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Memoria numismática

Este mes de noviembre hemos visto cómo Correos, sociedad estatal regida por un compañero del Partido Socialista y sueldo de 200.000€ anuales, sacaba a la venta un sello “conmemorando” la fundación hace cien años del Partido Comunista de España. Correos, recordemos, es una empresa estatal con pérdidas millonarias (96 millones de euros en pérdidas en 2021 y una previsión de 150 en 2022, aunque las ha reducido vendiendo su sede valenciana) que realiza competencia desleal al resto de empresas que se dedican a la paquetería.

El caso es que una sociedad que sostenemos todos con nuestros impuestos, especialmente con los beneficios de sus competidores que tienen que aguantarse viendo cómo les sustraen parte de sus ganancias para financiar a un competidor perpetuamente en pérdidas, ha decido felicitar el cumpleaños al partido nacido en nuestro país para convertirse en un satélite de Moscú. Esta filial de los bolcheviques siempre defendió con acalorado entusiasmo el golpe de Estado llevado a cabo por Lenin en 1917. Más bien, habría que decir golpes de Estado. Primero lo intentaron en julio y no les salió bien. Lenin y sus secuaces terminaron exiliados en Finlandia. Volvieron a la carga en octubre (noviembre para nosotros) tras el fracaso de la ofensiva Kérénski durante el verano de 1917 que le costó el poco crédito que tenía al Gobierno Provisional. Pero ahí únicamente se hicieron con el poder legislativo, ya que no pudieron suspender las elecciones a cortes constituyentes programadas para diciembre. Posteriormente, intentaron manipularlas, pero su poca implantación en el campo dio el triunfo al Partido Social-Revolucionario (los eseristas). En enero de 1918, cuando la asamblea se reunió el primer día y salió elegido presidente de esta el fundador de los eseristas, Víctor Chernov, Lenin ordenó rodear el Palacio de Tauride e impedir a los diputados electos que siguieran deliberando sobre el proyecto constitucional.

Pero aún no había sido fundador el PCE, como decimos, hasta 1921. Y no fue el único partido comunista durante la II República española. El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se convirtió en el gran rival por el alma comunista de los españoles, pero con un matiz: no se trataba de un país controlado por la III Internacional Comunista (Komintern), esto es, el gobierno soviético, esto es, por Stalin, sino que seguía los postulados internacionalistas de Troski. El POUM fue purgado por el gobierno de Negrín en las Jornadas de Mayo de 1937: a su secretario general Andreu Nín lo despellejaron vivo agentes de Stalin y al escritor Eric Blair (acá George Orwell) casi lo fusilan, algo que contó posteriormente en su libro Homenaje a Cataluña. El PCE culpó entonces a agentes de la Gestapo.

Pero el gran momento del PCE llegó tras la derrota en la Guerra Civil. Con la mayoría de sus cuadros exiliados en Moscú y colocados en diversos organismos soviéticos, cabría esperar una feroz oposición por su parte al pacto Ribbentrop-Mólotov. Pero ahí estaba Dolores Ibárruri, La Pasionaria, para mantener firme al Partido. Enrique Castro, asistente personal de José Díaz, cuenta en Mi fe se perdió en Moscú cómo se fue desencantando con el régimen de economía planificada debido a las privaciones que tanto él como su mujer sufrían, así como la toma del poder por parte de Ibárruri cuando Díaz, asqueado y acosado, se tiró por una ventana en 1942. Es en este periodo cuando abundan las obras de comunistas españoles exiliados que se fueron alejando de la ideología. Cabe citar a los dos tomos de Jesús Hernández: Yo fui un ministro de Stalin, cuando aún intentaba traer el comunismo a España desde las filas del Frente Popular, y En el país de la gran mentira, cuando ya se había exiliado en la Unión Soviética y pudo conocer de primera mano la miseria en la que vivía el soviético medio durante el régimen de Stalin.

La historia del PCE puede rastrearse hasta la Transición, ya que se trataba del partido más organizado y beligerante contra la dictadura franquista, pero el liderazgo de Carrillo terminó abruptamente en 1982 tras hundir electoralmente el Partido. Posteriores intentos de reflotar la extrema izquierda sólo han sido posibles gracias a coaliciones infinitas cada vez con más partidos, lo cual ha hecho que la marca PCE, aunque siga existiendo, esté prácticamente desaparecida.

Pues bien, en España, desde apenas un mes antes, tenemos vigente una Ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, castiga con elevadas multas cualquier tipo de ensalzamiento del golpe de Estado del general Franco de julio de 1936. Los anteriores golpes de Estado sufridos por la República a manos de comunistas y socialistas no han sufrido legislación contraria. Si por algo destaca la ideología comunista en la actualidad es por su ignorancia absoluta del s.XX. Nunca existió el golpe de Estado de octubre del 37, la política económica de Allende, las nacionalizaciones castristas, la NPE, el chavismo, los jemeres rojos, el Gran Salto Adelante o las purgas estalinistas. Pero no se queda ahí, ya que han sido capaces de colonizar el concepto de democracia, aunque se hayan tirado siglo y medio luchando contra él. Pese a sus furibundos intentos por acabar, por ejemplo, con la II República, la legislación actual nos invita a ver el PCE como el baluarte de la democracia, como los luchadores infatigables por mantener en pie el régimen republicano contra el fascismo. Ahí tenemos un sello para conmemorarlo.

El orwelliano régimen de eutanasia de Canadá

Amanda Achtman. Artículo publicado anteriormente por Law & Liberty.

En 2016, Canadá legalizó la eutanasia en todo el país. Hasta la fecha, según los propios registros del gobierno, más de 30.000 personas han sido asesinadas por los médicos. En algunas partes del país, la eutanasia está representando hasta el 5% de todas las muertes. A lo largo de los últimos años, los eufemismos para referirse a la eutanasia han cambiado de suicidio asistido por un médico, a muerte asistida por un médico, a muerte asistida por un médico, a “asistencia médica para morir”, a MAiD (con una ‘i’ minúscula) y, finalmente, al intento de borrar el hecho de que incluso es un acrónimo. La eutanasia en Canadá se denomina ahora omnipresentemente MAiD.

A pesar de haber tenido una de las políticas de encierro más duras y las tasas de vacunación más altas, es posible que el año que viene, por estas fechas, el número de muertes por eutanasia supere el número total de muertes por COVID en este país.

Sin embargo, es posible que pronto sea difícil llevar la cuenta, dada la deliberada ofuscación y falsificación de los registros de eutanasia.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá. Su Colegio de Cirujanos y Médicos ofrece la siguiente definición de Asistencia Médica para Morir (MAID):

Según la legislación federal, la MAiD se refiere a las circunstancias en las que un médico o enfermero, a petición de un paciente: (a) administra medicamentos que causan la muerte de un paciente; o (b) prescribe o proporciona medicamentos para que un paciente se autoadministre para causar su propia muerte, de acuerdo con los requisitos legales. (el énfasis es mío)

Habiendo reconocido claramente que el procedimiento causa la muerte, es curioso que el mismo órgano de gobierno quiera omitir cualquier referencia a él como causa de muerte a efectos de cumplimentar los certificados de defunción.

Este mes, el Colegio está solicitando opiniones sobre un proyecto de política, que incluye esta sección relativa a los certificados de defunción:

Los médicos que proporcionan MAiD deben rellenar el certificado médico de defunción.

Al cumplimentar el certificado médico de defunción, los médicos: deben enumerar la dolencia, la enfermedad o la discapacidad que ha dado lugar a la solicitud de MAiD como causa de la muerte; y no deben hacer ninguna referencia a la MAID ni a los medicamentos administrados en el certificado. (el énfasis es mío)

Aquí tenemos la directiva deliberada de un organismo profesional gobernante para falsificar los registros médicos. Es innegable que la administración de midazolam, propofol y rocuronio por parte de un médico es la causa de la muerte prematura de su paciente. Pero pronto, es posible que ya no sepamos el número de canadienses a los que se les practica la eutanasia debido a la gran cantidad de otras “causas” que figuran en los certificados de defunción para enmascarar la muerte generalizada por parte de los médicos.

Esto se volverá más extraño cuando, a partir del 17 de marzo de 2023, enfermedades mentales como la depresión, que normalmente no son mortales en sí mismas, empiecen a figurar como causa subyacente de la muerte en los certificados.

La eutanasia se legalizó en 2016 para los canadienses adultos informados y con consentimiento que se consideren con una “condición grave e irremediable.” Inicialmente, había salvaguardias que exigían que la solicitud se hiciera por escrito ante dos testigos independientes, la capacidad de retirar la solicitud en cualquier momento y un periodo de reflexión obligatorio. En 2021, estas salvaguardias se redujeron para exigir sólo un testigo independiente, permitir la posible renuncia al requisito del consentimiento final y eliminar el periodo de reflexión de 10 días. Al mismo tiempo, la elegibilidad para la eutanasia se amplió para incluir una nueva vía para “personas cuya muerte natural no es razonablemente previsible”. Esto incluye a los canadienses que viven con una discapacidad y, a partir de este mes de marzo, también serán elegibles aquellos cuya única condición médica sea una enfermedad mental.

Sin embargo, a pesar de que los grupos de presión de la eutanasia insisten en que “la asistencia médica para morir es una opción legal y regulada por el gobierno federal para el final de la vida, impulsada por la esperanza y la autonomía”, el mandato de encubrimiento profesional traiciona los remordimientos de conciencia que aún admiten que hay algo fundamentalmente erróneo.

Muchos canadienses piensan que lo que hace aceptable la eutanasia es que el propio paciente la haya solicitado. Pero entonces, ¿por qué no poner como causa de la muerte “la voluntad del paciente”? Quizás sea porque en el fondo los médicos saben y podrían estar de acuerdo con la afirmación del filósofo Emmanuel Levinas que decía: “Tengo cada vez más responsabilidad que el Otro, soy responsable incluso de su responsabilidad”.

Los médicos son ante todo responsables de garantizar la salud de sus pacientes y están en una posición de evidente autoridad. Por eso es extremadamente peligroso que se obligue a los médicos, como también sugiere el Colegio, a plantear la eutanasia como una posible opción de “tratamiento” con cualquier paciente que cumpla los requisitos. Especialmente cuando viene de un médico, la presentación de esta opción equivale a una recomendación.

Algunos médicos no pueden imaginar ninguna circunstancia en la que sea apropiado aconsejar una muerte asistida, sobre la base del sentido común de que matar no puede favorecer el bienestar, ya que impide a una persona ser del todo. Hace poco escuché a un médico canadiense decir: “Si me pueden mostrar cómo la Muerte Asistida promueve la salud de mis pacientes, entonces lo haré, con mucho gusto. Al igual que haré cualquier otra cosa que crea que promueve la salud de mis pacientes. Pero hasta que alguien pueda demostrármelo, no lo haré”. Los médicos que se comprometen a no causar daño y a ayudar a una persona a vivir bien hasta que muera no serán cómplices de acabar deliberadamente con la vida de una persona de forma prematura.

También sabemos que la legalización de la eutanasia está socavando drásticamente los esfuerzos de prevención del suicidio (esto es evidente porque prácticamente cada muerte por eutanasia es un suicidio asistido). La pregunta es: ¿A quién le corresponde la prevención del suicidio y a quién la facilitación del mismo? Si la muerte se ejecuta sobre la base del consentimiento momentáneo de cualquier persona, ¿dónde está la legitimidad de intentar disuadir a una persona en peligro?

Además, sabemos por testimonios de primera mano que los canadienses se ven gravemente tentados a pedir la eutanasia, por no tener hogar, por la pobreza, por la falta de asistencia domiciliaria, por una vivienda inadecuada, por la depresión y por la diabetes y la ceguera.

Debería darnos vergüenza si, en nuestro avanzado y próspero país al que gran parte del mundo querría venir, nuestra incapacidad para apoyarnos unos a otros adecuadamente en nuestras comunidades es lo que realmente está llevando a las peticiones de eutanasia. ¿Nos atrevemos a mirar a nuestro alrededor la soledad y el abandono que llevan a la gente a una muerte de silenciosa desesperación y decir que tal vez la causa de la muerte seamos nosotros? No estamos suficientemente presentes. Todavía no sabemos soportar con paciencia las situaciones difíciles. Hace mucho tiempo que no tomamos la mano de alguien con ternura, con paciencia, aunque sea por un rato largo. Quizás nunca lo hemos hecho.

Ser sincero es el primer paso para recuperar la sobriedad moral. Según la propia encuesta del gobierno sobre la naturaleza del sufrimiento entre quienes solicitan la eutanasia, el 86,3% citó “la pérdida de la capacidad de realizar actividades significativas”. La causa de estas muertes es, según admiten las propias personas, existencial más que fisiológica. Esto es importante y merece nuestra atención. Y no le hacemos ningún favor a nadie enumerando falsas causas de muerte en lugar de la propia justificación declarada por la persona. Tenemos que saber por qué estamos viendo un aumento del 32,4% en las muertes por eutanasia de un año a otro.

La falsificación de los historiales médicos es siniestra y me recuerda a una exposición que vi la primavera pasada en el antiguo campo de concentración de Mauthausen. Este fue un lugar en el que los nazis llevaron a cabo algunos de sus supuestos experimentos médicos, de los que guardaron meticulosos registros que ahora están expuestos al público.

Debajo de la vitrina hay un libro con una letra elegantemente legible. Se trata de un registro de defunciones del médico jefe de las SS del campo. La leyenda del museo que lo acompaña dice:

La SS tiene registradas falsas causas de muerte. El prisionero Ernst Martin, asignado como empleado, pone marcas secretas en el registro de muertes en los casos en los que se entera de que los prisioneros fueron asesinados deliberadamente. Poniendo un punto después del lugar de nacimiento, identifica a las víctimas de las inyecciones letales.

Si, dentro de unos años, alguien encuentra un discreto punto en cada uno de los certificados médicos de los canadienses que fueron efectivamente eutanasiados, sabremos de dónde sacaron la idea y nos alegraremos de que lo hayan hecho para saber la verdad.

El censo muestra un Reino Unido cada vez más diverso y más secular

Rakib Eshan. Este artículo ha sido publicado antes en CapX.

El censo de 2021 revela el rostro cambiante de la Gran Bretaña moderna, un país que evoluciona a gran velocidad en términos de cambio demográfico.

Quizá el dato más llamativo sea que, por primera vez, bastante menos de la mitad de la población de Inglaterra y Gales (46,2%) se identifica como cristiana. La caída ha sido precipitada: hace apenas 20 años esa cifra era del 71,7%, y en 2011 era del 59,3%. Puede que seamos una sociedad europea con una iglesia establecida, pero las cifras sugieren una sociedad en plena secularización.

Y mientras que el cristianismo ha disminuido considerablemente en Inglaterra y Gales, otras religiones han experimentado un pronunciado crecimiento en su número. Desde el censo de 2011, el número de personas que se identifican como cristianas ha disminuido en 5,8 millones, mientras que el número de quienes se describen como musulmanes ha aumentado en 1,2 millones (de 2,7 a 3,9 millones).

El porcentaje de la población que se identifica como hindú ha experimentado un aumento más modesto, pasando del 1,5% en 2011 (818.000) al 1,7% (1 millón) en 2021. También se han producido pequeños aumentos en el número de personas que se identifican como sijs, budistas y judíos: 101.000, 24.000 y 6.000 personas respectivamente.

Estas cifras recuerdan que la nuestra es una sociedad que no sólo se define por la secularización de la corriente principal, sino también por la creciente heterogeneidad religiosa. El grado de cambio étnico de los últimos años consolida aún más nuestra condición de democracia hiperdiversa.

Según el último censo, algo más de cuatro de cada cinco personas (81,7%) en Inglaterra y Gales son “blancos”, frente al 86% de 2011. Por su parte, el número de personas pertenecientes a la categoría “asiática”, más bien amplia, ha aumentado del 7,5% en 2011 (4,2 millones) al 9,3% (5,5 millones).

La categoría “negro”, igualmente amplia, ha pasado del 3,3% (1,9 millones) al 4% (2,4 millones), aunque hay algunos matices interesantes en estos datos. El número de personas de origen africano negro ha aumentado considerablemente, pero el número de personas de origen caribeño negro -la categoría de minoría étnica que tradicionalmente está más integrada en la corriente secularizada blanca-británica- ha disminuido ligeramente, pasando del 1,1% de la población al 1%. Al mismo tiempo, se ha producido un notable aumento de los mestizos (del 2,2% al 2,9%). La categoría de “otros blancos”, compuesta principalmente por polacos y rumanos, también ha pasado del 4,4% al 6,2% de la población en la última década.

Así pues, el panorama general es el de un país étnica y religiosamente diverso, en el que la proporción de británicos blancos ha disminuido ligeramente y el número de cristianos ha bajado mucho. Al mismo tiempo, un número de grupos no blancos y no cristianos ha crecido como proporción de la población total.

En general, el Reino Unido (aunque hay que tener en cuenta que este censo sólo abarca Inglaterra y Gales) ha gestionado muy bien los cambios en su demografía. A pesar de todos los extravagantes artículos del New York Times sobre lo indeciblemente racista que es Gran Bretaña, en realidad somos una de las democracias multiétnicas más exitosas del mundo, y el crecimiento del número de personas mestizas es un testimonio de ello. También es una réplica al tipo de Powellismo recalentado que rodea cualquier nuevo dato sobre el cambio demográfico. Los que predijeron que una Gran Bretaña más diversa desde el punto de vista étnico daría lugar a luchas sectarias generalizadas estaban completamente equivocados, y deberían admitirlo.

Al mismo tiempo, no podemos dormirnos en los laureles. Los recientes desórdenes en Leicester, que llevaron el sectarismo subcontinental a las calles de una ciudad regional inglesa, sirvieron de brutal recordatorio de que una sociedad multirreligiosa puede conllevar desafíos y conflictos. El deterioro de la cohesión social también tiene implicaciones para un Estado del bienestar cada vez más amplio, que sólo puede sostenerse realmente con lazos de confianza y consideración mutua.

Todo esto quiere decir que adoptar una visión totalmente acrítica de la diversidad, como suelen hacer algunos, sería en realidad un paso atrás. Podemos aceptar el hecho de que Gran Bretaña es un país formado por muchos tipos de personas diferentes, reconociendo al mismo tiempo las dificultades que esto puede crear en términos de cohesión comunitaria, incluso entre los diferentes grupos étnicos minoritarios.

En todo caso, el último censo debería ser un catalizador para que los responsables políticos y los líderes comunitarios renueven esos esfuerzos para fortalecer las relaciones entre nuestras diferentes comunidades étnicas y religiosas.

Leyes impostadas

La legislación motorizada que el gobierno español actual lleva promoviendo para mantenerse en el poder absoluto, al tiempo que desmantela los magros contrapesos y equilibrios que se instauraron por la Constitución de 1978 para frenar el autoritarismo, se ha comentado por extenso en muchos de los análisis dedicados a tan tóxica dinámica. Asimismo, he resaltado que los vectores marcados decididamente por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero actúan de guía e inspiración del actual jefe del gobierno, quien, si acaso, ha destacado por el implacable uso de la mentira más descarnada para medrar desde que se encaramó en el cargo. Eso sí, con la ayuda de minorías dispuestas a subvertir desde diferentes ángulos ese mismo orden constitucional que prometió cumplir y defender.

En este sentido, la aprobación definitiva el pasado verano por el Congreso de los Diputados de la autodenominada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, gracias al voto favorable de todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular y Vox, no constituye más que el enésimo eslabón en esa cadena de desafueros y tropelías.

Para llegar a dicho fin no hay treta ni estafa procesal o sustantiva que este gobierno no haya ensayado. Ha abusado de la promulgación de los decretos leyes de forma rutinaria, colados con especial denuedo durante la vigencia de los estados de alarma inconstitucionales, decretados con el pretexto de la pandemia del Covid 19. Se ha atrevido a bloquear la tramitación como leyes de muchos de ellos, previamente convalidados, para conseguir la vigencia indefinida sin enmiendas. Todo ello con la evidente complicidad de la presidenta del Congreso de los Diputados. En el caso de la ley citada, omitiendo la tramitación pública exigida por la Ley del Gobierno, pese a las supuestas mejoras introducidas por la facción socialista a los primeros borradores de factura podemita.

En la línea de imponer visiones de la realidad y de la historia con una legislación autodefinida y autosuficiente, al gobierno le importa muy poco situarse por encima de la Constitución española o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Antes al contrario. En una amalgama muy propia del activismo posmoderno invoca, en interminables exposiciones de motivos, los objetivos de defender a personas vulnerables. Están plasmados en diversos convenios internacionales, para colar la discriminación jurídica por cuestión de sexo, la derogación de la presunción de inocencia en el Derecho penal y sancionador, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido con todas las garantías, consagrados en los Convenios clásicos de Derechos Humanos y la propia Constitución española.  

La semana pasada la polémica se concentró, no obstante, en la anunciada y consabida oleada de revisiones de condena a instancia de los numerosos condenados por delitos cuyo pena, una vez cotejadas las redacciones anterior y posterior del Código Penal a las reformas introducidas por la Ley Orgánica “de garantía integral de la libertad sexual”.

A este respecto, digan lo que digan los distintos involucrados en la aprobación de esta Ley, deben quedar claros cinco puntos:

  1. Aunque el artículo 9 de la Constitución de 1978 garantiza exclusivamente la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, los legisladores de 1995 prescribieron (artículo 2.2 del Código Penal[1]) que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.”
  2. A pesar de no venir exigido por la Constitución o los convenios de protección de los derechos humanos, las disposiciones transitorias primera a quinta de ese mismo Código Penal abundaron en ese criterio de revisar las condenas si la aplicación de la ley nueva redundara en favor del reo, entendiendo que esto ocurre cuando establece una pena más leve para el hecho enjuiciado.
  3. De hecho, después de cada una de las numerosas reformas del Código Penal de 1995, se han abierto procesos de revisión generalizados de sentencias firmes, más o menos amplios, en los términos previstos en esas disposiciones.
  4. Con estos antecedentes, con informes o sin informes del CGPJ, es imposible que los Letrados, asesores de los distintos ministerios, por no mencionar a los propios ministros del gobierno pertenecientes a la carrera judicial o fiscal, no reparasen en la previsible oleada de revisiones de sentencias firmes de violadores y agresores sexuales.
  5. La sucesión de intervenciones gubernamentales contrarias a la revisión de las sentencias, si estas benefician a estos reos, y el recuerdo de que la Ley de marras obliga a los jueces a participar en cursitos de adoctrinamiento, no demuestran ignorancia jurídica por su parte. Antes al contrario, revelan que el gobierno no se siente limitado por las leyes, sino facultado para coaccionar a los jueces para que adopten las resoluciones que le convengan en cada momento.

[1] Disposiciones no reformadas por la citada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXV): las incongruencias de la Agenda 2030 y la movilidad eléctrica

En artículos anteriores hicimos referencia a como la ambición planificadora de la Unión Europea llevó a numerosas contradicciones y medidas contraproducentes que, como era de esperar, resultaron en que buena parte de los resultados previstos no sólo no se hayan llevado a cabo, sino que la situación muy probablemente haya empeorado en muchos aspectos. En este artículo me gustaría hacer referencia a los planes, reiterados en el momento en que escribo estas páginas, de transformar la movilidad individual en eléctrica en un plazo de tiempo relativamente breve (años  2035-2040).  Como ya apunté con anterioridad, no me quiero pronunciar sobre si es pertinente o no el cambio, pero si quiero hacerlo sobre la forma en que este se realiza; esto es, a través de la coerción estatal directa, mediante prohibiciones, o indirecta, mediante subvenciones o bonificaciones fiscales, en la línea clásica de la planificación indicativa francesa de los 60, muchos de cuyos practicantes estuvieron entre los fundadores del mercado común, y cuyo legado, como podemos ver, permanece aún a día de hoy en la Unión Europea.

En principio no debería ser necesaria la planificación del cambio de modelo de movilidad. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los cambios de modelo energético o de movilidad llevados a cabo en la historia no precisaron de planificación alguna. Pensemos en el paso del carro de caballos o bueyes al automóvil o al tractor o en la transición del ferrocarril al camión o del barco de vela al de vapor y luego al movido por motores diesel. Ninguno de ellos fue programado y, sin embargo, se dio sin que se reportase ningún problema digno de mención, o al menos digno de ser reportado en los libros de historia. Eso pudo ser básicamente porque fue una transición voluntaria derivada de que la nueva fuente de energía o la nueva forma de movilidad aportaban ventajas, percibidas como tales por sus potenciales usuarios. Es cuestión clave, esta última; esto es, tiene que darse alguna mejora sustancial en algún aspecto como calidad del servicio prestado por la innovación, precio relativo, potencia o simplemente que la nueva forma de movilidad o de producción energética produzca algo imposible de producir bajo la nueva técnica. La energía eléctrica, por ejemplo, es capaz de realizar funciones imposibles de llevar a cabo con la quema de carbón, como por ejemplo hacer funcionar electrodomésticos. Y esta mejora tiene que ser percibida y valorada como tal por el usuario y no sólo por los técnicos. La movilidad eléctrica, por ejemplo, pudiera ser perfectamente mucho mejor que la de combustión en potencia, limpieza o fiabilidad, pero no ser percibida como tal por cuestiones de autonomía o de tiempo de recarga que podrían en ocasiones amargar la vida de sus usuarios sin que pudiesen estos perjuicios ser compensados por los factores meramente técnicos. Otro aspecto de las transiciones, que creo ya haber comentado con anterioridad, es de que en estas acostumbran a coexistir al mismo tiempo las técnicas viejas, las actuales y las que están aún en una fase incipiente de desarrollo, es más incluso coordinándose entre sí y actuando de forma complementaria. Tampoco fue nunca necesario hacer gigantescos planes de ayuda a la transición, sea para ayudar a la adquisición de los nuevos artefactos, sea para facilitar el abandono de los viejos.

De ser esto cierto, no habría forma de explicar la necesidad de planificar el cambio de modelo de movilidad y de hacerlo con medios directamente coercitivos, como multas o sanciones, incluso penales a quien se porte “mal”, o, indirectamente, a través de subvenciones y rebajas fiscales para los que se porten bien y acaten las directrices.  Pero sí que la hay. Esta se hace necesaria para los gobiernos porque la mayoría de la población no quiere cambiar de modelo de movilidad, bien porque no dispone de medios para hacerlo, pero también porque no desea hacerlo porque no ve que las ventajas del cambio compensen los costes o porque prefiere emplear sus recursos en la adquisición de otros bienes. Y como la población, incluidas las empresas, no acepta voluntariamente el cambio, nuestros gobernantes, muchos de ellos sin gran preparación tanto en materia energética como en general, deciden que saben más que nosotros en que consiste nuestro bien y deciden implantar por la fuerza un cambio en los modelos de movilidad, para salvar nuestro planeta de nosotros mismos.  Ahora bien, porque es necesario el uso de la fuerza y la coerción para conseguir esos fines. Acaso no somos adultos que no   entendamos el problema y seamos capaces de actuar en consecuencia.

En una sociedad de mercado, lo lógico sería que una población bien informada sobre aspectos climáticos y energéticos actuase por su cuenta y sin precisar de ser obligados decidiese mudar su forma de consumo. Si esto hiciese, los mercados con mayor o menor velocidad adaptarían su producción y nos ofrecerían una amplia panoplia de productos y servicios respetuosos con el clima y el ambiente, de tal forma que al cabo de un tiempo el daño al planeta se redujese sustancialmente. Las empresas ofrecerían formas de movilidad con menos emisiones al estar los consumidores motivados a pagar por ellas y las nuevas formas de generación de energía se impondrían entre los aplausos de miles de millones de consumidores preocupados por la salud del planeta. Si esto no es así es básicamente porque los consumidores no pueden pagar aún las nuevas formas de movilidad y de ser esto correcto implicaría que tienen necesidades más imperiosas que atender, lo que rompe con la lógica de la urgencia y la gravedad del cambio climático o bien pueden, pero no quieren, porque entienden que a calidad y prestaciones de los nuevos artefactos no superan a los viejos aún siendo mucho más caros. Otro factor que indica la poca popularidad de las medidas es que a las primeras de cambio, en cuanto suben los carburantes fósiles, los gobiernos se apresuran a subvencionarlos, desmintiendo con hechos todo el discurso de la irreversibilidad de la transición y sobre todo desmintiendo su urgencia. Se nos dirá que es impopular la subida de los carburantes y que los gobiernos deban paliarlas para garantizar la paz social, algo que puede ser cierto, pero que sólo demostraría que a pesar de lo que habitualmente se expone en encuestas o medios de comunicación buena parte de la población no ha interiorizado las posibles consecuencias del cambio climático o bien no acaba de creer en ellas o que sean tan graves. De creerlo así la población, la subida de los carburantes derivados del petróleo debería ser celebrada por la población al provocar esta un más que probable descenso del consumo. Pero al no ser así todo, apunta a que la población no está muy dispuesta a sumir sacrificios severos por el clima y, por tanto, es necesario obligar a la población y establecer planes y medidas para alcanzar la transición, si es necesario por la fuerza, expresada en este caso en multas y prohibiciones, expresadas en la obligatoriedad de abandonar los motores de combustión en un plazo relativamente breve. El principal problema, a mi entender, de la transición en la movilidad hacia un modelo electrificado reside en el hecho de haber puesto un plazo para su culminación. Parece que en el 2035  si no hay revisiones no se permitirá la venta de vehículo de combustión en el espacio de la Unión Europea y se prevé que en el 2050 no pueda circular ninguno. Digo si no hay revisión porque el comisario de mercado interno viendo los problemas dijo que en 2026 se revisarían las medidas previendo que si bien no se puedan vender esos motores en la UE si puedan fabricarse para fuera para así no destruir empleo. Esto es, no emitirán CO₂ aquí, pero lo emitirán en otros países, por lo que parece que la lucha por el clima no le importa mucho. El problema de poner plazos deriva de que en una economía muy capitalizada como la nuestra la estructura de los procesos productivos es muy larga y estos consumen grandes cantidades de tiempo en su ejecución.  Además, los procesos de mercado anticipan precios futuros y las consecuencias en precios y producción se dejan sentir desde el momento en que se establece la medida. Por ejemplo, los futuros ingenieros con veinte años hoy desdeñarán estudiar o investigar sobre motores de combustión, descapitalizando facultades o centros de investigación especializados, pero ya hoy. Muchos técnicos cualificados se reciclarán, si pueden, pero sabiendo que buena parte de su capital intelectual se desvalorizará. Las fábricas de motores de combustión o especializadas en la producción de este tipo de vehículo reducirán drásticamente las inversiones que podrían haber previsto a veinte años y comenzarán a no amortizar la maquinaria especializada. Algo semejante le ocurrirá al personal especializado o no, que aparte de perder parte de sus habilidades, tendrá que reciclarse, también si puede, perdiendo buena parte su capacidad de empleabilidad en el caso de querer mudar de empleo o de cambiar de localidad. A la industria de refino le pasará algo semejante y lentamente irá cerrando y mientras tanto no hará inversiones en mejorar la calidad de su producto o en investigar en productos con menos emisiones. Todas las inversiones en mejoras en el carburante fósil o en el desarrollo de aditivos tipo ad-blue serán lentamente abandonadas, dado lo estricto de la prohibición. Todas las prometedoras ideas de mejora de la combustión tipo encendido por microondas o adaptación de motores diesel a combustibles mezclados con hidrógeno padecerán el mismo destino. Ya estamos observando como el diesel sube, por causa de la guerra y otros factores, pero también por falta de capacidad de refino. Leí en algún sitio que el 10% de las refinerías europeas ya han cerrado hoy como consecuencia de medidas previstas para más de 20 años. Y probablemente seguirá subiendo a medida que se vayan cerrando las que quedan. Mucho me temo que el diesel, en especial para los camiones, suba de precio al convertirse en un bien casi de lujo con un mercado muy específico y localizado. Muy probablemente se den cambios también en la geografía industrial, pues a diferencia de lo que muchos piensan, puede ser que no sean las actuales fábricas de automóviles las que produzcan los nuevos autos eléctricos y bien puede ser que las nuevas fábricas se instalen en otros sitios, mejor dotados para la nueva actividad. Algunas ciudades crecerán y otras se convertirán en desiertos industriales, como aconteció con otras transiciones de este tipo.  Y se darán muchos otros problemas de coordinación y cálculo, como bien enseña la teoría austríaca de la planificación y el socialismo, pues buena parte de los problemas que estamos analizando no son más que aplicaciones prácticas de la vieja doctrina de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. A ella nos referiremos en un capítulo ulterior.

La hora de los bancos centrales

En las últimas semanas, tras cada subida de tipos por parte de los bancos centrales, hemos escuchado a multitud de comentaristas de la actualidad criticar dichos movimientos, alegando los claramente negativos efectos de estos sobre las dinámicas de crecimiento y la creación de empleo. Lo que muchos de ellos no tienen en cuenta es que el principal objetivo de los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios y que, sin esta, es imposible generar un periodo de crecimiento económico estable y creación de empleo sólida.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, realizó un alegato similar en defensa de las subidas de tipos el pasado 2 de noviembre tras la reunión del Federal Open Market Committee en la que se decidió elevar los tipos de interés 0,75 puntos porcentuales, hasta el 4%. De hecho, si algo respaldan los datos es que dichas subidas probablemente deban continuar, siendo en este momento cuando los bancos centrales han de mantenerse fuertes ante la opinión pública y la presión política.

Como respaldo a las políticas de incremento de tipos de los bancos centrales únicamente hace falta señalar el hecho de que, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022, el nivel de precios aumentó un 15,6% en EE. UU., un 14,1% en UK y un 13,3% en la Eurozona, variaciones que no se habían visto en décadas. Por el contrario, si los bancos centrales hubieran logrado controlar la inflación cercana a su objetivo, el crecimiento del nivel de precios en el periodo señalado habría sido del 6%.

Me parece importante señalar, aunque pueda resultar una obviedad, que los actuales niveles de inflación no se deben exclusivamente (ni principalmente) a la política monetaria ultralaxa de los bancos centrales previa a 2021, ya que la actual inflación se debe en mayor parte a disrupciones en la oferta que a un exceso de demanda. Esto no quiere decir que los extensos programas de QE o tipos cero no hayan tenido ningún efecto sobre la demanda y esta, en consecuencia, sobre la inflación. Simplemente se trata de que eventos como las disrupciones en las cadenas de valor a causa de la crisis de la Covid-19 (y su salida), o la invasión de Ucrania por parte de Rusia tienen actualmente un mayor peso sobre el incremento de los precios. 

No compro el argumento esgrimido por algunos de que la política de expansión cuantitativa o los tipos de interés en niveles históricamente mínimos previamente a 2021 no tuvieron ningún efecto sobre la demandad agregada y la inflación. De hecho, observando los datos veremos que de 2019 a 2022 la demanda nominal incrementó un 21,4% en EE. UU., un 15,8% en UK y un 12,5% en la Eurozona, siendo niveles que incluso duplican los incrementos ocurridos en periodos comparables anteriores. Por lo tanto, con estos niveles de crecimiento de la demanda nominal, incluso sin disrupciones de oferta hubiera sido imposible mantener la inflación cercana al objetivo del 2% sin una normalización de la política monetaria.

Recuerdo que hace un par de años había economistas preocupados incluso de que la inflación fuera excesivamente baja, lo que llevó en parte a la introducción del nuevo objetivo de política monetaria por parte de la Fed en agosto de 2020, en el cual establecía que ya no buscaría más mantener la inflación cerca, pero por debajo del 2%, sino que ahora trataría de mantener la inflación cerca del 2% de media a lo largo del tiempo. Esto significa que, si había habido varios años con niveles de inflación por debajo del 2%, la Fed permitiría a la inflación situarse por encima del 2% durante un periodo de tiempo similar. Lo que no está nada claro es si, tras varios años en los que probablemente tengamos un nivel de inflación significativamente superior al 2%, la Fed forzará después un periodo de tiempo similar con la inflación situándose por debajo del 2%.

Por lo tanto, no me extrañaría que los agentes económicos interpreten que, con objetivos de inflación asimétricos, los bancos centrales solo pretenden compensar la inflación pasada por debajo del objetivo, pero no la que se sitúa por encima del mismo, ya que ello supondría ejecutar una política monetaria mucho más restrictiva que la actual.

El caso de EE. UU. es, de hecho, el más relevante al respecto, ya que los actuales niveles de inflación en el país norteamericano son los que menos influenciados se ven por incrementos en el precio de la energía o los alimentos frescos, a diferencia de UK o la Eurozona. Por lo tanto, en EE. UU. la inflación se ve mucho más afectada por factores domésticos que externos, siendo uno de ellos la política monetaria ultraexpansiva de la Fed llevada a cabo hasta 2021.

Por todo ello, si algo está claro es que es la hora de que los bancos centrales continúen desplegando una política monetaria restrictiva e incluso la intensifiquen. Es de vital importancia que retornemos a niveles de inflación cercanos al objetivo del 2% cuanto antes, ya que cuanto más tiempo se mantenga la inflación en niveles extraordinariamente elevados, mayor es la posibilidad de que se produzcan espirales de precios-salarios y observemos efectos de segunda ronda que hagan que las expectativas de inflación se “desanclen”, lo cual conllevaría a un escenario de inflación aún más grave. Todo ello destruiría la credibilidad de los bancos centrales e incrementaría significativamente los costes de implementación de una política monetaria notablemente restrictiva. Este es un riesgo más que probable si el proceso de enfriamiento de la inflación sigue siendo tan lento como en la actualidad.

Lógicamente, muchos argumentarán que los riesgos de incrementar aún más los tipos en el escenario actual son enormes, incluyendo entre ellos la posibilidad de conllevar a una crisis financiera global. No voy a negar que esta es una posibilidad real, pero es importante señalar asimismo que, si se evita una política monetaria notablemente restrictiva hoy en día, ello podría conducir a una recesión de mucha mayor escala el día de mañana si las expectativas de inflación se “desanclan” y se producen efectos de segunda ronda, como comentaba anteriormente.

Llevamos tantos años viviendo en un entorno de política monetaria ultralaxa que, hoy en día, tipos de interés al 4% en EE. UU. o tipos del 3% en UK y del 2% en la Eurozona, pueden dar la impresión de ser una política restrictiva. Pero seamos serios: si nuestras economías no soportan unos tipos de interés del 3-4% (varios puntos por debajo de la tasa de inflación), es que tenemos un problema sólido de sostenibilidad de nuestros modelos productivos, tejidos empresariales y stock de deuda.

Los bancos centrales cometieron un gran error al mantener su política monetaria ultraexpansiva intacta durante tanto tiempo. Ahora, si desean mantener su credibilidad y sostener la estabilidad del sistema, deben combatir la elevada inflación global con todas las armas a su disposición. No es momento aún de frenar las subidas de tipos. Es la hora de los bancos centrales.

La paradoja del patrón dólar y el impacto de la guerra en Ucrania

En el artículo anterior señalábamos que existe una distorsión en el corazón del sistema financiero mundial causada por el patrón dólar estadounidense (USD). El centro de esta distorsión es que todos los países del mundo tienen la necesidad de acumular reservas de dólares para participar en el comercio internacional; de esta manera, el producto más importante de exportación que tiene Estados Unidos es el dólar que otros países pueden adquirir exportando bienes reales a cambio de papeles verdes o señales digitales de dólar.

Este proceso afecta tanto a Estados Unidos mismo como a los países exportadores.

Por lo que respecta a Estados Unidos, el dólar otorga al país un exorbitante privilegio,  ya que puede tener paralelamente un déficit comercial negativo y, al mismo tiempo, endeudarse. Desde los años sesenta, el déficit comercial y la deuda del estado ha crecido cada vez con más y más rapidez.

Tabla 1. El déficit comercial de Estados Unidos

Déficit comercial USA
Déficit comercial USA

Tabla 2. Endeudamiento de los Estados Unidos

US Public Debt
US Public Debt

Este privilegio ha hecho posible que Estados Unidos haga lo que ningún otro país puede: incrementar la deuda y el déficit comercial paralelamente a lo largo de décadas. Así, los Estados Unidos prácticamente no tienen freno para el crecimiento de su consumo.

La paradoja es que cuantos más productos extranjeros consume Estados Unidos, más posibilidad de crecimiento causa para el resto del mundo a través del desarrollo industrial con fines de exportación. Los países más exitosos en las últimas décadas han sido los que fueron capaces de desarrollar una maquinaria de industria exportadora como Alemania desde los años cincuenta, Japón desde los sesenta, Corea-Sur y Taiwán desde los años setenta o más recientemente China o Vietnam.  A cambio de sus productos, Estados Unidos exportaba dólares financiando así el crecimiento industrial en estos y los demás países.

Pero el patrón dólar es un sistema lleno con paradojas.

Por un lado, asegura beneficios a los dos participantes en las transacciones comerciales. Sin embargo y, al mismo tiempo, el sistema también tiene un tinte de comercio desigual; los bienes reales producidos por el trabajo duro son intercambiados por un crédito fácilmente creado, sin esfuerzo ninguno o casi ninguno, lo que implica un grado de explotación.

Con este mecanismo de comercio desigual, el patrón dólar ha creado el imperio más beneficioso conocido nunca jamás en la historia de la humanidad. Los viejos imperios se asentaban en las conquistas militares y en una brutal explotación. Las naciones y los territorios conquistados fueron aplastados, su crecimiento bloqueado y sus recursos explotados por el poder militar. Las colonias conquistadas sirvieron a la abundancia y el capricho de los colonizadores. En cambio, el patrón dólar estadounidense ha traído consigo la liberación del mundo de los imperios tradicionales, la difusión de la libertad y la democracia, y el desarrollo basado en la industrialización. Al mismo tiempo, Estados Unidos disfruta de un privilegio exorbitante, parecido al que tenían los viejos imperios, la posibilidad de tener un consumo exorbitante basado en el comercio desigual.

Un parte del consumo de Estados Unidos es su esfuerzo por mantener el ejército más grande y poderoso del mundo. Es por todos conocido que el gasto militar de Estados Unidos es exorbitante, y que destina proporcionalmente mucho más dinero a fines militares que el resto de los países detrás de él.

Teniendo en cuenta el enorme poder militar de Estados Unidos, se puede deducir que, a pesar de que el comercio entre la potencia americana y el resto del mundo es desigual, Estados Unidos da a cambio un servicio muy importante, garantizando el comercio global y la paz a nivel mundial. Los países que aceptan el liderazgo de Estados Unidos y están abiertos a implementar el modelo de la democracia liberal y derechos humanos con un mercado mixto del estado bienestar, pueden concentrarse en desarrollar sus economías y bajar sus gastos militares. Por ejemplo, el gasto militar de los países europeos, entre ellos España, ha bajado en las últimas décadas a un nivel históricamente muy bajo. El “dividendo de la paz” ofrece una oportunidad muy beneficiosa a los países que están bajo la tutela militar de los Estados Unidos.

Tabla 3. Bajada del gasto militar de España

Gasto en Defensa / EOM.
Gasto en Defensa / EOM.

Parece que el privilegio basado en el patrón dólar estadounidense solo tiene efectos beneficios. Pero, en realidad, también existen algunas desventajas.

A mi juicio, uno de los efectos más negativos de este patrón es el debilitamiento y la descomposición interna de Estados Unidos. El constante flujo de dinero fácil corrompe la moral y la pérdida de las virtudes cívicas tradicionales, como ya ocurrió en la antigua Roma. Por otra parte, el crecimiento de la burocracia y del aparato del estado va en detrimento de la iniciativa privada en la economía. El nuevo estado es el nuevo dios, y sus representantes ejercen un papel protector y paternalista que defiende a los ciudadanos de las vicisitudes de la vida provocando la infantilización de la sociedad y la constante demanda de protección para garantizar el continuo consumo.  

Pero incluso más problemático  para los líderes de Estados Unidos resulta la pérdida de las industrias. Estados Unidos era el taller del mundo que hizo posible el arsenal de las democracias durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la actualidad China le ha arrebatado ese papel y ha llegado a ser el taller del mundo.

El rápido crecimiento de China y su conversión en la mayor potencia industrial del mundo ha creado una enorme tensión dentro del seno del patrón dólar. Hasta el auge de China, los primeros rivales del poder industrial de los Estados Unidos fueron Alemania y Japón, países mucho más pequeños, que habían perdido la Segunda Guerra Mundial y cuya existencia, además, fue defendida por Estados Unidos frente a la Unión Soviética y a China. Así, en el momento que se erigían como posibles rivales en economía, Estados Unidos podía presionarlos para aminorar sus posiciones competitivas, tal y como ocurrió en los Acuerdos de Plaza en 1985.

Pero, con el auge del China ha cambiado el equilibrio de poderes en el mundo.

China no solo es mucho más grande en territorios y población que Alemania y Japón, sino que además ha preservado su independencia cultural a lo largo de la historia y ha alimentado cierto resentimiento frente a occidente provocado por la semi-colonización que sufrió en el siglo XIX a manos de las potencias occidentales.

Table 4. Balance comercial China y Estados Unidos

US-China trade deficit
US-China trade deficit

Los académicos y políticos chinos son conscientes de que el patrón dólar provoca una sensación agridulce en China. Por un lado, ofrece la oportunidad de desarrollar una maquinaria industrial con fines de exportación; por otro, consolida la posición de China como un poder de segundo rango dependiente de la benevolencia americana. A todo ello hay que añadir el conflicto geopolítico provocado por el estatus de la isla de Taiwán y el control de las rutas comerciales en los mares en Asia que enfrenta a China y Estados Unidos.

China en las últimas décadas, ha intentado establecer rutas comerciales alternativas (La nueva ruta de la seda) para reducir el efecto del dominio americano sobre las rutas del mar y crear una alianza de poderes en Eurasia, en la Isla Mundial de Harold Mackinder. Su principal aliado es Rusia. Ambas potencias han llevado a cabo esfuerzos coordinados para establecer un sistema comercial alternativo que incluye la intención de crear un nuevo patrón de dinero mundial que reemplace el papel del dólar americano. 

Como el patrón dólar es un sistema agridulce de paradojas resultaba muy difícil de cambiar. Pero las nuevas circunstancias han variado las reglas del juego; el fracaso por apaciguar Rusia dentro del sistema mundial provocado parcialmente por la expansión de la OTAN, la agresión rusa contra Ucrania y las sanciones económicas de los poderes occidentales contra Rusia, han hecho que Rusia haya decidido romper el sistema. Rusia ahora no tiene ningún interés en participar en el mantenimiento del sistema financiero mundial del patrón dólar. Al contrario, intenta derrumbar el patrón dólar y crear un nuevo sistema financiero con el fin de causar el colapso del sistema del modelo capitalista basado en la acumulación de los créditos.

Sin embargo, Rusia es consciente de que es un potencial económico demasiado pequeño como rival de Estados Unidos y sus aliados, especialmente los países de la OTAN y Japón. A pesar de que tiene una enorme riqueza de recursos naturales, sus industrias y su capacidad de innovación son muy limitadas. Por ello, intenta crear una alianza alternativa contando con China, Irán y los países que fueron colonizados por las potencias europeas en los siglos anteriores y que todavía guardan rencor a occidente por el pasado.

La clave actualmente es quién va a ganar la guerra en Ucrania.

Friedrich von Wieser,  unos de los grandes pensadores de la Escuela Austriaca, en su último libro, La Ley de Poder decía que tener éxito es el factor más importante en la lucha por el poder político. Solo el poder exitoso tiene seguidores. Si Rusia gana la guerra en Ucrania va a poder hacer nuevas alianzas para sustanciar su desafío al poder del Oeste. Si pierde la guerra, es posible que termine su desafío.

La Guerra de Ucrania no es una guerra local. Las sanciones económicas impuestas a Rusia y su desafío han hecho que nos enfrentemos a una guerra mundial, por suerte, hasta ahora solo en campo económico. Por el subyacente conflicto sobre el sistema financiero del mundo estamos al borde del abismo: la alianza occidental no puede dejar que Rusia gane la guerra porque su éxito acelerará sus esfuerzos por crear un sistema financiero alternativo. Y un sistema financiero alternativo podría suponer el colapso económico de Occidente y su orden político.

Independientemente de quién gane la guerra cinética en Ucrania, un futuro óptimo del mundo requeriría un sistema financiero más neutral que el patrón del dólar que presenta paradojas en su funcionamiento.

A mi juicio, la solución más razonable sería volver al patrón oro que proporcionó buenos resultados económicos y sociales durante el siglo XIX. Era un sistema que favoreció el equilibrio comercial entre los países y posibilitó el desarrollo de las naciones que adoptaron los principios del libre comercio. 

Teniendo en cuenta las enormes deudas acumuladas durante la existencia del patrón dólar y la desigualdad de sus beneficios, el mejor camino hacia un nuevo sistema financiero es un acuerdo internacional, como fue el de Bretton Woods en 1944, con los objetivos de reestablecer un mejor equilibrio entre países y asegurar el libre comercio, que es la más beneficiosa institución para lograr el desarrollo a nivel mundial. Sin duda alguna, es mejor negociar que llegar a una nueva guerra mundial entre las grandes potencias por el dominio del mundo.

Defensa de la no asociación para reducir los conflictos

En mi artículo anterior elaboré una defensa de la libre asociación, su relevancia política y económica. No obstante, en aras de profundizar, llevaré a cabo en las líneas siguientes algunas reflexiones sobre la defensa moral y utilitaria de la no asociación, discriminación y exclusión.

En primera instancia, debemos reconocer que en el mundo de las decisiones humanas basadas en análisis costo-beneficio es relevante poder poner fin a bajo costo a una acción, contrato, trabajo o a una relación. Si la ley nos dificulta o prohíbe despedir a los que contratamos, renunciar a nuestro empleo, discriminar con quienes socializamos, prever nuestros riesgos, incluso retirarnos de una asociación; para la toma de todas estas decisiones seremos extremadamente cautelosos. Por ello, es posible elaborar una defensa consecuencialista de la desvinculación como ingrediente indispensable para la asociación, viabilidad de los seguros, así como el buen funcionamiento del mercado laboral y de vivienda.

De igual forma, podemos defender que, en su pleno uso, la propiedad implica el derecho de acceso, usufructo, administración, exclusión y venta. Es decir, prohibir la exclusión implica atentar contra el derecho de propiedad. Sin embargo, no se deben menospreciar las controversias que surgen del ejercicio de la exclusión de la propiedad, sobre todo porque los motivos que subyacen en ciertas exclusiones pueden ser creencias prejuiciosas o injustificadas de un grupo hacia otro, o de individuos de ciertas culturas, religiones o sistemas de creencias hacia otros diferentes.

Frente a una defensa plena del derecho de propiedad y exclusión, es probable que a algunos sujetos les surja la pregunta: reconocer la libertad de asociación, desasociación, discriminación y exclusión por parte del individuo y limitar dicho ejercicio por parte del Estado, ¿tendrá como consecuencia menor integración entre personas y mayor conflictividad interpersonal?

Quienes defendemos la libertad, hemos argumentado que, a pesar de abogar abiertamente por la exclusión y la discriminación[1], los sistemas mercado no son los que tienen mayor probabilidad de exclusión intergrupal debido a los costos derivados de sus acciones (Block, 2010; Hoppe 2004, Sowell, 2019). En concreto, el riesgo más alto se encuentra en la acción estatal dada la ausencia de costos que internalizar. De igual forma, toda distribución de riqueza o toda política económica proteccionista parte de discriminar, asignar ganancias y pérdidas netas entre grupos e individuos como es el caso de la “protección del mercado laboral nacional” por medio de leyes migratorias, favoreciendo así al trabajador local a expensas de protegerlo de la competencia extranjera[2].

En la actualidad, los Estados detienen a los inmigrantes en las fronteras, les prohíben invertir y trabajar en el país o les exigen requisitos migratorios inaccesibles. Todo ello supone el uso de un supuesto derecho de exclusión sobre todo el territorio nacional y de sus recursos. Paralelamente, si el Estado determina que ciertos inmigrantes pueden entrar y residir en el territorio, quienes aplican las leyes iniciarán un movimiento de inclusión forzosa al prohibir a los ciudadanos ejercer su derecho de exclusión y discriminación, tal y como lo hace el Estado mediante leyes y regulaciones. Esta dinámica resulta en diferentes grupos de presión que tratan de influir en las decisiones del Estado sobre quienes pueden o no entrar y residir en el territorio nacional. Se trata de una batalla que se torna hostil porque una vez dentro los nuevos vecinos alcanzan la categoría de in-excluibles.

De hecho, si consideramos la acción de los Estados, resultaría absurdo afirmar que ha habido un avance en el último siglo en materia de discriminación. En efecto, en la actualidad las nacionalidades se han convertido en el nuevo sistema global de castas. Esto es, un estatus que se protege y afirma continuamente con la aplicación de las regulaciones migratorias que, me atrevería a afirmar, han alcanzado su mayor nivel histórico global de complejidad y restrictividad en estos tiempos.

Por otro lado, una consecuencia de haber ´´cedido´´ el derecho de exclusión al Estado puede apreciarse entre los grupos nacionalistas que defienden la homogeneidad cultural y étnico-racial de su país, preocupándose más por quienes habitan territorios de los que no son propietarios, por ejemplo, les perturba más el gueto de inmigrantes que se ha formado a las afueras de su ciudad, que el hecho de no contar con el pleno del derecho de propiedad y exclusión sobre sus espacios. Muchos nacionalistas están convencidos de que sus Estados discriminan y excluyen en defensa de sus intereses, pero únicamente les han quitado ese derecho, usándolo políticamente a su conveniencia. 

En su sentido más amplio, la discriminación y exclusión no son necesariamente nocivas. Aunque en la práctica son inevitables, lo que si resulta perjudicial será negarlas, prohibirlas y monopolizarlas. La discriminación, tanto positiva como negativa, es un ejercicio empresarial y de mercado. Cuando un bar excluye a una pareja homosexual, toma un riesgo muy alto, poniendo en juego su reputación y su clientela. De igual forma, cuando una empresa de entretenimiento hace inclusión forzada en sus producciones, debemos entender que lo hace porque tiene en cuenta pérdidas y ganancias de asumir una postura política e identitaria determinada. Lo contraintuitivo es que no debemos responsabilizar de la discriminación únicamente a los empresarios formales, ya que en realidad son los clientes quienes la exigen y financian. Por tanto, dentro del mercado, quienes no quieran pagar por su discriminación no podrán imponerla ni exigirla.

Hasta este punto podríamos resumir los argumentos expuestos de la siguiente manera: discriminar y excluir es un derecho y una herramienta social necesaria para poder establecer buenas asociaciones. Si nuestra discriminación es empresarialmente mala (seamos individuos u empresas grandes) nos perjudicará económicamente. Por su parte, el Estado puede discriminar sin costos directos para sí mismo, y debido a su naturaleza, escala y poder puede llevar a cabo integraciones o exclusiones masivas y forzosas a pesar de las preferencias de los demás.[3]

Sin embargo, considero que podemos esbozar otros argumentos económicos y psicológicos en favor de la libre discriminación y exclusión:

1. A pesar de que el capitalismo o libre mercado puedan considerarse amorales, tienen soluciones para todos los gustos en materia de integración o diversidad cultural. En sus productos turísticos, de entretenimiento y en su mercadeo, las empresas promocionan la idea de culturas radicalmente distintas para captar clientes atraídos por la novedad, a la vez que buscan puentes entre éstas para poder abarcar un mayor número de clientes. Para el mercado no será problemático vender dos tipos de café distintos para la comunidad hispana y anglosajona, o vender un solo tipo de café anunciándolo como ´´El Café de todos los floridanos´´.[4]

2. Los guetos o comunidades herméticas de inmigrantes suelen considerarse problemáticas porque se asocian a sistemas paralelos de gobierno, menor aculturación del grupo migrante, mafias y mayor hostilidad intergrupal. Los guetos pueden tener un origen no estatal, como los Amish, pero en la mayoría de los casos este fenómeno se debe al apoyo entre inmigrantes para hacer frente los requisitos migratorios, como no poder trabajar durante los primeros meses o años de residencia o no poder alquilar o hacer uso de los bancos debido a las regulaciones vigentes. De igual forma, los planes y ayudas sociales para inmigrantes, combinados con regulaciones limitantes de su libertad, provocan la segregación. Son, de hecho, el caldo de cultivo para la formación de comunidades delictivas y parasitarias de inmigrantes. 

En una lógica de mercado, los guetos no resultan convenientes a largo plazo. El beneficio inicial sería la confianza y el apoyo entre vecinos de la misma cultura, pero con el tiempo los incentivos económicos para salir del gueto y aculturizarse irían aumentando. Por ejemplo, en un principio el capital humano del gueto estaría muy bien complementado y las habilidades particulares de los inmigrantes serían bien valoradas dentro de su comunidad, pero con el paso del tiempo sus particularidades culturales podrían pasar a valer más fuera del gueto que dentro del mismo.

3. A partir de teorías y hallazgos de la psicología social (Morales, et al. 2011), sabemos que la raíz de algunos conflictos intergrupales se encuentra en la incompatibilidad de metas entre grupos, como podría serlo la competencia por recursos escasos y los deseos de preservar los valores y tradiciones de un grupo mientras interactúa con otro.

Las personas tendemos a categorizarnos en endogrupos y exogrupos. Buscamos favorecer muestro endogrupo y lo percibimos como superior e incluso más diverso que el exogrupo. Esta categorización es dinámica y el contacto con el exogrupo modifica las atribuciones y el comportamiento, lo cual favorece la cooperación. Sin embargo, el encuentro asertivo entre personas y grupos puede verse importantemente afectado por una lucha debida a recursos escasos. Tomemos como ejemplo la que se da en torno el gasto público entre grupos de presión en el Estado de Bienestar o por la amenaza simbólica sobre los valores que representa la interacción obligatoria con un grupo percibido (justificada o injustificadamente) como extremadamente diferente al endogrupo.

Por otro lado, los encuentros intergrupales inicialmente hostiles, que se resuelven con una separación radical (por ejercicio de la libre exclusión), podrán tener con el paso del tiempo una nueva resolución positiva y pacífica. Se puede afirmar que eventualmente nuevos encuentros intergrupales se harán más atractivos para ambos grupos. Como han mostrado grandes aventureros a lo largo de la historia, algunos seres humanos tendemos a agotarnos de nuestro entorno originario y manifestamos una curiosidad por lo novedoso y desconocido de otros contextos, lo que nos hace aventurarnos a buscar nuevas oportunidades y bienes materiales, al igual que nociones artísticas, éticas y morales alternativas.

4. Los seres humanos somos capaces de velar genuinamente por el bienestar de los demás, no obstante, esta conducta se verá favorecida por la sensación de parentesco (no necesariamente genético) que tengamos con los demás. Este proceso de selección por parentesco no es completamente incompatible con mundo cosmopolitita moderno donde muchas veces no compartimos raíces comunes con nuestros vecinos, pero si implica que necesitamos tiempo y múltiples interacciones positivas para tratar como parientes a individuos con quienes frecuentamos o compartimos nuestra comunidad.

Por consiguiente, para lograr relaciones consolidadas y duraderas entre grupos e individuos, es esencial que los encuentros e intercambios entre ellos sean de beneficio mutuo (no juegos de suma cero), con un carácter de mercado en el que haya gratitud, reciprocidad y confianza progresiva, evitando la presión emocional, la hostilidad y la imposición de la discriminación o la integración impuesta por el Estado.

Bibliografía:

Block, W. (2010). Case for Discrimination, The. Ludwig von Mises Institute.

Hoppe, H. H. (2004). Monarquía, democracia y orden natural. Una visión austriaca de la era americana. Tercera Edición. Unión Editorial. Madrid, España.

Sowell, T. (2019). Discrimination and disparities. Hachette UK.

Morales, F.; Moya, M.; Gaviria, E.; Cuadrado, I. (2011) Psicología Social. Tercera Edición. McGraw Hill. España


[1] Sowell (2019) aclara que se puede diferenciar entre la discriminación basada en evidencia y la discriminación basada en arbitrariedades, pero lo importante serán los costos de la decisión y no el criterio ni las intenciones subyacentes.

[2] Aunque curiosamente muchas veces se argumenta que se protege al trabajador extranjero de la ´´explotación´´ laboral que sufriría en el país donde pretende inmigrar, sometiéndolo a las condiciones del país de origen (subjetivamente evaluadas como peores que las de trabajar en otro país por un salario menor al mínimo legal)

[3] Algo tristemente invisible, puesto que el foco actual sobre la mayor integración y aceptación social y política de la diversidad sexual y racial en algunos países está cegando a la mayoría de los progresistas, no dejándoles ver el aumento en otras formas de discriminación, ni el poder, rango y hostilidad con que discrimina el perpetrador.

[4] A pesar de sus diferencias, desde el mercado como desde el Estado se estiman, refuerzan y manipulan las preferencias intergrupales de la población por el beneficio político o comercial.

La primacía de la libertad

Publicado originalmente en Law & Liberty

¿Es el progreso un bien absoluto? No para todos. A medida que los acuerdos sociales cambian, algunos se benefician mientras otros son desarraigados. Los avances científicos, sobre todo a corto plazo, se han visto a menudo “combinados con ese sufrimiento que es inseparable de los grandes cambios en la condición de la gente”, observó el gran historiador inglés John Emerich Edward Dalberg, también conocido como Lord Acton (1834-1902). Sin embargo, son precisamente estos acontecimientos volátiles los que provocan que “los hombres de genio especulativo o imaginativo” empeoren las cosas soñando con sociedades utópicas que recuerdan “las leyendas de la edad de oro”.

Encabeza la lista la creencia en un mítico paraíso aborigen de recursos ilimitados y no reclamados. En su versión revisada del Génesis en El discurso de la desigualdad, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) declaró que tal estado terminó cuando el primer ser humano se apropió de un pedazo de tierra, reclamándolo como único suyo, un acto del que se originaron todos los demás males -morales, sociales y económicos. Aunque es pura fantasía, el potencial político del mito de Rousseau es dinamita. “Sólo la atracción de una idea abstracta, o de un estado ideal, puede unir, en una acción común, a multitudes que buscan una cura universal para muchos males especiales”, dijo Lord Acton. Pero si son notoriamente eficaces para incitar a la revuelta, esos “falsos principios no pueden servir de base para la reconstrucción de la sociedad civil”.

Acton identificó tres abstracciones preeminentes y nefastas: “las teorías de la igualdad, el comunismo y la nacionalidad”, concretamente la variedad “impropia” de la nacionalidad, es decir, la autoritaria. A diferencia de la versión “apropiada”, esta era “no sólo el auxiliar más poderoso de la revolución, sino su sustancia real”. Con una previsión asombrosa, Lord Acton casi predijo la aparición del socialismo nacionalista, la hidra de tres cabezas de la nivelación: una visión, una raza, un dictador/partido. A Lord Acton no le habría sorprendido lo más mínimo el militarismo ario de Hitler, el comunismo anti “cosmopolita” de Stalin, el hegemonismo chino y ahora el putinismo neo-tsarista.

Manipuladas astutamente por poderosas élites, estas abstracciones se extendieron por toda Europa. En el siglo XX, Inglaterra era casi la única que apreciaba su potencial maligno. Porque a lo largo de los siglos, los británicos habían desarrollado la capacidad política para aplicar los controles necesarios al gobierno. Además, según Lord Acton, comprendieron que “un pueblo reacio a la institución de la propiedad privada, carece del primer elemento de la libertad”. Los estadounidenses son los afortunados herederos de este legado.

En la época premoderna, lo más importante eran los deberes de los hombres para con sus superiores. Los nobles tenían deberes para con el rey, los campesinos para con sus tierras, etc. Esto había ido cambiando paulatinamente a lo largo de la Edad Media, culminando en el pensamiento de John Locke (1632-1704), a veces considerado el “Padre del Liberalismo”. La contribución más revolucionaria del médico y filósofo inglés al pensamiento político, según el teórico político Leo Strauss, fue un “cambio de énfasis de los deberes u obligaciones naturales a los derechos naturales”. En Locke, escribe Strauss, “el individuo, el ego, se había convertido en el centro y el origen del mundo moral, ya que el hombre -a diferencia del fin del hombre- se había convertido en ese centro u origen”.

Esta idea puede sugerir una noción atómica y monádica del individualismo, pero Locke creía en una “humanidad común”. Estamos “por naturaleza capacitados para formar uniones, sociedades y estados”, escribió en El segundo tratado de gobierno (VI. 63). A diferencia de los estoicos, que atribuían esta propensión al “sentido de atracción mutua [por los sentimientos de benevolencia y simpatía] que une a los seres humanos”, Locke pensaba que más bien “se basa en que [el hombre] tiene razón, que es capaz de instruirle en esa ley por la que debe gobernarse a sí mismo, y hacerle saber hasta dónde se le deja la libertad de su propia voluntad”. En su opinión, es la razón común, y no el sentimiento, la que justifica filosóficamente la igualdad de los derechos naturales definidos como vida, libertad y “patrimonio”, que se engloban en el derecho a la propiedad personal y al fruto del trabajo. No estaba en desacuerdo con que la simpatía fuera importante, pero la razón bastaba para justificar el gobierno consensual.

Locke había sido, pues, pionero de la Ilustración anglosajona, que según Gertrude Himmelfarb en The Roads to Modernity: The British, French, and American Enlightenments, “adoptó una forma muy diferente a la de su homóloga en el continente”. Porque mientras los escoceses, como Adam Smith y David Hume, reconocían que la razón es común a todos los seres humanos, eran las virtudes de la benevolencia y la simpatía “las que, según creían los británicos, unían a las personas de forma natural, instintiva y habitual. No negaban la razón; no eran en absoluto irracionalistas. Pero daban a la razón un papel secundario e instrumental”. O, como dice en otro lugar, “mientras que la idea británica de compasión se prestaba a una variedad de políticas prácticas y meliorativas para aliviar los problemas sociales, la apelación francesa a la razón no podía satisfacerse con nada menos que la ‘regeneración’ del hombre”. Mientras que los franceses se dedicaban a la construcción platónica de la república, los practicantes de la misma se dedicaban a la construcción de la república.

Porque aunque estaban de acuerdo con Locke en cuanto a la centralidad del individuo en la vida política, la universalidad de los derechos y la necesidad de proteger el estado de derecho contra el poder gubernamental ilegítimo, por muy putativamente bienintencionado que fuera, confiaban más en el sentido común. En última instancia, la contribución anglosajona combinada a la experiencia americana superó a la de los franceses. Si hubiera sido de otro modo, escribió Himmelfarb, “los estadounidenses podrían haber inyectado en su Revolución una misión utópica más amplia, en lugar del temperamento pragmático y cauteloso que se aprecia en El Federalista y en la Constitución”. Gran admiradora de Lord Acton, coincidía con su visión del revolucionario estadounidense como el verdadero liberal. Es alguien que “se juega su vida, su fortuna, la existencia de su familia”, escribió Lord Acton, “no para resistir la intolerable realidad de la opresión, sino la remota posibilidad del mal, de la disminución de la libertad”. La Constitución estadounidense era única por ser a la vez democrática y liberal: “Era la democracia en su máxima perfección, armada y vigilante, menos contra la aristocracia y la monarquía que contra su propia debilidad y exceso…. No se parecía a ninguna otra democracia conocida, porque respetaba la libertad, la autoridad y la ley”.

Lord Acton había despreciado a los revolucionarios franceses, cuya notoria “pasión por la igualdad hizo vana la esperanza de la libertad”. Abogó por la vigilancia semántica. Porque “si los intereses hostiles han causado mucho daño”, escribió en La historia de la libertad en la antigüedad, “las ideas falsas [sobre la libertad] han causado aún más”. Lord Acton estaba preparado para ofrecer una definición adecuada: “Por libertad, entiendo la garantía de que todo hombre será protegido en el cumplimiento de su deber contra la influencia de la autoridad y las mayorías, la costumbre y la opinión”. Idealmente, esta garantía debería proporcionarse a todos los seres humanos, sin reservas. Un Estado justo lo hará; pero que esa garantía sea efectiva depende de una prudente gestión del Estado. Yendo un paso más allá de Aristóteles, Lord Acton ofreció un criterio objetivo: “La prueba más certera para juzgar si un país es realmente libre es la cantidad de seguridad que disfrutan las minorías”.

Entre esas minorías destacan los judíos, a quienes Lord Acton elogió por su perspicacia moral y política. Reconoció que “el Pueblo Elegido [proporcionó] las primeras ilustraciones de un gobierno federado, mantenido unido no por la fuerza física, sino por un pacto voluntario”. El principio se llevó a cabo no sólo en cada tribu, sino en cada grupo de al menos 120 familias; y no hubo ni privilegio de rango ni desigualdad ante la ley”. Su ejemplo, junto al experimento americano, ofrece así una lección útil. “[L]as líneas paralelas sobre las que se ha ganado toda la libertad”, escribió Acton, son claras: “la doctrina de la tradición nacional y la doctrina de la ley superior; el principio de que una constitución crece a partir de una raíz, por un proceso de desarrollo, y no de cambio esencial; y el principio de que toda autoridad política debe ser probada y reformada según un código que no fue hecho por el hombre”.

Escribiendo en The New Criterion a principios del nuevo milenio, Gertrude Himmelfarb encontró a Lord Acton quizás más relevante que nunca. Estaba convencida de que “una generación que ha experimentado los horrores del totalitarismo y las atrocidades del Holocausto puede apreciar, como no pudieron hacerlo sus contemporáneos, la importancia que él concedía a los principios de la libertad y la moralidad, e incluso la presciencia”. Sin embargo, ha sucedido lo contrario: lejos de resistirse a la lenta invasión del antiliberalismo, las élites se despertaron. El igualitarismo ha hecho metástasis hasta convertirse en una virtual religión secular, quizá para compensar el declive de los principios éticos tradicionales que durante mucho tiempo se han basado en la agencia y la responsabilidad humanas.

Quizás el pesimismo del aristócrata francés de Acton, Alexis Charles Henri Clérel, Comte de Tocqueville (1805-1859), estaba justificado. Aunque admitía que las democracias tienen un gusto natural por la libertad, Tocqueville temía que “por la igualdad, su pasión es ardiente, insaciable, incesante, invencible: piden la igualdad en la libertad; y si no pueden obtenerla, todavía piden la igualdad en la esclavitud”. Su pronóstico era nefasto: “Todos los hombres y todos los poderes que traten de hacer frente a esta pasión irresistible, serán derribados y destruidos por ella”.

Pero aún no está todo perdido. La visión de Lord Acton, coherente con la Declaración de Independencia, basada en los derechos individuales naturales en un contexto bíblico, ofrece una advertencia, pero no llega a declarar la batalla perdida. Un sistema político que sacrifica la libertad a cualquier otro objetivo es lógicamente incapaz de ser bueno: “La libertad no es un medio para un fin político superior”, declaró. “Es en sí misma el fin político más elevado”. Un sistema que ignora este hecho al pretender sustituir la igualdad por la libertad sacrificará inevitablemente ambas, como puede atestiguar cualquiera que haya vivido una tragedia de este tipo. Ojalá aprendamos que la libertad es indispensable antes de perderla.

Juliana Geran Pilon es investigadora del Instituto Alexander Hamilton para el Estudio de la Civilización Occidental. Es autora de varios libros, entre ellos The Art of Peace: Engaging a Complex World (2016), y su último libro, The Utopian Conceit and the War on Freedom, que fue publicado en septiembre de 2019.

La “teoría” monetaria moderna: ¿Para llorar, o para reír?

Por alguna razón cuyo causante tengo plenamente identificado, estoy leyendo un ensayo que responde al sugerente nombre de “El mito del déficit”. Con este título apela a mi corazoncito, ya que el único libro de que servidor es autor también trata de desmontar de mitos, aunque en mi caso el título sea más largo a la vez que más preciso: “Mitos sobre la regulación para la competencia”.

Aprovechada la disculpa para la autopromoción, añado que el citado ensayo es de una tal Stephanie Kelton, y que lo construye sobre una cosa que llama “teoría monetaria moderna” (sus siglas en inglés molan más, así que usaré MMT para referirme a ella). Ummm. Una teoría económica, me dije, qué interesante, a ver qué trata de explicar y si mejora las explicaciones estado-del-arte de algún fenómeno económico. La cosa prometía, porque Kelton se harta de citar prebostes de la tal teoría, y presume que es sólida científicamente y está contrastada empíricamente. Por si fuera poco, la autora nos confiesa que el descubrimiento de la MMT le supuso una revelación y le cambió completamente la forma en que ve el mundo, visión que se llevó ni más ni menos que al Congreso de los EEUU cuando la nombró para algún carguito el senador (demócrata) Bernie Sanders.

¿Cuál podía ser esa epifanía que quiere ahora compartir con el resto del mundo la amiga Kelton? Lo explica como para niños en Barrio Sésamo, cuando nos decía el monstruo de las galletas lo de “esto es arriba y esto es abajo”. Kelton nos revela que, al respecto del dinero, hay usuarios y hay emisores. ¿Qué es una familia, una empresa, un ayuntamiento? Usuario del dinero. ¿Qué es el estado federal (en los EEUU)? Emisor del dinero. Repetimos: una familia, usuario; el gobierno federal, emisor. “Muy  bien, muy bien”, nos diría el monstruo de las galletas.

Y como no es lo mismo ser emisor que ser usuario, no se pueden aplicar las mismas reglas económicas a unos y otros. Esta es la revelación de la señora Kelton, como suena. Así, el Gobierno (siempre que tenga soberanía monetaria) puede hacer básicamente lo que le dé la gana con la emisión de dinero. ¿Deuda pública? Emito dinero o, mejor, borro la anotación del libro de cuentas, y ya no hay deuda pública. ¿Déficit público? Lo mismo. ¿Seguridad Social en quiebra? Imposible, si soy el emisor del dinero, emito lo que haga falta y cuadro las cuentas.

Esta es la “teoría” monetaria moderna. Se me olvidaba que sus defensores creen que hay un límite, el marcado por el comportamiento de la inflación. Afortunadamente, como la inflación ocurrirá después, ya arreará con ella el siguiente presidente electo. O sea, que no hay límites para la emisión de dinero, y solo hay que concentrarse en dónde gastarlo para mejorar la vida de la sociedad.

Ante propuestas como ésta, caben básicamente dos opciones, ninguna de las cuales consiste en tomársela en serio. Uno se puede echar a llorar, o se puede optar por la vía jocosa y reír. Como de momento el país en que vivo carece de soberanía monetaria y el BCE aún no parece creerse del todo la MMT, no me echaré a llorar. Os propongo la otra opción, que es echar unas risas a costa de este esperpento.

Para ello nos podemos centrar en su propuesta estrella: la garantía federal de empleo. Dado que el desempleo es el principal problema de la ciudadanía, lo que nos propone Kelton es que usemos las vidas infinitas, en forma de dinero, que le concede la MMT al Gobierno para hacer una especie de oferta de trabajo por defecto, a la que quien quiera pueda acogerse.

¿Para hacer qué? Uy, básicamente para lo que queramos hacer, para realizarnos como personas y dar servicios comunitarios, eso sí, siempre que el curro nos mole. Es innegable que la propuesta tiene un gran atractivo. El Gobierno me pagará y yo haré un servicio social comunitario, no sé, paseos por las montañas, tocar el violín o, incluso mejor, escribir artículos en el Instituto Juan de Mariana. Imaginad, por un momento, que el Estado nos paga por escribir estos artículos.

Espera, una idea aún mejor: ¿y por qué no por jugar a videojuegos? Lo digo porque así podemos completar la renta que otros iluminados[1] atribuyen al valor de los datos que generamos al estar navegando por Internet. Entre el puesto de trabajo garantizado y lo que me paguen por los datillos que se generan mientras juego, peazo vidorra me aguarda.

La idea es tan buena, tan buena, que es fácil anticipar que cada vez un mayor número de personas se acogerá a esta oferta garantizada. ¿Por qué madrugar para abrir la tienda o el bar, si me puedo quedar en la cama y comenzar mis servicios a la comunidad a mediodía? Y si no me motiva demasiado el nuevo trabajo (lo del violín era más difícil de lo que pensaba), pues mañana empiezo con otra afición, digo, trabajo.

Luego está el tema del rendimiento. Si alguien se queja de que mis resultados no son aceptables, mando a la mierda ese trabajo y que el gobierno me dé otro. Digo yo que a la tercera o la cuarta oportunidad acertaré.  Si no siempre queda la posibilidad de convencer a alguien de que lo mejor para la comunidad es que me quede en la piscina sin hacer nada. Algo que, por cierto, aplicaría a la mayor parte de los políticos españoles: está comprobado empíricamente que mejor que no hagan nada.

En todo caso, ya tenemos nuestra corriente fresquita de dinero en el bolsillo, de esos dólares que puede emitir ad infinitum el gobierno federal estadounidense, o cualquier otro con soberanía monetaria. ¿Qué podríamos hacer con ellos? Hombre, pues más bien poca cosa. Al principio, mientras haya obcecados no conscientes de las bondades del modelo, encontraremos tiendas, cines, y otros negocios abiertos, en los que gastar el dinerillo, y así poder comer y satisfacer las necesidades más o menos espirituales que nos asalten.

Pero poco a poco, conforme el número de iluminados se incremente, todas esas cosas, que quieras que no suponen un esfuerzo y sacrificio, cesarán de estar disponibles y vaya usted a saber en qué podremos gastar los dólares. Bueno, yo a alguno que toque el violín razonablemente bien sí que le pagaría un dinerillo, pero no voy a pagar a nadie por verle jugar a un videojuego, o por sus datos.

No hay problema, nos dicen Kelton y sus acólitos. El resto del mundo sí quiere dólares, así que podremos comprar las cosas necesarias a los japoneses, los chinos, los indios…Claro está, mientras sus gobiernos no conozcan las delicias de la MMT: al mirar el paraíso terrenal en que se habrán convertido los EEUU, pugnarán por recuperar su soberanía monetaria (si la perdieron) e implantar programas de trabajo garantizado.

Por suerte, algunos países más recalcitrantes seguirán según las antiguas reglas, al menos durante un tiempo, esperemos, y cogerán nuestros dólares a cambio de comida y recursos similares que el ser humano tradicional necesita. Y el marrón se lo pasaremos a ellos: ¿qué harán con sus dólares? Estamos como hace dos párrafos. Salvo que la próxima vez estos países ya no cogerán el dólar, y vaya usted a saber qué comeremos, y se habrán acabado la soberanía monetaria, el dólar y posiblemente los Estados Unidos de América.

Esta es la dura realidad, frente a las ensoñaciones ignorantes y cínicas de estos pseudoteóricos a los que solo cabe tomarse a cachondeo. Y como este artículo no ha pretendido más (ni menos) que ser un gag cómico, lo suyo es terminarlo con lo que los ingleses llaman una “punch line”. Aquí la tenemos servida del puño y letra de la mismísima Kelton: el caso de éxito más relevante de este tipo de programas es el “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” implantado en esa máquina de generar riqueza que es Argentina.

No me digan que no es bueno el chiste.


[1] Por ejemplo, Arrieta Ibarra, Imanol and Goff, Leonard and Jiménez Hernández, Diego and Lanier, Jaron and Weyl, E. Glen, Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond ‘Free’ (December 27, 2017). American Economic Association Papers & Proceedings, Vol. 1, No. 1, Forthcoming. Pero, por favor, no perdais el tiempo leyéndolo.