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Un nuevo atentado al Mercado Único

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 21 de abril los ministros de transporte de la Unión Europea acordaron lanzar otra carga de profundidad contra el mercado único europeo. El método elegido es verdaderamente cruel, no tanto por la lentitud con la que asfixia la libertad de mercado sino por su cobarde camuflaje a modo de armonizado sistema de financiación de las infraestructuras viarias.

La reciente imposición de tasas al tránsito de camiones en los países centrales de la UE había puesto en cuestión la verdadera esencia de la Unión: su mercado único. La estrategia de los agresionistas de estos países –popular y erróneamente conocidos como proteccionistas– era tan sencilla como perversa. “Si los países periféricos de la Unión tienen que pasar por nuestro territorio, hagámosle pagar peaje con lo que elevaremos el coste de sus empresas de transporte y favoreceremos a las mercancías producidas en los países centrales a costa de aquellas que proceden de países periféricos.” Una barrera comercial con careta de peaje para la financiación de las infraestructuras en función de la cual los camiones de más de 3,5 toneladas tendrán que pagar por no contravenir la ley de la gravedad y desplazarse a ras del suelo. Los padres de la criatura no supieron esconder la verdadera naturaleza de la medida, en un punto indefinido entre el agresionismo aduanero, la voracidad impositiva y el endiosamiento de la acción coactiva estatal, al autorizar que el dinero recaudado se pueda destinar a tapar algunas de las vergüenzas más comprometedoras del estado del malestar como es el caso del déficit sanitario.

De esta extraña forma los ministros en cuestión han decidido “atajar” el problema de la proliferación de tasas al tránsito de camiones por distintos países europeos. Parece que sus cerebros sufren un bloqueo mental ante la forma más sencilla de solución: prohibir las tasas que los propios gobiernos de algunos de los representantes estaban imponiendo. No, ellos piensan a otro nivel y adoptan soluciones más modernas y sofisticadas: autorizar, alentar y armonizar nuevas tarifas aduaneras –perdón, peajes– que variarán en función del tiempo de uso de la infraestructura viaria, del horario y las fechas o de la emisión de gases contaminantes.

Los políticos de la mayoría de los países periféricos entendieron la jugada y se opusieron a la aprobación de la directiva. Así, los ministros de Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta y Portugal se opusieron o se abstuvieron aduciendo que la nueva tasa penaliza el tejido productivo y el sector de transporte terrestre de sus países. Vamos, que comprendieron que se trata de una vuelta encubierta al sistema mercantilista de aduanas internas. También los transportistas han interpretado la directiva en clave de barreras para dañar las exportaciones de los países más alejados del centro.

Y ¿qué ha hecho el gobierno español? Pues, por increíble que parezca, ha votado a favor de la nueva directiva. Y eso que España se encuentra entre los países directamente más afectados por esta nueva imposición de tasas. Por poner un ejemplo, los transportistas españoles tendrán que pagar un mínimo de 51 millones de euros al año al estado francés. Sin lugar a dudas ha sido una gran ocasión para que el secretario general de Transportes del gobierno español, Fernando Palao, exhiba talante por Europa declarando que valora positivamente un acuerdo que daña claramente los legítimos intereses de los ciudadanos españoles.

Los transportistas españoles se sienten abandonados y traicionados por su gobierno y, en su profunda ingenuidad, no se les ocurre idea más graciosa que pedir a los eurodiputados españoles que se opongan a la directiva cuando esta pase por el Parlamento Europeo. ¿Pero es que todavía piensan que hay algún eurodiputado español dispuesto a defender el libre mercado?

Una generación de patéticos políticos está destrozando la idea liberal de Europa como mercado único y, al ritmo que vamos, Francia terminará siendo el único en el mercado. Y así, todos salimos perdiendo. ¡Incluida Francia!

Activismo judicial

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El mundo entero prestaba atención el pasado noviembre a los complicados cálculos electorales que resultaron finalmente en una histórica victoria de George W. Bush. Fueron una de las elecciones más decisivas de las últimas décadas. Pero en estos momentos nos encontramos ante una lucha dentro del sistema político estadounidense que podría tener aún mayor importancia, pues sus efectos se extenderán por un período de tiempo más largo. Se trata del relevo de varios miembros del Tribunal Supremo (TS).

Los jueces que ocupan el TS son elegidos de forma vitalicia, por lo que una vez nombrados ya no dependen del favor de los políticos, con lo que se ahorran episodios vergonzosos de nuestro Tribunal Constitucional, como la sentencia de Rumasa. Pero el TS de los Estados Unidos tiene sus propias miserias, que consisten en realidad en una sola: el activismo judicial.

El activismo judicial es la mala práctica de ciertos jueces de retorcer la ley lo que sea necesario hasta hacerla coincidir con su propia ideología. Dadas las formas de pensar de conservadores y progresistas, esa costumbre de tomarse la ley a beneficio de inventario ha sido seguida casi en exclusiva por los jueces progresistas, con la única excepción, aunque importante, del Juez Marshall.

Mientras que los conservadores confían en las instituciones y en el Estado de Derecho, y en consecuencia creen que la opinión personal no debe condicionar la interpretación de la ley, los progresistas ven en la Constitución un obstáculo para alcanzar su arcadia, su sociedad deseada, y creen justificado retorcer la ley con tal de poder interpretarla en coincidencia con su ideología. De este modo se violenta la función de los jueces, que es la de juzgar ateniéndose a lo que dice la ley, no en convertirse en legisladores no elegidos democráticamente. Por otro lado con esa práctica se anula el Estado de Derecho, que se fundamenta, en feliz expresión de Sir Mathew Hale en “el gobierno de la ley, y no el de los hombres”.

Este activismo judicial termina con la certeza en la ley que da sentido y eficacia al Estado de Derecho, porque lo que ocurra no depende de lo que diga la ley, sino de las opiniones personales de los jueces que ocupen el TS. Y, como la letra de la Ley deja de ser importante frente a la decisión arbitraria del juez, se fomenta la actividad de los grupos organizados en torno a intereses concretos, los famosos lobbies, que pueden llegar a ganarse el favor del juez mientras que de otro modo tendrían que limitar sus pretensiones a las que les reconociera la Constitución y la jurisprudencia. El activismo judicial se fundamenta en la arbitrariedad y fomenta el juego de los intereses particulares frente a los generales, que coinciden con una interpretación más justa y estricta de la ley.

En el curso de esta legislatura se retirará, si no lo hace antes la vida, el octogenario William Rehnquist, amenazado por un cáncer de tiroides. Otros dos jueces más podrían dar la oportunidad de renovar el TS. Pero las propuestas de George W. Bush han de contar con el “consejo y el consentimiento” del Senado. Y puesto que se necesita una mayoría cualificada, los 55 senadores republicanos de los 100 que componen la Cámara Alta no son suficientes para respaldar las nominaciones de Bush. Su pretensión consiste en llevar al TS jueces conservadores, es decir, que interpreten estrictamente la Constitución en sus propios términos, mientras que los demócratas quieren que los jueces elegidos se guíen por su propia ideología de izquierdas más que por lo que diga la Carta Magna. Parte del destino de los Estados Unidos depende del intento de George W. Bush por restablecer el constitucionalismo en el Tribunal Supremo.

El Estado no sale a cuenta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El crecimiento para Europa no es muy halagüeño. Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha rebajado en siete décimas la previsión de crecimiento para la zona euro en 2005, y en cinco para el 2006.

En la misma línea va la competitividad en España. Según un estudio del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), la competitividad ha caído un 12,5% con respecto a la eurozona en los últimos seis años. La patronal CEOE declaró hace unas semanas el "serio problema de competitividad que sufre la economía española” que han causado las "cargas fiscales, laborales y sociales". Como solución el gobierno socialista está estudiando rebajar las cotizaciones sociales de todos los contratos indefinidos en medio punto. Como si tal medadita fuese a servir de algo sobre el 38% de lo que pagan las empresas por sus empleados al gobierno.

Cuando se trata de expandir la libertad, el gobierno siempre es moderado y pragmático para conservar el socialismo. Pero cuando se trata de ampliar los costes sociales todo estado siempre se muestra radical. Y ese, es el anunciado declive de Europa: más privilegios y dinero para los burócratas y grupos de presión (agricultores, ONGs con dudosos “fines sociales”, sindicatos, funcionarios…), y todo a cargo del dinero ganado honradamente por las empresas y trabajadores. No hace falta que haga donaciones, el estado ya se encarga de quitarle el dinero y hacerlas por usted a él mismo.

El auténtico problema económico de España y Europa, sin duda alguna, es el estado. Éste es la única organización que, por ley, puede sacarle al ciudadano su dinero mediante la fuerza y la amenaza. A tal forma de actuar siempre se le ha llamado robo y extorsión; y es que bajo las palabras de “estado del bienestar”, pragmatismo y moderación se esconde un sistema económico basado en la agresión, la arbitrariedad de un puñado de políticos, el dirigismo y la planificación central. No es de extrañar que la “producción” huya de un país cimentado con esos valores.

La solución al problema de la competitividad y crecimiento, entonces, serán las medidas opuestas. Si dirigismo y omnipotencia estatal es igual a continuo declive económico, libre mercado es igual a prosperidad y riqueza:

– ¿Qué sentido tienen las licencias? No necesita una licencia para ser un buen taxista. Si sabe conducir, sabe llevar a la gente de una parte a otra con la misma calidad, tenga licencia para hacerlo o no.

– No necesitamos burocracia. Si usted quiere crear una peluquería en Aragón, por ejemplo, necesitará de 180 a 200 días para abrirla. Firmar y acumular papeles no hará que sepa cortar mejor el pelo a sus clientes.

– ¿Qué hemos conseguido con tantos impuestos? Que el estado se enriquezca a costa de nuestro trabajo cuando a nosotros nos cuesta llegar a final de mes. Eliminémoslos todos.

– ¿Qué hemos conseguido con el salario mínimo? Que los jóvenes no tengan trabajo y un sin fin de contratos altamente precarios.

– ¿Por qué obligar a las empresas a pagar al estado? Menos dinero para el empresario es menos capacidad de producción y de creación de empleo. Que más del 20% de la economía esté sumergida no es un capricho de los empresarios.

– ¿Por qué mantener un obstruido y obsoleto sistema de medicina público? El lema "todo tratamiento debe ser gratis" sólo ha creado la realidad “todo tratamiento necesita varios años de espera”. A pesar del fuerte monopolio del estado en salud, los seguros médicos privados son mucho más eficientes.

– ¿Por qué hacer aportaciones forzosas a su vejez sino las va a cobrar? El estado no financia el dinero de su pensión, sino el de un anciano de ahora. El estado no puede garantízarle su futuro.

Y en fin, ¿por qué mantener a una organización inútil (estado) que nos empobrece día a día? Sobran argumentos. El estado no sale a cuenta.

Ya estamos en 1984

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace poco más de un año IU presentó su propuesta de Estatuto del Periodista (EP), que vendría a desarrollar el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión e información. De entrada, debería preocuparnos que un partido político que sigue considerando al totalitarismo cubano como su "modelo referencial" redacte una proposición de ley para regular la libertad de expresión en España. Uno creía que el ideal comunista de la libertad de expresión era la mordaza o, directamente, el Gulag. Uno lo creía y, tras leer el Estatuto del Periodista, puede seguir creyéndolo a pies juntillas.

Lo sorprendente no es, pues, que IU redacte una proposición inspirada en la censura cubana y venezolana, sino que el PSOE, ese partido de izquierda supuestamente moderada, dé el visto bueno al Estatuto del Periodista sin modificar ni una coma.

El objetivo del EP es instituir "un organismo público, corporativo o sindical" que acredite "la condición de periodista profesional mediante la expedición de un carné". Eso sí, para dejar claro que el EP no supone excluir "del ejercicio profesional a aquellos que carezcan de la habilitación necesaria", los impulsores del texto matizan rápidamente: "La adopción de este Estatuto tampoco supone la exigencia de una habilitación previa para el ejercicio de un derecho que a todos corresponde; simplemente, la invocación de unos derechos profesionales específicos pasa por la acreditación de esa profesionalidad".

Como ahora veremos, esta declaración de buenas intenciones es falsa y esconde, precisamente, una censura de mucho mayor calado. Todo ello, a través de cuatro instrumentos: el director, el Comité de Redacción, el Comité de Información y el Código Deontológico.

El director

El artículo 2 del EP asegura que "la condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos"; carné que "se renovará periódicamente".

Sin embargo, el párrafo 2 del artículo1 deja claro que esa acreditación no interferirá en el ejercicio del derecho a la información por parte de los no profesionales. En principio, pues, pareciera que la única virtualidad del carné fuera una especie de bendición estatal sobre quien es periodista "profesional". Al fin y al cabo, nada impedirá a quienes no tenga carné trabajar para un medio de comunicación. ¿Qué más da, en definitiva, que uno sea tildado de periodista “profesional” o de periodista "no profesional", si su libertad de expresión resulta equivalente?

Pero los neoinquisidores no dan puntada sin hilo. El carné no tiene utilidad sólo en apariencia (una interesada apariencia, cabría añadir, para encubrir sus auténticas intenciones). Cuando avanzamos hasta el artículo 21, ‘De los Directores’, nos enteramos de que "al frente de los medios informativos, esto es, publicaciones, programas audiovisuales y páginas o sitios en la red de carácter periodístico estará un director"; y ¿quién puede ser director? El EP lo deja claro: "El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal".

En otras palabras, el EP se asegura que al frente de cualquier medio de comunicación se sitúe un periodista de carné, un periodista que habrá obtenido la aprobación estatal. Notemos, además, que en la definición de medios de comunicación se incluye "páginas o sitios en la red de carácter periodístico". ¿Qué sucederá con las bitácoras de opinión e información? ¿Necesitará cada bitácora un director (periodista de carné)? En caso de que no lo consiga, ¿deberá cerrar la bitácora?

No sólo eso. El de director no será un cargo meramente honorífico: según el EP, "el director tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre los mismos". Por tanto, los periodistas afines al poder político podrán controlar toda la información que sea emitida en este país.

Parece claro que los neoinquisidores izquierdistas, después de haber perdido la batalla ideológica en Internet, están dispuestos a ganarla mediante la fuerza policial y la censura.

Los Comités de Redacción

Según el artículo 22, los Comités de Redacción son "cauce de participación de los periodistas en la orientación editorial", y estarán presentes en toda empresa que cuente con más de ocho periodistas. Por lo tanto, tenemos claro que los Comités de Redacción estarán presentes en casi todos los grupos de comunicación y podrán influir en la línea editorial.

Aunque, en principio, los Comités sean elegidos "por todos los miembros de la Redacción", los sindicatos tendrán un papel preponderante en el procedimiento, ya que "trabajadores y empresas deberán acordar en Convenio Colectivo la constitución, composición y competencias de los Comités de Redacción" (art. 23).

Esto implica una más que evidente infiltración, e incluso dominio, sindical de estos Comités que, en buena medida, socavan la línea editorial del medio de comunicación.

Pero los despropósitos no terminan aquí. El último párrafo del artículo 24 resume la naturaleza auténticamente chekista de estos organismos: "Los Comités de Redacción informarán anualmente sobre el grado de cumplimiento del Código Deontológico, cuya difusión por el correspondiente órgano informativo será obligatoria cuando así lo solicite el respectivo Comité".

Más adelante explicaremos las características de este Código Deontológico, una afrenta fascistoide a la libertad de expresión. Valga, por ahora, tener en cuenta que la misión de estos Comités será la de actuar como chivatos ante los políticos, y que denunciarán a todos aquellos periodistas disidentes que incumplan las normas de buena conducta. ¿Qué ocurrirá si un periodista tiene una actitud particularmente contraria a los sindicatos o al Gobierno? ¿Acaso alguien duda de que este Comité servirá para legitimar la represión política?

El Consejo de Información

Ahora bien, ¿quiénes serán los encargados de ejecutar las sentencias condenatorias de los Comités de Redacción? Evidentemente, si se hubiera encargado esta labor al Gobierno, el grado de corporativismo mussoliniano hubiera sido demasiado indisimulado. En su lugar, el Gobierno crea los denominados "Comités de Información".

El artículo 25 sanciona la creación del Consejo Estatal de Información con la orwelliana declaración de intenciones de "promover los derechos a la libertad de expresión e información y de modo específico el derecho del público a recibir información y los derechos profesionales declarados en este Estatuto".

Este Consejo de Información estará compuesto por 22 miembros, de entre los que cabe destacar, por su obvio sesgo, los 8 periodistas elegidos por el Congreso y el Senado (y ya saben cuál es el único grupo mediático en España con periodistas de suficiente solera socialista como para ser elegidos) y los cuatro miembros de las centrales sindicales. Por tanto, podemos augurar una mayoría estable de la izquierda en semejante Consejo censor. En otras palabras, la misma izquierda que promueve la creación del Estatuto censor para el periodista se asegura las mayorías necesarias en los órganos ejecutores.

Este consejo actuará en pleno y a través de tres comisiones, "de Acreditaciones, Deontológica y de Estudios". La de Acreditaciones será la encargada de expedir los carnés de periodista, y la de Estudios realizará una serie de informes anuales sobre el estado de la supuesta libertad de expresión en el sector.

Con todo, el corazón censor del régimen se ubicará en la Comisión Deontológica, la encargada de establecer las sanciones que contempla el EP en su artículo 10. Podrán ser leves o graves, atendiendo al grado de violación del Código Deontológico. Las sanciones abarcarán desde el escarnio público hasta una multa a la empresa de comunicación de hasta el 10% de sus beneficios, pasando por la retirada del carné de periodista.

El Código Deontológico

El EP incluye, pues, en su anexo un Código Deontológico, auténtico recopilatorio de la neoinquisitorial moral socialista, que limitará la libertad de expresión de todo periodista. Cualquier vulneración de este código, como ya hemos visto, podrá ser denunciada por los Comités de Redacción (esto es, una Gestapo descentralizada) ante la Comisión Deontológica (que realizarían la función de las SS).

El mentado código moralizador incluye 14 puntos; algunos de los cuales integraban ya nuestro ordenamiento jurídico (por ejemplo, respetar el honor, la intimidad y la imagen de un tercero), pero otros, como las que ahora señalaremos, suponen una clara restricción a la libertad de expresión.

El punto 2 considera un deber ético "difundir únicamente informaciones fundamentadas y contrastadas". ¿Considerará el Gobierno que las investigaciones de El Mundo sobre el 11-M están suficientemente "fundamentadas y contrastadas"?

El punto 9, por su parte, ordena "no aceptar retribuciones de terceros por publicar informaciones u opiniones". ¿Qué ocurrirá con aquellos periodistas que, a su vez, formen parte de alguna fundación con una marcada ideología y de la que estén percibiendo una renta?

Y, por último, el 14 dictamina "actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razón de sexo, raza, creencias o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia". En otras palabras, se acabó criticar al fundamentalismo islámico. La Comisión censora al servicio de la Alianza de Civilizaciones de ZP. Los críticos con la conciliación universal de las culturas bajo la rúbrica del estatalismo de la ONU deberán ser convenientemente acallados.

Conclusión

Como vemos, el EP construye un entramado burocrático destinado a controlar la libertad de expresión de los periodistas. Este control se torna particularmente preocupante en el caso de los nuevos medios de comunicación a través de internet, el espacio que, por ahora, la izquierda no ha sido capaz de someter y que, por tanto, más está ayudando a difundir el liberalismo. A través de la figura del director y del carné, del control endogámico de los Comités de Redacción y de la Comisión Estatal de Información y de las sanciones derivadas del incumplimiento del Código Deontológico se institucionaliza una completa Ley Mordaza sobre los individuos.

Se trata de una ley de corte fascista, promovida por sus hermanos mellizos, los comunistas de IU. Sin lugar a dudas, a día de hoy, la más grave amenaza para la libertad de expresión en España.

¿Nos salvará ZP?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Representantes de más de cien países se reunieron la pasada semana en Bonn para empezar a diseñar lo que los cursis llaman la “arquitectura de Kyoto post 2012”. Al mismo tiempo Stavos Dimas, Comisario Europeo de Medio Ambiente, se desplaza a Washington para poner en marcha su plan de salvación para el fracasado protocolo. Su idea es sencilla. Se trata de persuadir a George Bush de que a los EEUU les conviene ratificarlo. Por lo que cuenta Chris Horner en The Washington Times, Dimas va a necesitar algo más que un milagro para alcanzar su objetivo. El protocolo no se salvará en Washington.

El contexto de la reunión de Bonn es ese, el fracaso sin paliativos de Kyoto. No por sus nefastas consecuencias económicas y su nulo beneficio medioambiental que poco importan a los políticos europeos y que ya se sabía de antemano. La razón del fracaso es que tan sólo 33 países se han comprometido a reducir las emisiones de acuerdo con el Protocolo de Kyoto y de éstos solamente unos pocos parecen estar en condiciones de cumplir con lo que han firmado. España, gracias al buen hacer de sus ciudadanos en materia productiva, no cumplirá con lo pactado.

“Las condiciones para que España cumpla no pueden ser peores”, dixit Narbona. A simple vista el reconocimiento no tiene mucho mérito porque España está unos 45 puntos porcentuales por encima de los niveles de 1990 y prevé sobrepasar los 65 puntos en el período de compromiso lo que, debido al estrepitoso fracaso europeo, significará un mínimo de 73 puntos por encima de lo que nos obliga el artículo 4 del protocolo de Kyoto como país miembro de un grupo europeo que no es capaz de cumplir. Sin embargo, el cambio de versión oficial sobre la situación española hay que recibirlo con la alegría de quien va sentado en un autobús por una carretera de alta montaña con un conductor ciego y que de repente recupera la visión. Y es que, por increíble que parezca, hasta hace unas semanas la ministra seguía afirmando que España se encaminaba a cumplir. Desde luego, se ve que este gobierno aparte de talante tiene un humor muy peculiar. La recuperación de la visión parece haber traído algo de sensatez al ministerio. Ahora Narbona dice que “el gobierno va a trabajar para tratar de reducir la factura de Kyoto” cuando hace unos meses decía que el coste no iba a ser importante. Los que nunca estuvimos cegados sabemos que en este sentido no le faltará trabajo a la ministra. A modo de calentamiento podría sentarse a analizar cómo se está liando la cosa en el sector energético donde las cuatro principales empresas españolas han tenido que desembolsar 46 millones de euros entre enero y marzo para la compra de derechos de emisión.

En medio de este fiasco monumental se produce la reunión de Bonn de la pasada semana en la que Jürgen Trittin, ministro alemán de medio ambiente papel, ejerció de machote y campeón de la insensatez. Entre otras cosas afirmó que el sistema de racionamiento y comercio de derechos de emisión “ha demostrado ser exitoso” [Sic]. Trittin y los Jemeres Rojiverdes creen ver la prueba del éxito en el desasosiego que el experimento de Kyoto empieza a producir en alguno de sus débiles compañeros de juego y en muchos ciudadanos demasiado acostumbrados al nivel de vida occidental y a las bondades del mercado libre. Así que ni corto ni perezoso Trittin se reafirma en su línea ecototalitaria y propone nada más y nada menos que el Protocolo obligue después de 2012 a restricciones hasta seis veces más elevadas que las actuales. Eso, y lo que ya se da por hecho: prohibición de compra de derechos extras a quienes incumplan en el primer periodo y multas de hasta el 30 por ciento.

¿Qué va a hacer el gobierno español ante esta situación? ¿Aprovechará el estrepitoso fracaso del Protocolo y los datos de sus nefastas consecuencias económicas para sacarnos de esta locura intervencionista en la que nos metió –no lo olvidemos– el Partido Popular, o nos terminará de asfixiar firmando un nuevo Protocolo todavía más intervencionista y más dañino para el hombre y su entorno? Confiemos que prevalezca la sensatez y que en esta ocasión José Luis Rodríguez Zapatero supere a José María Aznar como estadista. Si es así, seguro que encontrará el apoyo de todos los amantes de la libertad.

Licencia para navegar

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En una de mis películas preferidas, Cadena perpetua, uno de los protagonistas sale de la cárcel tras cuarenta años entre rejas. En su nuevo empleo, pide constantemente a su nuevo jefe permiso para ir al servicio, lo que lleva a éste a recriminarle sus constantes peticiones: "si necesitas ir al baño, vete sin preguntar". Pero el viejo preso se da cuenta que lleva décadas pidiendo permiso para ir a mear, y es incapaz de hacerlo si no se lo dan. No era libre para hacer algo tan básico como orinar, al igual que no era libre para tantas otras cosas.

Vuelvo a recordar esta escena porque la petición de la SGAE de que todos necesitemos una licencia para navegar por Internet es mucho más grave de lo que se pueda pensar. No es del todo cierto que elimine el anonimato en la red, porque ese anonimato no existe. Cuando nos conectamos, lo hacemos empleando un número IP. En algunos casos, nuestro ordenador tiene siempre el mismo número mientras que, en otros, cambia cada vez que nos conectamos a la red. En caso de cometerse un delito en Internet, un juez puede pedir a nuestro proveedor de acceso la identidad del usuario que empleó una cierta IP a una hora determinada. Es verdad que podemos emplear determinadas técnicas para ocultar nuestro número IP aunque también es cierto que lo más probable es que puedan acabar atrapándonos.

El verdadero problema de la barbaridad proferida por nuestros artistazos es que, sencillamente, no somos libres de hacer algo si tenemos que pedir permiso para hacerlo y esperar a que nos lo concedan, aún cuando lo concedieran siempre. Ni usted ni yo somos libres de ser taxistas, pues nos deben conceder permiso las autoridades competentes. Tampoco de conducir, pues otras autoridades distintas han de decidir antes si somos aptos para hacerlo. En el primer caso, es una arbitrariedad injusta; en el segundo, cabe aducir que la seguridad de los que usan las carreteras obliga a ello. Parece evidente que navegar en Internet no es más peligro para los demás que caminar por la calle.

Entonces, si no disponemos de anonimato y la licencia elimina nuestra libertad de usar Internet, ¿para qué la quiere la SGAE? Se puede pensar mal de muchas maneras distintas. Dado que si se comete un delito, tanto la SGAE como cualquier otro pueden pedir al juez la identificación e imputación del delincuente, cabe pensar que desean que naveguemos bien identificaditos para poder amenazarnos aún cuando hagamos cosas legales, como compartir música en las redes P2P, ya que no pueden enviar a un juez para pedir que nos detengan. También es posible que, al sacarnos la licencia de conducción en Internet, nos obliguen a firmar un documento en que prometamos no hacer esas mismas cosas legales, como criticar al sindicato vertical. Seguramente hay razones aún más aviesas que yo no soy capaz de concebir pero mis avispados lectores sí. Pero lo único seguro es que lo que desea la SGAE es destruir nuestra libertad de utilizar Internet, porque esa es la única consecuencia segura e inmediata de su petición.

Contabilidad creativa incentivada por el Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En el año 2002 el estado empezó a planificar la introducción de un nuevo sistema de contabilidad financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que se establecerían para las empresas cotizadas en Bolsa a partir del 1 enero de 2005. La misión de los “expertos” era doble. Por una parte conseguir la armonización contable con el resto de países de la Unión, y por otra, “mejorar” y “actualizar” la normativa contable de España. Ya estamos en el 2005 y las empresas que cotizan en Bolsa se han adaptado a la nueva contabilidad.

Las sociedades que componen el Ibex 35, según las NIC, han obtenido una cifra récord en beneficios durante el primer trimestre. Han consiguiendo un sustancioso crecimiento del 38% respecto al mismo período de 2004 (queda excluida Inditex porque tiene un ejercicio fiscal diferente). Sólo NH Hoteles, Iberia y Sogecable han tenido resultados negativos.

¿Significa esto que las empresas españolas se han vuelto, por arte de magia, más rentables, más eficientes y mejores? Evidentemente que no. Sus resultados son el corolario de un sistema contable impuesto por el estado basado en la irresponsabilidad.

Una de las bases de la contabilidad es el principio de prudencia donde los beneficios sólo se contabilizan cuando son firmes, y las pérdidas cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Este principio básico, que garantiza la confianza del inversor, se ha abandonado para introducir el engañoso concepto de “valor razonable” (fair value). El “valor razonable”, para las NIC, es la contabilización a valor de mercado de una serie de instrumentos financieros que posee la empresa.

¿Qué tipos de instrumentos financieros? Los “expertos” han decretado que algunos de ellos han de ser, por ejemplo, los derivados (como pueden ser las stock options de hace unos años). Los derivados, para lo que ahora nos interesa, son instrumentos muy volátiles que en según qué tipo de empresas (especialmente financieras) su contabilización a valor de mercado pueden hacer aumentar o disminuir significativamente sus cuentas finales: con las NIC los resultados empresariales ya no serán una radiografía de la salud de la empresa, sino una esperpéntica caricatura.

Si “modernidad” y “adaptación a la nueva economía” significa para el gobierno inflar los estados financieros de las empresas y mostrar una imagen irreal de la salud de éstas, las NIC son de lo más moderno que nunca ha creado el gobierno. Y es que, como siempre, los gobiernos se han gastado y han obligado a gastar a las empresas privadas una enorme cantidad de dinero para crear un auténtico monstruo.

¿Tenemos algún ejemplo pasado del posible daño que ha creado este tipo de contabilidad? Sí. Ya hace años que se aplica en Estados Unidos, y ha generado casos como los de Enron, WorldCom o Vivendi–Universal.

En el libre mercado las empresas privadas no necesitan hacer “contabilidad creativa” para pagar menos impuestos ya que, en una economía totalmente libre, los impuestos no existen. En una economía libre tampoco existen sistemas contables por ley que benefician a unos, perjudican a otros, o exageran los resultados tanto negativos como positivos según en el punto del ciclo económico en que estemos.

En una economía libre, donde los ciclos económicos no existen, la rentabilidad para el accionista es real con beneficios reales y cuentas transparentes. La complejidad de sistemas contables que pocos entendemos nace de la extrema regulación gubernamental y del apetito voraz del estado omnipotente.

No nos extrañe ver en unos años casos como los de Enron aquí y en Europa. La culpa no será del Capitalismo ni del libre mercado, sino de un sistema de contabilización perverso que el estado ha impuesto por mandato obligatorio y que sólo incentivará la desconfianza del inversor, inestabilidad financiera y las crisis económicas.

El inmigrante, coto de caza de la izquierda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero, tal como hemos ido viendo, la izquierda abjura frecuentemente de esta pretendida no discriminación para utilizar el poder coactivo del Estado en su diseño de las relaciones sociales. A la izquierda poco o nada le importa la dignidad y bienestar del inmigrante, sólo su voto tiene verdadera importancia. Es más, no dudará en acicatear la persecución de los inmigrantes a través de organizaciones de extrema derecha si así genera una situación de división que le permita asentarse como el sensato equilibrio político.

En consecuencia, los neoinquisidores deben impedir que los inmigrantes se integren; deben conseguir el odio hacia el inmigrante y el odio del inmigrante. El primero dividirá a la derecha, el segundo les concederá la oportunidad de ofrecerse como santos protectores del eslabón débil de la sociedad.

Y la manera más sencilla de prevenir su integración es impidiéndoles trabajar. No en vano, el inmigrante sale de su país, abandona a su familia y se introduce en un ambiente desconocido para encontrar un puesto de trabajo y percibir un salario. Este proceso genera una sana interdependencia entre todos los individuos de la sociedad; los intercambios y las relaciones voluntarias fomentan la cooperación, la creación de riqueza, el bienestar y el aprendizaje, abriendo las puertas a un proceso civilizador asentado en los principios capitalistas de la libertad y la propiedad privada.

Pero la izquierda, como ya hemos dicho, está interesada en dinamitar ese orden espontáneo introduciendo crispación, desajustes, miseria y conflictos. No olvidemos que la función de los políticos es solucionar los problemas de la sociedad; si esos problemas desaparecieran, la función y el modo de vida de toda la clase burocrática simplemente se esfumarían. Para el político lo prioritario no es solucionar los problemas –pues, aparte, es incapaz de ello–, sino crearlos.

La clave, el salario mínimo

¿Cómo impedir a un ser humano trabajar y parecer, al mismo tiempo, su benefactor? Para la retórica intervencionista de la justicia social, la respuesta es sencilla: el salario mínimo. No es que la única finalidad del SMI sea, obviamente, empobrecer a los inmigrantes. Pero sí resulta una de sus más directas y útiles consecuencias.

Bajo el pretexto del progreso social, los políticos aprueban unas leyes de salario mínimo consistentes en ilegalizar todas aquellas ocupaciones cuya retribución sea inferior a la determinada por la ley. En España este límite está fijado en 513 euros al mes: todos aquellos trabajadores cuya producción sea valorada por los consumidores en una cuantía inferior a ese monto, simplemente, serán condenados al paro irremisible.

Es cierto que los trabajadores experimentados y con formación perciben sueldos muy superiores a los 513 euros mensuales; en principio, para el trabajador medio no parece que el SMI suponga una seria amenaza. Sin embargo, hay dos grupos sociales que, por sus características, son especialmente fustigados por esta prohibición: los jóvenes y los inmigrantes.

Ambos acceden por primera vez al mercado de trabajo con una baja experiencia y por ello, salvo excepciones, su productividad será realmente escasa. Los jóvenes tienen que dedicarse a tareas poco relevantes antes de poder acceder a puestos de responsabilidad donde sean realmente útiles. Los inmigrantes, por su parte, en muchas ocasiones poseen una bajísima cualificación, lo que les obliga a buscar empleo en sectores como la construcción o la agricultura, donde, salvo excepciones, el valor de los productos es escaso.

El salario mínimo supone, en estos casos, un coste superior al ingreso que los empresarios pueden obtener por contratar a un inmigrante. La consecuencia ineludible es el paro.

Es curioso, pues, cómo el Gobierno de España ha estimulado simultáneamente la inmigración y los incrementos del SMI. De esta manera favorece la entrada de masas crecientes de población que forzosamente deberán permanecer desempleadas a causa de las reiteradas subidas del SMI.

Sin embargo, la propaganda neoinquisitorial, después de haber impedido al inmigrante encontrar trabajo, se dedicará prestamente a convencerle de que la responsabilidad de su ruinosa situación es el anárquico sistema capitalista, consistente en la explotación del hombre por el hombre. El SMI es un salario que todo empresario puede pagar; el hecho de que no esté dispuesto a hacerlo es símbolo de su infinita avaricia. De la misma manera, los sectores "comprometidos" de la sociedad culparán al empresario de racista y xenófobo por considerar que el inmigrante es una mercancía a la que no está dispuesto a pagar un "salario digno". Sólo la izquierda podrá llevar a cabo la necesaria labor educadora y balanceadora de la sociedad.

Al impedírsele trabajar, el inmigrante tendrá tres opciones ante sí: el mercado negro, la mendicidad o, en última instancia, la delincuencia.

Mercado negro

El empleo al margen de la legalidad (pese a ser la única salida digna para el inmigrante) está sometido a una fuerte presión ciudadana, por cuanto la propaganda gubernamental lo ha equiparado al régimen de esclavitud. Los inmigrantes encuentran trabajo, pero es un trabajo socialmente tachado de irregular. Al acudir al mercado informal, el inmigrante se siente anatematizado, incapaz de integrarse en la sociedad. Es un espécimen extraño y especial, pues el malvado empresario no quiere (cuando en realidad no puede) concederle un régimen contractual equiparable al de cualquier otro individuo. Esta situación se vuelve especialmente tensa cuando el Gobierno exige un trabajo "legal" para conceder residencias temporales. De la misma manera, grandes sectores de la sociedad consideran un vicio del capitalismo este tipo de contratación al margen de las garantías del Estado de Bienestar. Es necesario “imponer” a los empresarios su contratación regular.

Mendicidad

La mendicidad provoca tensiones análogas. El inmigrante no puede vivir de su trabajo, subsiste gracias a la caridad de los demás; sin embargo, esa situación no viene determinada por su propia incapacidad laboral, sino por circunstancias externas que, primero, lo han alentado a llegar al próspero país y, luego, lo han relegado a la esquina de una gran ciudad. Es la sociedad la que lo rechaza, sus sueños son frustrados y los demagogos políticos aseguran conocer sus problemas, para los que prometen implacables soluciones. Así mismo, la sociedad receptora juzga de manera equívoca que esas situaciones lamentables son consecuencia del corrupto capitalismo, que vuelve "a los ricos más ricos y a los pobres más pobres". Nuevamente, la izquierda debe planificar este desastroso sistema económico.

Delincuencia

Por último, la delincuencia rompe los vínculos más elementales del mercado. La propiedad se ve atacada, se hipertrofian los sistemas de seguridad (con el tremendo coste de oportunidad que ello provoca) y, sobre todo, la sociedad receptora generaliza el odio hacia el inmigrante, hacia el extranjero (en muchos casos, combinado con las circunstancias raciales, étnicas o religiosas del mismo). Se produce un rechazo creciente hacia los movimientos migratorios y los antiguos inmigrantes ya asentados empiezan a ser observados con desprecio y altanería, mientras que los nuevos son incapaces de integrarse (con lo que se reproduce el círculo vicioso inmigración-delincuencia).

Esta situación se convierte en un caldo de cultivo idóneo para los movimientos mal denominados "de extrema derecha" (nacionalismos racistas). El inmigrante no viene a trabajar, sino a robar.

Pero, paradójicamente, ante el crecimiento de la "extrema derecha", la izquierda y la extrema izquierda también engordan. Unos y otros se compenetran y se retroalimentan. La sociedad se polariza en dos facciones, cada cual más antiliberal.

No sólo eso, los inmigrantes se ven abocados a los brazos de la izquierda, de sus salvadores y protectores. Los neoinquisidores, esos que primero les negaron el pan prohibiéndoles trabajar valiéndose del SMI, les acogen ahora como hijos pródigos. Sus votos son, sin duda, siempre bienvenidos.

El salario mínimo es, por tanto, un auténtico problema para las sociedades, pues ataca los fundamentos de la concordia (una parte de la población explota a la otra), bloquea la creación de empleo y, finalmente, da impulso a un "salvífico" intervencionismo estatal. Precisamente, la situación a la que la izquierda quería llegar.

El círculo se reproduce, pues. Los neoinquisidores reprimen a aquellos grupos que dicen defender y proteger. Su objetivo final es mantenerse en el poder y remoralizar a la sociedad. En este caso, se trata de convencer a la población de que el capitalismo va unido al racismo y la explotación, mientras que la política, en cambio, significa "paz perpetua" y tolerancia a través de una grandilocuente "Alianza de Civilizaciones" planetaria. Una alianza que no en vano ha sido planteada en el seno de la Asamblea de Estados mundiales, la ONU: el embrión del Estado de Estados, de la política en su máxima expresión.

Para la izquierda, los inmigrantes son sólo un instrumento que manipular para conseguir las reacciones sociales necesarias. No pasan de peones en su particular partida de ajedrez contra la libertad. No le importa lo más mínimo los conflictos y tragedias que su actuación origine porque, inmersa en su ceguera iluminista, legitima su actuación apelando al fin superior del gobierno socialista perpetuo, esto es, al bien común. Así, incluso los propios inmigrantes, a los que se reprime prohibiéndoles trabajar y se les engaña culpando falazmente al capitalismo, agradecerán a largo plazo semejante actuación, pues todos nos veremos beneficiados por la izquierda.

Son los sacrificios imprescindibles para conservar el poder y dirigir sabiamente la sociedad. La persecución política del inmigrante por su propio bien.

El fumador, lacra de la sociedad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Al fumador se le ha intentado atacar desde diversos ángulos: por su propio bien, por el de los potenciales fumadores pasivos y por el de la comunidad (si nos fijamos, el perjuicio ocasionado por el fumador se va extendiendo cada vez a mayores ámbitos: el fumador, su entorno y la sociedad). Conviene, pues, dar un tratamiento diferenciado, ya que en cada uno los conflictos morales toman un cariz distinto.

El individuo

Los neoinquisidores gubernamentales focalizan su primer objetivo en salvar al fumador de sí mismo. Fumar mata, por tanto, quien decide fumar es un inconsciente suicida.

En realidad, el asunto no está tan claro. Vivimos en una época en que la ciencia ha sustituido la búsqueda de la causalidad por la casualidad; en otras palabras, en lugar de intentar averiguar la razón por la que fumar provoca cáncer, los científicos se han dedicado a recopilar estadísticas de gente que fumaba y gente que ha muerto por un cáncer presuntamente generado por el hábito de fumar.

No obstante, aun así es dudoso que los resultados avalen al Gobierno. En muchos casos se están forzando los datos para hacerlos coincidir con la prescripción política; o, como hace años aconsejó el ministro de Sanidad canadiense, Marc Lalonde: "Los mensajes sanitarios deben ser altos, claros e inequívocos aunque no estén respaldados por evidencia científica".

Así, valga como llamativa referencia, Japón es el país que más cigarros consume per cápita (y es que el 59% de los varones japoneses son fumadores), y sin embargo, según el Banco Mundial, tiene una de las tasas de muerte por cáncer de pulmón más bajas del mundo (por no hablar de su extraordinaria esperanza de vida). Para profundizar en el incorrecto tratamiento estadístico recomiendo la lectura de In defense of smokers, de Lauren A. Colby.

Por otro lado, incluso suponiendo que, efectivamente, exista un nexo entre el tabaco y el cáncer de pulmón, no queda claro, ni mucho menos, que todas las consecuencias del tabaco sobre el organismo sean nocivas. Así, se conoce que estimula la atención, la destreza y la capacidad cognitiva. Además, tiende a equilibrar los ánimos: estimula a los depresivos y calma a los sobreexcitados (en concreto, rápidas y cortas caladas sirven para estimular, y largas y cortas para calmar). No sólo eso: la tasa de alzheimer, de párkinson, de cáncer de colon o de próstata entre los fumadores es un 50% inferior a la de los no fumadores. En otras palabras, corresponde a cada persona elegir ante qué riesgos quiere exponerse.

Pero aun suponiendo que el tabaco fuera altamente perjudicial y no tuviera efectos salutíferos en otros ámbitos, la elección correspondería por entero al individuo. Cada persona deriva una satisfacción peculiar del hecho de fumar. Los seres humanos asumen riesgos para emprender acciones que les agradan: algunos tienen una vida muy sedentaria (pese al riesgo de problemas cardiovasculares futuros), otros se recorren medio mundo con el automóvil (pese al riesgo de accidente) y otros practican el puenting (pese a los indudables riesgos asociados).

Lo importante en cada actividad es que el individuo asuma la responsabilidad de sus consecuencias. Sería absurdo, en el caso que nos ocupa, endosársela a las compañías tabaqueras, ya que la decisión de consumir tabaco siempre partió del propio fumador.

Sigamos el razonamiento totalitario de los neoinquisidores. Si el Gobierno debe prohibir lo que es malo para la salud, ¿debe imponer lo que es bueno?

¿Y por qué detenerse en cuestiones biológicas? Realmente, el Gobierno podría imponer la lectura de las obras completas de Marx, Lenin o Keynes, porque, desde su retorcida perspectiva, son buenas para nuestra "salud mental". ¿Y por qué no prohibir la lectura del liberalismo, si, según la izquierda, promueve valores egoístas, insolidarios y cuasi fascistas? Cada persona debe ser responsable para decidir qué es bueno y qué malo para sí misma. Si delegamos esa decisión en el Gobierno –como algunos socialistas de diversos partidos promueven– estaremos cayendo en un sistema totalitario.

El entorno

Los neoinquisidores también suelen perseguir a los fumadores por el supuesto perjuicio que ocasionan sobre los no fumadores, esto es, sobre los fumadores "pasivos". Así, consideran que los no fumadores padecen un cáncer sin haberlo deseado, y por ello la cruzada contra el tabaco queda suficientemente justificada. Supongo que el siguiente objetivo de los neoinquisidores será oscurecer el Sol, habida cuenta de que el cáncer de piel es tan poco deseado como cualquier otro, si bien bastante más frecuente.

En realidad, el problema que se plantea con las personas del entorno es uno de derechos de propiedad. Cierto es que el no fumador no puede evitar inspirar el humo "si está al lado de un fumador", pero sí puede evitar estar al lado. ¿Quién tiene preferencia para habitar un concreto espacio físico, el fumador o el no fumador? ¿El rubio o el moreno? ¿El aficionado al fútbol o a melómano? Ninguno. La característica concluyente no son unas pautas de comportamiento determinadas, sino la adquisición de una legitimidad previa para ocupar un espacio físico. Ni el fumador ni el no fumador: el propietario.

Si el propietario permite fumar en su propiedad, el no fumador deberá adaptarse a semejante situación: o soportará el humo o no entrará. De la misma manera, si el no fumador prohíbe fumar en su propiedad el fumador deberá acatarlo: o no fumar o quedarse fuera.

Esto es especialmente relevante en los llamados "espacios públicos", como bares o lugares de trabajo, que no dejan de ser propiedades privadas. El individuo que decide entrar a trabajar en una empresa donde fumar está permitido lo hará, probablemente, porque podrá obtener un salario mayor que en sus restantes alternativas (en caso contrario, simplemente trabajaría en una empresa donde estuviera prohibido fumar). Similar reflexión es aplicable para el fumador que decide trabajar en una empresa donde tal hábito no está permitido.

De la misma manera, los bares y restaurantes que permitan fumar (o aquellos donde esté prohibido) experimentarán probablemente una reducción en el número de sus clientes potenciales. Se trata, simple y llanamente, de una decisión empresarial para especializarse y atender a un sector particular de la población. Algunos fabricantes de muebles se centran en el diseño juvenil, cierta literatura está reservada para personas cultivadas, hay bares donde se promueve la presencia masiva de homosexuales.

El mercado no es inflexible para adoptar ninguna de estas decisiones, ¿por qué, entonces, la imponen los burócratas neoinquisidores? ¿Por qué bloquean la gestión empresarial? Uno tiende a pensar que nuestros políticos derivan un sádico placer del dirigismo y la represión. Sólo así se explican muchas de sus decisiones.

Mención aparte merece el caso de la propiedad pública: hospitales, colegios o parques. ¿Debería poderse fumar en ellos? Tal cuestión no puede resolverse. Ni los hospitales, ni los colegios ni los parques son propiedad de nadie. El Estado se los ha apropiado de manera ilegítima (a partir de unos fondos –impuestos– que no le pertenecen). Cualquier decisión que tome será arbitraria y dañará o bien a los fumadores o bien a los no fumadores (quienes, según la falsa retórica del Estado, son sus verdaderos propietarios). Es, precisamente, en estos casos donde se refleja con mayor intensidad la inconsistencia de la propiedad pública y su incapacidad para tomar decisiones satisfactorias. Un motivo más para que desaparezca totalmente.

La comunidad

El último argumento de estos moralistas de la nada es que los fumadores perjudican a la sociedad. ¿Razón? Los gastos sanitarios adicionales detraen recursos que podrían utilizarse en otros fines.

En 1991 Willard Manning realizó un estudio sobre la contribución de los fumadores a la sociedad. Manning llegó a la conclusión de que los impuestos especiales pagados por los fumadores prácticamente doblaban el gasto específico sanitario. De la misma manera, si los fumadores morían antes que los no fumadores, el Estado también se ahorraba un considerable montante de dinero destinado a pensiones.

Con todo, aun cuando la contribución neta de los fumadores en términos fiscales fuera negativa, el problema residiría en el obsceno sistema sanitario socialista, donde se paga no por el uso, sino por pertenecer a una comunidad. Si la sanidad fuera privada cada fumador costearía las expensas adicionales él sólo. Los costes "adicionales" no deberían ser soportados por el resto de la población.

Pero la hipocresía principal consiste en que el mayor enemigo que tiene la sociedad, el Estado, se convierta en ortodoxo martillo de herejes. El Estado ha sido el mayor asesino, expoliador, represor y productor ineficiente que ha conocido el siglo XX. El grupo social que impone costes más gravosos al resto de los individuos no es el de los fumadores, sino el de los políticos.

Es particularmente grotesco que un conjunto de chupasangres apunten a los fumadores como enemigos de la sociedad. Y es que, sin salir del tema, habría que preguntar a los políticos quién promueve las onerosas y neoinquisitoriales campañas antifumadores, quién subvenciona el cultivo de tabaco o quién, por ejemplo, ha estado promoviendo durante décadas la venta de tabaco desde el monopolio público de Tabacalera.

Conclusión

La actual cruzada contra los fumadores no es sólo inmoral, sino profundamente hipócrita.

Inmoral, porque cada individuo debe ser libre para decidir qué estilo de vida seguir; ese estilo de vida, obviamente, queda limitado por la injerencia en la libertad ajena, que sólo cabe advertirla cuando se produce una violación de la propiedad privada. La propiedad privada separa las agresiones legítimas de las ilegítimas; el Gobierno no debería imponer a ningún propietario –y ello incluye a los dueños de bares y restaurantes, y a los empresarios– qué comportamientos son admisibles en su dominio.

Hipócrita, en tanto se está ejecutando desde las burocracias estatales y europeas una campaña para estigmatizar al fumador como una especie de enemigo de la sociedad que eleva el número de cánceres y los costes de la sanidad (si bien aumentan continuamente los impuestos especiales sobre el tabaco, ante la expectativa de que la demanda no se reduzca y la recaudación se incremente). Lo cierto es que el principal enemigo del ser humano es el poder coactivo estatal que ostentan los políticos. Nadie ha asesinado y ha elevado más los costes de la sanidad (y de cualquier otra actividad donde haya intervenido) que el Estado.

La persecución de los fumadores es la antesala de una moralización represiva más amplia de la sociedad. Es un ataque frontal a la libertad individual. Los conflictos no se plantean entre fumadores y no fumadores, sino entre libertad y política. Sólo cuando la segunda sea eliminada podrá prevalecer la primera. También en el artificial conflicto del tabaco.

¡Abajo con la ciencia!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si, ante una tormenta, alguien dijera que es cosa de brujería, nuestra primera reacción sería reírnos de él. Nosotros sabemos que las tormentas tienen causas explicables por la ciencia. Pero tampoco tenemos mucho derecho a sentirnos orgullosos al decirlo, porque resulta que cada uno de nosotros está lo suficientemente lejos de las cuestiones científicas como para que el papel social de la palabra “ciencia” no esté muy alejado del que en su momento representaba la apelación a la brujería. Esto puede parecer paradójico, pero pronto verá que es muy claro.

En una sociedad civilizada, cada uno de nosotros nos concentramos en una parte muy pequeña del conocimiento que abarca toda la sociedad, y del que nos estamos beneficiando constantemente. Eso ocurre, por ejemplo, con la ciencia. La gran mayoría de nosotros, por ejemplo, desconocemos en qué medida podemos decir que se está calentando el planeta y especialmente ignoramos las causas de ese calentamiento, si es que ciertamente está teniendo lugar. Solo sabemos de estas cuestiones por los medios de comunicación. En algún momento oímos hablar de “los científicos” y nos rendimos ante esa expresión con la misma reverencia con que tres siglos atrás nos rendiríamos ante una acusación de brujería. Nosotros sabemos hoy que la explicación de los fenómenos naturales está en la ciencia. Pero cuando entramos en materias concretas, cuestiones como la evolución del clima nos resultan absolutamente insondables. Y nos fiamos, sin mayor prueba, de lo que nos digan los medios.

El problema surge cuando la palabra “ciencia” se manipula por criterios estrictamente políticos. Es el caso del protocolo de Kyoto. Quien haya leído la entrevista de Libertad Digital con Christopher Horner se habrá sorprendido levantando las cejas y abriendo los ojos en más de una ocasión. Horner explica que los científicos que se reúnen en el IPCC, el órgano de Naciones Unidas (esa institución tan prestigiosa) para lidiar el calentamiento global, no son precisamente los mejor preparados. Patrick Michaels, él sí un climatólogo de prestigio, explicó en uno de sus libros que no más de un tercio de los científicos convocados por el IPCC son climatólogos. Los otros dos tercios hablan sobre el clima sin haberse dedicado a estudiarlo.

Tampoco es que importe mucho, porque como explica Horner, luego se cambian las conclusiones de los científicos por otras que elaboran políticos y ONGs, es decir, lobbys. Y aunque no tengan relación con las conclusiones que han alcanzado los científicos, nuestros salvapatrias nos dicen que forman parte del “consenso científico”. Total, ¿Quién se va a leer centenares de páginas con una jerga incomprensible para descubrir que los políticos nos están mintiendo una vez más?

Este mangoneo ha llegado a las revistas otrora científicas Recientemente, el diario Daily Telegraph, recogía en una noticia la censura que han recibido varios científicos por poner en duda el mantra de que el calentamiento global está causado principalmente por las emisiones de nuestra industria. Estos casos se han dado en la revista Nature, que lleva tiempo pisoteando su prestigio, perdido hace mucho tiempo, así como en Science. Esta última se está esforzando por situarse en las cumbres científicas del Reader digest.

Valga como prueba un artículo de diciembre que decía, nada menos, que el consenso científico (una expresión contradictoria, por cierto) respaldaba la teoría de que el aumento de la temperatura global estaba causada por las emisiones de gases por parte de los hombres. Este disparate lo habría basado en el análisis de 1.000 artículos científicos publicados desde comienzos de los 90’. Según el autor, tres de cada cuatro artículos aprobaban esta teoría, y ninguno la atacaba.

El resultado es de lo más sorprendente, porque muchos de los climatólogos más prestigiosos han dicho exactamente lo contrario. Que no hay respaldo científico para tal teoría. Varios de los climatólogos más prestigiosos lo han puesto por escrito en la Declaración de Leipzig. Este mismo lunes, 16 se reúnen varios de los climatólogos más prestigiosos en Madrid, y han denunciado por extracientífica la teoría de que el efecto invernadero de origen humano sea la principal causa del calentamiento global.

Un científico que sospechaba de esos datos, Benny Peiser, analizó los mismos 1.000 artículos y el resultado era el previsible: el artículo publicado en Science había mentido. Sólo un tercio respaldaba esa teoría, aunque sólo un 1% lo hacía de modo explícito. Science se ha negado a publicar este segundo artículo. ¿Porqué esta manipulación de la ciencia? Por motivos políticos. Ya Jacques Chirac dijo en noviembre de 2000, en La Haya, que el protocolo era “el primer paso hacia un gobierno mundial”. Un camino en el que la búsqueda de la verdad, a la que se dedican los científicos, no juega ningún papel.