda. Su mesianismo y su fe en el Estado son la combinación más peligrosa que quepa imaginar. No sólo creen que deben reprimir al ser humano, sino que pueden hacerlo. Estas medidas inquisitoriales son lo que podríamos llamar el inicio de la "discriminación negativa". El nuevo juguete coercitivo de la izquierda.

Clos exprime a los barceloneses

Joan Clos, alcalde de Barcelona, ha impuesto las zonas verde unilateralmente y sin el plebiscito de los ciudadanos barceloneses para recaudar más dinero con la excusa de la congestión del tráfico. Clos en su Web dice: “un total de 1.150.000 vehículos acceden diariamente al centro de la ciudad y el 93% de éstos quieren aparcar. […] La regulación del aparcamiento en superficie se hace necesaria si no queremos llegar, pronto, a una situación de colapso.” Situación que sólo él, y su antecesor Maragall, han provocado.

Clos culpa la avaricia de aquellos que quieren aparcar porque no son respetuosos con los demás, por eso ha decidido imponer el peso de la ley y castigar a los barceloneses creando un solo ganador: Joan Clos. Él siempre tiene parking, y se lo pagamos el resto de ciudadanos.

A los barceloneses, a juzgar por la cantidad de coches que hay, les gusta tener coche, y por lo tanto necesitan calles para circular. ¡La ilógica solución del partido socialista de Barcelona ha sido ampliar las aceras! Una de las principales arterias de Barcelona, la Diagonal, se congestiona en horas punta. Solución de la alcaldía socialista: eliminar más de un carril en la Diagonal y construir un tranvía que ya se ha llevado varios coches por delante.

Las nuevas zonas verde del ayuntamiento pretenden, según sus fuentes, “disuadir” a aquellas personas que se desplazan desde fuera de Barcelona a la ciudad (no vaya a ser que aumente el comercio). Dice que quiere “potenciar” los parking de pago, y para hacerlo ha tomado otra medida fuera de toda lógica: en el mes de noviembre todos los parking subterráneos que dependen del ayuntamiento tuvieron una subida de precio del 32%. La mejor forma de potenciar un servicio es creando competencia, y eso significa que el gobernante se abstenga de intervenir, sólo así se creará más oferta y bajarán los precios.

La intención del ayuntamiento de Barcelona es el expolio del ciudadano: el año pasado recaudó casi 10 millones de euros con la zona azul y 1,7 millones con la grúa. La única misión del alcalde, como la de cualquier político, es aumentar sus beneficios y expandir el estado policial: durante este año habrá 200 burócratas más para poner multas y más 100 nuevas plazas para la Guardia Urbana. No son para aumentar la seguridad, sino para incrementar el control y la represión policial.

Cuanto más poder y dinero tengan los políticos, menos habrá para nosotros. Sólo la liberalización de las calles y la libertad de mercado nos pueden permitir una ciudad sostenible donde el empresario innove de verdad satisfaciendo a sus clientes. Una reciente iniciativa empresarial ha encontrado una posible solución llamada parksharing. La liberalización total los parking nos dará más oferta y reducciones sustanciales en los precios, la des-nacionalización del terreno dominado por el estado, la Generalidad y el ayuntamiento… ampliaría la oferta para construir más tipos de aparcamientos, la eliminación de los impuestos crearían más empresas de forma natural para satisfacer las necesidades que demandan los ciudadanos.

Si nuestra prioridad es transportarnos en nuestros vehículos privados, el empresario se apresurará para satisfacernos y sacar a la vez una recompensa económica. Aquí todos ganan: el trabajador de la empresa, el propietario, el capitalista que la hace posible, y como no el ciudadano que puede aparcar gracias la competencia y diversidad que ofrece el libre mercado.

¿Cuál es la solución a los efectos de la masificación de Barcelona? La desaparición del ayuntamiento y de los políticos, eliminar el monopolio de los transportes públicos para crear una rica competencia interurbana alternativa y dejar la ciudad en manos de los ciudadanos libres. Si los políticos nos quieren servir de verdad, que vayan a trabajar a empresas privadas.

El modelo chileno de futuro

En mayo de 1981 se puso en marcha una de las medidas de política económica más sensatas, pero más revolucionarias, del siglo. Ni el lugar ni las condiciones parecían las más idóneas para ello. Chile no era una economía desarrollada, sino que se encontraba entonces recuperándose del desastre económico impuesto por Allende. Y estaba regido por una dictadura militar, generalmente inclinadas a llevar el ordeno y mando también a la economía y poco dadas a revolucionar la política económica. Pero entonces Chile adoptó un plan para sustituir el sistema público de pensiones, basado en el reparto, por otro gestionado privadamente y basado en el ahorro y la capitalización.

El modelo chileno consiste en que cualquier trabajador del viejo sistema puede elegir mantenerse o saltar al nuevo, mientras que los trabajadores que se sumen lo harán con pensiones privadas. Han pasado 24 años y el éxito de la reforma chilena ha sido innegable. Los números son muy elocuentes: durante las dos décadas comprendidas entre 1960 y 1980, el crecimiento medio del PIB fue del 3,1%. Desde 1981 el crecimiento medio hasta 2001 ha sido del 4,6%. Aunque el sistema de pensiones no explica por sí solo esta mejoría, cada año que pasa, con un creciente volumen de riqueza gestionado por los fondos privado, la contribución de los fondos privados al crecimiento se acelera.

Las ventajas de las pensiones privadas son muchas, no todas estrictamente económicas, aunque sean las más visibles. Se basa en el fomento del ahorro y la creación de riqueza. Ésta hace al trabajador más productivo, lo que permite elevar los salarios. Además a medida que se desarrolla la acumulación de capital se desarrollan los mercados en que se intercambia. Esto los hace más eficientes a la hora de destinar el capital a los proyectos y empresas más necesarias y rentables.

El sistema de seguridad social se basa en un impuesto sobre el trabajo, por lo que se desincentiva su creación. Liberado el trabajador chileno de esta servidumbre, se ha creado mucho más empleo y el trabajador sabe que cuanto más ahorre más podrá disfrutar en el futuro. De hecho los trabajadores han podido reducir el porcentaje que antes destinaban a la Seguridad Social (desde el 26% del salario hasta un 11% actual). Pese a esa reducción, las pensiones privadas les permiten obtener mayores pensiones en el futuro. La razón de estos beneficios está en el interés que se acumula año a año, y que ha rondado en estos 24 años el 10%.

En la transición al nuevo sistema hay que seguir pagando las pensiones del antiguo, pero con menores cotizaciones dado que cada vez más los ciudadanos lo abandonan porque el nuevo es más beneficioso. Ese déficit está siendo pagado en Chile principalmente por medio de los impuestos, y ha ido creciendo hasta 1999, año a partir del cual se está haciendo más pequeño. Hubiera sido más eficaz profundizar en las privatizaciones, pero la economía chilena no sólo no se ha resentido de las necesidades de realizar la transición, sino que es la que más se ha desarrollado de Iberoamérica en estas dos décadas y media.

Estos 24 años no permiten ver todos los beneficios que todavía está por aportar el modelo chileno. Pero sí se están adelantando las tendencias que marcarán su futuro. Hay chilenos que se están retirando apenas rebasados los 50, porque lo que han acumulado con el nuevo sistema les permite vivir lo que les queda con una seguridad suficiente. Esto sería inimaginable con las viejas pensiones públicas. Sin embargo, la certeza de que cuanto más se trabaje más se contribuirá a la pensión propia, lo que antes no se daba, está haciendo que por lo general los más mayores estén trabajando más y creando más riqueza. De hecho quienes están entre los 55 y los 64 años han pasado de participar en la fuerza laboral en un 38% en 1981 a hacerlo en un 50% en 2001.

Pero hay ventajas extraeconómicas. Por un lado se elimina del debate político un ámbito de la riqueza, la acumulada para después del retiro. Por otro conforma una sociedad de propietarios, la formulación de hoy del capitalismo popular de Margaret Thatcher, que tan buenos resultados ha dado. Tony Blair, laborista, acaba de ganar las elecciones por tercera vez consecutiva gestionando la herencia de Thatcher. Un ciudadano que ha comprobado que el Estado no es necesario ni conveniente para la previsión, que tiene más que perder con aventureros y salvapatrias y que ha aprendido que su propio esfuerzo es más poderoso que entrar en el juego político desconfiará cada vez más de las viejas fórmulas del siglo XX, cuando el Estado entró a gestionar la vida de los ciudadanos, quiéranlo éstos o no.

George W. Bush no ha optado por la vía chilena, basada en el desenganche del sistema público y que lleva a su lenta pero inexorable desaparición. Es la que debería haber seguido. Pero al menos ha vuelto a plantear el necesario debate sobre el prescindible papel del Estado en la gestión de nuestro futuro.

A por más internautas

La Asociación de Internautas ha publicado un interesante informe que evalúa la situación en que se encuentra la sociedad de la información en España, en cuanto a acceso a Internet y uso de ella. El grueso del mismo es una comparación de la situación de nuestro país con respecto al resto de la Unión Europea, difícil de realizar por las grandes diferencias que tienen muchas veces los resultados de las diversas encuestas realizadas sobre este asunto, y en la que nuestro país sale bastante mal parado.

La propuesta más llamativa que realiza la AI es la liberalización del ADSL, una posibilidad ya filtrada por el gobierno hace unos meses. Los grandes márgenes de que disponen los revendedores del ADSL de Telefónica inhiben la realización de inversiones para ofrecer un producto propio diferenciado –como precios más baratos pero con limitaciones por tiempo o volumen– y además suponen un sobrecoste debido a la protección que la regulación actual les ofrece. Eliminar esta protección posiblemente haría desaparecer a muchas de ellas, pero mejoraría la oferta de las que quedaran. Es el efecto de la competencia, cuando se permite que exista.

Otro punto donde el informe hace especial hincapié es en las pocas líneas de teléfono fijo que hay en nuestro país, donde estamos por debajo de la media de los 25. Dado que en la mayoría de los casos el acceso a Internet se realiza de forma conjunta a la instalación de la línea telefónica, podría ser una razón más del bajo uso de Internet en España. La CMT parece considerar que, dada la extensión de la telefonía móvil, la fija ha llegado a un techo que sólo cabe repartirse entre las operadoras. Sin embargo, la regulación no facilita a las operadoras hacer ofertas que reduzcan el alto precio de las altas.

Tampoco las redes públicas escapan al escrutinio de la asociación, que realiza una crítica contundente a los reclamos por la nacionalización de las telecomunicaciones, ya sea a nivel estatal o municipal. La crítica se basa en la definición de bienes públicos, negando que Internet lo sea, y es perfectamente válida en esos términos de economía neoclásica, que son los que emplean los defensores de Atarfe, aunque muchos economistas nieguen utilidad práctica a esa definición.

Desgraciadamente para la AI o incluso para Libertad Digital, el dato más llamativo es que dos tercios de quienes no son usuarios de Internet reconocen que es por falta de interés, necesidad o conocimiento de lo que es la red de redes. Y eso cambiará lentamente. Las mejoras del mercado de las telecomunicaciones no harán mucha mella en este sector mayoritario, por lo que no cabe esperar que las diferencias con la UE se vayan a reducir en exceso, aunque el gobierno tomara todas las decisiones adecuadas.

El colapso de Zimbabwe

En el año 2000, Robert Mugabe inició en Zimbabwe una política de expolio de tierras en manos de los blancos, para repartirlas entre los negros. Esta política racista contaba, como no podía ser menos, con el vivo aplauso de parte de la izquierda internacional. Mugabe enviaba a bandas de matones a las granjas y explotaciones en manos de blancos, instaurando un régimen de terror. Más de 4.000 agricultores y propietarios fueron expulsados de sus tierras. Cuando los negros se hicieran con ellas, anunciaba el dictador, los resultados no se harían esperar. La producción se multiplicaría y los de su raza mejorarían la situación, empobrecida por la explotación de los blancos, que se habían quedado con las mejores tierras en la época colonial. Estas razones se acompañaban y aderezaban en los países del primer mundo con reflexiones sesudas, elaboradas desde el desecho teórico marxista, a cuenta del colonialismo, la lucha de clases convertida en lucha de razas y demás.

No hace mucho que el propio Mugabe ha tenido que reconocer su fracaso. De hecho la mayoría de las fincas robadas a los blancos jamás han sido ocupadas. Quien no es capaz de entender en qué consiste la riqueza se sorprende por este tipo de fenómenos. Se cree que de algún modo la riqueza simplemente “está ahí”, a la espera de alguien vaya y la recoja, como quien coge la fruta de un árbol. Pero cuando se ha intentado agarrar la riqueza ajena, ésta se ha desvanecido entre los dedos como la arena del desierto. Expulsados los “explotadores”, resulta que la fabulosa riqueza que pretendían tomar no aparece por ningún lado. Esta fue la experiencia de Allende, y desde luego esta ha sido la experiencia de Robert Mugabe. Pero como Mugabe sigue sin sospechar cómo se crea la riqueza, no sólo no ha dado un paso atrás. A la vista de que su plan de expolio y reparto resultó en fracaso ha decidido huir hacia delante y el 8 de junio de 2004 prohibió el régimen de propiedad privada sobre la tierra, que ha pasado a nacionalizar. Le espera un nuevo fracaso.

Si esperaban tomar, sin más, la riqueza y una vez expulsados los dueños de las tierras ésta no aparece por ningún lado, ¿No será que la riqueza hay que crearla? Pero para hacerlo es necesario que un régimen de propiedad privada asegure al productor que, buenos o malos, los resultados de sus esfuerzos serán exclusivamente para él. Nadie invierte en lo que no le pertenece. Las mejoras, incluso el mantenimiento del capital con el que se creaba la riqueza sobre el feraz suelo de Zimbabwe, se han detenido. No se invierte capital y el resultado es el que cabía esperar.

Zimbabwe, un país que estaba en el camino del desarrollo sobre la base del respeto a la propiedad, una moneda sana y la exportación al exterior, no es ahora capaz siquiera de cubrir sus propias necesidades alimenticias. Naciones Unidas le ofreció ayuda internacional, en forma de la comida que el país ya no producía. Pero gran parte de esa ayuda tenía procedencia estadounidense. Robert Mugabe la rechazó, diciendo que Zimbabwe era autosuficiente. Greenpeace apoyó al dictador en su rechazo, porque la ayuda de los estadounidenses contenía alimentos genéticamente modificados.

La política de Mugabe, con el apoyo de Greenpeace, ha provocado centenares de miles de ciudadanos muertos por inanición. El desastre ha sido tal que ha forzado al régimen a readmitir la ayuda internacional, sin la cual no podría sobrevivir nada menos que la mitad de la población zimbabwense. Tres millones de personas han podido huir de la falta de alimentos, de medicinas, de electricidad, de la falta de todo, hacia Sudáfrica y otros países vecinos. Ello, sobre una población de 12 millones de habitantes.

Un cuarto de millón de zimbabwenses mueren anualmente de SIDA, y hay quien reconoce a los periodistas extranjeros que “la vida es demasiado breve como para ocuparse del SIDA”. Hace veinte años la esperanza de vida en Zimbabwe era de 56 años. Ahora es de 33. Un camino de regresión que está llevando, por ejemplo, a sustituir las ambulancias motorizadas por otras tiradas por bueyes.

Por cierto, todo este desastre humanitario no ha impedido que Zimbabwe sea miembro de la comisión de derechos humanos de la ONU, organismo que llegó a votar en 2003 en contra de incluir a ese país en la lista en observación de derechos humanos. Una muestra más de que la ONU es perfectamente prescindible.

Dos visiones sobre el software libre

Como a mi compañero Eduardo Pedreño, me ha dado por pensar sobre el software libre a partir de dos noticias bien distintas. Una es el encuentro digital de Richard Stallman, el genial creador de ese invento, y la segunda la convención en la que MySQL AB celebró los 10 años de vida de su gestor de base de datos, una aplicación excelente que, entre otras cosas, alberga todo el contenido de Libertad Digital.

La primera me mostró a un iluminado que desea ser recordado, nada más y nada menos, que como "el libertador del ciberespacio". Ante un padre deseoso de que sus hijos empleen Linux y no Windows, y cuyo problema es que el juego "The Sims" sólo funciona en el último, sólo es capaz de responderle que este último es software propietario y debería borrarlo inmediatamente para así educar a sus hijos correctamente. Sus mayores afanes parecen centrarse en fantasías paranoicas en las que Bush robó las elecciones de 2000 y 2004 y Microsoft sigue siendo empleado por millones de usuarios debido a que compra a gobiernos e instituciones.

El segundo es el caso de un éxito difícil de prever. MySQL nació como un gestor de bases de datos pequeño y libre, con pocas prestaciones pero rapidísimo y fácil de instalar. En esa misma época, el auge de Internet llevaba a un número creciente de sitios web de tamaño medio o pequeño a necesitar aplicaciones sencillas, rápidas y baratas que albergaran sus contenidos. Actualmente, un gran número de sitios web, incluyendo éste, funcionan bajo lo que se ha llamado plataforma LAMP (Linux como sistema operativo, Apache como servidor de páginas web, MySQL como gestor de bases de datos y PHP o Perl como lenguaje de programación). La empresa MySQL AB, con 175 empleados, ofrece su gestor gratuitamente pero cobra por servicios relacionados con él, como soporte o certificaciones educativas, y muestra con orgullo el uso que Google, Associated Press, Yahoo o la NASA hacen de su producto estrella. Otro gestor libre, como es PostgreSQL, nunca ha alcanzado un éxito similar, pese a ser más potente, quizá porque no se ajustaba a las necesidades de ese sector pujante que es la web.

En estas noticias se puede observar dos visiones distintas del software libre. La primera es la de un ungido que se cree en posesión de la verdad absoluta, y para quien los que no estén de acuerdo con él han de ser necesariamente malvados o ignorantes. Alguien que sería feliz si sus ideas acerca de lo que es bueno a la hora de desarrollar aplicaciones fueran impuestas por ley a los demás. Que considera que el software propietario impide la cooperación social, como si el mercado no haya sido desde siempre la manera que tienen millones de personas de cooperar entre sí sin conocerse. Que piensa que los usuarios no son libres si eligen instalar Windows u Office en sus ordenadores.

La segunda es la de quien emplea el software libre como algo bueno y útil pero sometido también a una serie de incentivos propios que pueden poner en dificultades su modelo de desarrollo. Por ejemplo, que al escribir programadores e ingenieros del software en su tiempo libre aplicaciones para que les funcionen a ellos mismos, no cuiden tanto como las aplicaciones propietarias la facilidad de uso para el usuario normal. Un problema que se ha visto aliviado por la entrada de empresas como MySQL AB en el desarrollo del software libre, creando modelos de negocio que funcionen y que les permitan vivir del mismo. Pero que no lo consideran una cruzada moral, qué se le va a hacer.

Y es que el mercado –es decir, la gente– acabará decidiendo si uno es mejor que otro y prevalecerá o, como parece más probable, los dos coexistirán en el tiempo. Porque el software es una herramienta que permite realizar un trabajo, no es un fin en sí mismo. Las personas no encienden sus ordenadores para sentirse libres. Lo hacen para leer, escribir, ver películas, escuchar música, hacer cálculos, dibujar diagramas, comunicarse entre sí, etcétera. Y el software libre triunfará en tanto sea una herramienta mejor que el propietario para realizar esas tareas. Esa es la visión de otros gurús del movimiento, como Eric S. Raymond o Linus Torvalds. Y la mía.

La tragedia de los bienes comunales

Lo dice certero el refrán: “lo que es del común es del ningún”. Garrett Hardin no conocía el refranero castellano, pero llegó a la misma conclusión, aunque de forma más elaborada, en su artículo The Tragedy of the Commons, (La tragedia de los bienes comunales), que he citado en mi anterior artículo. Creo que la idea es lo suficientemente importante como para prestarle cierta atención.

El razonamiento lo había adelantado, en cierta medida, Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino. Más modernamente ha sido descubierta por los economistas Alchien y Allen y por Ludwig von Mises. Pero fue Hardin quien tuvo la suerte de unir su nombre con el trágico proceso unido a los bienes en común. Hardin ilustra su idea con “un pasto abierto a todos”. Todos los ganaderos querrán sacar provecho de él, pero con una peculiaridad. Mientras que cada uno de ellos se lleva la totalidad de su explotación del pasto, los costes que se derivan de su explotación no se le asignan a quien lo usa, sino que se divide entre todos los que tienen acceso al pasto comunal. Es decir; como explica el propio Hardin, “en claro contraste con la privatización, la comunalización privatiza los beneficios pero hace comunes las pérdidas”. En estas condiciones, el deseo de explotar al máximo el recurso no está refrenado por el coste de un uso excesivo. Como además, cada uno sabe que los demás hacen el mismo razonamiento, todos querrán llegar los primeros en sacar lo máximo posible, antes de que una sobreexplotación agote el recurso y nadie pueda ya sacar nada.

Resulta difícil exagerar la importancia de esta penosa forma de gestionar los bienes. En Inglaterra, la privatización de los bienes comunales, lo que se conoce como los enclosures, permitió un enorme aumento en la productividad de la tierra; una “revolución agraria” que precedió a la industrial y la hizo posible. Esto fue así, porque la propiedad privada, en contraste con la comunal, invita a cuidar el recurso. Incluso a aumentar su valor con el paso del tiempo.

Cuando una pequeña descoordinación de los dirigentes comunistas alemanes llevó a las masas a derribar el Muro de Berlín se abrió una grieta en el mundo comunista europeo que se fue abriendo hasta acabar destruyéndolo. Entonces se abrió a Occidente la realidad de la economía socialista y de sus consecuencias sobre el medio ambiente. Lo que se vio entonces produjo un shock no disimulado. Ni los catastróficos escenarios con que los ecologistas pintan el supuesto deterioro del medio ambiente en el mundo libre parecían suficiente para describir los daños sufridos por la naturaleza en los países socialistas.

Pero también en Occidente nos encontramos con numerosos recursos que se han sustraído a la apropiación privada, con las consecuencias que predijo Hardin. Quizás el más claro ejemplo sea el de las pesquerías, que se han ido agotando sucesivamente según los barcos han ido recalando en ellas. Esta sobreexplotación se ha intentado detener imitando el comportamiento de la propiedad privada, poniendo límites burocráticos a la explotación. Nada de eso ha funcionado. Sólo una situación ciertamente desesperada ha llevado a transigir con ciertas formas de propiedad privada que han resultado en la recuperación de las pesquerías, en ocasiones espectacular. Si uno es dueño de un caladero no sólo no lo agotará a toda prisa, sino que intentará que se regenere y aumente su capacidad de producción de pescado en el futuro.

Lo mismo ha ocurrido con otros recursos. La caza de grandes mamíferos amenazó con acabar con varias especies. La solución que se arbitró de manera general no era privatizar los comunes en que morían las preciadas especies, sino prohibir su caza y el comercio de los bienes extraídos de estos animales. Esta política perpetrada por políticos y ecologistas no ha llevado más que al fracaso, que por supuesto no han reconocido. En Zimbawe la desesperada situación del rinoceronte negro llevó a los responsables a una solución desesperada. Acabaron con los bienes comunales y privatizaron la explotación de los rinocerontes, para indignación de los ecologistas sandía (verdes por fuera, rojos por dentro). A la indignación se sumó el disgusto de comprobar que la privatización fue un verdadero éxito. Lo mismo ocurrió en ese país con el elefante, al que la propiedad privada salvó literalmente de su extinción. La experiencia del elefante de Zimbawe se ha extendido a otros países, como Zambia, Malawi, Botswana, Namibia…

Cuando veamos una especie en extinción, un recurso sobreexplotado, un bosque convertido en un páramo, un río de aguas contaminadas y muchos otros desmanes, tenemos que acordarnos de Hardin y del trágico desenlace a que llevan los bienes en común. La propiedad privada es el mejor amigo de la naturaleza.

Políticos, Roma y la libertad

 

Toda forma hacia el intervencionismo siempre genera ganadores y perdedores en el corto plazo y perdedores en el largo plazo. La iniciativa del PSOE para “liberalizar” la Televisión Digital Terrenal (TDT) es un vivo ejemplo. Por una parte el gobierno socialista mantiene falsos lemas de “mayor pluralidad”, pero su reforma sólo busca crear un monopolio por ley que favorezca al Grupo PRISA en contra del resto de competidores; ERC toma una posición esquizofrénica de ahora sí y al minuto siguiente no; los populares quieren debatir para quedarse con un trozo del pastel; y los empresarios del sector se quejan de la agresión estatal.

¿Qué relación tienen la TDT, los políticos y la pluralidad? Ninguna. El PSOE, con la Ley Polanco pretende, no aumentar la competencia y pluralidad, sino conceder derechos y privilegios a una determinada persona, Jesús de Polanco, y de paso lucrarse a costa de la comunidad.

Si hemos de comprar la libertad y pluralidad al estado mediante concesiones y licencias es que no tenemos libertad alguna, es más, en este entorno somos los esclavos del estado.

Podemos ver un símil con el sistema de esclavitud que había en la antigua Roma. En esos entonces el esclavo sólo podía conseguir su libertad pagando una compensación a su dueño (domini). La ley abolía la libertad dando privilegios a unos a expensas de otros.

Un día llego el técnico de turno (hoy día sería un economista del estado) y en lugar de ver la esclavitud como una abominación y dejar de defenderla por ley, dijo que el aumento de las manumisiones (liberaciones de esclavos) que se estaban produciendo, junto con la disminución total de esclavos finalizadas las guerras, produciría un déficit de esclavos que resultarían en un aumento del precio de éstos, y por tanto, una menor rentabilidad para el dueño y la ruina de la sociedad. Augusto lo vio claro y aprobó la Lex Fufia Caninia en la que establecía un máximo de liberaciones en función del número de esclavos que poseía cada dueño. En otras palabras, Augusto, por razones técnicas y “sociales”, creó licencias.

La visión actual es: ¿qué derecho tiene el estado para crear licencias discrecionales sobre la libertad de cada persona? De hecho, la esclavitud es una absoluta aberración como acción no voluntaria y siempre es inmoral. Si queremos luchar contra la esclavitud eliminemos las leyes que la favorecen. En la antigua Roma este argumento habría sonado radical, pero para nosotros la libertad no es un plebiscito de nadie.

Vayamos más allá, y entendiendo la propiedad privada como el fruto de nuestro ser (vida) y esfuerzo (trabajo voluntario), ¿qué derecho tiene el estado para legislar o conceder licencias sobre lo que nosotros somos capaces de crear o adquirir sin su ayuda? ¿Por qué hemos de convertir la innovación, la elección, el trabajo y el ocio en una licencia del estado (de hecho todo lo que representa la TDT)? Que cada uno cree lo que quiera y que seamos nosotros con nuestra libre elección, y por medio de la libertad de mercado, quienes decidamos quién se merece o no una cadena de televisión o radio. Aquellos que mejor lo hagan, más beneficios acumularán. No es un juego político ni de técnicos, sino una cuestión de libertad; y ésta siempre conduce a la prosperidad.

Conceder licencias, o tratos preferentes a expensas de los demás no significa liberalización, sino imposición y monopolio de ley. Sólo hay una forma de crear más libertad económica y más pluralidad en los medios de comunicación: abolir todas las leyes al sector, regulaciones y contribuciones económicas forzosas (impuestos). Que cada particular y empresa cree tantas cadenas de televisión y radio como pueda o quiera. El estado no tiene ningún derecho a regular ni dirigir nuestra vida ni la de los demás. La única contribución que puede hacer el estado a la pluralidad mediática es dejar al sector en las manos del libre mercado. Pero claro, la libertad tal vez sea para los gobernantes un concepto demasiado radical.

Armagedón

Un grupo de funcionarios de Naciones Unidas han coordinado la producción de un papel que nos advierte del anhelado y temido deseo del fin del mundo, que profetas de toda laya llevan milenios anunciando. La escatología es un arma poderosa y las sectas se han valido de ella para aterrar a sus seguidores y exigir adhesiones inquebrantables y renuncias a todo lo terrenal. El mundo nunca ha acudido a la cita con su fin miles de veces invocada por iluminados de todo tipo, pero ello no ha impedido a muchos otros erigirse en el verdadero profeta. Últimamente, de forma paralela a quienes solo contaban con la pretendida comunicación con Dios, otros agoreros del fin del mundo reclaman tener el respaldo de la Ciencia para sus armagedón. Por suerte, la relación de ésta con la ciencia es a menudo tan lejana y mística como la que mantienen con Dios, aunque la función de invocar ante el público a una u Otro sea en estos casos la misma: infundir el miedo no quiero pensar con qué objetivos.

El informe, de título milenarista, tiene luces y sombras. Lo peor es el planteamiento. Alude al fantasmagórico concepto de “capital natural”, a medio camino entre una mala teoría económica y los efluvios de la new age. El capital es un concepto inseparable de los planes y la interacción humanas. Referirse a recursos que aún no han sido incorporados a la corriente productiva como capital sólo sirve para revestir de ciencia lo que no son más que prejuicios y pretensiones sin base. Sólo sirve para el ecologismo. Con ese extraño concepto se llenan titulares como “Estamos consumiendo dos tercios de los recursos del mundo”.

Esta pretensión sólo tendría alguna relación con la verdad si los recursos fueran algo estático. Si, por ejemplo, una tonelada de carbón sirviera para mover otra tonelada de peso durante un kilómetro desde el comienzo de los tiempos y hasta el fin anunciado por los ecologistas. Pero el desarrollo tecnológico y de organización propios de las economías capitalistas permiten un aumento de los servicios que podemos obtener de cada recurso. Es decir, permiten un aumento de la productividad, que en el caso citado llevaría a la tonelada de carbón llevar la carga también de una tonelada a 100 ó 1.000 kilómetros de distancia gracias al desarrollo. A ello hay que sumar que podemos encontrar sustitutos para un recurso si éste empieza a escasear. De hecho históricamente sustituimos la leña por el carbón, éste por el petróleo, y cada vez encontramos nuevas fuentes de energía, como el gas natural o la energía nuclear, la del futuro. También hemos aprendido a aprovechar la que nos ofrece el sol, o las mareas.

Todo lo cual no quiere decir que no haya problemas medioambientales, o que el informe no haga bien en señalarlos, o llamar la atención sobre ellos. Pero al menos tan importante como conocerlo es saber de dónde proceden y qué podemos hacer por ellos. No basta con señalar un problema, achacárselo sin más a la presencia humana y no mirar bajo qué entramado institucional se desenvuelve. La mayoría de los problemas que señala provienen por lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunales. Cuando no hay derechos de propiedad que unan las consecuencias de las propias acciones con quien las hace, cuando los bienes son comunales, se produce un efecto perverso. Quien explota un bien común recibe todo el beneficio de hacerlo. Pero las consecuencias de una explotación excesiva se reparte con todos los demás, por lo que el comportamiento racional, en ausencia de propiedad privada, lleva a la sobreexplotación. Es lo que ocurre con los recursos marinos, como recuerda el informe de la ONU. Eso no ocurre donde reina la propiedad privada, porque el dueño, junto con los beneficios de la explotación, es responsable de los costes de un uso excesivo. De este modo lo que le conviene es un buen uso del recurso, e incluso aumentar su valor con el paso del tiempo.

Para hacernos una idea de cómo desarrollo y medio ambiente no sólo no están reñidos sino que van de la mano, pongamos de manifiesto que si bien el informe señala que la superficie mundial cultivada ha aumentado en los últimos años, en los países desarrollados se ha reducido. En consecuencia, en estos países, el área cubierta por árboles no sólo no se ha reducido sino que ha crecido de forma clara. En Canadá en un 28% sólo de 1976 a 1988. En Europa occidental un 143% desde 1950 a 1991. La superficie cubierta por bosque en los Estados Unidos ha aumentado un 23% de 1920 a 1994.

De este modo, si pasamos de los grandes titulares falsos a un análisis más cercanos, se ve que no es negativa cualquier actuación del hombre en la tierra. Es más, donde se respetan los derechos de propiedad los efectos más negativos se evitan y hay un buen uso de los recursos.