El incremento de los aranceles decretado por el presidente Trump y las represalias fiscales de otros estados y bloques económicos (UE) trae a la actualidad la bien conocida retórica bélica en los asuntos económicos.
¿Qué es el arancel?
Es un impuesto estatal que grava la entrada de mercancías a un territorio.[1] Frente a un incremento del arancel, el importador tiene dos opciones: a) No repercutirlo a su cliente y asumir una reducción del beneficio. b) Trasladar toda o parte de la subida al precio final del producto, lo que supone inexorablemente una reducción en el número de unidades vendidas.
Cada importador buscará la mejor forma de encajar el rejón arancelario. En última instancia, cualquier impuesto —IVA, arancel, IRPF, sociedades— de forma inmediata o diferida, reduce (violentamente) el consumo del individuo y, por tanto, su nivel de vida. El gobierno, en cambio, aumenta el ingreso fiscal para su propio interés: consumo y reparto del botín fiscal.
No nos dejemos engañar con eslóganes patrióticos y proteccionistas. El arancel no mejora la economía de la nación, sino la del propio gobierno y la de específicas empresas menos eficientes que sus competidoras extranjeras. La guerra comercial no se produce entre naciones, tal y como muestra la retórica política. La única finalidad del arancel es la confiscación, es decir, el robo, pero los gobiernos emplean diferentes subterfugios para engañar a la población. Según Rothbard (2009: 1102): «Los argumentos a favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan demostrar que los consumidores del área protegida no son explotados por el arancel».
También existen aranceles locales, por ejemplo, en Canarias, tenemos el Arbitrio Insular a la Entrada de Mercancías (AIEM), popularmente conocido como «impuesto revolucionario». Otro engaño es llamar «tasa» a lo que es simple y llanamente otro impuesto más, por ejemplo, la tasa turística (Cataluña y Baleares) grava las pernoctaciones y tiene las mismas consecuencias económicas que un arancel: reduce el consumo de los turistas a la vez que los desvía a otros destinos.
America First
Primero, es falso afirmar que el arancel defienda la (en singular) industria nacional. El arancel solo beneficia a específicas empresas que son protegidas de la competencia de productos foráneos, mejores y/o más baratos. Estos últimos no nos «atacan», al revés, nos benefician. Segundo, combatir la salida (o entrada) de empresas de un país es otro error porque la «deslocalización» de industrias no es otra cosa que la «mejor localización» del capital, algo que produce un doble beneficio: abarata la producción a la vez que aumenta los salarios en los lugares de destino. El retorno de las fábricas a EE.UU., tal y como pretende el presidente Trump, reducirá los beneficios de la división internacional del trabajo, perjudicando principalmente a los consumidores estadounidenses, pero también los de terceros países.
El tercer error es interferir la movilidad laboral internacional. Los flujos migratorios se producen en sentido contrario al del capital: los trabajadores se desplazan hacia países más capitalizados, donde obtienen mejores salarios; por su parte, los países receptores aumentan la disponibilidad del recurso más escaso: la mano de obra.
Balanza comercial «desfavorable»
El mercantilismo (S. XVI al XVIII) fue una doctrina económica que afirmaba que la riqueza de una nación consistía en la acumulación de metales preciosos (oro y plata). Si un país quería enriquecerse, era preciso que las exportaciones superaran a las importaciones, algo que los gobiernos fomentaban gravando las importaciones (aranceles) y subsidiando las industrias locales. Este es el origen teorético e histórico de la mítica balanza comercial «favorable o desfavorable», error mercantilista que, por desgracia, todavía goza de gran popularidad. Como dice Rothbard (2009: 1102):
«’Desfavorable’ es un término engañoso porque cualquier compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento». En otras palabras, cualquier situación de la balanza comercial siempre es favorable para quienes intercambian y carece de lógica económica pretender equilibrar cualquier balanza: bilateral, regional o global. Veamos su futilidad: ¿A alguien le importa la balanza comercial entre África y Oceanía, entre Galicia y Aragón o entre Getafe y Leganés? Y si analizamos la balanza comercial de un empleado, será «favorable» con su empleador y «desfavorable» con todos sus proveedores de bienes. ¿Acaso no sería absurdo intentar equilibrarlas?
Guerra comercial
La expresión «guerra comercial» es un oxímoron: la guerra es violenta, el comercio es pacífico. Según Mises (2011: 969): «La economía de mercado presupone la cooperación pacífica». Las empresas no combaten ni luchan a muerte entre sí, sino que compiten satisfaciendo cumplidamente las necesidades y deseos de los consumidores. La mal llamada «guerra comercial» no es un fenómeno mercantil, sino político. Son los gobiernos, no los comerciantes, quienes restringen el comercio internacional mediante impuestos y regulaciones. Al oír «guerra comercial», el hablante común cree que su gobierno se defiende (siempre es otro el que ataca) con represalias fiscales.
Por ejemplo, EE.UU. afirma que se defiende del proteccionismo sui generis que practica la Unión Europea: tasa “Google” y multas millonarias a grandes corporaciones como Meta, Amazon o Intel. Los beneficiarios directos de la escalada arancelaria son los respectivos fiscos, que aumentan su ingreso a expensas de los consumidores. Bajo la apariencia de un conflicto de intereses entre estados, la guerra comercial es un excelente negocio para ambos gobiernos. Y si la propaganda gubernamental es efectiva, el político obtiene respaldo (votos) de los mismos ciudadanos a quienes esquilma con el arancel.
Pegarse un tiro en el pie
Los efectos perversos del intervencionismo están claramente identificados por la teoría económica. La subida de aranceles no afecta solamente a productos de consumo final, sino también a las materias primas, componentes y productos semielaborados foráneos que deben ser importados por los fabricantes locales a precios más elevados. En 2018, la «protección» arancelaria causó a Ford pérdidas por $1.000 millones y hoy Tesla se enfrenta a un aumento de costes debido al arancel sobre las baterías chinas. «Pegarse un tiro en el pie» significa hacerse daño a sí mismo, pero Trump y el resto de gobiernos no apuntan a su propio pie, sino a los pies de los consumidores.
Bibliografía
Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Rothbard, M. (2009). Man, Economy, and State with Power and Market. Alabama: Ludwig von Mises Institute.
El apagón energético del 28 de abril en España ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema eléctrico excesivamente centralizado y regulado. Lejos de ser un incidente aislado, esta falla es una consecuencia directa de la intervención estatal en el mercado energético, que ha generado rigideces e ineficiencias.
La electricidad en España opera bajo un modelo de concentración, donde el Estado y unas pocas empresas reguladas monopolizan la generación, distribución y comercialización de la energía. Esta estructura impide una competencia real y dificulta la capacidad del sistema para adaptarse a imprevistos, dejando a millones de ciudadanos vulnerables ante fallos masivos.
Todo sistema es falible. Pero un fallo en un sistema descentralizado no provoca un problema generalizado. De vez en cuando, hay fallos en redes sociales y servicios digitales. Plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram han sufrido caídas globales en el pasado, pero, debido a la descentralización de servidores, algunos usuarios pudieron seguir accediendo mientras otros experimentaban interrupciones. Y, aunque Instagram deje de funcionar unos minutos, otros servicios, como YouTube, no fallan.
El sistema eléctrico español antes de la centralización
España no siempre operó bajo este modelo rígido. Antes de la creación de Red Eléctrica Española, el país contaba con un sistema descentralizado que permitía una mayor flexibilidad y adaptación ante imprevistos. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Veamos su estructura antes de la centralización.
Esta estructura permitía una mayor competencia, evitando los problemas derivados de un monopolio estatal. Y, sobre todo, una mayor adaptación a las necesidades y características locales: donde había un salto de agua, se instalaba una hidroeléctrica; pero donde no había salto de agua y sí carbón, se creaba una central térmica. Un fallo en un punto de la red sólo afectaba a esa zona y no dejaba a España sin luz.
Diversidad de empresas y competencia en el mercado
Durante los años 60 y 70, el sector eléctrico español estaba compuesto por una variedad de empresas privadas y públicas que operaban de manera independiente. Este modelo descentralizado permitía que cada empresa optimizara sus recursos y respondiera a las necesidades específicas de su región, sin depender de una planificación centralizada.
La descentralización del sistema eléctrico tenía ventajas clave:
Menor riesgo de apagones generalizados, ya que un fallo en una zona no afectaba al resto del país.
Mayor innovación, con empresas compitiendo por mejorar la eficiencia y reducir costos.
Adaptación a las necesidades locales, permitiendo el desarrollo de infraestructuras específicas para cada región.
El modelo descentralizado que predominó en España durante los años 60 y 70 demostraba una capacidad de resistencia a errores superior, ya que los fallos eran localizados y no afectaban a toda la red nacional. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Felipe González (1982-1996), se inició un proceso de centralización y monopolización que alteraría por completo el mercado energético. En este contexto, surgieron dos actores clave: la creación de Red Eléctrica Española y la transformación de ENDESA en Grupo ENDESA.
El origen y evolución de Red Eléctrica Española y ENDESA bajo el gobierno de Felipe González
ENDESA fue fundada en 1944 como una empresa estatal dedicada a la generación y distribución de electricidad. Aunque era pública, permitía operar a otras compañías, tenía una producción descentralizada y generaba servicios añadidos. Por ejemplo, en Teruel, explotaba la central térmica de Andorra y creó la línea ferroviaria Escatrón-Andorra, uniendo estos dos pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel, respectivamente.
Incluso otras empresas públicas operaban en el mercado energético español, como la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) o la Empresa Nacional Carbonífera del Sur.
En 1983, sólo un año después de la llegada de Felipe González a la presidencia del Gobierno, ENDESA pasó a ser Grupo ENDESA, adquiriendo gran parte de su competencia, tanto pública como privada. Ese año, la empresa pública absorbió empresas como Unión Eléctrica de Canarias, que operaba de forma privada desde 1930; Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que operaba con capital privado desde 1911, aunque su germen, Electra Peral Zaragozana, fue fundada por Isaac Peral en 1893; y empresas públicas como ENHER y la Empresa Nacional Carbonífera del Sur.
Posteriormente, y siendo todavía pública (ya que ENDESA no se privatizó totalmente hasta 1998), fue adquiriendo otras empresas como Viesgo, que operaba desde 1906; FECSA, desde 1951, aunque su origen, la Sociedad Española de Electricidad, operaba desde 1881; o la Compañía Sevillana de Electricidad, desde 1894.
Ver los nombres de esas empresas y sus fechas de fundación nos da una idea de la descentralización, longevidad y estabilidad del mercado energético español. Empresas que han sobrevivido a diferentes formas de gobierno, a la Guerra Civil, incluso, algunas, al desmembramiento estatal con la independencia de Cuba, pero que no han podido sobrevivir a la intervención estatal.
Lo que sí se disgregó de ENDESA bajo el PSOE fue Red Eléctrica Española, separando producción y comercialización por un lado, y transporte energético por otro.
Red Eléctrica Española: la centralización y estatalización de la red de transporte
Red Eléctrica Española fue creada en 1985 con el objetivo de gestionar y operar la red de transporte de electricidad en España. Antes de su fundación, el sistema eléctrico estaba descentralizado, con múltiples empresas gestionando la transmisión de energía, organizadas de forma espontánea en compañías como las ya mencionadas.
El gobierno de González impulsó la creación de REE como una empresa pública con el propósito de garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y mejorar la planificación del sistema energético. Poco después, REE se convirtió en el operador único de la red de transporte, monopolizando la interconexión entre las distintas regiones del país.
Una sociedad estatal que, como siempre ocurre en estos casos, sólo sirve para que ostente su presidencia alguien del partido del gobierno. En este caso, Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Zapatero y actualmente con un sueldo de medio millón de euros anuales, y con seis de los doce miembros de su consejo pertenecientes al partido del Gobierno.
Pero esto no es el problema; sólo es la consecuencia natural de una empresa pública. Lo problemático es creer que un sistema de planificación central pueda funcionar, y cómo este pensamiento afecta al libre ejercicio de la función empresarial.
Monopolios y falta de incentivos para la eficiencia
El monopolio estatal o cuasiestatal en la gestión de la red eléctrica ha llevado a una falta de incentivos para mejorar la infraestructura y garantizar un suministro estable. La ausencia de competencia significa que las empresas no tienen presión para optimizar costos ni para invertir en tecnologías que prevengan fallos masivos.
Los monopolios creados o protegidos por el Estado tienden a ser ineficientes, ya que no enfrentan la disciplina del mercado. Ni tienen el sistema de incentivos que ofrece el mercado ni pueden calcular de forma eficiente los precios.
Cuando el sistema era descentralizado, múltiples actores competían por ofrecer el mejor servicio, reduciendo la probabilidad de fallos sistémicos. Un fallo en una zona no afectaba a otras.
Regulación excesiva y obstáculos a la descentralización
Las políticas energéticas en España han favorecido la intervención estatal e impuesto regulaciones que dificultan la entrada de nuevos competidores. La burocracia y las restricciones a la generación descentralizada han impedido el desarrollo de alternativas como redes locales, generación distribuida y sistemas de almacenamiento independientes.
El apagón del 28 de abril es un recordatorio de los peligros de la centralización y el monopolio en sectores estratégicos. La solución no pasa por más intervención estatal, sino por una liberalización del mercado energético, permitiendo la competencia y la innovación. Un sistema descentralizado, basado en la libre empresa y la propiedad privada, garantizaría un suministro más estable y eficiente, evitando que millones de personas queden a oscuras por fallos en una estructura rígida y controlada por el Estado. La historia nos demuestra que los mercados libres, cuando se les permite operar sin trabas, generan soluciones más robustas y adaptables. Es hora de aplicar estos principios al sector energético y evitar que la intervención estatal siga poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos.
Un problema mental… o no
Otro de los efectos perversos de los mercados regulados es que los agentes económicos no destinan recursos donde serían más útiles, sino donde hay menos trabas burocráticas o mayores subvenciones, desincentivando la innovación y la eficiencia.
En el sector energético, esto se traduce en distorsiones evidentes, como la sobreinversión en tecnologías subvencionadas con alta intermitencia, como la energía solar, mientras se bloquea la entrada de soluciones más robustas y autosostenibles. Pero el problema va más allá. Hay obstáculos burocráticos que generan servicios incompletos y que, lejos de mejorar el mercado, lo hacen más ineficiente:
Empresas que venden sistemas energéticos “integrados” pero que obligan al usuario a gestionar múltiples aplicaciones desconectadas.
Instaladores que ofrecen autoconsumo pero sin la opción de compartir excedentes, limitando el potencial del ahorro colectivo.
Comercializadoras que imponen precios abusivos en la compra de excedentes, aprovechando la falta de competencia real en el mercado.
Sin embargo, dentro de este entorno hostil surgen oportunidades para quienes deciden actuar. El próximo 7 de mayo, la Asociación Liberal de Estudiantes publicará el informe “Luz a cero”, que analiza estrategias para reducir drásticamente la factura energética, e incluso eliminarla por completo. En él se presentan modelos de negocio como:
Spock: una plataforma de compras colectivas de gas y luz que consigue precios realmente ventajosos al sindicar un gran volumen de consumidores.
Cooperativas Energéticas: una consultora especializada en la puesta en marcha de cooperativas energéticas, que está teniendo un gran éxito en Aragón.
Green Data Chain: minado de bitcoin con energía producida con purines de cerdos. Una forma de solucionar el problema de la evacuación de esos residuos y convertirlos en un activo.
Wott: que ofrece participaciones en cooperativas energéticas, permitiendo que los clientes reduzcan su factura a cero y, al mismo tiempo, apoyen a familias en situación vulnerable con bonos de energía gestionados de forma descentralizada.
Con el objetivo de inspirar a más emprendedores y fomentar la competencia en el mercado energético, mis siguientes artículos en el Instituto Juan de Mariana analizarán modelos de negocio que desafían la planificación centralizada.
El apagón del 28 de abril ha sido una tragedia, pero también una advertencia. Es el momento de cuestionar la planificación central y de reclamar un mercado verdaderamente libre y descentralizado.
Los ciudadanos tienen dos opciones: dejar la producción energética en manos de burócratas o tomar el control de su propia energía, convirtiéndose en propietarios de los medios de producción y distribución para construir un sistema más sólido, resistente y descentralizado.
Este 28 de abril de 2025, la población española sufrió un evento sin parangón. El suministro eléctrico del país se vio coartado, por lo que un apagón apareció como consecuencia. Pero para ver que es lo que realmente ocurrió, tenemos que recurrir a analizar los pocos datos que se nos están facilitando las administraciones y corporaciones envueltas en esta polémica. Si recurrimos al gráfico del mercado de la red eléctrica peninsular que nos facilita en su web Red Eléctrica de España vemos lo siguiente:
Podemos ver representadas varias series de datos. Debemos prestar atención especial a dos de las líneas: a la serie roja y la amarilla. Por un lado, la serie roja representa la demanda programada de energía en el mercado español peninsular, podemos tratarlo como la demanda peninsular por suministro eléctrico para facilitar el entendimiento. Por otro lado, la serie amarilla representa la capacidad de demanda satisfecha en cada momento. Esta serie debe de ser entendida como la oferta de suministro o la capacidad de generación energética suministrable a la red eléctrica.
Como podemos apreciar en el gráfico, y como nos comunica el presidente de la nación Pedro Sánchez, a las 12:33, la cantidad de energía ofertada sufrió un desplome inmenso. Siguiendo la comparecencia realizada por el presidente del gobierno cerca de la media noche, «15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema en apenas 5segundos. (…) Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento.» Tras estas palabras el presidente nos informa de que las causas aún están siendo investigadas.
En lenguaje común, lo que ha ocurrido en España es un “corto”. Es lo equivalente a que en una casa salten los plomos, pero a nivel nacional. En esta situación siempre cabe la posibilidad de pensar en conspiraciones gubernamentales y corporativas para forzar cierto pensamiento en la población. Cabría pensar a su vez en ciberataques externos hacia nuestra red, pues esta estructura recibe numerosos ataques a diario que siempre son neutralizados pudiendo haber ocurrido que uno fuese exitoso. Sin embargo, esto último es extremadamente poco creíble, y según Red Eléctrica de España ya ha sido descartado, debido a las medidas de seguridad vigentes. Por lo que, si fuese un ataque consistiría en una organización igual o más potente que un Estado extranjero o quizás un sabotaje por parte de la inteligencia de otros estados. Entre los principales sospechosos podrían estar Israel y EE. UU debido a la capacidad técnica de inteligencia mostrada en el pasado. También podemos dejar de lado a países que no ganarían nada con este movimiento como Rusia. Sin embargo, el ataque es solo una posibilidad más.
Si algo caracterizó al día de ayer es el sol. Las placas fotovoltaicas y los aerogeneradores, al contrario de la energía hidroeléctrica, la nuclear o el ciclo combinado (gas), no son capaces de surtir adecuadamente cambios en las características dinámicas del mercado en frecuencia e inercia. Esto se debe a su funcionamiento por inversores electrónicos mientras que la hidroeléctrica y compañía usan turbinas, mucho más estabilizadoras. La excesiva dependencia de la energía fotovoltaica introdujo fragilidad al sistema facilitando que por un evento aislado el sistema cayese. Otras naciones como Francia no sufrieron este riesgo debido a su potencia nuclear instalada, lo que hace replantearse el sistema energético español.
La última posibilidad que debemos tener en cuenta es un fallo humano o interjección de la naturaleza. En Italia en 2003, un apagón general similar al español ocurrió y el culpable señalado fue un árbol caído que dañó una de las líneas en Suiza de donde se conseguía gran parte del suministro. Esto hizo que otras líneas de importación se sobrecargasen y fallasen por ello provocando una caída del sistema. Algo similar podría haber pasado en España con relación al suministro de alguna de las grandes centrales generadoras, produciendo el cortocircuito señalado.
La causa deberá ser esclarecida por los grupos de investigación movilizados en las próximas horas o días para solucionar el problema y evitar que vuelva a producirse el apagón. Pero, hay una cuestión que debemos de analizar en esta situación. ¿Por qué un hecho localizado en una región ha producido un problema nivel nacional peninsular al completo?
Las zonas afectadas han sido la España peninsular, Portugal por su gran conexión eléctrica con España, Andorra y el sur de Francia por razones similares a Portugal. La razón de por qué el problema no ha migrado aún más lejos que al sur de Francia es porque hay una distinción entre la estructura peninsular y la estructura francesa, esto evita que haya dependencia en París de lo que pueda ocurrir en Lepe. Si una línea en Lepe fallase por cualquier cuestión, París no va a apagarse. Esto es la descentralización del sistema eléctrico. Seamos más concisos. ¿Debería depender Palos de la Frontera de lo que ocurra en Girona?
En la actualidad, la respuesta del sistema eléctrico es que sí, pues esto es lo que ha pasado en el lunes negro por el apagón. Pero la intuición rápidamente nos dirá que, si una línea de cables entre Girona y Lleida falla, los que deberían de ser afectados son los habitantes de esas dos regiones como mucho, no los onubenses de Palos de la Frontera ni los asturianos de Avilés de igual forma. Esta es la descentralización eléctrica como un método de defensa más, esta vez estructural. ¿Es verdaderamente necesario que toda la red de la península ibérica dependa de toda la península ibérica a la vez? Quizás deberíamos empezar a poner defensas que eviten que ocurra un caos tan grande a nivel nacional. Si cada localidad (o conjunto de ellas) tuviese una red independiente de los problemas de otras, lo que ocurrió ayer no habría ocurrido porque sería imposible tumbar decenas, cientos o miles de redes a la vez. Recordemos que esto ya pasa, Baleares y Canarias van por libre.
Y esto no implica que las redes no estén conectadas entre sí pues España y Francia están conectadas eléctricamente y nos suministramos energía mutuamente cuando es necesario. Es la descentralización eléctrica la que debería de regir como método de defensa y de mejor organización. No hay razón aparente de que España actúe como una gran residencia donde, cuando saltan los plomos, se va la luz en todos lados. Debemos actuar como una gran villa, donde, si por desgracia un vecino sufre un apagón en su casa, estén los vecinos, amigos y familiares cerca para ayudar. Y esto es lo que se ha visto el 28/04/2025 por toda España, ciudadanos reuniéndose en casas de otros ciudadanos amables que ofrecen sus cocinas de gas o radios a pilas para acabar con el sufrimiento del apagón.
Y es que el pueblo español es naturalmente amable y empático. Si esto que hemos visto a escala local, o incluso personal, lo vemos adecuado, es razonable e incluso lógico que se aplique en una escala provincial, autonómica y nacional. Porque, el hecho de que nuestros pueblos rurales organicen su electricidad y no dependan de lo que en las ciudades decidimos, no nos hace menos hermanos. No nos hace menos españoles el estar dirigidos por distintas personas. De hecho, podría ser hasta más eficiente pues los locales saben solucionar mejor los problemas locales que los gobiernos nacionales. Los gobiernos no tienen tanta información sobre Salamanca como los salmantinos por lo que, si quisiesen organizar ellos todo, lo harían sin información y con costes de organización nacionales excesivos.
Por ahora, el gobierno tendrá que buscar el árbol caído, la estación defectuosa o el lugar donde se produjo el ataque por un total de casi 500.000 km2 de territorio peninsular con unos costes de organización muy altos. Si esto solo hubiese ocurrido en Baleares tendrían que buscar la fuente del apagón en tan solo 5.000 km2 con unos costes de organización menores.
En conclusión, centralizar la organización eléctrica probablemente sea un error. Nos hace vulnerables en conjunto a un fallo o ataque e ineficientes. Debemos organizarnos de forma más dispersa y actuar como los españoles ya nos han mostrado que saben actuar, de forma amable y cariñosa hacia el prójimo, esos son nuestros valores. Pero en la situación actual, esos valores nos los hemos saltado para hacer que una persona con poder nos organice como él quiere. Pero esa persona es un gigante con pies de barro, pues detrás de una estructura política inentendible, actúa contra lo que consideramos correcto.
Panamá vive bajo un régimen de dolarización desde 1904. Su constitución prohíbe explícitamente la emisión de papel moneda no convertible. En cualquier discusión sobre la dolarización, Panamá es un elemento imprescindible. Sin embargo, su sistema monetario es poco comprendido, especialmente desde una perspectiva histórica. Me ha resultado difícil encontrar una explicación concreta sobre cómo Panamá desarrolló su curiosa jurisprudencia monetaria o incluso sobre cómo exactamente llegó a dolarizarse hace tanto tiempo. En esta entrada, procuraré arrojar luz sobre ambos interrogantes.
Generalmente se asume que Estados Unidos impuso la dolarización en Panamá debido a la Zona del Canal de Panamá. Pero esto no es cierto. La verdadera historia es mucho más interesante. La publicación está dividida en dos grandes secciones:
Por qué Panamá prohíbe constitucionalmente la emisión de papel moneda
Por qué y cómo Panamá adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal
Primera parte – Por qué se prohibió el papel moneda
Panamá se separó de Colombia en noviembre de 1903. Pocos meses después, en febrero de 1904, se promulgó la nueva constitución panameña, que aún conservaba vestigios de la jurisprudencia económica colombiana. Como es de esperar, comprender por qué Panamá es hoy como es, exige adentrarse un poco en la historia monetaria colombiana de finales del siglo XIX.
Utopía en un banco
A mediados del siglo XIX, el panorama político colombiano estaba marcado (a grandes rasgos) por dos facciones ideológicas. Por un lado, estaban los federalistas, quienes impulsaban una mayor descentralización, siendo algo así como los libertarios pro-autonomía estatal de la época. Tras sucesivas revueltas, lograron hacerse con el poder y crearon los Estados Unidos de Colombia en 1863. Esta versión de Colombia estaba compuesta por varios estados autónomos, siendo Panamá uno de ellos. Sin embargo, las revueltas civiles entre facciones continuaron, y hacia 1880, Rafael Núñez, líder del bando centralista, alcanzó la presidencia. Núñez se oponía férreamente al federalismo y encabezó un movimiento conocido como La Regeneración, que portaba el lema «Una Nación, un Pueblo, un Dios». Se trataba de una ideología centrada en la unificación, la centralización y el control.
Núñez actuó rápidamente para centralizar el Estado colombiano, transformando todos los estados previamente autónomos en departamentos administrados desde Bogotá (la capital). Núñez, junto con Miguel Antonio Caro, su vicepresidente que lideraba buena parte de las operaciones gubernamentales, buscaba implementar diversos proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado. Pero en ese entonces, la economía colombiana estaba principalmente organizada en torno a principios bancarios libres, y los bancos privados no consideraban prudente prestar grandes sumas al gobierno de Núñez. Por lo tanto, se convocó al Congreso para crear un nuevo banco estatal (el Banco Nacional) y establecer una moneda nacional de papel.
Muchos colombianos eran escépticos frente a los nuevos pesos en papel. Para disipar estas dudas, Núñez realizó lo que equivalía a una gira nacional intentando convencer a la población de que aceptara esta moneda emitida por el Estado. Sin embargo, los círculos empresariales continuaron oponiéndose activamente al papel moneda del Banco Nacional.
En 1886, el gobierno de Núñez instituyó una regla monetaria conocida en la literatura histórica como el «Dogma de los 12 Millones», diseñada para dar confianza a la moneda de papel. Este principio pretendía impedir la emisión excesiva de dinero, limitándola a un máximo equivalente a tres veces los ingresos nacionales. En aquel entonces, la renta del país era de aproximadamente cuatro millones de pesos, así que esta nueva política monetaria establecía que la emisión de moneda en papel por parte del Banco Nacional no podía superar los doce millones de pesos.
Como era de esperarse, esta regla monetaria no se respetó. Los conflictos políticos entre facciones continuaron intensificándose, llegando finalmente a la Guerra de los Mil Días (1899–1902).
Tal como suele suceder en estos casos, el gobierno terminó financiando la guerra mediante la emisión descontrolada de papel moneda.
El historiador económico colombiano Enrique Caballero Escovar, en su obra Historia económica de Colombia, estimó que entre 1899 y 1903 se emitieron más de 831 millones de pesos en papel moneda, una cifra astronómica, muy superior al límite original de 12 millones. La inflación se disparó al 15,2 % en 1899, alcanzó el 66 % en 1900 y llegó al exorbitante nivel del 389 % en 1901, promediando aproximadamente 120 % hasta 1903.
Al finalizar la guerra civil, el nuevo gobierno colombiano promulgó el Decreto 217, que expresaba la intención explícita de eliminar la emisión de papel moneda (“por el cual se suprimen las emisiones del papel moneda”). Finalmente, se logró estabilizar la situación monetaria cuando el Congreso aprobó, en julio de 1903, una ley basada en dicho decreto, prohibiendo oficialmente la emisión de papel moneda por parte del gobierno central.
Trauma del alumbramiento
Los panameños se opusieron rotundamente a la centralización del Estado colombiano impulsada por la Regeneración de Núñez. Desde mediados del siglo XIX, Panamá había sido el estado más próspero de los Estados Unidos de Colombia, gracias en gran medida a la Panama Railway Company, que servía a numerosos viajeros que iban desde la costa este de Estados Unidos hasta California vía Panamá (una ruta más corta que atravesar el continente por tierra). Sin embargo, cuando Estados Unidos construyó su primer ferrocarril transcontinental, el número de pasajeros por la ruta panameña se redujo drásticamente. Además, la política de Núñez consistía en extraer más dinero del entonces Departamento del Istmo (Panamá) mediante impuestos más altos y controlando directamente sus excedentes fiscales, lo que inevitablemente generó profundo descontento.
Esta explotación económica, sumada a las consecuencias devastadoras de la Guerra de los Mil Días (con cierto «empujón» estadounidense), culminó con la separación de Panamá de Colombia en noviembre de 1903. Al momento del nacimiento de esta nueva nación, el trauma inflacionario estaba aún fresco en la memoria colectiva. Por ello, Panamá mantuvo la prohibición legal colombiana sobre la emisión estatal de papel moneda.
Curiosamente, la constitución colombiana también mantuvo esta prohibición hasta 1910, aunque después fue reformada (de forma poco acertada, por «money doctors» estadounidenses —un tema para otra publicación). Panamá, sin embargo, ha preservado este principio original colombiano hasta el día de hoy.
Interpretando con precisión los términos constitucionales
Ahora que conocemos el origen histórico de la cláusula que prohíbe emitir papel moneda en la constitución panameña, debemos comprender exactamente qué es lo que dice. Casi todo lo que se suele leer sobre este tema, incluso en textos de periodistas y políticos panameños, interpreta incorrectamente este punto. Se trata de uno de los aspectos más malentendidos y distorsionados en los fundamentos monetarios de Panamá.
Empecemos con la constitución original de 1904. En ella, el artículo 117 establece claramente que «no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso».
El término «curso forzoso» no es tan simple y debe explicarse cuidadosamente.
Primero, es común que tanto economistas como la población general malinterpreten el término «curso legal». En un breve pero esclarecedor artículo, Dror Goldberg (a quien entrevisté en mi podcast el año pasado) explica con precisión qué significa realmente «curso legal». Las leyes de curso legal existen para facilitar la resolución de contratos de deuda en aquellos casos en que las partes no han acordado previamente el medio de pago.
Para ilustrar esto con un ejemplo sencillo, supongamos que vives en México y contratas a una empresa de mantenimiento para reparar tu casa la próxima semana. En esta transacción, tú eres el comprador, y la empresa es el vendedor.
Una semana después, finalizado el trabajo, intentas pagar al vendedor 50 pesos mexicanos, pero el vendedor responde: «No, yo quería pesos filipinos». Ante tu negativa, el vendedor decide demandarte por incumplimiento del contrato al no haber cancelado la deuda según sus términos.
En este ejemplo, la corte fallaría a tu favor como comprador, dado que el contrato no especificaba un medio concreto de pago. Como toda la transacción tuvo lugar en México, se aplican las leyes locales de curso legal. Esto significa que la corte permitirá que pagues (ofrezcas o «tiendas») tus pesos mexicanos al vendedor, y dicho ofrecimiento constituirá una extinción legítima de tu deuda. Quedará en manos del vendedor aceptarlos o no, pero tú ya no tendrás obligación adicional alguna.
En cambio, si tanto el comprador como el vendedor hubieran especificado en el contrato que el pago se haría en pesos filipinos, las leyes de curso legal no aplicarían porque el medio de pago ya fue previamente acordado. En este caso, el comprador debería cancelar la deuda únicamente con el medio pactado, incluso si el contrato fue celebrado en México. Generalmente, los contratos pueden estipular cualquier medio de pago, siempre que dicho medio no esté expresamente prohibido por otra ley.
Volviendo ahora a los términos constitucionales de Panamá: cuando la expresión «curso forzoso» se interpreta correctamente, esta tiene dos aspectos fundamentales. Primero, implica que la moneda en cuestión posee poder liberatorio (como se denomina en la jurisprudencia local), es decir, el poder otorgado por ley para extinguir legalmente una deuda. Segundo, significa que dicha moneda no representa un derecho o reclamo sobre una reserva subyacente de oro o plata y no puede ser convertida a estos metales preciosos. Recordemos que, en 1904, el dinero «verdadero» aún se consideraba únicamente como oro o plata metálica. Así, el papel moneda de curso forzoso debería entenderse como papel moneda no convertible.
Que una moneda de papel sea convertible significa que está respaldada por activos subyacentes (en aquellos tiempos, habitualmente oro y/o plata), y que si uno quisiera, podría devolver la moneda al emisor y recibir a cambio el oro o la plata que la respalda.
Por lo tanto, para que quede absolutamente claro, la constitución panameña no prohíbe toda moneda de papel, sino exclusivamente aquellas que no sean convertibles.
Si Panamá quisiera emitir una moneda de papel propia, tendría que ser plenamente convertible en plata u oro. No podría estar respaldada únicamente por la buena fe del gobierno. A principios del siglo XX, la mayoría de las monedas de papel que gozaban de confianza pública tenían respaldo en oro —incluyendo el dólar estadounidense—. Esas monedas no se consideraban «papel moneda de curso forzoso», porque eran plenamente convertibles. En contraste, un claro ejemplo de moneda no convertible fueron los pesos de papel colombianos emitidos durante la administración de Núñez, que provocaron la fuerte inflación en la Guerra de los Mil Días, tal como vimos anteriormente.
Además, es importante enfatizar que la Constitución especifica claramente papel moneda. Esto significa que no prohíbe al gobierno emitir moneda metálica (monedas). De hecho, desde sus inicios hasta hoy, Panamá ha acuñado y circulado sus propias monedas de plata.
Cabe destacar que el Artículo 117 original de la Constitución de 1904 ha sido conservado en todas las constituciones posteriores, sobreviviendo incluso a diversos golpes militares y dictaduras. La Constitución vigente, promulgada en 1972 (con reformas posteriores), aún preserva íntegramente el principio y la prohibición originales, ahora bajo el Artículo 262:
ARTÍCULO 262. No habrá en la República papel moneda de curso forzoso.
(Constitución Política de Panamá, 1972)
Unidad de Cuenta
En Panamá existe una separación entre la unidad de cuenta y el medio de intercambio. La unidad denominada Balboaes otro punto que genera confusión cuando uno estudia el sistema monetario panameño.
Normalmente, el principio de «un país, una moneda» implica que todas las características de la interacción monetaria se expresan utilizando las mismas unidades.
Es decir, si el dólar estadounidense (USD) es la moneda de tu país (y de curso legal), entonces la unidad en que se mide el saldo de tu cuenta bancaria es el dólar, y lo que usas para intercambiar bienes también es denominado en dólares. Esto mismo aplica si estás en Francia y utilizas euros. Sin embargo, esta equivalencia no es obligatoria.
La «unidad de cuenta» es simplemente una medida estandarizada de valor, semejante a centímetros, kilómetros, etc. Dicho en términos sencillos, es la unidad en la que se mide el valor monetario registrado en tus cuentas.
Si alguien te pregunta por la longitud de una mesa y tú respondes simplemente «20», en realidad no has dado una respuesta clara. Necesitas incluir una unidad de medida concreta: «20 metros», «20 pulgadas», «20 centímetros», etc. Solo así proporcionas una respuesta precisa. Lo mismo ocurre con el dinero: decir que una cuenta tiene «20 gramos de oro fino» o «20 dólares estadounidenses» da una referencia clara y concreta sobre su valor.
En Panamá, la unidad legal para expresar el valor monetario de las cuentas se denomina Balboa (con el símbolo B/. o PAB). Esto ha sido así desde la fundación misma del país, establecido formalmente por la Ley 84 de 1904. Esto demuestra que no importa realmente qué nombre se le dé a una unidad de medida, siempre y cuando sus parámetros subyacentes estén definidos claramente.
Históricamente, un Balboa estaba doblemente definido: por una parte, como una cantidad específica de oro fino, y por otra, como equivalente a un dólar estadounidense (que en aquel entonces también estaba definido por un peso específico de oro). Si viajas hoy a Panamá, este punto puede generar confusión. Actualmente, en Panamá circulan monedas locales de plata (como siempre ha ocurrido), denominadas Balboas. Con el paso de los años se produjo un cambio lingüístico y las monedas locales comenzaron a ser llamadas «Balboas». Sin embargo, esto no debe confundir nuestra comprensión del desarrollo histórico original. De hecho, curiosamente, en zonas más rurales del país aún hoy es frecuente escuchar a panameños referirse a las monedas actuales como «pesos».
Otro dato relevante es que la constitución panameña no menciona explícitamente el estatus legal del dólar estadounidense. Solo el artículo 1171 del Código Fiscal panameño establece que los dólares estadounidenses (USD) son de curso legal en Panamá, no la constitución. Sobre esto volveremos más adelante.
Artículo 1171:
La unidad monetaria de la República de Panamá será el Balboa, o sea una moneda de oro con un valor de novecientos ochenta y siete y medio miligramos (0.9875) de peso ochocientos veintinueve milésimos (0.829) de fino, divisible en centésimos (100/100). El actual dólar de los Estados Unidos de América y sus múltiplos y divisiones serán de curso legal en la República, por su valor nominal en la moneda panameña respectiva.
— Código Fiscal de Panamá
Los billetes de siete días
La curiosa historia de los billetes de Arias es instructiva, especialmente porque subraya el concepto clave de la convertibilidadcomo la correcta interpretación jurídica. Durante un brevísimo período en 1941, Panamá tuvo su propia moneda de papel. Arnulfo Arias Madrid llegó al poder en 1940, encarnando al clásico caudillo latinoamericano, jingoísta y nacionalista (en términos modernos podríamos llamarlo populista).
Arias promovió una ideología política conocida como panameñismo, culpando de muchos males sociales del país a los «gringos» y «jamaicanos» (estadounidenses y afroantillanos procedentes del Caribe). Entre sus políticas más infames estuvo la de privar de la nacionalidad panameña a los hijos de inmigrantes chinos y afroantillanos cuyo idioma original no fuera el español. (Quizás recuerdes la decisión similar de República Dominicana en 2013, que retiró la ciudadanía a hijos de padres extranjeros hasta el año 1929, afectando principalmente a haitianos; la idea es similar.)
Como parte de sus políticas generales de panameñismo, Arias declaró que Panamá debía tener su propia moneda de papel. Esto se oficializó con el Decreto N.º 6 de 1941, publicado en septiembre de ese año. Poco después, el 2 de octubre, se emitieron los primeros billetes panameños.
Esta decisión marcó un hito en la historia monetaria panameña. La pregunta clave que surge aquí es si esta emisión fue constitucional. ¡Y lo fue! Porque los billetes emitidos bajo Arias eran plenamente convertibles.
El artículo 4 del Decreto decía expresamente:
«Por cada balboa emitido en papel moneda puesto en circulación por el Banco, éste deberá mantener una reserva efectiva de novecientos ochenta y siete y medio miligramos de oro…, o de un balboa en moneda nacional de plata, o su equivalente en moneda de los Estados Unidos de América…»
Estos billetes no constituían «papel moneda de curso forzoso», ya que estaban plenamente respaldados por reservas efectivas, esencialmente oro o moneda convertible en oro (el dólar estadounidense). Según la interpretación explicada en la sección anterior, podían ser emitidos constitucionalmente. Si, en cambio, no hubieran sido convertibles en oro o plata, o no fueran equivalentes directos del dólar estadounidense, entonces sí habrían representado un territorio constitucionalmente más dudoso.
Sin embargo, apenas siete días después, el 9 de octubre, el presidente Arias fue depuesto mediante un golpe de Estado, y el nuevo régimen transitorio inmediatamente suspendió la circulación de esta moneda de papel. Por esta razón, aquellos billetes panameños hoy se conocen popularmente como los «billetes de siete días».
En diciembre de ese mismo año, el nuevo presidente, Adolfo de la Guardia, ordenó que todos los billetes emitidos por Arias fueran quemados. (Algunos sobrevivieron y hoy se conservan como objetos de colección; incluso es posible comprarlos a través de ciertos coleccionistas y comerciantes de arte en Panamá). Este episodio ilustra con claridad el profundo rechazo cultural que existe en Panamá hacia la creación y circulación de una moneda local en papel.
Hasta aquí hemos visto por qué Panamá no posee actualmente su propia moneda de papel, así como los fundamentos jurídicos que sustentan la circulación del dólar estadounidense en el país. Pero surge una pregunta inmediata: ¿por qué específicamente el dólar estadounidense y no otra moneda extranjera igualmente sólida? Para comprender esto plenamente, debemos adentrarnos en la creación y la dimensión política de la Zona del Canal de Panamá.
El próximo domingo 18 de mayo, los polacos están convocados para votar en (la que puede ser) primera vuelta de las elecciones para elegir a un nuevo presidente de la República, después de dos mandatos consecutivos, que suman diez años, del saliente Andrzej Duda[1]. A estas elecciones se presentan 13 candidatos, quienes previamente tuvieron que presentar más de 100.000 firmas de respaldo ante la junta electoral nacional, tal como prescribe la Constitución polaca (Art.127.3) para postularse para el cargo.
Siguiendo la estela del imperfecto bipartidismo de los últimos veinte años[2], la última encuesta augura que los candidatos con más probabilidades de pasar a la segunda vuelta – pues parece improbable que alguno obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera, art. 127.4 – son el alcalde actual de Varsovia, Rafał Trzaskowski – con un 30’80 %, apoyado por la Coalición Ciudadana/KO del primer ministro Donald Tusk[3]– y Karol Nawrocki – con un 25’50 %, apoyado por el partido Derecho y Justicia/PiS.
La preselección de ambos candidatos adoptó distintas formas. Por una parte, en noviembre del año pasado la KO eligió a Trzaskowski en un proceso de primarias frente al ministro de asuntos exteriores, Radosław Sikorski. En cambio, el desconocido Karol Nawrocki[4] fue elegido por un comité ciudadano formado por académicos afines, a quien el PiS, por boca del omnipresente Kaczyński, anunció su apoyo en una “Convención Ciudadana” celebrada en Cracovia pocos días después.
En cualquier caso, este sistema de elección a doble vuelta permite la postulación de numerosos candidatos, incluidos los independientes, que suscitan variados puntos de vista. En algunos casos incluso se enfrentan políticos pertenecientes a la misma coalición. Es el caso de Szymon Hołownia, quién compagina el cargo de presidente de la Sejm (o cámara baja) con el liderazgo de Polska 2050, uno de los partidos del gobierno; O el de Sławomir Mentzen y Grzegorz Braun, ambos de la constelación de partidos nacionalistas y tradicionalistas, con algunos tintes liberales en economía, que articulan la Confederación Libertad e Independencia.[5] Por su parte, la izquierda canónica presenta dos caras: Magdalena Biejat del partido Izquierda Nueva, integrante del gobierno, y Adrian Zandberg del partido Razem (Juntos) acampado en una oposición marginal, pero influyente en ciertos medios de comunicación convencionales.
Entre los independientes destaca el periodista Krzysztof Stanowski. Promotor y presentador del Canal Zero, albergado en YouTube desde febrero del año pasado, ha conseguido más de millón y medio de suscriptores. Logró inscribirse como candidato con el propósito de burlarse de los aspectos más absurdos de la democracia[6], con un programa electoral medio en serio[7]. Al mismo tiempo que hace campaña electoral se desdobla como entrevistador de los candidatos que no hacen ascos a visitar su propio canal. En cierto sentido, un seguidor práctico de Bryan Caplan.
Sin embargo, a salvo de sorpresas de última hora, los candidatos respaldados por los partidos políticos parten con ventaja, frente a los independientes que prueban suerte o se promocionan socialmente. Aunque unas elecciones democráticas incitan al debate sobre los temas más diversos, conviene perfilar someramente qué funciones desempeña el presidente de la República polaca, para calibrar la trascendencia de estos comicios.
En este sentido, la Constitución le atribuye unas competencias que hacen del ejecutivo polaco un poder casi bicéfalo, en el que, pese a la preeminencia del primer ministro elegido en la Cámara baja (Sejm) se mezclan elementos del sistema presidencialista francés (la doble vuelta en elección directa) con otros característicos del alemán o el italiano – más simbólicos y protocolarios – y notas del norteamericano como la prolongada campaña electoral.
En general, el presidente ostenta la Jefatura del Estado y del Ejército, la representación del estado en las relaciones internacionales, y mantiene una cancillería adjunta con una estructura administrativa a su servicio (Art 143). Modera las potestades tanto del Parlamento bicameral como del Primer ministro, quien dirige la acción política del gobierno y comparte con el presidente la iniciativa legislativa de proponer leyes al Parlamento (Art. 144.3 CP)
De este modo, el presidente goza de una potestad de veto sobre las leyes enteras (no sobre aspectos concretos) aprobadas por el Parlamento. Esta suspensión puede alzarse si el Congreso vuelve a aprobar en segunda lectura la ley dada por una mayoría de 3/5 de los diputados (Art. 122.5 CP) Asimismo, puede plantear recurso ante el Tribunal Constitucional (art. 122.3 CP) contra las leyes aprobadas por el parlamento antes de firmarlas. Con el consentimiento del Senado, puede convocar referendos (art. 125.2 CP) y dispone también del derecho de gracia (Ar. 139) En asuntos de particular importancia, el presidente puede convocar al Consejo de Gabinete. Este Consejo se forma por el Consejo de Ministros reunido bajo su presidencia. El consejo de gabinete no tiene las competencias del Consejo de Ministros. (Art 141).
Algunos actos del presidente deben refrendarse por el primer ministro, pero el artículo 144.3 de la Constitución desglosa una significativa lista de actos para los cuales el presidente no precisa de ningún tipo de autorización. Nos encontramos, pues, ante un contrapoder. O, dicho de otra manera, ante una faceta del poder ejecutivo que emana directamente del voto popular frente al poder indirecto del primer ministro, que otorga la mayoría parlamentaria.
En cualquier caso, desde que Donald Tusk obtuvo la investidura como primer ministro en diciembre de 2023, se ha producido una suerte de cohabitación con el presidente Andrzej Duda, por la necesidad que tienen ambos cargos de cooperar en la acción política. Aunque el jefe del Estado ha mantenido una distancia calculada y, como presidentes anteriores, abandonó la militancia del partido que le aupó al cargo, los lazos ideológicos no han desaparecido ni mucho menos.
Recientemente, el candidato Trzaskowski ha reconocido algo particularmente obvio. En las relaciones exteriores y la política de defensa de Polonia, ambas fuerzas políticas (KO y PiS) sostienen posiciones parecidas. En algunos aspectos, como el mantenimiento de un gasto militar equivalente al 5 por ciento del PIB, ese consenso se fraguó con antelación. En otros, como el despliegue de una valla de contención y fuerzas de control a lo largo de la frontera con Bielorrusia para impedir la llegada irregular de inmigrantes procedentes de países terceros,[8] el cambio de postura provino de los dirigentes de KO, que en un momento determinado entendieron, como sus aliados de izquierda, que las dificultades evidentes de sostener tamaños despliegues sin infringir los derechos humanos en algún caso se podrían aprovechar electoralmente. Lo cierto es que la pequeña polémica desapareció de las agendas de los partidos ante la abrumadora preocupación que provocó la invasión rusa de Ucrania.
Es en relación con el vecino país invadido, donde el medido apoyo de los gobiernos polacos de ambos partidos, que ha ido mellándose por la prolongación del conflicto frente a los momentos iniciales de solidaridad, ha desembocado en un consenso más evidente. Incluso un cerrado proteccionismo frente a las importaciones agrícolas ucranianas. De forma alarmante, el candidato Trzaskowski también se ufana de sus conversaciones con el presidente francés para perfilar una minoría de bloqueo contra el Acuerdo firmado entre la Comisión Europea y los países del Mercosur.
La acogida de los desplazados ucranianos, oportunamente liberados de obtener cualquier tipo de permiso de trabajo o residencia para establecerse en los países de la Unión Europea, ha supuesto el reforzamiento de un proceso que venía produciéndose por motivos económicos anteriormente. A la facilidad de integración de los trabajadores ucranianos en un país muy cercano culturalmente y que precisa de inmigrantes para puestos de muy diversa categoría y cualificación, se han sumado empresas ucranianas o mixtas de servicios, en tiempos especialmente propicios por la interconexión digital. El aumento de la población real ha producido beneficios obvios, pero también ha tensionado los servicios públicos básicos y ha disparado aún más la demanda de vivienda en las grandes ciudades.
Tal vez por esta razón, los candidatos de los dos grandes partidos subrayen con distintas expresiones que, por ejemplo, el subsidio de 800 zlotis por hijo menor de edad solo se mantendrá para los ucranianos que residan y trabajen en Polonia.
Por último, las diferencias estriban, entre otras, a cuestiones como la reversión de la legislación que los gobiernos del PiS, con el apoyo relativo del presidente Andrzej Duda, aprobaron, vulnerando principios básicos del Estado de derecho; la despenalización del aborto o la idoneidad del Pacto verde europeo, que los partidos de derecha consideran como el principal responsable de las dificultades de supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Notas
[1] Presentado por el partido Derecho y Justicia – Prawo i Sprawiedliwość (PiS).- por primera en 2015, revalidó en doble vuelta su mandato en unas elecciones aplazadas por la pandemia del Covid-19 al 28 de junio y 12 de julio de 2020. Según el art. 127.2 de la Constitución de 1997, el presidente de la República solo puede reelegirse una vez.
[2] Muchos comentaristas hablan de un “duopolio” que puede resumirse en el hecho de que el actual primer ministro Donald Tusk ya se enfrentó a Lech Kaczyński (gemelo de Jarosław, presidente del PiS) en las elecciones presidenciales de 2005.
[3] Tusk dirige, a su vez, un gobierno fruto de un pacto poselectoral de su Coalición Ciudadana, la coalición preelectoral Tercera Vía y el minoritario partido de la Nueva Izquierda.
[4] Este doctor en Historia por la Universidad de Gdańsk , quién desempeña la presidencia del Instituto de la Memoria Nacional (IPN, por sus siglas en polaco) desde el año 2021, no está formalmente afiliado a ningún partido.
[5] A esta coalición pertenece la eurodiputada Ewa Zajączkowska-Hernik, quién se hizo célebre por la implacable diatriba contra Ursula von der Leyen en la sesión del Parlamento Europeo del 18 de julio del año pasado. El vídeo se hizo viral.
[6] Por eso propone un subsidio de 500 zlotis por cada cerdo, así como para toda persona que se identifique como cerdo.
[7] El tono del programa se refleja en lamentos como que ”los políticos polacos no hayan sido capaces de construir una sola central nuclear durante años y en su lugar malgasten tiempo y energía polémicas estériles y refriegas políticas”.
[8] Comenzados por el gobierno de Mateusz Morawiecki al tiempo que, junto a otros países vecinos de la UE como Lituania y Letonia, acusaban al régimen de Aleksander Lukashenko de utilizar estas incursiones masivas como elementos de guerra híbrida.
Cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en octubre (noviembre para nosotros) de 1917 rodeando con piezas de artillería el Palacio de Táuride, sede de la naciente Asamblea Constituyente, su primera medida legislativa en cuanto a partidos políticos fue declarar el Partido Liberal-Constitucionalista (kadetes por sus siglas en ruso) ilegales como “enemigos del pueblo”. Esto fue un prólogo en el que los bolcheviques fueron paulatinamente ilegalizando los partidos de la oposición hasta hacerse totalmente con el poder tras derrocar al partido ganador por goleada de las elecciones, el Partido Social-Revolucionario, o eseristas según sus siglas.
Este apelativo como enemigo “del pueblo”, “de la patria” o de cierta clase social ha sido revivido este mes por la vicepresidente segunda del gobierno, ministra de hacienda y secretaria general del PSOE-A en sus ratos libres, pero con el objetivo de las universidades privadas, donde algunos trabajamos. Montero dijo que las universidades privadas, aquellas que se financian con las aportaciones voluntarias de sus alumnos y donantes, pero no con impuestos, son “enemigas de la clase trabajadora”. ¡Vaya por Dios”. La ministra de hacienda que nos ha subido noventa y siete impuestos, con una recaudación récord de 85.000 millones MÁS que cuando llegó al cargo, nos dice que los que nos hacen la vida más difícil son las universidades privadas, no ella misma. No queremos ni imaginar lo que pensará la ministra de los que trabajamos no en una, no en dos, sino en tres de esas organizaciones tan enemigas de la “clase trabajadora”.
Además, la ministra coronó su intervención afirmando que los alumnos de las universidades privadas “compran el título”. Obviamente, lo que los alumnos de las universidades privadas compran no es el título, ahí tenemos unas tasas de abandono similares, sino el derecho a evaluación. En este es exactamente igual que los alumnos de las universidades públicas. La diferencia es que los segundos pagan un precio subvencionado en torno al 80%, mientras que los primeros asumen el coste íntegro.
La apertura de nuevas universidades privadas, por lo tanto, es vista en muchos lugares y por muchas personas como poco menos que un acto de crimen contra la humanidad. Comisiones Obreras en Asturias, ante la adquisición de la Universidad Europea de un solar en Gijón con la intención de crear una Facultad de Medicina, ha manifestado que esto supondría implantar en la región el “modelo Ayuso”. ¡Acabáramos! Una región con un PIB per cápita de 28.130€, un 9,2% por debajo de la media nacional imitando lo que hace otra región con el mismo dato en 42.198€, un 36,6% de por encima de la media nacional.
Por su parte, los sindicatos educativos, para sorpresa de nadie, también se han manifestado en contra de la apertura de universidades privadas en suelo asturiano. Han llegado a afirmar que esta iniciativa empresarial “mercantiliza la educación”. ¡Como la comida o el vestido! Por favor, que a nadie se le ocurra buscar beneficios en la educación superior, que siga funcionando como los cultivos durante el comunismo de guerra, con sus consabidos resultados.
El último en sumarse a esta fiesta contra la competencia ha sido el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, afirmando que la llegada de un competidor privado supondría una “algarabía”. La anarquía en la producción de la que nos hablaba Marx, la apertura y cierre de empresas privadas de forma constante buscando la satisfacción de los consumidores, algo a lo que el sector estatal nunca tiene que enfrentarse, visto como una rémora y no como una bendición. A lo mejor lo mejor es dejar abiertas instituciones o empresas que pierden dinero a espuertas, el que con tanto ahínco nos arranca MJ Montero. O puede que el rector esté preocupado porque un competidor que no tiene subvencionado el 80% del precio de su producto le vaya a destrozar, lo cual dice mucho del producto en sí.
El jefe de la pluriempleada Montero no se quedó atrás. Pedro Sánchez tachó de “chiringuitos eduativos” o “máquinas de expender títulos” a este tipo de negocios. ¡Qué forma más ingrata de llamar a una institución en la que Su Sanchidad se doctoró! No olvidemos esto: Sánchez defendió su tesis doctoral en economía en el Centro Universitario María Cristina, entonces un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, hoy a la Universidad San Pablo-CEU. Puede que nos cuente si su tesis doctoral efectivamente cumple estos requisitos de compra o si de verdad le costó su esfuerzo.
Además, el término “chiringuito” ha quedado en el español como forma despectiva de referirse a cualquier tipo de empresa que se sustenta de forma poco ética o formal. Esto, obviamente, es muy injusto. Los chiringuitos están atendidos por gente muy capaz que nos sirve las bebidas bien fresquitas en la playa durante nuestras vacaciones.
Sánchez, si quería poner el ejemplo de una empresa que funciona de forma poco ética, bien podría haber puesto los ejemplos de Tragsa o Ineco, empresas públicas del gobierno que preside y que contrataron a la prostituta del entonces ministro Ábalos para cobrar sin dar ni golpe (laboral, del otro no sabemos). O el de Correos, una empresa que, en la era de las compras por Internet y la paquetería, lleva unas pérdidas acumuladas en los tres últimos años de 436 millones de euros. O de Paradores, una empresa de hoteles en la que se organizan fiestas (vamos a llamarlas así) con furgonetas de prostitutas traídas por el escolta de un ministro. Pues no, los que hacemos peor la vida de la gente somos los que trabajamos en las universidades privadas que, por cierto, sí que somos clase trabajadora.
Uno de los conceptos más discutidos en la historia del pensamiento, ya sea económico o no, es la escasez. La escasez es la que provoca la necesidad de llevar a cabo una distribución. Aquellas cosas no escasas, como el aire en términos generales, no son susceptibles de ser distribuidas. Sin embargo, aquello que es más limitado, como la comida o la vestimenta, se debe de someter a algún tipo de repartición, siguiendo algún criterio. No es de extrañar, por tanto, que el Ser Humano haya aspirado constantemente a un mundo sin escasez. En el contexto mitológico griego, esto es la Edad de Oro.
En la mitología griega, la Edad de Oro es la primera y más perfecta de las cinco edades de la humanidad. Estas edades fueron mencionadas y descritas por primera vez por Hesíodo (2006, 70) en su obra Trabajos y días. Este periodo está caracterizado como una era ideal, cuando los seres humanos vivían en total armonía con los dioses y la naturaleza bajo el reinado de Cronos, el titán que gobernaba antes de ser derrocado por Zeus. Durante esta época, los hombres no experimentaban sufrimiento, enfermedades, vejez ni necesidad de trabajar, ya que la tierra producía de manera espontánea todo lo necesario para su subsistencia. No había escasez.
En el texto actual, Hesíodo (2006) comienza asegurando que la abundancia de la Edad de Oro demostraba un mismo origen del Ser Humano y los dioses: “Ahora si quieres te contaré brevemente otro relato, aunque sabiendo bien (…) cómo los dioses y los hombres mortales tuvieron un mismo origen” (p.70). Sin embargo, algunos autores (García Calvo, 1955, 219) defienden que el último verso fue un añadido posterior, puesto que no se menciona en ningún otro momento una separación entre dioses y humanos.
Sea como sea, la idea de que existió un tiempo de abundancia, sin los padecimientos ocasionados por la escasez, es la que prima en el concepto de una remota Edad de Oro:
Al principio, los Inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo; vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria; y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con fiestas, ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño; poseían toda clase de alegrías, y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos (Hesíodo, 2006, 70).
Así, la muerte no era violenta ni traumática, sino que llegaba como un sueño plácido. La conexión entre humanos y dioses era cercana y benevolente, y los hombres disfrutaban del favor divino constantemente. Además, no era necesario el trabajo: “Eran ricos en rebaños” (Hesíodo, 2006, 71).
Sin embargo, esta era terminó con la llegada de las edades posteriores, marcando el inicio de una progresiva decadencia. Al finalizar la Edad de Oro, los hombres de este periodo fueron transformados en daimones, espíritus benévolos encargados de guiar y proteger a los mortales en las épocas venideras. Hesíodo describe esta etapa como un tiempo de plenitud que contrasta con la Edad de Hierro, la época corrupta y difícil en la que vive la humanidad actual.
La idea de un pasado en el que el hombre no tenía obligación de trabajar por vivir en un estado de abundancia que se acabó con un proceso de decadencia está presente en numerosas culturas, también en el judaísmo y en el cristianismo. En el hinduismo, existe el satia-iuga, que vendría a ser la primera y más virtuosa de cuatro eras cósmicas, caracterizada por la verdad, la rectitud, la pureza espiritual y la perfecta armonía entre los seres humanos y el universo.
En el cristianismo, la abundancia era propia del Jardín del Edén, lugar en el que el hombre aún no habría tenido la obligación de trabajar ni de sufrir la escasez material. Con todo, existen grandes diferencias entre las distintas tradiciones, aunque el punto en común es la existencia de un pasado remoto perfecto y la posterior decadencia. La idea de la utopía, independientemente de si esta se dio en tiempos pretéritos o si es una aspiración de cara al futuro, es constante en la historia humana.
Bibliografía
García Calvo, A. (1955). Frutos de lectura de Trabajos y días. De Emérita [Separata], (23), 215-218
Son muchos quienes en los últimos días han venido vinculando los famosos “aranceles de Trump”, con la Ley de Aranceles de 1930, también conocida como Ley Smoot-Hawley, a la que, según algunos, debe responsabilizarse de “agudizar la Gran Depresión de 1929, que afectó a múltiples países, se prolongó por una década, ocasionó una fuerte caída del producto interior bruto (PIB) y dejó a millones sin trabajo” (BBC, 2025). Pero creo que fijarse sólo en las medidas arancelarias de entonces y de ahora es quedarse en la superficie. Hay similitudes más profundas que nos pueden ayudar a entender mejor lo que pasó y lo que puede pasar.
El patrón oro antes y después de la Gran Guerra
Son muchos los economistas que se han planteado por qué un sistema, el del “patrón oro” o “Gold Standard”, que tan buenos resultados dio antes de la Primera Guerra Mundial, se volvió un sistema tan inestable en el período de entreguerras. El argumento que dan muchos “austriacos”, siguiendo las tesis de Murray Rothbard en su “La Gran Depresión” (Rothbard, 1963 [2013]), no es otro que la implementación, tras la Gran Guerra, de un sistema adulterado, que ya no movía a la disciplina crediticia y monetaria, y en el que los bancos centrales de Alemania o Francia, en lugar de acumular oro como reserva, atesoraban pasivos del Banco de Inglaterra, en lo que se vino a llamar el “patrón-divisa oro”.
Y dado que Inglaterra expandió de manera excesiva el crédito, adoptando medidas internas (limitar la posibilidad de sus ciudadanos de pedir reembolsos en oro) y externas (presionar a Francia y Alemania para que continuasen atesorando libras, en lugar de convertirlas en oro) que le permitiesen esa expansión sin ataduras, la consiguiente burbuja de crédito se convirtió en realidad, sobre todo cuando explotó.
Otros autores, como Kindleberger (Kindleberger, 1973 [1986]), señalan que la estabilidad del sistema del patrón oro anterior a la Primera Guerra Mundial se debió a una correcta gestión, por parte de Gran Bretaña, de su papel de líder mundial, fundamentalmente a través de su “agente” el Banco de Inglaterra, que se encargaba de ser el prestamista internacional cuando la actividad económica se resentía, dulcificando, en lugar de agravando, los ciclos económicos internacionales. Tras la Gran Guerra, sin embargo, Inglaterra, según Kindleberger, fue ya demasiado débil para estabilizar el sistema y Estados Unidos no estaba todavía preparado para ejercer dicha función. La estabilidad mundial, en definitiva, se garantizaba en la medida en la que hubiese un poder económico dominante o hegemónico preparado y deseoso de realizar esas labores estabilizadoras.
Barry Eichengreen (Eichengreen, 1992 [1995]), por otro lado, pone el acento no sólo en cuestiones económicas, sino también en otras estrictamente políticas, e incluso ideológicas, ya que todos los actores del sistema compartían un mismo marco conceptual. Y es que, para este autor, el patrón oro previo a 1914 fue estable principalmente por dos razones, la “credibilidad” de los actores principales y la “cooperación” entre ellos: así, Eichengreen entiende por “credibilidad” la confianza generalizada en el compromiso de los países centrales del sistema (Gran Bretaña, Francia y Alemania) con el citado sistema de patrón oro; y por “cooperación” la intervención y ayuda efectiva de los bancos centrales de esos países al país cuya paridad se estuviese viendo amenazada, generalmente prestando oro o adquiriendo su divisa.
Así, señala Eichengreen, no sólo el Banco de Inglaterra estaba dispuesto a mandar oro a los Estados Unidos, o a ayudar a los bancos alemanes y el Reichsbank cuando estos lo necesitasen, sino que el Banco de Francia lo estaba, igualmente, para prestarle ese oro al Banco de Inglaterra, o al de Alemania, cuando fuese necesario, al igual que lo estuvieron el Reichsbank o el gobierno ruso cuando la paridad de la divisa del “hegemon” -Inglaterra- se encontraba sometida a excesiva tensión.
Pero esa “credibilidad” generalizada, esa confianza de los actores del mercado en el compromiso oficial de intervenir, si fuese necesario, para mantener el sistema, hacía que la intervención real de los bancos centrales no fuese necesaria sino en situaciones excepcionales, ya que los capitales privados, señala Eichengreen, fluían rápidamente al país en problemas, en la confianza de que los bancos centrales del resto de países acudirían a su rescate, de manera que la denigrada “especulación” actuaba como estabilizador del sistema aún antes de que lo hiciesen las “autoridades”.
Pero las cosas cambiaron tras la Gran Guerra, y la política doméstica de los países entró en juego, alterando el sistema de dos maneras: por un lado, influyendo en el grado de colaboración efectiva real, de los distintos gobiernos y sus bancos centrales, y, en segundo lugar, y derivada de la anterior, minando la confianza de los actores privados en que produjese esa intervención de las autoridades.
Y no es sólo que las reparaciones acordadas tras la Guerra abrieron heridas entre los miembros del sistema que impedían, o dificultaban sobremanera, esa colaboración, sino que la mentalidad general, del público y de los gobiernos, cambió: antes de 1914, la gente no vinculaba el desempleo con la fluctuación de los tipos de interés o las condiciones monetarias; los economistas no tenían articuladas teorías sobre la relación entre la oferta de dinero y el crédito como herramientas para manipular y estabilizar la producción o reducir el desempleo.
Tras la Primera Guerra Mundial eso cambió, y Keynes y sus teorías son un claro ejemplo. Y si a ese cambio de “mentalidad económica” se le añade que tras la Guerra los sindicatos y los partidos “laboristas” alcanzaron una influencia de la que antes no disponían, en un público y en unos dirigentes influidos por los nuevos planteamientos económicos, la ruptura de los anteriores equilibrios estaba servida: rota esa “credibilidad” y esa “cooperación”, ni las autoridades, ni los capitales privados ejercieron las funciones estabilizadoras necesarias para mantener el sistema.
Tras la guerra de Ucrania
Y es ahí, en esas explicaciones sobre lo que ocurrió hace casi cien años, donde, creo, deberíamos aprender para entender los riesgos que una eventual guerra arancelaria y de divisas pueda generar, y, en ambos casos, y quizás por casualidad, después de una guerra con la que se abren, o aumentan, las heridas entre los principales actores de la arena económica.
Ya en los años sesenta, Richard Cooper planteaba el dilema al que se enfrentaban los países que querían seguir beneficiándose del libre intercambio comercial y pretendían, a su vez, preservar la máxima libertad de cada país para perseguir sus objetivos económicos particulares (Cooper, 1968). La solución que él daba es que los beneficios económicos de la interdependencia comercial eran tan importantes que había que renunciar a las políticas soberanas; así, si los estados reconocían que su verdadero interés, en el largo plazo, pasaba por la integración completa de sus economías, los beneficios que se obtendrían superarían sobradamente los costes de esa “pérdida” de soberanía. Pero el mismo Cooper reconocía que la voluntad política necesaria para llegar a ese punto era improbable que se llegase a dar.
Es cierto que Estados Unidos se enfrenta a grandes retos: un déficit fiscal importante; una deuda pública mastodóntica; un déficit comercial crónico, apoyado en un dólar “fuerte”, moneda internacional de reserva defendida por un ejército costoso; deslocalización de su industria, en parte, según algunos, por todo lo anterior; la amenaza china a su hegemonía económica y militar, siendo China su principal “socio” comercial y segundo mayor tenedor extranjero de su deuda… y varios billones (“trillions” americanos) de deuda que tiene que refinanciar en los próximos meses, en los que vencen más de 6 billones de Treasury Bills (Senate Joint Economic Committee, 2025).
El problema no es ya si Trump es capaz de solucionarlo todo por sí solo apoyándose en el poder económico y militar hegemónico de Estados Unidos, sino si al intentar hacerlo no va a saltar por los aires el sistema tal y como está organizado: No es ya sólo que a la barra libre de crédito barato de las últimas décadas, ya de por sí una bomba de relojería, se le pueda sumar una guerra comercial que desarticule el comercio global tal y como lo conocemos, rompiendo los flujos de bienes y servicios y destruyendo las cadenas de producción, sino que, además, la desconfianza entre los diferentes actores -públicos y privados- se generalice, y con ella, la falta de cooperación para conseguir objetivos comunes -o buscar soluciones al desastre- en el medio y largo plazo.
Decía Stephen Miran en su famosísimo “paper” de noviembre del año pasado, del que todo el mundo habla últimamente (Miran, November 2024), que una solución unilateral a los problemas del país norteamericano, en su objetivo de redefinir el sistema del comercio global para alinearlo con sus intereses nacionales, tendría, con más probabilidad, “efectos secundarios indeseados, entre ellos la volatilidad de los mercados”, si bien la solución multilateral –“con menos volatilidad”- lleva aparejada la dificultad de convencer a los socios comerciales para que se suban al carro de la reforma[1]. No tengo tan claro que los “undesired side effects, like market volatility”, de los que habla Miran, sean exactamente los mismos a los que realmente nos enfrentamos.
Bibliografía
BBC, News (6 de abril de 2025). Cómo la ley que EE.UU. aprobó para subir aranceles en 1930 terminó por devastar su economía y agravar la Gran Depresión. Recuperado el 15 de abril de 2025, de https://www.bbc.com/mundo/articles/c20dr1y81d2o
Cooper, R. (1968). The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community. Nueva York: Council on Foreign Relations – McGraw Hill.
Eichengreen, B. (1992 [1995]). Golden Fetters. The Gold Standard and The Great Depression 1919-1939. Nueva York: Oxford University Press, Inc.
Kindleberger, C. P. (1973 [1986]). The World in Depression, 1929-1939. Berkeley: University of California Press.
Miran, S. (November 2024). A User´s Guide to Restructurin the Global Trading System. Hudson Bay Capital. Obtenido de https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf
Rothbard, M. N. (1963 [2013]). La Gran Depresión. (I. Carrino, Trad.) Madrid: Unión Editorial.
Senate Joint Economic Committee, USA (2025). Recuperado el 15 de abril de 2025, de https://www.jec.senate.gov/public/vendor/_accounts/JEC-R/debt/Monthly%20Debt%20Update.html
[1] “Unilateral solutions are more likely to have undesired side effects, like market volatility. Multilateral solutions may have less volatility, but entail the difficulty of getting trading partners onboard, which curtails the size of the potential gains from reshaping the system” (Miran, November 2024, pág. 11).
A menudo, especialmente por sectores del estatismo de izquierdas, aunque también en el de derechas, escuchamos afirmaciones contra los liberales como: ‘no seas egoísta, los impuestos son necesarios para mantener los servicios públicos’ o ‘quién no contribuye al Estado muestra su poca solidaridad’. Estas afirmaciones no pueden estar más lejos de la realidad; sin embargo, plantearse la solidaridad del Estado acarrea un problema moral a sus defensores, principalmente porque con casi total seguridad encontrarán contradicción en ello.
También he observado que se suele afirmar que el sistema cada vez es más ‘individualista’. Bueno, afirmar eso sí que se trata de un error, el término correcto sería decir egoísta y aislacionista. Y no, no hablo de aislacionismo económico, hablo de un aislacionismo social, promovido directamente desde el Estado y que pretende destruir toda relación social para sustituirla por él. A lo largo de este artículo trataré de demostrarlo con unos ejemplos históricos y que estoy seguro de que todo el mundo entenderá e incluso habrá vivido.
La falsa solidaridad
Si nos ceñimos por el significado que otorga la RAE a solidaridad, ‘adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros’, podría interpretarse que el Estado es esa adhesión a la causa de otros. Pero hay que hacer hincapié en una parte de la definición, y es la de circunstancial. Sinónimos de circunstancial son ocasional, eventual, accidental o anecdóticos. Por tanto, hemos de entender que la solidaridad es un acto que se da de una manera no perpetua en el tiempo. El Estado nos mantiene en esa ‘solidaridad’ desde que nacemos, hasta después de muertos, pues al nacer los impuestos que se derivan de nuestra actividad vital son pagados por nuestros progenitores y después de morir el Estado seguirá buscando recibir dinero de la propiedad que nosotros hemos dejado en herencia, véase el impuesto de sucesiones.
Pero hay algo donde la gente que suele afirmar que el Estado es solidaridad, prefiere no entrar. Éticamente, la solidaridad es un acto voluntario y donde no se espera recompensa a cambio. Yo sé, que ni usted ni yo pagamos impuestos de manera voluntaria, y de hacerlo, tampoco me dejan elegir la cantidad y a qué quiero dedicarlo. De hecho, posiblemente, si usted confía en el Estado, estará esperando ansioso su recompensa por su inmensa solidaridad, ¿o es que usted cotiza para renunciar a su pensión? ¿No pretende ser atendido en un hospital público? De hecho, a menudo se suele hablar de sanidad pública y gratuita, si le cobrarán a usted por ir de forma directa (porque cobrarle ya le cobran), pero a otra persona que recibe sus impuestos no, se quejaría, ¿verdad? ¿Estaría usted de acuerdo en que los voluntarios de organizaciones de solidaridad cobraran cuando es voluntario y un acto de solidaridad? Quiero imaginar que usted ha respondido que no, por tanto, ¿por qué debe cobrar un funcionario? Si supuestamente pertenece a una organización de solidaridad.
Algo debemos tener claro: el Estado no es una forma de solidaridad, pues no es voluntaria, no se adhiere a la causa de otro, de forma consciente y se espera una compensación, o al menos no se les pasa por la cabeza a los ‘solidarios’ renunciar a ella. De hecho, tampoco contiene el componente de la empatía, pues no se sabe a quién llega ese dinero y, por tanto, uno no puede ponerse en la posición del otro. Me aventuro a decir, no solo que el Estado no es solidaridad, sino que este es un elemento que la destruye, un obstáculo y el mayor ejemplo de egoísmo o, por lo menos, de infantilización.
La destrucción de la solidaridad y las relaciones sociales
Algo a destacar de la forma de contribución al Estado, es la absoluta despersonalización que se hace la forma de recaudación es cobrarle a un simple número (ciudadano) y gastar ese dinero de forma indiscriminada sin capacidad de saber de manera exacta quién recibe ese dinero extraído y para qué. A partir de eso, comienza todo el proceso.
Se me podrá tachar de malpensado, pero creo que la situación no es para menos. Ya mencioné en algún artículo anterior que me gusta hablar con ejemplos, en este caso será breve pero muy claro. El Estado es la novia tóxica, esa que poco a poco va ocupando más tiempo en tu vida y te incita a abandonar a tus amigos. ¿Qué cómo lo consigue? Pues de manera muy sencilla: va supliendo esas necesidades que podrías sentir en tus amigos y poco a poco va diciendo que son todos malísimos.
El Estado, poco a poco, va acaparando más espacios. Con la premisa de un bienestar social, en realidad hay camuflada una intención de control absoluto y desarraigo a todo grupo al que pertenezcamos o, al menos, minusvalorarlos. No se trata de una casualidad que los modelos de construcción de vivienda cada vez se hagan más desalmados, con escasez de comercio, zonas comunes y centrándose en modelos de baja densidad. Mucha gente culpa al mercado, pero se nos olvida que quienes realizan los planes de expansión urbanística son los burócratas del Estado, sí, esos pertenecientes a la red de solidaridad, pero que viven a cuerpo rey.
Otro ejemplo más, aparte de los modelos de vivienda, es el desarraigo a la familia y la comunidad local. Un ejemplo puede ser esa despersonalización de la verdadera solidaridad. En un caso de necesidad médica, en un tiempo pasado podríamos acudir a nuestros vecinos o familiares en primera instancia para solicitar esa ayuda económica. Pero no me quedo solo en la alternativa de vecinos o familiares, recordemos aquellas sociedades de ayuda mutua, o los propios sindicatos. Ambas alternativas han quedado totalmente arrasadas por el Estado, mediante una solidaridad, que no es solidaridad, que es extracción forzada de recursos y una distribución dictatorial de los bienes.
Quien niegue que los sindicatos o las sociedades de ayuda mutua aportan o han aportado a la solidaridad, creo que no puedo hacer más que mandarle a comienzos del siglo XX, donde estas entidades, mucho más cercanas a la persona y, sobre todo, voluntarias, eran capaces de sacar a miles de personas de apuros, servir como forma de cooperación. Ahora los sindicatos están comprados por los gobiernos o los burócratas. Quién niegue esto, creo que no tiene nada más que ver quienes dan mítines junto a ellos, cuando protestan o para qué protestan. Ya ni hablar de las sociedades de ayuda mutua, totalmente desaparecidas y sustituidas por Organizaciones No Gubernamentales, que resultan ser más gubernamentales que el propio gobierno.
El Estado no sólo entra en eliminar la necesidad económica, sino en cualquier otra. Si quieres educarte, tus padres dan igual, ya está el Estado para imponer mediante un modelo de titulaciones su modelo y su educación. Si quieres realizar una donación, ya está el Estado para cobrarte un impuesto y desincentivar, ¿solidaridad verdadera? ¡Bah!, puras cosas capitalistas y neoliberales. Si quieres ayudar a la sociedad con la creación de medicamentos, quieto parao, no vayas a hacer algo que optimice los recursos, haga más barato el acceso a un tratamiento y el Estado deje de tener ese endiosamiento. Pero sí, que el Estado ostente prácticamente el monopolio sanitario a través de los permisos, gestión pública y patentes, es darle el papel que tenía Dios hace 200 años, rezarle para curarnos, aceptar el robo si quieres vivir.
Cuidado, que algo me dirá que, si no me gusta esta solidaridad, me vaya. Claro, si me quiero ir, tendré que ir a otra entidad de solidaridad donde, quizá, en vez de gastarlo en prostitutas y cocaína o unas pensiones insostenibles, se gaste en armar a la gente hasta los dientes para causar las mayores muertes posibles. Porque como todos sabemos, el Estado no solo es solidario, sino una máquina de matar, pero eh, solidariamente. Se me olvidaba de añadir que, para irme; aun así, tendré que hacer un último aporte a su infinita solidaridad.
¿Egoísmo? El suyo
Termino con una reflexión. Cuando un niño pequeño le roba a otro niño un balón, lo hace porque tiene una necesidad y normalmente se le dice que devuelva el balón y que simplemente le pida que se lo preste, apelando al otro niño a que lo haga. Debe ser que, cuando cumplimos cierta edad, nos convertimos en niños a los que hay que obligar a compartir.
Si de verdad todos los que se llenan la boca de que hay que ser solidarios, lo fueran de verdad, no necesitaríamos de un Estado para aportar una sanidad, educación o prestaciones a los más desfavorecidos. El problema es que verdaderamente esas personas son egoístas. Y como dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su condición.
Llegará un momento en que el Estado cree un plan para caminar, no sepamos hacerlo porque se lo haya atribuido él y nuestros padres sean menospreciados por enseñarnos y digamos que el Estado es solidario por enseñarnos a caminar.
Dios y la Iglesia representaban un nicho donde sentirse acompañado o acudir cuando las cosas iban mal. Ahora ese Dios, es el Estado para una gran parte de la sociedad. Pero me equivoco al definirlo como Dios. Es ese maligno que destruye familias, ese maligno que extermina a aquel que quiere escapar a su poder, ese maligno que quiere hacerte dependiente de él, haciéndote creer que es el único y bondadoso. Ese maligno que es ineficaz, como se vió en Valencia y al cuál podemos derrotar, volviendo a lo que durante mucho tiempo practicaron nuestros antepasados y funcionó: el acto voluntario de la caridad y el amor al prójimo.
Los señoríos eran territorios sobre los que un señor ejercía un complejo conjunto de prerrogativas, que iban desde las facultades jurisdiccionales hasta los diferentes derechos de propiedad, pasando por otras de origen feudal. Había una enorme variedad de señoríos:
Señoríos territoriales: El señor es propietario de la tierra
Señoríos jurisdiccionales: El señor no es propietario de la tierra, sólo tiene el poder jurisdiccional.
Señoríos mixtos: Propiedad y jurisdicción se daban a la par.
Infantazgos: Señoríos de los hijos del rey
Señoríos eclesiásticos: Señoríos propiedad de la iglesia.
Señoríos de realengo: Señoríos propiedad del Rey.
Señoríos de behetrías: Señoríos donde los campesinos elegían a su señor.
Señoríos de órdenes militares: Señoríos propiedad de órdenes militares.
El señorío actúa como una organización social y económica que otorga poderes jurisdiccionales a un grupo reducido de personas, que en ocasiones son propietarios de la tierra y de los medios de producción (terminología marxista). Esta propiedad de los medios de producción conlleva la apropiación en forma de rentas de una parte de la producción campesina.
El señorío inglés tenía algunas particularidades con respecto a los señoríos continentales. La herencia medieval había limitado sus capacidades jurisdiccionales, existía una especie de tribunales señoriales que variaban de un señorío a otro. En la práctica, las jurisdicciones y el gobierno local en el mundo inglés estaban en manos de funcionarios. Hasta 1922 no fue abolido el poder jurisdiccional de los nobles. En esta Inglaterra nos encontraríamos, además de este tipo de señoríos en manos de la alta nobleza, una baja nobleza. La baja nobleza no tendría señoríos, sino una serie de propiedades y de rentas provenientes del comercio.
En cuanto al señorío continental, la alta nobleza europea, a excepción de Suecia, tenía la total jurisprudencia en sus señoríos. Perdieron lo relacionado con los crímenes de lesa majestad, siendo las monarquías las que rescatan ese poder. Globalmente pierde, en la mayoría de los casos, todo lo relacionado con las penas de muerte, siendo la justicia real la que impondría ese tipo de penas. Ligado a esto aparece otra novedad, la posibilidad de apelar a los tribunales reales por determinadas causas. También hay que tener en cuenta que las facultades jurisdiccionales reportan una serie de rentas, como penas judiciales, multas, la pecha ordinaria, los servicios o los presentes. Derivados de esta jurisdicción aparecen algunos derechos de monopolio. Es lo que en España se conoce como regalías.
Lo que se conoce como servidumbre a lo largo del Antiguo régimen fue desapareciendo en Europa occidental. Los campesinos fueron recuperando la libertad de movimiento a cambio de pagos en dinero o en especie. Los señores se van a reservar una serie de tierras y edificios que van a poseer con propiedad absoluta, lo que se denomina en Francia como reserva y en España como tierras alodiales. Estas tierras alodiales eran explotadas directamente por el señor. El resto de las tierras quedan sometidas a la figura jurídica de la enfiteusis, una propiedad compartida en la que el señor se reserva el dominio directo y entrega el dominio útil al campesino. En virtud de ese derecho superior que tiene el señor, va a poder exigir una mayor gama de tributos en dinero o en especie. Además de estas obligaciones, la cesión del dominio útil le reporta al señor una serie de pagos irregulares del producto de las transmisiones patrimoniales por causa de muerte, por transmisión entre vivos y otra serie de conceptos. Los señores también tenían monopolios señoriales, que consistían en el control por el señor sobre ciertos servicios como los molinos, por los que se cobraba una tasa.
Además, existe otra forma de explotación, la aparcería. En este caso, el propietario proporciona el capital fijo (tierra, plantaciones y edificios) y el aparcero aporta su fuerza de campo y el capital operativo (ganado, semillas y abono). Se puede dar la circunstancia de que ese capital operativo se reparta entre el propietario y el aparcero. ¿Por qué utilizar la aparcería y no el arrendamiento? La razón para el aparcero es que, en caso de malas cosechas, no tiene que pagar un arrendamiento fijo. Además, el contrato de aparcería se renovaba anualmente, no se consiguen tantos beneficios, pero se reducen los riesgos.
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