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Urbanismo revolucionario

Primero fue el Gobierno central, con su reforma de la Ley del Suelo; poco más tarde, los Gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, con su ofensiva contra los propietarios de pisos. Aunque no lo parezca, saben muy bien lo que hacen.

La nueva Ley del Suelo: expropiación gratuita

Hace tiempo que el Estado se arrogó la capacidad de expropiar las tierras de los individuos por mor del "interés general". ¡Como si hubiera un interés más general que la defensa de la libertad y la propiedad de cada cual! Con todo, parece ser que a nuestros politicastros no les gustaba demasiado tener que pagar un (mal llamado) justiprecio al expropiado, así que Trujillo ha puesto en marcha su inútil maquinaria ministerial para robar las tierras al propietario sin ningún tipo de compensación.

El Instituto Juan de Mariana denunció el pasado noviembre, en una nota de prensa, que la nueva Ley del Suelo "otorga carta blanca a la Administración para expropiar el patrimonio de los ciudadanos con una compensación mínima". La estratagema es muy sencilla: la ley elimina las calificaciones como método de valoración y se fija únicamente en la situación física actual de la finca. Así, por ejemplo, si usted tiene un terreno urbanizable pero no urbanizado, la Administración se lo pagará como suelo rural. ¡Llegan las rebajas!

Si los políticos quieren un chalet en la montaña, una carretera al lado de sus casas o una megaurbanización de viviendas públicas de 30 metros cuadrados, de ahora en adelante podrán encontrar auténticas gangas. Con el trujillazo no sólo tendremos que aguantar que nos expropien, sino que se rían de nosotros a la cara. El justiprecio es tan justo que no te dejan elegir entre quedarte con la finca o venderla: te colocan la pistola en la sien y te sugieren que aceptes las migajas que te ofrecen. Es el método de la mafia, del socialismo y del Estado.

Marx, 1 – Libertad, 0.

Los okupas Montilla y Madrazo

Si Trujillo pretende expropiar nuestras fincas, su compañero Montilla está decidido a quedarse con los pisos de los catalanes. Hace poco más de un mes, su Gobierno aprobó un proyecto de ley que prevé expropiar durante 6 años aquellos pisos que lleven más de dos años vacíos y no hayan sido puestos en alquiler. Así podrán montar un Buró del Alquiler Público.

Por su parte, el comunista Madrazo, consejero de Vivienda del Gobierno vasco, acaba de salir a la palestra con una propuesta similar: un impuesto de entre 9 y 15 euros diarios sobre las viviendas desocupadas. Ya se sabe, es la otra parte de la fórmula de Marx, lo del empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado.

Por si la exacción fuera escasa, se vigilarán los registros de la luz y agua de los inmuebles, para detectar si se encuentran vacíos y, entonces, inscribirlos en un novedoso registro de viviendas desocupadas.

¡Pobre Narbona! Ella, tan pía, promoviendo el ahorro de agua y energía eléctrica para cumplir con Kioto, y Madrazo sugiriendo (involuntariamente, eso sí) a los propietarios de viviendas vacías que se pasen todos los días a abrir el grifo y encender las luces si no quieren ser víctimas del dichoso impuesto. Ah, y si en su vivienda principal tiene la costumbre de poner la lavadora por la noche o de cerrar el grifo mientras se lava los dientes, vaya olvidándose de ello, que la bromita le puede salir cara.

Montilla y Madrazo se han servido de la atrofia del mercado de alquiler como excusa para atacar a los propietarios de inmuebles. En palabras del castrista Madrazo, "es un lujo inadmisible que haya propietarios que tengan su vivienda absolutamente desocupada y sin ningún uso, cuando hay tantas personas que necesitan una". En realidad quería decir que la propiedad es, en sí misma, un lujo inadmisible, pero no convenía escandalizar demasiado al rebaño, no sea que se rebele y no pueda seguir trasquilándolo.

Traduzcamos los palabros progres al román paladino: Madrazo y Montilla se quejan de que la gente prefiera mantener las viviendas vacías, a la espera de poder venderlas cuando se revaloricen, en lugar de alquilarlas. Es lo que los justicieros sociales llaman "especulación", algo que no saben cómo funciona pero que les suena fatal. Si el analfabetismo económico no obstruyera las sinapsis de semejantes prohombres, podrían plantearse lo siguiente: ¿por qué los propietarios no quieren alquilar sus viviendas mientras esperan a que éstas se revaloricen?

Los propietarios no son tontos

Me explico. Si creo que me voy a forrar vendiendo mi piso dentro de dos años, ¿por qué, entre tanto, no lo alquilo? Basta con que dentro de un año y medio desaloje a mis inquilinos, repare lo reparable y venda. Así habré percibido un alquiler durante año y medio y, luego, el precio de venta del piso. ¿Por qué renunciar a ese año y medio de alquiler? ¿Es que todos los propietarios de pisos son tan tontos como el bachiller Montilla y el marxista Madrazo suponen?

La razón es otra distinta de la ignorancia, la avaricia o la maldad. El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el plazo mínimo de un contrato de alquiler para una vivienda habitual es de cinco años, y el 14 obliga al adquiriente a soportar al inquilino hasta que finalice dicho plazo. O sea, que si un propietario quiere vender su piso en dos años no puede sacarlo ahora a alquiler. Así que sí, es lógico que los individuos renuncien a las rentas de alquiler a cambio de poder traspasar el piso sin inquilinos indeseados.

La intervención del Estado provoca distorsiones en el mercado que los burócratas necesitan atribuir a otros (inmobiliarias, especuladores, constructores, etcétera) para… volver a intervenir y dictar nuevas regulaciones.

Trujillo, Montilla y Madrazo son claros ejemplos de parasitismo: roban nuestras propiedades y sobre ellas se montan su chiringuito electoral.

Marx, 2 – Libertad, 0.

¡Ah, se me olvidaba!: los antecedentes de estas políticas ultraliberales las tenemos en Gallardón, el amigo de Tim Robbins, que se definía como liberal por "saber escuchar" pero que no dudó en proponer la expropiación de las casas deshabitadas del centro de Madrid. Tiene suerte el alcalde de no ser ni sordo… ni manco.

Marx, 3 – Libertad, 0.

Trujillo, Montilla, Madrazo y Gallardón se funden en un fraternal abrazo. Los socialistas de todos los partidos abandonan el terreno de juego tras una aplastante victoria. La vivienda sigue tan cara como siempre, los propietarios han sido atracados, pero los políticos se han llenado los bolsillos. Definitivamente, la robolución marxista es un chollo.

Lo que Hoppe sí dijo

Hans-Hermann Hoppe es un conocido pensador anarcocapitalista de la Escuela Austriaca. Su libro más famoso –aunque no su mejor libro– es Democracy: The God That Failed, donde desarrolla su teoría de que la democracia es una forma de gobierno de raigambre socialista que está ocasionando un grave proceso de descivilización.

En un momento del libro en el que explica la necesidad de una alianza entre liberales y conservadores (p. 218), Hoppe dice que "Un orden social libertario no puede tolerar ni a los demócratas ni a los comunistas. Será necesario apartarlos físicamente de los demás y marginarlos. Del mismo modo, en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia, no puede tolerarse a quienes promueven formas de vida alternativas, no basadas en la familia ni en el parentesco, incompatibles con aquella meta. También estas formas de vida alternativa –hedonismo individualista, parasitismo social, culto al medio ambiente, homosexualidad o comunismo– tendrán que ser erradicadas de la sociedad si se quiere mantener un orden libertario".

Ciertos anarcófobos deshonestos han utilizado este párrafo como una exposición del peligroso pensamiento libertario; en su opinión esto demuestra que en ausencia de Estado no habría libertad de expresión y que los ecologistas y homosexuales serían purgados. Esta invectiva proestatista, no obstante, cae en dos falacias lógicas insostenibles: la falacia de la composición y la falacia del hombre de paja.

La primera consiste en generalizar las características u opiniones de un miembro al conjunto de su clase. Es decir, si Hoppe, que es anarcocapitalista, piensa X, entonces todos los anarcocapitalistas piensan X. La falacia reside en que esto no es así; y no hace falta recurrir a ningún left-libertarian para demostrarlo, baste como prueba un botón propio.

La segunda pasa por atacar la opinión distorsionada de una persona para hacer creer que se ha refutado su auténtica opinión. Por ejemplo, Hoppe piensa X, digo que piensa Y, refuto Y y entonces X ya queda refutado. En este caso, se quiere hacer pasar las ideas de Hoppe por represoras de la libertad para que, como consecuencia, deban ser rechazadas por los liberales.

Me temo que nadie que se haya leído el libro completo puede sostener de manera sincera que Hoppe aboga por exterminar a ecologistas y homosexuales. En primer lugar, porque Hoppe se caracteriza por una defensa cerrada del derecho a la propiedad privada y de la no iniciación de la fuerza, lo cual incluye necesariamente la propiedad privada de ecologistas y homosexuales y la no iniciación de la violencia contra ellos.

Segundo, porque los críticos de Hoppe suelen omitir que todo el capítulo donde aparece el párrafo está dedicado a explicar la formación de comunidades voluntarias en una sociedad libertaria y en concreto de comunidades conservadoras destinadas a defender la familia tradicional.

Así, Hoppe comienza refiriéndose al principio liberal (p. 209-210) de que "toda propiedad privada presupone una discriminación, pues si tal o cual cosa me pertenece, ello quiere decir que a usted no le pertenece y que yo estoy facultado para excluirle a usted de ella (…) Además, tanto usted como yo, propietarios particulares, podemos concertar un pacto restrictivo (protector) de nuestras propiedades."

Más tarde, en consonancia con lo que sucedió durante la Revolución Industrial inglesa, recuerda que las comunidades privadas generalmente se han formado mediante el arrendamiento de las propiedades de los terratenientes, encargados últimos de establecer las normas de convivencia y de desarrollar las infraestructuras de la comunidad.

El respeto de estas normas conforma el contrato de convivencia que todos los arrendatarios deben respetar, de modo que el propietario tiene derecho a excluir a aquellos miembros de la comunidad que "aboguen, anuncien o hagan apología de actividades incompatibles con la finalidad esencial del pacto" (p. 216).

En comunidades conservadoras este pacto originario entre el arrendador y los arrendatarios sería la protección de la familia y es en este contexto donde se ubica el polémico párrafo inicial, esto es, la posibilidad de que el propietario excluya a todos aquellos individuos que violen la causa de los acuerdos contractuales (las formas de vida alternativas a las que se refiere Hoppe). De hecho, si releemos el párrafo lo dice expresamente: "en un pacto instituido con la finalidad de proteger a la familia".

Pero nada impide que en un orden libre y espontáneo otras comunidades con finalidades distintas se constituyeran. De hecho, el propio Hoppe para despejar cualquier tipo de duda lo explica de forma explícita (nota 25, p. 212): "Para evitar cualquier malentendido, podría ser de utilidad resaltar que el previsible riesgo de discriminación en un mundo verdaderamente libertario no implicaría que la forma y alcance de la discriminación fuesen idéntico o muy parecidos en todos los sitios. Al contrario, un mundo libertario presentaría, muy probablemente, una gran variedad de comunidades especialmente separadas y basadas en modelos discriminatorios muy diferentes."

Dicho de otro modo, la exclusión de la que habla Hoppe en el párrafo inicial es la misma que podría practicar cualquier club o asociación una vez un socio incumple alguno de los requisitos para ser miembro. Él mismo lo dejó claro en un artículo: "En su adecuado contexto estas frases pueden ser poco más ofensivas que decir que la Iglesia Católica debería excomulgar a aquellos que violaran sus preceptos fundamentales o que una colonia nudista tendría que expulsar a aquellos que insistieran en llevar trajes de baño. Sin embargo, si sacas el párrafo de contexto y omites la condición de "en un pacto…" entonces parece que se esté defendiendo la violación de derechos."

Obviamente se pueden criticar las opiniones de Hoppe por efectuar malas predicciones sobre cómo sería un orden liberal. Incluso puede criticarse que haya gente que quiera fundar comunidades basadas en la defensa cerrada de la familia tradicional. Ahora bien, lo que no se puede hacer es tratar de mezclar las opiniones de Hoppe con algún tipo de pulsión totalitaria.

Los principios son claros: libertad individual, propiedad privada y derecho de asociación. Que de ahí se deriven consecuencias que no nos gustan, no debería llevarnos a violentar los principios. Esto sería puro socialismo: no me gusta la distribución de la renta y por ello utilizo los impuestos y la regulación.

La libertad pasa por respetar la autonomía ajena incluso para ejercerla de un modo que no nos agrada, esto es, para realizar pactos comunitarios que excluyan a musulmanes, a cristianos o que promuevan una sociedad multiculturalista.

Las palabras de Hoppe son meridianamente claras. El resto de interpretaciones sólo son posibles entre quienes no se hayan leído el libro o entre quienes desean atacar a Hoppe y al anarcocapitalismo a cualquier precio, incluso vendiendo su honor a la mentira.

El canon

Si en vez de uno, son dos, el canon pasa a ser de 12 euros, y el tercero y los siguientes, quince. La justificación del filósofo Madrazo para imponer el canon es que "la vivienda vacía es un ejemplo de uso antisocial y no sostenible".

La lógica de la medida arbitrada por el Gobierno vasco es sencilla: si a un propietario le resulta tan caro guardar una casa sin sacarla al mercado, se verá obligado finalmente a hacerlo. En la consejería han hecho sus cuentas y prevén que los ciudadanos pondrán en alquiler unas 26.000 viviendas.

Pero si le hubieran dado un par de vueltas más al asunto, acaso se habrían dado cuenta de que el canon es innecesario, y que la solución parece ir más bien por otro lado. Está claro que, quien tiene una casa que en principio no va a utilizar y no planea vender tiene un enorme interés en sacarle provecho ofreciéndola en alquiler.

Es más, sin la necesidad de imponer canon alguno, cada día que pasa sin que el propietario le saque una renta le supone un gran coste de oportunidad. Bien sabe él a lo que está renunciando por no hacerlo.

Y sin embargo son muchos, decenas, centenares de miles de propietarios, los que deciden guardarse la casa hasta encontrar una ocasión propicia para venderla, o para cualquier uso que le puedan dar, que prefieren casi cualquier opción antes que ponerla en alquiler, aún a costa de renunciar a unos buenos ingresos. La cuestión es: ¿por qué?

Y la respuesta es que el mercado no funciona bien, porque una vez se firma un contrato con un inquilino son más las incertidumbres que las certezas. ¿Cumplirá puntualmente el nuevo habitante de la casa? De no ser así, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que recupere el control? Lo que necesitan es seguridad, y el camino no son los cánones, sino seguridad jurídica.

La violencia de género, todo un fraude de ley

El año recién terminado ha sido nuevamente trágico en cuanto al número de víctimas que se ha cobrado la, mal denominada por el Gobierno, violencia de género. Un total de 69 mujeres fueron asesinadas durante 2006, según un informe publicado por el Centro Reina Sofía. Ocho casos más que en 2005, lo que supone un aumento del 13,1%, al tiempo que iguala la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas durante 2004, año en el que, por cierto, aún no había entrado en vigor la tan anunciada y aplaudida Ley Orgánica contra la Violencia de Género. El fracaso ha sido, pues, total, no sólo por la demostrada ineficacia de tal medida –el 77,42% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor–, sino por las implicaciones y efectos jurídicos negativos que se derivan de la misma.

El 22 de diciembre de 2004 el pleno del Congreso aprobaba dicho proyecto, cuyo contenido ha levantado un intenso y polémico debate a nivel jurídico y social en torno a la validez y conveniencia de aplicar un texto en el que se recogen de forma explícita medidas claramente favorables a implementar en materia penal el controvertido concepto de discriminación positiva. Y eso que el propio Consejo General del Poder Judicial se mostró en su día contrario al planteamiento del Ejecutivo. De hecho, algunos magistrados, entre ellos mujeres, han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por vulnerar ciertos principios básicos del Derecho contemporáneo, como el concepto de igualdad jurídica formal, propio de la tradición liberal.

La norma refuerza la protección penal frente a los actos de violencia contra la mujer, pero ello mediante la aplicación de un tratamiento penal diferencial en función del sexo al que pertenece tanto el agresor como la víctima: las amenazas leves contra la mujer se sancionan con prisión de seis meses a un año; las coacciones leves con pena de prisión de seis a dieciocho meses; de igual modo, se agrava la pena en las lesiones, de dos a cinco años, así como el quebrantamiento de pena o medida de seguridad impuesta al agresor. Además, castiga con cárcel lo que antes era considerado como falta leve con el argumento de que "esa acción es un indicio inequívoco que anticipa futuras conductas violentas del marido", con lo que se genera un peligroso precedente jurisdiccional, ya que el derecho penal debe tipificar conductas objetivas y no sancionar en base a hipotéticas intenciones, lo cual permitiría encerrar a un individuo en función de su hipotética y, por tanto, no probada peligrosidad o potencialidad delictiva.

Por otro lado, la creación de juzgados para la violencia de género supone, en esencia, un tratamiento judicial específico para un determinado colectivo en función de criterios jurídicos no objetivables. Es decir, la ley no contempla un objeto jurídico concreto (la agresión o el maltrato en el ámbito familiar o de pareja), sino que tales juzgados atienden exclusivamente a un criterio de carácter subjetivo (las mujeres maltratadas por sus maridos o ex-parejas), lo cual contradice los fundamentos constitucionales de igualdad de trato e igualdad ante la ley. Es más, según diversos juristas, se observa un aumento significativo del número de denuncias falsas por maltrato. Algunas mujeres aprovechan las ventajas que les ofrece la citada norma para salir beneficiadas en sus respectivos procesos de divorcio, ya que la existencia de denuncia implica el traslado del expediente, hasta el momento en vía civil, a los juzgados de violencia, con todo lo que ello implica (retrasos, carencia de especialización y posible apertura de un proceso penal para el sospechoso maltratador).

En el ámbito asistencial también establece la formación de un fondo para financiar diversos servicios sociales para atender a las víctimas, pero nuevamente dirigido sólo hacia las mujeres: la trabajadora víctima de la violencia tendría derecho a la adaptación y reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo, entre otras medidas.

Así pues, tal ley ofrece una protección jurídica desigual y claramente discriminatoria en función de quién sea la víctima y quién el agresor, lo cual es jurídicamente inaceptable y políticamente condenable. El maltrato y la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico supone, sin lugar a dudas, una importante lacra social sobre la que se debe intervenir de forma urgente mediante la puesta en práctica de medidas legislativas eficaces capaces de dotar, ante todo, de seguridad a las víctimas, así como de herramientas jurídicas capaces de castigar de forma efectiva a los agresores con el objetivo de garantizar que tales hechos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, las pretensiones iniciales no han obtenido los resultados esperados y el número de asesinatos se mantiene, sin visos de verse reducido por la aplicación de tales medidas discriminatorias.

Además, la violencia doméstica afecta de forma igualmente alarmante a niños, ancianos y, en menor medida, hombres (quienes suelen padecer maltrato psicológico), con independencia del sexo de la víctima o del agresor, de ahí que sea un grave error la aplicación de la discriminación positiva en este ámbito, al igual que en otros. ¿Es que acaso no todas las víctimas de dicha violencia no merecen igual trato o atención y sus agresores igual castigo con independencia del sexo al que pertenezcan? ¿Es que acaso unos son más culpables que otros?

La ley debe proteger a todos por igual, sin distinciones de ningún tipo, ya que lo contrario supondría una evidente vulneración institucionalizada de derechos individuales que son estrictamente inalienables, una violación en toda regla del fundamental principio de igualdad ante la ley, propio de las democracias modernas. Todo individuo, que no grupo, con independencia del sexo al que pertenezca, debe ser considerado de la misma manera cuando es víctima o agresor, puesto que la existencia de delito no radica en una mera y simple cuestión de género. El delito en sí es la violencia y el maltrato, independientemente de quién lo sufra e independientemente de quién lo ejerza.

El gran salto de Julian Simon

Observo un gráfico que representa, a lo largo del último millón de años, la esperanza de vida de nuestra especie y sus antecedentes. El aspecto del mismo no es una curva, sino el de un perfecto ángulo de noventa grados, en que una línea horizontal, en torno a los 25 años, y otra vertical, hasta los 70, se cruzan en un punto que es prácticamente indistinguible del final del gráfico: el que marca el día de hoy. Es una imagen sorprendente, pero veo varias otras casi con el mismo aspecto. Con una perspectiva temporal mucho más cercana, pero aún amplia, de los últimos mil años, el volumen de la población mundial aumenta muy lentamente hasta el entorno del 1700, cuando la curva se empina casi con violencia. Si nos vamos a 20.000 años y a la tasa de crecimiento de esa población, nos encontramos con una curva que recuerda el primer gráfico descrito.

El punto de inflexión de estas y otras curvas que observo en el libro de Julian Simon The great breakthrough and it cause (renta per cápita, urbanización, productividad, densidad de población, número de revistas científicas, velocidad del transporte…) es siempre el mismo, un segmento del nuestra historia que se encuentra en el entorno de los siglos XVII y XVIII. Esta aceleración de la historia económica es lo que Simon llama The great breakthrough, que a falta de un mejor término traduciré como "el gran salto", y a cuyo estudio dedica este ensayo, editado póstumamente.

La tesis central de su ensayo es que "unas densidades de población mayores y una población total más amplia, en sociedades individuales y en el conjunto de la Tierra, fueron la condición necesaria para el progreso. La medida en que fueron condiciones suficientes dependía en el pasado en la naturaleza de las sociedades en aquél momento". En realidad es una tesis más amplia, ya que toma en consideración la combinación de tres elementos básicos: el total de la población, el acervo del conocimiento y en "nivel de vida", una expresión que, explicada más adelante por el autor resulta ser la riqueza o más bien el capital acumulado.

Simon reconoce que, a corto plazo y en una economía de subsistencia, el esquema de Malthus es válido. Pero que a medida que nos alejamos en la perspectiva temporal (y este ensayo lo hace hasta donde alcanza la historia y prehistoria humanas) y que nos encontramos en una sociedad más compleja (con una mayor población y división del trabajo) y con más capital, Malthus se hace más y más obsoleto. En la perspectiva de muy largo plazo, la población aparece, a entender de Simon, como "la única variable exógena" o la menos endógena del "gran salto", por delante de "la tradición, la estructura del Derecho y otras instituciones son variables endógenas en este modelo, junto con el nivel de vida, la tecnología y el subsiguiente crecimiento en la población".

En un primer momento, cuando la organización social es más primitiva y sencilla (en una tribu), el devenir depende sobremanera de las condiciones ecológicas. Pero a medida que el grupo social se hace más numeroso y complejo, van adquiriendo peso las instituciones sociales y el capital. De éste, Julian Simon considera que, pese a que está siempre acumulado sobre el que se heredó anteriormente, pero "el deterioro y la depreciación tiene lugar de un modo suficientemente rápido como para que lo acumulado pueda considerarse poco importante en el largo plazo. En consecuencia, no hay razones para creer que el stock de capital físico imponga una condición perdurable sobre el progreso futuro."

Lo que queda como principal acicate del desarrollo es la población, que llega a una masa crítica, en la que se produce el "gran salto" que es el objeto de estudio de este ensayo. Hasta el momento (entre los siglos XVII y XVIII), se produce un crecimiento principalmente extensivo, con episodios de ensayo de amplia división del trabajo, que logra aumentar de forma paulatina la población, hasta alcanzar ese punto en que su tamaño permite la gran transformación. En realidad, no es en sí y por sí la población, sino su combinación con el uso y la distribución eficaz del conocimiento y de la tecnología, nos dice el autor, pero siempre con el volumen social como principal determinante.

Por supuesto que, episódicamente y como parte de los avatares históricos, el armazón institucional hace que en ciertas sociedades (Cuba, Zimbabue, Corea del Norte…) el crecimiento se detenga o que se destruya riqueza. Pero la introducción de cambios políticos e institucionales es una cuestión contingente, que llevará a pasos adelante y atrás, mientras que el contexto en que se producen estos cambios, que es la de una población muy numerosa y una división del trabajo muy amplia y profunda, no tiene vuelta atrás. Y, pues los países que vuelven a las instituciones liberales recuperan con prontitud su tendencia al crecimiento, en cierto sentido el progreso económico y social está "garantizado", así, entre comillas, como lo escribe el propio Simon.

El libro está muy bien armado tanto estadísticamente (hablamos de Simon) como teóricamente. Se enfrenta al problema difícilmente resoluble de tratar con causas que son a su vez efectos de sus efectos, pero está al menos bien abordado. Nadie mejor que él era consciente de las limitaciones de su análisis, para el que se preparó toda su vida, pero que no pudo completar por esa limitación temporal que nos condiciona a todos. Pero su ensayo supone una enorme contribución aunque fuera simplemente por el planteamiento del problema. La filosofía, al fin, consiste más en hacerse preguntas que en responderlas.

Merkel y Bush, ¿enemigos del libre mercado?

Al igual que el NAFTA y el CAFTA, el TAFTA pretende ser una "zona de libre comercio", pero entre la UE y Estados Unidos. Con el eufemismo de libre comercio los políticos aplicarán la vieja economía del mercantilismo, del corporativismo y aumento del control gubernamental, es decir, todo lo contrario a lo que cabría esperarse. No hay más que ver los puntos clave del acuerdo: intensificación de las regulaciones del mercado financiero, de las bolsas de valores, potenciación de los derechos de autor y reconocimiento mutuo de los estándares técnicos. Esto sólo para empezar.

El libre mercado de verdad no se basa en la regulación ni el control, sino en la libertad. La única razón por la que lo llamarán, si es que finalmente logran implantarlo, zona de libre comercio, en lugar de zona controlada por el Estado, es la mala fama de las palabras control y regulación. Cada vez que un político anuncia una medida para favorecer el libre mercado, lo que hace es empeorar la diversidad y la riqueza empresarial y, por extensión, la de todos nosotros.

Las izquierdas llaman neoliberalismo a estos acuerdos estatales y corporativistas. Otra nomenclatura que lleva al engaño ya que neocorporativismo o neomercantilismo serían nombres que lo definirían con más precisión.

El TAFTA y sus variantes lo único que aseguran es la hegemonía de los gobiernos a nivel internacional y el lento asesinato del libre mercado capitalista. Es un retroceso al socialismo y a la economía del fascismo (la impulsada básicamente por Mussolini).

Eso no significa que un país pueda tener tratados de libre comercio, pero han de ser sólo de desregulación, liberalización y eliminación de barreras tal y como tiene establecido, por ejemplo, Chile con países como Estados Unidos, China, Corea, México, India y muchos más. Un chileno mostraba la ventaja de estos acuerdos con una anécdota de una empresa española, que lleva sus jamones a Chile para procesarlos y luego exportarlos directamente a Estados Unidos, ya que el último tiene fuertes barreras de entrada a los alimentos para el resto de países. Esto es libre comercio, esto es capitalismo de verdad.

Los burócratas de Maastricht y Washington no trabajan en aras del saneamiento del mercado ni en sus resultados positivos como la creación de riqueza, aumento del poder adquisitivo y creación de empleo; trabajan sólo para sus propios intereses políticos y económicos, de ahí que quieran regular el mercado financiero para restringir la libertad de capitales y tener mayor eficacia en el cobro de impuestos o simplemente beneficien a sus grandes empresas y grupos de presión como la industria de Hollywood.

Así como un cerdo no deja de serlo por más que los políticos nos digan que es una gacela, el TAFTA y sus variantes no son más que socialismo e intervencionismo por más que Merkel y Bush juren que es "libre comercio".

Occidente acabó con la esclavitud

Cuando pensamos en el término esclavitud lo más probable es que acudan a nuestra mente imágenes de plantaciones del sur de Estados Unidos y negros cantando sus penas mientras recogen el algodón, incitados por el chasquido del látigo de su capataz. Es decir, los malvados occidentales, es más, los malvados norteamericanos esclavizaron a los pobres negros africanos. Lo cual es indudablemente cierto. Sin embargo, semejante escena es casi una nota al pie dentro de la historia de la esclavitud, una institución que ha acompañado a la humanidad desde su nacimiento hasta hace muy poco tiempo. Lo realmente excepcional de Occidente es que fue la civilización que acabó con ella. Es esa historia la que cuenta Thomas Sowell en uno de los ensayos contenidos en Black Rednecks and White Liberals.

Para hacernos una idea de lo poco que se sabe de la historia real de la esclavitud, basta recordar que la misma palabra "esclavo" proviene de "eslavo" en infinidad de lenguas, entre ellas la nuestra… y el árabe, por ejemplo. No fue el racismo lo que movió la esclavitud; los europeos esclavizaron a los habitantes de los Balcanes seis siglos antes de que el primer negro llegara a América, los asiáticos esclavizaron a otros asiáticos, los africanos a otros africanos, los indios americanos a otros indios, etc. La razón por la que África fue la principal fuente de esclavos para América y Europa al final de la era de la esclavitud es que carecían de sociedades que les permitieran defenderse y por las presiones de la Iglesia Católica para no esclavizar a otros cristianos. Sin embargo, no existía ningún movimiento ni pensador importante que, en palabras de Lincoln, creyera que "si la esclavitud no está mal, es que nada está mal". Incluso la utopía de Tomás Moro incluía esclavos. Era algo que existía, que había existido siempre en todas las sociedades del mundo, y sobre lo que no se reflexionaba demasiado.

El primer movimiento antiesclavista nació en Gran Bretaña en 1787, con una reunión de doce personas "profundamente religiosas", en una época en que el imperio británico lideraba el comercio de esclavos. Liderados por cristianos y financiados por empresarios conservadores, empezaron un debate que nunca antes había existido, pero décadas más tarde lograron que el parlamento prohibiera primero el tráfico de esclavos, más tarde la esclavitud y, finalmente, que un imperio británico en su apogeo impusiera esas prohibiciones al resto del mundo.

Sin embargo, aunque poco a poco los demás países occidentales fueron prohibiendo la esclavitud, fuera de Occidente la abolición se impuso a sangre y fuego, aprovechando la enorme superioridad tecnológica y militar de la que disponían. El imperialismo, especialmente el imperialismo británico, fue la herramienta que sirvió para destruir el comercio de esclavos y reducir la prevalencia del esclavismo en todo el mundo. Barcos británicos entraban en aguas de Brasil para hundir barcos de esclavistas y se amenazó al imperio otomano con hacer lo mismo con los suyos si no aceptaban la prohibición. Años después, los norteamericanos erradicarían la esclavitud de Filipinas, los holandeses de Indonesia, los rusos de Asia Central y los franceses en sus colonias africanas y caribeñas.

Y es que, fuera de Occidente, no había nadie que entendiera muy bien esa manía que tenían contra el esclavismo. En el imperio otomano afirmaban que era una institución crucial para la vida y los hábitos de todos sus habitantes. Los maoríes lo veían como algo sin importancia, una más de sus costumbres. En Zanzíbar, su gobernante se negó a prohibir el esclavismo por miedo a perder la lealtad de sus súbditos. Si en Brasil, el último país occidental en abolir la esclavitud, hubo grandes demostraciones de alegría en las calles el día de la emancipación, en muchas zonas del imperio otomano hubo una revolución cuando el sultán prohibió el tráfico, que no la posesión, de esclavos.

Generalmente, los multiculturalistas afirman que se debe tratar a todas las culturas por igual, porque carecemos de un marco objetivo que nos permita evaluarlas, aunque en la práctica eso les sirve de excusa para denigrar a la civilización occidental y exaltar a todas las demás. Una de las herramientas a las que más recurren es a la historia de la esclavitud o, más exactamente, a la escasa "memoria histórica" de la gente, que sólo recuerda la de Estados Unidos porque es la que aparece en las películas. Sin embargo, si algo hay que muestre la enorme superioridad de la cultura occidental sobre las demás es precisamente la historia del fin de la esclavitud, una imposición de Occidente al resto del mundo.

José Antonio Marina y la educación fracasada

Uno de los libros que recientemente he terminado y del que he disfrutado mucho es La Inteligencia Fracasada de José Antonio Marina. Desde hace un tiempo, este autor ha adquirido cierta relevancia a nivel popular, en especial por sus opiniones e iniciativas relativas a la educación en los colegios.

Sin embargo, el propio autor cae, como en la profecía auto cumplidora, en el mismo mal que señala. Apunta, en el libro citado, que hay personas con una inteligencia fracasada: son aquellos que, a pesar de tener una alta inteligencia computacional, padecen carencias en la capacidad de encaminar sus acciones. Las tres causas principales de este fracaso son, para Marina: la introducción de módulos mentales inadecuados, la ineficiencia de la inteligencia ejecutiva y una equivocada jerarquía de los marcos, es decir, de los ámbitos en los que nos movemos. Para él, la sublimación, el logro máximo de la inteligencia es la ética, que ha conseguido que de animales listos pasemos a ser animales con dignidad.

Pero al lado de estas ideas tan claramente expuestas, considera que los logros más notables de nuestra inteligencia son "la invención de los derechos humanos, los sistemas de protección social, la dignidad o la justicia". Tal cual, todo revuelto.

Además, cuando haciendo caso de su idea según la cual la suprema inteligencia te lleva a la acción, uno se asoma a su proyecto educativo, de nuevo, observa esta mezcolanza terrible de grano y paja que, en realidad, explica gran parte de su predicamento en nuestros días. Frases como "para educar a un niño hace falta la tribu entera" llevan a una terrible confusión. Porque es verdad que los niños son el futuro y que los miembros de cada sociedad deberían preocuparse por ellos. Y, en concreto, en la nuestra, es importante que nos demos cuenta de lo importante que es educar en valores, no desentenderse. Pero de ahí, no se sigue todo lo demás. Y todo lo demás es una propuesta para la futura asignatura "Educación para la ciudadanía" en la que se pretende enseñar los valores éticos y morales de todos a los niños. Y por si alguien piensa que no todos tenemos los mismos valores afirma:

Quienes defienden esa irresponsabilidad se centran en dos o tres temas, sin duda conflictivos, como si fueran los únicos que tienen relevancia ética: el aborto, la ingeniería genética, la homosexualidad y la familia. Durante muchos años los intelectuales de izquierda defendieron con la misma contundencia que los únicos problemas éticos afectaban a la propiedad y al reparto de bienes.

Como si los problemas éticos que cita, además de conflictivos, no estuvieran relacionados con el tema supremo de la propiedad. Como si detrás de la visión ética de la familia no hubiera implícito un modelo de sociedad, un sistema ético, los valores de los que habla.

La pregunta que flota en el aire es "Pero, ¿quién es la tribu?". Si somos todos, ya sabemos que, al menos desde Marx, "todos" somos el Estado… Si usted es marxista, ¡adelante!, como sus hijos según la ley, son de su propiedad, en cierta medida, ya que tiene la patria potestad sobre ellos, deje que los eduque la tribu estatal. Los míos no. Para mí, la tribu inicial del niño es la familia. Y ese es el punto de partida.

¿Cuál es el problema a mi entender? La jerarquía de los marcos es errónea. Primero está el individuo, y después la sociedad. No deciden todos sobre mis hijos, no decide el Estado, ni el colegio, ni mis parientes. Decido yo, que tengo la patria potestad. Señor Marina, me da que, diga lo que diga, esto va a ser un problema de propiedad…

Zetapé y el socialismo

Por eso, a muchos observadores les ha sorprendido que la bolsa no se inmutase en su apertura tras la ruptura por parte de ETA de la tregua indefinida. Y no ya por los 35 millones de euros que costará la reparación de los daños sino por los riesgos sobre la estabilidad política y sobre el respeto de la propiedad privada.

La explicación a este hecho paradójico es más sencilla de lo que pudiera parecer. Y es que ETA nunca afirmó que hubiese renunciado a la violencia ni que fuese a abandonar las armas. Mucho menos aún insinuó jamás que fuese a desistir en su objetivo de establecer un régimen totalitario de corte socialista en el País Vasco y todos aquellos territorios que pueda fagocitar. Es más, mientras la Eurocámara, a petición del PSOE, respaldaba el proceso de rendición de Zetapé, ETA dejaba meridianamente claras sus intenciones con el robo de más de 300 pistolas en Francia. De hecho, ETA no ha mentido a los españoles (su alto el fuego era, recordemos, por tiempo indefinido). Quien sí nos aseguró que conocidos terroristas se habían transformado en hombres de paz, y que cada día que pasaba nos iba y nos iría mejor, fue Zapatero. Pues bien, resulta evidente que el mundo financiero se fiaba más de ETA que de Rodríguez Zapatero y que habían descontado el terrible desenlace.

Para Bambi, ni el rearme, ni las cartas de extorsión, ni las bombas colocadas durante su "diálogo", ni la destrucción de negocios eran síntomas de que las cosas fuesen mal para su "paz". Pero si, a principios de noviembre, los altos cargos socialistas volvieron a pedir escolta es porque ese optimismo presidencial no era incompatible con nuevos muertos sobre la mesa de negociación.

En caso de que Zetapé planeara dejarles experimentar el esclavismo marxista-leninista en tierras vascas, su optimismo estaría justificado. Es lo que tiene el incompleto derribo del Muro de Berlín: ya nadie piensa que el socialismo pueda ser más próspero que el capitalismo, pero muchos siguen creyendo que es éticamente superior. Tanto ETA como Zetapé parecen estar de acuerdo en esta falacia. Así que si ETA dejaba de matar, ¿por qué no concederle poner en práctica la utopía comunista? En vista de los hechos, Zapatero tiene que dimitir. No porque ETA haya podido engañarle o esté dispuesto a apoyar la independencia de una región de España sino porque ha jugado con la libertad, la vida y la propiedad de los españoles.

Más fraudes de la SGAE

Hace tiempo logró que un juez con pocos conocimientos sobre las leyes de nuestro país (concretamente la denostada LSSI) fallara en contra de la Asociación de Internautas por albergar ésta en sus servidores el sitio web PutaSGAE. Pese a que la ley exime de responsabilidad a los proveedores de espacio web de los posibles delitos que puedan cometer sus clientes, el juez dictaminó que la asociación debía pagarle 36.000 euros a los titiriteros.

El caso es que la SGAE también obtuvo del juez una orden para retirar de dicha web los contenidos "vejatorios", aunque se daba el caso de que la Asociación de Internautas lo había hecho ya en cuanto tuvo noticia de la demanda. Pues bien, en un escrito presentado al juez, los de "Ramoncín somos todos" afirman que es mentira, que los contenidos siguen presentes y, para probarlo, han impreso las páginas. Eso sí, puede observarse que no las han obtenido de ningún servidor propiedad de la AI, sino que las han sacado del Internet Archive. Y como todo internauta bien educado sabe, ese extraordinario sitio web sirve como una enorme hemeroteca en la que se conserva la historia de Internet a través de las antiguas versiones de muchas de sus páginas. Por ejemplo, pueden ver en ella cómo era Libertad Digital allá por abril de 2000. No soy abogado e ignoro si hacer esto es delito. Pero no cabe duda de que la intención, al menos, es la de engañar al juez para que haga un dictamen injusto.

Y es que parece que esto de engañar a los jueces es una costumbre en tan santa institución. Vean si no la querella que acaba de presentar Apemit, la asociación que representa a las pequeñas tiendas de informática de España. Resulta que, en numerosos juicios contra tiendas de informática en los que se exigía el pago retroactivo del canon en soportes digitales, que no estaba regulado por ley hasta que la Camarada Carmen Calvo Poyatos y la titiritera del PP se pusieron de acuerdo en aprobarla, se presentó un documento impreso en papel oficial de la Universidad Politécnica de Madrid y con el sello en el que se apoyaban las tesis de la SGAE. Según Apemit, la SGAE encargó un informe a un catedrático de robótica (que ya me dirán qué tiene que ver su especialidad con los derechos de autor), cabe suponer que previo pago, y lo fue presentando por todos los juzgados de España como si la institución entera avalara sus tesis. De este modo podría haberle sacado a las tiendas de informática de barrio unos 100 millones de euros.

El asunto de la propiedad intelectual y los derechos de autor da para mucha demagogia fácil. Por ejemplo, comparar al multimillonario David Bisbal y sus propuestas de prohibir el eMule con tantos pequeños y esforzados empresarios que se arruinado debido a la voracidad de la SGAE. O mirar las nuevas sedes que Teddy Bautista va inaugurando por todo el país mientras decenas de pequeñas tiendas de informática han de cerrar para pagarselas. Pero no creo que las empresas sean más valiosas por el hecho de ser minúsculas, más bien al contrario: siempre crecerán más quienes más valor aporten, al menos mientras su crecimiento se realice en el ámbito del mercado libre. Sin embargo, la empresa de recaudación llamada SGAE simplemente se limita a presionar para que se aprueben leyes que legitimen que puedan quitarle su propiedad a otros, y cuando no las tienen se las inventan. Una sociedad sana y capitalista debería deshacerse de semejante parásito.