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Sí, propiedad

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

"Propiedad" es el título de un artículo publicado ayer (14/3/2007) en La Vanguardia por el teólogo José Ignacio González Faus, responsable de teología de Cristianisme i Justicia, en el que éste defiende nada menos que la moralidad de la ley sobre el derecho a la vivienda del gobierno de la Generalidad de Cataluña.

La propiedad privada es el principio ético esencial en una sociedad libre, por eso no es de extrañar que en defensa de un gobierno proto-totalitario se le dé a aquella un carácter secundario. Y es que para el señor González Faus la ley-expolio "que contempla la posibilidad de poner en alquiler casas no habitadas, y medidas semejantes" (sic) es de un "valor moral" incuestionable, si bien prefiere no pronunciarse sobre la eficacia de la misma ni, por lo tanto, se para a cuestionar si las medidas supondrán, además de la promesa de una amenaza, un menoscabo en el uso eficiente de las bienes expropiados. Sencillamente no le importa porque se trata de hacer justicia con una ley cocinada al efecto.

Sin perder de vista que lo que me importa destacar en este artículo es la lamentable defensa que se hace del totalitarismo sui generis que padece la sociedad catalana, quisiera destacar el modo grosero en que se recurre a la moral y a la teología para justificarlo.

Afirma el teólogo que la propiedad no es un derecho sagrado, destacando que sirve a una "finalidad más amplia y más justa que es el destino universal de todos los bienes de la tierra". Se apoya en la afirmación que Juan Pablo II dejó escrita en la Sollicitudo rei sociales (42):

Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava una hipoteca social, es decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes.

Como señalaba Rafael Termes,

esto es precisamente lo que en el sistema capitalista tiene lugar, cuando los bienes poseídos en privado son destinados al proceso de producción, creando puestos de trabajo y rentas para los demás.

Y es que la mencionada encíclica significa un encendida defensa de la iniciativa privada que llevaba a Juan Pablo II a denunciar que

entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida "igualdad" de todos en la sociedad, reduce o, sin más, destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del ciudadano. (15)

Continúa el señor González Faus encadenando disparates hasta llegar a la traca final en la que plantea a los lectores un juego: adivinar el autor de varias citas en las que, en cualquier caso, es imposible ver la justificación ni moral ni mucho menos teológica del atraco nacionalsocialista que él defiende. Y es que, en contra de lo que quiere hacernos creer, aunque Santo Tomás no elevo a natural el derecho a la propiedad privada, es decir, no remató debidamente un teoría de los derechos naturales, sí que la justificó.

No siendo contraria a la ley natural, la propiedad privada, como invención de la razón humana, se justifica, según el Aquinate, porque el hombre siempre defenderá más y mejor su posesión que lo que es de muchos; porque dedicará mayor esfuerzo en beneficio propio que en el de los demás y porque, en definitiva, "es la mejor garantía de una sociedad pacífica y en orden" (Rothbard, p.87).

Santo Tomás de Aquino alude a cuestiones económicas cuando suscitan problemas de teología moral, precisamente esto es lo que parece acontecer, pasados los siglos, con los teólogos que pretenden justificar el expolio, que prepara un gobierno nacionalsocialista, con una poco refinada argumentación moral y teológica.

En realidad lo que parece alimentar el celo franciscano, es un decir, del señor González Faus es la nostalgia y lo que le da impulso es el desconocimiento de la evolución y el progreso.

Cuando afirma que "en una economía mucho más primitiva y de intercambio, los padres de la Iglesia repetían que la limosna no era un acto de caridad sino de justicia" esta soslayando que, en contra del propósito de la Generalidad, la limosna era voluntaria. El revestimiento moral que cada cual le quisiera dar a su conducta en aquellos tiempos "primitivos", o ahora, nada tiene que ver con la redistribución coactiva administrada por el actual gobierno catalán.

Las consecuencias de la manipulación del dinero

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

En países como Estados Unidos están viviendo lo que puede ser el inicio de una crisis anunciada y que en algún momento llegará aquí. El mercado de la vivienda empieza a retroceder y está repercutiendo directamente en la economía financiera.

Uno de los grandes detonantes del actual estado de volatilidad del mercado ha sido la aparente crisis del carry trade debido a la reciente subida de los tipos de interés del Banco de Japón. El carry trade es una inversión apalancada que se realiza en una divisa cuyos tipos de interés son más bajos que el crédito de los activos que van a ser comprados en otro país. Por ejemplo, pedimos una hipoteca denominada en yenes. Pagamos una cuota muy baja ya que el tipo oficial a corto plazo de Japón está al 0,5% para comprar una casa en España. El problema surge cuando el yen sube como está ocurriendo. En ese momento vamos a tener que devolver el dinero más caro de lo que lo hemos adquirido, luego perdemos. No sólo eso, sino que además estamos financiando un activo a largo plazo (20, 30 años o el término de la hipoteca), con otro de corto plazo. La enganchada puede ser monumental. El carry trade en general, no sólo el hipotecario, mueve más de un billón de dólares, por lo que la subida del yen es una buena razón para el nerviosismo norteamericano.

A esto se ha sumado en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime (secundarias) que son las concedidas a clientes de alto riesgo, esto es, a aquellos clientes con poca o nula capacidad de financiar proyectos a largo plazo. Las empresas que conceden este tipo de préstamos se endeudan con otras entidades financieras para ofrecer financiación a terceros a un mayor tipo de interés para compensar el riego. Las subprime representan el 20% del mercado hipotecario americano. El problema es que estás empresas tienen los días contados, de hecho, empresas como Central Pacific Mortgage o la gran New Century Financial Corp. están en quiebra. Esta última, por ejemplo, no puede hacer frente a los créditos que tiene con grupos como Merrill Lynch, Citigroup o Morgan Stanley. Por tanto, éstos también tienen un problema, y gordo.

La Bolsa se ha hecho eco de esta situación y sólo se está traduciendo en pérdidas, especialmente en la banca. Las noticias en España no acompañan, parece que vamos de cabeza y a toda velocidad en la misma dirección que Estados Unidos: la deuda bancaria de los españoles se ha doblado desde 2002 (entrada del euro), pasando de 15.500 euros por cabeza en ese año a los poco más de 31.000 euros en 2006 según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Como no podemos con los pagos, ¿qué hacemos los españoles? Nos endeudamos más aún: la reunificación de créditos aumenta. Curiosamente, esas empresas que están quebrando en Estados Unidos se dedicaban precisamente a esto. ¿Y todo esto qué provoca? Que el ahorro familiar se hunda a cotas anteriores a las del año 2000. El ahorro es una de las piezas clave para una economía sana, y está desapareciendo. Además, en España la deuda hipotecaria roza el nivel del PIB y la subida de tipos por parte del BCE harán aumentar la morosidad.

No es que esto sea el fin, pero tampoco son precisamente buenas perspectivas. Las empresas aún están teniendo muy buenos resultados y los ratios empresariales son más que aceptables. Además, los márgenes de intermediación de las entidades de crédito aún son amplios y pueden soportar cierto grado de pérdidas, pero está claro que este modelo de economía no es sano ni deseable. Algo falla aquí. Teóricamente, estas cosas no tendrían que ocurrir, porque para eso los gobiernos crearon los bancos centrales. Pero éstos no sólo no evitarán una crisis en el futuro, sino que la están provocando.

Los bancos centrales son los responsables de la emisión de dinero y la "estabilidad de precios". En lugar de estabilizar los precios con altos tipos de interés acordes a las necesidades reales productivas han forzado con su política monetaria expansiva y populista algo que jamás tendría que haber ocurrido. Han generado enormes cantidades de papel moneda que no está respaldada por nada y lo han lanzado al mercado. Las consecuencias están a la vista: inflaciones crediticias (no confundir con el IPC) imposibles de asumir por el ciudadano medio que ve subir mes a mes los precios y sueldos que se mantiene igual que la década de los 90. Antes de la creación de los bancos centrales nunca había habido antes tantas crisis globales de tanto calado.

Si los bancos centrales siguen manipulando nuestro dinero como si fuese suyo y sin responsabilidad, las crisis seguirán ocurriendo de forma crónica. La solución pasa por eliminar a estos planificadores monetarios y recobrar un sistema sano y próspero como fue el patrón oro.

Barreras de entrada

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En teoría económica es muy normal hablar de las denominadas “barreras de entrada”. Bajo esta denominación se estarían incluyendo todos aquellos obstáculos que dificultan la entrada de una empresa en un mercado determinado. Éstas pueden ser de muy distinto tipo, e incluyen fenómenos tan diversos como son las economías de escala (la disminución en el coste unitario de producción conforme aumenta el volumen), las inversiones mínimas necesarias, las curvas de aprendizaje, etc.

Todas las barreras anteriores tienen un origen natural, y no perjudican al consumidor, como en un principio podría suponerse. Si bien es cierto que estos obstáculos dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado, también lo es que su existencia ha surgido precisamente de las inversiones realizadas por las empresas que participan en dicho mercado en su búsqueda de formas de aumentar la satisfacción del cliente. Dicho de otra manera, el cliente no se verá satisfecho con esa nueva empresa en el caso de que no realice las inversiones necesarias que le permita sortear las barreras de entrada.

Pensemos por ejemplo en el mercado automovilístico. Si una persona, por sí misma, tratase de producir un vehículo tendría que adquirir unos conocimientos elevados en áreas tan diversas como electricidad, mecánica, electrónica, ingeniería, etc. Tras dedicar varios años de su vida a ilustrarse en dichas materias, debería producir piezas de muy diversos orígenes y con procesos de fabricación totalmente distintos para posteriormente ensamblarlas. Finalmente, si hubiese logrado producir un coche, debería destinar más tiempo y dinero para probarlo a fin de determinar su fiabilidad. Lo más probable es que, a estas alturas, dicha persona hubiese fallecido tras una larga vida. No obstante, y si hubiese tenido la suerte de tener una esperanza de vida harto elevada, habría producido un coche que contadas personas hubiesen tenido dinero suficiente para comprarlo, dado el tiempo dedicado y los costes de producción.

Sin embargo, en la vida real millones de personas pueden permitirse la satisfacción de poseer un coche a un precio adaptado a sus ingresos. Esto sucede así ya que las empresas automovilísticas han realizado inversiones elevadas que les ha permitido producir vehículos cada vez más fiables y con mayores prestaciones y a precios más asequibles. Además, la experiencia que han ido obteniendo tras muchos años en el mercado, les ha permitido aumentar la eficacia de sus procesos. Por tanto, las economías de escala del sector, sus curvas de experiencia y las inversiones realizadas son el resultado de haber logrado la satisfacción del consumidor, surgiendo de ahí las barreras.

Si una empresa quisiese competir en dicho sector habría de cumplir con dichas barreras. Pero éstas no han sido levantadas por la competencia con el objetivo de impedir la entrada de nuevos productores, sino que son el resultado de las exigencias del consumidor.

No obstante, existen barreras de entrada cuyo origen no tiene en absoluto que ver con el consumidor. Estas barreras no tienen como origen el libre mercado, ya que no van a surgir de la necesidad de satisfacer al consumidor. Es más, puede darse el caso incluso de que atender dichas barreras provoque una peor atención al cliente. El origen de estas barreras se encuentra en las distintas regulaciones de las administraciones públicas.

Pensemos por ejemplo en una persona que quiera establecer una empresa. Independientemente de su actividad, la primera barrera que deberá vencer son las burocráticas establecidas por el mismo Estado. Antes de que pueda siquiera saludar al primer cliente habrá tenido que tratar con distintas administraciones públicas a fin de obtener los permisos establecidos por la legislación local. Estos requerimientos, si son muy exigentes en cuanto a tiempo y dinero, pueden llegar a desincentivar la constitución de nuevas empresas, limitando de este modo la competencia que pueda surgir en un mercado. No obstante, y a diferencia del caso anterior, esta limitación de competencia no viene dada por las exigencias del consumidor, por lo que se vuelve perjudicial, ya que se elimina a un competidor que podría haber satisfecho al consumidor.

No es casualidad que los gobiernos que interponen menores barreras artificiales de entrada a sus empresas, sean los de los países más prósperos, y que mientras mayor sea la confianza de los gobiernos en sus ciudadanos, superior es la riqueza de éstos.

Las discográficas odian Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Hasta ahora pagaban un porcentaje de los beneficios más un fijo, pero una reciente decisión del Copyright Royalty Board, un organismo del Gobierno norteamericano, ha aceptado las reclamaciones de la RIAA y ha puesto unas tarifas por cada "interpretación", es decir, por cada canción escuchada por un sólo oyente.

Y eso es sólo la tarifa que deben pagar a los músicos. Luego está la que tengan que abonar a los compositores. Los cálculos que se han hecho indican que esto significaría que las emisoras de radio vía Internet tendrían que poner encima de la mesa, como mínimo, el 100% de sus ganancias. O lo que es lo mismo, la RIAA quería poner fuera de combate a estas emisoras, y el Gobierno se ha puesto de su lado. Para que vean que estas cosas no sólo suceden en la tierra de Calvo y Salmones.

La pregunta clave es por qué la SGAE estadounidense renuncia a unos ingresos más modestos que podría cobrar a cambio de unas tarifas brutales por las que jamás recaudará un dólar. Puede ser que hayan tenido demasiado éxito en su labor de cabildeo, y les hayan concedido unas cifras que sólo pusieron para que la previsible rebaja, que no se ha producido, llenara sus arcas.

Sin embargo, lo cierto es que esta decisión les viene como anillo al dedo. Lo que siempre han querido, lo que Internet les ha robado y quieren recuperar es algo que ganan con esta decisión. Control. Las discográficas se sienten cómodas en el mundo que llevan décadas analizando y gestionando, un mundo en que son ellas quienes deciden qué se va a oír y dónde, en el que pagan a unas pocas y enormes cadenas de radio para que emitan las canciones que han decidido que deben ser un éxito. Internet destruye ese mundo y por eso hacen lo que pueden contra la red. Con esta decisión creen que lograrán retener el dominio sobre la radio y, con él, una parte importante de lo que consideran suyo.

Seguramente, lo siguiente que harán será una negociación directa entre las mayores emisoras de radio por Internet y cada una de las discográficas. Les reducirán esas tarifas, pero a cambio exigirán que no emitan en formatos como MP3 que no impiden que el oyente pueda guardar la música. Les obligarán a incluir DRM. Impedirán emisoras "a la carta" en que los oyentes escogen qué quieren oír. Y, desde luego, lograrán hacer desaparecer a las pequeñas emisoras no llegando a acuerdos con ellas.

Pero éstas no morirán; se limitarán a mudarse a otro país. Los emprendedores del gremio que pudiera haber en Estados Unidos emigrarán o tendrán que dedicarse a otras cosas. Pero no, el reloj de la historia no se parará. Los campesinos búlgaros, por más que huyan, terminarán siendo vacunados. Al internauta medio, la medida no le afectará mucho: cambiará Pandora por Last.fm, que está en Gran Bretaña, y listo. Lo siento por los que montaron la primera.

¿Puede el Estado calcular?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El cálculo económico es un recurso imprescindible para asignar los recursos escasos hacia sus usos prioritarios en los órdenes sociales extensos. Sin cálculo no existe coste de oportunidad y tan "racional" resulta construir vías de oro como cultivar arroz mientras parte de la población muere de sed.

La condición indispensable para que el cálculo económico sea posible son los precios de mercado. Los precios de mercado tienen la virtud de transformar las escalas de fines de los individuos (que sólo son órdenes de preferencias) en magnitudes concretas y cognoscibles. Pasamos del reino ordinal (preferencias) al cardinal (precios) mediante el intercambio voluntario mutuamente beneficioso.

Por ejemplo, yo desconozco cuáles son las prioridades de los individuos, pero si algunos compran un televisor por 200 euros, sé que al menos en ese momento preferían el televisor a sus 200 euros. Por tanto, puedo tratar de lograr 200 euros vendiendo televisores, para lo cual tendré que contratar factores productivos a cambio de una remuneración. Si esa remuneración es inferior a las ventas de televisores de 200 euros que espero lograr, emprenderé la producción.

Si los factores productivos, por el contrario, están percibiendo sumas superiores a las que yo les puedo pagar, significará que están siendo empleados en actividades que se espera que sean más remunerativas; esto es, se estarán emprendiendo en cada momento aquellas tareas que los consumidores más urgentemente demandan.

Los errores de cálculo se resolverán indefectiblemente en la desaparición de la actividad del mercado y en la liberación de los factores de producción.

En definitiva, los precios de mercado son esenciales para la asignación de recursos. La crítica resultaba enteramente aplicable a las economías comunistas, donde toda la actividad se hallaba socializada y se carecía de precios. La cuestión es si ese mismo problema sigue siendo aplicable a los Estados occidentales actuales donde sólo una parte de la producción está socializada y donde además existen precios de mercado para factores productivos análogos (las pistolas tienen precios, el salario de agente de seguridad puede fijarse copiando el de agencias privadas como Prosegur…).

Aunque un análisis simplista podría llevarnos a afirmar lo contrario, el Estado sigue de lleno afectado por la imposibilidad del cálculo económico, en especial porque carece de un precio fundamental: el coste del capital.

Toda empresa que quiere comenzar o ampliar sus actividades necesita captar el capital con el que funcionar. Hay que adquirir o alquilar el equipo, hay que adelantar los salarios a los trabajadores, comprar materias primas… Este capital puede ser aportado por completo o en parte por el propio empresario o bien puede recurrir a los mercados financieros.

Los inversores aceptan proporcionar el capital a la empresa (adquiriendo parte de sus acciones) a cambio de los beneficios futuros que espera obtener. Del mismo modo, los prestamistas se desprenden temporalmente de sus fondos a cambio del repago futuro de principal e intereses por parte de la empresa.

En ambos casos, los agentes confrontan un riesgo derivado de que la incertidumbre sobre los flujos futuros de caja (los beneficios): nadie asegura a los inversores que la empresa ganará tanto dinero como esperan ni a los prestamistas que la empresa será capaz de abonar con puntualidad los intereses y el principal.

Cuanto mayor sea esa incertidumbre mayores deberán ser los beneficios y los intereses que los accionistas y los prestamistas esperan obtener. Si la empresa no cumple con las expectativas de los inversores, estos liquidarán sus acciones al descuento (el valor de mercado de la empresa caerá por debajo de su valor contable) y si no cumple con su compromiso con los prestamistas, o bien se liquidará parte de la compañía o bien se renegociarán las condiciones de la deuda, con el consiguiente incremento en la prima de riesgo futura para la empresa.

En cualquier caso, cualquier empresa debe lograr una rentabilidad mínima anual derivada del riesgo subjetivo que perciben sus accionistas y prestamistas. Esta rentabilidad mínima suele ser denominada coste ponderado del capital.

Las actividades del Estado carecen por completo de coste ponderado del capital. El Estado obtiene los fondos que necesita o bien mediante la confiscación (impuestos) o bien mediante el endeudamiento público. En ambos casos, no existe ninguna rentabilidad mínima exigible a la actividad del Estado que quepa incluir en su cálculo económico.

En el caso del contribuyente porque éste no tiene opción de retirar su capital del Estado y por tanto no puede exigir unos beneficios mínimos por sus recursos. En el caso de los prestamistas, aunque es cierto que soportan el llamado "riesgo país", lo cierto es que éste está asociado a consideraciones de índole política (capacidad para robar lo suficiente como para atender el servicio de la deuda) y no económica (capacidad para satisfacer con acierto las necesidades de los consumidores y obtener los ingresos con los que pagar principal e intereses).

La ausencia de un auténtico coste de oportunidad del capital –ausencia que es consustancial a la naturaleza del Estado y de su sistema impositivo– imposibilita el cálculo económico y en definitiva la satisfacción de las necesidades prioritarias de los individuos. En otras palabras, todo el capital que acapare el Estado será distribuido de manera aleatoria entre sus estructuras productivas y además en proyectos que tenderán a ser útiles, no para los consumidores, sino para la subsistencia de los políticos.

La única solución pasa por que todo el capital sea captado en los mercados financieros para negocios donde los ingresos sean obtenidos por contratos voluntarios entre la empresa y el cliente, de modo que los inversores confronten una variabilidad de los beneficios derivada de la mejor o peor satisfacción de las necesidades de los consumidores. En otras palabras, la única solución al despilfarro sistemático de recursos pasa por extender la propiedad privada a todos los ámbitos de la sociedad.

Las tiranías del petróleo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Explicaba, además, cómo cada subida del precio del petróleo ha convertido a un simple demagogo en una fuerza destructora en el continente, y cómo a cada caída le ha seguido el recurso a la inflación y la expropiación para financiar sus crecientes gastos. Si el barril se mantiene por debajo de 40 dólares durante más de año y medio, seguía, Chávez lo tendría difícil para mantenerse en el poder.

En Washington han debido de hacer el mismo análisis, pero no tienen la paciencia de esperar a ver la evolución del crudo. Hace poco más de un año Bush ya hablaba acabar con la "adicción al petróleo" y ahora, en su visita a Iberoamérica, ha acordado con Lula desarrollar conjuntamente los biocombustibles como alternativa.

A corto plazo quizá sean convenientes este tipo de medidas, aunque yo tengo mis reservas. Pero a largo plazo no serán necesarias. Con el petróleo ocurre como con la mayoría de los bienes: a medida que corre el tiempo, su presencia en la economía es menor. Para que se hagan una idea, el peso de las materias primas en la economía estadounidense, de las que el petróleo es una parte, ha pasado del 50% en 1890 al 13% en 1957 y al 3,7% en 1988. Los países productores de petróleo tendrán cada vez menos peso en la economía mundial, si no dan el paso de transformarse en complejas economías capitalistas.

Para los dictadores vivir de una materia prima tiene una ventaja: no necesitan a su propio pueblo para alimentar las arcas del Estado, mientras que si se nutre de los impuestos tiene que tenerle en cuenta. Las tiranías del petróleo todavía tienen mecha, pero su era pasará a la historia.

A la caza del aguilucho

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Nos convocaba una decisión de Zapatero de una iniquidad superlativa; nos unía el recuerdo y la consideración por las víctimas; nos llamaba la indignación de ver cómo Zapatero sólo se inquieta por el estado de ánimo de los asesinos, mientras que muestra un desprecio desnudo y genuino por las exigencias más justas de las víctimas. La indignación de la gente parecía engalanarse en este ambiente festivo. Todos los sentimientos que nos concurrían daban todo el sentido a la canción de Jarcha "Libertad sin ira", cuya letra adquirió más sentido que nunca. Libertad, que junto a España es el grito más opuesto a la banda ETA. Sin ira, porque su lugar lo debe ocupar la Justicia. Esa misma Justicia que Zapatero se ha saltado para excarcelar a Ignacio de Juana.

El símbolo oficial de la manifestación era el lazo azul, pero el verdadero, el que eligió la gente para expresarse, fue la bandera de España. El País y demás grupos de Prisa, en su desaforado afán por distorsionar la realidad, se lanzó a la búsqueda del aguilucho. Es cierto que son varios en El País los que tienen un olfato único, una predisposición genética, una inclinación atávica para cazar aguiluchos, porque forman parte de su muestrario sentimental desde la más tierna infancia. Que se lo cuenten a Pradera o Cebrián. Pero la búsqueda, parece, ha resultado en fracaso. Miles y miles de banderas, y ninguna les sirvió para su reportaje, preescrito: "Los fachas del PP se arrejuntan para desestabilizar las instituciones democráticas". Pero seguía faltando la imagen del pajarraco.

Pues ElPaís.com la han sacado, solo que han tenido que recurrir, una vez más, a la manipulación; es decir, a su lenguaje. Han tirado de hemeroteca, rescatando una fotografía de la manifestación del 3 de febrero, y presentándola a sus lectores como si se tomara este sábado. Su manipulación ha llegado por Internet a las pantallas de sus lectores el 11 de marzo, acaso para conmemorar sus grandes éxitos de hace tres años.

Hoy las mentiras de los medios tienen las patas muy cortas, porque el periodismo disperso no les da tregua. Como en el caso del Rathergate, ha sido un comentarista el que ha levantado la liebre; en este caso, desde la bitácora de los lectores de Libertad Digital. Las nubes de la foto ni se acercaron por el cielo de Madrid este sábado. Nadie lleva en la imagen el lazo azul que la mayoría llevamos en la última manifestación. Otro comentarista cae en la cuenta de que es la misma bandera que un blogger recoge de la manifestación del 3 de febrero. Y Libertad Digital ha comprobado que los de El País, que son unos ases, han eliminado la breve autobiografía que acompaña toda imagen, "metadatos" lo llaman los técnicos, y que nos diría la fecha exacta de su nacimiento. Han borrado las huellas, como hacen los profesionales, ya saben de qué. En definitiva, un ejercicio de periodismo canalla; un breve ensayo de "memoria histórica", tal como se entiende desde Prisa. Por un asunto similar, Reuters pidió perdón a sus clientes y a los lectores en general. ¿Hará lo mismo El País?

Decía Dan Rather lo siguiente: "Creo que se puede ser una persona honesta y mentir sobre una serie de cosas". Porque para Rather, la verdad está en la propia ideología. Y mentir sobre la realidad no es ser deshonesto si todo ello se hace al servicio de "la verdad", es decir, de la ideología. Esa es la clave para entender, por desgracia, una parte no desdeñable del periodismo; el español como el mundial. Es la clave para aguilucho fantasma de El País. Lo es para que El Periódico quiera pasar un simple saludo por un gesto fascista. Recuerdo que en una ocasión de le preguntó a los estudiantes de periodismo de la Complutense, en Madrid, por qué habían elegido esa carrera. La respuesta más repetida fue: "para cambiar el mundo". No creo que se acordaran de la oncena tesis de Marx sobre Feuerbach, pero la labor del periodismo es mucho más sencilla y mucho más humilde que todo eso. Consiste, simplemente, en contar lo que ocurre.

¿Qué pasaría si…?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña con el lema "¿Qué pasaría si no pasara nada?". Así formulada la pregunta, resulta lo suficientemente estúpida como para merecer ser una campaña institucional. Pero lo que quiere sugerir es otra cosa: ¿Qué pasaría si el ayuntamiento no hiciera nada? Pues que todo lo necesario quedaría por hacer, viene a decirnos.

El actual equipo de gobierno municipal, liderado por el sin par Alberto Ruiz-Gallardón, está sometiendo a la ciudad a un volumen de obras públicas sin parangón histórico, de las cuales, oportunamente, las principales se están concluyendo pocos meses antes de las elecciones locales. Como parte de su campaña, el ayuntamiento ha enviado a los medios de comunicación una nota en la que dice cosas como estas: Con su programa de obras, el gobierno local ha creado 60.000 empleos y creará otros 23.000; los 3.742 millones de euros invertidos (el 82 por ciento de los cuales están destinados a la vía de circunvalación M-30) generarán a corto plazo un valor añadido bruto de 2.814 millones de euros, más otros 3.925 a largo plazo (suponemos que es el valor descontado de las rentas futuras que generarían las infraestructuras). Es decir, que por cada euro invertido por el consistorio se producen 1,8 euros en valor añadido.

Los datos son espectaculares. Literalmente fabulosos; es decir, de fábula. Pues ¿cómo saben cuánto valor aportará la mejora de la infraestructura? Es imposible, especialmente si tenemos en cuenta que sus servicios no generan ningún ingreso, ya que no se pide un precio por ellos. Pero supongamos que, como dice el ayuntamiento, la rentabilidad de la inversión (expresada en los términos de la nota) es de un 80 por ciento. ¿No estaría cualquier empresa interesada en obtener esa extraordinaria rentabilidad? Por supuesto que sí. De modo que lo que pasaría si no tuviéramos ayuntamiento es que las obras se acometerían de todos modos, pero por parte de empresas privadas, movidas sola y exclusivamente por su afán de generar beneficios.

Solo que lo más seguro es que los datos de beneficios inmediatos y futuros, ya que son completamente arbitrarios, estén hinchados por parte del ayuntamiento. Por lo que se refiere a los costes, sólo ha tenido en cuenta la evolución de sus ricas arcas, pero no los costes generados por la propia ejecución de las obras sobre los madrileños. En definitiva, no está nada claro que la mejora de la M-30 y el resto de intervenciones haya resultado en una mejora neta de los sufridos madrileños, aunque no puede descartarse.

Por otro lado, ¿qué quiere decir con que las obras generan 83.000 puestos de trabajo? En todo caso lo que ha hecho el ayuntamiento es detraer de otros usos productivos esos 83.000 empleos. Y la cuestión, desde el punto de vista económico, es si el uso final, el dedicado a las obras del ayuntamiento, es más productivo que los que se hubieran podido realizar con esos trabajadores, pero quedaron sin efecto porque el consistorio pujó más por sus servicios.

Si Ruiz Gallardón contratara a Bill Gates para abrir una zanja y luego cerrarla, ¿habría creado un puesto de trabajo? Si comparamos la aportación de Gates durante su trabajo en la zanja pasajera y lo que podría haber aportado en Microsoft, ¿no puede ser que lo que hubiera generado el ayuntamiento fuera una pérdida? Claro es que el ejemplo es extremo, pero nos ayuda a ver que eso de que ha generado empleo y riqueza no está nada claro.

El desarrollo del Estado Autonómico: ¿una transición liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En la actualidad, el sistema político español está viviendo un proceso de transformación y profundo cambio que, en la práctica, modifica de forma sustancial el funcionamiento del Estado. Las recientes reformas estatutarias acaecidas a lo largo de la presente legislatura han de ser entendidas como una gran oportunidad para la extensión y desarrollo del liberalismo en el ámbito de las políticas públicas, pudiendo demostrar así su superioridad moral, práctica y teórica frente a los preceptos socialistas.

Más allá del mero debate acerca de los diversos tipos de nacionalismo que conviven en nuestro país, incluido el español, los nuevos estatutos (Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares), junto a los que aún quedan por llegar, propugnan un nuevo marco de relaciones a nivel institucional y político, cuya principal consecuencia radica en la profundización de la autonomía normativa y regulatoria propia de los gobiernos regionales. Este nuevo modelo implica, en realidad, el establecimiento de un sistema de contrapesos en el que un mayor protagonismo autonómico corre en detrimento del siempre peligroso poder central.

No por casualidad, la descentralización política y administrativa constituye un principio comúnmente asumido por las distintas corrientes del pensamiento liberal. Tanto la derecha francesa como la italiana y la estadounidense son ejemplos claros del apoyo firme y consciente hacia la asunción de un mayor poder por parte de las entidades locales y regionales. De hecho, cabe recordar aquí que la revolución norteamericana, madre de la Constitución liberal por excelencia en el ámbito de la praxis política, nace de la oposición al control imperial británico en materia fiscal y comercial. Es más, el movimiento secesionista sureño se contrapone a las ansias expansionistas y estatalistas de la Unión, lideradas con mano férrea por la polémica figura del presidente Abraham Lincoln. Es más, el virtuoso jacobinismo fue el precursor de la centralización administrativa en Francia, que hoy impera en gran parte del continente europeo.

Si algo caracteriza de modo indiscutible al totalitarismo, de toda clase, tipo y color ideológico, es, precisamente, eso: las ansias de poder absoluto en manos de un ente único y central, como bien explica en sus diversas obras Bertrand de Jouvenel. Y para lograrlo, el Estado, en su misión coercitiva y acaparadora de poder político, no duda en aplastar y neutralizar cualquier atisbo de autonomía e independencia regulatoria propias del resto de instituciones competidoras en materia de control e, incluso, influencia social. De ahí que tanto el comunismo como el fascismo, en su negación de la libertad individual, han de desprenderse primero del resto de actores sociales capaces de ofrecer una vía de escape y discernimiento al margen de la voluntad y directrices dictadas desde el único poder legítimo: entes territoriales (autonomías y municipios), partidos políticos, medios de comunicación, Iglesia, sindicatos, asociaciones independientes, bancos, empresas y, finalmente, individuos… todo, absolutamente todo, ha de girar bajo el núcleo gravitacional del líder supremo que ostenta la cúspide del organigrama estatalista.

No existe otro modo de alcanzar el poder absoluto que a través de la eliminación sistemática del resto de poderes, tanto a nivel vertical como horizontal, insertos en el ámbito social y político. Moscú fue en su día el centro de control del vasto imperio comunista, al igual que Berlín lo fue, en el oscuro lado fascista, para gran parte de Europa. Por ello, en la actualidad, Hugo Chávez, en Venezuela, Fidel Castro, en Cuba, o Evo Morales, en Bolivia, combaten enérgicamente las aspiraciones autonomistas de las regiones que se encuentran bajo su dominio territorial. De este modo, tratan de impedir el surgimiento de entidades políticas competidoras cuya estructura, al posibilitar el desarrollo de una mayor libertad individual, atraiga de forma masiva, como no puede ser menos, a sus esclavos y súbditos. Y es que, de no existir tal competencia, los muros levantados por el totalitarismo para impedir la salida al exterior de sus nacionales carecerían de todo sentido y utilidad, pues, el individuo, por mucho que se alejase del citado núcleo gravitacional, no lograría nunca escapar del control estatal, alcanzando así su ansiada libertad. Rusos, lituanos, rumanos, checos… todos vivían por igual sometidos bajo las órdenes del supremo líder soviético. Pero su influencia era limitada, ya que tras el Muro de Acero, se encontraba otro mundo, el occidental, y otro sistema, el capitalista, al que muchos deseaban cruzar, llegando para ello, incluso, a poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, la descentralización conlleva el auge de entidades locales y regionales con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen y, al mismo tiempo, dificultando en gran medida el intervencionismo homogeneizador del Gobierno central. En el caso concreto de España, no por casualidad, nuevamente, las regiones forales del País Vasco y Navarra lideran el crecimiento económico y empresarial del país, erigiéndose en las comunidades cuyos habitantes gozan de un mayor bienestar, riqueza y renta per cápita. Sus respectivos gobiernos autonómicos recaudan y gestionan sus propios recursos financieros e impositivos al margen del resto de comunidades, ofreciendo así políticas diferenciadas, tendentes en muchos casos al liberalismo, que sirven de incentivos a empresarios y trabajadores. El propio Rothbard, al igual que expone Hoppe en su obra con respecto al modelo monárquico, reconoce que dicho foralismo ha sido la mayor aportación española a la teoría política.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos (la decisión de aumentar impuestos es mucho más visible).

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares. Es el denominado voto con los pies.

Tal argumentación teórica ya está demostrando algunos de sus efectos: el impuesto de sucesiones y donaciones, en manos de las autonomías, tiende a desaparecer; algunos gobiernos, como el de Madrid, ha anunciado rebajas tributarias notables en las rentas individuales, mientras que otras, como el País Vasco o Navarra, aspiran a bajar aún más el impuesto de Sociedades (por debajo del 30%). La España de las Autonomías ofrece así un escenario político favorable para el desarrollo y puesta en práctica de medidas liberales… Y todo ello, gracias a un principio económico básico: la libre competencia. Sólo que, en este caso, no se aplica sobre empresas o individuos, sino sobre entes administrativos, cuyo fin, no olvidemos, es igual al del resto: la mayor obtención de beneficios (impuestos) a través de la captación de clientes (contribuyentes). Luxemburgo, Mónaco, Irlanda, Andorra o Gibraltar constituyen hoy en día claros ejemplos de las premisas aquí expuestas.

A pesar de todo, cabe recordar también que la tan recurrente redistribución económica, igualmente aplicable al mercado interterritorial (Fondo de Suficiencia, subvenciones de la UE, etc.) configura un marco de competencia desleal y elevada intervención política que, sin duda, desvirtúa en gran medida los numerosos logros y avances propios de la descentralización administrativa que propugna y defiende el pensamiento liberal.

Delors, orgulloso de promover el robo y miseria

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Para Delors y amigos una reducción de los impuestos significa una destrucción del bienestar de los franceses. Para el ex presidente de la Comisión, el hombre medio, las empresas, las amas de casa, los inmigrantes, los autónomos o cualquiera que respire –a excepción de él mismo– es demasiado estúpido como para manejar sus finanzas personales. Como consecuencia, la producción privada ha de ser incautada por el Estado mediante la amenaza de la fuerza para gestionar la vida este paleto francés medio. Típica mentalidad del socialista medio: falso paternalismo y uso de la fuerza, canalizada en este caso a través de la confiscación de las rentas individuales.

Imagínese que el Estado le incauta el 100% de todas sus entradas dinerarias. ¿Qué motivación van a tener las empresas o usted mismo en producir algo? Ninguna. Sólo una minoría trabaja por amor al arte; la "gente normal" trabaja para ganar dinero y vivir mejor, comprarse un coche más seguro y rápido, una casa más grande, tener mejores vacaciones o pagar una buena educación privada para sus hijos. ¿Y si la gente no tiene incentivo para trabajar ni producir, quién toma el mando de la economía? El Estado. Las consecuencias de semejante modelo económico ya lo vimos con la URSS: miseria, corrupción, carestías y un modelo de mercado subdesarrollo. Francia aún no ha llegado a este grado de "bienestar socialista", pero va por buen camino. Según la OCDE, la presión fiscal en Francia ronda el 45% del PIB. Un francés medio trabaja más de cinco meses al año para el Estado. Evidentemente, la mayor parte de este dinero incautado al ciudadano no lo podrá recuperar a lo largo de su vida. Los amigos de Delors lo usan para subvencionar el cine, enviar dinero y soldados a cualquier país, mantener lobbies o una élite burocrática que no sirve de nada, etcétera.

¿Qué consecuencias produce este tipo de política? Un desempleo juvenil del 23% o 360 nuevos exiliados fiscales cada año, por ejemplo. Su lugar de destino, cualquiera: Bélgica, Gran Bretaña, Italia y especialmente, como se puede uno imaginar, Suiza. El Ministerio de Economía francés, con estos datos, ha calculado que se han perdido como poco 10.000 millones de euros entre 1997 y 2002.

Los impuestos reducen la producción, encarecen los costes, hacen las empresas menos competitivas, aumentan el desempleo, generan mayor economía sumergida y lo peor de todo, nos arrebatan el dinero que hemos ganado con nuestro esfuerzo sin que nosotros lo queramos ni pidamos. No sólo eso, si decidimos no ceder a la extorsión el bondadoso Estado, éste nos enviará amenazas por carta diciéndonos que paguemos, asaltará nuestras cuentas y, si allí no encuentra lo que busca, enviará a la Policía a nuestra casa. Y no vendrán a felicitarnos las pascuas. Menudo modelo social el de Delors.

Lo que no es bueno para el individuo tampoco lo es para la sociedad, porque ésta es la suma de individuos. Ni más, ni menos. El bienestar o la felicidad no son variables cuantificables ni exactas que puedan ser sumadas ni restadas, son únicamente estados personales e intransferibles. La propuesta de Delors y sus camaradas no es más que la misma receta socialista de siempre, cuyas consecuencias no suponen para Francia ningún milagro salvador. Al contrario, los altos impuestos son una parte importante de sus problemas.