Ir al contenido principal

Algo está cambiando en el mundo de las ideas

Lyndon Johnson fue el trigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos entre los años 1963-1969. A Johnson, del Partido Demócrata, le tocó gobernar en un periodo donde la izquierda era especialmente fuerte y su mandato fue acorde al momento. Johnson impulsó el socialismo en América creando varios programas estatales como la Medicare (dirigido a los mayores), Medicaid (lo mismo que la anterior pero para la gente pobre), desvió dinero estatal a la educación, la rediseñó y aplicó colosales cambios como la llamado “Guerra contra la Pobreza” o la “Gran Sociedad”.

Las nuevas medidas socialistas dividieron a los americanos. Levantaron la indignación de conservadores y liberales que vieron como el Estado de Johnson iba a agredir la libertad individual de los ciudadanos así como su bolsillo. En esta época empezaron a tomar fuerza organizaciones y revistas conservadores y liberales que intentaron plantar cara al avance socialista que parecía inevitable e inminente.

Algo similar está ocurriendo en España con el actual presidente español José Luís Rodríguez Zapatero. Su política antiterrorista, su voluntad de imponer una moral de estado a los niños, fiscalizarlo todo y a todos, prohibirlo todo, su aumento voraz del intervencionismo económico, o la continua manipulación de las instituciones son algunos ejemplos. Y eso sin mencionar su expreso respaldo a países tan poco ejemplares democráticamente como Cuba, Venezuela o Bolivia.

Desde que Zapatero llegó al poder se han creado y expandido organizaciones, asociaciones, clubs, televisiones o grupos de presión de todo tipo unidos bajo las ideologías del conservadurismo o liberalismo. Muchos de ellos, a pesar de los denostados esfuerzos del gobierno para impedir que viesen la luz.

Esto no significa que la izquierda haya muerto. Ahora es muy fuerte, pero sólo en su campo más visible. Ser de izquierdas es lo fácil hoy día, la moda, la corriente. Algunos autores ya se han empezado a dar cuenta de que el socialismo se ha vuelto un gigante con pies de barro.

El socialismo lleva 30 años sin avanzar en lo más mínimo en el campo de las ideas. No es de extrañar que personajes como Hillary Clinton reclamasen “capital intelectual nuevo” viendo el déficit que sufrían. Esta misma semana en España, un diario sensacionalista de izquierdas, aunque en un tono exagerado, también se ha lamentado del auge derechista de algunos medios y grupos de presión. Y es que las “nuevas” teorías económicas socialistas no son más que un lavado de cara de las que ya existían. Sólo hacen que rizar el rizo, siempre lo solucionan todo igual: prohibiendo, multando y subiendo los impuestos. La falta de originalidad y continuos fallos históricos y teóricos sólo les han llevado a una situación barroca y esperpéntica incapaz de generar ideas nuevas. Las nuevas teorías de la izquierda se inspiran en algo tan poco científico y subjetivo como la moral, han pasado a ser puro populismo. En este sentido, el liberalismo y el conservadurismo han representado todo lo contrario.

Traducido a la política, esto no significa que éste vaya a ser el último gobierno de Zapatero ni mucho menos de los socialistas. Cuando Johnson se retiró, gobernaron los Republicanos, Richard Nixon, y siguieron una política tanto o más socialista que el propio Johnson. De no salir Zapatero en las próximas elecciones (2008), se proclamaría presidente del gobierno Mariano Rajoy. A igual que ocurrió con Nixon después de Johnson, ya sabemos que Rajoy practicaría el mismo tipo de socialismo —si no más en algunos aspectos— que Zapatero. En cierta medida, el sinsentido de Zapatero ha sabido, sin proponérselo ni quererlo, estimular a la derecha. ¿Quién iba a decir antes de Zapatero que veríamos a grupos conservadoras en las calles manifestándose?

Ahora que este sentimiento empieza a tomar cuerpo es el momento de explotarlo al máximo porque la lucha contra la tiranía del gobierno no se hace sola, necesita varias décadas como nos enseña la historia. Es el momento de acabar con el establishment, aplastar la ideología de la barbarie socialista mediante ideas y de que el ciudadano proclame abiertamente su rebeldía ante el Estado para basar el cambio en el individualismo, el capitalismo, la libertad y el antiestatismo.

¿Qué fue de ese talante?

Y es eso lo que explica que la censura pueda actuar en varios países democráticos del Viejo Continente sin que suponga un escándalo. Puede ser cierto que Manhunt2 contenga una violencia gratuita excesiva, hasta grados de sadismo, pero eso no implica que su prohibición en Inglaterra, Irlanda e Italia esté justificada.

Al margen de los responsables de Amnistía Internacional, que debe de estar celebrando una medida que cuadra con sus deseos de censura en el sector, los europeos deberían protestar por una política que atenta gravemente contra su libertad. La violencia excesiva no es una excusa válida para sumir a los videojuegos en una situación que recuerda a los índices de libros prohibidos de siglos pasados o a las restricciones a las proyecciones de películas propias de sistemas dictatoriales. Una cosa es que una empresa decida libremente retirar un título del mercado por las justificadas protestas de una madre que perdió a su hijo de una forma especialmente traumática. Otra muy diferente es sea el Estado quien marque qué es tolerable para la población.

Los adultos deben decidir libremente con qué videojuegos entretenerse, al igual que hacen con los libros, el cine o la televisión. Y sobre los niños, se pongan como se pongan algunos supuestos defensores de los derechos humanos, es responsabilidad de los padres controlarles en estos terrenos. Lo realmente terrible es que en lo referido al software del entretenimiento gran parte de los ciudadanos europeos están dispuestos a admitir sin problema una cesura que no tolerarían en otras materias.

Casi nadie admitiría que se prohibieran películas con un alto contenido de violencia. Ejemplos sobran, y en algunos casos se trata de filmes considerados por crítica y público como excelentes. Pensemos, entre otros, en La Naranja Mecánica, La Chaqueta Metálica o La Cruz de Hierro. En todas ellas el espectador puede ver muertes violentas y escenas de un sadismo explícito innegable. Lo mismo ocurre en literatura. Numerosos libros contienen descripciones muy gráficas de asesinatos y otro tipo de muertes muy sangrientas. Sin embargo, se venden libremente en librerías de todo el mundo democrático. Se entiende, y de hecho es así, que la libertad de expresión es fundamental y no debe ser cercenada.

Pero con los videojuegos no ocurre lo mismo. Demasiadas personas están dispuestas a admitir sin problema alguno que el Estado le recorte su libertad, y de paso la del resto de ciudadanos, en aras de protegerles de una violencia de ficción excesiva. Son los felices siervos que sufren la censura con alegría. El miedo a lo "nuevo" (los juegos de ordenador ya llevan unos cuantos años entre nosotros) puede influir en esto. La constante demonización de los mismos –que recuerda a la que antes sufrieron los libros, el cine o la televisión– ha conseguido que muchos bajen la guardia ente los excesos de los Gobiernos.

Si antes se prohibían películas y libros con la excusa de proteger al pueblo de la "inmoralidad" del sexo o de ideas consideradas nocivas, la nueva moral políticamente correcta hace creer que es correcto quitar libertad para evitar que el ciudadano vea violencia en videojuegos. Como entonces, lo de ahora también es simple censura.

Vuelve la censura

En realidad no va a ser una, sino ciento setenta las disposiciones que el gobierno pondrá en marcha para que el siempre esquivo cambio climático esta vez no tenga escapatoria.

En sus últimas declaraciones públicas respecto a este asunto, ZP aseguró que el cambio climático "es uno de los principales retos mundiales y el mayor riesgo que afronta la vida en La Tierra". Es una lástima que Al Gore no estuviera en primera fila para escuchar a su pupilo más aventajado, porque hubiera tenido una sublime erección cerebral al oírle recitar su mensaje utilizando casi las mismas palabras.

Sin embargo, tanta contundencia a la hora de atajar un problema imaginario choca frontalmente con la trayectoria reciente de ZP en su acción de gobierno, caracterizada por el talante y el diálogo sin condiciones. Ya en sus tiempos de líder de oposición, Zapatero mostró que lo suyo es la moderación. Al propio Iñaki Gabilondo le ha recordado más de una vez que su estrategia en la oposición a Aznar esuvo sujeta en todo momento a la más exquisita elegancia política y al rechazo constante de cualquier postura que pudiera provocar crispación. Seguramente se refería a las manifestaciones del Prestige o a las algaradas de Irak, o tal vez a los ataques a los miembros y sedes del partido en el gobierno durante las jornadas de exaltación democrática inmediatamente posteriores al 11-M, plenas de tolerancia política, exquisitez en las formas y respeto al adversario.

Pues bien, todo este bagaje de mesura democrática, que el presidente por accidente reclama como su patrimonio más valioso, se ha desvanecido con el asunto del cambio climático. Gran decepción para los que vieron en ZP la quintaesencia de las cuatro virtudes teologales de progreso: diálogo, talante, mestizaje y tolerancia.

Lo que debería hacer Zapatero es abrir un proceso de diálogo con el clima para llegar a una solución de consenso, que satisfaga a las dos partes de forma que no haya vencedores ni vencidos. Sería un camino largo y difícil, a lo largo del cual podrían ocurrir accidentes (una inundación, un par de tsunamis…), pero la sociedad democrática apoyaría sin dudarlo ese esfuerzo talantudo ZP I El Pacificador.

El único problema es que la mayor parte de los climatólogos serios está cada vez más convencida de que el origen de las fluctuaciones de temperatura del planeta no se encuentra en la acción humana, sino en los ciclos de actividad solar. O sea, que por mucho que nos riña la ministra Narbona y por más que nos vacíen el bolsillo con coacciones absurdas, el planeta se seguirá calentando y enfriando, exactamente igual que lo viene haciendo en los últimos cuatro mil millones de años. Por tanto, no estaría de más que nuestro gobierno sacara su vena autoritaria para atajar otros problemas mucho más cercanos al ciudadano de bien. ¿Qué tal 170 medidas para acabar con la ETA? Es sólo una sugerencia.

¿Y si el Banco de España no existiese?

Lucía va por la mañana a su instituto, donde tiene un examen de Economía. Pero para su sorpresa el precio del viaje en autobús se ha quintuplicado por el descontrol de la inflación, los billetes los emite el sospechoso banco Avalancha, no existen cajeros automáticos y no hay examen porque sus profesores se manifiestan para pedir más sueldo. En el mundo ficticio de Lucía, imaginado por siete alumnos de 2º de Bachillerato del instituto de Secundaria Torrellano, de Elche (Alicante), desaparece el Banco de España y el monstruo hiperinflación campa a sus anchas. Los estudiantes imaginan un caos económico: los billetes no están emitidos por el BCE, nadie acepta las tarjetas de crédito ni se pueden hacer transferencias y los bancos no responden a sus obligaciones. Lucía se acuerda del corralito y empieza a entender por sus propias experiencias las funciones del banco central.

Se trata de un cuento con el cual han ganado el concurso “El Banco de España y la estabilidad de la economía” convocado para dar a conocer la institución. Según Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su gobernador en el mundo real, “Afortunadamente, la protagonista se despierta de la pesadilla”. Seguramente se refiere a que él conservará su muy lucrativo e influyente puesto de trabajo desde el cual ejercer de semidiós controlador del sistema financiero del país. Está encantado de ver cómo calan las ideas de los bancos centrales sobre el socialismo estatista en lo monetario y lo prioritario que es controlar la inflación: ellos la causan, pero con total desvergüenza aseguran que luchan contra ella (contra la deflación también, que ambas son malísimas, sólo vale la estabilidad de los precios y papá estado ha de estar vigilante por el bien común).

La supina ignorancia sobre asuntos económicos, monetarios y financieros que estos críos demuestran con su relato es normal para su edad y el proceso de adoctrinamiento y aborregamiento conocido como educación pública. Pero algo de vergüenza podría darle a su profesor de Economía, José Ángel Molina, orgulloso de su necedad (la suya propia y la de sus pupilos): “Les dije que pensaran en qué pasaría si no existiese el Banco de España”. Dada la patética situación de la ciencia económica tampoco sorprende que los maestros sean meros transmisores irreflexivos de las falacias oficiales. Muchos presuntos economistas (entiéndase licenciados en ciencias económicas) tienen una ignorancia tal vez peor, porque en su sofisticación creen que saben.

Una burocracia coactiva que pretenda sobrevivir parasitando a los ciudadanos productivos necesita emitir propaganda sobre lo esenciales que son sus servicios y cómo éstos no pueden ser proporcionados en un mercado libre. Hay que saber mentir creyéndoselo, que así se engaña mejor. Sería interesante ver la reacción del (¿imparcial?) jurado del concurso ante un ensayo que mencionara la escuela Austriaca de Economía, el liberalismo, la emergencia espontánea de instituciones evolutivas como el dinero, el derecho y el lenguaje, la banca libre y competitiva con emisión privada de moneda, la posibilidad de organismos privados de certificación, los daños del intervencionismo estatal, y los ciclos económicos causados por la expansión monetaria y crediticia orquestada por los bancos centrales.

Dado que niños y adolescentes viven muchos años encerrados en entornos artificiales aislados del mundo real, es explicable que estos chicos ignoren que bancos centrales los hay en prácticamente todos los países (también en el del corralito, qué curioso) y en todas partes hay inflación y a menudo huelgas y manifestaciones para pedir aumentos de salario. Y que cuando no había bancos centrales había dinero emitido por bancos privados con bastante prestigio, y la economía y las finanzas funcionaban, y ya existían las transferencias y los bancos solían responder a sus obligaciones ante sus clientes o ante la justicia (salvo cuando los gobernantes les hacían algún favorcillo inconfesable como montar un banco central para que los bancos fraudulentos pudieran seguir trampeando sin que los bancos honestos los pusieran en evidencia).

Estos adolescentes demostraron no ser del todo intelectualmente irrecuperables: pidieron ver el oro del banco; no les dejaron ni acercarse a las cámaras acorazadas donde se supone que se guarda el poco que queda. Total, es una bárbara reliquia.

Regulemos la inmigración con capitalismo

Nunca han destacado aquí los empresarios ni sus amigos por ser defensores del capitalismo ni la libertad individual. “Fomentar” y “adoptar medidas” sólo significa que sea el Estado quien incurra en tales costes en lugar de los propios empresarios. No es la gente (¡inmigrantes incluidos!) la que se debe adaptar a las “necesidades del país” (¿quiénes son ellos para representarlas?), sino al revés. Este tipo de empresario pretende externalizar sus costes a expensas de la sociedad para aprovecharlos como un beneficio. Su justificación es la misma que usan los falsos altruistas y demás socialistas. Se trata de proclamar una decisión partidista y esconderla tras la solidaridad a punta de pistola, la del estado: barreras de entrada, discriminación aleatoria, sumisión, fiscalización y más impuestos para mantener el Estado omnipotente.

Los inmigrantes pueden significar una fuente de prosperidad o un sinfín de problemas sociales y económicos. La diferencia entre los dos es la diferencia entre que el Estado intervenga, o en que se quede al margen.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno de ZP ha utilizado al inmigrante para maquillar las magnitudes macroeconómicas. La reducción del paro o el superávit de la Seguridad Social —todos ellos en parte gracias a la inmigración— pueden parecer buenas noticias, pero cualquiera que observe detenidamente las cuentas advertirá rápidamente que esos magníficos datos sólo se sustentan en una economía intensiva en trabajo, que se puede volver en nuestra contra con la misma facilidad con la que ha venido. En una sociedad libre, ante una crisis, el capital humano expulsado es rápidamente canalizo hacia otras ramas de la estructura productiva. Con el Estado de por medio, es imposible que algo así ocurra porque no hay incentivos suficientes para el cambio.

Adicionalmente, los inmigrantes han descubierto que el esfuerzo personal no va necesariamente ligado a la producción ni a mayores rentas en este país. El estado del bienestar les proporciona dinero gratis por su condición, y la economía sumergida una fuente de recursos extra por su nivel de cooperación económica y productiva.

Esto nos lleva al tan nombrado “coste social” de la inmigración. Parece ser que los españoles somos muy favorables al estado del bienestar cuando nos beneficia (o eso creemos). No cesamos de alabar la igualdad, la redistribución e impuestos progresivos, pero cuando vemos cómo todo este dinero se desvía a los inmigrantes, proclamamos nuestra indignación. Los inmigrantes tienen un indudable trato de favor ante el Gobierno; nos puede gustar o no, pero eso es el estado del bienestar desde siempre. Consiste en bajar las rentas altas —la de los españoles en este caso—, para subir las rentas bajas —la de los inmigrantes. Evidentemente, sólo las declaradas. En el momento que un defensor del estado del bienestar proclama su indignación por este favoritismo gubernamental hacia los inmigrantes, le cae la careta de falso altruista para mostrar su auténtico rostro egoísta. En parte, el socialismo se alimenta de ese egoísmo forzado por el Estado. Si el aforismo “ley de la jungla” tiene alguna aplicación, es sin duda al socialismo.

El antiguo Estados Unidos, al que entonces le llamaban “La Tierra de las Oportunidades”, se creó con la fuerza de inmigrantes que venían con lo puesto y una ambición sin límite. Si no hubiese sido por la nula intervención estatal, Estados Unidos no sería más que un país del montón o seguiría en los mismos niveles de pobreza del siglo XIX. No hay que inventar nada, sólo aprender de la historia y mantener en primer lugar la libertad por encima de todo.

La inquisición cinematográfica

La Ley del Cine avanza irremisiblemente hasta aparecer próximamente en el BOE, generando, en medio de su tramitación, críticas por todos los lados. Los amigos de la extorsión al contribuyente, los del séptimo arte español que sólo se refieren a su país para mantener el negocio del subsidio se quejan porque no cumple con sus expectativas. Mientras tanto, las salas de cine se lanzan a la huelga como muestra de su negativa a aceptar lo inaceptable: exponer películas españolas por decreto.

Con una frase propia de dictadorzuelo de república bananera, la Ministra Clavo explicó que no tendría que promulgar esta Ley si los españoles fuéramos "a ver nuestro cine". De nuevo, un Gobierno impone lo que se debe ver, como antes hizo con el tabaco, al prohibirnos fumar porque no sabemos ser libres.

Además del cinismo moral de gobernar por nuestro bien y obligarnos a que veamos cine que no queremos ver (ni, por cierto, pagar con nuestros impuestos), lo que esconde esta decisión es un atentado al derecho de propiedad. Mejor dicho, otro más en la larga e interminable sucesión de políticas que vulneran este derecho.

A casi nadie parece chocarle que se impongan cuotas al cine español porque la cultura está por encima de cualquier cosa; como sucediera antaño la religión, funciona como justificación última para cualquier atropello a la libertad. Sin embargo, a todos les repugnaría si el Gobierno les dijera con quien deben emparejarse, casarse o relacionarse. Al fin y al cabo, en su cuerpo manda cada cual, ¿o no?

Siendo coherentes, si somos dueños de nuestras vidas, también lo somos de lo que pensamos, por eso, la ministra lucha denodadamente contra los piratas informáticos que vulneran la propiedad intelectual. Pero la pregunta siguiente es por qué lo "intelectual" tiene validez jurídica mientras que lo material, una sala de cine, no.

La lógica no entiende de políticas o, más bien, no es de izquierdas, porque si lo fuera no haría prevalecer un derecho de propiedad sobre otro, vulnerándolo flagrantemente. Los dueños de las salas de cine deberían proyectar lo que les viniera en gana y los cineastas españoles, producir lo que decidieran pero sin que lo pagáramos los ciudadanos bajo coacción. La obsesión por fijar cuotas es propia de un Gobierno que ama tanto la libertad como los cineastas españoles el libre mercado. Lo uno no se entiende sin lo otro.

En cualquier caso, lo que está claro es que la inquisición cultural ha vuelto a resurgir. Tenemos un Gobierno reaccionario al que hemos de dar gracias por retornar a prácticas tradicionales sacrosantas y claramente higiénicas para la salud mental del país. ¿Para cuándo un nuevo NODO?

Sólo imaginarse a la Calvo, a ZP y a sus ministros hablando del país de las maravillas, debería colmarnos de alegría. Un país donde el cine se ve, porque así lo quiere el Gobierno, en contra del sentir popular, que no sabe sentir nada de lo que debe sentir, como debería cualquier pueblo progre. En ese país multicultural, reinaría la felicidad… ¿Por qué entonces, tanto ruido? ¡Alabemos la Ley del Cine y nada de The end sino Fin, que ya vale de tanta americanada!

La coartada de la inflación de costes

John Maynard Keynes había sostenido que el desempleo en la economía era consecuencia de una demanda insuficiente. Su receta mágica para salir de las recesiones económicas pasaba por incrementar el “gasto autónomo” (el gasto discrecional en la economía). A falta de inversión o consumo privados “suficientes”, la solución venía a coincidir en esencia con más gasto público.

El paradigma keynesiano entró en crisis durante los años 70 cuando la economía estaba padeciendo simultáneamente inflación, estancamiento económico y desempleo. Si los apóstoles del inflacionismo y el despilfarro público querían sobrevivir había que inventar algo y pronto. ¿Cómo podía explicarse que los precios comenzasen a subir y además de forma significativa, antes de alcanzarse el pleno empleo? Fue en este contexto en el que apareció la idea de la “inflación de costes” como presunta explicación de tal paradoja: la culpa de todo la tenían los costes. No era la demanda la que hacía subir los precios, sino el creciente coste de los factores de producción. Esa carestía de los factores constreñía la producción. Suya era la culpa de la caída en la renta y la subida de los precios de los bienes y servicios finales.

La “inflación de costes” ha sido seguramente la penúltima trinchera en la que la teoría keynesiana ha tratado de refugiarse aprovechándose de una pobre comprensión sobre el proceso de formación de los costes y de los precios entre el gran público y no pocos economistas.

Armen Alchian describía con un bonito ejemplo cómo incluso la más evidente de las subidas de precios originadas por aumentos de la demanda de los consumidores aparecía como inflación de costes ante el observador casual. Supongamos que el Estado incrementa sus gastos y que recurre para su financiación al banco emisor forzándole a la emisión de nueva moneda para cubrir tales gastos –si los gastos se financiasen con una mayor recaudación fiscal estaría quitando poder adquisitivo a unos para dárselo a otros y no tendría necesidad de nueva moneda envilecida–. La nueva moneda incrementa los ingresos de los receptores del gasto público, que a su vez incrementan sus expendios pasando por ejemplo a comer carne o pescado cinco veces por semana en lugar de tres.

Las carnicerías y las pescaderías –que de momento no tienen motivo para subir los precios– ven reducirse sus existencias más aprisa de lo que venía siendo habitual y de lo que tenían previsto. Para reabastecerse se dirigen a los mercados mayoristas, produciéndose en éstos el mismo fenómeno de rápida minoración de stocks. Así que los mayoristas dan orden a sus agentes de que se reabastezcan en las lonjas y en los mataderos. Llegados a este punto es donde la presión de la nueva demanda se manifiesta con toda su intensidad. A los antiguos precios no hay pescado ni carne para todos los reabastecimientos. En tal caso y como hay disparidad entre la oferta y 1a demanda, el precio sube hasta que la oferta y la demanda coincidan, de tal modo que ningún oferente o demandante dispuesto a aceptarlo abandona insatisfecho el mercado. Cuando a la semana siguiente las amas de casa protestan por la subida en el precio de la carne, el carnicero comentará todo convencido que han sido los costes incrementados a los que se enfrenta los que le obligan a cargar precios más caros.

Una de las grandes aportaciones que realizó la Escuela Austriaca a la Ciencia Económica fue la del concepto de coste de oportunidad. El coste de llevar a cabo una acción es la utilidad que dejamos de obtener por tener que renunciar a otra acción alternativa. En términos monetarios, el coste de un factor es igual al valor que tiene que pagarse por un factor para incorporarlo a una línea de producción y superar las pujas de otros que tratan de atraerlo a producciones alternativas. La demanda final de los consumidores es la que determina qué línea productiva se lleva el gato al agua y, por ende, el nivel al que se acaba fijando el coste de los factores. Si, por ejemplo, los fabricantes chinos aumentan sus volúmenes de producción para satisfacer la creciente demanda de sus productos, presionarán al alza sobre el coste de los factores intermedios (acero, cemento…) y las materias primas (petróleo, cobre…) para poder disponer de los mismos en mayores cantidades. De nuevo aquí, una insuficiente comprensión de la cadena causal pone el énfasis de la inflación en los costes en vez de en la demanda. La cadena de causas en realidad va de los precios esperados a los costes ofrecidos y no, como sostenían los antiguos economistas clásicos, de los costes satisfechos a los precios solicitados. Si bastase con comprar factores de producción y luego ponerles un margen y revenderlos cualquiera podría dedicarse al comercio, pues cualquier línea o negocio produciría beneficios sin mayores calentamientos de cabeza.

Existe un tercer escenario en el que la idea de inflación de costes –distinta de la inflación de demanda– aparenta mayor plausibilidad que las dos anteriores. Se trataría del caso en el que los propietarios de los factores retienen parte de la producción, sacando menos cantidad al mercado y, de esta forma, elevando su precio. Aunque tal caso parece ser una excepción del supuesto de que es la demanda final la que es la responsable última de las subidas de precios, un examen más cuidadoso nos hace comprender que esto no es así. En realidad, los “especuladores” que retienen producción están actuando como agentes de la demanda futura que se prevé más fuerte que la actual. Es el previsible mayor precio del futuro el que retira la producción del presente. En casos de depreciación sistemática del signo monetario, no es de extrañar, por tanto, que se produzca un significativo incremento de los inventarios al existir pocas dudas de que las pujas en términos monetarios nominales de mañana serán significativamente superiores a los de hoy.

Resumiendo: en general y salvo casos muy excepcionales de desabastecimientos causados por guerras, plagas o catástrofes naturales (difícilmente el caso en los años 70 y para todo el mundo), la subida generalizada y constante de precios es consecuencia del incremento del circulante envilecido, la anticipación de incrementos futuros y la parcial monetización de materias primas, inmuebles y otros bienes reales como depósitos de valor alternativos más adecuados. Algo que, por otra parte, todos los críticos del inflacionismo y las teorías keynesianas habían pronosticado con cierta antelación; augurios que los predicadores del envilecimiento monetario se esforzaron por silenciar.

El Estado tutelar contra las apuestas online

Los españoles apostaron por Internet el año pasado 413 millones de euros y este año se estima que la cifra llegará a los 600, una cantidad "por la que el Estado no recauda ninguna cantidad" dado que los sitios web de apuestas y casinos, gracias a las ventajas de la globalización y de Internet, valga la redundancia, suelen radicarse en paraísos fiscales.

Este es un ejemplo del tan alabado consenso entre todos los partidos; podrán llevarse a matar por asuntos como la idea de España y el proceso de rendición, pero en lo que se refiere a regular el libre mercado y sacar impuestos de cualquier actividad se ponen todos de acuerdo. Incluso hacen carreritas ridículas a ver quién llega antes. Luego ponen excusas absurdas, como que "apostar online es fácil para cualquier usuario de Internet", sin necesidad de desplazarse y "durante las 24 horas del día", como si semejantes características fueran un desdoro para una empresa, en lugar de una virtud que ya quisiéramos que tuvieran, por ejemplo, los organismos públicos a la hora de dar atención a sus obligados clientes.

Pero quizá la excusa más llamativa y falsa que se han buscado es la protección a la infancia. Ciertamente, un niño armado con un ordenador conectado a Internet puede entrar en una página de apuestas y mentir sobre sus datos para registrarse. Pero para poder jugar necesita una cosa más: dinero. Y no unas monedas, sino una tarjeta de crédito o acceso a un talonario de cheques; cosas que tiene vedadas en cualquier hogar mínimamente responsable. No es, por tanto, un problema que vaya a quitar el sueño a los españoles, aunque no dudo que se vayan a dar casos. Pero la anécdota no es categoría.

El caso es que los españoles se suben tarde al carro. Ya el Senado estadounidense prohibió las apuestas y casinos online exactamente por el mismo método que emplearía un padre: impidiendo el uso de tarjetas de crédito, cheques y giros electrónicos para apostar vía Internet. El problema de esta medida es el que atisbara la sabiduría de Tocqueville en 1835, cuando conjeturó que el peligro que podría conllevar la democracia a largo plazo sería la aparición de "un inmenso poder tutelar" cuya autoridad sería como la de un padre "si su objetivo fuera, como aquella, preparar a los hombres para la edad adulta", pero que, sin embargo, lo que buscaba era "mantenerlos en una perpetua infancia". A un Estado así, que garantizara la seguridad de los hombres, previera y atendiera a sus necesidades, facilitara sus placeres y se ocupara de sus principales preocupaciones, "¿qué le queda sino ahorrarles a todos la preocupación de pensar y la angustia de vivir?"

Ciertamente, el Estado tiene un papel que jugar y que, como es lógico, no está cumpliendo. Buena parte de la publicidad de los casinos online en España es fraudulenta. Pagan a sitios web para que aseguren haber encontrado un método matemático infalible con el que cual siempre se gana, tras lo cual ofrecen un enlace al casino que les ha puesto la pasta encima de la mesa. El hecho de que alguien afirme que existe una forma sencilla, matemática y universal de ganar debería hacer dudar a cualquier persona sensata: si así fuera no lo dirían sino que lo usarían para forrarse, pues al contar su secreto a todo el mundo sólo conseguirían que su fuente de ingresos, los casinos, se arruinaran. Se puede creer a gente como "los Pelayo", pues su secreto simplemente consistía en estudiar las ruletas para averiguar los defectos físicos que pudieran tener y que se reflejaran en apuestas que salían más a menudo; lo difícil era averiguar esos fallos, no tener esa idea. Las matemáticas, claro, hacen caso al sentido común y demuestran que el sistema de doblar la apuesta al perder, o martingala, no funciona.

Pero esto no tiene nada de particular; un timo es un timo en Internet y fuera de Internet, y debe perseguirse en ambos casos. Eso no es excusa para montarse a crear leyes cuyo único objetivo es recaudar impuestos y ahogar a quienes osan amenazar el monopolio estatal sobre el juego.

Su pensión sigue sin estar asegurada

La medida del Gobierno es, ciertamente, un despropósito, un intento desesperado por mantener a flote un barco, el sistema público de pensiones, con más agujeros que un colador. Desde luego, lo más sensato sería abandonarlo, en botes salvavidas o a brazada limpia; pero si de lo que se trata es de acercarlo a puerto antes de evacuarlo, no pueden caber dudas sobre la ruta que ha de seguirse.

Es posible que algunos liberales se hayan dejado seducir por la reforma, al imaginar los beneficios derivados de que parte de las cotizaciones a la Seguridad Social vayan a parar la bolsa, el centro neurálgico del capitalismo. Que no se engañen: una cosa es que los mercados de capitales sean un elemento esencial de nuestra sociedad y otra muy distinta que sean la panacea.

Si queremos ubicar la polémica en su contexto y entender por qué el Gobierno no ha avanzado ni un ápice en la buena dirección, conviene que analicemos los dos grandes planteamientos que presiden el debate sobre las pensiones. Uno de ellos, el partidario de los llamados "sistemas de reparto", aboga por los sistemas coactivos de "solidaridad intergeneracional", que funcionan así: los trabajadores de hoy pagan la pensión a los de ayer (jubilados) a cambio de que los del futuro hagan lo propio cuando sean ellos quienes lleguen a la edad de retiro.

Pese a la pompa con que se los describe, son sistemas fraudulentos, injustos e ineficientes. Fraudulentos, porque es imposible que cobren todos y cada uno de sus integrantes (al final, siempre habrá alguien que no tenga a nadie detrás en la cola), por lo que habrá trabajadores que paguen sin recibir nada a cambio; injustos, porque son coactivos: como se obliga a la gente a cotizar, en ellos ni se es ni se puede ser solidario; e ineficientes, porque reducen la cantidad de ahorro disponible en los mercados financieros y porque las pensiones que brindan son una miseria.

El otro gran planteamiento es el que defiende la puesta en marcha de sistemas de capitalización. Aquí, cada individuo ahorra voluntariamente una porción de la renta que obtiene durante su vida laboral y la destina a la inversión, con cuyos beneficios pagará su propia jubilación.

Si los sistemas de reparto son fraudulentos, injustos e ineficientes, los de capitalización son autosostenibles, justos y eficientes. Autosostenibles, porque los individuos no necesitan expoliar a nadie para percibir sus pensiones; justos, porque son voluntarios; eficientes, porque incrementan los niveles de ahorro e inversión –por lo que se genera más riqueza, lo que a su vez permite que haya más proyectos empresariales, más avances tecnológicos, y más bienes y servicios a precios más baratos– y dan la posibilidad de percibir unas pensiones mucho más cuantiosas.

El Instituto Juan de Mariana estima que la pensión media de una persona que empezara a ahorrar unos 4.200 euros anuales a los 25 años y se jubilara, como ahora, a los 65 oscilaría entre los 8.000 y los 27.000 euros mensuales (según la rentabilidad obtenida cada año). Si comparamos este monto con lo que percibe hoy en día un pensionista, podremos hacernos una ligera idea de la miseria que engendra el sector público.

Pues bien, la inversión en bolsa del fondo de reserva de las pensiones, en lugar de acercarnos a un sistema de capitalización donde cada individuo tome sus propias decisiones y se convierta en propietario de las empresas cuyas acciones adquiera, nos afianza en el dirigismo político de los recursos económicos y en la irresponsabilidad individual. Pero es que además se trata de una medida que entraña un peligro considerable para la libertad y el mercado: como el Estado comprará numerosas acciones, ejercerá una influencia aún mayor sobre el empresariado. Si lo deseara, podría llegar a entrar en los Consejos de Administración y participar en la toma de decisiones de gran calado.

Por mucho que el fondo de reserva vaya a parar a los mercados financieros, esto no tiene nada que ver con el capitalismo, sino más bien con el corporativismo y el neoliberalismo.

El camino debería ser otro. Si los políticos no tienen el coraje necesario para privatizar la Seguridad Social y avanzar hacia un sistema de capitalización, al menos no deberían tener excusa para no devolvernos los excedentes de nuestras cotizaciones, con los que constituyen el fondo de reserva. Si ya están pagando las pensiones actuales, ¿por qué no nos devuelven el exceso y nos permiten invertirlo? ¿Por qué lo retienen y se lo entregan a sus amiguetes?

Los sistemas de reparto y capitalización expresan dos filosofías políticas: la que sostiene que el individuo debe ser un apéndice del Estado desde la cuna hasta la sepultura y la que considera que cada persona tiene derecho a utilizar su propiedad para tratar de lograr sus objetivos existenciales. Y ya sabemos que el socialismo quiere convertirnos a todos en siervos del poder político.

Paradojas stiglitzianas

Los premios Nobel han adquirido un reconocido prestigio en las ciencias naturales. En Economía, no obstante, tiene sus más y sus menos. Entre sus últimos aciertos, los de Phelps, Prescott o Vernon Smith. Pero siempre me maravilló que se lo dieran a Joseph Stiglitz.

Este viernes se pasó por Madrid, invitado por la Fundación Atman, y dejó su poso de economía misteriosa y contradictoria. Acaso lo más chocante fuera su juicio sobre las remesas. Son importantes para el desarrollo, ha dicho. Y lo cierto es que, a diferencia de las ayudas públicas, llegan de verdad a quien las necesita y además de una forma muy barata.

Mas, aunque ayudan a mantenerse a las familias de los países pobres, no contribuyen al desarrollo si el país no favorece la creación de capital, es decir, transformar esa renta en riqueza. Y los países pobres lo son precisamente porque no favorecen esa transformación.

Acaso el bueno de Stiglitz no quisiera aburrir a la audiencia con estas razones, o acaso le sean ajenas. Pero lo que sí dijo es que era criticable la “fuga de cerebros” de los países pobres a los ricos.

Pero esa fuga se explica porque los países ricos tienen más capital y hacen el trabajo más productivo, de modo que generan una renta mucho mayor que la que podrían crear en su país, y eso acaba beneficiando al terruño de origen.

También dijo que la globalización obliga a los trabajadores más cualificados a competir con quienes lo son menos. ¿En serio? ¿Compite todo un Nobel de Economía con un porteador o un cajero? Más bien lo que ocurre es que los trabajadores con poco capital humano que van a los países ricos ayudan a profundizar la división del trabajo, desde un puesto más productivo.

Es autor de un libro que el mercado ha llevado a todos los rincones, y que es una crítica a la globalización. Su último libro es una nueva contradicción, un oxímoron, una paradoja. Propone un comercio más justo, pero no más libre. Qué cosas.