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Periodismo disperso en Gran Bretaña

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Scott Burgess disecciona habitualmente en su bitácora Daily Ablution la prensa británica de izquierdas; desde el prestigioso The Independent a The Guardian, órgano de agitación de la izquierda albionita. Un día lee un artículo de correctísima observancia progre, ya que reprendía a los lectores que se hubieran sorprendido por los bombardeos de Londres, ya que esa actitud “sugeriría que… ocurrieron sin ninguna responsabilidad por nuestra parte”. Las víctimas son culpables del crimen si pertenecen a Occidente, como manda la letanía izquierdista. Lo habitual. Los islamistas que, como los terroristas de Londres, llevan varias generaciones en Inglaterra, son de acuerdo con el autor, Dilpazier Aslam, “sassy” (impertinentes, descarados) con sus opiniones. Y pese a haber nacido en Inglaterra, su verdadera patria es el islam, a quien deben obediencia.

La indignación de Burgess por el descaro del Guardian le llevó a investigar algo más sobre el joven articulista, y le encontró en Hitz Ut Tahrir, una secta islámica que se ha dedicado a prodigar el odio hacia los judíos, o a amenazar de muerte a líderes políticos, como el laborista George Galloway, acusándole de “falso profeta” y “apóstata”. Dilpazier Aslam apoya la creación de un Estado islámico mundial y justifica el uso de la violencia. The Guardian había contratado un miembro de una organización sectaria y que odia a los judíos como bandera, para volcar su ominosa visión del mundo, sirviéndole de portavoz. Pero, ¿sabía el diario de dónde procedía su joven promesa? Eso mismo le preguntó, sin respuesta, Scott Burgess.

Es un caso más, el último, en el que se pone de manifiesto que los medios de comunicación están vigilados por miles de personas que pueden poner en negro sobre blanco. El poder de los medios no es ya el de antes. Pero como en otros casos, lo descubierto por Burgess no ha adquirido relevancia hasta que es otro medio de comunicación, The Independent en este caso, quien recoge el hecho.

Los medios de comunicación no están todavía hechos a las servidumbres de convivir con un periodismo disperso, al cargo de muchos escritores y lectores, que ha convertido a la noticia en una conversación con múltiples voces. El propio Guardian siguió publicando sus artículos, mientras otros bloggers seguían el caso, aportando nuevos datos, o simplemente contando los detalles del caso. El asunto salta a los medios de comunicación y la situación de Dilpazier Aslam se ha hecho insostenible, hasta que ha sido despedido por el periódico. Scott Burgess adelantó que el editor de información del periódico, Albert Scardino, había dimitido por el asunto. El periódico ha reaccionado echando pestes de los bloggers, pero debería preguntarse cómo un grupo islamista radical ha podido colocarle un portavoz. Debería plantearse qué tiene su visión del mundo y de la corriente de la información para que pueda multiplicar la voz de un órgano de odio a los judíos y a Occidente.

El caso de Dilpazier Aslam es solo la última constatación de que el periodismo disperso ha diluido el poder de los medios. Pero hasta el momento a lo único que llega es a corregirles, no a acompañarles como fuente original de información. Quizás no sea esa su función, pero es posible que el periodismo disperso esté solo descubriendo a tientas su verdadero papel.

Arde el Estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Juan Francisco Martín Seco escribió esta semana un artículo titulado “Arde el Estado”. En el artículo se quejaba que el estado ya no es lo que era. Venia a decir que éste se ha convertido en un organismo simbólico e ineficiente. La culpa de la ineficiencia, ¿sabe usted a quien se la atribuía? Exacto, a la “ideología liberal” (sic).

Efectivamente, el estado es un órgano ineficiente, pero no desde ahora sino desde siempre. Es por eso que los países con menos estado son los que más prosperidad tienen. Por otra parte, sorprende mucho lo que afirma Martín Seco al decir que el “gobierno central apenas tiene ya competencias” cuando su gasto ronda el 40% del PIB español.

Probablemente, señor Martín Seco, a usted le encante decir que el libre mercado es la “ley de la jungla”, o que crea un darwinismo social que hace ganar sólo al más fuerte, y que bajo el capitalismo todos estamos explotados. Pero precisamente el libre mercado es todo lo contrario. En la jungla sobrevive el más fuerte a expensas del más débil, en cambio en un sistema puramente capitalista todos se benefician de todos, y aquel que triunfa no es por su brutalidad contra el resto, sino por su pericia y habilidad para servir a los demás. Así pues, en un sistema capitalista destaca el que mejor sirve al resto.

En el libre mercado todas las acciones son contractuales, libres y voluntarias. Cuando usted compra algo es porque quiere, sino no lo hace. Si usted entra a trabajar en una empresa es porque quiere, se puede ir cuando quiera a otra, o incluso, puede montar su propia comuna socialista viviendo de espaldas al resto de la sociedad; nadie le pedirá cuentas. En cambio en un sistema socialista basado en la supremacía del estado, haga lo que haga, usted siempre tendrá que rendir cuentas, acatar las órdenes y hacer engordar a los políticos y gobernantes.

Más bien la “ley de la jungla”, o sistema donde una minoría vive a expensa de la mayoría, es el sistema al que usted aspira. Usted propone la existencia de un aparato represor dominado por un jerarca social y económico que imponga a punta de pistola al resto de la sociedad cómo comportarse, qué costumbres ha de seguir, con quién ha de negociar y cómo hacerlo. Pero eso ya lo tiene, se llama estado del bienestar. ¿Y además pretende robarnos más mediante impuestos y multas para mantener su inútil sistema de extorsión y favores? Por favor. ¿O es que acaso cree que la gente paga impuestos por la elevada finalidad que tienen (a saber, enriquecer al político)? No, los particulares y empresas pagan impuestos por miedo a las represalias del estado. En el libre mercado esta situación jamás se puede producir, una vez más: en un sistema totalmente capitalista usted es libre de hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie.

Más estado, más leyes, más prohibiciones y menos capitalismo no significan ni mucho menos más igualdad ni riqueza. El estatismo es la mayor de las barbaries. Es todo lo contrario a la civilización y a la paz. Son los estados quienes crean regulaciones que no sirven de nada, es el estado y sindicatos quienes crean desempleo, son los estados quienes aumentan los ejércitos y entran en guerras matando inocentes no las personas civilizadas que prefieren intercambiar bienes y servicios voluntariamente para ganar algo a cambio.

Señor Martín Seco, si este país aún le parece poco represivo, siempre puede irse a Cuba, Venezuela o Corea. No se preocupe, ahí el estado le dirá todo lo que ha de hacer. Pero cuidado al escribir libros o artículos oponiéndose a ellos, porque las consecuencias podrían ser catastróficas para usted.

Agua privada, individuos libres

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Agua privada, individuos libres

A mediados de julio, un policía de Nueva York llamado Edward Polstein fue despedido del departamento. Llevaba ya desde octubre jubilado prematuramente. La razón principal es que mantenía un sitio web en el que tanto él como otros policías rajaban contra el departamento, sus jefes y el alcalde de forma anónima. Creado en 1999 tras considerarse relegado en varios ascensos, era lo suficientemente popular como para recibir una media de 60.000 páginas vistas diariamente, aunque tras el cese ha bajado a un tercio de lo que fue, presumiblemente debido a un cierto temor laboral de los agentes demasiado protestones.

Esta noticia vuelve a traer a la actualidad la espinosa relación entre el uso de la libertad de expresión en Internet y el empleo de quienes pretenden ejercerla. El debate surgió con fuerza cuando una azafata fue despedida por publicar en su bitácora personal unas fotos en las que aparecía con el uniforme de su empresa. Aunque no era la primera vez que algo así sucedía, lo absurdo de la razón del despido convirtió por primera vez la relación de los bloggers con su trabajo en un debate popular en Internet.

Parece que, después de un cierto número de despidos, se puede establecer que las principales razones por las que lo que escribas en Internet puede procurarte una patada en el trasero son dos: criticar a la empresa o revelar algún secreto de la misma. Ninguna de ellas resulta demasiado sorprendente. Al fin y al cabo, si decías que la compañía donde trabajas era una porquería delante de tu jefe o le contabas a la competencia (o a un periodista amiguete) algún secreto comercial, la calle era tu destino más probable; con o sin Internet, con o sin bitácoras. La única diferencia es, quizá, que en este último caso el despido va a ser más público y sus causas también, por lo que los directivos deberían pensarse más dar ese paso para que la imagen de la empresa no caiga a lo más profundo del vertedero en la red, donde todo se sabe.

Sin embargo, el despido de Edward Polstein debería abrir un debate distinto. Las empresas han de ser libres de despedir a quien quieran, por las razones que mejor le parezcan. Un contrato de trabajo es un acuerdo libre entre dos, y si uno de los dos decide terminarlo por las razones que sean, no hay más que hablar. Pero, ¿qué sucede cuando una de esas partes es una administración pública? En España es sencillo saberlo, porque despedir a un funcionario es una tarea que requiere toda la fuerza de Atlas y Hércules unida. En otros países quizá habría que andarse con cuidado. La crítica al poder es una base fundamental de la democracia y la libertad, y los datos de aquellos que están dentro del Leviatán son casi siempre la principal fuente de esas críticas. Despedir a un funcionario público que critica a la administración no debería estar permitido. Es más, en muchas ocasiones debería ser razón para un ascenso. Otro asunto es la revelación de secretos, siempre y cuando estos pongan en peligro la seguridad. Por ejemplo, revelar los detalles de la protección de un político es claramente punible. Darle a la prensa los documentos que estaban en el ordenador de un terrorista, en cambio, no lo es, como no lo sería publicarlo en el blog del funcionario implicado.

Al final, todo se reduce a un poco de sentido común. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, impide al congreso hacer leyes relacionadas con la libertad de prensa, pero no impide a las empresas hacer normas internas que limiten la libertad de expresión de sus empleados. Por eso, la azafata puede pedir su reingreso pero haría mejor en seguir con su vida y buscarse otro empleo. Sin embargo, el policía debería plantear una batalla legal. Y debería ganarla.

La ofensiva de la Banda del Ocho

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, basta reflexionar un poco para ver el escaso fundamento de semejante afirmación. ¿Hay algo más preciado y básico que nuestra libertad? Aun cuando algunos pudieran responder que la vida es más sustancial, la cuestión es evidente: ¿quién debe ser el propietario de bienes tan básicos como nuestra libertad y nuestra vida? ¿El Estado o nosotros mismos? ¿Seríamos libres si el Estado pudiera elegir por nosotros? Obviamente, no.

A diferencia de lo que los socialistas quieren hacernos creer, precisamente porque el agua es importante debiera ser privada. El peso burocrático del Estado se soporta mejor en aquellos sectores que nos resultan "prescindibles": si el Estado se encomienda la preparación de unos Juegos Olímpicos y finalmente fracasa, el perjuicio de su acción se circunscribirá a un cierto derroche de nuestro dinero, pero podremos continuar, sin demasiada dificultad, con nuestras vidas. En cambio, si se encomienda la realización de tareas fundamentales para nuestra existencia y para nuestra libertad, cuando fracasa –y en su existencia y funcionamiento está grabado en letras de fuego el inexorable fracaso– las consecuencias son calamitosas.

No es casualidad que, por un lado, la mayor parte de las reservas de agua del mundo sean propiedad del Estado –sólo alrededor del 3% de la población de los países pobres recibe agua de empresas privadas– y que, por otro, cada año 1.000 millones de personas contraigan enfermedades relacionadas con la falta de agua, de las que 12 millones terminarán muriendo.

Tal es el estremecedor balance que arroja Water for sale, del sueco Fredrik Segerfeldt. En este libro encontramos una razonada y detallada defensa de la privatización del agua como conditio sine qua non para erradicar su carestía.

Sin embargo, el pensamiento izquierdista sigue siendo preponderante en este punto. El agua se concibe como un derecho por el que no cabe exigir una contrapartida monetaria; en otras palabras, el Estado, en su papel de omnipotente divinidad, es el encargado de proveerla.

Pocas ideas hacen tanto daño a la sociedad como la de pensar que todo aquello calificado como "derecho" implica una suerte de gratuidad. Si yo afirmo tener una especie de derecho positivo a beber agua, la contrapartida es que no tengo que esforzarme para conseguirla; si no tengo agua, se me ha de dar.

El absurdo de tal pretensión puede no saltar inmediatamente a la vista, por lo que recurriremos a un sencillo ejemplo. Imaginemos a Robinson Crusoe en su isla desierta, sin ningún habitante más. En principio, pues, toda la isla es susceptible de ser usada por él. Sin embargo, hay un problema: el único río se encuentra a 10 kilómetros de donde Crusoe habita y obtiene los alimentos. Así, cada día tiene que perder gran parte de su tiempo para recoger agua.

Si Crusoe afirmara tener un derecho al consumo de agua ello implicaría que tiene derecho a no realizar el fatigoso esfuerzo de trasladarse diariamente al río. Pero, como es obvio, todos podemos darnos cuenta de que, por mucho que reclame semejante derecho, el agua no acudirá a él por arte de magia. Si Crusoe se empecinara en exigirle al río que le trajera el agua, simplemente moriría deshidratado.

Por absurdo que parezca, ésta es la situación que muchos socialistas están imponiendo en el Tercer Mundo. El problema del agua no es su escasez, sino su falta de disponibilidad. Sólo contabilizando las reservas de agua dulce –es decir, sin incluir la posibilidad de desalinizar–, cada individuo podría consumir una media de 19.000 litros al día. En el mundo existe suficiente agua, pero no suficientes infraestructuras que la potabilicen y trasladen.

Los socialistas quieren hacernos creer que la privatización esconde una suerte de complot para, a través de unos precios de mercado prohibitivos, evitar que los pobres consuman el agua que necesitan los ricos para bañarse en sus piscinas y regar sus campos de golf.

Nada más lejos de la realidad. Primero, la propiedad colectiva del agua ocasiona el rápido desabastecimiento. Parafraseando a Garret Hardin, el autor del libro llama a este fenómeno "la tragedia del agua comunal". Todos los individuos que extraigan agua de un mismo acuífero comunal tenderán a sobreexplotarlo, lo que en muchos casos provocará su deterioro y salinización.

Segundo, sin derechos de propiedad sobre el agua nadie tiene incentivos para encontrar y explotar las aguas subterráneas; el Estado se arroga semejante competencia. Por mucho que una familia haya encontrado agua en una finca de su propiedad, no podrá establecer las canalizaciones pertinentes, porque dicha agua pertenece al Estado. Si, por ejemplo, se permitiera a los agricultores adquirir derechos de propiedad sobre el agua que transcurre por debajo de sus tierras, venderían los excedentes a las familias y a las industrias a través de la construcción de las necesarias infraestructuras.

Tercero, la propiedad privada y el consecuente precio estimulan a evitar los derroches de agua, tanto desde el punto de vista de la empresa como del cliente. Así, por un lado, las empresas que vendieran agua mantendrían su canalizaciones en buen estado, evitando fugas; por otro, los agricultores tenderían a economizar su uso.

El método por inundación gasta mucha más agua que el método por goteo, y resulta incluso menos efectivo; la cuestión es que el método por goteo requiere de una inversión inicial que nadie está dispuesto a efectuar mientras el agua sea gratis.

Algunos cálculos estiman que el uso de agua podría reducirse a la mitad sin alterar la producción agrícola; en otras palabras, la mitad del agua que se usa en la agricultura no sirve para producir nada. De hecho, una reducción en el 10% del uso agrícola del agua doblaría las disponibilidades de agua potable.

Cuarto, los gobiernos tercermundistas no disponen de dinero suficiente para hacer llegar agua corriente a las zonas más pobres de sus países. Es decir, mientras que esa gente ve atacada su propiedad mediante el pago de ingentes impuestos, el sector público, en su pésima faceta empresarial, es incapaz de proveerles con los servicios por los que, en teoría, pagan. Ello, como se entenderá, no significa que toda esa población no tenga acceso a agua potable; en caso contrario, en lugar de lamentar 12 millones de muertos al año estaríamos hablando de cientos de millones.

En realidad, estas zonas suelen obtenerla a través del mercado negro; concretamente, los empresarios informales trasladan allí tanques de agua y obtienen de esta manera un precio hasta 100 veces superior al del agua que se vende en las ciudades.

Por tanto, es simplemente falso que la privatización del agua impondría precios prohibitivos para los más pobres del mundo. Muchos de ellos están ya pagando un precio muy superior al que desembolsarían en un mercado donde se establecieran derechos de propiedad.

Para aclarar dudas, hay que señalar que este sobreprecio no se debe a la maldad intrínseca de los empresarios informales. Tengamos presente que el coste de trasladar en tanques periódicamente el agua es mucho mayor que el de construir una red de canalización. La cuestión es que el Gobierno prohíbe a esos mismos empresarios, dado que el agua es un bien "público y universal", que construyan la infraestructura pertinente.

Sin lugar a dudas, los socialistas argüirán que las empresas privadas no tendrían incentivos para construir canalizaciones hacia las zonas más pobres del planeta. En principio, desde el punto de vista de la teoría económica, es dudoso: los empresarios siempre tienen incentivos para servir al mayor número de consumidores posibles. Si hay una masa de consumidores que nadie cree poder servir por los elevados costes, aquellos empresarios que sean capaces de descubrir métodos de producción o distribución más baratos serán capaces de vender en esas zonas y obtener ingentes beneficios. Es más, una oferta constante de agua potable a una zona favorece su desarrollo y consecuente aumento del poder adquisitivo. Por ello, aun cuando en principio no fuera rentable invertir en tales zonas, deberíamos considerarlo una inversión de futuro.

Empíricamente, éste ha sido el resultado. Así, por ejemplo, tras la privatización del agua en Buenos Aires el 85% de las nuevas infraestructuras se crearon en los suburbios más pobres.

Hasta el momento, los argumentos que hemos ofrecido a favor de la privatización del agua no han presupuesto la maldad o torpeza de los políticos. En todo caso, hemos hablado de imposibilidad financiera de construir las infraestructuras (para conseguir un acceso universal al agua se calcula que sería necesario un gasto anual de 180.000 millones de dólares durante 25 años, mientras que hoy por hoy el sector público está invirtiendo 70.000 millones al año y no hay posibilidades reales de ampliar dicha suma), pero no de ineficiencia.

Sin embargo, éste es un elemento que debemos introducir en la ecuación. La oferta de agua pública suele adolecer de constantes fugas, pésima planificación del trazado de las canalizaciones e inversiones innecesariamente costosas. Por no hablar del uso politizado del agua, que lleva a muchos dictadores a "matar de sed" a la población para someterla.

El libro de Fredrik Segerfeldt es francamente interesante, pues, aparte de desarrollar y razonar todos estos puntos, incluye ejemplos prácticos que los ilustran. Ahora bien, habría que realizar una sucinta crítica a una de sus conclusiones. De hecho, Segerfeldt, aun cuando vislumbra los beneficios del agua totalmente privada (en su propiedad y en su distribución), se declara partidario de un modelo de concesiones. A pesar de que asegura que el agua totalmente privada sería mejor que el agua pública, considera que tal sistema tiende a un monopolio natural (esto es, no habría competencia en el negocio, de manera que los empresarios podrían explotar a los consumidores).

Es una pena que Segerfeldt no abandone su esquema mental neoclásico. El monopolio natural es una ficción, ya que la competencia no se establece entre empresas idénticas, sino entre bienes que satisfacen la misma utilidad. El suministrador privado de agua tendría que competir con las empresas de agua embotellada y con la potencial amenaza de la competencia. En el caso del agua, esta potencial amenaza vendría representada, por un lado, por la entrada de nuevas empresas en el mercado y, por otro, por la excavación de pozos o la construcción de cisternas, depósitos o balsas comunitarias.

Un precio excesivo del agua imposibilitaría a los empresarios amortizar su inversión inicial, por lo que otro empresario terminaría comprándole la infraestructura a precio de saldo. El empresario, en otras palabras, siempre continúa sometido a la soberanía del consumidor, a no ser que sea capaz de eliminar físicamente a sus competidores; pero en ese caso, más que de un empresario, estaríamos hablando de un político.

De cualquier modo, Water for sale resulta imprescindible para quienes estén interesados en el prioritario asunto del agua. Los liberales tenemos la obligación moral de ser especialmente combativos en este campo. Doce millones de muertes al año no son tolerables: hay que ganar esta batalla a la izquierda. Como dice el autor del libro: "La gente que hoy vive sin agua no necesita de dogmas y manifestaciones callejeras, simplemente necesita agua. Las soluciones están a todas luces disponibles, y resulta absolutamente reprensible que sean rechazadas por razones ideológicas".

¿Hasta cuándo la fatal arrogancia de los intervencionistas seguirá pesando más que la vida de millones de personas?

La política fiscal y la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los grandes medios de comunicación contraponen deliberadamente dos modos de solucionar la pobreza que en el fondo son idénticos: por un lado tenemos el G-8, cumbre política capitalista y economicista; por otro el Live 8, movimiento social y solidario

El G-8 y Live 8 son vistos como el frío y el calor, la razón y el corazón, el pragmatismo y las buenas intenciones. El ciudadano medio tiende a observar ambos movimientos como dos caminos para erradicar la pobreza: uno calculador, lento pero eficaz, y otro impulsivo, bienintencionado pero torpe.

En realidad, la diferencia entre el G-8 y el Live 8 son mínimas; mucho más adecuado sería agruparlos en el calificativo de la Banda del 8. Ambos movimientos desconfían del individuo, del capitalismo y de la propiedad privada. Sus recomendaciones pasan indefectiblemente por expoliar al ciudadano occidental e incrementar el intervencionismo y la planificación en África. Unos y otros son, al fin y al cabo, socialistas, ya sea de cabeza o de corazón.

Aun así, conviene estudiar cuáles son los efectos de algunas de sus más sonadas propuestas para desarrollar el Tercer Mundo. ¿Tienen algún efecto positivo?

La redistribución cósmica del 0’7%

Tanto el Live 8 como el G-8 parecen dispuestos a donar al Tercer Mundo un 0’7% de su PIB. Sin duda, se trata de la principal reivindicación de los grupos socialistas, que todavía no han entendido absolutamente nada acerca del funcionamiento de la sociedad.

El gran economista del desarrollo P. T. Bauer solía resumir el problema de la ayuda externa en dos frases que nos servirán como guión para nuestra explicación.

Por un lado, la ayuda externa no es necesaria ni suficiente para lograr el desarrollo. Como dijimos, el elemento clave para la generación de riqueza es la propiedad privada, que da lugar a la división del trabajo y a la acumulación de capital. Sin propiedad privada la ayuda externa, simplemente, se despilfarrará.

Imagine que usted recibe un premio de 10.000 euros; tiene dos opciones: o gastarlo o invertirlo. El desarrollo necesita, como ya hemos señalado, de inversión en bienes de capital. Sin protección de la propiedad privada, empero, toda inversión resultará absurda, pues el Gobierno podría expropiarle en cualquier momento su riqueza. La decisión más racional será utilizar los 10.000 euros en gastos corrientes e inmediatos.

Además, aun cuando algún arriesgado africano se decidiera a invertirlos, sin reconocimiento de la propiedad privada, su empresa quebraría a las pocas semanas. ¿Quién puede acumular riqueza en un clima hostil a la riqueza? Por poner una analogía: antes de repoblar un bosque hay que apagar el incendio. Si empezáramos a plantar árboles cuando las llamas aún estuvieran incandescentes los nuevos árboles serían rápidamente arrasados por el fuego.

Ahora bien, la ayuda externa tampoco es necesaria para el desarrollo. Como vimos en el primer artículo, cuando la propiedad privada y la libertad comercial están presentes el ritmo de creación de riqueza deviene tan acelerado que las transferencias públicas resultan, cuando menos, irrelevantes. "Aramos", le dijo la mosca política al buey empresarial.

Ningún país se ha desarrollado gracias a la planificación política. El colapso del sistema socialista está suficientemente reciente como para que algunos sigan implorando la ayuda externa a modo de panacea.

Pero además P. T. Bauer resumía el problema de la ayuda externa como la transferencia coactiva de dinero desde los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres. El famoso 0’7% supone, en la práctica, una consolidación de las dictaduras que empobrecen África.

Lejos de contribuir a la limitación de su poder, el 0’7% incrementa el poder y afán dirigista de unos regímenes asentados en el vilipendio de las libertades de sus ciudadanos y en el nulo respeto a la propiedad privada. Cabe afirmar, pues, que, lejos de ser inútil, la ayuda externa resulta nociva para el Tercer Mundo.

Los tiranos desvían la atención del auténtico problema –su ataque a la propiedad privada–, los occidentales se sienten complacidos con su contribución y los africanos se estancan en la miseria. ¿Qué más podría esperarse de una transferencia desde los europeos a los políticos africanos?

Un impuesto regresivo llamado Tasa Tobin

Desde diversas asociaciones izquierdistas como Attac se viene clamando por la necesidad de imponer un impuesto a las transacciones financieras internacionales (concretamente, en el cambio de moneda) para obtener fondos suficientes para desarrollar el Tercer Mundo.

La crítica al 0’7% resulta aplicable a este caso: la ampliación del poder político no sirve para enriquecer a los países, más bien para empobrecerlos. Pero es que, además, la Tasa Tobin tiene una serie de efectos perversos adicionales que conviene destacar.

Por un lado, el impuesto grava los canjes de moneda, de manera que se encarece invertir en el extranjero. Por ejemplo, si un europeo crea una empresa en Ghana, y contrata a varios trabajadores ghaneses, tendrá que convertir los euros en nuevos cedis (moneda oficial de Ghana), para lo cual tendrá que pagar el impuesto. En otras palabras, la Tasa Tobin, por mucho que sus defensores lo nieguen, reduce la inversión de capital en países extranjeros. En ese sentido, si recordamos el primer artículo rápidamente entenderemos los efectos perversos que puede tener para el desarrollo. Sin capital no hay posibilidad de aumentar la riqueza.

Por otro lado, la Tasa Tobin es un impuesto regresivo, especialmente perjudicial para los pobres. La razón es que las monedas débiles siempre se expresan en dólares, de manera que el número de transacciones se dobla. Imaginemos que un agricultor ghanés vende su mercancía en Japón. Lógicamente, tendrá que convertir los yenes en nuevos cedis; el problema es que antes deberá convertir el yen en dólares, y luego los dólares en nuevos cedis. Así, la Tasa Tobin grava doblemente a los más pobres con monedas débiles.

En resumen, como ayuda externa es nociva, en tanto refuerza el socialismo de las dictaduras africanas; como impuesto sobre las transacciones financieras desalienta la acumulación de capital y se ceba especialmente con los más pobres.

La cultura os hará ricos

Otro mito muy extendido acerca de África es que su pobreza está estrechamente relacionada con su escasa alfabetización. En realidad, la pobreza es la causa del analfabetismo, no a la inversa. Las sociedades primero se enriquecen y luego se alfabetizan; o, mejor dicho, se alfabetizan conforme se enriquecen.

Ya dijimos que cuando la división del trabajo opera en el marco del capitalismo y de la propiedad privada las personas se especializan en su oficio. Esta especialización es, precisamente, un tipo de educación. Se adquieren nuevas técnicas para servir de mejor modo al consumidor.

Además, las sociedades basadas en la propiedad privada se caracterizan por una continua acumulación de capital. Una forma de este capital es el aprendizaje que un individuo adquiere en el sistema educativo.

Ahora bien, de la misma manera que sería absurdo que un empresario construyera en Kenia "media" fábrica de automóviles (es decir, que la inversión en capital se quedara a la mitad), también resulta descabellado inundar África de universitarios cuando carecen de los bienes de capital necesarios para utilizarlos. ¿Qué hará un ingeniero de telecomunicaciones con una azada?

Planificar políticamente la educación de una sociedad suele tener, además, dos malignas consecuencias. Primero, supone una excusa perfecta para que los gobiernos expandan su poder planificador e incrementen los impuestos; esto no sólo supone un nuevo ataque a la propiedad privada de los africanos, sino que los occidentales verán reducidos los incentivos de invertir en un país donde una creciente parte de las rentes es expropiada por el Gobierno. Segundo, los individuos más educados no encuentran en sus países empleos "adecuados a sus capacidades" ni "retribuciones suficientemente altas". En otras palabras, tiene lugar la famosa "fuga de cerebros". Dado que Occidente necesita de universitarios, en lugar de trabajar en sus sociedades los individuos más preparados emigran a los países ricos.

El resultado neto es que los africanos financian coactivamente –a través de sus impuestos– la educación de los trabajadores de las empresas occidentales.

¿Quién debe a quién?

Aun cuando en principio me siento atraído por la idea de que los ciudadanos africanos se nieguen a pagar unas deudas que han sido contraídas entre los tiranos africanos y los tiranos europeos, hay que señalar que si algo no necesita África son tratos especiales.

Pocas cosas causan más daño a los africanos que la creencia de que el mundo tiene una deuda pendiente con ellos por siglos de colonización y explotación. Los africanos tienen que desarrollarse como lo ha hecho todo el mundo, no a través de vacíos créditos sociales. De esos créditos no se deriva la riqueza, sino su espejismo.

Primero, una gran cantidad del dinero ahora adeudado fue ingresado en las cuentas bancarias de los dictadores africanos. En este sentido, nada más sencillo para cancelar la deuda que localizar los activos de los dictadores.

Segundo, al igual que con el 0’7%, la cancelación de la deuda no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo. Si la propiedad privada sigue sin respetarse, la cancelación de la deuda sólo servirá para que los dictadores vuelvan a endeudarse y para expandir el poder del Estado. Si la propiedad privada se respeta no habrá dificultades para, a través de la continua generación de riqueza, devolver la deuda.

Tercero, una de las facetas de la propiedad privada es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluso en el caso de que la cancelación pudiera tener unas iniciales consecuencias beneficiosas, el daño moral causado por la violación pública e internacional del cumplimiento contractual compensaría, con mucho, los beneficios obtenidos.

Dicho todo esto, hay que señalar que las situaciones de deudas estatales internacionales son del todo repulsivas. Las burocracias internacionales como el FMI y el Banco Mundial deben ser inmediatamente cerradas. Es intolerable tanto que los tiranos africanos se endeuden en nombre de sus ciudadanos como que los tiranos europeos presten nuestro dinero sin nuestro consentimiento.

Conclusión

Después de esta serie de artículos podemos extraer una serie de conclusiones acerca del desarrollo. Primero, la propiedad privada es la base de la generación de riqueza, a través de la división del trabajo y la acumulación de capital. Segundo, la pobreza africana se debe, en buena medida, a esa ausencia de respeto a la propiedad privada, pero también a la nefasta política proteccionista de Occidente. Tercero, las propuestas socialistas de la Banda del 8, en caso de implementarse, no sólo no conseguirán enriquecer a África, sino que la hundirán más en la miseria.

África ya ha tenido suficientes décadas de caudillismo y socialismo como para perseverar en el mismo error. Démosle una oportunidad a la libertad.

Socialismo por la propiedad titiritera

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Con la muerte de Ronald Reagan se multiplicaron las valoraciones, generalmente positivas, de la labor política de quien ha sido elegido recientemente el estadounidense más importante del siglo XX. Uno de los aspectos más sobresalientes de su ejecución fue su política fiscal. Por un lado aumentó los gastos militares para acelerar el declive económico de la URSS y precipitar su caída, y por otro redujo e hizo más sencillos los impuestos para relanzar la economía. En ambos aspectos recabó enormes éxitos. Una visión somera podría indicar que George W. Bush está reeditando la política de quien fue Presidente cuando su padre ocupaba la vicepresidencia.

Pero no es así. Es más, Bush ni siquiera llegó al poder con las pretensiones de ser un reaganita, con su propuesta del conservadurismo compasivo. Y si bien las circunstancias históricas le han convertido en un neoconservador, cuando él mismo no lo era, no ha tenido la visión o el interés por convertirse al conservadurismo de Reagan, más que en el aspecto de los impuestos. Porque por lo que al gasto se refiere, la política de George W. Bush es la más expansionista e irresponsable desde Lyndon B. Johnson. Los años fiscales 2002 a 2005 son 4 de los 10 más expansivos de los últimos 40 años. Esta política manirrota no se debe a la “guerra contra el terrorismo”. En lo que lleva firmando cheques desde el despacho oval, ha aumentado el gasto en educación en un 98,6%. En lugar de acabar, como debía haberlo hecho, con las subvenciones a la agricultura, ha aumentado las que ya había y ha creado otras nuevas. El gasto en sanidad, especialmente en el programa Medicare, ha crecido de forma notable, y eso que aún no ha entrado en vigor la socialización del pago de medicinas que ha impulsado. Hasta el momento el gasto federal se ha incrementado en estos cuatro años en un 33%, más que en los 8 años que estuvo Clinton en el poder.

En los años de su predecesor coincidieron el triunfo del “pacto con América” liderado por Newt Grinwich y que moderó el crecimiento del gasto con las reformas en el Estado Providencia promovidas por Clinton y un recorte en la fiscalidad a las ganancias de capital. Esas condiciones de moderación del gasto, leve recorte de impuestos y reforma económica fueron suficientes para mejorar la economía estadounidense y para alcanzar importantes superávit fiscales. Se llegó a decir que en poco más de una década se podría amortizar la deuda pública. Bush no solo ha impulsado las principales partidas del gasto, sino que no ha hecho un solo uso de su potestad de veto para frenar determinadas partidas de gasto. Y lo que es peor, todo ello tiene lugar con una clara mayoría republicana en ambas cámaras; toda una excepción desde que ganara por primera vez Franklin D. Roosevelt. Nada indica que Bush vaya a moderar el crecimiento del gasto público.

La otra pata de su política fiscal está siendo todo un éxito. La bajada de tipos impositivos funciona de nuevo y en lo que llevamos de año los ingresos están creciendo un 15% no a pesar, sino por causa de haber bajado los tipos y en particular de reducir la doble imposición sobre las ganancias de capital. La menor fiscalidad sobre el ahorro y las ganancias de la inversión están permitiendo un rebote de la inversión; de la creación de riqueza. Con la mayor recaudación, los enormes déficit que muchos anunciaban (y casi deseaban) para la economía estadounidense no solo no se producen, sino que las previsiones para el presente ejercicio rondan el 2,5%. Un déficit envidiable para más de un país europeo.

En cierto sentido el gasto es el verdadero impuesto, ya que habrá de ser sufragado con mediante éstos o con deuda pública, que en última instancia también será pagada con impuestos. De modo que Bush está aumentando las necesidades de recaudación, presente o futura, de forma notable. Podrá enfrentarla por el camino de una fiscalidad más moderada y sencilla y más centrada en el consumo, que es el que está tomando. Pero todo ello tiene el peligro de que ese mismo camino hace más grande y poderoso el Estado, con todo el peligro que ello entraña y que siempre ha sabido ver el liberalismo. La combinación entre este crecimiento estatal y la interminable “guerra contra el terrorismo”, en cuyo nombre ya se ha justificado en ese país la nacionalización de la seguridad de los aeropuertos, puede resultar una amenaza más grave de la que quizás hayamos pensado. Habrá que estar vigilantes.

Ineficiencia estatal

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Hubo un tiempo en que el socialismo tenía como principal reivindicación la propiedad pública de los medios de producción. Aunque cada uno pudiera poseer privadamente aquello que usaba y consumía, que era más bien poco, todo el tejido productivo debía ser propiedad del Estado. Así, se cumplía el sueño del totalitarismo perfecto pues, como recordó Trotski antes de que ciertos objetos incrustados en su cabeza le impidieran pensar con claridad, en el socialismo quien no obedece no come.

Una vez abandonada la vía a la sociedad perfecta, la de los cien millones de muertos, el socialismo ha decidido aceptar a regañadientes que han de ser las empresas quienes produzcan los bienes. Principalmente porque sus dictaduras se hundían y sus partidos no eran votados si se dedicaban sin demasiado disimulo al latrocinio descontrolado vía impuestos y nacionalizaciones. Sin embargo, nunca han dejado de demostrar a la primera oportunidad su poco amor por la propiedad privada, agitándose como la niña del exorcista cuando se menciona la mera posibilidad de eliminar el control estatal del agua, el suelo u otras parcelas que nuestros amables gobernantes tienen a bien gestionar en nuestro lugar. Quizá por eso, resulta realmente sorprendente el amor desmedido que muestra por un tipo concreto de propiedad privada como son los derechos de autor, a los que han dedicado una nueva canción de amor desesperada en el último consejo de ministros.

A falta de conocer con detalle el texto, parece que el Gobierno ha decidido obedecer a las entidades de gestión como el sindicato vertical SGAE y prohibir en la práctica la copia privada. Si se aprueba este proyecto de ley, dejará de ser legal intercambiar ficheros por Internet o de mano en mano y cada usuario podrá hacer sólo tres copias de aquello que legalmente posea, un número para el que no se ofrece justificación tecnológica pero que en lenguaje bíblico significa “unión con la divinidad”, lo que nos dice mucho de la exagerada opinión que tiene el socialismo de Teddy Bautista. Parece, por tanto, que la nueva ley convierte la copia privada en un concepto mucho más restrictivo que la copia de seguridad que se permite en las aplicaciones de ordenador. Sin embargo, al mismo tiempo, se amplía la ley para que los soportes digitales como CDs y DVDs paguen un canon a cambio de permitir el derecho de copia privada, que hasta ahora dependía de un acuerdo entre particulares que empezaba a ser cuestionado en los tribunales. Es decir, limitan un derecho y amplían el ámbito de cobro del mismo.

En resumen, a usted y a mí nos seguirán cobrando un canon, ahora con mayor base legal, pero nos quitan el derecho a intercambiar música y películas sin ánimo de lucro. En vista de lo cual parece lógico concluir que los únicos que salen ganando son los bautistas. De donde se deduce el mandamiento único progresista sobre la propiedad: la propiedad es mala sí y solo sí alguien de derechas puede acceder a ella. Por eso todas las grandes multinacionales son malas, menos la de Polanco. La propiedad estatal es estupenda, siempre y cuando el gobierno sea de izquierdas. Y por eso es bueno extorsionar a los débiles para pagar a Ramoncín; si los titiriteros fueran mayoritariamente de derechas, otro gallo nos cantaría. Y podría hacerlo sin pagar canon.

Por qué el socialismo empobrece a África

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Por qué el socialismo empobrece a África

Según un informe presentado por el ministro Jesús Caldera, la Seguridad Social entrará en déficit en el año 2015 con un déficit presupuestario de 625 millones de euros y que aumentará a 18.000 millones en 2020.

Para solucionar el problema Caldera propone hacer recortes en las pensiones de viudedad, jubilación anticipada y en las prestaciones por incapacidad permanente. Es decir, se libra de sus responsabilidades pero mantiene las mismas obligaciones para la sociedad, pagar y pagar al estado para no hacer nada. La solución del gobierno son recortes discriminatorios de unos grupos en detrimento de otros.

Esto nos demuestra que el gobierno no es apto para dirigir nuestro futuro. No es él quien paga su ineficiencia, sino todos nosotros. Los miembros del estado, además, tampoco están interesados en que mejoremos porque ellos están al margen del sistema que han creado. Si a Jesús Caldera, por ejemplo, se le diagnosticara una compleja y rara enfermedad (aparte de la de ser ministro) no recurriría a la seguridad social, sino que se iría a hospitales privados de Estados Unidos para curársela a costa de nuestro dinero. Pero si a usted se le diagnostica esa misma enfermedad, el estado no le pagará la cura en el mejor hospital, sino que tendrá que esperarse varios años y un trato nefasto.

Comparándonos con nuestros países vecinos europeos, España está funcionando bien (lo que no dice mucho de nuestros vecinos). Y si ahora que vamos bien, las cuentas públicas van mal, imagínese si el escenario económico cambia a peor. Imagínese que las cosas empiezan a ir mal para España. Se podría agravar la deslocalización de empresas, que con las leyes liberticidas que tenemos no sería una oportunidad, sino un riesgo; podría estallar la burbuja inmobiliaria; todos los inmigrantes que han entrado o entrarán a cotizar se podrían quedar sin trabajo y entonces harían uso de sus derechos positivos, y eso sí que sería un buen golpe para la seguridad social.

Si algo similar a lo apuntado ocurriese, nosotros tendríamos poco margen de maniobra porque el dinero que tendríamos que haber acumulado en nuestros años de trabajo, ahora el estado se lo ha gastado en banalidades que en su momento le proporcionó votos. Así pues, estaríamos en un momento realmente crítico. El estado nos ha dejado totalmente indefensos.

El estado del bienestar tampoco ha asegurado un trabajo para todos, ni una educación puramente libre, tampoco es capaz de asegurar nuestra protección física, ni nuestro futuro económico. Antes que los gobiernos impusieran el estado del bienestar, cuando alguien llegaba a su etapa más avanzada había acumulado un capital para sus futuros años. Curiosamente, ahora, con el estado del bienestar, llegamos a viejos con lo mínimo y nuestro futuro depende casi completamente del estado. Lo único que ha conseguido el estado omnipotente es recortar nuestras libertades individuales, robarnos por medio de impuestos enormes cantidades de dinero e hipotecar nuestro futuro y el de nuestros hijos con déficit y deuda.

El estado del bienestar no administra mejor nuestro dinero, sino que nos lo roba y se lo gasta como quiere, y con el tiempo ha eliminado nuestro sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos creando un futuro incierto y un presente que sirve para enriquecer a políticos, ociosos funcionarios y grupos de presión que se esconden de sus consumidores y responsabilidades sociales detrás de las leyes.

¿Y cómo como nos podemos defender de los políticos y del estado? Evidentemente la solución no son los políticos. Ellos le dirán lo que quiere oír y después harán lo de siempre. Viven de esto. Sólo resguardar nuestro dinero de las garras del estado nos pueden defender del autentico sociópata estatal. La indiferencia hacia los medios políticos es la mejor garantía para nuestro futuro. No nos engañemos, si queremos conseguir mayor bienestar en el futuro, no esperemos que nos lo dé el estado, consigámoslo por nuestros propios medios evitando al máximo la garra estatal.

Nacionalización en nombre del bien común

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

A su vez, perfilamos que la globalización abre las posibilidades. La división del trabajo ya no tiene que ajustarse a los estrechos límites de un país como España, sino que la especialización puede realizarse a nivel europeo, incluso mundial, aumentando su eficiencia. Cada individuo, en cualquier parte del mundo, puede producir, tras un análisis empresarial de las necesidades de los consumidores, aquello para lo que está más capacitado, sabiendo que podrá venderlo a las más lejanas sociedades. Por último, el capital puede invertirse por todo el orbe de una manera más adecuada en atención a su productividad y a los costes asociados.

En este sentido, por ejemplo, si una guerra devastara toda la riqueza alemana, la recuperación económica sería rápida. Los alemanes estarían forzados al principio a aceptar bajos salarios, ya que sus bienes de capital habrían desaparecido y, por tanto, su productividad sería baja (unos salarios más elevados que la productividad significarían que el empresario está pagando más de lo que espera obtener vendiendo el producto). Estos bajos salarios permitirían a los empresarios españoles producir en Alemania lo mismo que en España, pero a un menor coste. Es más, podrían producir en Alemania y seguir vendiendo la producción a sociedades ricas como España o Reino Unido.

Por tanto, la inversión extranjera en bienes de capital empezaría a reconstruir todo el equipo productivo alemán que había sido destruido con la guerra, y ello, a su vez, provocaría un incremento de los salarios. De esta manera, la situación de pobreza postbélica sería rápidamente revertida. Alemania volvería a ser una sociedad rica, gracias a la globalización. Algo similar, de hecho, ocurrió tras la II Guerra Mundial.

Con todo, muchos han sido los intentos por hacernos creer que el Plan Marshall salvó a Europa de la miseria. Hong Kong, por ejemplo, era por aquel entonces una ciudad paupérrima, y no recibió ningún tipo de Plan Marshall; hoy, gracias a sus libres mercados, interiores y exteriores, es la región más rica y libre del mundo. Fueron, pues, las inversiones empresariales las que reconstruyeron la riqueza Europea, no los planes de algunos políticos iluminados.

Ahora bien, si todo esto es así, ¿por qué África sigue siendo pobre?

Propiedad privada y estabilidad institucional

En el anterior artículo aseguramos que no puede haber riqueza sin propiedad privada. Si yo no soy propietario de una trozo tierra, no podré incorporarlo a mis planes como medio hacia mis fines y, por tanto, no podré considerarlo riqueza. La propiedad común hace imposible que el individuo satisfaga sus fines y, especialmente, dificulta la consecución de fines muy lejanos.

La ausencia de seguridad jurídica sobre la posibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos, crea un perverso incentivo cortoplacista a saquear las propiedades comunes. Lo que es del común es del ningún, reza el refranero español. En teoría económica, a este fenómeno se lo conoce como "Tragedia de los Comunes", expresión acuñada por Garrett Hardin.

La explicación no puede ser más simple. Sin seguridad jurídica yo no puedo incluir un bien en mis planes a largo plazo, pues ignoro si tal bien habrá sido ya usado por otra persona con anterioridad. Es más, en realidad sólo podré dar algún uso a ese bien si lo utilizo antes que los demás, si lo empleo para planes muy inmediatos (ya que, en caso contrario, serán otros quienes lo empleen). Así, se produce una carrera entre los potenciales usuarios para ver quién esquilma antes el bien, es decir, quién lo integra antes en sus planes.

El resultado es la progresiva degradación de la "riqueza natural", que no llegará a convertirse jamás en "riqueza humana". No sólo eso: nadie estará dispuesto a invertir en capital si no tiene la seguridad de que podrá rentabilizarlo.

En África la gran mayoría de las tierras son comunales. Nadie acepta sacrificar su riqueza presente en unas tierras cuyos rendimientos revertirán sobre otras personas que no han invertido. La tendencia, por tanto, es a limitar al máximo el esfuerzo laboral propio para consumir los bienes obtenidos por los compañeros de trabajo. Si el reparto de frutos no depende del esfuerzo individual sino del resultado común, ¿puede esperarse otra cosa que el parasitismo?

Pero esto, a su vez, incide sobre los otros dos medios a través de los que se genera la riqueza: la división del trabajo y la acumulación de capital.

Como hemos dicho, ningún africano emprenderá proyectos empresariales de muy lejano alcance por la enorme inseguridad jurídica que rodea la retención de los medios necesarios para acometerlos. La división del trabajo es un proyecto empresarial de largo alcance; aun en su forma más simple, cada persona deberá esperar a que otros adquieran sus productos para poder consumir aquello que realmente desea. Hay que producir, intercambiar lo producido por dinero y luego comprar el bien deseado.

Sin derechos de propiedad bien definidos, el individuo ignora si podrá completar el proceso: bien podría perder la propiedad de sus mercancías o la del dinero obtenido. Por ello, cada persona tratará de proveerse de aquello que necesita directamente; no pretenderá especializarse en satisfacer las necesidades ajenas. Retrocedemos, así, a una economía de subsistencia donde la división social del trabajo y del conocimiento ha desaparecido.

De la misma manera, la ausencia de instituciones estables que garanticen el derecho de propiedad (las frecuentes guerras civiles, las férreas dictaduras y las recurrentes expropiaciones nacionalizadoras) desalientan tanto a los propios africanos como a los occidentales de invertir allí su riqueza en forma de capital. Recordemos que la inversión en capital supone sacrificar riqueza presente para obtener una renta futura que compense el sacrificio actual. La ausencia de propiedad, pues, no sólo vuelve incierta la propiedad sobre ese conjunto de rentas futuras, sino sobre la inversión de capital que da lugar a las mismas.

Sin derechos de propiedad la riqueza se esfuma, la división de trabajo se resquebraja y el capital desaparece en cuanto a tal.

El proteccionismo occidental

La responsabilidad de los africanos, y especialmente de sus políticos, es manifiesta. La ausencia de instituciones y el fomento de dictaduras anticapitalistas es la razón de fondo de la pobreza en África. Sin embargo, la inexistencia de dichas instituciones no significa que no puedan aparecer y formarse. La inversión occidental, por ejemplo, promovería el respeto por la propiedad privada, el esfuerzo individual y la iniciativa empresarial. Los africanos empezarían a imitar y copiar las provechosas conductas occidentales, aprendiendo a aumentar su propio bienestar sin atacar el de los demás.

El problema es que los africanos se han convertido en víctimas del proteccionismo occidental. En el primer artículo dijimos que el progreso económico necesitaba de libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales, esto es, de globalización. Pues bien, a pesar de que la izquierda no deje de repetir lo contrario, la globalización se encuentra en un estadio extraordinariamente primitivo.

Los aranceles europeos y norteamericanos están matando a África (no en vano, en las pasadas elecciones europeas Coalición Liberal utilizó el contundente slogan de "La PAC mata"). No se trata, solamente, de que el proteccionismo impide a los africanos vender sus productos en los mercados occidentales a precios más elevados de los que podrían obtener en los mercados locales: el perjuicio de los aranceles va mucho más allá.

Dado que los empresarios occidentales saben que, en caso de trasladar sus plantas a África, no van a poder vender sus productos en Europa, los incentivos a la inversión occidental en África desaparecen. En otras palabras, si el empresario tiene la ventaja de producir barato en África y se ve constreñido a vender barato "en África", la razón para invertir en una zona inestable e insegura, con márgenes de beneficio similares a los occidentales, es escasa.

Así, las sociedades africanas no pueden recurrir al ahorro occidental para financiar sus estructuras de capital; al no existir libre comercio, la libertad de movimientos de capital se marchita.

Y sin ella difícilmente podrá África prosperar a corto plazo. Por un lado, porque las empresas occidentales no ejercerán su necesaria función de liderazgo, generando de manera espontánea las instituciones y comportamientos pautados previamente descritos. Por otro, porque sin el capital occidental, como ya dijimos, los africanos son incapaces de explotar su inmensa "riqueza natural". La izquierda puede frotarse las manos ante los sustanciosos recursos naturales africanos, pero sin el capital occidental son del todo accesorios e inútiles.

Pero, finalmente, y sobre todo, porque los africanos no tienen capacidad para acumular a corto plazo el ahorro necesario como para emprender inversiones en capital. Europa necesitó varios siglos para obtenerlo; a Asia, en cambio, le han bastado unas pocas décadas, gracias al excedente de ahorro occidental. África debería seguir el mismo camino, si los políticos, europeos y africanos, no distorsionaran la libertad empresarial.

Además, si recordamos las conclusiones del artículo anterior, no nos será difícil comprender algunas de las consecuencias de la política arancelaria. Dijimos que había dos opciones para conseguir aumentar el nivel de vida de los africanos: o bien los empresarios occidentales invertían en África, donde los salarios son bajos, para vender sus productos en Europa, o bien los africanos acuden allí donde los salarios son elevados.

Ante la imposibilidad de la primera opción, la segunda vía de escape aparece como el único camino. No es extraño, pues, que Europa, ante sus irresponsables aranceles, esté padeciendo enormes oleadas de inmigración. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si el capital no puede acudir allí donde el salario es barato, el trabajo acudirá allí donde el salario es alto.

En el caso de que los políticos europeos quisieran realmente reducir la creciente inmigración que padece Europa, nada hay más urgente que eliminar los gravosos aranceles comunitarios. No ya sólo porque empobrezcan a los africanos, sino porque hacen lo propio con los consumidores europeos, forzados a pagar un precio superior al que hubieran desembolsado sin arancel.

Vemos, pues, cómo el ataque al libre comercio repercute necesariamente sobre el movimiento de capitales y la división social del trabajo. Ninguna restricción de las libertades es inocua, todas provocan una serie de acontecimientos sociales, a cada cual más nocivo: y es que los problemas de la inmigración en occidente se ven, a su vez, agravados por otra serie de políticas intervencionistas.

Para terminar con la pobreza y la inmigración descontrolada debemos reestablecer el libre comercio que caracterizó al siglo XIX, el de mayor expansión económica de la historia. Sólo así los empresarios occidentales decidirán invertir en África, facilitando la emergencia del respeto a la propiedad privada y de una clase empresarial nativa que liderará en el futuro el desarrollo de sus sociedades. El libre comercio, además, permitirá a los africanos acumular sus propios ahorros, lo que a su vez dará lugar a una clase capitalista africana.

Ninguna de estas propuestas ha sido planteada por el Live 8 y el G-8. En su lugar, hemos escuchado propuestas tan pintorescas como la Tasa Tobin, la condonación de la deuda externa, la escolarización obligatoria de la población y, sobre todo, la ayuda externa estatal a través del 0’7%. ¿Tienen estas propuestas algún viso de viabilidad o simplemente acrecentarán el problema original de la pobreza? Lo explicaremos en el próximo artículo.

Atentados terroristas y catástrofes naturales

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que quiere comprar zonas adyacentes al litoral para su mejor preservación. Así pretende “corregir en lo posible los efectos indeseables de la ocupación en zonas muy degradadas” en la costa o con una “urbanización excesiva”.

Ministra. ¿Qué significa para usted “muy degradado” o “excesivo”? El libre mercado lo mide todo, y a todo le otorga un precio. El libre mercado no es un dictador que imponga su moral como usted hace con su particular medida. Cuando un terreno está “muy degradado” o su urbanización es “excesiva” su precio baja según las preferencias subjetivas del consumidor. Legiones de compradores y vendedores saben mejor que usted el auténtico significado de “muy degradado” o “excesivo”. Su medida es arbitraria y sólo la aplica para aumentar su fuerza, su ego y esnobismo.

Por otra parte, ministra, ¿de dónde piensa sacará el dinero para llevar a cabo su labor? Usted tiene un cargo que no es productivo. El desarrollo de sus funciones no producen ni aportan nada a la sociedad, por eso necesita financiar su puesto y toda la horda de funcionarios que le siguen con impuestos. Dicho de otra forma, necesita recurrir a la extorsión de los impuestos para financiar sus elevados fines que empresas y particulares pagan por miedo a represalias suyas. ¿Le robará el dinero al pequeño comercio? ¿A las familias altamente endeudadas? ¿Acaso a las empresas extranjeras para que se vayan a otro país?

Aparte de usurpar ilegítimamente el dinero de los españoles, ¿ha pensado que pasará con los negociantes que viven del comercio en esas zonas si reduce la dinámica comercial? El “turismo de calidad” por el que aboga su jefe se convertirá en el turismo nulo. ¿De verdad cree que los extranjeros vienen a España para ver parques nacionales, zonas verdes o una “sociedad ecológica”?

Si quiere hacer algo por el ecologismo, la sociedad y aumentar y cambiar la estructura productiva del país haga algo mucho mejor: privatice todo el terreno nacional. Sí. ¡Venda todo el terreno que ustedes, los políticos, han expropiado a la sociedad civil! Con el dinero que obtenga indemnice al pagador de impuestos, amortice la deuda estatal y elimine los derechos positivos que ha creado el estado.

La economía privada acabará de una vez por todas con los problemas, que los de su clase han creado; como la “escasez” de energía, el agua que van regalando a los campesinos y malgastan con rupestres sistemas de riego como el de inundación, incluso con los derechos de contaminación que ustedes venden según sus juegos y manipulaciones políticas.

Elimine todas las subvenciones, especialmente las destinadas a la agricultura. Nos salen carísimas, descomponen la estructura productiva, crean sectores rígidos y anticuados que no deberían existir y evidentemente perjudican a la naturaleza. ¿Quiere convertir nuestras montañas en grades terrenos verdes como en el pasado? ¿Pues qué hace regalando el dinero a agricultores? Si elimina las subvenciones a la agricultura las montañas se volverán a poblar de naturaleza y los agricultores encontrarán sistemas más beneficiosos y productivos que vivir de subvenciones estatales.

Señora ministra, usted no es la solución a ninguno de los problemas ecológicos de España, sino la amenaza. Su ecologismo contra el capitalismo y la propiedad privada lo vamos a pagar todos. Sólo la libertad de mercado —de la que usted es tan detractora— nos darán una España económicamente sostenible y próspera.