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Banca y transformación de plazos: un error ontológico antológico

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Banca y transformación de plazos: un error ontológico antológico

Con la concesión del premio Nobel a Diamond & Dybvig muchos economistas, algunos de ellos liberales, repiten el grave error sistemático de afirmar que un banco es o debe ser (ontología) un intermediario financiero que realice transformación de plazos: endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo. Esta sería su casi única o principal forma de obtener beneficios, el arbitraje entre tipos de interés a corto plazo, normalmente más bajos, y tipos de interés a largo plazo, normalmente más altos. Un banco debería tener fondo de maniobra negativo, debería proporcionar liquidez pero ser él mismo ilíquido.

¿Son los bancos intermediarios financieros? Sí: por un lado toman prestado (su pasivo), y por el otro lado prestan (su activo), o compran participaciones empresariales. Que un banco pueda ampliar su balance y crear sustitutos monetarios (depósitos y billetes, dinero bancario interno) al conceder préstamos no significa que los bancos no sean intermediarios financieros: si un banco solo hace eso, sin recibir financiación monetaria, eventualmente se quedará sin reservas de liquidez por retiradas de fondos de sus clientes o por compensación interbancaria. Los bancos no son solamente intermediarios financieros: también son gestores de pagos y cobros mediante sus sustitutos monetarios, y pueden proporcionar otros servicios a sus clientes y cobrarles por ellos.

¿Transforman plazos los bancos? Actualmente sí. No solo los bancos comerciales, sino también los bancos de inversión y otros intermediarios financieros. Pero el sector bancario y financiero no es libre sino que está fuertemente regulado, intervenido, protegido, privilegiado, y esto es lo que fomenta el descalce de plazos.

¿Deben transformar plazos los bancos para obtener beneficios? No. Pueden obtener beneficios sin necesidad de transformar plazos gracias al margen entre tipos de interés pagados y tipos de interés cobrados por servicios de intermediación, agregación o desagregación de fondos, análisis de solvencia y asunción de riesgos, de modo semejante a como un intermediario comercial puede obtener un margen (comprar más barato y vender más caro) sin necesidad de alterar la calidad del producto distribuido.

-Intermediación: el banco es un agente económico intermedio entre prestamistas y prestatarios (que sin el banco tendrían que buscarse unos a otros), conoce ambos lados de los mercados financieros.

-Agregación o desagregación: el banco puede juntar los fondos de muchos prestamistas para un único prestatario, o separar los fondos de un único prestamista en múltiples prestatarios.

-Análisis de solvencia: el banco investiga y evalúa la solvencia de los prestatarios (crédito como confianza).

-Asunción de riesgos: el banco asume posibles pérdidas en sus préstamos (impagos de prestatarios) sin transferirlas a sus prestamistas, y puede hacerlo porque dispone de fondos propios (capital como amortiguador de pérdidas).

Los bancos, y el sector financiero en general, pueden existir y obtener beneficios sin necesidad de descalzar plazos (o riesgos).

Además un banco o cualquier otro intermediario financiero no puede obtener beneficios de manera sostenible en un mercado libre mediante el descalce de plazos o riesgos: al realizarlo el banco se vuelve más frágil e inestable, y las entidades más frágiles tienden a romperse o fracasar. La iliquidez se transforma en insolvencia, impagos, quiebras (obligaciones de pago inmediatas exigidas mayores que los derechos de cobro inmediatos, retirada de financiación, ventas masivas forzadas de activos con descuento).

Convencidos de que el sector financiero debe transformar plazos, la mayoría de los economistas se limitan a idear posibles mecanismos para evitar crisis financieras que dañen a la economía: seguros de depósitos para evitar corridas bancarias (que ni son seguros ni cubren en realidad los riesgos, porque las corridas bancarias o las crisis financieras ni son aleatorias ni son anomalías producto del pánico infundado, y los fondos de garantía son sistemáticamente insuficientes), regulación y supervisión bancaria y requisitos de capital (mal pensados y con fuertes injerencias políticas), financiación privilegiada (banco central como prestamista de última instancia). Estos economistas no suelen considerar la posibilidad de libertad monetaria, bancaria y financiera, con derechos de propiedad, contratos libres, beneficios y pérdidas, crecimiento o quiebra.

Variantes del error:

-“Los agentes económicos desean ser acreedores a corto plazo y con seguridad de cobro, y ser deudores a largo plazo y con pago inseguro, y los bancos simplemente satisfacen estos deseos como buenos intermediarios.” Esto es como afirmar que los agentes económicos desean pagar poco (o menos) por lo que compran y cobrar mucho (o más) por lo que venden, y los comerciantes simplemente satisfacen estos deseos como intermediarios: en este caso los comerciantes podrían alterar precios y márgenes según los deseos de sus contrapartes deteriorando la calidad de los bienes o servicios o su percepción sin que nadie se diera cuenta, pero los bienes o servicios acabarían fallando o rompiéndose más o antes de lo previsto. Si uno quiere ser acreedor a corto plazo y con gran seguridad debe aceptar cobrar un interés menor, y si uno quiere ser deudor a largo plazo y con inseguridad del pago debe aceptar pagar un interés mayor, igual que si uno quiere cobrar más debe ofrecer más calidad, y si uno quiere pagar menos debe aceptar menor calidad.

-“La transformación de plazos es beneficiosa no solo para los bancos sino para toda la economía en su conjunto, ya que se incrementa la financiación de proyectos empresariales, y por eso los bancos merecen alguna protección especial para poder realizarla (financiación privilegiada sistemática, garantías de depósitos, prestamistas de última instancia).” En realidad la financiación esté descoordinada, es insostenible y provoca ciclos económicos de auge y caída. Los bancos son frágiles y terminan quebrando o teniendo que ser rescatados con fondos públicos (financiación privilegiada excepcional, inyecciones de capital). Como los bancos están altamente relacionados unos con otros y con todos los agentes económicos, cuando colapsan dañan gravemente la economía (riesgo sistémico, pérdida de intermediarios financieros y de su conocimiento del negocio, restricciones crediticias): para evitar estos daños tienden a ser rescatados, creando riesgo moral y reiniciando de nuevo el proceso. El gobierno parece salvar al mundo de un problema que ellos mismos contribuyen a crear con el apoyo intelectual de casi todos los economistas.

Meloni: populismo e inestabilidad para una Italia en crisis

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Meloni: populismo e inestabilidad para una Italia en crisis

El resultado de las recientes elecciones generales italianas no fue una sorpresa para nadie. Desde la convocatoria de dichos comicios se esperaba una abultada victoria de la coalición conformada por Fratelli d’Italia, Lega Norte y Forza Italia. En un escenario de polarización, inestabilidad e incertidumbre, la coalición encabezada por la líder de extrema derecha cosechó el mejor resultado y tendrá, muy posiblemente, la responsabilidad de gobernar Italia.

Son muchas las razones que se pueden aducir para tratar de explicar la victoria de un partido con raíces fascistas (Meloni y muchos otros miembros de Fratelli d’Italia pertenecieron durante años al Movimiento Social Italiano, partido que defendía la figura e ideas de Benito Mussolini). No cabe argumentar -y de hecho se encontraría muy alejado de la realidad- que gran parte del electorado italiano defiende directamente ideas de extrema derecha, ya que el voto a este tipo de partidos cuando se produce de manera tan mayoritaria suele ser por causas parcialmente ajenas a la ideología y más cercanas al enfado, el desencanto y la crispación. Dos de estas razones podrían ser muy posiblemente la situación económica que atraviesa Italia y el funcionamiento de su propio sistema político, cuya inestabilidad ha generado repetidas crisis sociales a lo largo de los últimos años.

Existen múltiples razones para que un gobierno de Meloni asuste a aquellos que creemos en el multilateralismo, las instituciones supranacionales y el liberalismo económico y social. Sin duda. Lo que muchas veces no vemos es que existen otras múltiples razones por las que Meloni no podrá ejecutar la plenitud de su programa, desde las competencias de las instituciones europeas hasta la propia Constitución italiana. Por muy estridente que sea la retórica de Meloni, esta no podrá pasar por encima de los contrapesos propios de las instituciones supranacionales y el estado de derecho italiano.

Previamente a las elecciones italianas y al ser preguntada por si un gobierno de extrema derecha en Italia supondría un problema para la relación entre la UE y el país alpino, Ursula Von der Leyen contestó -de manera muy acertada- que la UE y sus instituciones siempre estarán dispuestas a trabajar con un gobierno elegido democráticamente pero que, en caso de que se sobrepasaran los limites propios de los contrapesos del estado de derecho, tendrían mecanismos para actuar (como se ha demostrado con el caso de Hungría). Si la UE es capaz de mantenerse en esta línea podría evitar que en Italia sucediese algo similar al caso húngaro, lo cual resulta de vital importancia, debido al tamaño de la economía italiana y al peso e influencia de este país dentro de la UE.

La posición de Meloni y sus aliados en lo referente a la relación con la UE no parece nada halagüeña, partiendo de que hace no mucho tanto Fratelli como la Lega votaron en contra de una importante resolución del Parlamento Europeo que condenaba la erosión de los contrapesos democráticos por parte del gobierno de Viktor Orbán.

Aún así, la actitud de Meloni con la UE deberá ser colaborativa, al menos en lo que concierne al plano económico, ya que la actual situación económica de Italia no da lugar a demasiado folclore ni retórica, sino más bien a una gestión ordenada y coordinada con la UE, similar a la que estaba haciendo su predecesor, Mario Draghi.

En este sentido, la economía italiana no parece remontar ni ante las promesas de reformas estructurales de Mario Draghi. Las previsiones de crecimiento económico para Italia este año no son nada positivas. De hecho, la predicción de crecimiento para el año 2023 se ha reducido hasta situarse por debajo del 1%, en base al consenso de analistas, lo cual dificulta aún más la gestión del pago de intereses y de un nivel de deuda que ya supera el 150% del PIB. Dicha gestión económica será aún más compleja teniendo en cuenta que la credibilidad de Meloni de cara a los inversores es significativamente menor que la de Draghi, lo que junto a una creciente y muy elevada inflación complicará aún más el actual escenario de endeudamiento del estado italiano. Por lo tanto, la colaboración entre la UE e Italia resulta aún más esencial, si cabe.

De hecho, el pasado martes la Comisión Europea aprobó la transferencia del nuevo tramo de fondos europeos a Italia, por un valor de 21 billion de euros, del total de 200 billion que corresponderían a Italia a lo largo de la duración del presupuesto plurianual. Lo relevante de esto no es que el presente tramo se ejecutara, sino la posibilidad de que ante determinados movimientos políticos de Meloni, si la CE juzgara que estos pudieran estar poniendo en riesgo algunos contrapesos democráticos, podría bloquear la transferencia de futuros tramos.

La realidad es que mucho de todo ello depende de la persona concreta que designe Meloni como Ministro de Economía, ya que de ello dependerá el área más compleja de las relaciones con la UE. Si Meloni opta por nombrar a alguien cercano a las ideas fundacionales de Fratelli, es decir, de cariz proteccionista, lo más probable es que choque frontalmente con el núcleo de la CE, mientras que, si opta por un tecnócrata o, al menos, algún economista de perfil más técnico y permite que las decisiones económicas queden excluidas de su área de influencia, la relación con la UE será más fluida.

Con todo y con eso, la reacción de los mercados no fue desmedidamente exagerada el día después de las elecciones. Una de las razones principales para ello puede ser que, a pesar la amplia ventaja que obtuvo la coalición liderada por Meloni, no alcanzaron los dos tercios necesarios para poder cambiar la Constitución sin necesidad de convocatoria de referéndum. Por lo tanto, la salvaguarda del estado de derecho italiano estaría garantizada independientemente de la gestión de Meloni.

Además, cabe destacar que, al menos, Meloni apoya fervientemente la existencia y estructura de la OTAN. Además, se ha posicionado continuamente del lado de Ucrania en la invasión, a diferencia de sus colegas de coalición, quienes han pecado de excesiva deferencia hacia el autócrata del Kremlin, lo cual podría conllevar a algunas turbulencias en la coalición en materia de política exterior.

Por lo tanto, aunque el gobierno que pueda salir para Italia de estas elecciones sea simplemente un elemento adicional a la inestabilidad, existen mecanismos que garantizarán que, independientemente de la gestión de este, a nivel agregado, sus acciones vean reducidas las consecuencias.

El pueblo italiano ha hablado, solo falta que el tiempo lo haga.

Contra Diamond y Dybvig: los errores de los últimos premios Nobel

Escrito por Eduardo Blasco en . Publicado en Análisis diario.

Ben Bernake, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig han sido los ganadores del Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel 2022 por su investigación sobre los bancos y las crisis financieras. Diamond y Dybvig son dos académicos reconocidos por su trabajo explicando el funcionamiento de los bancos como intermediarios financieros, sus puntos de equilibrio y la necesidad de un seguro de depósitos. Diamond y Dybvig elaboraron un modelo en su artículo “Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity” de pánicos bancarios y crisis financieras basado en el comportamiento racional de los depositantes y sus expectativas buscando demostrar que los sistemas de garantías de depósitos (medida para proteger a los depositantes bancarios, en todo o en parte, de las pérdidas causadas por la incapacidad de un banco para pagar sus deudas a su vencimiento) pueden proveer resultados ventajosos a las soluciones de mercado. Este artículo supuso el primero en una nueva tradición en el estudio de la inestabilidad financiera. Debido a la estabilidad global de los sistemas bancarios desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, la literatura académica sobre la inestabilidad financiera no avanzó mucho. La crisis mundial de deuda de los años 80 levantó interés otra vez en el tema, siendo este uno de los papers más importantes hasta ahora, sobre todo por romper con la tradición más informal y realizar un análisis formal de la inestabilidad bancaria.

Para Diamond y Dybvig, su modelo “tiene un explícito papel económico para el funcionamiento de los bancos: la transformación de activos líquidos en pasivos líquidos” (Diamond y Dybvig 1983, 402). En una economía sin bancos, si A es un agente con capacidad de financiación y quiere hacerle un préstamo a B, primero tendrá que incurrir en los riesgos de la operación, después, en los costes de transacción por llevar a cabo ese intercambio, y, por último, aceptar hacerse con activo ilíquido, como lo será la deuda de B.

Como explica Glasner (1989, 12-13), los bancos emergen como intermediarios financieros para estimar la demanda de liquidez de la sociedad y para especializarse en la evaluación de los prestatarios, para decidir si eran merecedores de crédito. Esta especialización en la evaluación del merecimiento del crédito no es, ni ha sido, ni mucho menos perfecta. Pero al menos gozaban de cierta ventaja frente al tenedor medio de efectivo. Antes de que surgiera la intermediación financiera bancaria, la gente para invertir tenía que hacerlo en proyectos que le costaba mucho más valorar, por lo que la incertidumbre añadida llevaba a que la poca inversión que se realizaba se hiciese en proyectos más arriesgados. Los bancos como intermediarios se especializaron en su este papel para facilitar las condiciones de la inversión entre las distintas partes. Redujeron el riesgo de las inversiones y con ello bajaron los tipos de interés. Los bancos atraían fondos que de otra manera hubieran permanecido ociosos. El negocio bancario aumentó la cantidad y calidad de las inversiones promoviendo el progreso económico al poder, como explica el modelo Diamond-Dybvig, transformar activos ilíquidos en pasivos líquidos. Según este modelo, un banco es un intermediario que permite compartir el riesgo de forma óptima poniendo en común las inversiones y dividiendo los rendimientos previstos entre los consumidores.

En una economía con bancos, estos ejercen de intermediarios financieros que pueden aceptar la liquidez que ceden A y otros oferentes de liquidez para hacer préstamos a B y a demandantes de liquidez. Los bancos emiten su deuda a los agentes con capacidad de financiación, quienes la prefieren a las deudas de los agentes con necesidad de financiación al ser activos más líquidos. Los bancos, a cambio, reciben más en intereses por sus prestamos de lo que pagan a sus acreedores.

Según Diamond y Dybvig, el sistema se mantiene en dos puntos de equilibrio. En uno, los clientes esperan que los otros clientes tendrán fe en el banco y que no habrá un pánico bancario para deshacerse de todos los depósitos. En el otro, todo el mundo espera un pánico bancario y este se transforma en una profecía autocumplida: cualquier evento que lleve a los individuos a anticipar una corrida bancaria les hará anticipar insolvencia, por lo que desencadenará en una corrida. Los pánicos bancarios causan desequilibrios monetarios y daños en el lado real de la economía. El sistema funciona porque, en condiciones normales, no todos los agentes quieren disponer de su liquidez a la vez. Si, por el contrario, la gente demanda su dinero porque emergen las expectativas de un pánico, nos encontraremos ante uno. Un banco podría pagar de sus activos todas sus deudas, pero el problema es que muchos de estos activos se encuentran en préstamos ilíquidos que no pueden venderse rápidamente. Para los autores, un sistema bancario sin garantías de depósito “puede proveer liquidez, pero deja a los bancos vulnerables de un pánico” (DD 1983, 402).

Para Diamond y Dybvig, la transformación de plazos es una función esencial del banco y mediante la cual se crea la liquidez; “transformar los activos ilíquidos ofreciendo pasivos con un patrón de rendimiento diferente y más regular a lo largo del tiempo que el que ofrecen los activos ilíquidos” (Diamond y Dybvig 1983, 403). Si hay confianza en el sistema, nos encontramos en el equilibrio estable. Pero si los agentes desconfían, se entra en un equilibrio en el que “todo el mundo se apresura a retirar sus depósitos antes de que el banco entregue todos sus activos” (Diamond y Dybvig 1983, 403).

Los pánicos bancarios en este modelo son, por tanto, causados “por un cambio de expectativas, que podría depender de casi cualquier cosa, consistente con el comportamiento aparentemente irracional observado comportamiento observado de la gente que corre en los bancos” (Diamond y Dybvig 1983, 404). Y ahí está el problema. Si las corridas bancarias fuesen un fenómeno exclusivo de los bancos que antes de sufrir el pánico fuesen insolventes, no habría ningún problema—incluso sería un buen mecanismo de refuerzo del sistema porque forzaría al banco a cerrar antes de que el banco consuma aún más riqueza de los depositantes y se endeude más. En este modelo, se puede desencadenar un pánico por cualquier motivo, racional o no.

Debido a que “los pánicos bancarios son costosos y reducen el bienestar social al interrumpir la producción (cuando se solicitan los préstamos) y destruyendo el reparto óptimo del riesgo entre los depositantes” (Diamond y Dybvig 1983, 403) los autores buscan contratos bancarios que puedan solventar este problema. Consideran los contratos de suspensión de la convertibilidad de depósitos a moneda ofrecen un resultado subóptimo comparando con los fondos de garantía de depósito. Este sistema de garantías de depósito, además, debería ser gestionado por el gobierno, por el poder que tiene como autoridad fiscal y tener menos restricciones que las empresas privadas, y garantizar el pago total de los depósitos bancarios (Diamond y Dybvig 1983, 413). Diamond (2007, 198) defiende que como el gobierno tiene la capacidad de obtener recursos sin acuerdos previos, este tiene una ventaja frente al sector privado, quienes pueden caer en caso de pánico o necesitan demasiados activos líquidos para inyectar liquidez en el sistema.

El modelo Diamond-Dybvig establece un mundo simplista para derivar explícitamente una función útil para un banco. Sólo hay un banco, y tiene básicamente una sola función: permitir a los depositantes poner en común un riesgo. El banco no concede préstamos y no emite cuentas corrientes ni billetes. Así pues, el modelo Diamond-Dybvig contempla un tipo de “banco” bastante especial.

George Selgin (1993) introduce una versión revisada del modelo de Diamond y Dybvig para ilustrar cómo la suspensión de la convertibilidad podría suponer solo costes sociales menores, siempre y cuando la deuda interna del banco sea transaccionable y pueda funcionar como un medio de intercambio. Selgin defiende que recurrir a suspensiones bancarias ocasionales es una alternativa superior a establecer un fondo de garantías de depósito. Si los bancos pueden legalmente suspender la convertibilidad, estos evitarían muchos de los costes típicamente asociados a la suspensión “restringiendo” los pagos dentro de la base monetaria mientras continúan recibir y emitir billetes o cheques. El modelo de Diamond y Dybvig no puede permitir esta posibilidad porque no permite el uso de la deuda bancaria como medio de cambio. Los bancos solos suspenderían pagos en condiciones de última necesidad, porque iría acarreando con pagos de elevados intereses posteriores, por lo que tendrían el incentivo de evitar activada esta cláusula tanto como pudieses. Algo similar sucedía en el periodo de banca libre de Escocia con los contratos de opción de ciertos billetes, que en caso de ser redimidos cuando el banco no tenía oro suficiente, el banco podía reservarse el derecho a pagarlo en unos meses a una cantidad lo suficientemente mayor como para no interesarle hacerlo y para el cliente querer aceptarlo. Por lo que esta opción juega con los incentivos correctos, a diferencia de un sistema de depósitos garantizados que genera problemas de imprudencia.

Kevin Dowd (1993, 101) critica el modelo de Diamond y Dybvig porque este no puede dar una respuesta satisfactoria a por qué debe encargarse el gobierno de los fondos de garantía de depósito. Las aseguradoras privadas no necesitan tener reservas, sino una riqueza adecuada con la que puedan contar llegada la ocasión. Dowd dice que es un argumento lógicamente errado que el gobierno crea que él sí que tiene los recursos para gestionar los fondos, pero el sector privado no los tendría, cuando todo lo que tiene el sector público lo ha sustraído del privado anteriormente. Salvo que se haga mediante inflación, pero para que haya inflación ya tienes que permitir al gobierno el control sobre la moneda y asumir que la banca libre no se da o puede dar. Además, para Dowd (2000) hay otro tipo de agente con capacidad de financiación, que son los capitalistas, quienes podrían comprar acciones de un banco. Este banco, podría ser más atractivo hacia otros capitalistas y, sobre todo, para los depositantes que provengan del ordinario banco de Diamond y Dybvig porque este banco contaría también como patrimonio para protegerse ante pánicos y no solo los depósitos.

Lawrence White (1999, 123) afirma que el banco propuesto por Diamond y Dybvig es inestable por varias razones. Primero, los activos son menos líquidos que sus depósitos. Segundo, tampoco puede saber cuántos depósitos se retirarán en un período. Y, tercero, tampoco podría satisfacer la mayor demanda de reembolso masivo que los depositantes puedan elegir racionalmente. En este modelo, la inestabilidad es perjudicial porque interrumpe el proceso de producción que el banco debería posibilitar y, por lo tanto, arruina el beneficioso acuerdo de distribución del riesgo que el banco proporciona. White (1999, 132-133) también aporta evidencia histórica para apoyar su caso, mencionando los casos de Escocia, Canadá, Suecia y Suiza, sistemas bancarios libres que no fueron víctimas de pánicos como los que pronostican el modelo Diamond-Dybvig.

Además de las críticas expuestas por estos teóricos monetarios, se pueden hacer todavía algunas más. En primer lugar, el paper asume que el papel de la banca como intermediario financiero es la transformación de plazos. Pero esta no es su función, sino la de evaluar la solvencia de sus prestatarios y emitir pasivos con liquidez casada a la de sus activos o adquirir activos con liquidez ajustada a la de sus pasivos. En segundo lugar, el trabajo de Diamond y Dybvig tampoco explica cómo sería posible evitar el riesgo moral causado por el hecho de que los bancos operarán con un respaldo, el de saber que a pesar de su mala gestión de sus activos, sus clientes contarán con sus depósitos garantizados, lo que les hará a los depositantes omitir cualquier labor de rendición de cuentas. Diamond y Dybvig solventan esto diciento que los sistemas de garantía de reservas “estarían acompañados de algún tipo de regulación bancaria.” (Diamond y Dibvig 1993, 417). Los fondos de garantías de depósito han contribuido a motivar a los bancos a asumir riesgos adicionales, lo que hace que, en la mayoría de los casos, se vuelvan aún más ilíquidos. Los efectos perversos de esta regulación se deben a su falta de primas ajustadas al riesgo, lo que conduce a una mayor toma de riesgos por parte de los bancos, quienes no tienen unos depositantes que les vigilen debido a que no se preocupan por la seguridad de sus depósitos ni la calidad de las entidades de crédito, viéndose tentados a operar con aquellas que prometen un mayor tipo de interés. Anteriormente, los acreedores del banco ejercían un elaborado trabajo de rendición de cuentas. Era común que se publicasen los balances de los bancos en la Escocia de la banca libre y en Estados Unidos las cámaras de compensación demandaban ciertos requisitos de liquidez para poder unirte a ellas (Timberlake 1984, 9). Además, como Selgin (1989, 436-437) afirma “mientras el seguro tenga un precio por debajo del precio de mercado, las instituciones de depósito se volverán más propensas a la quiebra. A medida que aumentan los fracasos, los propios fondos de seguros se ven amenazados por la quiebra. Entonces se necesita un prestamista de última instancia para rescatar los fondos directamente o para rescatar y subvencionar las fusiones de los bancos insolventes.”

Por último, este modelo está abocado a la creación de crédito descalzado. Las expansiones crediticias pueden ser calzadas o descalzadas. Diremos que esta expansión está calzada cuando las condiciones del pasivo de los intermediarios financieros coincidan en plazo y riesgo con las del activo contra el que están creando este crédito. Los intermediarios financieros deberían buscar casar el plazo y el riesgo de los acreedores según sus preferencias por los recursos y el de los deudores según la disponibilidad de sus recursos. Si la expansión crediticia los intermediarios financieros descalzan los plazos y el riesgo de sus activos y pasivos porque los bancos han prestado a corto para invertir a largo, diremos que es una expansión descalzada. Como hemos visto, la garantía de un fondo de depósitos aumenta el riesgo moral y la iliquidez de los bancos, llevando a expansiones sistemáticas de crédito descalzado, que, en última instancia, generan ciclos económicos.

La solución de Diamond y Dybvig es totalmente contraproducente. Garantizar fondos de garantía de depósitos únicamente sirve para degradar aún más la liquidez del sistema.

Referencias:

Diamond, Douglas W. 2007. “Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond-Dybvig Model”, Economic Quaterly 93(2): 189-200.

Diamond, Douglas W. y Philip H. Dybvig. 1983. “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, Journal of Political Economy 91(3): 401-419.

Dowd, Kevin. 1993. Laissez-faire Banking. Oxford, Reino Unido: Routledge.

Dowd, Kevin. 2000. “Bank Capital Adequacy versus Deposit Insurance”, Journal of Financial Services Research 17(1): 7-15.

Glasner, David. 1989. Free Banking and Monetary Reform.

Selgin, George. 1989. “Legal Restrictions, Financial Weakening, and the Lender of Last Resort”, Cato Journal 9(2): 429-469.

Selgin, George. 1993. “In Defense of Bank Suspension”, Journal of Financial Services Research 7:347-364.

Timberlake, Richard H. 1984. “The Central Banking Role of Clearinghouse Associations.” Journal of Money, Credit and Banking 16 (1): 1–15.

White, Lawrence. 1999. The Theory of Monetary Institutions. Maiden, Estados Unidos: Blackwell Publishers.

El centro derecha extraterreste

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

El pasado día 20 se debatió en el Congreso de los Diputados una propuesta de VOX para incorporar el derecho a la legítima defensa en el Código Penal español. Concretamente la capacidad de defenderse de una agresión sorpresiva en tu propiedad con todos los medios a tu alcance. El nuevo artículo hubiera quedado así:

Artículo 20.

Están exentos de responsabilidad criminal: 4.° El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se presumirá la existencia de la necesidad racional del medio empleado cuando, en el supuesto de defensa de la morada o sus dependencias o, si existe peligro de agresión, del lugar donde se ejercite una actividad comercial, profesional o empresarial, el sujeto defensor utilice, y con independencia del resultado causado, cualquier medio de defensa, siempre que, en los supuestos exigidos por la normativa en vigor, contara con la correspondiente autorización expedida por la Administración con competencia en la materia.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Creo que el texto es impecable desde un punto de vista liberal. El derecho a defender tu propiedad de un ataque no es algo que pueda conceder un Estado, es algo con lo que nacemos todos los seres humanos. Por desgracia, en España ese derecho está lejos de existir, y la aprobación de esta modificación habría sido un paso de gigante en este aspecto.

Una vez dicho esto, en la política rara vez se dan pasos de gigantes en la dirección correcta, así que seguramente habría sido más inteligente, o práctico, proponer una modificación del mismo artículo con algo más sencillo de entender para la sociedad: la excepción de responsabilidad sólo ante entrada en la morada, por ser este un acto, que por sí mismo, constituye una amenaza a la vida de los moradores, a los que no se les puede pedir que reaccionen con racionalidad, ni proporcionalidad en semejante situación.

Vivimos en un país donde despreciar lo material tiene un aura de respetabilidad. Es algo que habría de cambiarse, lo cual no ocurrirá de un golpe. En cambio, aún tenemos una sociedad lo suficientemente sana como para entender que defender tu vida es algo razonable.

El hecho de que un allanamiento sea considerado por la mente colectiva como un intento de robo viene de una época donde los ladrones esperaban a que te fueras de vacaciones para entrar en tu casa. Ciertos intelectuales se han aprovechado de esto para mantener la ficción de que cualquier persona que se defiende de un asaltante en realidad está poniendo su propiedad por encima de la vida de una persona.

El primer paso para subir esta empinada escalera es derrumbar esta mentira. Y VOX en este caso ha pecado de ambicioso.

Pero hasta aquí mi crítica al partido verde, porque una vez que uno lee las intervenciones de los dos partidos de centro derecha no hay nada que reprochar a quien al menos vive en el mismo planeta que los ciudadanos normales.

Por parte de Ciudadanos, entremezclado entre VOX caca, Trump, Salvini, blablablá se puede resaltar lo siguiente:

Miren, necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, tradición jurídica española de hace más de cien años, e interpretación jurisprudencial. (***) en Ciudadanos decimos que ante la demagogia está la ley y solo la ley, no la ley de la selva, no la ley del más fuerte, que es lo que ustedes quieren (***) y, sin embargo, la legítima defensa tiene pleno carácter exoneratorio. Es el caso llevado por la Abogacía del Estado en el que defienden a un policía que entra en un portal que está a oscuras, unos yonquis le amenazan con una jeringuilla, el policía saca la pistola y lo mata (…) Y fíjese cómo la proporcionalidad entre los medios no era exacta, no era completa, pero se declara la legítima defensa. ¿Por qué? Fíjese, porque hay un juez que examina que la luz está tenue; que examina que la trayectoria del balazo es de abajo arriba; que examina que la bala está a menos de 50 centímetros del disparo, con lo cual hay un cuerpo a cuerpo

El señor Bal, como buen abogado del Estado, no entiende que, para una persona normal, que vive sin meterse con nadie, y que tiene la desgracia de que otro sujeto, al que no conoce y que es un criminal, le escoja como objetivo, someterse a un proceso judicial penal, donde tiene que demostrar que sus actos obedecen a unos criterios racionales que solo existen en la cabeza de leguleyos, es en sí un castigo enorme, sea cual sea la sentencia recibida.

Y la demostración de que no lo entiende es que pone un ejemplo de una sentencia absolutoria de un… policía. Repito: de un policía. Un profesional que está sindicato precisamente para tener defensa jurídica gratuita, un abogado del Estado a su favor y todos los recursos del cuerpo para demostrar todas esas circunstancias que relata tan detalladamente. ¿Tenemos los ciudadanos de a pie esos recursos, señor Bal? ¿Vive usted en el planeta Tierra o cuando aprobó la oposición de abogado del Estado ascendió a una tierra mágica desde donde los ciudadanos normales parecemos apestosos orcos?

Porque solo así se entiende que se pueda considerar que una persona, que está haciendo su vida normal en su propiedad, pueda ser considerado ¡el más fuerte! en una confrontación con un asaltante. Al parecer la vida real para el señor Bal es una película de Tarantino, donde la gente está esperando a que entre algún asaltante en su casa para atarlo en su sótano. Porque claro, vete a saber qué hacen en sus casas esas personas inquietantes que no han querido o sabido sacarse una oposición.

Pero dejemos a Ciudadanos, y pasemos al PP:

En primer lugar, basta recordar cómo Santiago Abascal celebraba con fervor y entusiasmo la aprobación de un proyecto impulsado por Matteo Salvini, que popularizaba el uso de armas de fuego en Italia.

Y mucho menos vamos a ser nosotros quienes apoyemos una transformación del Código Penal en caliente, legislando desde la excepcionalidad y la particularidad, desde las tripas, desde las vísceras y desde la improvisación. La figura penal de la legítima defensa puede ser compleja; lo es, pero cada caso es distinto. Está llena de matices, y corresponde a la justicia juzgar los hechos, las circunstancias y las consecuencias de cada uno. Corresponde a los jueces determinar con precisión cuándo se cumplen los presupuestos para concluir que alguien ha actuado en legítima defensa y cuándo sus actos no son proporcionados para descartar la eximente de legítima defensa.

Por tanto, y dicho esto, nosotros entendemos que son del todo acertadas la doctrina y la jurisprudencia que sigue el Tribunal Supremo. En este sentido, es relevante invocar lo que dice en su sentencia 13755/94. Dice: No existe, por principio, desproporción por el uso del arma de fuego frente a una barra rígida de hierro blandida decididamente por un hombre de treinta y tres años, excitado y con afán agresivo

Sí, es lo mismo que Ciudadanos, pero al estilo pepero. ¿A quién se juzgaba en la sentencia 13755/94? Bingo, a un miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué no ponen un ejemplo de sentencia que exonere a un ciudadano común por usar un arma de fuego en legítima defensa ante un asaltante que no disponía de otra arma similar? ¿Es posible que no exista tal cosa?

Una vez más, dejar en manos de los jueces este tema significa, hablando claro, que ciudadanos normales tengan que sufrir un castigo del Estado sea cual sea la sentencia, que de por sí son casi siempre perjudiciales si se usa un arma de fuego. Porque el señor del PP sabe perfectamente que el Estado español deja muy claro en las diferentes licencias de armas, excepto en la que concede a discreción del Ministerio de Interior a amigos y conocidos, que no se pueden usar para nada más que para la actividad para la que se concede el permiso. De hecho, te obligan a almacenarla de tal forma que son inservibles en caso de asalto. Y, por tanto, en cuanto la usas para defender tu vida, o demuestras que el agresor te estaba disparando en ese momento o no hay manera humana de evitar una condena.

Por desgracia, la visión irreal, elitista y bastante arrogante del PP y Ciudadanos en este tema no es más que la postura de cierto intelectualismo de centro derecha llevada al extremo. En el mundo del debate estéril, que los jueces tengan tu vida colgando de un hilo durante un lustro porque a un delincuente le pareció fácil entrar por tu ventana una noche de verano, es algo perfectamente razonable. ¿Por qué? Porque en la derecha también hay gente que considera maravilloso que el rodillo del sistema pase por encima de individuos anónimos (y normalmente de clase social ajena) a cambio de poder disfrutar de la superioridad moral que da ponerse justo en la mitad entre un criminal y un sujeto que tuvo la capacidad de no convertirse en su víctima.

Es una derecha profundamente antiliberal, con la paradoja que te pueden defender una bajada del IRPF o un entorno amigable con los empresarios. Pero al final, cuando hay que escoger entre ciudadanos ejerciendo sus derechos o el mundo abstracto en el que viven, se quedan con su mundo. Allí están bien, pero ya va siendo hora de buscarse a personas del mundo real para que no representen en el parlamento en vez de a extraterrestres.

La Revolución Francesa, el mito fundacional del Estado

Escrito por Juan Navarrete Callejero en . Publicado en Análisis diario.

La Revolución francesa es, sin duda, uno de los acontecimientos más influyentes y estudiados de la Historia. Desde el colegio al instituto se ha tomado a la Revolución francesa como el origen del sistema político moderno y al cual tenemos que agradecerle todos los derechos de los que gozamos hoy. En cuanto a la primera premisa, es sin duda el origen del sistema político moderno, pero como explicaré a continuación, no es precisamente un aspecto positivo, sino todo lo contrario.

Para evitar ser redundante, no voy a entrar en el desarrollo de los acontecimientos ni las interpretaciones de las distintas escuelas de pensamiento, sino que intentaré desmitificar las bondades de la Revolución y explicar porque para una persona que se considere liberal o libertaria hoy día, alagar este acontecimiento y ponerlo como ejemplo de lucha contra la tiranía no es lo correcto.

Vayamos punto por punto, en primer lugar, hablaremos sobre los aspectos negativos más importantes de la Revolución, y, en segundo lugar, destacaremos cuales son los supuestos logros de este acontecimiento y los matizaremos.

Como primer punto, hablaremos de la creación del Estado-nación y la centralización del poder.  Si algo debemos tener claro es que la Revolución francesa originó el Estado-nación actual. Tenemos que entender que las naciones europeas, y en concreto la francesa, nacen como una creación propia del Estado, es el nuevo Estado revolucionario quien va a establecer las características que te hacen ser o no francés, se introduce la imposición de la nación política por parte del Estado. La revolución francesa pronto derivará en un movimiento radical y centralizador, un centralismo político que no hubiera soñado ni el Rey Sol. Para esta centralización van a hacer tabla rasa de todo lo anterior, eliminando todo tipo de poder local o privado.

Por ejemplo, eliminarán la jurisdicción señorial, terminando así con el arbitraje privado, y es que la Revolución tuvo como propositivo acabar con todo lo medieval; inició así una leyenda negra contra la Edad Media que llega hasta nuestros días. Otro elemento centralizador es la división en departamentos de Francia, gobernados cada uno de ellos por un procurador, que al principio era elegido por los ciudadanos del departamento, pero con Napoleón y la instauración de los prefectos serían elegidos por él mismo. Napoleón ostentó el poder de manera más absoluta que cualquier monarca de la época, la Revolución Francesa fue el culmen y el perfeccionamiento total del absolutismo monárquico como forma política. Otro de los elementos centralizadores es la constitución civil del clero en 1790, Francia pasaba a transformar a los sacerdotes católicos a funcionarios públicos eclesiásticos, el Estado francés pasaba a tener su tan ansiada iglesia galicana, eliminando así el contrapoder que suponía el papado de Roma.

El segundo aspecto del que vamos a hablar es la idea de igualdad. Seguramente muchos libertarios estén de acuerdo en la eliminación de los privilegios feudales por los cuales la nobleza y el clero no pagaban impuestos, pero como bien indica el profesor Bastos, todo proceso igualitarista se tiene que hacer a la baja; no es que se tuvieran que haber eliminado los privilegios de no pagar impuestos, sino que se tenían que haberse extendido a toda la sociedad para que ningún individuo los pagase.

Esta idea totalitaria de la igualdad se va a establecer como discurso político hasta nuestros días. Estaban tan obsesionados por conseguir algo imposible y contrario a la naturaleza como la igualdad, que llegaron a tirar la torre del reloj de Estrasburgo para igualarla a las otras torres. Otros ejemplos son la prohibición de hablar de usted, la obligación de llevar trajes de únicamente tres colores o la imposición del sistema métrico decimal moderno, que, si bien puede ser útil en nuestro día a día, debemos recordar que fue un mecanismo para que el estado francés pudiera cobrar impuestos a los ciudadanos con mayor facilidad y precisión.

Uno de los mayores ejemplos de política igualitarista es la creación de la educación estatal, un sistema de adoctrinamiento por el cual el Estado introduce la idea estatista a todos los ciudadanos desde pequeños para perpetuar el sistema. También hay que recordar que es en este periodo, concretamente en 1796, cuando surge el primer experimento protocomunista con Babeuf en la “Conspiración de los Iguales”.

El tercer aspecto es la idea de la guerra total. Una de las creaciones más terroríficas de la Revolución fue la del ejército nacional y la imposición de la leva obligatoria. En la antigüedad las guerras habían sido privadas, ejércitos mercenarios muy reducidos que luchaban entre ellos por cuestiones normalmente territoriales o de poder. Ahora el ciudadano de a pie es el que va a la contienda, las guerras van a involucrar a la masa y las poblaciones locales, lo que va a hacer que el número de bajas se multiplique exponencialmente.

Pero hay otro elemento más importante si cabe, los ejércitos ya no luchan por poder o dinero, luchan por ideas, la “lucha ideológica” aparece como un elemento clave que deshumaniza y radicaliza la guerra a niveles nunca vistos, todo esto tendrá como última consecuencia las dos guerras mundiales que se cobraron la vida de millones de personas. Hay que destacar también que por mucho que se nos haya vendido la idea de que fueron las potencias extranjeras europeas las que atacaron a Francia, lo cierto es que fue la Revolución la que declaró la guerra contra Austria y Gran Bretaña en busca de lo que ellos denominaban como “fronteras naturales”, los teóricos de la revolución pensaban que Francia necesitaba unos territorios para desarrollarse como nación, y que les pertenecían por derecho histórico, teoría que si la leemos detenidamente veremos cómo tiene un increíble parecido al Lebensraum del Hitler, y es que, como indica el historiador Alberto Garín, las políticas de la Revolución francesa llevadas al extremo derivan en la visión nacionalsocialista.

El cuarto y último punto es la idea del terror político. El elemento más perverso introducido por la Revolución es el terror como agenda política. Recordemos que el periodo del “Terror” va desde 1793 hasta 1794 aproximadamente, en esos meses se asesinó alrededor de 40.000 personas, para ponerlo en perspectiva la Inquisición española condenó a muerte a 3.000 personas en cuatro siglos. Pero hay que hacer una diferencia clave entre miedo y terror, el miedo político siempre ha existido, pero la diferencia es que el miedo sabes de donde procede, sabes quién es la persona a la que hay que temer, en cambio, el terror es un miedo descontrolado y radical donde cualquiera puede ser tu enemigo, no sabes quién te puede delatar y llevarte a la guillotina. En este periodo, con el control jacobino, todo el mundo podía ser enemigo de la revolución, a través del Comité de Salvación Pública y la Ley de Sospechosos se condenaba a muerte sin juicio previo a nobles, emigrados, clérigos refractarios, acaparadores, federalistas o agitadores, en general a toda persona que el Gobierno Revolucionario declarase como contrario a la revolución.

En este segundo apartado hablaremos de los supuestos logros que consiguió la Revolución francesa y que vistos con perspectiva tampoco fueron una gran novedad, en concreto señalamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y, por otra parte, la abolición de la esclavitud. En torno al primer punto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se toma como origen de los derechos de los que gozamos hoy, lo cierto es que lo que realmente hacen es recuperar la legislación y terminología grecorromana como la introducción del término ciudadano. Mientras en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se defendía que todos los individuos eran libres e iguales para buscar su felicidad, en la Revolución francesa todos los individuos eran libres e iguales para cooperar con los demás, vemos ahí el matiz colectivista y anti-individualista.

Lo primero a destacar es que será la propia Revolución la que no cumpla con todos los derechos y vulnere todo tipo de libertades: propiedad, asociación, expresión, libertad de culto… También se habla de la instauración del sufragio universal, realmente el voto en el período revolucionario era censitario y excluía a las personas más humildes que trabajaban en hogares de personas adineradas por el miedo de que votaran lo que dijeran sus “amos”, el voto universal masculino solo se planteó en la Constitución del Año I en 1793, que nunca se llegó a implantar. El segundo gran “logro” de la Revolución es la abolición de la esclavitud el 4 de febrero de 1794, lo que no es tan conocido es que se abolió la esclavitud para poder contar con un ejército de hombres libres en Haití para enfrentarse al Imperio Británico, menos conocido todavía es que la esclavitud se volvió a implantar con Napoleón en 1802.

Como hemos visto, la Revolución francesa seguramente haya traído al mundo actual más consecuencias negativas que positivas, las revoluciones, en la mayoría de los casos, traen consigo un baño de sangre y la implantación de un tirano más terrible que el que se ha querido derrocar. Esta visión alternativa de la Historia es necesaria en un mundo donde el Estado lo copa todo, se necesita una nueva historia libertaria que ponga en duda todos los dogmas establecidos y que enriquezca el panorama político, filosófico y económico.

Bibliografía /

  • GONZÁLEZ CORTES, María Teresa. Los monstruos políticos de la Modernidad: De la Revolución francesa a la Revolución nazi (1789-1939). 1º ed. Ediciones de la Torre, (2007)
  • GONZÁLEZ CORTES, María Teresa. El sistema de la despoblación: Genocidio y Revolución francesa. 1º ed. Ediciones de la Torre, (2007)
  • TOCQUEVILLE, Alexis. El Antiguo Régimen y la Revolución. Alianza Editorial, (2018)
  • DAVIES, Peter. La Revolución Francesa. Alianza Editorial, (2014)
  • TAINE, Hippolyte. Les origines de la France contemporaine: L’ancien régime, La révolution, Le régime moderne. Robert Laffont, (2011)

Reconstruir y perfeccionar las sociedades de apoyo mutuo

Escrito por Miguél Solís en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Reconstruir y perfeccionar las sociedades de apoyo mutuo

No debe sorprendernos que la idea de desarrollar una unidad política comunitaria, local o relativamente pequeña, en la que sus miembros establezcan relaciones de solidaridad recíproca para favorecerse mutuamente, constituya una idea atractiva para teóricos políticos de diferentes corrientes. Anarco-comunistas, algunos liberales y libertarios, conservadores y nuevos izquierdistas, encuentran atractivas las sociedades o asociaciones de apoyo mutuo, presentándolas como soluciones a los problemas que denuncian desde su corriente política.

Para Peter Kropotkin, reconocido anarcocomunista, el apoyo mutuo es una capacidad innata del ser humano y de otros animales, que se constituye como hábito o institución si las ideas o las condiciones políticas vigentes lo permiten. En su obra El apoyo mutuo, Kropotkin (2012) encarna el espíritu anarquista en toda regla: apoya la descentralización, critica al Estado tanto por robar como por acabar con los lazos espontáneos de cooperación existentes en la sociedad, rechaza la tesis de Hobbes sobre el estado natural del hombre, y rechaza los privilegios políticos o estatales en la producción y el comercio.

Sin embargo, no elabora con el mínimo detalle necesario los principios económicos que defiende. Kropotkin (2012) parece respetar la propiedad privada, pero sugiere continuamente que los que tienen más están obligados a dar a los que tienen menos (sin exigir nada a cambio). Valora positivamente el reparto de lo producido y tiene una relación ambivalente con el comercio y el arbitraje. Pero ve el comercio entre miembros de una misma comunidad como algo negativo, y positivo el reparto equitativo interno y el comercio con otras comunidades.

El trabajo de Kropotkin (2012) es una recopilación de ejemplos de hábitos solidarios y caritativos entre animales y entre personas, pero no aborda una cuestión crucial, uno de los endebles pilares del anarcocomunismo, concretamente: ¿cómo se evita el free-riding entre los miembros? O pensado de otra manera, ¿cómo se mantienen los incentivos al trabajo? El problema de enfatizar la idea de la ayuda mutua como contrapeso a la idea de la lucha por la supervivencia del más fuerte, como lo hace Kropotkin, es que implica negar un aspecto humano para exaltar el contrario.

Por ejemplo, ofrecer siempre un plato de comida a un viajero o a un vecino necesitado es una costumbre loable, pero sin mecanismos informales para regular el comportamiento del necesitado, este podría convertirse en un parásito de los demás. Perdería todo incentivo para cooperar, ya que viviría de la ayuda de los demás. Kropotkin aboga por la cooperación y la asistencia social, pero las teorías e instituciones económicas socialistas socavan el desarrollo y el mantenimiento de ambas virtudes.

Por otro lado, varios conservadores como Robert Nisbet, de acuerdo con algunas de las ideas de Kroptkin, consideran que los lazos comunitarios se han debilitado con la expansión del Estado, especialmente ese Estado moderno, homogeneizador y racional, que tiene su origen en la Revolución Francesa:

La legislación revolucionaria debilitó o destruyó muchas de las asociaciones tradicionales del antiguo régimen: los gremios, la familia patriarcal, la clase, la asociación religiosa y la antigua comuna. Al hacerlo, los conservadores argumentaron con contundencia que la Revolución había abierto las puertas a fuerzas que, si no se controlaban, con el tiempo desorganizarían todo el orden moral de la Europa cristiana y conducirían al control de las masas y a un poder despótico sin precedentes. (p. 53)

 Para Nisbet (2010), las instituciones intermedias como la iglesia, la familia y las asociaciones que hacen presencia entre el individuo y el Estado no sólo sostienen el bagaje cultural y tradicional del ser humano, ya que combaten la idea de unidad cultural y nacional coordinada por el Estado, sino que nos proporcionan un sistema inmunológico social e individual contra el totalitarismo, la alienación[1] y la adulación al Estado.

Para Robert Nisbet, el triunfo del marxismo, las nociones de Estado de Hobbes, el jacobinismo disperso en los socialismos actuales y la visión rousseauniana del Estado como emancipador del hombre (de la sociedad y de las tradiciones) son atribuibles al deterioro de la fibra social que se había construido espontáneamente a lo largo de la historia y que constituye una necesidad humana. Y que en su carencia (individuo atomizado o alienado) permite la aparición de órdenes políticos totalitarios:

Hay dos elementos centrales del totalitarismo: el primero es la existencia de las masas; el segundo es la ideología, en su forma más extrema, de la comunidad política (…) Cuando las masas, en número considerable, ya existen, como consecuencia de las fuerzas históricas, la mitad del trabajo del líder totalitario se ha hecho por él. ¿Qué queda sino completar, donde sea necesario, el trabajo de la historia, y triturar en partículas atómicas todas las evidencias restantes de asociación y autoridad social? ¿Qué queda, entonces, sino rescatar a las masas de su soledad, de su desesperanza y de su desesperación, conduciéndolas a la tierra prometida del Estado absoluto y redentor? El proceso no es demasiado difícil, ni siquiera demasiado violento, siempre que las masas ya hayan sido creadas en un tamaño significativo por procesos que han destruido o disminuido las relaciones sociales y los valores culturales por los que los seres humanos viven normalmente y en los que obtienen no sólo su sentido del orden sino su deseo de libertad. (p. 219)

Es importante destacar que no es en absoluto incompatible con la tradición libertaria abordar el problema como lo ha hecho Nisbet, entendiendo que el verdadero conflicto no es entre el individuo y el Estado sino entre el Estado y los grupos sociales (p. 133). El Estado regula la libre asociación porque es una de las cuestiones centrales que muestra quién manda: el individuo o el Estado (Rockwell, 2014). El derecho a asociarse y a no asociarse (el mismo y único derecho) se niega continuamente y cada vez más en favor de la tolerancia, la inclusión, la igualdad, la justicia y el orden. Sin embargo, las consecuencias de limitar la libre asociación (y la desasociación) son necesariamente la aparición de mayores conflictos entre los individuos obligados a relacionarse cuando no lo desean y no lo encuentran beneficioso, fomentando que busquen la ayuda del Estado para protegerlos de los demás, precisamente de aquellos a quienes se les prohíbe excluir.

Paralelamente, el ”Estado del Bienestar” ha crecido para sustituir las funciones de dichas instituciones intermedias, por lo que sin su recuperación no podremos derribarlo social, política y económicamente. En este sentido, los argumentos económicos a favor de la creación de sociedades o asociaciones de ayuda mutua que sustituyan los servicios sanitarios, educativos o de pensiones actualmente monopolizados por el ”Estado del Bienestar” podrían considerarse los menos relevantes debido a que el mercado encontraría fácilmente la forma de prestar dichos servicios de manera privada y relativamente accesible. Los argumentos que debemos dar más importancia son las consecuencias políticas y sociales de la ausencia de asociaciones e instituciones intermedias, sobre todo si lo vinculamos con el hecho de que la riqueza material alcanzada en el último siglo no está teniendo el impacto psicológico que intuitivamente le hubiéramos atribuido. A pesar de tener mayor riqueza y control sobre el entorno, el mundo es percibido por muchos como más hostil, desigual, intolerante que en el pasado (Rosling, 2019) y la prevalencia de la depresión y ansiedad es mayor en comparación al siglo pasado (Hidaka, 2012)[2]. Sobre esta idea y su relación con la vulnerabilidad moral, social y política, Nisbet nos invita a reflexionar acerca de lo siguiente:

El mayor atractivo del partido totalitario, marxista o de otro tipo, reside en su capacidad de proporcionar un sentido de coherencia moral y de pertenencia comunitaria a quienes se han convertido, en un grado u otro, en víctimas del sentimiento de exclusión de los canales ordinarios de pertenencia de la sociedad. Considerar los datos de pobreza y de penuria económica como causas del crecimiento del comunismo es engañoso. Estos hechos pueden estar implicados, pero sólo cuando se sitúan en un contexto social y moral de inseguridad y alienación. Decir que el trabajador bien alimentado nunca sucumbirá a la atracción del comunismo es tan absurdo como decir que el intelectual bien alimentado nunca sucumbirá. La presencia o ausencia de tres comidas al día, o incluso la simple posesión de un empleo, no es el factor decisivo. Lo decisivo es el marco de referencia. Si, por una u otra razón, la sociedad inmediata del individuo llega a parecerle lejana, sin rumbo y hostil, si un pueblo llega a sentir que, en conjunto, es víctima de la discriminación y la exclusión, ni toda la comida ni todos los empleos del mundo le impedirán buscar el tipo de alivio que supone la pertenencia a un orden social y moral aparentemente dirigido a sus propia almas. (p. 64)

Las asociaciones de apoyo mutuo, las buenas costumbres, las tradiciones y el sentido de pertenencia a una comunidad también ejercen funciones económicas, sólo que pueden ser algo más difíciles de apreciar, como reducir los costes de transacción y seguridad, facilitar la gestión de la propiedad común, las negociaciones y la integración en el mercado de los inmigrantes u otro tipo de nuevos actores. Pero fundamentalmente complementan al mercado, por ejemplo, ahorrar para una pensión o hacer frente a una adicción no se reduce a soluciones de mercado como los fondos de pensiones o los centros de rehabilitación, ya que son comportamientos que requieren o se benefician de altos niveles de apoyo social e incluso de una sana, o al menos bien intencionada, presión social (como la que se evidencia entre los miembros de Alcohólicos Anónimos) por parte de un grupo sobre el individuo que realmente quiere ahorrar o dejar una droga, pero carece de la fuerza necesaria.

Del mismo modo, hay otros servicios que difícilmente pueden prestarse de forma catalítica, por ejemplo, el cuidado de los hijos en caso de fallecimiento, algo que, aunque parezca evidentemente una función de la familia, ésta puede estar debilitada o desintegrada hasta el punto de no poder atender siquiera esa función. Y como esas otras muchas funciones que, en la medida en que la familia y las asociaciones no están para resolver, los individuos no verán caminos alternativos al Estado que interviene y participa en nuestra vida privada, ni perderán la costumbre de adularlo, admirarlo y percibirlo como un salvador, porque eso es lo que finalmente será para quienes se sientan aislados de esta manera.

En conclusión, no está mal contagiarse del espíritu de apoyo mutuo que promueven los anarcocomunistas siempre que los combinemos con principios económicos que permitan una adecuada coordinación y entendamos las importantes limitaciones que enfrenta la cooperación social exclusivamente solidaria, altruista o sin precios. Asimismo, debemos tomarle la palabra al conservadurismo, entendiendo que su objetivo es evitar la formación de individuos aislados y desprovistos de valores y redes de apoyo que hagan menos tentador la idea de un Estado organizador y regulador de masas indiferenciadas. Y, por último, las sociedades de apoyo mutuo formalizadas a través de contratos o articuladas informalmente, si son libres y voluntarias, estarán sujetas a los principios del mercado y podrán atender espontánea y empresarialmente algunos aspectos complicados de la asistencia social, la provisión de salud, seguridad y cualquier tipo de servicio complejo que pueda beneficiarse de la solidaridad y la codependencia entre sus miembros.

Bibliografía

Hidaka, B. H. 2012. ´´Depression as a disease of modernity: explanations for increasing prevalence´´. Journal of affective disorders´´ 140(3), 205-214.

Kropotkin, P. 2012. El apoyo mutuo: Un factor de la evolución. Madrid, España. Editorial Dharana

Nisbet, R. 2010. The Quest for Community. Delawere, USA. ISI Book.

Rockwell, L. 2010. Libertad de Asociación. Wenzel, R. 2012. Libertario en 30 días. Mises Hispano

Rosling, H. 2019. Factfulness. Flammarion.

[1] Para Robert Nisbet la alienación es “el estado mental que puede encontrar un orden social cómo remoto, incomprensible o fraudulento; más allá de la esperanza o el deseo real; invitando a la apatía, el aburrimiento o incluso la hostilidad. El individuo no sólo no se siente parte del orden social, sino que ha perdido el interés por formar parte de él” (p.20).

[2] Afirmación sobre la que hay que tomar en cuenta las complicaciones metodológicas propias del fenómeno clínico.

Gasto público y reformas monetarias en el Imperio romano (III): ss. IV-V d.C.

Escrito por David Serrano Ordozgoiti en . Publicado en Análisis diario. 7 comentarios en Gasto público y reformas monetarias en el Imperio romano (III): ss. IV-V d.C.

A inicios del siglo IV, el Imperio romano se había convertido en una realidad económica completamente diferente a lo que había sido a principios del siglo I. El eje principal de su sistema monetario durante los dos primeros siglos, el denarius argenteus, había virtualmente desaparecido desde mediados del siglo III, siendo sustituido a su vez por el argenteus antoninianus o el argenteus aurelianianus, numerales de mayor valor teórico, pero de cada vez menor valor real. Los excesos públicos en el presupuesto civil y militar, los incesantes sobornos y regalos, las reiteradas subidas de impuestos, el incremento de la burocracia estatal y las continuas requisiciones de bienes y metales preciosos habían extenuado la economía romana hasta niveles insospechados. Como broche de oro para esta desastrosa realidad, la inflación había pasado del 0,7% anual de los siglos I y II al 35% anual a finales del siglo III y comienzos del IV, empobreciendo a marchas forzadas a todas las capas sociales del Imperio. Diocleciano quiso poner fin a este descontrol mediante la promulgación del célebre Edictum De Pretiis Rerum Venalium de finales del año 301, en el que se prohibía subir los precios por encima de un determinado nivel bajo pena de muerte a casi 1300 productos y servicios esenciales. En el preámbulo del edicto se culpaba de la inflación a los agentes económicos, tachándoles de especuladores y de ladrones, y se los comparaba con los bárbaros que amenazaban el Imperio. La mayoría de productores e intermediadores, por tanto, optaron o bien por dejar de comercializar los bienes producidos, o bien por venderlos en el mercado negro o, incluso, por utilizar el trueque para las transacciones comerciales. Este debilitamiento de la oferta hizo crecer aún más los precios reales, en una espiral alcista que deterioró aún más el complejo sistema económico romano. Tan sólo 4 años después, en el 305, el propio Diocleciano abdicó en Nicomedia y se retiró a su palacio en Split, abrumado por su fracaso político y económico.

Un año después de la abdicación de Diocleciano, un joven Constantino, hijo del tetrarca Constancio Cloro, fue proclamado emperador por sus tropas en Eburacum, la actual York. Unos seis años después, en el 312, se hizo con el control de Occidente y, después, en el 324, también con el de Oriente, reunificando el Imperio nuevamente bajo su mandato. Considerado como el nuevo Augusto, Constantino llevó a cabo, al igual que el primer emperador, una ambiciosa y profunda reforma del sistema monetario. En el año 310 creó un nuevo solidus, rebajando su peso a 4,5 g. y con un título del 96-99% de oro puro. Esta moneda se convirtió en el nuevo eje de todo el sistema monetario bajoimperial, sustituyendo a los devaluados numerales de plata del pasado. El solidus constantiniano se convirtió en la unidad oficial para precios y cuentas y se establecieron nuevos impuestos exclusivamente en esta moneda. Así, gracias a la confiscación de importantes reservas de oro atesoradas en los templos paganos, que pasaron a estar desprotegidos por el Estado romano, se pudo soportar el valor real de esta nueva moneda, emitida en grandes cantidades, hasta el punto de que sirvió de valor refugio en el Imperio bizantino hasta el siglo XI. Junto al solidus, Constantino también creó, en el año 324, otros dos numerales de oro: el semis, de 2,25 g. y un título del 96-99%, y otra moneda de 1,7 g. y 96-99% de oro puro. El sistema se completaba con tres monedas nuevas más supuestamente de “plata”, el miliarensis pesado (5,45 g.), ligero (4,5 g.) y la siliqua o argenteus (3,4 g.), y con otras dos monedas más de bronce bañadas en plata, el nummus (3,4 g.) y el centenionalis (entre 2,7 y 1,7 g.). No obstante, estos numerales de “plata” y bronce se acuñaron en enormes cantidades y se devaluaron continuamente a lo largo de los años, perjudicando a sus usuarios más habituales, las clases sociales medias y bajas, mientras que las monedas de oro, utilizadas por el Estado romano y las clases sociales más altas, mantuvieron en todo momento su título y su peso originales. De esta manera, Constantino estableció el monometalismo áureo por primera vez en la Historia de Roma.

La muerte de Constantino en el 337 y el posterior reparto del Imperio entre sus hijos Constantino II, Constante y Constancio II no cambió radicalmente el sistema monetario, pero sí hizo que se volviesen a alterar los numerales de “plata” y bronce: a partir del 348 surgió una nueva moneda de 5 g. de bronce y 2,5% de plata, llamada pecunia maiorina por el Código Teodosiano, además de otras dos de 4 y 2,5 g. de bronce y 1 y 0,1% de plata, respectivamente. En el año 355 surgió una nueva moneda de 9 g. de bronce y 2% de plata, llamada por los especialistas AE 1, mientras que la siliqua fue rebajada de peso hasta los 2 g. de “plata”. La última gran reforma monetaria del Imperio fue establecida por Valentiniano I y Valente alrededor del año 368. El oro se afianzó como el eje estable del sistema monetario bajoimperial: tanto el solidus como el semis alcanzaron un título del 99% de oro puro, incorporando, tras la muerte de los dos emperadores, al tremis, de 1,5 g. de oro, una moneda que adquirió gran popularidad y difusión en las décadas posteriores. Esta estabilización de los numerales de oro, de un firme control en el peso y gramaje de los mismos, de diversas reformas contra la corrupción en la burocracia junto a un constante programa de aumento de los impuestos y de retirada del exceso de pasivo aun circulante por el Imperio ayudó notablemente a que la inflación se ralentizase anualmente. Sin embargo, este control de los numerales de oro no se aplicó al resto del sistema en “plata” y bronce. La siliqua, por ejemplo, se rebajó cada vez más, hasta los 1,14 g. de “plata”, y se convirtió en una moneda cada vez más rara de ver, mientras que el recién creado AE 1 perdió prácticamente todo su contenido de metal precioso, abandonándose para siempre la costumbre de bañar en plata las monedas de bronce. Este sistema monetario se mantuvo, sin grandes cambios, hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 y hasta las reformas de Anastasio en Oriente en el 498. El monometalismo áureo de Constantino, en cambio, sobrevivió hasta las últimas décadas del siglo VIII, cuando Carlomagno lo sustituyó por un monometalismo argénteo.

Durante los siglos IV y V la economía romana acabó por deteriorarse del todo, llevándose por delante a la sociedad y, en consecuencia, también a las ambiciones de los políticos del momento, convirtiendo al Imperio romano en un proyecto fallido y caduco. El continuo exceso del gasto público entre los siglos I y III obligó a los dirigentes romanos a devaluar la moneda de manera casi continua. Esta devaluación crónica, junto con el descenso de la población y de la actividad económica a lo largo del siglo III, disparó la inflación en todo el Imperio, un fenómeno que los romanos no sabían bien cómo manejar. La merma de poder adquisitivo efectivo de las clases medias y bajas intentó ser moderada por sus dirigentes mediante lesivos controles de precios, como el Edictum De Pretiis Rerum Venalium del 301, que acabaron de retirar la poca oferta de productos que quedaba en el mercado blanco, encareciéndolos en el mercado negro. Resulta verdaderamente chocante constatar como muchos políticos y partidos populistas de todo signo ideológico siguen proponiendo estos mismos “remedios” incluso hoy en día. Al mismo tiempo, los emperadores romanos crearon un rígido sistema de impuestos basados en pagos en especie para garantizar anualmente las entradas del Estado. Estas requisas públicas restringieron la libre oferta de productos en el mercado común y empobrecieron, así, a artesanos y comerciantes por todo el Imperio. Para garantizar estos impuestos, los gobernantes romanos impidieron que los campesinos y profesionales abandonaran sus domicilios y actividades originalmente registrados, creando, así, castas hereditarias de trabajadores e impidiendo que los factores productivos y los capitales transitaran hacia los sectores más necesitados de mano de obra e inversión en capitales.

Para poner fin a la galopante inflación, Constantino estableció un monometalismo áureo mediante el control del peso, las dimensiones y el título de los diferentes numerales de oro. El férreo control de la producción de monedas de oro frenó la escalada de los precios y alivió las tensiones en las cuentas del Estado, del mismo modo que hoy en día algunos países deciden combatir la inflación de sus divisas mediante la dolarización de sus economías, como es el caso reciente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el resto de numerales de plata y bronce, los más utilizados por las clases medias y bajas, quedaron a merced de una continua y desgastante inflación, provocando la pobreza y la descapitalización continua de las clases más humildes. En consecuencia, se acuñaron numerosas monedas locales, diferentes en cada sitio y todas ellas de baja calidad, a la vez que se veían favorecidos cada vez más los intercambios en especie o el trueque. Todo ello desincentivó el comercio de larga distancia y las producciones industriales de escala, convirtiendo cada vez más las diferentes áreas del Imperio en economías locales de subsistencia. Los habitantes de las ciudades, abrumados por las excesivas cargas fiscales y la falta de trabajo, se fueron trasladando cada vez más al campo, donde la economía se organizaba en lujosas villas rústicas, que se fueron convirtiendo paulatinamente en castillos. En conjunto, los efectos agregados del exceso de gasto público y de la inflación en la economía romana de los siglos I-III provocaron, en última instancia, un debilitamiento estructural sin precedentes de la capacidad económica de la sociedad de los siglos IV y V, que se vio reflejado en la incompetencia de sus gobernantes y élites para mantener el Imperio unido frente a las amenazas externas, que, citando al propio Ludwig von Mises, “no eran en modo alguno superiores a aquellas otras fácilmente vencidas por las legiones imperiales poco antes. Roma era la que había cambiado; su estructura económica y social pertenecía ya al Medioevo”.

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Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Impagos al sector renovable, apuntalamiento de la moratoria nuclear, rechazo frontal al petróleo y al fracking…

El coste energético se ha disparado y se prevé un duro invierno en hogares y en el sector productivo.

Con los precios de la energía por las nubes, la estrategia del gobierno de España ha quedado en evidencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido centrarse en el efecto que está teniendo la invasión rusa de Ucrania. El problema es que, ligando todo el debate al conflicto desatado por Vladimir Putin, el debate público se empobrece notablemente y se ignoran los factores de fondo que explican lo que está pasando.

No en vano, por mucho que el “chantaje” energético de Putin esté haciendo mucho daño, es evidente que el encarecimiento de la energía no es cosa reciente, sino una tendencia que viene desarrollándose desde hace muchos años y que está golpeando de forma directa a la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido al menos tres ‘pecados capitales’ en materia energética. Son los siguientes.

1. Incertidumbre regulatoria en las energías renovables

A priori, la única apuesta firme del gobierno de Pedro Sánchez en lo tocante a la energía es la referida a las energías renovables. Sin embargo, aunque PSOE y Podemos insisten en presentarse como defensores de una “agenda verde” que potencia estas formas de producción más sostenibles, lo cierto es que el clima regulatorio en el que opera este subsector está marcado por una incertidumbre muy preocupante.

De sobra es sabido que, antes de la Gran Recesión, el gobierno español ofreció un generoso sistema de incentivos a quienes invirtiesen en estas tecnologías. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, nuestro país retiró las primas de forma retroactiva, desatando una oleada de denuncias que han derivado en decenas de arbitrajes internacionales que se han resuelto a favor de los inversores denunciantes y en contra de los presupuestos que venía manteniendo el Ejecutivo.

Al conocerse estas sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y se ha negado a cumplir con los pagos que tiene pendientes. Esta incomprensible postura ha hecho que el crecimiento de las renovables en España se sitúe ahora cuatro veces por debajo del promedio mundial, con la inversión extranjera por los suelos.

De modo que, si el gobierno de España quiere expiar el primero de sus pecados, debe tomarse en serio su propio discurso en materia de energías renovables, cumplir los pagos que determinan los arbitrajes internacionales y garantizar un marco regulatorio que blinde y proteja la inversión en el sector.

2. Frenazo al desarrollo del sector nuclear

Que la tecnología nuclear es fundamental para el futuro es algo que ya no discute prácticamente nadie. La taxonomía elaborada por la Unión Europea va más allá y reconoce que esta tecnología de producción energética debe ser considerada como una fórmula “verde” totalmente compatible con los objetivos medioambientales que viene fijando Bruselas.

La nuclear ofrece un suministro estable a un precio competitivo, motivo por el cual son muchos los gobiernos de Europa y el resto del mundo que están avanzando en esta dirección, abriendo nuevas plantas e invirtiendo en nuevos reactores. Ahora mismo, hay 485 nuevas centrales proyectadas a lo largo y ancho del globo, de modo que la capacidad de producción nuclear se va a duplicar.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ficha y sigue instalado en su “no es no” a la nuclear. Incluso el partido ecologista que forma parte del gobierno alemán se ha abierto a la necesidad de extender este tipo de operaciones, en línea con lo que han hecho otros líderes de izquierdas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández, jefe de gobierno en Argentina.

Por tanto, parece lógico seguir la senda que están explorando la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y plantear dos líneas de trabajo, que serían por un lado la prórroga de la operativa de las centrales que siguen operando y, por otro lado, la instalación de nuevas plantas de producción.

3. Veto al petróleo y al fracking

Por si no fuese suficiente, el Ejecutivo no ha querido saber nada de los yacimientos petroleros cercanos a Canarias. Como es sabido, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, aprobada por el gobierno socialista del archipiélago, establece la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas y obliga a cerrar las instalaciones del sector antes de 2042. Conviene recordar que las últimas exploraciones realizadas por Marruecos han encontrado yacimientos de crudo valorados en 110.000 millones de euros frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero Pedro Sánchez no solo se cierra al petróleo: tampoco quiere saber nada de gas natural generado vía fracking. Con este planteamiento, el Ejecutivo sigue a renglón seguido el plan de Vladimir Putin, que se ha cuidado de financiar las campañas de oposición a este tipo de producción energética, puesto que su desarrollo reduciría enormemente la influencia rusa en Europa. El veto al fracking tiene un coste notable, puesto que los yacimientos existentes en nuestro país cubrirían 70 años de demanda, con los actuales niveles de consumo.

El desarrollo de la fracturación hidráulica en Estados Unidos fue especialmente intenso bajo la presidencia de Barack Obama y sigue desarrollándose con Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido en Canadá con Justin Trudeau al frente de su gobierno. De modo que, más allá de nuestras fronteras, los líderes de la izquierda política adoptan posturas pragmáticas en relación con esta técnica de extracción. En el caso de Estados Unidos, el crudo producido en Estados Unidos aumentó su cuota de mercado entre 2008 y 2013, pasando del 40% al 65%. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 per cápita revirtieron a niveles propios de los años 60. Por tanto, los objetivos climáticos que Sánchez esgrime como argumento para rechazar el fracking no solo no son incompatibles con dicha técnica, sino que pueden encajarse a la perfección.

El lenguaje económico (XX): Sobre el poder

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en El lenguaje económico (XX): Sobre el poder

Habitualmente resulta falaz el uso del término «poder» en economía. Dice Mises (2011: 767):

Genera confusión emplear el mismo término «poder» para expresar la capacidad de una empresa para abastecer a los consumidores de automóviles, zapatos o margarina mejor que otros proveedores y para referirse al poder que tienen las fuerzas armadas para quebrar toda resistencia.

Según Max Weber (2006: 162): «Poder o macht (capacidad de imposición) significa la probabilidad de imponer en una relación social la voluntad de uno, incluso contra la resistencia del otro, con independencia de en qué se apoye esa probabilidad». Es decir: «Poder equivale a capacidad para ordenar la actuación ajena» (Mises, 2011: 226). Cuando media poder, la relación humana es jerárquica o hegemónica: uno manda y otro obedece por miedo al castigo. Por ejemplo, ejerce poder un matón de barrio, un asaltante de caminos, un pirata, un piquete «informativo» de huelga o un recaudador de impuestos. Los padres eventualmente ejercen poder sobre sus hijos mientras tengan superioridad física. Todos ellos utilizan la violencia para obtener específicas conductas indeseadas por terceros.

1. Poder de mercado

En los manuales de economía se afirma que las grandes empresas y multinacionales tienen «poder de mercado», entendido como la capacidad de una persona o de un pequeño grupo para influir «indebidamente» en los precios de mercado (Mankiw, 2007: 9). Para otros autores, el «poder de mercado» faculta a las empresas para fijar el precio de sus productos sin perder todas sus ventas (Frank, Jennings y Bernanke, 2012: 260). Todas las empresas fijan precios, pero los consumidores son libres para aceptarlos o rechazarlos. Solo el gobierno, mediante la coacción, puede fijar topes mínimos y máximos a determinados precios.[1] «Poder de mercado» es un oxímoron. El poder es violento y el mercado es pacífico. Ni las empresas ni los multimillonarios tienen poder alguno sobre sus proveedores, clientes o empleados. Las relaciones mercantiles no se basan en el poder, sino en lo que Weber (2006: 162) llama «dominación» (herrschaft): «La probabilidad de que determinadas personas obedezcan una orden con un contenido determinado». En este caso, la obediencia se obtiene mediante la persuasión o la convicción de que las «recomendaciones» de la autoridad resultan beneficiosas para quien las cumple. Por ejemplo, los contratos, la publicidad, las relaciones amorosas, los mandamientos religiosos, los consejos de familiares y amigos o las prescripciones de médicos, asesores y videntes, se inscriben como «dominación».

2. El poder del dinero

Es habitual referirse al «poder del dinero» (Marx, 2008: 80). Tener dinero, sin embargo, no confiere poder alguno sobre terceros. Ningún magnate puede doblar el brazo a los consumidores, obligándoles a comprar lo que produce. Tampoco los 409 millones de dólares gastados por Michael Bloomberg[2] en su campaña electoral de 2020 le sirvieron para alcanzar la presidencia de EE.UU. El error, a nuestro juicio, es confundir «poder» con «capacidad adquisitiva». Ni siquiera el dinero usado con intención de soborno otorga poder. El dinero únicamente da poder cuando se usa con fines violentos, como contratar matones, sicarios o equipar ejércitos.

3. Poder empresarial y financiero

Algunos afirman que los políticos no ejercen poder, sino que son simples marionetas al servicio de grandes empresarios, bancos y fondos de inversión. Un magnate empresarial, eventualmente, puede usar su dinero para influir en las decisiones políticas, pero el político de turno es libre de aceptar o rechazar el soborno. El soborno es un acuerdo libre y consentido por los participantes. El empresario no ejerce poder porque no puede obligar a que el político se corrompa. Solo un mafioso ejerce poder cuando amenaza y asesina a políticos, jueces y policías. En cambio, mucho más frecuente y extensa que la anterior es la corrupción estatal: políticos y funcionarios exigen y/o aceptan coimas a cambio de la adjudicación de contratos públicos y otras «facilidades» burocráticas. En este caso, tampoco media poder, porque el empresario es libre de rechazar la «colaboración» económica con los políticos.

El tamaño adquirido por una empresa no es debido a «poder» alguno, al contrario, su elevada participación en el mercado es la mejor prueba de haber servido cabalmente a sus clientes. Tampoco los empresarios son poseedores de un «difuso, pero amenazante poder económico» (Rothbard, 2009: 64) que les faculta para despedir trabajadores. Interrumpir una relación laboral es una prerrogativa de cada parte y no implica violencia alguna; en otras palabras, nadie puede ser obligado a mantener una relación indeseada. Solo el Estado actúa en virtud de mando y subordinación (Mises, 2011: 234).

4. Poder de negociación

Existe la creencia que determinadas empresas, especialmente las de mayor tamaño, tienen «poder» sobre sus proveedores y clientes, supuestamente, las primeras pueden imponer unilateralmente los precios a los segundos porque tienen un mayor «poder intrínseco de negociación». Es habitual culpar a los grandes distribuidores de alimentación de «exigir concesiones de precios» (Porter, 2009: 160) a sus proveedores, que se ven obligados a vender sus productos a precios «demasiado» bajos o incluso con pérdidas. La realidad es que ni los proveedores están obligados a vender a un precio «demasiado» bajo, ni los consumidores a comprar a uno demasiado alto. Las grandes corporaciones obtienen mejores precios porque manejan grandes volúmenes de contratación. Según la ley de la «utilidad marginal decreciente»: a medida que aumenta el número de unidades de un bien (fungible), cada unidad vale menos.[3] El proveedor, por su parte, acepta el trato porque claramente le beneficia: a) Reduce sus costes de transacción; b) Reduce la incertidumbre comercial; [4] etc. Pero si el proveedor considera que el precio es inaceptable, no está obligado a cerrar el trato y buscará alternativas: buscar clientes más pequeños cuya «capacidad de negociación» sea menor, colocar el género en otros mercados o almacenarlo hasta que el precio suba, etc. Por desgracia, algunos agricultores y ganaderos, en lugar de buscar soluciones de mercado (pacíficas) acuden al gobierno (que sí ejerce poder) para que coaccione a la «gran distribución» con un buen decretazo de control de precios.

5. Empoderamiento 

Este término es muy actual y tiene connotaciones positivas. Los ideólogos de género desean empoderar a las mujeres con fines igualitarios y los gurús empresariales recomiendan empoderar a los empleados con fines organizacionales y económicos. En ambos casos se confunde poder con autonomía. Esta última puede ser conveniente y deseable para mejorar la toma de decisiones personales (vitales, laborales), pero «empoderar», stricto sensu, significa otorgar capacidad para violentar a terceros. Esa facultad sólo puede conferirla quien monopoliza la violencia legal: el Estado. Por ejemplo, hasta 1856, los gobiernos «empoderaban» a los corsarios otorgándoles una patente o licencia para atacar barcos y saquear poblaciones de naciones enemigas. Los sindicalistas son «empoderados» cuando el gobierno les permite amenazar y agredir impunemente a los esquiroles o interferir violentamente la producción empresarial. Empoderar, en su caso, puede ser profundamente inmoral. El empoderamiento sólo es legítimo cuando el uso de la fuerza también lo es. Sería admisible empoderar a los individuos, por ejemplo, extendiendo su capacidad legal para repeler una agresión criminal.

Bibliografía

Frank, R., Jennings, S. y Bernanke, B. (2012). Principles of Micro Economics. Sidney: McGraw-Hill.

Mankiw, G. (2007). Principios de economía. Madrid: Thompson.

Marx, K. y Engels, F. (2013) [1848]. Manifiesto del partido comunista. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Porter, M. (2009). Estrategia competitiva. Madrid: Pirámide.

Rothbard, M. (2009). La ética de la libertad. Madrid (Kindle): Unión Editorial.

Weber, M. (2006). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial.

[1] «Topar» precios es una expresión incorrecta. Topar significa embestir con los cuernos, chocar o tropezar.

[2] Candidato demócrata, ex alcalde de Nueva York y empresario.

[3] Valor es la utilidad que cada persona otorga subjetivamente a un determinado bien. El precio es la relación de un intercambio comercial.

[4] La seguridad de colocar todo el género es relevante en los productos perecederos.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XIX) El principio de Peter

(XVIII) Economía doméstica

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

El invierno del descontento

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario.

A comienzos del otoño de 1978, el Reino Unido afrontaba su sexto año en declive económico. A la recesión provocada por la Guerra del Yom Kipur se le sumaba la contracción inmediatamente consecutiva a la enorme expansión monetaria de mediados de la década. El gobierno conservador de Edward Heath respondió con controles de precios y salarios, lo cual fue severamente castigado por el electorado británico en las elecciones de 1974 (comicios que hubieron de repetirse en octubre tras no alcanzarse en febrero una mayoría absoluta para ninguno de los partidos).

En ese momento, el Partido Conservador entró en una catarsis. Frente a los postulados imperantes de la época, basados en la mayor intervención económica como respuesta a las crisis siguiendo el manual keynesiano, el ala más liberal del partido, fundamentada en la economía de mercado, menos corporativismo y reducciones de impuestos y gasto público, terminó imponiéndose tras la convención del Partido en 1974. Margaret Thatcher, una diputada de tercera fila, era elegida líder del Partido con un discurso absolutamente nuevo y rompedor.

La situación de la economía británica no podía ser más deplorable. Las nacionalizaciones iniciadas por el laborista Clement Attlee, y que Winston Churchill no enmendó en su segundo mandato, habían traído consigo una consecuencia no intencionada: el enorme poder que los sindicatos ostentaban a la hora de negociar salarios. Los déficits presupuestarios, financiados en su mayor parte por emisiones monetarias, llevaron las tasas de inflación por encima del 10% durante toda la década de los 70. Esta situación estalló en el invierno del 79, cuando las subidas salariales con el fin de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores llevaron la tasa de inflación por encima del 20%. El gobierno laborista entró en razón y propuso mantener los incrementos salariales en un máximo del 5%, a lo que los sindicatos respondieron con una serie de huelgas generales que paralizaron el país. Los electores responsabilizaron a los laboristas y los expulsaron del poder en octubre de 1979.

Thatcher había tomado nota. Su formación económica en Oxford, donde tuvo ocasión de leer Camino de servidumbre, lo cual le llevó a conocer personalmente a Hayek, le indicaba que no debía ceder bajo ningún concepto. “Medicina amarga”, como le gustaba llamarlo. Reino Unido tenía que vivir una terapia de choque: reducción del gasto público, reducción de la presión fiscal y, sobre todo, no ceder a los sindicatos. El poder de estos debía reducirse con la privatización de los servicios públicos estatalizados por los laboristas treinta años antes y que tantos quebraderos de cabeza daban al Estado en forma de permanentes déficits. Lo que viene después es de sobre conocido: el mayor despegue económico que haya vivido Gran Bretaña desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El caso español no dista mucho de la situación británica en los setenta. Los españoles nos encaminamos hacia una legislatura totalmente perdida en lo que a crecimiento económico, creación de bienestar y empleo se refiere. Frente al resto de los países europeos, los cuales ya sitúan su PIB por encima de los niveles previos a la pandemia, España va a necesitar otro trimestre más de los previstos (y ya éramos los últimos), en alcanzar el nivel previo a la recesión de mediados de 2020, llevándola al primer trimestre de 2023. Por no hablar de la situación de los salarios reales: un 4,4% de caída sólo para 2022 respecto a 2021 y una caída desde 2008 del 3,1%. Lo máximo a lo que puede aspirar el gobierno es a maquillar las estadísticas con el cambio de metodología a la hora de contar desempleados, la cesta del IPC o el cálculo del PIB.

Sin embargo, los británicos contaban con un Partido Conservador que supo aprender de sus errores (treinta años tardaron, aunque nunca es tarde si la dicha es buena), mientras que en España contamos con el Partido Popular de Núñez-Feijóo para remontar la situación, cuyo liderazgo y querencia por la libertad durante la pandemia en Galicia dejan bastante que desear. Es difícil realizar predicciones, pero viendo el comportamiento del líder popular, con medidas que no se han quedado atrás en lo que a atropello de derechos fundamentales respecta, se antoja complicado que vaya a llevar a cabo la revolución conservadora al mismo nivel que Thatcher, sin dar su brazo a torcer porque sabe que el camino correcto es el marcado por, entre otros, su maestro Hayek.