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El riesgo moral de Kate Moss

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El reciente despido de Kate Moss por parte de H&M, y otras firmas de moda, a causa de la foto publicada de esta modelo consumiendo cocaína en privado, pudiera contemplarse como ejemplo evidente de riesgo moral entre agente y principal, pero quizá las certezas sobre este asunto – considerando la libertad íntima de Moss por medio– no subsistan con tanta rotundidad.

La literatura económica dice que la relación de agencia se define como un contrato en el cual una persona (principal) recurre al servicio de otra (agente) para que cumpla una tarea en su nombre y provecho, lo que implica que el principal delegue en el agente parte de su actividad. Ambos, principal y agente, maximizan su utilidad individual; no obstante, para el caso que nos ocupa, no es fácil descubrir condiciones de asimetría informativa antes del contrato –pues era conocido en su profesión el agrado de Kate por las drogas– ni después del mismo, considerando tales antecedentes de nuevo expuestos por los medios de comunicación sin que las empresas contratantes pagaran cantidad alguna por investigar el oportunismo de la modelo. Es decir, ni selección adversa ni información oculta se presienten en este asunto.

Además es probable que aquí aparezcan incluso free-riders o usuarios gratuitos que se hayan beneficiado de la información que concluyó en despido. Ningún accionista, que se sepa, decidió costear una comprobación sobre Moss para después no podérsela cobrar al resto de los socios. Como la mayoría de los accionistas suelen pensar de ese modo, nadie practicó el control: los managers fueron los que ejercieron el poder real y decidieron la expulsión de Kate.

¿Luego, de quien deviene el oportunismo? ¿De la controvertida modelo o de los responsables que se atemorizaron ante la noticia y aseguraron sus puestos? ¿No será que el moral hazard debería cambiar de orientación y enfilar contra la actuación directiva? ¿No se han estado beneficiando hasta ahora estas compañías asociando la quebradiza belleza de la top-model con parte de su clientela, compuesta por jóvenes adolescentes en trance de iniciar voluntariamente ciertas experiencias iniciáticas en su vida?

Por otra parte, surge por enésima vez la falsa disyuntiva entre ocio privado y trabajo. Moss y sus excesos no fueron obstáculo para que cumpliera adecuadamente las condiciones de su contrato y no practicó en su asueto daño a terceros. No hubo posibilidad alguna para la disculpa de ella y el perdón de la empresa. Peor para todos. Es más: la táctica de la defenestración acaso anulará la estrategia de la marca. Numerosas consumidoras abandonarán tales productos, hastiadas por la sempiterna hipocresía entre vicio individual/virtud pública que se retroalimenta a sí misma y que acaba derrotando a otra mujer con éxito.

El puritanismo vacuo en los medios y la opinión pública consentidora encuentran tiempo suficiente en reprimir la libertad de hacer cada uno con su mente y su cuerpo lo que le venga en gana. Con seguridad la vida de Kate Moss no es estimulante para muchas personas, más se está emplazando con demasiada rapidez una omnipresente cámara oculta que enfocará severamente las acciones particulares de cualquiera de nosotros.

El abrazo del oso

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El socialismo se ha caracterizado desde siempre por estas prácticas antiliberales; robar a los ricos para ayudar a los pobres se considera una práctica no sólo justa, sino eficaz. Por desgracia, tampoco los conservadores han estado exentos históricamente de estos desafortunados comportamientos. La prohibición de las drogas, la censura de ciertos comportamientos "obscenos" o la obstrucción a un mercado de órganos han sido reivindicaciones frecuentes de quienes siguen considerando el Estado como un instrumento de cambio y gestión social.

Con todo, puede que una de las peticiones más conocidas y con mayor raigambre social sea la de proteger a las familias para estimular la natalidad. Recientemente, por ejemplo, el colectivo Hazte Oír ha exigido a Zapatero el cumplimiento de su compromiso de pagar 100 euros al mes a todas las madres de España con niños de hasta tres años.

Lo triste de este caso es que es difícil discernir quién está siendo más antiliberal: si ZP por haberlo prometido o Hazte Oír por recordárselo cuando parecía haberse olvidado.

El fallo de esta petición es de base. Precisamente cuando Zapatero pretende expandir sus poderes sobre la sociedad para someterla a través de sangrantes impuestos y regulaciones totalitarias, no conviene dar al capitoste de la izquierda excusas para incrementar su poder mediante súplicas de ayuda.

El Gobierno tiene que limitarse y reducirse; debemos combatir su paternalismo absorbente, su ataque continuo a la estructura familiar para sustituirla y aniquilarla; debemos impedir que nos bautice, nos case y nos entierre. Y, desde luego, la mejor manera de defender a la familia de las zarpas estatalistas no consiste en convertirla en un apéndice del Ministerio de Asuntos Sociales.

Si realmente queremos proteger a la familia debemos impedir este progresivo proceso de fagocitación según el cual el Estado define, controla, planifica y financia a la familia. Debemos evitar que una de las grandes obsesiones de la izquierda –romper los lazos de fidelidad y unión entre los miembros de la unidad familiar para sustituirlos por el sometimiento del individuo al Estado– se convierta en realidad.

Argumentos sociales

Los defensores de estas rentas periódicas para las familias suelen aducir dos tipos de argumentos para justificarlas. El primero, que podríamos denominar "argumento social", consiste en afirmar que las familias tienen derecho a una retribución del Gobierno. A su vez, este derecho suele defenderse con una pléyade de razones: la sociedad tiene que ayudar a cada familia a llegar a fin de mes, las familias son acreedoras de la sociedad por "criar" a las generaciones futuras en una especie de mandato o delegación, o bien porque uno de sus miembros (generalmente la mujer; las denominadas "amas de casa") desempeña un trabajo en el hogar que merecería ser retribuido como si de un trabajo por cuenta ajena se tratara. Sin embargo, ninguno de estos argumentos tiene fundamento.

Primero, cada familia debe planificar cuántos miembros es capaz de criar y mantener. No tiene sentido que dos personas decidan traer al mundo un número de niños que no van a ser capaces de manutener. Imaginemos que todos los individuos tuvieran más niños de los que pueden acoger con sus recursos financieros –presentes y futuros–: ¿sería éste un comportamiento responsable? ¿A quién pediríamos los fondos para sustentarlos? Está muy bien que una pareja quiera tener hijos –muchos hijos–, pero no está tan bien que quiera tenerlos a costa de los contribuyentes.

Segundo, la familia tiene la obligación de criar a sus hijos. No es un privilegio renunciable, y mucho menos una obligación endosable al resto de la sociedad. Es más, la idea de que la familia merece una retribución por ser una especie de mandataria de la sociedad para que críe y eduque a los niños pequeños hasta que se vuelvan ciudadanos adultos es una idea totalmente colectivista.

Los niños no son mercancías propiedad de la sociedad, entregadas a dos personas (la familia) para que los críe y los eduque hasta que crezcan. En realidad, la familia es el núcleo de vida de esos niños, la sociedad no tiene ningún tipo de derechos sobre ellos. Por lo tanto, dado que la familia no es un instrumento de la sociedad para el "cultivo" de adultos (no es una red de pequeñas piscifactorías del Estado), tampoco merece un "salario" en concepto de "servicios prestados".

Sin duda, pocas cosas hay más peligrosas para la supervivencia de la familia que esta absurda concepción, pues supone de facto su nacionalización y eliminación como institución privada y libre.

Tercero, el trabajo de las amas (o amos) de casa es totalmente respetable, pero no por ello deben recibir una renta. A diferencia de lo que ocurre con los salarios, el ama de casa trabaja para sí misma y su familia. Los frutos de su trabajo (tener una casa limpia y habitable) redundan por entero en su bienestar. En el trabajo dependiente y por cuenta ajena, en cambio, un individuo (trabajador) alquila sus servicios a otro (empresario), a cambio de los cuales percibe un salario. Es un intercambio libre y voluntario entre "servicios" y "salario".

Decir que las amas de casa merecen un salario, que debe ser pagado por el Estado (o más exactamente, por el resto de contribuyentes), es equivalente a señalar que también lo merece el estudiante que ordena su habitación, o el individuo que corte leña para calentar su hogar en invierno. El trabajador percibe el fruto de su trabajo o, en caso de que haya vendido anticipadamente ese fruto, un salario. Dado que el ama de casa no ha vendido nada, tampoco debe proporcionársele coactivamente un salario.

¿Por qué el Estado tiene que obligar a un individuo X a que le pague a otro individuo Z cuando éste limpia su casa? ¿También, entonces, deberán pagarnos un salario cuando mantenemos limpio y sano nuestro cuerpo (esto es, cuando vamos al gimnasio, nos duchamos, nos lavamos los dientes y nos echamos colonia)?

Argumentos económicos

Junto a los argumentos sociales tenemos otros estrictamente económicos, a saber: que es rentable para la sociedad que el Estado invierta en la promoción de la natalidad. Las razones por las que se suele señalar que una amplia natalidad es beneficiosa económicamente son variopintas. Sin embargo, nos conformaremos con citar dos: las externalidades positivas del crecimiento poblacional y el sostenimiento del sistema de pensiones.

Los defensores de la doctrina de las externalidades positivas son declarados antimalthusianos (no sin razón). En su opinión, una mayor población supone un mayor crecimiento económico debido a una división del trabajo más profunda, una mayor especialización de cada individuo y una cantidad superior de genios. En otras palabras, el crecimiento de la natalidad produce unas externalidades positivas por las que las familias no se ven recompensadas, lo que hace que la cantidad de niños sea "socialmente subóptima" (esto es, que nazcan menos niños de lo adecuado). En consecuencia, el Gobierno tiene que incentivar los nacimientos a través de una paga periódica.

Sin embargo, el argumento tiene una pequeña contradicción. Si el crecimiento es bueno en tanto que favorece una mayor división del trabajo, ¿cómo puede defenderse la redistribución estatal de la renta, que, precisamente, supone la destrucción de la división del trabajo? Tengamos presente que el impuesto produce una redistribución ineficiente de la renta, apartándola de sus usos prioritarios, determinados en cada momento por la división del trabajo. Por ello, los impuestos ponen fin a la división del trabajo y la sustituyen por una organización socialista de la producción (es el Estado quien decide dónde deben invertirse los recursos y cómo deben organizarse los trabajadores).

Por tanto, el sarcasmo del argumento de las externalidades positivas de la natalidad es que parte de los beneficios del mayor número de trabajadores, empresarios y genios para luego proponer acosar a trabajadores, empresarios y genios con impuestos.

Otro argumento frecuentemente utilizado es el de señalar que, si la natalidad no aumenta, "las generaciones presentes no llegarán a cobrar las pensiones públicas". Suele ser especialmente recurrente para justificar la inmigración y la reproducción masiva de los inmigrantes.

No obstante, el problema del sistema de pensiones es otro. Se basa en la redistribución de la renta y no en su capitalización. Si incrementamos el número de contribuyentes para financiar las pensiones actuales, ¿no estamos simplemente prorrogando el problema? ¿Es que este ampliado número de contribuyentes no clamará en el día de mañana por sus pensiones? ¿Hasta qué punto es razonable esta política de planificación social de los nacimientos para conseguir salvar un sistema corrupto de base?

Sin duda, la sociedad se beneficiaría mucho más con la quiebra del sistema público y su sustitución por uno privado de capitalización, donde cada individuo ahorrara para su futuro. Por tanto, tampoco este argumento consigue fundamentar una rentabilidad económica en las transferencias coactivas de renta a las familias.

Conclusión

A lo largo de este artículo hemos tratado de esbozar la injusticia que supone la redistribución de renta y, en concreto, la redistribución de renta a las familias. Aun siendo conscientes de la enorme importancia de la institución familiar para la salvaguarda de nuestro bienestar y libertad, difícilmente podemos por ello justificar el sacrificio del bienestar y la libertad a través de los impuestos y de la progresiva implantación del socialismo.

Ni es éticamente justo, ni económicamente rentable, ni estratégicamente acertado. La familia tiene que desvincularse totalmente del Estado y no convertirse en un órgano delegado. Los comunistas intentaron destruir la familia y sustituirla por el Partido; la socialdemocracia actual pretende difuminar su contenido, su importancia y su trascendencia para dominarla a través del Estado.

No es, por tanto, razonable proteger la familia a través de quien pretende eliminarla. El Estado es el enemigo de las instituciones, no su aliado. Mientras semejante ilusión perdure, se las seguirá erosionando con total impunidad. Y eso, precisamente, es lo que no conviene ni a la sociedad ni a las familias.

Trabajo infantil y coacción estatal

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Sublevada por la noticia de que unos niños están trabajando en una fábrica de la India o de Vietnam la gente clama instintivamente por la prohibición del trabajo infantil. No agrada una concreta realidad y se apela al Estado para que la haga desaparecer por decreto. Pero siendo como es que los padres no quieren menos a sus hijos en la pobreza, no sería fútil que antes de invocar la intervención pública nos preguntáramos por qué los padres les mandan a trabajar y no a la escuela si presuntamente lo adecuado para ellos es lo segundo.

En los países subdesarrollados la alternativa al trabajo infantil es el hambre. Su prohibición priva a las familias de unos mayores ingresos en un entorno de extrema necesidad, coartando el ahorro y la acumulación de capital en esa sociedad y ralentizando así el proceso por el cual deviene innecesario que los niños laboren y provechoso el que se dediquen a formarse. Para erradicar el trabajo infantil es preciso atacar su causa, la pobreza, y la pobreza sólo cabe combatirla propiciando un mercado libre que permita la acumulación de capital y el aumento de la productividad. La jornada laboral en el siglo XIX, por ejemplo, antes de que se limitara por ley se redujo de facto como resultado de la prosperidad que desató la Revolución Industrial. El trabajo infantil, que no era por aquel entonces ni tan insalubre ni tan gravoso como la mitología se encargó de popularizar, también fue remitiendo paulatinamente conforme se expandían las estructuras productivas. Así la legislación posterior en buena medida sólo vino a refrendar algo que ya se estaba generalizando de forma espontánea en el mercado, por lo que desde el punto de vista de los prohibicionistas mismos debería considerarse superflua.

El trabajo infantil no es una invención del capitalismo o de la globalización, antes al contrario, es una realidad inherente a la pobreza que ha existido desde que el hombre es hombre y que sólo el reciente desarrollo económico motivado por el libre mercado convirtió en superable. Por eso nadie debiera sorprenderse de que perdure allí donde la industrialización se halla en un estado más bien incipiente o donde ni tan siquiera ha tenido lugar.

Con todo, las disposiciones que prohíben trabajar a los menores no son únicamente deleznables en un contexto de perentoria carestía. Constituyen un ejercicio de arbitrariedad que atenta abiertamente contra los derechos de los niños y de los padres y que no tiene cabida en una sociedad libre. ¿En razón de qué es ilícito que un niño cobre por hacer de jardinero o trabaje para su padre recolectando hortalizas cuando no es ilegal que se dedique a cuidar el jardín de su casa porque le divierte o a ganarse la paga haciendo tareas domésticas? ¿Qué tiene de malo que un niño monte junto con sus amigos una parada de limonadas? ¿Por qué es reprobable el hecho de que labore por un jornal y en cambio se tolera que sea obligado a asistir a la escuela seis horas al día? ¿No podría ser beneficioso para un chico de 13 años que no quiere ni oír hablar de estudios dejar que se emplee en un taller y adquiera experiencia laboral en lugar de encerrarle en una aula contra su voluntad? Debería ser la familia, o el propio niño alcanzada cierta edad, quien decidiera sobre tales asuntos, no el Estado.

Parece que reivindicar la prohibición del trabajo infantil apacigua las conciencias de los que, por vivir en una sociedad sumamente productiva, disponen de suficientes medios para enviar a sus hijos a la escuela. Pero eso no va ayudar ni a los niños que trabajan ni a sus familias. En todo caso lo que necesitan es salir de la pobreza, no que se les cercene sus ingresos y su capacidad de ahorro. Y sólo hay un antídoto contra la pobreza: el libre mercado. Por otro lado no incumbe al Estado sino a los menores y a sus padres decidir en qué van a emplearse. La discriminación impuesta aquí por razones de edad no está más justificada que otra suerte de mandatos coactivos.

Contra la libertad de información

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El sistema público de seguridad social constituye una de las intervenciones del estado en la vida pública más inmorales, dañinas y con mayor número de efectos siniestros sobre una gran cantidad de actividades y derechos. Desde el sistema piramidal fraudulento de las pensiones hasta la obligación de pagar el servicio de sanidad y pensiones al margen de su utilización voluntaria, pasando por la competencia desleal que representa para las innovadoras compañías privadas de seguros médicos o el desempleo que genera su elevado coste, la seguridad social corrompe todas las actividades que roza y mantiene bajo coacción permanente a todos cuantos vivimos bajo su imperio. Como es bien sabido, toda esta cadena de injusticias y despropósitos se justifica con la memez auto legitimadora de que constituye un “derecho social”.

Resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que, por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica. En concreto, el apartado primero del artículo 88 de la directiva 2001/83/EC dice que “Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos […] que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa”.

Esta proscripción de la información directa al paciente tiene consecuencias que van mucho más allá de la gravísima e intolerable violación de una de las libertades más básicas. Mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. El elevado coste de mantenerse informado en estas circunstancias se traduce en elecciones distintas a las que de otro modo hubieran adoptado los pacientes, un nivel de salud más bajo y, en ocasiones, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, se estima que 65.000 europeos que padecen hipercolesterolemia mueren cada año sin saber que podían haber sido tratados con Estatinas, unos fármacos cuya publicidad suele estar prohibida.

Y lo más triste es que mantener al paciente en un estado de ignorancia es precisamente el objetivo de esta directiva europea. El sistema de seguridad social no puede aguantar el coste financiero que supondría el que los pacientes exijan las más avanzadas terapias existentes y ante esta situación quienes nos gobiernan han decidido que lo mejor es mantener desinformada a la población para así salvar su sistema. La prueba del algodón de que nos encontramos ante el amordazamiento de la industria y el abandono de nuestros enfermos con vistas a maquillar el decrépito estado de un esperpéntico sistema sanitario basado en la financiación universal coactiva y la subvención de la compra de medicinas es que en el tercer apartado del artículo 88 se añade que los estados miembros también pueden prohibir la información sobre medicamentos que no precisan receta pero que sean financiados por los sistemas públicos de salud. Este secuestro de la libertad de expresión es, con toda probabilidad, una de las intervenciones que mayor número de víctimas provoca en Europa. Terminar con la prohibición y con el sistema que la requiere no sólo es vital para recuperar uno de nuestros derechos fundamentales sino para poder cuidar nuestra salud de la amenaza que representa la “seguridad” social.

Montilla amenaza pero no da soluciones

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando un alto burócrata del gobierno “pide” a una empresa privada que modifique sus precios no es el mismo tipo de consejo que usted pueda darle a un amigo. En el último caso, usted da el consejo desinteresadamente, y su amigo, si quiere, lo acepta o no sin represalias por parte de nadie. Sin embargo, cuando el gobierno da consejos, si no se cumplen, habrá consecuencias graves. Esta es una de las estrategias que suele seguir, por ejemplo, el Banco de España. Envía consejos a los directivos bancarios. A veces no se toman en cuenta porque tomar esa medida significaría perder clientes. La reacción del “policía bancario” es crear inspecciones para escarmentar al inspeccionado haciéndole perder dinero y tiempo. Así trabaja el burócrata contra la gente.

La regulación hace que las empresas trabajen, no para el cliente, sino para el inútil y obsoleto ente burocrático. Cuando la economía adolece de algún “problema” la solución no es más intervención, eso sería complicar el problema.

Una solución idónea para reducir el precio de la gasolina sería eliminar todos los tributos a los combustibles (casi el 60% del precio de la gasolina son impuestos en España). Pero Montilla ha dado la típica excusa de técnico mediocre: “es que eso es muy difícil por…”. Imagínese que el consumidor de una empresa privada deja de comprarle porque considera sus precios altos. ¿Serviría de algo que el presidente de la compañía dijera que no pueden bajar los precios porque los tecnicismos lo impiden? Evidentemente que no. Los consumidores se irían a la competencia sin importarle las excusas de la empresa. El fin de una empresa privada es servir a su consumidor, si el cliente está contento la empresa también porque así ganará más dinero. Así funciona el Capitalismo.

Lo que no entiende Montilla es que a los españoles poco nos importan los problemas que pueda tener él para eliminar los impuestos a la gasolina. Por eso, él como un sicario, prefiere amenazar a empresas (y a los trabajadores de esas empresas) para que reduzcan su margen y pongan en más apuros al mercado laboral del sector energético.

Pero hay más. Montilla se cree un gran empresario del sector, por eso se permite el lujo de dar “consejos” a las petroleras de cómo han de gestionar su negocio. Les ha dicho que profundicen en la modernización tecnológica mediante el aumento de inversiones en el área de refino e investigación y desarrollo (I+D). Exxon, a mediados de los ochenta, decidió invertir en energía renovables gastando hasta 1.000 millones de dólares; los resultados fueron nefastos y Exxon dijo que no volvería a pasar por eso otra vez. La empresa lo intentó, pero su cliente (el consumidor final como usted o yo) le dijo clara y abiertamente que ese no era el camino. Un político, como Montilla, puede amenazar y aprobar las leyes que quiera contra la industria petrolera y la sociedad para conseguir su plan divino, pero eso no hará un mundo mejor, sino que directamente acabará con ese sector aumentando los costes y encareciendo a la larga, más aún, el precio del producto final.

Señor Montilla, la solución es muy fácil. No intervenga nada en la economía y todo irá mejor. Deje de amenazar a las empresas y particulares y tome una solución real para los españoles: desregule totalmente el sector de la energía; elimine todas leyes supuestamente ecologistas, eso interesa a los políticos y a los histéricos grupos de presión, no al padre de familia que no llega a final de mes o al empresario que ve aumentar sus costes sin parar por culpa del intervencionismo estatal; elimine todos los impuestos a los combustibles; y sobre todo, tómese unas largas vacaciones y no haga nada; su trabajo nos hace perdedores a todos.

El error de boicotear Yahoo

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los antiglobis suelen protestar por las condiciones de trabajo que ofrecen las multinacionales en el Tercer Mundo. Al hacerlo ponen el dedo en la llaga de unas vidas duras y difíciles, más allá de lo que consideraríamos aceptable en un mundo occidental que, de puro próspero, ha olvidado lo que es la pobreza. Reneé Zellwegger, en una entrevista con motivo de su última película, recordando su propia infancia, la define como “no tener la libertad de escoger”. No es del todo cierto: un pobre tiene la misma libertad que cualquiera; lo que sucede es que tiene muchas menos opciones donde elegir. Y ahí está el error de los globófobos, que considerando inaceptables las condiciones de un empleo concreto no se plantean qué alternativas reales se tienen en un mundo tan distinto al suyo. Si la protesta más insistente de esos trabajadores explotados es que las multinacionales no amplían sus operaciones y, por tanto, no pueden contratar a sus familiares, me da que es porque el resto de las opciones que tienen ante sí son mucho peores. Porque yo, al menos, creo que ser pobre no es lo mismo que ser idiota.

Quizá los liberales que tomamos la libertad de expresión como un derecho natural e inalienable estemos cometiendo el mismo error. Damos tan por sentada la libertad que disfrutamos en nuestras democracias liberales para expresar nuestra opinión, que no nos damos cuenta de las opciones reales de quienes, como los chinos, viven bajo un totalitarismo represor. Del mismo modo que los trabajadores de los países pobres aceptan con júbilo jornadas de 14 o 16 horas por un sueldo que a nosotros nos parece miserable, al ser su mejor alternativa, ¿no estarán los chinos contentos con Yahoo, Google o Microsoft, pese a las restricciones a la libertad de expresión con las que operan, por ser una opción mejor a las demás?

Se ha comparado, salvando las grandes distancias, el comportamiento de Yahoo con el de IBM durante el holocausto. Sin embargo, no parece que tengan siquiera el mismo trasfondo. Yahoo, como otras multinacionales de Internet, ofrece un servicio valioso para la causa de la libertad de expresión. Es una ventana tapiada por las leyes y los compromisos que le impone el gobierno chino, pero que aún así deja pasar un poco de luz por las rendijas, luz que se extinguiría si nunca hubiesen operado en ese país. Nada de lo que hizo IBM en Alemania fue de utilidad ni ayudó a nadie de ese país más que a su gobierno totalitario. Si IBM no hubiera hecho negocios con los nazis, al pueblo alemán –y sobre todo al judío– le hubiera ido mucho mejor. ¿Puede decirse lo mismo de Yahoo? IBM podría haber alegado en su día, como mucho, desconocimiento de con quien se jugaba los cuartos y del uso final que se haría de sus máquinas. Yahoo, en cambio, puede afirmar que su empresa ayuda a los chinos en la medida en que la dictadura comunista les deja; que por cada Shi Tao hay millones de personas que tienen un acceso al mundo exterior sin precedentes en el país.

No acabo de sacarme de la cabeza que, al final, las protestas contra Yahoo no sean más que una intromisión de ociosos burgueses que, en el fondo, buscamos más sentirnos mejor con nosotros mismos que mejorar las condiciones de la libertad de expresión en China. Ponerse como justiciero, sin costes personales, es tentador para cualquiera. Nuestras protestas parecen tener como único objetivo final el que Yahoo deje de cumplir las leyes chinas cuando éstas amenacen los derechos humanos, lo que conllevaría su probable expulsión del país. No veo qué bien va a hacer a los chinos la reducción de sus opciones, como tampoco qué bien puede hacer a los trabajadores de Nike en países pobres el dejar de tener la posibilidad de trabajar para ella. Tampoco parece que los propios internautas chinos lo tengan claro, pues no tengo noticia de que hayan abandonado en masa los servicios de Yahoo. Mientras no esté clara la parte del plan que va desde la retirada de la multinacional del mercado chino a una mayor libertad de expresión en el país, no veo sentido a hacer campaña contra Yahoo. Tan sólo contra esa dictadura. Como siempre.

Liquidez y teoría cuantitativa del dinero

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Cuando una teoría económica se asienta sobre premisas falsas, las nefastas consecuencias que provocan no se circunscriben solamente al ámbito académico, sino que son padecidas por toda la población. La teoría cuantitativa del dinero es un ejemplo de ello auque no deje de ser un aspecto particular de las ansias de control matemático y, por ende, intervencionista de la economía.

En cuanto al aspecto puramente teórico, negar el concepto de liquidez tiene consecuencias desastrosas. Por un lado se cae en el error de creer que manejando la cantidad de dinero es suficiente para administrarle un valor. Y por otro, al no tenerse en consideración dicha categoría se olvida el hecho de que no sólo el dinero es líquido, los demás bienes también. Si bien, al igual que como con el valor, la liquidez no consiste en cantidades o medidas, sino en grados o clasificación.

La premisa de la teoría cuantitativa del dinero, al estilo de los modelos neoclásicos del equilibrio, consiste entre otras cosas en considerar que existe el dinero por un lado, y el resto de bienes por el otro, claramente diferenciados, uno con liquidez absoluta, y los demás sin ningún tipo de liquidez. Esto constituye un error que implica no poder desarrollar una teoría del dinero (monetaria) y del crédito (de los ciclos) cercanas a la realidad.

Así, con dicha teoría, una parte importantísima y clave en el patrón oro que existió hasta la Gran Guerra, las letras de cambio o real bills, nunca serían vistas con la más mínima relevancia bajo este paradigma teórico ya que para ello es necesario recurrir a la liquidez.

Este instrumento monetario surgió para facilitar el comercio entre las ciudades-estado italianas así como el incipiente comercio ultramarino de aquella época, y perduraron hasta el final de la Gran Guerra, momento en el que el estado asaltó y torpedeó toda libertad de evolución en este ámbito implantando en su lugar un viciado sucedáneo llamado patrón cambios-oro.

Las real bills se usaban para facilitar el comercio de bienes absolutamente imprescindibles como la comida, la ropa o el combustible. Su uso, mediante el endoso, hacía posible que las monedas de oro no tuvieran que pasar por las manos de todos los participantes del proceso de producción de este tipo de bienes, solamente del minorista al primer fabricante. Y esto era así precisamente porque los bienes que respaldaban a este tipo de letras eran de tan urgente necesidad y tan clara colocación, que era seguro que una vez llevados al mercado serían rápidamente vendidos. Era el propio cliente en realidad quien con sus monedas de oro respaldaba de facto estas letras reales. De ahí que las letras que eran aceptadas (cumpliendo una serie de requisitos) y que circulaban, hicieran la misma función que el propio oro (dentro de unos límites), porque tener una real bill significaba la posibilidad en extremo cierta de poseer oro una vez venciera su plazo (que entonces no debía superar los tres meses). Es decir, eran el segundo bien en liquidez en el mercado.

Con esta institución que sólo habría podido nacer en un ámbito de comercio libre se aliviaba la siempre imperiosa necesidad de oro, beneficiándose de ello el comercio y la población. No en vano, gracias a este tipo de letras el grado de comercio internacional antes de que las extinguieran no ha podido ser comparable al del insano crédito estatal (dinero actual) hasta fechas recientes y casi un siglo después de un tremendo avance en la comunicaciones.

Por ello se entiende que el patrón monetario libre, con el oro y las letras de cambio, haya sido ignorado e incluso despreciado por todos aquellos que sólo confían en enfoques prestados de la Mecánica que excluyen a todas luces la conducta y la acción humana como la Teoría Cuantitativa del dinero.

La cantidad no es lo importante

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Los teóricos cuantitativistas sostienen sin ruborizarse que el valor del dinero depende únicamente de su cantidad y de una mística velocidad de circulación. La calidad de ese dinero es indiferente; poco importa si en una misma sociedad circulan cinco mil monedas de oro o cinco billetes de papel inconvertible. Su valor será idéntico.

Para estos economistas, el dinero surge como una especie de acuerdo social consciente, generalmente sancionado por el gobierno. No es necesario, por tanto, que el dinero tenga algún valor anterior, basta con que la gente sepa que todo el mundo lo aceptará. Sin embargo, este argumento tiene un grave error. ¿Por qué alguien va a aceptar como contrapartida de unas mercancías valiosas un bien que no vale nada? Desde luego los cuantitativistas responderán que el valor del dinero procede de la certeza de que si yo lo acepto otro lo aceptará más tarde, pero, ¿cómo puedo tener esa certeza? ¿Quién finalmente va a estar dispuesto a quedarse con un bien desprovisto totalmente de valor? Al final, los cuantitativistas caen en un círculo vicioso: el dinero circulará porque circulará (o, en el peor de los casos, porque el Estado pondrá “todos los medios a su alcance” para que circule por la fuerza).

En realidad, todo dinero para que empiece a circular debe tener un valor como mercancía. En este sentido, el papel moneda no es más que una promesa de pago, en cuanto a tal no tiene ningún valor, lo mantiene mientras continúe ligado a la auténtica mercancía.

Si los empresarios consideran que existe una perfecta convertibilidad entre el papel y su respaldo dinerario, entonces el papel será aceptado como si se entregara la mercancía, sin ningún tipo de descuento. Pero una vez se pierda la confianza en esa convertibilidad, el mercado aplicará un descuento y los precios subirán: el dinero pierde calidad en tanto se desvincula de la mercancía realmente líquida.

Esto nos permite adelantar una consecuencia importante. A diferencia de las afirmaciones cuantitativistas, no todo aumento en la cantidad de dinero supone inflación. Recordemos que el dinero es un bien económico más y que, por tanto, su incremento nos enriquece. Una sociedad que disponga de más oro es una sociedad más rica; de la misma manera que lo es una sociedad con más televisores o más frigoríficos.

Ahora bien, esto no significa que una sociedad con más promesas de pago no respaldadas (con más dinero fiduciario) sea una sociedad más rica. Como ya hemos dicho, si los empresarios intuyen que la vinculación entre el billete y la mercancía que lo respalda se ha debilitado (es decir, que cada billete representa una cantidad menor de mercancías) le aplicarán un descuento. Es decir, cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero fiduciario aumenta el número de promesas impagadas, de fraudes circulantes.

Pero, en todo caso, quede claro que la cantidad de dinero (de auténtico dinero) no es importante en tanto su calidad no se vea afectada; es más, en ocasiones será necesario incrementar la cantidad de medios en circulación (por ejemplo a través de las letras de cambio) para mantener la calidad del dinero.

Así pues, a diferencia de lo que afirman los cuantitativistas, los precios serán más elevados allí donde haya una pequeña cantidad de dinero no respaldada que donde haya un gran cantidad pero respaldada. Y es que, desgraciadamente, algunos todavía no han insertado el análisis subjetivista de la economía en la teoría monetaria.

¿Cuánto estás dispuesto a dar a cambio de algo que no vale nada? Nada; por muchos monarcas que tenga impresos.

Bajos costes, altas tasas

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

La consigna es de una claridad meridiana: si un tren se accidenta en Inglaterra es por culpa de la privatización de los servicios ferroviarios; en cambio, si el tren se accidenta en Francia, en Alemania o en España, se debe a una mala jugada del destino que se solucionará con mas inversiones públicas. Así, cuando una unidad 125 de la Alta Velocidad británica se estrelló a la entrada de una estación londinense en 1997 causando 6 víctimas mortales todos se echaron la mano a la cabeza acusando a Margaret Thatcher de ser la responsable del desastre. Un año después, el tren de alta velocidad alemán, conocido como ICE, descarriló en un pueblo de la Baja Sajonia y se llevó por delante, además de un puente, la vida de 103 personas. Entonces no pasó nada. Nadie culpó a la Deutsche Bahn, empresa que gestiona los ferrocarriles alemanes, de la tragedia y, naturalmente, nadie puso en duda la titularidad pública de la misma. Todo lo más que hicieron los poderosos sindicatos de la elefantiásica DB fue pedir más dinero al contribuyente para garantizar la seguridad de las líneas, especialmente de las de alta velocidad, agujero negro por donde se van cantidades ingentes de dinero público.

Son los dos raseros con los que se mide un accidente y, a pesar de chocar la comparación, se siguen aplicando sin rubor. Este verano hemos asistido a tres accidentes aéreos de las llamadas líneas de bajo coste. A cada uno le ha sucedido idéntica letanía: los vuelos baratos son inseguros, los propietarios de estas empresas son unos avariciosos que juegan con la vida de sus clientes y, el corolario final e inevitable, si no se interviene ya mismo y se les prohíbe volar en los próximos años habremos de lamentarnos de más y más víctimas. ¿Qué hay de cierto en ello? Nada, absolutamente nada. Las líneas aéreas de bajo coste tienen los mismos accidentes que las demás, es decir, pocos, casi ninguno si tenemos en cuenta la cantidad de operaciones diarias en todos lo aeropuertos del mundo. De hecho, las principales low cost europeas, aerolíneas como Easy Jet, Ryanair o German Wings, jamás han sufrido un accidente aéreo y eso que, para ser rentables, han de tener sus aparatos continuamente volando. Eso, claro, no se dice, y se oculta también que los aviones más siniestrados suelen ser los transportes militares, de gestión o contratación pública.

El hecho es que, gracias a estas aerolíneas, campeonas de la eficiencia que contienen sus costes operativos hasta el extremo, millones de personas alrededor del globo pueden hacer ahora algo que antes les era, simplemente, imposible: volar. En Europa, en concreto, las compañías de vuelos baratos se han reproducido como hongos. Las contenidas dimensiones del continente y la política de cielos abiertos auspiciada desde Bruselas ha posibilitado que Madrid y Colonia se encuentren a sólo 19 euros de distancia o que viajar de Londres a Roma sea más económico que tomar un taxi en la ciudad de Támesis. Ser eficientes y, como consecuencia, llevarse a los clientes de calle les ha puesto en contra a muchas de las antiguas compañías europeas de bandera. Las Air France, Alitalia o Iberia no escatiman diatribas e insidias contra sus competidoras, simplemente porque lo hacen mejor que ellas. Luego, sin que se note demasiado, se encargan de imitarlas con desigual fortuna.

Los enamorados del Estado máximo y de los monopolios públicos se han aprovechado de la corriente y afilan sus dientes contra el emprendedor que procura, por encima de todo, hacerse rico sirviendo a sus clientes. Lo primero que sale de su boca es la vieja cantinela ecologista que culpa del calentamiento global al aumento del tráfico aéreo. Eso, lógicamente, no llega al corazón de los viajeros por lo que afinan sus argumentos recurriendo al bolsillo. Dicen que los precios no son tan bajos, que se trata de ofertas que sólo son válidas para un par de asientos. Cierto, los precios de salida son los que son, demasiado bajos, pero no lo es menos que si ahora hay dos plazas a 20 euros antes no había ninguna. Eso prefieren omitirlo. El otro caballo de batalla es la seguridad. Piden más inspectores, más funcionarios y más tasas para mantener a raya a esos “piratas” aéreos. Con tanto lloriqueo y una sostenida campaña en Bruselas a favor de sus intereses lo están consiguiendo. No es extraño ver en el desglose de un billete que las tasas son mayores que el precio del vuelo. La próxima vez que tome un avión fíjese bien dónde va su dinero, se sorprenderá al constatar que una buena parte va a parar a ociosos organismos oficiales. ¿Quién es el avaricioso?

Democracia, impuestos y socialismo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

En su obra The political order of a free people (1976), Hayek advirtió de que “la democracia actual es la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público”. En el caso español, el paso de la dictadura de Franco a la democracia supuso que en sólo seis años el gasto público se cuadruplicara en términos nominales. La reforma del IRPF de Fernández Ordóñez y la creación de las autonomías, máximas conquistas democráticas en el orden económico y político, provocaron un incremento de fondos en manos del Estado sin parangón en la historia del país.

En la actualidad el gasto público total español ronda en torno al 40% del Producto Interior Bruto y eso después de que los gobiernos de Aznar redujeran su peso relativo, que durante el felipismo sobrepasó ampliamente el 50%. En otras palabras, el Estado se incauta actualmente de casi la mitad de la riqueza nacional para realizar sus funciones, que en un régimen de partidos giran necesariamente en torno a la satisfacción de los deseos de sus clientelas políticas pues, en democracia, no interesa tanto el bien común como el ganar las elecciones.

La situación se agrava cuando los gobiernos están sostenidos por una mayoría minoritaria, como ocurre actualmente en el caso de España, pues entonces la necesidad de compensar los apoyos parlamentarios de las minorías se traduce en un incremento de las transferencias de fondos con destino a sus respectivas clientelas. El caso del PSOE y ERC, por evidente, nos exime de insistir en este extremo.

La experiencia, el sentido común y los economistas solventes nos dicen que el desarrollo económico de un país se produce a través de una elevada inversión privada, bajos impuestos y equilibrio presupuestario. La voracidad fiscal de PSOE, consecuente con su condición socialista, continúa reduciendo el peso del sector privado, amenaza con una subida de impuestos que ya empieza a tomar carta de naturaleza en los presupuestos del año próximo y no contribuye al sano equilibrio presupuestario que hasta los responsables comunitarios han dejado de exigir con carácter imperativo.

A comienzos del Siglo XIX el gasto público estaba en torno al 8%. Hoy en día, los países democráticos conviven con una incautación estatal de riqueza de casi la mitad del producto nacional. Sin embargo, el desempleo está en los niveles más altos de la Historia, la deuda pública se sitúa en niveles astronómicos y la seguridad social está de hecho en bancarrota. La solución a estos problemas que propugna el régimen de partidos es mayor intervención estatal, con lo que se entra en un círculo vicioso de final necesariamente desastroso. El doctor democracia ha agotado su farmacopea. Es hora de la cirugía.