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Rerum Novarum, un referente para la libertad (I)

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa. 1 comentario en Rerum Novarum, un referente para la libertad (I)

En este sentido, tal y como puso de manifiesto uno de los mayores liberales del s. XX, Murray Rothbard, los mensajes de la Iglesia tendían a encuadrarse en un centrismo democristiano que contentara a todos los sectores por igual.

Conviene, no obstante, examinar la cuestión más detalladamente yendo a su fuente primaria, que es, sin lugar a dudas, la encíclica Rerum Novarum (1891), de León XIII. Acerca de ella podemos encontrar opiniones del todo contrapuestas. Mientras que Rothbard la calificó de "fundamentalmente liberal y procapitalista", otro notable liberal, y además católico, Thomas Woods, destaca su nociva influencia, al introducir "la idea de una tercera vía entre el socialismo y el laissez faire puro".

Mi objetivo, pues, es examinar con detalle la encíclica que inaugura el pensamiento económico moderno de la Iglesia. Al fin y al cabo, Juan Pablo II la calificó de "inmortal documento", y en él inspiró toda su obra. De hecho, la aclamada Centesimus Annus no deja de ser una actualización elaborada 100 años después.

He de adelantar que mis conclusiones son radicalmente favorables al documento. No quiero significar con ello que carezca de defectos, sino que éstos son mayormente accesorios. De hecho, en cierto sentido la Rerum Novarum recoge y anticipa, en mi opinión, buena parte del corpus teórico esencial con el que hoy defendemos la libertad.

Contra el socialismo

La Rerum Novarum surge en un momento histórico en que las falacias marxistas iban ganando adeptos; se estaba adoquinando el camino al advenimiento en cadena del golpismo totalitarismo que asoló el s. XX.

El comunismo legitima su violenta actuación a través de la llamada "teoría de la explotación capitalista": la propiedad privada de los medios de producción (del capital) coloca al trabajador en un situación dependiente y sumisa, hasta el punto de que se ve obligado a vender su fuerza trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, debido a su especial situación de sumisión, el proletario trabaja más horas de las que realmente cobra, de donde surge la plusvalía capitalista.

León XIII no vio nunca esta falsa relación de dependencia unidireccional. Muy al contrario, entendió que "ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital". Y es que "los que carecen de propiedad, lo suplen con el trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo".

De hecho, prestaba un flaco favor a la sociedad el "suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente".

El Papa León XIII creía que los diversos individuos "como en el cuerpo se ensamblaban entre sí", llegando a una disposición que podría denominarse "armonía" (parece como si la encíclica rindiera un tácito homenaje al liberal francés Frédéric Bastiat, quien 40 años antes había escrito su famosa obra Armonías económicas).

La armonía de intereses es el resultado necesario de la libre cooperación humana denominada "capitalismo". A tal conclusión llegó medio siglo después Friedrich von Hayek, en su obra Individualism and economic order. Según Hayek, la virtud proverbial del sistema capitalista era haber conseguido que los seres humanos se dedicaran a satisfacer las necesidades de otras personas desconocidas al buscar el interés personal.

El preconizado conflicto marxista de intereses era en realidad una milonga anticientífica. Los contratos y los acuerdos, a fuer de voluntarios, son siempre beneficiosos para ambas partes; esta armonía de intereses generaba un "orden espontáneo" en la sociedad (que Hayek contraponía al concepto de "organización") del que todos podían aprovecharse para satisfacer sus fines.

Pues bien, Leon XIII ya entendió suficientemente este punto, al concluir que "el acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas". El orden no surge de la coacción planificadora del socialismo, sino del acuerdo entre las personas. Es más, la violencia no puede fundamentar el orden, pues "de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo".

Esta condena de la lucha supone tanto una reivindicación del principio liberal de "no iniciación de la violencia" como una condena evidente de la lucha de clases. Condena que no sólo tenía un fundamento moral (no iniciación de la violencia), también pragmático.

León XIII no dudó en criticar a todos aquellos que alardeaban de poder lograr "una vida exenta de dolor y de calamidades, llena de constantes placeres". Esta pretensión socialista (eliminar la explotación del hombre por el hombre para multiplicar la producción) fue calificada como un "fraude que tarde o temprano acabará produciendo males mayores que los presentes".

Y es que el Papa sabía que la lucha de clases y la nacionalización de los medios de producción no eran el camino adecuado para enriquecer a la sociedad, "pues ejerce[n] violencia contra los legítimos poseedores" e "incluso llega[n] a perjudicar a las propias clases obreras". Así, una cosa era clara: "Cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable".

El derecho natural a la propiedad privada

Podemos afrontar los problemas morales desde una triple perspectiva: iusnaturalismo, utilitarismo y evolucionismo. La primera encuentra la solución a los problemas en los derechos "inherentes" al hombre, la segunda equipara bueno con útil y la tercera remite a la costumbre para efectuar un juicio de valor.

En realidad, estas tres perspectivas no son excluyentes, y las tres fueron utilizadas por León XIII para justificar la propiedad privada.

Desde el punto de vista iusnaturalista, el Papa aseguró que "el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza"; derecho que debía ser "estable y permanente", pues incluso "las leyes divinas prohíben gravísimamente el deseo de lo ajeno: ‘No desearás a la mujer de tu prójimo; ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo’". Dado que no es un derecho legal, sino natural, "la autoridad pública  no puede abolirlo".

Desde el punto de vista utilitarista, la eliminación de la propiedad privada quitaría "el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas y esa igualdad con que sueñan [los socialistas] no sería ciertamente otra cosa que una general situación, por igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna". Y es que "los hombres, sabiendo que trabajan lo que es suyo, ponen mayor esmero y entusiasmo" (lo cual parece una anticipación del reverso de la Tragedia de los Comunes, popularizada por Gerrett Hardin en 1968).

Podemos comparar esta última afirmación con la de Ludwig von Mises en su tratado de economía La acción humana: "Las tierras carentes de dueño efectivo las utiliza la gente sin preocuparse del daño que pueden sufrir. Cada cual procura lucrarse al máximo, por cualquier medio de sus rentas, desentendiéndose de los efectos que puedan producirse".

Incluso fue más allá y afirmó que no sólo "es lícito que el hombre posea cosas propias, sino que incluso es necesario en absoluto", pues "es necesario también para la vida humana".

Desde la perspectiva evolucionista, León XIII explica cómo Dios dio la tierra en común al género humano "no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos".

Esta teoría parece concordar a la perfección con las tesis institucionales del padre fundador de la Escuela Austriaca, Carl Menger: "Así pues, la economía humana y la propiedad tienen un mismo y común origen económico, ya que ambos se fundamentan, en definitiva, en el hecho de que la cantidad disponible de algunos bienes es inferior a la necesidad humana". La propiedad, para Menger, no es "una invención caprichosa", sino que surge como una institución social evolutiva.

Por último, León XIII no deja lugar a dudas acerca de cómo se adquiere legítimamente la propiedad: "Cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica a sí aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una huella, de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo".

León XIII, pues, viene a respaldar la tesis liberal de la apropiación original (o homesteading) propuesta por John Locke en su Segundo tratado sobre el Gobierno civil y reincorporada por el mismísimo Murray Rothbard en su Ética de la libertad: "Al descubrir los recursos de la tierra, al aprender a utilizarlos y, en especial, al transformarlos mediante un remodelación más utilizable, Crusoe ‘mezcló su trabajo con el suelo’. Al actuar así, al estampar el sello de su personalidad y de su energía en la tierra, la convirtió, de manera natural, a ella y a sus frutos, en su propiedad".

La propiedad no se extinguía con la muerte del propietario –como pretenden los impulsores del impuesto de sucesiones– sino que era enteramente transmisible mortis causa. De hecho, León XIII entiende que la herencia es parte del cumplimiento de la responsabilidad que todo padre contrae para con sus hijos (esta construcción de la responsabilidad paternal ha sido usada, recientemente, como epicentro de las modernas teorías antiabortistas): "Es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró; e igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren y en cierto modo prolongan la personalidad del padre(…) Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas, transmisibles por herencia a los hijos".

La revolución fiscal

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Las últimas declaraciones de Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda, sobre la reforma fiscal del IRPF han sido una llamada a la "línea moderada". Reducción en el número de tramos, minúscula rebaja del tipo mínimo y máximo y, por otra parte, aumento de otros impuestos. Unos cambios ridículos que siguen castigando el trabajo, ahorro, gasto e inversión de todos nosotros. El gobierno sigue creyendo que sabe mejor que nosotros cómo manejar nuestro dinero.

Evidentemente no se puede esperar más de un socialista que considera que sólo él es el legítimo responsable de la distribución de la riqueza. Conceptos como “pragmatismo” y “moderación” han sido el camino de los políticos para expropiar los recursos del ciudadano en favor del estado. ¿Acaso sabe dónde van sus impuestos? ¿Estaría de acuerdo que la totalidad de sus impuestos se usen para financiar a RTVE, o sirviesen para beneficiar a aquellos que sólo viven de ayudas estatales porque no quieren trabajar, o que se usen para financiar a dictadores sudamericanos o grupos terroristas de oriente medio? Indudablemente al estado no le interesa que nosotros sepamos donde va a parar el dinero que nos han sacado; y es que el estado es la organización menos transparente que existe.

Una reforma fiscal ha de tener un único fin: liberar al hombre del yugo que inflinge el estado. Con los impuestos que recaudó el estado el año pasado sobre el tabaco, se podría haber pagado el presupuesto de defensa. No se necesita tanto para que el estado mantenga sus “servicios legítimos”, los de la fuerza. Aunque como otros autores han demostrando (Rothbard, Benson, Hoppe, Block…), incluso si privatizamos los servicios del estado, éstos pueden ser más baratos y dar un mejor servicio y variedad.

Si el estado trabajase de verdad para la gente su reforma fiscal sólo podría ser una: eliminar todos los impuestos. Cuando alguien nos quita mediante las amenazas y la coacción nuestro dinero nos está robando; da igual que pretenda ser nuestro defensor, o que diga que lo hace para nuestro bien. Los impuestos no son un acto voluntario, sino que son un acto de agresión contra la libertad individual.

Pero no podemos pretender que un político, que vive de la extorsión, sea quien acabe con un sistema que le beneficia, sino que hemos de tomar nosotros la iniciativa dejando de alimentar al tirano.

Si usted considera que pagar impuestos es injusto, no los pague. Cuando una empresa “evade” su legítimo dinero para que no sea confiscado por el estado está actuando correctamente; si alguien le ofrece un servicio o producto y le da la opción de cobrárselo con factura o sin ella, no lo dude, ¡hágalo sin factura!; tanto usted como él saldrán ganando.

No podemos esperar que los políticos realicen cambios para nuestro beneficio porque eso es una contradicción. La historia ya nos ha demostrado que ningún político, por más liberal que se haga decir, jamás ha hecho nada por nuestra libertad individual. El insumiso fiscal es un héroe al que se le tendría que hacer un monumento. El “elegido” no es ningún político, sino usted. No esperemos a que los burócratas nos liberen, empecemos nosotros antes.

Privaticemos los recursos naturales

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

 

En cuestión de días, millones de hogares del mundo se han familiarizado con Terri Schiavo, su penoso estado, y la batalla legal y política que se ha producido en torno a la decisión de mantenerle artificialmente la vida o dejar de hacerlo. Muchas cuestiones se han discutido, como la crueldad de la muerte que le espera si se le desconecta, la legitimidad de su marido o de los padres de tomar la última decisión, el valor de la vida, el verdadero estado de Terri o los motivos detrás de la iniciativa de George W. Bush de crear una ley para que Terri Schiavo pueda seguir enchufada a una máquina, como sus padres desean.

No obstante yo me fijaré en un aspecto al que quizá no se le ha prestado la atención que merece, y es la cascada de decisiones políticas y judiciales que han llevado el caso hasta donde está. Hablamos de algo más que la vida de Terri Schiavo, que aunque importante, incluso estando mermada, no puede impedirnos apreciar que está en juego también la salud institucional de la democracia más antigua del mundo. Quizás esto último parezca exagerado, ya que estamos hablando, al fin, de un caso privado y que afecta a un número muy limitado de personas. Pero si vemos el asunto con más perspectiva podemos entender que las implicaciones de este asunto van mucho más allá.

Los datos básicos del caso son ya de sobra conocidos. Terri lleva doce años conectada a una máquina en un estado vegetativo que para muchos, para la mayoría, es irreversible. Sus padres luchan para que no se desconecte a la mujer de 41 años, mientras que su marido, que en este tiempo ha rehecho su vida, reclama el derecho de tomar la última decisión al respecto.

La corte del Estado de Florida dio la razón al marido de Terri, Michael, por lo que ella fue desconectada en 2001, reconectada de nuevo y tras desestimarse la apelación en 2003 vuelta a desenchufar. Entonces el Parlamento de Florida aprobó la Ley de Terri que permitía al Gobernador Jeb Bush intervenir y paralizar la desconexión. Una ley que luego sería declarada inconstitucional. Es en las última semana cuando todo se ha acelerado, ya que el viernes, 18 el juez estatal de Florida falla a favor del marido y ordena que se cumpla el deseo de éste de desconectar a Terri. En un movimiento de extraordinaria rapidez, la Cámara de Representantes aprueba el lunes siguiente una ley que otorga a los padres de la mujer tomar la decisión contraria. Finalmente la Corte Suprema de Florida ha rechazado la autoridad federal, ha restituido el derecho del marido e incluso los padres han renunciado a hacer nuevas alegaciones, a la espera de que se produzca el final desenlace.

Lo que resulta preocupante de todo este asunto es, en primer lugar, el intento por el Parlamento de Florida de entrometerse en una decisión judicial (han intervenido nada menos que 19 jueces en este asunto) aprobando una ley ad hoc. Ya sufrimos en España un caso homólogo en el asalto a Rumasa. Y en segundo lugar el intento de hacer lo mismo por las instituciones federales. En este caso se añade la intromisión del gobierno central en un asunto de ámbito estatal.

El menoscabo de los derechos de los Estados a favor del poder federal ha sido una trágica constante en la historia de los Estados Unidos. Pero siempre se había operado por argucias jurídicas. Unas elaboradas desde las alturas de mentes como Hamilton con su tramposa teoría del poder implícito, o la del Juez Marshall de la Corte Suprema. La mayoría consisten en burdos intentos de retorcer el lenguaje hasta el ridículo, con tal de matar el espíritu de la ley a puñaladas literales. Como interpretar como “comercio interestatal” la producción agrícola para consumo propio. Pero, en cualquier caso, siempre se ha recurrido a algún expediente, por muy falso que resulte en principio. Aquí ni siquiera lo hemos visto, fuera del mero deseo, siempre comprensible, de salvar una vida.

Pero el Derecho no debe atender a los deseos personales. Ni debe torcerse para alcanzar ciertos resultados concretos por muy justos o beneficiosos que nos parezcan. Friedrich. A. Hayek siempre ha recordado, junto con muchos otros, que la ley, para ser justa, ha de tener un carácter general. Y que no se pueden hacer excepciones basándose en juicios sobre la mayor o menor conveniencia de que se aplique en tal o cual caso, porque de ese modo se aniquila la misma idea de la justicia. Es precisamente ese el sentido de otorgar ceguera a la justicia.

Y por lo que a los derechos de los Estados en USA se refiere, la cuestión es del máximo interés. Porque el que éstos mantengan sus poderes supone un contrapeso que frenaría la acumulación del poder en el gobierno central. Los Padres Fundadores jamás previeron el inmenso poder de las instituciones federales y de hecho nunca hubieran bendecido muchos de los poderes del gobierno central que hoy tomamos como indisolubles. Pienso en la Reserva Federal (1913), el impuesto sobre la renta (1913) u otros.

Ese aumento del poder federal ha ido paralelo al derrumbe del Estatal en derechos tan decisivos como el de anulación o el de secesión, tras la Guerra Civil. En esta materia la hipocresía de republicanos y demócratas es total, ya que los últimos se han apuntado al carro de la defensa de los derechos de los Estados, mientras que en el caso de Roe vs Wade, que instituye el de abortar como derecho federal (pese a no venir en la Constitución) han optado por lo contrario, aunque nunca del lado de la defensa de la vida.

Aunque se pueden señalar todavía más incongruencias por el lado progresista, quiero destacar la hipocresía de los conservadores que se han saltado su tradicional defensa de los derechos de los Estados por un asunto que choca con otros valores morales que también comparten. Y un último apunte. Aunque George W. Bush podría poner en marcha una auténtica revolución liberal en las pensiones que, aunque limitada, contribuiría en el futuro a reducir el peso del Estado, también ha adoptado otro tipo de medidas que en demasiadas ocasiones van en el sentido contrario y que, desde una óptica liberal, merecen ser censuradas.

El caso de Terri Schiavo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El conservadurismo socialista, esa asfixiante corriente ideológica típicamente francesa -pero asimilada a día de hoy por la toda la izquierda europea- ha vuelto a perpetrar un crimen por estrangulamiento. Como casi siempre, las principales víctimas son el francés pobre y el pobre francés en general, pero la sociedad europea también pagará caro este nuevo triunfo del pensamiento único socialconservador.

Se trata de la retirada del proyecto de liberalización de los servicios en Europa. La propuesta de la Comisión Europea que parecía contar con un amplio respaldo consistía en que los bienes económicos que ofrecen los arquitectos, economistas, ingenieros, fontaneros y demás profesionales en forma de servicios, dejasen de estar restringidos por medio de agresivas regulaciones al territorio de los diferentes estados miembros.

El proyecto era de esas contadísimas cosas buenas que salen de la capital europea del intervencionismo y de la burocracia. Su esencia consistía en inhabilitar las barreras que impedían la prestación de servicios de todo tipo en países distintos al de origen o de residencia y así dar un importante impulso a la división europea del trabajo y del conocimiento. Suponía permitir una mejora cualitativa del mercado europeo al tiempo que éste se extendía hacia el centro y este del continente y hubiese permitido incrementar de manera significativa la productividad del trabajador medio y, especialmente, la de los trabajadores menos cualificados de Europa.

Los más aptos para prestar determinados servicios en mejores términos se hubiesen podido especializar y la mayor productividad de quienes finalmente ganasen el favor de los demandantes europeos hubiese beneficiado a aquellas personas menos cualificadas no sólo como consumidores sino como meros miembros de una sociedad más productiva gracias al mayor valor relativo que su cooperación adquiriría en los nuevos y mejores procesos de producción.

Es la maravilla del mercado libre: la extensión de los intercambios libres y pacíficos beneficia a toda la sociedad a través de la división del trabajo incluyendo a aquellas personas que están menos cualificadas o que poco han hecho por mejorar. Y es que el gran arquitecto o médico al que se le abren nuevos mercados no sólo empuja a otros arquitectos o médicos menos cualificados a especializarse en aquellos aspectos de su oficio que mejor saben hacer, sino que estará dispuesto a pagar más a quien le ayude a plegar sus planos o limpiar sus instrumentos.

Los políticos franceses, profesionales del agresionismo social –oficio al que a nadie se le ha ocurrido poner sanas barreras-,  han invocado la incompatibilidad del proyecto con el “modelo social europeo” para pedir su retirada. En el trasfondo está el cercano referéndum de la Constitución Europea en el país vecino y, en ese contexto, un posible guiño de los conservadores sociales a los social-conservadores franceses para ocultar las felices consecuencias de la libertad económica.

Nuevas víctimas del modelo social europeo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

A finales del año pasado, Google llegó a un acuerdo con varias universidades para indexar una parte de sus bibliotecas y ponerla a disposición del público a través de su buscador Google Print. Chirac ha montado en cólera ante este ataque inaceptable contra la excepción cultura francesa y, como ha visto que Francia no es capaz de montar una alternativa ella sola, o que le saldría demasiado caro, ha decidido ampliar la injuria de la cultura anglosajona a toda Europa o, al menos, a los gobiernos que cree que puede engañar, que son el alemán, el español y el británico. Caso curioso este último, dado que el francés ha bramado contra el dominio de la cultura anglosajona y la lengua inglesa y, además, Oxford está entre las universidades que colaboran con Google.

La alerta vino del director de la Biblioteca Nacional Francesa. Tras reconocer que este proyecto acercaba a los países pobres al conocimiento de los más punteros, aseguraba que lo importante no era eso sino la consagración de "la supremacía cultural mundial" de Estados Unidos. Es decir, donde toda persona normal ve una oportunidad y un beneficio para todos, los burócratas franceses sólo ven hamburguesas y ketchup. Y la solución para tan crucial problema es subvencionar una cultura europea pensada como contraria y enemiga de la norteamericana, al gusto de Mercedes Odina.

No cabe duda de que la cultura europea es algo digno de preservar, como sabe todo el mundo que haya escuchado "A toda mecha", pero el modo escogido de hacerlo muestra claramente las razones por las que está de capa caída. En Estados Unidos, una empresa puntera desarrolla una tecnología y decide emplearla para poner a disposición del público gran parte del legado cultural escrito en la lengua de Shakespeare, esperando rentabilizarlo de algún modo, seguramente mediante anuncios. En Europa, los gobiernos reaccionan después, molestos, y anuncian un concurso público que costará millones de euros a los contribuyentes para intentar hacer lo mismo. Y digo intentará, porque seguramente acaben realizando un bodrio innavegable con estúpidas condiciones de uso, como las que mantiene la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y que ya denuncié hace dos años.

Esta iniciativa parece enmarcarse en la misma filosofía que el acuerdo para preservar la diversidad cultural firmado por Francia, Brasil y España, y que la ministra Calvo es incapaz de defender frente a la más mínima crítica. El principal problema de dicha filosofía es que las culturas no son un ente estático a preservar, sino algo vivo que necesita del intercambio como su comida y bebida. China, una cultura que se adelantó a muchos de los inventos europeos en siglos o incluso milenios, firmó su decadencia con la decisión de cerrarse al resto del mundo. Sonidos tan intensamente jamaicanos como el ska o el reggae no son más que una mezcla de estilos africanos y norteamericanos, que más tarde han influido notablemente en la misma música todopoderosa y arrasadora de EEUU. Los cineastas de la Nouvelle Vague conocían a la perfección a los clásicos norteamericanos y aprendieron de ellos, pero crearon un cine distinto que también acabaría influenciando las obras de los primeros. Pero eso es porque entonces a nadie se le había ocurrido la estupidez burocrática de la "excepción cultural". Pobres ingenuos, los Truffaut, Godard y compañía. Con Chirac no hubiesen necesitado innovar.

Si la envidia fuese tiña

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta semana pasada los grupos de presión de turno nos han asaltado con documentos y propaganda anticapitalista con la excusa del día mundial del agua. Su mensaje es el de siempre: “estáis destruyendo el mundo, así que dejar de vivir como queréis y obedeced: no consumáis”. Lo mismo nos dicen sobre la electricidad, alimentos, etc.

Una de los principales argumentos para el “desarrollo sostenible” anticapitalista es la escasez. El agua, electricidad, recursos naturales, etc. son escasos y por tanto hemos de reprimirnos de su uso.

Pero la realidad es que todo lo que nos rodea es escaso: automóviles, casas, lámparas, educación, trabajo, etc.; y es por eso que todas las cosas tienen un precio. El precio es el mecanismo natural que regula las relaciones entre oferta y demanda. Si las cosas no tuviesen precio, y eso significaría que son ilimitadas, la economía no haría falta y todos viviríamos en el Paraíso: nada escasearía, no nos haría falta trabajar, todo lo tendríamos al alance de la mano.

Pero vivimos en un mundo donde la naturaleza no es capaz de crear coches, escuelas, DVDs, supermercados, ni nos lleva el agua a nuestras casas. En otras palabras, la mayoría de objetos materiales y servicios que la sociedad nos brinda son limitados y hemos de trabajarlos para vivir y satisfacer al resto de la comunidad.

Fue esta cooperación descentralizada y voluntaria la que creó el Capitalismo y la superabundancia posterior: cuando la gente trabajaba en aquello que más valoraba el resto de la sociedad, mejor vivía y más contribuía a la satisfacción de los demás.

En una sociedad no intervenida y libre todo aquello que tiene un valor y es escaso adquiere un propietario natural. El propietario trabaja su bien para ofrecerlo mediante el comercio al resto de la comunidad para ganar algo a cambio. La propiedad privada nace del trabajo de uno mismo o de lo que nosotros pagamos voluntariamente por el trabajo, voluntario también, de otro. Tanto oferente como demandante salen ganando de este intercambio pacífico, sino no se realiza.

Lejos de esta forma pacífica y voluntaria, la solución del estado ha sido nacionalizar y tomar por la fuerza los “recursos sostenibles” en nombre del “bien común” eliminando el disfrute de éstos a cualquiera: ha expropiado terrenos y casas, ha creado parques protegidos a los que no podemos acceder, zonas verdes que impiden el desarrollo económico y el posterior traslado forzoso de personas y empresas, precios máximos en el sector eléctrico que crean pérdidas a las compañías y posteriores cortes eléctricos para sus clientes, monopolios nacidos de los favoritismos políticos y corrupción, leyes y tributos sobre el suelo urbanizable que encarecen la vivienda, etc. Si nos creemos que por arte de magia los bienes se pueden multiplicar y redistribuir para todos por igual, lo único que conseguiremos es que no haya nada para nadie. La economía sostenible anticapitalista es la excusa política para sacarle al individuo su propiedad y libertad.

Si valoramos los recursos naturales por su utilidad y escasez, eso significa que tienen un precio, y si permitimos el acceso de estos recursos a sus legítimos propietarios —todo aquel que sepa encontrarle un lugar en el mercado—, éstos se cuidarán que persistan cuidándolos y comerciando con ellos a cambio de una recompensa económica; sino lo hacen, se les acabaría el negocio. Nadie crea una empresa para arruinarse, en cambio, al político le da igual las consecuencias de sus actos. El político siempre seguirá cobrando independientemente de lo que haga. Si lo hace muy mal lo destituirán pero le darán otro cargo con el mismo o mejor sueldo para que no se queje o no monte un escándalo.

Si nos desprendemos de la expropiación estatal (impuestos, leyes, licencias, patentes, etc.) conseguiremos un mundo sostenible, fructífero y Capitalista de verdad donde la escasez, a través del trabajo y afán de lucro empresarial, consiga la abundancia y riqueza para la comunidad y no de la comunidad como pretende el burócrata.

Europa, más atrasada que nunca

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Europa está perdiendo el tren de las nuevas tecnologías. Según un informe de la asociación europea de comercios e industrias Eurochambres, Estados Unidos aventaja a Europa en veinte años en el campo de la investigación tecnológica. Los principales puntos del informe se pueden resumir en que:

– Las actuales cotas de inversión en I+D, productividad y empleo de la Unión Europea, en términos de PIB, fueron alcanzados por Estados Unidos a finales de los setenta.

– Concretamente, el nivel de empleo europeo en 2003 fue alcanzado por Estados Unidos en 1978.

– En lo referente a I+D, Europa deberá esperar hasta el año 2123 para equipararse a Estados Unidos.

– Por lo que se refiere al nivel de renta, en términos de PIB por habitante, Europa se colocó en 2003 donde Norteamérica ya estaba en 1985.

– Europa no alcanzará hasta el año 2056 las tasas de productividad por empleado que tiene actualmente Estados Unidos.

Si lo que estuviésemos comparando fuesen las economías de Europa con las de la India, por ejemplo, los economistas estatistas no tardarían en decirle que el “desequilibrio” se debe a factores como la formación, el conocimiento o la falta de inversión estatal; pero no hay razón para pensar que los empresarios y científicos europeos estén menos capacitados que sus homólogos americanos, al igual que no lo están los indios en relación a los europeos. ¿Cómo es que Estados Unidos está más avanzado que Europa? Por las políticas intervencionistas europeas.

Los mismos economistas estatistas, incapaces de encontrar una solución real al evidente atraso europeo respecto a Estados Unidos, le dirán que el “desequilibrio” ha de ser enmendado con más intervencionismo que se canalice hacia el sector de las nuevas tecnologías. Lo mismo le dirán sobre la “deslocalización”, la creación de empleo, “desigualdad de la mujer”, justicia social; en fin, sobre todo. El único objetivo de los gobernantes es culpar a cualquiera (libre mercado y sociedad) de sus propios errores para ir tomando cada vez más peso en la economía, la sociedad y nuestras vidas.

¿Y cuáles han sido las soluciones de los gobiernos de Europa para impulsar el mercado tecnológico? Tasas a los CDs vírgenes, regulación de las patentes, propaganda gubernamental contra los videojuegos, caras licencias para los operadores de telefonía móvil y para los nuevos servicios tecnológicos (como ocurrió con el UMTS), controles de precio en el sector de la comunicación, control de la competencia, subvenciones para los grupos de presión, más tributos a las nuevas tecnologías, el gobierno español está incluso “estudiando” gravar las líneas ADSL para recaudar más.

Más dinero para el estado es menos poder de elección para las empresas y particulares, y por lo tanto, menos dinero para el ahorro e inversión voluntaria. Ningún zar de la producción estatal puede saber mejor que el propio mercado y sociedad hacia dónde canalizar el dinero del consumidor, inversor y ahorrador.

El socialismo e intervencionismo no son la fórmula mágica a los malos datos económicos de Europa, sino el problema. La solución para Europa es la total libertad de mercado. Si mantenemos durante más tiempo el estado del bienestar permitiendo la intrusión estatal en la economía privada, Europa jamás podrá plantar cara a Estados Unidos ni al resto del mundo.

No es mi defensor

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

No hay figura más absurda y prescindible en todo nuestro ordenamiento constitucional que la del Defensor del Pueblo. Pero como tan sólo molesta a los que pagamos su mantenimiento por obligación, y no a los políticos, nadie ha propuesto eliminarla en ninguna de las futuras propuestas de reforma de la Constitución. Para poder salir en los periódicos y hacer como que justifica su sueldo, ha decidido proponer una serie de medidas que, pretendiendo ayudar a luchar contra la pornografía infantil, encarecen el uso de Internet y violan el derecho al secreto en las comunicaciones.

La LSSI-CE obliga a los proveedores de servicios de Internet a guardar durante un año los datos de tráfico de sus usuarios, pero al no desarrollarse en reglamento qué datos debían almacenarse la disposición no entró en vigor. El Defensor del Pueblo considera que se queda corta, y que un año es lo mínimo que deberían guardarse. Es posible que la policía no tenga medios para investigar con más rapidez, pero la culpa no es de los internautas si no de quien prefiere invertir nuestros impuestos en brigadas de ayuda a la SGAE. A cambio de más titulares que demonicen el uso de la red, nos veríamos obligados a pagar, además de nuestros impuestos, cantidades mucho mayores por disponer de una conexión a Internet, una cuenta de correo y un alojamiento para nuestra web, debido a los costes de guardar esos datos.

También pretende exigir a los proveedores de servicios de chat que controlen a sus usuarios y vigilen sus actividades; algo parecido a lo que pretende exigir el gobierno, a propuesta del sindicato vertical de editores y autores, a las compañías que ofrecen acceso a Internet para controlar si nos bajamos canciones de Ramoncín. Seguramente muchos de los que ofrecen ese servicio preferirán cerrarlo, incluyendonos seguramente a nosotros mismos, ya que el Defensor del Pueblo no va a pagar el sueldo de nadie para hacer esa vigilancia.

No obstante, lo más grave es que desea que esos datos de tráfico estén a disposición de la policía sin necesidad de autorización judicial previa. Cualquiera policía o guardia civil de, pongamos, Avilés, podría obtener los datos de todas las andanzas por Internet de, por ejemplo, Antonio Rubio y Fernando Múgica, ya que las correrías de Toro y Trashorras no les resultan de tanto interés. Y lo podrían hacer sin ningún problema legal, como si estuviéramos en los tiempos de la estatua ecuestre.

Es frecuente que en los estados dictatoriales haya menos delitos y más seguridad ciudadana. Los medios empleados para la represión política son muy útiles para la represión del delito. En este mismo país hay gente que añora a Franco porque con él "se podía andar tranquilamente por la calle". Enrique Múgica parece hallarse entre ellos, pues está proponiendo una serie de medidas con intención de luchar contra un delito repugnante pero, la verdad, sin demasiada incidencia en España en comparación con otros, a cambio de renunciar a libertades básicas. No me defienda más, por favor.

Harakiri a la europea

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada vez que los ministros de economía de la zona euro se sientan a una mesa, nuestras carteras tiemblan. Cuando se sientan para decidir cómo enterrar las condiciones del pacto que trata de limitar el gasto en el que ellos mismos incurren con cargo a nuestras temblorosas carteras al nivel de los ingresos públicos, tiembla toda la sociedad. Y eso es lo que sucede mientras escribo este artículo.

Limitar el gasto a lo que se ingresa no garantiza el crecimiento económico –imagínense unas cuentas equilibradas con unos impuestos que confiscan el 90 por ciento de la renta- pero incurrir en déficit público constituye una verdadera liposucción para las vacas de la economía. Un mayor nivel de gasto público –con o sin déficit- implica un uso de los recursos crecientemente distanciado del que les darían los consumidores: Un desequilibrio económico inducido por el afán de gastarse el dinero que previamente se les quita a los demás con la excusa de gastarlo en lo que verdaderamente les conviene. ¡Cómo si los individuos se chupasen el dedo!

El déficit público tiene que cubrirse con impuestos adicionales, inflación o deuda pública y la perspectiva de cualquiera de estas medidas deprimen la ya de por sí anémica eurozona. La primera invita a salir a por tabaco con el capital y no volver nunca a casa, la segunda distorsiona todo la estructura productiva por la descoordinación intertemporal que provoca y la redistribución forzosa de recursos que implica y, por último, el incremento de la deuda pública asfixia los proyectos empresariales privados al elevar la escasez relativa del crédito. Al mismo tiempo estas medidas hacen tambalear los fundamentos del valor del euro y, en consecuencia, el poder adquisitivo de nuestros ingresos.

¿Qué les impulsa a nuestros señores ministros a desvirtuar el pacto en torno al equilibrio presupuestario en Europa? Sobre esta cuestión sólo cabe especular. Es posible que una explicación consista en la vieja y arrogante convicción de que el dinero gastado por un gobernante obra milagros multiplicadores que no puede conseguir el gasto del mismo dinero por parte de sus legítimos propietarios. Pero es más probable que estas fábulas no tengan hoy el predicamento ni el influjo que tuvieron en el pasado y que la clave de esta defunción programada a base de flexibilización haya que buscarla en la presión por parte de los gobiernos manirrotos y poderosos para que las medidas que un día impusieron a los demás, no les sean aplicadas a ellos ahora que han convertido sus países en solares donde pocos se atreven a producir y demasiados se animan a vivir del gasto público.

Quizá a los señores ecofines les convenzan más las palabras directas de Juan de Mariana que una tonelada de razonamientos económicos: “No puede el rey gastar la hacienda que le da el reino con la libertad que el particular los frutos de su viña ó de su heredad".

Incompetencia y monopolio

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde que lo planteara Adam Smith en el mismo título de su obra más influyente, la riqueza de las naciones ha sido constante preocupación de economistas y reformistas de toda laya. Ese interés se reavivó con el final de la II Guerra Mundial, quizá por el surgimiento de una verdadera conciencia social. Quizá porque, pásmense, al capitalismo se le acusaba de crear miseria en los países en los que no se había implantado. Este interés por el desarrollo y por la pobreza solo se ha incrementado con los años, como legítimo interés por la suerte de millones de personas, o como una excusa más para acusar al capitalismo de todos los males del mundo, aunque fuera en las áreas donde éste no estaba presente. En casos como el de Etiopía se llegaba a acusar al capitalismo de las hambrunas causadas por el socialismo. Esa búsqueda de las claves del desarrollo, hecha desde las más prestigiosas universidades de Occidente, llegó a invertir los términos del programa de investigación de Adam Smith y en lugar de la riqueza se buscaba las causas de la pobreza. El planteamiento no podía ser más erróneo, porque la pobreza es la misma condición del hombre. Venimos al mundo absolutamente desamparados y sobrevivimos con la riqueza que puedan generar nuestros antecedentes, o la que hayan acumulado.

Se ha probado de todo para aliviar la pobreza de las sociedades más desposeídas; desde el proteccionismo a la planificación central o a la esterilización masiva y forzosa. Un nuevo ejemplo este último de cómo la izquierda puede llegar a ser de lo más reaccionario y racista cuando se pone. Muy alejada de estas propuestas socialistas, en la segunda mitad de los ‘70 comenzó a hablarse de otra, el microcrédito, que podría resultar por fin en un buen instrumento para el desarrollo económico y social. La idea es muy sencilla. Concedamos créditos a los más desposeídos, pero que tengan el interés por salir adelante creando una pequeña empresa, para la mejora de la casa, o para otros fines, como la educación. Parece de lo más razonable pues, en principio fomenta el esfuerzo, la responsabilidad individual, el progreso personal y de la sociedad. Uno no puede evitar acordarse del proverbio sobre dar pescado o enseñar a pescar.

Pero por muy valioso que sea este avance en el sistema financiero, el microcrédito puede quedarse en la pretensión de construir una casa sin cimientos. Lo esencial no consiste en hacer llegar una pequeña cantidad de dinero a una familia de Calcuta, sino en convertir ese dinero en capital. Y para ello es necesaria la definición y protección del derecho de propiedad. Como ha explicado brillantemente José Ignacio del Castillo “sin propiedad privada, sin mercados y precios, sin división del trabajo y sin empresas, sencillamente no hay capital. Quizás habrá otras cosas: máquinas, edificios, tecnología, obreros. Pero no el alma que hace que todo eso funcione”. De nada valen 300 euros para una miroempresa si su creación cuesta cinco veces esa cantidad; si las regulaciones e intervenciones no le permiten funcionar adecuadamente. Un reciente estudio realizado en Filipinas muestra precisamente que, en palabras de su autor, si bien el microcrédito ha servido adecuadamente como ayuda para las necesidades básicas, no ha resultado en un instrumento útil para el desarrollo en ese país, ya que “la microfinanciación (…) no atiende las verdaderas causas de la pobreza”, que están en el mantenimiento de una economía regulada, asfixiada por las intervenciones, y que no reconoce adecuadamente, ni protege, los derechos de propiedad. Esto es, los derechos del individuo.

El propio Banco Mundial, que tan dado ha sido a fomentar ayudas públicas y aventuras estatales de toda condición, reconocía recientemente en un importante estudio que las regulaciones son un auténtico impedimento para la creación de riqueza de los que menos tienen. En la explicación por The Economist del informe, “en Haití, por ejemplo, registrar una compañía lleva 203 días, que son 201 más que en Australia. En Sierra Leona cuesta un 1.268% del ingreso medio per cápita, comparado con nada, en Dinamarca” y “en conjunto, las empresas en los países pobres cargan tres veces los costes administrativos y tienen que luchar en el doble de procedimientos administrativos”.

No quiere decir ello que los microcréditos no sean una institución válida, pero sólo lo será cuando se concedan sobre la seguridad de poder emplearlos con libertad.