Ir al contenido principal

Irresponsabilidad, servidumbre y pobreza

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagínese que decide crear una empresa. Si la ha creado bajo su riesgo e iniciativa sin el uso de la extorsión ¿por qué le han de obligar a contratar o mantener a Fulano o a Mengano? ¿Por qué por cada 50 empleados ha de “contratar un 2% de discapacitados en su plantilla”? ¿Por qué ha de indemnizar a Fulano cuando le despide, pero si éste se va, él no le indemniza a usted?

Los partidarios de la represión social y económica le dirán que al crear una empresa usted automáticamente adquiere un compromiso politico–social con la comunidad. Es decir, ser empresario no significa gratificar al cliente, sino ser el esclavo de una facción de visionarios (los progres). Pero la realidad es que el empresario está sirviendo a la comunidad con su producción (pan, zapatos, coches…) bajo su propio riesgo. Si no produce lo que la comunidad pide, tendrá que cerrar. Usted, como empresario, sólo será recompensado o castigado por su capacidad para servir a los demás.

El cliente lo juzga todo. Si el producto de una empresa es caro, el consumidor irá a adquirirlo a otra; si un vendedor cae mal a su cliente, éste irá a comprar a otra empresa; y si el empresario actúa de “forma inmoral” según el cliente, éste se irá a comprar a otra empresa también. Las decisiones individuales de cada uno repercuten sobre su propia persona.

Recientemente los sindicatos se han horrorizado: “una mujer ha sido despedida por estar embarazada. CCOO presentará una denuncia contra la empresa (que es una panadería)”. Así, los sindicatos reclaman fuertes medidas contra el cruel empresario (el panadero). Su conclusión es que todos los empresarios han de ser fiscalizados por su naturaleza perversa.

Un asalariado es tan persona como un empresario, y sus acciones son las mismas. En el ejemplo de la panadería, la empleada ha tomado una decisión que no sólo le afecta a ella, sino también a los demás, pero gracias a los sindicatos, ella puede eludir su propia responsabilidad traspasándosela al empresario. Eso significa que el empresario será menos competitivo, y que siendo así, su cliente le irá abandonando bajo peligro de cerrar su negocio. Traspasar las consecuencias voluntarias del empleado al empresario —o pagador de impuestos— es un sinsentido que sólo incentiva la irresponsabilidad. De hecho, ¿por qué no ha de ser la empleada quien indemnice al panadero por dejar de producir en el futuro? Las leyes que obligan a indemnizar (al trabajador o empresario) sólo crean irresponsabilidad, desempleo y un mercado de privilegios.

Cuando el empresario o pagador de impuestos está obligado a transferir su dinero (o esfuerzo productivo) a un fin no deseado mediante el arma de la extorsión, se crea lo que siempre se ha llamado esclavitud; y quien la defiende, es un tirano: el estado, sindicatos, la ley, grupos de presión…

Si no hubiese impedimentos al trabajo (leyes), el mercado laboral no sería como una trinchera donde uno ha de quedarse quieto para sobrevivir como ocurre en la actualidad, sino que dotaría de movilidad a empresario y trabajador para crear un mercado laboral vivo. Precisamente los países que menos leyes tienen al trabajo son los que disfrutan de mayor empleo, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos…

Pero si lo que pretendemos es impulsar la irresponsabilidad individual, pobreza y servidumbre, inventemos cuantas más leyes mejor. En un mudo donde los recursos no fuesen escasos y no hiciese falta la economía, semejantes medidas no implicarían nada negativo, pero en un mundo donde los bienes son escasos, esa irresponsabilidad sólo crea un entorno económico y social insostenible, nadie es responsable de sus actos ya. .

Si queremos trabajar por un mundo sostenible, responsable y mejor; deroguemos todas las leyes y demos la espalda a los auténticos tiranos haciendo que cada uno sea responsable de sus propios actos.

El rathergate y el periodismo disperso

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las pasadas elecciones en los Estados Unidos han sido extraordinarias en varios ámbitos. Uno de ellos ha sido el del periodismo por un caso que pasará a la historia de la profesión, por motivos vergonzosos y heroicos: el rathergate. Dan Rather, de la CBS, sacó a la luz unos falsos documentos que acusaban a George W. Bush de alterar su expediente para entrar en la Guardia Nacional Aérea de Tejas. A raíz del escándalo la cadena nombró una comisión independiente, que acaba de cerrar la redacción de un informe que se plantea cómo es posible que el proceso de control de la información haya podido fallar tan estrepitosamente.

El informe es ciertamente duro, especialmente cuando juzga la enconada resistencia de la cadena a reconocer la falsedad de la información, cuando ésta era más que notoria. Pero no va lo suficientemente lejos. Una de las principales conclusiones es que la comisión que lo ha elaborado “no encuentra bases suficientes para acusar a quienes investigaron, produjeron, aprobaron o emitieron la información de tener un sesgo político”, cuando éste es evidente y el propio informe recoge datos que así lo indican de forma clara. Por ejemplo se consultó a varios grafólogos y expertos, y los periodistas “malinterpretaron” sus advertencias. Una de las autentificaciones de los documentos a que daban más reputación es a su autentificación por el superior del coronel que elaboró los informes (quien había muerto hacía años). Lo único que hizo este militar es dar el visto bueno después de que se los leyeran por teléfono. La productora de Dan Rather, Mary Mapes, supo en el curso de sus investigaciones que Bush entró en la Guardia Nacional de Tejas sin influencia externa alguna, que no había lista de espera de pilotos para entrar en el cuerpo o que él se presentó voluntario para participar en la guerra de Vietnam, nada de lo cual tuvo en cuenta. Sus correos electrónicos muestran un claro sesgo contrario al Presidente, que se manifestaba en verdadero entusiasmo por la información que tenía entre manos. Los familiares del difunto coronel Killian, a quien se atribuían los informes, advirtieron a los periodistas de la cadena que ese no era el estilo del militar, y que éste siempre tuvo una buena opinión de George W. Bush. Dan Rather se saltó todas las alarmas, desoyó cualquier advertencia, y salió adelante con el caso contra cualquier otra consideración. Y lo hizo por el más acendrado y decidido partidismo.

Hay otro sucio aspecto del rathergate sobre el que la comisión de la CBS pasa muy de puntillas, y es la colusión con el partido demócrata. Mary Mapes mantuvo varias conversaciones con responsables de la campaña demócrata, entre ellos el estratega de la misma, Joe Lockhart. Le advirtió de lo que tenían entre manos y le sugirió que se pusiera en contacto con la fuente de Mapes y Rather, Bill Burkett. Y no se puede considerar como mera coincidencia que al día siguiente de que Dan Rather sacara los documentos a la luz los demócratas sacaran una campaña en televisión con el mismo asunto. No obstante, pese a sus evidentes faltas, el informe es muy bueno, está convenientemente documentado y da cuenta de la falta de profesionalidad de parte de su plantilla. Como consecuencia del mismo, la cadena ha despedido a cuatro periodistas, entre los que está Mary Mapes. Dan Rather se irá en breve, como ya había anunciado.

Pero la principal conclusión de todo el asunto no puede tratarla el informe de la CBS, y es que el periodismo ha cambiado. Los medios no están solos y han encontrado en internet su mayor aliado, pero su mayor control. Resulta apasionante comprobar cómo la dispersa comunidad de las bitácoras desveló la falsedad de las supuestas pruebas. El rathergate ha demostrado que si los medios de comunicación caen en manipular la información, obtendrán una respuesta muy rápida y efectiva, porque miles de ciudadanos convierten la noticia en una conversación muy exigente, y a muchas voces. En España el diario El País, por un asunto de otra índole, pudo comprobar el poder de la blogosfera, que echó abajo su ominosa campaña publicitaria que utilizaba el perfil herido de Nueva York, con las torres gemelas abatidas por los aviones estrellados por los terroristas. El asunto fue dado a conocer por Arcadi Espada y se propagó por la blogosfera española, e incluso internacional por medio de Barcepundit en inglés. Dejando a un lado el diferente comportamiento de un medio y otro, lo importante es la constatación de que también en España los medios tienen multitud de vigilantes. Un periodismo disperso que puede aportar todo lo que queda desatendido por las redacciones y que no permitirá que una manipulación tan burda como los falsos documentos que incriminaban a George W. Bush llegue muy lejos.

De todos modos, por lo que se refiere a España, queda aún mucho por caminar. La comunidad de blogs crece rápidamente, pero la pequeña parte que trata la actualidad política no tiene el desarrollo que ha alcanzado en los Estados Unidos. No obstante el ejemplo de la campaña de El País permite ser optimista, y hay ya varias bitácoras dedicadas a seguir el tratamiento de la información en los medios, a las que habrá que sumar las que seguramente se creen en el futuro inmediato, más todas las que tienen la actualidad como razón de ser. No tendremos que esperar mucho para comprobar cómo las noticias se convierten en una conversación y cómo quienes se creen instalados en el control de la información ven cómo su poder se diluye sin que puedan evitarlo. No es de extrañar que muchos vean internet como una amenaza.

Las catástrofes y la necesidad del estado

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El terremoto y los maremotos subsiguientes que asolaron Indonesia, Sri Lanka, La India, Tailandia, y una larga lista de infortunados países asiáticos y africanos es, sin duda alguna, una de las mayores tragedias humanas provocada por una catástrofe natural en las últimas décadas. Cerca de 150.000 muertos, millones de heridos y afectados, 6.000 kilómetros de costa dañada y la destrucción de cuantiosísimos bienes de capital –especialmente en el sector turístico y pesquero– dan una ligera idea de la magnitud del seísmo y de los efectos de los maremotos que le siguieron. Como suele suceder en sucesos similares, los habitantes de los países desarrollados se han movilizado ante esta catástrofe de proporciones bíblicas enviando todo tipo de recursos para tratar de paliar los devastadores efectos sobre la población damnificada. Estos hechos invitan a reflexionar sobre algunas de las ideas del pensamiento único intervencionista en el caso de los grandes desastres.

La primera fantasía intervencionista que ha quedado al descubierto tras el paso de las olas es la supuesta necesidad de aparatos estatales para hacer frente a los efectos de este tipo de catástrofes. La ayuda de los ciudadanos de medio mundo está llegando a las zonas afectadas desde los primeros instantes sin necesidad de directrices gubernamentales ni confiscaciones impositivas. Con estas acciones auténticamente solidarias, millones de individuos y organizaciones privadas impugnan la teoría del usuario gratuito según la cual en un mundo de relaciones voluntarias, es decir, en el tan odiado mercado libre, no se socorrería a las víctimas porque todo el mundo esperaría a que fuesen otros los que les auxiliasen. Con la refutación práctica que están llevando a cabo millones de personas de este imprescindible argumento de la teoría de los bienes públicos, debería quedar felizmente deslegitimada la justificación más manida para la existencia del estado en general y del estado del bienestar en particular, con toda su parafernalia económica apoyada en la pretendida necesidad de ayuda estatal a los pobres.

Sin embargo, los políticos, en su línea habitual, sacan rocambolescas conclusiones de estos hechos dramáticos: El mundo necesita que la Unión Europea cree una fuerza de reacción rápida con el dinero de los ciudadanos. ¡Como si el dinero que envían los europeos no fuese a pagar los servicios de personas y empresas que reaccionan rápidamente! Que los políticos hayan reaccionado con lentitud no es justificación para ampliar el aparato estatal sino, más bien, para todo lo contrario. A estas alturas de la historia de la humanidad no parece haber dudas sobre la superioridad del ámbito privado sobre el público en el uso de los recursos escasos para lograr la satisfacción de todo tipo de necesidades humanas. Si tenemos que mandar una carta o un paquete de forma urgente, lo hacemos a través de una empresa de mensajería privada; si tenemos que operarnos inmediatamente de una enfermedad grave, intentamos hacerlo en un hospital privado; y si queremos una formación de calidad para nuestros hijos, procuramos ahorrar para pagarles una institución educativa privada. Pues lo mismo ocurre con las catástrofes. Si queremos que los recursos –esos que la gente envía de manera tan solidaria como masiva– se utilicen lo más efectiva y eficazmente posible, sólo se conseguirá a través de empresas privadas cuyos dueños y empleados viven de la realización eficiente de su cometido y misioneros que han dedicado sus vidas a ayudar a sus semejantes en situaciones desesperadas.

Alguno se preguntará si no hay algo que puedan hacer quienes dirigen los estados de Europa. Pues sí. Los gobiernos europeos podrían rendir un tributo a las víctimas del terremoto devolviendo el dinero que piensa usar en esas “unidades de reacción rápida” a quienes se lo haya quitado. De este modo, los ciudadanos europeos tendrían mayores recursos para donar, posibilitándose una verdadera y todavía mayor ayuda, tan solidaria, rápida y eficaz como es posible imaginar, a quienes han perdido a sus seres más queridos o han visto como quedaban destruidos sus bienes más preciados.

Índice de libertad económica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La libertad, nos dice Hayek, es un concepto negativo; se define por lo que no es, como ausencia de coacción. En consecuencia resulta un concepto difícilmente conmensurable. Pero es precisamente medir la libertad económica lo que llevan años intentando hacer la Heritage Foundation y el Wall Street Journal en su informe anual Index of Economic Freedom, que en 2005 se ha publicado por undécima vez. El intento de aproximarse a la medición de la libertad económica, se ha relevado como un instrumento de análisis muy útil para entender el desarrollo de los países.

Para medir la libertad económica los técnicos congregados por las dos instituciones observan 50 variables independientes, que agrupan en 10 categorías: Política comercial, nivel impositivo y de gasto público, intervención estatal en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, banca y finanzas, salarios y precios, derechos de propiedad, regulación y mercados negros. Desde las primeras ediciones se ha corroborado que hay una correlación entre libertad económica y prosperidad, lo que un año más se ha vuelto a comprobar. También han observado que los países que más han mejorado en la libertad económica son a su vez los que más crecen. La libertad es un camino que ofrece claras recompensas sociales.

Como todos los años desde que se elabora el informe, el país económicamente más libre del mundo es Hong Kong. A este le siguen Luxemburgo, Estonia (que da una idea de la pujanza de la nueva Europa del Este), Irlanda (que ya supera en renta per cápita a Gran Bretaña o Alemania), Islandia, Nueva Zelanda, y así una larga lista de 161 países que cierra con las peores calificaciones la terrible dictadura norcoreana. Cuba ocupa el puesto 149, Rusia el 124, India el 118 y China el 112. Pese a que hay todavía países como estos política y económicamente subyugados, el informe incluye una nota especialmente optimista, ya que la libertad económica en el mundo ha mejorado desde la primera edición del índice, en 1997. De hecho 2004 ha sido el año de mayor libertad económica global desde entonces.

España, que ocupa un discreto puesto 31, ha perdido posiciones en la última edición, principalmente por la política fiscal, el peor aspecto de los 10 considerados. Los Estados Unidos, por su parte, han dejado por primera vez de ocupar un puesto entre los diez primeros, en concreto por la política fiscal del actual Presidente. Resulta un tanto paradójico, ya que si George W. Bush logra sacar adelante sus planes de reforma fiscal y de la Seguridad Social podría convertirse en un líder histórico por lo que se refiere a la reducción del papel del Estado en la economía.

Hay a su vez otro instituto que elabora su propio índice de libertad económica. Basado en los datos recogidos por éste, un reciente estudio sacaba como principales conclusiones que en los países económicamente más libres la tasa de crecimiento económico es mayor. Mientras que el producto nacional bruto real creció en el período 1993 a 2002 una media del 2,4% por año en las economías más libres, decreció un 0,5% anual en las economías menos libres. Por otro lado hay sustancialmente menos pobreza: el ingreso medio per cápita del décimo de la población más pobre en las economías menos libres era en 2002 de 823 dólares, mientras que el décimo más pobre de las economías más libres ganaron de media 6.877 dólares. A su vez, y en contra de lo que muchos dicen, la distribución de la renta es más igualitaria: la participación en el ingreso del 10% más pobre es casi un 20% mayor en las economías más libres que en las más reprimidas. Además los países económicamente más libres favorecen la democracia, la defensa de los niños, la esperanza de vida, el nivel de desarrollo…

El mapa de la libertad económica es en una medida no despreciable la clave para entender el desarrollo económico y social. Ante la falta de atención de los medios de comunicación, el Índice de Libertad Económica es en el fondo una denuncia de los países represivos y una reivindicación de los mejores valores de Occidente: libertad y propiedad.

La incompetencia de las leyes

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El ejecutivo de ZP ha manifestado que revisará la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) para "potenciar la competitividad". Para la LDC: “la defensa de la competencia […] y en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos…”. Parece extraído de un discurso económico de Hitler o Lenin.

Pocas absurdidades hay como “potenciar la competencia” mediante una restrictiva y partidista ley. La mejor garantía para “la competencia”, es que el estado desaparezca del mundo de la producción. La LDC no vela por el bienestar de la competencia, productor ni consumidor; sino por el control del estado sobre el grupo. El mercado y el político siempre toman acciones para su propio bienestar, pero mientras que el primero nos enriquece a todos, el segundo sólo beneficia al burócrata a costa de nuestro dinero.

El libre comercio nace de las necesidades y acciones voluntarias de la comunidad. El consumidor siempre tiene unas preferencias en relación a su utilidad y recursos. Y el empresario es quien descubre qué le falta a la comunidad para ofrecérselo y ganar un beneficio. Empresario y consumidor se complementan mutuamente de forma natural y libre sin leyes ni imposiciones.

Así, el empresario continuamente ha de estar mejorando para no ser desbancado, sino, otros tomarán su relevo adaptándose a la diversidad de la comunidad. El CD de música no sustituyó al disco de vinilo por ley; las compras por Internet no nos ofrecen productos más baratos por ley, sino gracias a la libre iniciativa privada. ¡Lo que no se ha legislado es lo que más ha avanzado y donde mejor se ha beneficiado al consumidor! Imagínese hasta que punto podría llegar a desarrollarse el mercado sin la interferencia ni extorsión estatal.

Si nos despojamos del estado y grupos de presión (que crean leyes como la LDC) ya no tendremos que temer a los monopolios. El libre mercado no crea los monopolios, sino el estado. El economista, y Premio Nóbel Milton Friedman lo expresó así:

“[De joven] como creyente en la competencia apoyaba las leyes antimonopolio pues pensaba que eran una de las pocas intervenciones deseables […] Pero a medida que vi lo que ocurrió, observé que estas leyes tendían a hacer exactamente lo opuesto. […] Con el tiempo he llegado a la conclusión que las leyes antimonopolio hacen mucho más mal que bien, y estaríamos mejor sin ellas”.

Las leyes a la competencia confiscan dinero y productividad a consumidores y oferentes creando: costes de transacción, tribunales inquisidores, inútiles requisitos legales, más burócratas, insalvables barreras al comercio, impuestos, endeudamiento nacional, corrupción política… En reacción al déficit del consumidor, se crea menos riqueza, aumenta la economía sumergida, desempleo, delincuencia, dependencia hacia el estado… En este entorno, el estado, se ha proclamado el caudillo indiscutible de qué y cómo se produce. Sus falsos lemas y nomenclaturas nos han vuelto a engañar.

Si el gobierno de ZP realmente quiere impulsar la competencia, la solución es más fácil que mil falsas reformas. Que elimine los trámites gubernamentales, licencias, aprobaciones y registros legales para que aflore la competencia de verdad; que elimine los impuestos a las empresas, sólo encarecen los productos y ponen en peligro la supervivencia de las pequeñas empresas; que elimine los impuestos a los particulares y así podrán acumular mayor riqueza; que elimine las leyes que castigan al comercio por "razones morales" (tabaco, alcohol, medicamentos, sexo…), que no sólo perjudican a ese tipo de productos y al consumidor, sino también a las industrias que se alimentan de éstas (agricultores, publicidad, intermediarios…). ¡Qué no cree más leyes, y elimine las actuales!

Las leyes, como la LDC, sólo favorecen al burócrata y grupos de presión. Si legislamos la competencia, aun diciendo que es para impulsarla, sólo una cosa es segura: la competencia será sustituida por la dictadura del planificador estatal.

Bush y el comercio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace más de dos décadas que se acelera un proceso social de enormes proporciones, creciente amplitud y que se antoja irreversible, en la medida en que lo son los procesos históricos: lo que llamamos globalización. No es un proceso nuevo, ya que a finales del XIX y hasta la Gran Guerra bines y personas cruzaban las fronteras con una facilidad que envidiaríamos en ocasiones. Hoy el comercio internacional alcanza a áreas más amplias del mundo y se revela con una fuerza transformadora sin precedentes. Con la globalización se extienden la riqueza y la prosperidad; Y con ellos las esperanzas para centenares de millones de personas que escapan de la amenaza diaria de perder la vida por inanición o por enfermedades.

Hace poco el Banco Mundial lanzaba un estudio que revela que en los últimos cinco años han sido arrancados de la pobreza más de 250 millones de personas. Más recientemente, con un tono algo optimista pero basado en la realidad, The Economist titulaba un artículo hacer de la pobreza historia, en el que daba cuenta de que "en los países pobres, también, hemos visto en las dos últimas décadas un aumento sin precedentes en los ingresos y en los niveles de vida de cientos de millones de personas, principalmente en Asia, que ya no tienen que luchar simplemente para sobrevivir de un día para otro. La continuación de los recientes ratios de rápido crecimiento económico solamente en India y China, promete liberar a centenares de millones más de la pobreza durante la próxima década".

Por muy beneficiosos que sean los efectos de la expansión del comercio, siempre hay intereses especiales que prefieren detener el proceso, aferrarse a las posiciones ganadas y granjearse la protección estatal frente a la competencia. Esto es tan viejo como el mundo y parece que nos acompañará siempre, pero hay que denunciarlo como la primera vez. George W. Bush tiene en este aspecto una política equívoca, que por un lado acompaña sus palabras, siempre favorables al comercio como institución que favorece la prosperidad, la paz y la expansión de la democracia, con acuerdos de largo alcance, y por otro traiciona su discurso con concesiones proteccionistas a intereses especiales.

De este modo, por un lado ha extendido acuerdos bilaterales con una docena de países y prevé extenderlos a diez más. Pero por otro no tuvo ningún problema en estrenar su presidencia con la restricción del comercio en el mercado internacional del acero. Desde entonces los responsables estadounidenses de comercio han recibido la notificación de sanciones por la Organización Mundial del Comercio en más de una ocasión. Recientemente han sido los textiles y el vestido los afectados por estas restricciones, especialmente para frenar la entrada de productos chinos a bajos precios. Los aranceles y las subvenciones siguen protegiendo a los agricultores estadounidenses frente a los productores de los países pobres. Éstos, cada vez menos mediatizados por las consignas marxistas, no piden menos sino más comercio con el resto de las naciones porque saben que es el camino a su prosperidad.

Hay además una consideración que Bush, en su segundo mandato y sin posibilidad de reelección no debería dejar de lado. La expansión del comercio lleva apareada la relocalización, el traslado de los puestos de trabajo más mecánicos e industriales a los países pobres, mientras que se generan en los más ricos otros más encaminados a los servicios, las tecnologías más avanzadas y el conocimiento. Desde un punto de vista estrictamente partidista esa transformación en el carácter de los puestos de trabajo le viene mal al partido demócrata, y por tanto muy bien al suyo. En concordancia con la creación de una sociedad de propietarios, la relocalización favorece en principio al partido que más autonomía reconozca a los individuos. Y hoy por hoy ese partido es el republicano.

Para Reyes, un videojuego para su hijo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Como en todas las grades fiestas se han disparado las alarmas sobre los "videojuegos violentos". Amnistía Internacional ha presentado un informe donde "denuncia" que "los videojuegos siguen promoviendo los abusos de los derechos humanos y, en concreto, fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres ‘e incluso a veces’, se fomenta la violencia de género".

Con esto podemos extraer algunas conclusiones importantes sobre cómo actúan los grupos de presión, la autoridad represiva del estado, y su opuesto, el libre mercado.

Si lo miramos como individuos productores, el que fabrica "videojuegos violentos" tal vez se sienta más realizado haciendo puzzles educativos o estampitas de la Virgen María, pero eso no le permitiría llegar a final de mes, o conseguir el nivel de bienestar al que aspira.

Aquel capaz de advertir qué quiere la comunidad y satisfacerla actuando únicamente bajo su propio riesgo, es un benefactor. El empresario de videojuegos ayuda a los padres a mantener unidos los lazos familiares; el creador de "videojuegos violentos" también mantiene una empresa enriqueciendo a sus trabajadores, proveedores, acreedores, contratistas, intermediarios, clientes empresariales y accionistas con su propio esfuerzo y talento; no necesita subvenciones estatales, su principal sustento es el plebiscito del cliente. ¿No queremos "impulsar" el tejido tecnológico en España? Si es así, cometemos una contradicción intentando prohibir o restringir los llamados "videojuegos violentos".

Pensemos también en la educación familiar y nuestra libre elección. El responsable de la educación de su hijo no es ningún grupo de presión, ni el estado, ni ningún videojuego, sino usted. Usted elige cómo educar a su familia. Ese es el don del libre mercado: relaciones individuales, pluralidad y transacciones voluntarias entre las partes. El libre mercado satisface las necesidades de todos, ya sea del padre que quiere regalar a su hijo un puzzle educativo, una estampita de la Virgen María, un coche eléctrico, un DVD, o un "videojuego violento".

En contra de la armoniosa y pacífica forma en la que actúa el libre mercado, vemos como los grupos de presión y el estado se oponen al pacifismo comercial constantemente. Ellos no quieren diversidad, sólo desean imponer su pensamiento único, y para conseguir su elevada visión no dudan en crear leyes discriminatorias, demandas judiciales, multas e incautaciones al empresario creativo para abolir la riqueza y pluralidad de la comunidad: ¡qué todos los productores vendan "puzzles educativos", y sino, confiscaremos su negocio! Con estos mensajes y prácticas criminales le están imponiendo a usted cómo comportarse y cómo educar a su familia. Imagínese que el estado, sin preguntarle a usted (como siempre hace), decide considerar inmoral los coches eléctricos, y acto seguido restringe o prohíbe su venta. Por más políticamente correcto que pueda parecer a los grupos de presión, ¿estará de acuerdo, o lo verá como una agresión a su libre elección?

¿Por qué criminalizar algo que no daña a nadie? Los detractores de la libertad le darán mil torpes excusas; pero lo que intentan venderle es incomerciable, por eso aplican la fuerza: acatamiento, obediencia y servidumbre usando la amenaza de las leyes y castigo. A nadie le gusta ser un sirviente, por esa razón los redentores de la producción disfrazan sus ideales con la disimulada "dictadura de las buenas intenciones".

Que no le digan lo que ha de hacer ni como educar a su familia. Haga lo que usted quiera, y satisfaga a su hijo aunque sea con un "tenebroso, violento, sexista y discriminatorio videojuego". La felicidad y amor familiar no entienden de política ni histéricos prohibicionistas, si hacemos caso a estos redentores de la producción en contra de nuestra voluntad, corremos el riesgo de volvernos sus sirvientes.

Un brindis por la liberalización textil

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La libertad de comercio mundial, esa que sólo existe en las mentes del pensamiento único intervencionista, será un poco más real después de las doce uvas del próximo viernes. En efecto, el 31 de diciembre será el último día en el que comerciar con productos textiles esté limitado por razones distintas a la voluntad de compradores y vendedores. La maraña de cuotas que hemos tenido hasta el día de hoy quedará eliminada en 2005 y la exportación internacional quedará relativamente liberalizada.

Esta liberalización del comercio textil a nivel internacional es el fruto de los acuerdos multilaterales pactados en el marco de Organización Mundial del Comercio. Ni falta hace decir que tanto los políticos de Washington como los politburócratas de Bruselas han aceptado estos acuerdos en contra de sus convicciones más íntimas: la de seguir los designios de los grupos de presión que puedan otorgarles los votos de la victoria electoral.

Como era de esperar, a medida que se acerca el fin de las restricciones se oye a los medios de los países desarrollados hablar de los daños que esa liberalización supondrá para el productor nacional, ese que hasta ahora ha sido privilegiado con la cautividad de unos consumidores a los que no se nos dejaba elegir a quién comprar nuestros productos textiles. Así, nos cuentan que en España 400 empresas del sector cerrarán el año que entra. También se nos informa con tenaz insistencia, cómo no, acerca de los miles de puestos de trabajo que se perderán en los países desarrollados. Estos temores tienen su origen en una visión extremadamente estrecha e interesada de la realidad del proceso liberalizador.

Dejemos de lado el argumento más elemental en favor de la liberalización consistente en que nadie tiene derecho a decirles a dos personas adultas qué productos lícitos de su propiedad pueden o no intercambiar. Ignoremos por un momento también la corrupción moral que representa el hecho de que los mismos medios que tanto dicen preocuparse por los pobres del planeta se olviden de contarnos que la liberalización permitirá precisamente que éstos vendan sus productos en los países ricos. Aún así, la oscura interpretación de la eliminación de privilegios comerciales olvida las maravillosas consecuencias de la liberalización.

Los políticos y los medios no destacan, quizá por obvio, que la libertad de comercio que vamos a estrenar posibilitará el acceso de los ciudadanos europeos y estadounidenses a una oferta de productos textiles mucho más amplia de la que hasta ahora nos estaba permitido optar. En consecuencia el consumidor, es decir, todos los ciudadanos, verán incrementar su poder adquisitivo con la caída del precio de los productos textiles. Y puesto que, después de todo, el consumo es el fin de la producción parecería insensato que se protegiera a unos pocos productores para agredir a muchísimos consumidores y a tantísimos productores extranjeros.

Además, tan grisácea perspectiva de la liberalización comercial no parece tomar en cuenta que con euros que ahorrará el consumidor de productos textiles, éste podrá alcanzar nuevos fines y necesidades que antes no tenía oportunidad de satisfacer o, al menos, no en la misma cuantía. La producción de esas necesidades que anteriormente no estaban cubiertas necesitará mano de obra y todo tipo de recursos que, si no se impide por la fuerza, provendrán en parte de la producción textil que deja de ser demandada. Si el productor textil occidental no es capaz de diferenciar su producto para que el consumidor esté dispuesto a pagar más por el, podría dedicar sus esfuerzos a producir esos nuevos fines que los ciudadanos tratarán de alcanzar con los euros que le han sobrado en la compra de ropa. Si tampoco sabe hacer esto, que no pida al estado que quite a los ciudadanos su patrimonio para mantenerles. Que cierre y permita que los recursos que está invirtiendo mal sean usados por personas más perspicaces en la satisfacción de los deseos más urgentes de sus conciudadanos.

A nadie le gusta ver cómo se cierran empresas. Pero pocos se han parado a pensar en el despilfarro de recursos que supondría –y lo pobres que seríamos– si se hubiese evitado mediante intervencionismo público el cierre de las empresas que producían textil en el siglo XIX. Sin embargo, si el comercio libre fuese tan perjudicial para la sociedad, evitar los cierres de empresas y poner coto a las importaciones de todo tipo de productos debería de ser una bendición para nuestro país. Es más, el comercio nacional debería de ser considerado como fuente de desempleo regional y otras calamidades económicas. ¿Y por qué pararse en las regiones? Si los negativos efectos del comercio libre fueran tan grandes en comparación con sus aspectos positivos, habría que dejar que cada familia cultivara sus alimentos y tejiera sus vestimentas. Sin duda, ese sería un mundo sin los negativos efectos del libre comercio. Lo que no me queda claro es que a alguien le pueda apetecer vivir en un mundo tan sufrido.

Quienes sólo destacan inconvenientes en la liberalización del comercio textil no entienden que el estado natural del hombre es la miseria más absoluta y que el intercambio libre es la única forma de ir satisfaciendo cada vez más necesidades y avanzar hacia un mundo en el que la escasez material constriña cada vez en menor medida a los seres humanos. Además, así como los beneficios del libre comercio son de largo plazo, sus "efectos negativos" no tendrían por qué durar más de lo que dura un abrir y cerrar de ojos si no fuese por las rigideces intervencionistas que evitan que los seres humanos podamos adaptar nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos para lograr el mejor cumplimiento de las necesidades humanas. Así que brindemos con cava catalán, con champán francés o con sidra asturiana por la liberalización del comercio textil, pidamos a los Reyes Magos muchas más liberalizaciones para el año 2005 y deseemos a los que puedan verse perjudicados por el fin de sus privilegios que el gobierno evite con absurdas restricciones su recolocación en valiosas actividades. Chinchín.

Privaticemos las obras públicas

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, presentó su "Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte" asignándole un coste, en 15 años, cercano al cuarto de billón de euros.

El proyecto costará a cada familia española, tanto sean o no usuarios del "Plan Estratégico", casi 22.000 euros, o lo que es lo mismo, unos 1.450 euros anuales (muchos jóvenes tardan varios meses en conseguir ese capital). En lugar que el estado nos confisque el dinero por medio de la extorsión (o pagas impuestos o vas a la cárcel), ¿por qué no convertir todas las inversiones públicas y forzosas en inversiones privadas y voluntarias? Es decir, pague si quiere.

La pregunta es: ¿a qué quiere destinar el dinero que consigue trabajando? ¿A usted y a su familia, o a los vividores que se aprovechan de usted? En un sistema privado y voluntario usted sólo pagará lo que usa y valora. Las empresas privadas son mucho más eficientes que el estado. El ahorro de la privatización lo podrá destinar a una mejor educación para sus hijos, vacaciones más lujosas, mayores inversiones en productos financieros para su futuro, etc. Su dinero no se malgastará en financiar a esos que no aportan nada, ni contribuirá a los inflados gastos de administración del gobierno, chanchullos de los políticos, favores de éstos a las grandes empresas, impuestos varios, etc.

Pero tal vez usted crea que sin la "coordinación estatal" las cosas importantes, como las obras públicas, no se harían. Precisamente porque son importantes (lucrativas) las empresas privadas estarán encantadas de ofrecerlo al mejor precio. Si eliminamos los estorbos a la iniciativa y creatividad empresarial como las licencias, trámites legales, mantenimiento de los funcionarios, e incluso eliminamos el mismo ministerio de Fomento y sus numerosas y obsoletas ramificaciones, la competencia privada surgirá inevitablemente ofreciéndole un servicio más barato y de mayor calidad.

Si permitimos que las "obras públicas" sean totalmente privadas la seguridad aumentará de forma inevitable. Si cada carretera, por ejemplo, es de una o varias empresas, en el caso que se causen daños o accidentes podremos recurrir legalmente contra la empresa propietaria. Con esta garantía toda empresa se asegurará tener la tasa de accidentes más baja del mercado y la competencia creará sistemas más seguros para desbancar a su rival. Hoy día es imposible llegar a esta seguridad voluntaria. La única solución del estado son más leyes y más funcionarios que nos obligan a acatar normas que nosotros no hemos elegido. La privatización también es una garantía para todos. Si una persona ebria, por ejemplo, causa un accidente en la carretera de una empresa privada ésta puede denunciar al autor del accidente o a su seguro por daños a la propiedad privada. Las leyes del estado no sirven para protegernos, sino para controlarnos y sacarnos el dinero.

Si convertimos las "obras públicas" en privadas el mercado también nos brindará precios y servicios variados según el uso que queramos hacer. Igualmente, al no existir trámites impuestos por el gobierno toda clase de hoteles, gasolineras, restaurantes, áreas de servicio, etc. brotarán según las necesidades de la demanda.

Hace tiempo que el libre mercado ha llegado a ese grado donde puede ofrecer todas las "cosas importantes". Precisamente por eso usted disfruta de bienes no primordiales, como coches, varios vestidos, televisor, un DVD, un teléfono móvil, ordenador, etc. En un sistema de libre mercado podemos destinar nuestro dinero a aquello que realmente valoramos y nadie nos lo puede incautar para dárselo a aquellos que viven a expensas de los demás.

Salario mínimo, desempleo máximo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En mayo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunciaba un incremento del 6,6% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se produciría en julio. Así, el SMI se elevó de 460,5 euros hasta 490. El pasado lunes, el mismo personaje sorprendió a propios y extraños con la comunicación de otra subida para el día 30 de diciembre.

Caldera ha querido jugar a Hitchcock ocultándonos la cuantía de la nueva subida hasta el día de su anuncio oficial prevista para el penúltimo día del año, o hasta su ya habitual filtración previa en un medio del grupo PRISA. Eso sí, nos aclaró que será "bastante por encima del objetivo de la inflación para 2005 con el fin de hacer justicia social". Además, según informan diversas agencias de prensa, el ministro afirmó que la subida del salario mínimo responde también a la necesidad de acercarse al sesenta por ciento del salario medio, según establecería el abominable texto que la mayoría de políticos de izquierda y derecha pretenden convertir en Constitución Europea.

Desconozco en que vericueto del texto de marras puede leerse semejante dislate y reconozco que cuando leí el proyecto de Constitución para Europa debí pasar por alto tan malhechora medida de política social(ista). Supongo que cuando uno lee textos aburridos y llenos de medidas que intervienen y violentan la vida de los ciudadanos tiende a acelerar la lectura para pasar el mal trago cuanto antes y así, claro, se le escapan a uno medidas tan trascendentes. En lo que seguro que estoy equivocado, a juzgar por las palabras de Caldera, es en que creía que el referéndum aún no se había celebrado.

Si es cierto que el pretendido texto constitucional contiene esa norma, sería la enésima razón para votar en contra de la Constitución Europea. Si, por el contrario, Jesús Caldera atribuye a la Constitución una medida que pertenece al texto de otro acuerdo intervencionista o que simplemente desearía ver cumplida, sería razón suficiente para confirmar su permanente contienda con la verdad.

Sea verdad o no que la mal llamada Constitución Europea contiene esa disposición, la elevación del SMI hasta el 60% del salario medio es un disparate de consecuencias tan catastróficas como previsibles. Y es que la nueva elevación del SMI y sus sucesivos aumentos hasta ese arbitrario 60% del salario medio sólo traerán más paro entre las personas con menos capacitación y, por lo tanto, una mayor e injusta diferencia de rentas entre ricos y pobres. Curiosamente, este análisis de lo que provoca cualquier elevación del salario mínimo por encima de la remuneración que las personas acordarían de manera voluntaria y pacífica en el mercado libre es uno de los que mayor unanimidad suscita entre la dividida profesión de economistas (en torno al 80% según una conocida encuesta económica) y, al mismo tiempo, de las más ignoradas por los políticos empeñados en hacer de la demagogia propia y la ignorancia ajena su particular caldo político.

La cuestión es tan sencilla que hasta un político puede entenderla. El hecho de que el gobierno de turno eleve el precio mínimo que ha de pagarse por los servicios laborales no garantiza que todo el mundo reciba esa cantidad sino, más bien, que todo el que no esté capacitado para producir por encima del salario mínimo deje de ser aceptado por el consumidor y, por lo tanto, por el empleador. Supongamos que el gobierno, en un entrañable acto de "solidaridad" mamífera, decida elevar el precio mínimo del alquiler de bueyes como fuerza de labranza hasta los 500 euros semanales. Todo el mundo estará de acuerdo que esta medida coactiva no conseguirá que todos los bueyes obtengan 2.000 euros mensuales sino, más bien, el que los bueyes que contribuyan a la producción agrícola en menor cuantía que el precio mínimo del arrendamiento dejarán de ser contratados porque, de lo contrario, implicarían una pérdida para el empresario. Su empleo en la labranza deja de tener sentido, y no porque haya otros usos mejores para los bueyes o factores alternativos mucho más productivos, sino porque el gobierno ha impedido por la fuerza que los bueyes menos productivos puedan realizar una contribución al proceso productivo y ser retribuidos en consonancia.

Pues lo mismo ocurre cuando el gobierno establece salarios mínimos por encima de la retribución mínima del trabajo humano que surgiría en un ámbito de intercambios voluntarios. Los jóvenes y aquellas personas que en general están menos capacitadas para aportar al proceso productivo un valor superior a la retribución mínima que ha sido impuesta, perderán su empleo o no llegarán a encontrar ninguno. Si no fuese esto así, ¿por qué iba el político intervencionista a detenerse en 600 euros al mes? ¿Por qué no elevar el salario mínimo hasta 1.000 o, ya puestos a subir, a 10.000 euros mensuales?

Privilegio para unos y desempleo para otros. Es el gran charco de la temeraria payasada social que inunda la política de hoy en día y en la que tan a gusto chapotean los políticos y tan a disgusto se desenvuelven los seres humanos que no tienen el privilegio de ser poco productivos y vivir de lo que se le quita a otros por la fuerza.