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Otra suspensión de pagos encubierta

"Que no deje de pagar nadie", nos dice, "porque este acto solidario es lo que permite financiar la música y garantizar que cuando sean mayorcitos tengan todos una silla en la que sentarse". El incentivo del garrote es más potente que el de la demagogia, y todos pagamos a pesar de que más de uno protesta entre murmullos que por qué demonios no puede pagarse cada uno su música y su silla. Después de todo, cada uno se busca la vida para pagarse el pan y el agua.

Hasta aquí todo suena a siniestra coacción, pero real como las pensiones mismas. Lo que sigue entra de lleno en el mundo del timo profesional. Caldera sabe que cada vez son más los que se tienen que sentar y menos los que pagan por bailar. Y como el dinero se lo pule a medida que lo recauda en comprar sillas de pésima calidad a precios desorbitados para quienes ya no están en edad de bailar a su son, el ministro no puede quedarse de brazos cruzados. Una de dos, o bien reconoce públicamente que el jueguito "solidario" de las sillitas es un timo y que a partir de ahora cada ciudadano tiene que ahorrar para procurarse una silla cuando la necesite, o continúa como responsable de la farsa para lo cual no le queda más remedio que retirar sigilosamente alguna silla, de manera que un grupo minoritario se quede con el culo al aire cuando se pare la música. Así es como se suceden las suspensiones de pagos encubiertas del sistema público de pensiones. La última se consumó el pasado viernes cuando el asocial ministro anunció la elevación a quince años del período de cotización mínimo en el platito del baile para acceder a una silla, digo, a una pensión.

La clave para que el fraude pueda continuar el máximo tiempo posible, y así el señor ministro pueda seguir cobrando su suculento sueldo, es que las suspensiones de pagos sean continuadas pero parciales, de modo que el grupo sobre el que se haya consumado la estafa sea siempre una minoría cuyos gritos no se puedan escuchar ni en Moncloa ni en el pirulí. El aumento de los años mínimos de participación en el sistema fraudulento seguirá incrementándose para todos. ¿Qué digo? Para todos excepto la clase política que se ha autodeclarado casta privilegiada con derecho a cobrar una pensión vitalicia por el simple hecho de calentar el escaño que pagamos los contribuyentes. Pero no se asusten ustedes porque aunque es cierto que este es un timo que convierte al de los sellos en una broma ligera, Caldera anunció que el estado ha añadido 4.000 millones de euros al colchón de seguridad al que llaman fondo de reserva. Ahora podemos bailar felices y tranquilos, ya tienen dinero para garantizar su fraterna promesa, al menos durante ocho meses.

Obviar al Estado

El sistema económico en ocasiones es más justiciero que Harry el Sucio, y lleva al desastre a quienes no respetan sus principios, que no son otros que los de la justicia. Y la Seguridad Social quebrará, porque cada vez vivimos más años y proporcionalmente habrá menos gente obligada a soportar el sistema.

Esto se sabe de antiguo, y los economistas juegan con sus modelos sólo para predecir cuándo llegará el desastre. Uno de estos expertos es David Taguas, más desconocido incluso que su antecesor como director de la oficina económica del presidente, Miguel Sebastián, y que haciendo sus cuentas considera que la seguridad social empezará a acumular números rojos a partir del 2015 a más tardar. Y para evitar que se adelante la quiebra propone varias medidas que se pueden resumir en contribuir durante más años y cobrar menos. Como dice Jorge Valín, nos han mentido, y lo más a que pueden aspirar es a mostrárnoslo poco a poco.

No podemos confiar en que elegiremos unos políticos que no nos mientan en este asunto, porque la gran mayoría castigaría la verdad en las urnas, las cosas como son, y a los gobernantes les vale con que a ellos no les caiga la crisis social encima. El que venga detrás, que arree. De modo que lo que nos queda por hacer, aquí como en tantas otras cosas, es sencillamente pasar del Estado. ¿Qué no podemos dejar de contribuir a la seguridad social? Al menos lo que sí podemos hacer es ir creando con constancia y buen juicio nuestro propio patrimonio.

Hace tres meses, el Instituto Juan de Mariana publicó un feracísimo informe que mostraba que una familia podía asegurarse una renta más de adecuada en el curso de una generación. La exposición es sencilla: "la rentabilidad media de la Bolsa de Madrid que en las últimas décadas ha estado en torno al 10 por ciento. Si a ello le restamos tres puntos de inflación previsible, la rentabilidad real media rondaría el 7 por ciento". Se plantea el caso de que una familia haga una aportación inicial de 4.200 euros, que se aumentaría anualmente en un 4 por ciento. En 30 años y con un interés real del 7 por ciento acumularía un capital de 613.000 euros que le otorgaría una renta de 42.900 euros anuales. Es sólo un supuesto, y las posibilidades son enormes, pero da una idea del enorme poder que tiene el capitalismo y de lo que nos conviene participar de él no sólo como trabajadores.

En educación o sanidad ya nos estamos desenganchando de lo público, porque el fraude es inmediato, pero las pensiones son una promesa que para muchos ya está rota, aunque no lo sepan simplemente porque no ha llegado la hora de reconocerlo.

La Contrarrevolución verde

"El mapa del hambre hoy corresponde al mapa de las ideologías erróneas".
M.S. Swaminathan

Desde hace más de 9.000 años, los hombres sedentarios han ido introduciendo, mediante continuos ensayos de cruzamiento y selección, mejoras en sus cultivos para que fueran lo más productivo y resistente posible a las plagas o las enfermedades. Pese a ello, las recurrentes hambrunas fueron, desgraciadamente, una constante en casi toda la historia de la humanidad. Sólo a partir de los tímidos avances de los siglos XVII y XVIII la hambruna generalizada fue progresivamente disminuyendo en Europa, lo cual permitió el aumento permanente de su población.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se dio un salto cualitativo verdaderamente importante con la llamada "Revolución verde" que supuso la introducción de espectaculares mejoras en las variedades de semillas de importantes cultivos tradicionales, que son la base alimenticia de una buena parte de la humanidad (arroz, trigo, mijo, soja o maíz). En México destacaron las investigaciones del científico estadounidense Norman Borlaug, y en Asia fueron sin duda las del agrónomo M. S. Swaminathan. Con la puesta en práctica, no sin dificultades, de estos avances en las técnicas agrícolas se pudo alimentar y evitar la muerte por inanición de millones de seres humanos, especialmente en el llamado Tercer Mundo.

Esto contrasta vivamente con lo acaecido en China entre 1958 y 1962 durante el Gran Salto hacia… "Atrás": más de 30 millones de chinos perecieron de hambre por la brutal revolución agrícola planeada centralmente por Mao para mayor "gloria" del comunismo. Esta errónea decisión planificada provocó más de la mitad de víctimas de toda la Segunda Guerra Mundial. Los críticos del libre mercado deberían meditar bien sus palabras cuando hablan de la necesidad de frenar un supuesto "capitalismo salvaje" mediante "deseables" medidas coactivas adoptadas centralizadamante desde cualquier poder.

A diferencia de esta salvajada maoísta, la Revolución verde, pese a contar con el apoyo e iniciativa gubernamentales de numerosos Estados, fueron paulatinos cambios propuestos, nunca impuestos; es decir, los agricultores podían elegir entre cultivar o no esas nuevas semillas. Esta Revolución verde se topó, no obstante, con la creciente oposición de los llamados ecologistas "verdes" que empezaron a hacerse oír allá por los años 60 (sus primeros gurús fueron Rachel Carson o Paul Ehrlich) y que la acusaban de fomentar cultivos que necesitaban mayores cantidades de fertilizantes y pesticidas, de desplazar con sus innovaciones las variedades autóctonas y de dañar la biodiversidad. A esta Contrarrevolución verde se le unieron las protestas de comerciantes de semillas tradicionales y la resistencia de los agricultores habituados a sus prácticas ancestrales. Algunos gobernantes se dejaron convencer por estos verdes contrarrevolucionarios.

A la postre, la Revolución verde triunfó en aquellos lugares donde se dieron las mínimas condiciones favorables para que el agricultor pudiera obtener mayores beneficios por su esfuerzo en adoptar esas innovaciones, lo que supone un entorno pacífico y el respeto de la propiedad privada (en cualquiera de sus formas). Sólo hoy persiste el hambre en aquellos lugares donde se han impuesto utopías mortíferas de colectivización de la tierra (China de Mao, Etiopía, Tanzania, Ghana, Zimbabwe, Corea del Norte, etc.) o bien donde hay guerras incesantes y/o estados que han vampirizado la sociedad civil destruyendo la estructura productiva del país (Mozambique, Tanzania, Uganda, Somalia, Etiopía, Sudán, El Chad…).

Allí donde se dejó al agricultor obtener ganancias pacíficamente (tras años de uso de estas innovaciones, pese a sus opositores) el balance es de verdad contundente: se ha "revolucionado" la producción agrícola y se ha conseguido la seguridad alimentaria de crecientes poblaciones de países enteros (China actual, India, Pakistán, Indonesia, Filipinas, México, etc.).

Pero hay más: Borlaug y muchos otros genetistas están convencidos de la necesidad de una revolución permanente, precisamente para mantener el aumento constante de la población, no sólo con nuevos fitomejoramientos sino con las aportaciones de la biotecnología iniciadas en la década de los 80 mediante organismos genéticamente modificados (OGM) u organismos a los que se les ha añadido genes de otras especies (transgénicos). Lo que indefectiblemente se ha topado de nuevo con la Contra pertinaz de los verdes que intenta acrecentar los temores medioambientales y nutricionales que toda globalización del ingenio humano acarrea, logrando imponer (a través de su alianza con los estados) perjudiciales legislaciones restrictivas inspiradas en el paralizante principio de precaución. Hablemos claro, estos verdes no soportan que algunas multinacionales, como Monsanto, Aventis, Novartis, Basf o DuPont, hagan beneficios con los OGM por cubrir mejor las necesidades alimenticias de numerosas personas. Con estas innovaciones es ya viable el aumento exponencial de población. A pesar de esta buena noticia, el híbrido "ecomaltusiano" (o la "multitud anti-ciencia", según calificación del propio Borlaug) va a mantener una dura batalla ante este insospechado avance.

¿Por qué será que esta Contrarrevolución verde me suena ya a contiendas pasadas contra las semillas de Borlaug o de Swaminathan? Esperemos que, de nuevo, se gane finalmente esta batalla ideológica a los contras del progreso y del mercado. No es una broma, está en juego la supervivencia de muchos millones de seres humanos.

La seguridad armada no es ningún crimen

La respuesta la dio, en nombre de Saura, su jefe de Gabinete, Xavier Riu Sala, dejando claro que nosotros, los ciudadanos, no tenemos derecho alguno a defendernos y abogando por la omnipotencia estatal.

Es evidente que el Gobierno es incapaz de protegernos a todos, y no sólo eso, sino que no tiene interés alguno en tomarse el tema en serio. Sólo hace falta darse una vuelta por Cataluña para ver dónde está la policía. Sí que vigilan, pero no a los delincuentes, sino las carreteras para que los coches no pasen el límite de velocidad. También vigilan los lugares turísticos para poner multas express o fiscalizan a los peligrosos e incívicos top manta. A los clientes también los multan. Al Gobierno no le importa más que recaudar.

Pero ahora Saura ha tenido un nuevo plan para luchar contra la inseguridad. Ha cogido a 250 mossos d´esquadra que estaban en oficinas y los quiere poner a patrullar. La seguridad de Cataluña dependiendo de oficinistas. Clásica solución del Estado. Improvisar y poner en marcha el plan más ineficiente, costoso, absurdo y cortoplacista. Lo que no se entiende entonces, después de esta medida, son las declaraciones del president, José Montilla, dos días después, afirmando que no hay inseguridad alguna en Cataluña y que toda la culpa la tiene la prensa. Si no hay problema de seguridad ¿por qué hacen patrullar a oficinistas o carceleros teniendo que contratar después seguridad privada para vigilar las cárceles? Sólo le hace falta movilizar a los jardineros de Parcs i Jardins para que patrullen con su azadón. Luego contratarán a una empresa privada de jardinería para que haga el trabajo de los nuevos "polis" improvisados.

¿De verdad confía más en estos políticos y sus métodos chapuceros que en usted mismo? Los criminales siempre van armados; las leyes contra las armas sólo desarman a la gente honrada, a los que cumplen la ley. A modo de ejemplo, fíjese en una noticia de esta misma semana. La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al tráfico de armas a través de Internet. ¿Cree que sus clientes eran padres de familia responsables? No, probablemente todos ellos fuesen delincuentes en activo que no hacen caso alguno ni al reglamento de armas ni al código penal. Un arma de fuego le mantiene a usted y a su familia las 24 horas del día protegido sin depender de las alucinaciones de ningún burócrata con aires de Dios de la humanidad.

Saura también cayó en otra contradicción con sus declaraciones a favor de las drogas. En esta ocasión dijo una gran verdad: "legalizar las drogas no quiere decir estar a favor de que la gente las consuma, sino que comporta un conjunto de medidas para tratar de acabar con el narcotráfico y las enfermedades". Cuando en los Estados Unidos de los años 20 el Estado impuso la Ley Seca, se produjeron medio millón de detenciones, dos mil muertos por choques entre bandas, 35.000 muertos por intoxicación etílica y Nueva York pasó de tener 15.000 bares legales a 32.000 tugurios clandestinos. Volvió la legalización del alcohol y todo volvió por donde solía. Posiblemente si legalizaran y liberalizaran las drogas pasaría lo mismo, y si desregularan la tenencia de armas, evidentemente, el crimen disminuiría.

Los criminales siempre acuden a las sociedades indefensas (vienen de la otra punta de Europa a robar aquí), no a aquellas donde la gente tiene la capacidad de defenderse con sus propios medios. Comparemos por ejemplo Estados Unidos con su vecino Canadá y con el Reino Unido, al que se asemejan en cultura. Según John Lott, reconocido estudioso de la seguridad, en Estados Unidos los asaltos a las casas con propietarios dentro (de noche generalmente) representan el 13% del crimen total. Los asaltantes saben que un alto porcentaje de la gente está armada en casa y no se atreven a entrar por el riesgo que les comporta, cuando lo hacen, se aseguran que no haya nadie. En Canadá y Reino Unido, países con un fuerte control de armas, este porcentaje se dispara hasta el 50%. En España lo estamos viviendo ahora. Sabiendo el celo que mantiene el gobierno por el desarme civil, los ladrones esperan a que los propietarios estén todos dentro para asaltarlos, darles una paliza y obligarles a que les digan la combinación de la caja fuerte y lo que se les antoje en ese momento. ¿Es esta la seguridad que quiere Saura?

La posición de Saura y compañía se basa en prejuicios, dogmatismo e ideas trasnochadas que sólo incentivan el crimen. Es muy triste que un gobernante apoye esto. Parece que prefieran ver a una mujer degollada en su casa o violada brutalmente antes que verla empuñado un arma contra su agresor para defenderse. Evidentemente, la "solución" políticamente correcta no es el remedio. Hemos de ser nosotros quienes tengamos la opción de elegir cómo defendernos, y el Gobierno la obligación de permitirnos esta legítima opción desregulando y liberalizando la tenencia de armas. Así trabajarían de verdad contra los criminales.

El mercado es la mejor defensa del consumidor

En distintos artículos que aparecen en determinados medios de comunicación, resulta habitual encontrarse columnas publicadas en las que sus respectivos autores realizan diversas deducciones partiendo de la premisa básica de que el mercado se trata de una especie de enfermedad del mundo actual. Para estas personas el mercado es algo que se debe controlar y limitar al máximo. Los motivos que les llevan a adoptar dicha postura radican, fundamentalmente, en la errónea creencia de que por medio del mismo un grupo reducido de personas obtienen su patrimonio a costa del trabajo y sudor del resto de la humanidad. Para estos individuos, el mercado se trataría de una especie de esclavitud moderna, en las que los consumidores serían los siervos y los directivos de las grandes compañías los amos. No obstante, nada más alejado de la realidad, ya que precisamente el mercado es la mejor defensa del consumidor y es la máxima garantía para su protección.

Cuando se emplea la palabra mercado se está englobando infinidad de transacciones que se llevan a cabo en cada instante por distintas personas. Estas actividades que realizan vendedores y compradores tienen como característica fundamental la libertad. Todas y cada una de ellas se llevan a cabo porque todas las partes intervinientes así lo desean. Si se realizase una operación de manera coactiva estaríamos hablando de un fenómeno extraño y ajeno al mercado. Únicamente dos tipos de organizaciones se sirven de la coacción para imponer condiciones que deben ser aceptadas por las otras partes, tanto si así lo desean como si no. La primera serían las organizaciones criminales, que emplean la violencia o la amenaza de su uso para hacerse con bienes o derechos ajenos en unas condiciones inadmisibles para los usuarios (o dicho en otras palabras, para robarles). La segunda estaría constituida por los Estados, que pueden obligar a sus administrados realizar determinados actos de manera coactiva al aprobar leyes de obligado cumplimiento. Sabiendo que el primer grupo de organizaciones quedan fuera del ámbito de la ley, y que el segundo queda englobado dentro del sector público, se puede llegar a la conclusión de que las únicas transacciones que pueden llevarse a cabo en el mercado privado son aquéllas que tienen lugar de manera voluntaria.

Esta característica de la voluntariedad y libertad de los acuerdos que tienen lugar en el mercado, trae como consecuencia que ni el más rico e influyente de los hombres, con todo su patrimonio y ejército de asesores y empleados, puede obligar a comprar un producto a otra persona si no logra el consentimiento de esta última. Es decir, el mercado, con su libertad, se convierte en el mejor de los defensores del consumidor al necesitarse el concurso de éste para llevar a cabo cualquier transacción. Con independencia de su capitalización bursátil, número de empleados, y facturación, ninguna empresa puede obligar a sus clientes a comprar sus bienes o servicios.

No obstante, hay quien afirma que el mercado no es justo ya que la publicidad engaña al consumidor, desvirtuándose dicha libertad. Puede darse el caso en que personas sin escrúpulos incurran en el ardid de realizar campañas publicitarias que no respondan a la verdad. Esto, sin embargo, no significa que el consumidor quede indefenso una vez descubierto el engaño tras la adquisición, ya que se arbitrarían dos mecanismos de defensa. El primero sería la exigencia del cumplimiento del contrato. Puesto que en el mismo, ambas partes consisten en obligarse, si una ellas no cumpliese su cometido, podría ser denunciada ante los tribunales que se convertirían en los intérpretes y garantes del mismo. El segundo de los mecanismos es la comunicación informal. Cualquier consumidor, en un momento u otro, ha cambiado la opinión favorable que tenía de un producto, que iba a adquirir, al ser desaconsejado por un conocido que tuvo una mala experiencia con el mismo. Y es que resulta imposible engañar a los consumidores durante mucho tiempo, ya que éstos no son necios, y tratan de tomar un papel activo en su autodefensa, transmitiendo la poca fiabilidad que tienen ante un vendedor que les ha engañado, para castigar así su deslealtad. Precisamente, por la libertad de la que gozan los consumidores, la desconfianza les lleva a no comprar. Y si un oferente no puede vender sus productos, al no querer nadie comprarlos, sólo le queda una salida, la quiebra.

Para que estos mecanismos de defensa funcionen, son necesarios que se apliquen los principios de responsabilidad y la exigencia del estricto cumplimiento de los contratos. Si se convierte al vendedor en responsable de lo que ofrece, y se le puede exigir lo acordado, el consumidor tiene herramientas poderosísimas para cuidar de sí mismo.

Por tanto, la limitación del mercado y su control férreo pueden provocar, irónicamente, la indefensión del consumidor, al perder la libertad de elección. La mejor defensa que pueden hacer los gobiernos de sus consumidores es aumentar la libertad de sus mercados y cuidar de que su sistema jurisdiccional sea lo suficientemente ágil y transparente para que éstos puedan exigir el cumplimiento de los contratos a la par que piden responsabilidades al vendedor.

La defensa del mercado no es sino la defensa del consumidor y de su herramienta más poderosa, la libertad.

Una nueva herramienta de inversión: los ETF

Los ETF (Exchange Trade Funds) están siendo ya considerados por muchos analistas financieros como el instrumento de inversión del siglo XXI. Se trata de unos fondos de inversión de características similares a los tradicionales, con la principal novedad de que cotizan en los mercados bursátiles como un valor más.

Los fondos de inversión, como todo el mundo sabe a excepción de los "luchadores por otro mundo más justo", son cestas de valores gestionadas por una entidad especializada, abiertas a la participación de particulares como medio de ahorro y de inversión. Por su propia estructura, el partícipe de un fondo de inversión tiene que asumir unos gastos derivados de los costes de comercialización del producto y de la propia gestión del mismo, lo que hace que la rentabilidad final del fondo se vea disminuida en mayor o menor grado, dependiendo de la política de costes establecida por la matriz que gestiona la inversión. Además, al tratarse de una cesta de valores adquirida por la gestora con vocación de continuidad, en ocasiones el suscriptor es penalizado económicamente si vende su participación en un plazo inferior al mínimo establecido por las normas del fondo en cuestión, con el añadido de que en muchos casos se requiere una inversión mínima bastante elevada para poder participar en el fondo.

Los ETF, por el contrario, no detraen al cliente ninguna cantidad en concepto de costes de gestión, puesto que no se trata de una cesta compleja de valores que hay que "cuidar" vigilando cotizaciones o tendencias y adoptando decisiones de compra-venta según la coyuntura, sino que directamente el producto EFT cotiza en bolsa como un valor más y, por tanto, su comportamiento será el que dicte el mercado, no el equipo de gestores. Además, no existe ninguna penalización por desinvertir en el producto, como no la hay cuando uno vende acciones bursátiles (más allá de la retención fiscal que el Estado aplica a estas operaciones financieras).

Otra ventaja adicional, y no menos importante, de los ETF es que las bajadas en la cotización de una acción se ven sensiblemente amortiguadas por su pertenencia a una cesta de valores más compleja. Esta diversificación hace que el nivel de riesgo sea muy inferior al de la inversión directa en acciones.

Hay ETF que replican los distintos índices bursátiles, otros que aglutinan valores de un determinado sector productivo, etc., de forma que el inversor puede seleccionar aquél producto que más se acomoda a su perfil de ahorrador.

En definitiva, se trata de una interesante mezcla entre acción y fondo de inversión, que aprovecha los movimientos rápidos del mercado propios de la primera, con la diversificación del riesgo que caracteriza al segundo. La proyección para los próximos cinco años según la tendencia actual es que esta fórmula de ahorro e inversión crecerá a un ritmo del 33% anual. Habrá que ir preguntando en nuestra gestora de confianza.

Quitándole las puertas al campo

Ese sistema se convirtió en "La Música", cuando no era más que un modo particular de hacer negocio con ella. Un modelo perfecto en su momento, pero que se había quedado obsoleto.

Cuatro grandes discográficas se reparten el 70% de la cuota de mercado y, básicamente, toman las decisiones importantes para la industria. En 1999, cuando Napster fue creado, pudieron competir con él. Una tienda digital con precios bajos podía haber diluido la importancia del invento de Shawn Fanning. Pero decidieron acudir a los tribunales, con el resultado de que la creatividad de otros programadores creó otras redes P2P más eficaces y, sobre todo, más inmunes a los abogados, de las que BitTorrent y eMule son sus últimas encarnaciones. En lugar de acostumbrar a sus clientes a comprarles la música vía Internet, les pusieron unos precios prohibitivos (especialmente si se comparan con la gratuidad) y unas restricciones de copia que denominadas DRM, que les impedían escuchar cómo y dónde quisieran las canciones compradas, algo que sí podían hacer con los CD. Y con la música descargada gratuitamente, claro.

Cuando Steve Jobs puso en el mercado el iPod lo acompañó de una tienda en Internet llamada iTunes. Para ello logró convencer a la industria con un sistema propio de restricciones de copia que, aunque disponía de la mayor flexibilidad permitida hasta ese momento por las discográficas, seguía en clara inferioridad con respecto a los ficheros MP3, que carecían de limitaciones de ese tipo. Pese a la relativa popularidad de iTunes entre las tiendas de música online, Steve Jobs mostró la semana pasada los números del fracaso del DRM en un artículo en la web de Apple: sólo el 3% del contenido de los iPod había sido comprado en ella. Así pues, llegó a la única conclusión posible: ya que es un fracaso, lo mejor sería abandonar esos sistemas absurdos que hacen que un cliente que ha comprado música por Internet pueda hacer con ella menos cosas que quienes se la han descargado del eMule o el BitTorrent sin pagar ni un duro.

Jobs expuso, además, un hecho dramático. El 90% de las ventas de las empresas discográficas, es decir, los CD, carecen de protecciones como el DRM. Y, claro está, la gente los copia, los convierte en MP3 y los comparte en las redes P2P. Sin embargo, las compañías siguen obligando a las tiendas digitales a poner restricciones a los ficheros musicales y a vender a unos precios ridículamente altos. Sus clientes ya se han acostumbrado a descargar música y, lo que es aún peor, han dejado de sentirse culpables por ello al ver como las mismas empresas que quieren venderles música los tratan de delincuentes y hasta los persiguen judicialmente.

Las discográficas no pueden dar marcha atrás al reloj y volver a 1999 para corregir sus errores. Pero pueden al menos intentar salvar los muebles. La decisión de EMI de empezar a vender su catálogo musical en MP3 y sin DRM es un paso en la dirección correcta. Las demás discográficas no sólo deberían imitarlo sino ir más allá reduciendo los precios. Tiendas como AllOfMP3 deberían ser la regla, y no una perseguida excepción. Es la única manera de volver a cobrar algo, aunque sea poco, a quienes ya no se compran un CD ni por equivocación.

La irrelevancia del crecimiento económico

El crecimiento económico de un país se ha convertido en una especie de fetiche al que hay que rendir el máximo culto. El éxito de una sociedad y de un Gobierno se miden por los dígitos a los que crezca la economía. Incluso algunos liberales utilitaristas llegan al extremo de defender al Estado y alguna de sus intervenciones bajo el argumento de que "fomenta el crecimiento económico". ¿Realmente es tan importante? ¿Debemos prestarle alguna atención como economistas?

Lo primero que debemos de tener claro es la definición de crecimiento económico. Como tal se define a la tasa de variación de un índice de referencia (generalmente el PIB a un año) que en sus diversas formas trata de aproximar el incremento del valor de mercado de los bienes y servicios producidos por una serie de personas.

Esto se debe a que el crecimiento es un concepto importado de la biología; un organismo crece cuando aumenta de tamaño. En economía no queda claro cómo "se aumenta de tamaño", así que es necesario confeccionar índices que puedan aumentar o disminuir. Sin embargo, por un lado, en estos índices sólo podrá incluirse por definición aquello que resulte mensurable –y la utilidad no lo es– y, por otro, tratan de agregar la producción nacional como si beneficiara a todos los individuos por igual.

Por consiguiente, el crecimiento económico no trata de aproximar el bienestar de los individuos, sino su producción agregada: cuántos euros o dólares están dispuestos a pagar algunos individuos a cambio de una cantidad de bienes y servicios que todos han producido y están a la venta.

Pero el precio de mercado no es equivalente al valor medio o agregado que se confiere a un bien o servicio, sino sólo la máxima contrapartida monetaria que en un momento del pasado alguien, con unos gustos e información particulares y diferentes a los del resto, estuvo dispuesto a entregar.

Otro problema es que todos bienes o servicios producidos gratis, para uno mismo o no puestos a la venta, son excluidos de la medición. Es más, todo el descanso o las actividades de recreo adicionales tampoco entran en el cómputo del crecimiento. Una sociedad que lograra producir la misma cantidad de bienes y servicios que el año precedente pero disfrutando de mucho más tiempo de ocio, registraría un crecimiento económico 0 (siempre que los precios se mantuvieran constantes).

Además, desde una perspectiva científica de individualismo metodológico, no puede afirmarse que un individuo esté mejor por el hecho de que sus vecinos hayan producido más bienes. Si se alegra de la riqueza ajena, si lo estará, pero no necesariamente. Al aunar la producción y suponer que todos los individuos –con independencia de su contribución a lograrla– disfrutan del agregado, caemos en el igualitarismo socialista de desvincular producción y distribución. La producción adicional, en todo caso, sólo podrá incrementar el bienestar de quienes disfruten de ella.

Partiendo del individualismo metodológico, es cierto que todo individuo prefiere más a menos bienes económicos. La razón es que un bien es un medio disponible que sabemos puede satisfacer alguno de nuestros fines. A mayor número de bienes, mayor número de fines podemos alcanzar.

Ahora bien, la obtención o uso de todo bien económico requiere de una acción humana y toda acción humana implica un coste de oportunidad: mientras obtengo o utilizo ese bien económico debo renunciar a otras acciones. Si obligamos a un individuo a trabajar 24 horas al día, aun cuando le permitamos quedarse con su producción, es dudoso que estemos incrementando su bienestar. Mientras le obligamos a trabajar no podrá satisfacer otros fines que puede considerar más importante.

El incremento de la cantidad de nuestros medios, por tanto, sólo podrá ser positivo cuando sea el resultado de elecciones voluntarias; y si para ello los individuos deciden recurrir a la división del trabajo y al intercambio, ese incremento voluntario de los medios se traducirá en crecimiento económico.

Pero fijémonos que el crecimiento sólo es uno de los posibles subproductos que se dan cuando los individuos tratan de satisfacer sus fines, no el único. La afirmación de que más crecimiento es siempre mejor resulta falaz. A priori es imposible afirmar que el crecimiento sea bueno o malo; por ello aun cuando el Estado pudiera promover el crecimiento, dado que para ello utilizaría la coacción y nos desviaría de nuestros cursos prioritarios de acción, estaría disminuyendo nuestro bienestar.

De hecho, no conviene afirmar ni que el crecimiento, como resultado voluntario de las elecciones humanas, será necesariamente positivo, ni que el mercado proporciona el nivel óptimo de crecimiento.

La primera proposición es falsa porque no contempla la posibilidad del error. Podemos afirmar apodícticamente que toda acción es ex ante beneficiosa, pero no podemos hacer lo mismo con el crecimiento. La razón es que el crecimiento se mide y se registra siempre ex post, una vez la acción ya se ha traducido en la producción del bien o servicio que ex ante deseábamos. Pero ex post siempre podemos habernos equivocado en nuestro juicio o cambiar de preferencias, por lo que el bien adicional ya no nos compense el esfuerzo realizado.

Imaginemos una sociedad que experimenta una fiebre loca por la mantequilla y se pasa un año produciéndola al máximo rendimiento. Transcurrido ese año, los individuos habrán acumulado grandes stocks de mantequilla, pero si sus preferencias cambian y pasan a aborrecerla, lamentarán su elección. El PIB registrará un importante crecimiento, pero los individuos habrán fracasado en la satisfacción de sus fines.

La segunda proposición también es falsa por diversos motivos. Primero, porque el mercado no actúa, sino que lo hacen los consumidores, los empresarios, los trabajadores o los capitalistas. Segundo, porque ningún individuo tiene como fin incrementar ciegamente el número de bienes y servicios computables para un índice arbitrario. Y tercero, porque aunque algún individuo tuviera como fin vital aumentar ese fin, el incremento del PIB sólo indicaría una mejora del bienestar de ese individuo concreto y no del agregado de la sociedad como ya hemos visto.

Ahora bien, ¿significa ello que debemos ignorar las críticas de ecologistas, socialistas y comunistas que con frecuencia proponen paralizar o incluso revertir el crecimiento económico? No. En la medida en que el crecimiento puede ser el resultado de las acciones voluntarias de los individuos, limitarlo podría suponer la restricción de muchos cursos de acción deseados; el intervencionismo anti-crecimiento frecuentemente colisionará con proyectos legítimos de los individuos.

En definitiva, el término crecimiento es ajeno a la ciencia económica. Su uso responde a la necesidad de justificar ciertas intervenciones del Estado –como los incrementos del gasto público– que pueden cuantificarse en incrementos de un índice de referencia arbitrario. Lo verdaderamente importante para el individuo es poder lograr sus fines y ello sólo cabe dentro del respeto a su libertad y su propiedad para que pueda conciliar sus planes con los de otros individuos.

Resulta preferible hablar de progreso económico de un individuo, cuando logra en retrospectiva satisfacer sus fines, o de desarrollo progresivo de una institución, cuando evoluciona haciéndose más respetuosa con la propiedad, la libertad y demás preceptos éticos que de ahí se derivan.

Cuando la ciencia es un invitado incómodo

Su llegada ha coincidido con la presentación del primer informe del IPCC de esta Cumbre del Clima. El primero de ellos es el resumen para políticos, escrito también por políticos: delegados de centenar y medio de países han escogido lo que más les interesaba del informe científico preliminar y con ello han elaborado su mensaje: "El calentamiento global es culpa del hombre, pero por fortuna estamos nosotros para salvarle y redimirle".

Lo característico del caso es que, según está previsto en el IPCC y ha ocurrido en las anteriores cumbres, está previsto que el informe científico definitivo, en lugar de recoger sólo las conclusiones de los científicos, se tenga que adaptar a las que se han escrito para el resumen. De este modo se da la paradoja de que los políticos dicen seguir las desinteresadas consideraciones de los científicos, cuando son éstos los que se tienen que adaptar a los primeros.

El problema está en que la ciencia no tiene una opinión unívoca sobre la medida en que se esté produciendo el calentamiento de nuestro planeta, y mucho menos sobre la medida en que el hombre esté contribuyendo a ella. Por ejemplo, en el borrador del informe científico, antes de que se adapte en su redacción final a los caprichos de los políticos, revoca lo dicho en el anterior, de 2001.

Las previsiones de subida del nivel del mar se han reducido a la mitad. Se reconoce que en el anterior informe se exageró el papel del hombre en el calentamiento en un tercio como mínimo. La Antártica no pierde hielo, de acuerdo con el informe, y en contra de lo afirmado en 2001.

Pero la política sigue su curso, imponiendo un esquema de racionamiento (Kioto) cuyo único efecto previsible es que nos hará más pobres. Ello dañará el mejor método que hemos encontrado para progresar y mejorar el medio ambiente al mismo tiempo: la apuesta por tecnologías a la vez más productivas y más limpias.

La tea de la Salgado

Los socialistas se están convirtiendo en esa figura intolerante y paternalista que quiere prohibirnos todo y que ellos siempre han achacado a la Iglesia y a la derechona. Será que se han intoxicado con el veneno de su memoria histórica. O será que a base de hacer memoria, con lo que se han encontrado es con su vena totalitaria toda desnudita. Al final, nos tendremos que escapar a Perpiñán, como antaño, pero no sólo para poder ver películas pornográficas, sino para poder llevar una vida normal.

Porque el resultado de todo esto es que las cosas más cotidianas quedarán fuera de la ley, y el ciudadano normal vivirá con la incómoda sensación de estar por una cosa u otra en el borde de la legalidad, pero por fuera. En una sociedad libre hay muy pocas cosas prohibidas y se refieren siempre a atropellar los derechos de los demás. Y si no incumple las normas, se puede sentir siempre seguro de sus derechos, porque tiene el pleno respaldo de la ley. Si todo está regulado, si hasta tomar un vino en España se mira con mal gesto desde la Administración, uno tiene la sensación de estar saltándose la ley a cada paso. Y pasamos de ser ciudadanos con derechos a ser bultos sospechosos.

No debemos ceder, y nuestro deber como ciudadanos consiste en saltarnos estas normas cuando nos convenga y mirarles a ellos, a los miembros de este Gobierno, como los sospechosos. Porque les dejas sueltos, como en Cuba, y te prohíben la homosexualidad o cualquier otro comportamiento privado. Ahora puede parecer una locura, pero si alguien hubiera dicho en la época de la movida madrileña que los socialistas nos iban a prohibir fumar, beber vino y anunciar hamburguesas le habrían tomado por loco. Hemos llegado al punto de que no nos hacemos a la idea de cuánta libertad estamos perdiendo.

Esto es lo que ocurre cuando se abre el camino a los crímenes sin víctima, es decir, a aquellos comportamientos que no atentan contra la vida o la propiedad de otros, pero que se criminalizan porque sí, porque a la autoridad se le antoja. Cuando se convierten en crímenes comportamientos que son consensuados, como la prostitución, el consumo de ciertas drogas, el juego etc, ya no hay límite; cualquier cosa puede entrar en el Código Penal o puede ser multada o perseguida hasta el fin. En los crímenes reales el daño sufrido por la víctima define el crimen. Aquí, como el perjuicio es para "la salud pública" o cualquier otro "fin social" sin más contenido que el que se le antoje a un ministro, no hay límite a lo que nos pueden prohibir.