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La irracionalidad de las armas

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Si hay un debate recurrente, este es el de las armas de fuego en mano de civiles. Con cada masacre que el sociópata de turno ejecuta en Estados Unidos, tenemos horas y horas de charlatanería sobre el tema en todo occidente.

Hay un parte de este debate que se intenta realizar de forma racional. Aquí aparecen cifras, argumentos legales, derechos, etc. Después de años de poner atención a todo, uno no puede más que afirmar que son meros intentos de racionalizar sentimientos.

Y hay cuatro tipos de sentimientos en la sociedad sobre las armas:

  • La desconfianza de los individuos, hasta el punto de que ninguno pueda tener ninguna herramienta que le permita escapar de la voluntad colectiva.
  • El que te hace concebir la defensa propia como algo que no está a tu alcance, y, por tanto, se la niegas al conjunto de la sociedad.
  • Aquel que te hace desconfiar del Estado, hasta el punto de que consideras ilegitimo que éste prive a un individuo de permanecer armado.
  • El que nace de la familiaridad con objetos, que no dejan de ser herramientas, y cuyo uso te permite desmitificarla y poner el foco en la persona que la utiliza.

En Europa, y concretamente en España, los dos primeros sentimientos son comunes en casi toda la izquierda, y una buena parte de la derecha. El tercero, solo es frecuente en la derecha liberal, y no en toda. Y por desgracia, el cuarto es cada vez menos común, según se van limitando las pocas actividades que permiten familiarizarse con las armas de fuego. A los que hay que sumar que la regulación de su uso es tan estricta, que desencadena una indefensión aprendida en sus usuarios.

Por lo tanto, estamos ante un escenario donde la defensa del derecho a la tenencia de armas, no ya a su porte, es un ejercicio fútil. Eso no quiere decir que se tenga que abandonar, pero sí que habría que intentar no abordarlo desde el punto de vista racional, algo que no va a llevar a ninguna parte.

Atendiendo a los sentimientos que hay en juego en este tema se puede tener una estrategia más inteligente para abordar este reto:

Aquellos que desconfían del individuo y solo quieren un ente que lo dirija todo son un caso perdido. No habría que perderse en sus racionalizaciones y apuntar a la causa de fondo que las provoca.

Para disminuir la percepción absurda de la incapacidad de defensa propia solo hay un camino: entrenar la capacidad de defenderse. Una sociedad que no lee porque otros, el Estado, ya lee por ellos, es obvio que está condenada. Pasa lo mismo con la defensa propia. Pero por algún motivo, son precisamente aquellos que pasan mucho tiempo leyendo los que más rechazan la idea de tener que entrenar ciertas destrezas físicas.

Difundir una sana desconfianza en el Estado. Tanto de sus intenciones, como de su eficacia. Aquí toda la filosofía liberal juega un papel fundamental, así que es un punto que ya estamos cumpliendo.

Y, por último, hay que mantener como sea la utilización civil actual de armas de fuego en España. La caza y el tiro deportivo son la única razón por la cual aún podemos escapar de la intención estatal de monopolizar totalmente las armas. Por lo tanto, son activades a defender y proteger.

Puede parecer una tarea titánica, pero por desgracia, vamos a tener un aliado en esta labor: el aumento de la inseguridad que nos va a acompañar en los próximos lustros. Lo que hace más necesario que nunca empezar a revertir la manipulación social que nos ha llevado a donde estamos. Y como toda manipulación, no va de razones, sino de sentimientos.

La ruptura generacional y el nuevo contrato social (II)

Escrito por Álvaro D. María en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en La ruptura generacional y el nuevo contrato social (II)

“Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio”

La producción de seguridad, Gustave de Molinari

En la primera parte analicé la ruptura generacional y la necesidad de un nuevo contrato social, en esta segunda parte haré una conjetura sobre por dónde podría desarrollarse.

A medida que el poder de negociación entre las distintas generaciones se va modulando en esta transición hacia una nueva era —la era de la información—, a la par que la vieja política es incapaz de cumplir sus promesas y las generaciones que han cumplido su parte del contrato social exigen el pago del Estado de sus pensiones, se planteará nuevamente un escenario similar al de la Transición, donde nos debatiremos entre la Continuidad de los boomers y pensionistas, la Reforma de los trabajadores y la Ruptura de los más jóvenes.

En la elaboración de todo contrato es esencial el poder de negociación de las partes: qué quiere cada una, qué puede aportar y en qué puede ceder. En este caso, las partes serán los tres sectores generacionales que ya identificamos, a grandes rasgos: boomers y pensionistas (>58 años), trabajadores (30-58 años) y jóvenes (<30 años). Será importante, por tanto, estudiar de qué dispone cada uno y qué quieren para este nuevo contrato social.

Boomers y pensionistas quieren mantener el statu quo, la continuidad del sistema actual que tantos beneficios les reporta; esencialmente, sus pensiones. Por ejemplo, las nuevas pensiones de jubilación son un 23,3 % más altas que el sueldo más habitual en España. Estos ingresos en su mayoría son renta disponible, puesto que ya tienen sus viviendas pagadas y apenas tienen otros gastos. Disponen de ahorros, bienes inmuebles y un poder de negociación significativo por el elevado número de votantes que son. No obstante, tienen muy poco poder social, puesto que ellos son los que menos movilidad tienen y los que más necesitan al resto de la sociedad, dado que ni producen bienes ni prestan servicios.

Trabajadores. El mundo cambia a una velocidad de vértigo y ya no tienen tan seguro mantener un buen puesto de trabajo por las necesidades de actualizarse y la situación macroeconómica. Aunque su horizonte empieza a tener nubes negras, todavía aspiran a llevar una jubilación tranquila como la de sus padres y que el temporal que se avecina no sea más que una breve tormenta de verano. Sin embargo, la demografía es testaruda, y para que puedan llevar a cabo su retiro, el Gobierno planea retrasar la edad de jubilación y abrir las puertas a 10 millones de inmigrantes. Su poder de negociación es el menor de todos, puesto que están atados a las expectativas de futuro vinculadas al Estado, pero también a sus impuestos. Son los que más tienen que perder, las principales víctimas de la ruptura del contrato social. Disponen de las herencias futuras y de los frutos de su trabajo presente al menos de lo que no se coman la inflación y los impuestos. No obstante, a pesar de ser los que menor poder de negociación tienen, detentan el poder actual y tienen en sus manos las riendas para elegir el camino: la Continuidad, la Reforma o la Ruptura.

Los jóvenes con el statu quo actual no tienen nada que ganar, y por la precariedad tampoco nada que perder, y tienen todo el futuro por delante. Con el fork en los medios de comunicación van a tener voces mediáticas que les representen, y pueden hacer su patrimonio portátil y difícilmente confiscable gracias a Bitcoin. Así, con la facilidad para emigrar llegado el caso, su poder de negociación social irá creciendo significativamente a medida que pase el tiempo. Sin embargo, no tendrán gran poder de negociación político, pues por demografía ni siquiera atraen el interés de los partidos. Tanto la Continuidad como la Reforma les necesita como agua de mayo, ¿quién va a mantener si no el sistema? ¿20 millones de inmigrantes? El sistema necesita a los jóvenes, pero ellos lo único que quieren es un trabajo digno, formar una familia, acceder a una vivienda y poder vivir sin que les asfixien con regulación e impuestos, por lo que su facilidad para hacer un opt-out —optar por salir del sistema— incrementará exponencialmente su poder de negociación. Además, tienen competencias esenciales para el mundo que viene, si no les integran en las estructuras de poder, la fragilidad y vulnerabilidad será enorme, sirva como ejemplo cuando un periodista se coló en una reunión secreta de Defensa de la Unión Europea.

Una vez visto el poder de negociación de cada parte, de qué disponen y qué quieren, hay que conjeturar acerca de cómo se llega a este escenario, puesto que el actual contrato social se está resquebrajando a marchas forzadas. Veamos un ejemplo paralelo: la Superliga.

Florentino Pérez plantea hacerla porque ve que el fútbol, tal y como está, es insostenible, en el medio-largo plazo puede morir. Como tuvieron un monopolio de la emisión, subieron mucho los precios, y los que siempre habían sido aficionados siguieron consumiéndolo. Pero una capa de la sociedad, los jóvenes, quedaron excluidos justo en el momento en el que aparecía una alternativa —Youtube—, así que se bajaron del tren para subir a uno nuevo. Y no sólo esto, es que también disuadieron a muchos padres de seguir viéndolo. Los jóvenes ya solo ven los grandes partidos, pero no son fanáticos del fútbol. En el día a día no siguen todos los encuentros, ven a creadores de contenido. Es difícil encontrar un partido de Primera División que no sea del Real Madrid, Barcelona o Atlético, que supere un directo de Ibai. Si se proyecta esto 10 años, el fútbol va a tener muy pocos espectadores el día de mañana, a excepción de los grandes partidos. La solución propuesta a este escenario era la Ruptura.

La Superliga suponía romper con el statu quo, haciendo partidos solo con los equipos de primer nivel europeo, retransmitidos por plataformas globales y con los creadores de contenido como comentaristas. La solución era buena ante un escenario de crisis del fútbol, pero no incluyó los intereses de las instituciones establecidas. El error, además de hacer la presentación en El Chiringuito, fue no negociar con todas las partes. Pero la consecuencia de que no se negociase entre todas las partes ante un escenario de crisis, supone que el fútbol ya va a tener prácticamente imposible recuperarse y mantenerse hegemónico las próximas décadas. El escenario era, “el fútbol, de seguir así, muere, ¿qué vamos a hacer para salvar esto?”. Se enfrentaron los intereses acumulados de las instituciones futbolísticas y los intereses de los equipos que tienen mayores ingresos, y no buscaron la negociación por el bien común, sino sus intereses particulares; y por ello el fútbol muere.

Pues bien, España está como el fútbol. Si seguimos así, en 10 años estaremos como Argentina. Al igual que el fútbol va a morir por perseguir cada uno sus intereses particulares, si no hay una negociación que tenga en cuenta los intereses de todas las partes, lo que vamos a perder es el futuro de España.

Los pilares esenciales de esta hipotética negociación, a mi juicio, serán: 1/ pensiones, 2/ sector público e impuestos, 3/ deuda pública, 4/ inmigración y 5/ jurisdicciones privadas.

1/ Pensiones. Lo bueno de tener un sistema de reparto es que las pensiones no “quiebran”, simplemente se reparte lo que hay, sea mucho o poco. Lo que es prácticamente imposible es que se sostengan tal y como están ahora y se sigan actualizando al IPC, especialmente con la inflación que tenemos —y que apenas ha comenzado—. Dado el elevado número de votantes que son y que su interés primordial son las pensiones, será difícil ver recortes en ellas. No obstante, dentro de la negociación, parece razonable buscar un acuerdo por el que haya pensiones para todos ellos, pero adaptándolas en función de un criterio de renta disponible por pensionista. Además, habrá que retrasar la edad de jubilación —siguiendo criterios por sectores— puesto que la esperanza y calidad de vida se han incrementado muy significativamente. No parece razonable que el nuevo contrato social acuerde pagar rentas por encima de la media del sector productivo, cuando además los pensionistas no suelen tener los gastos corrientes de alquiler de los trabajadores y jóvenes. Sin embargo, todavía estamos lejos de empezar la negociación, y acaban de anunciar que el Gobierno eliminará el tope de las pensiones máximas, parece que busca acelerar la caída del Estado.

2/ Sector público e impuestos. Sin un recorte significativo del sector público será muy difícil bajar impuestos, y sin bajar impuestos será prácticamente imposible mantener en España a los supercontribuidores, que son los que nutren las arcas del Estado. En el mundo que empieza a amanecer, tendrán extraordinariamente accesible el cambiarse de jurisdicción o tener su patrimonio fuera del alcance de las garras del Estado. Además, habrá que incorporar a los jóvenes en el sector público, tanto para reemplazar a los boomers que se jubilan como para introducir las competencias de las que ahora la Administración carece. Para ello se hace imprescindible una reforma significativa del funcionamiento de la Administración y de la integración y régimen de funcionarios.

3/ Deuda pública. Los intereses de la deuda pública van a asfixiar a los españoles la próxima década. Parece razonable ajustar a la realidad económica de España las pensiones y no cargar todo el peso sobre las condiciones laborales de los jóvenes, que hoy además nacen con 39.947 euros de deuda real por persona. Al fin y al cabo, no parece demasiado justo que unos sean los que se endeuden en nombre de otros que no disfrutan de los beneficios y que pagan la fiesta.

4/ Inmigración. España necesita inmigrantes, millones de ellos. No es suficiente con incrementar la natalidad, porque esos resultados llegarían dentro de tres décadas, y necesitamos trabajadores hoy. Pero, ¿qué inmigración? Una de las virtudes de España es su posición geográfica y su clima, con una regulación atractiva, bajos impuestos, y acabando con el principio de neutralidad del Estado, se pueden atraer millones de inmigrantes que vengan a aportar y empresas productivas a nuestro territorio. En caso de que no optemos por esta vía, recibiremos principalmente inmigración del norte de África, poco cualificada, y nos convertiremos en el lugar de mano de obra barata para la Unión Europea devaluando los salarios de nuestros jóvenes, precarizando más el trabajo e incrementando la inseguridad. Del diseño de esta política de inmigración depende en gran medida lo que será España este siglo.

5/ Jurisdicciones privadas. Las Micrópolis (libro en el que estoy trabajando junto a Adolfo) son zonas jurídicas y económicas especiales, que en alguna medida recogen la tradición española de los fueros, y que permitirían adaptar las normas sociales a grupos y comunidades con intereses afines. Con los problemas de la España vacía sería una propuesta muy interesante para, en lugar de tener que resignarnos a una decadencia constante, poder atraer personas y empresas de todo el mundo que simplemente vayan buscando un lugar seguro donde asentarse y prosperar —o simplemente no tener que emigrar de España.

Pensemos en jurisdicciones diseñadas específicamente para pensionistas, con un tejido sanitario espectacular; en Micrópolis donde sectores empresariales se asienten para tener una regulación concreta y conectar sinergias, como puedan ser farmacéuticas o el sector del automóvil europeo; ciudades privadas con legislaciones educativas propias, o con mayores o menores restricciones de inmigración.

Matandrinos es una aldea abandonada de Segovia que se puede comprar por 100.000 euros, ¿por qué no permitir a unos jóvenes que se instalen allí y se organicen jurídica y socialmente como consideren? Al fin y al cabo, con un ciberdinero y un mercado de 580 millones de hispanohablantes se pueden prestar servicios desde cualquier parte del mundo, por lo que estas opciones serán más que viables.

Y todo esto podría convivir con el “resto de España” funcionando con las mismas reglas, mientras se permite un crecimiento significativo tanto de la vida como de la riqueza, contribuyendo a sostener las enormes promesas de gasto social del Estado. Siendo una alternativa a aquello que Ortega comentaba de las sociedades cuando los jóvenes no tienen perspectivas de futuro:

“Entonces acontece la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura, o simplemente algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella, esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo —sin esfuerzo, lucha, duda ni riesgo— sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice: “El Estado soy yo”, lo cual es un perfecto error. El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado; ninguna nueva simiente podrá fructificar [¿ninguna?]. La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el hombre, para la máquina del Gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. Esta empieza a ser esclavizada, a no poder vivir más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. ¿Qué acontece? La burocratización de la vida produce su mengua absoluta, en todos los órdenes. La riqueza disminuye, y las mujeres paren poco”.

La rebelión de las masas, Ortega y Gasset

Frente a esta situación habrá que buscar alternativas. Reformular el contrato social para aliviar tensión social y generar vida y prosperidad es una, y es ahí donde el proyecto de las Micrópolis ofrece una salida a este escenario.

El lenguaje económico (XVI): Inflación

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El lenguaje económico (XVI): Inflación

El común de hablantes entiende por inflación la subida generalizada de los precios en el mercado. Sin embargo, la inflación genuina es el aumento de la oferta monetaria, que a su vez es la causante de la subida de los precios. ¿Y por qué suben los precios? Si mantenemos la producción inalterada, al haber una mayor cantidad de dinero pugnando por comprar los mismos bienes, estos últimos se encarecen. En definitiva, la subida generalizada de los precios es el efecto (no la causa) de la inflación. Estamos ante un primer error conceptual cuyo fin es ocultar la naturaleza inmoral de la inflación, entendida como robo que perpetra el gobierno contra las personas productivas. Para ello, algunas agencias gubernamentales (INE, Eurostat) registran y analizan los cambios temporales de los precios para una cesta «estándar» de productos y servicios.

Periodistas y diletantes que confunden a la opinión pública tampoco faltan. Por ejemplo, John Lanchester, novelista, reseñista de libros, periodista futbolístico, escritor de necrológicas y crítico de restaurantes; se permite el lujo de afirmar en su libro Cómo hablar de dinero que la inflación es el «aumento de los precios a lo largo del tiempo» y que «no hay consenso en torno a sus causas» (Lanchester, 2015: 195). La literatura producida siempre alude a la inflación de los precios, siendo escasos los autores que denuncian el verdadero origen del mal.

Inflación desbocada

La inflación no se «desboca» como los caballos. Una metáfora ecuestre más acertada sería afirmar que los políticos se «van de caña» (en singular) imprimiendo billetes. La inflación no es un fenómeno misterioso e incontrolable, sino que obedece a causas precisas y conocidas. La inflación es el aumento de la oferta monetaria y se produce de dos formas: a) El Banco Central imprime billetes y los entrega al gobierno que lo gasta en nóminas, obras públicas, pensiones, subsidios, etc. b) La segunda forma, más sibilina si cabe, es provocada por la banca comercial. Los bancos prestan a terceros la mayor parte del dinero depositado a la vista (cuentas corrientes) por sus clientes, un fraude legalizado llamado «reserva fraccionaria». En España, el coeficiente de reserva es 2%, es decir, el gobierno permite que un banco preste a terceros hasta el 98% del dinero depositado a la vista. De igual forma que un banco central imprime billetes (expansión monetaria), la banca privada imprime cheques y pagarés que se intercambian como si fuera dinero (expansión crediticia). El profesor Huerta de Soto (2011: 126) encuentra 7 razones jurídicas para repudiar el depósito bancario con reserva fraccionaria.

Los chivos expiatorios

El segundo engaño consiste en buscar chivos expiatorios de la inflación: guerras, pandemias, subida del precio de las materias primas o de la electricidad, avaricia de los empresarios, consumismo, etc. Sin embargo, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Por ejemplo, es falso que el encarecimiento del petróleo cause una subida «generalizada» de los precios. Si la producción y la oferta de dinero se mantienen inalteradas, cuando unos precios suben otros bajan. Supongamos que cada mes usted gasta 100€ en gasolina. Si el precio de ésta sube 50% y usted recorre los mismos km., para equilibrar su presupuesto, deberá abstenerse de consumir una cantidad equivalente de otros bienes. La menor demanda de estos últimos provocará una bajada de sus precios y el nivel «general» queda inalterado. Si la oferta monetaria no aumenta, no hay inflación posible pues el sistema de precios funciona como un circuito de vasos comunicantes. En ausencia de un banco central que imprime dinero y de la banca con reserva fraccionaria, la inflación sólo podría venir por alguna causa sociológica (i.e. milenarismo) que indujera un súbito aumento de la preferencia temporal de los consumidores y un gasto masivo de sus saldos en efectivo. Por tanto, también se puede culpar de la inflación al consumismo desaforado de las masas. Según Daniel Lacalle (2022), el gobierno es el más beneficiado por la inflación, pero puede echarle la culpa a los demás y, encima presentarse como solución al problema.

La falacia keynesiana del gasto público

La palabra «estímulo» es engañosa. Imprimir más dinero (expansión monetaria) o prestar dinero que no se tiene (expansión crediticia) no es una pócima que mejore la salud económica. La riqueza no consiste en tener más dinero, que al fin y al cabo es un medio de intercambio, sino en tener a disposición una mayor cantidad de bienes de consumo. A tal efecto, cualquier cantidad de dinero (fraccionable) sirve cabalmente a las necesidades comerciales. Solamente mejorando la productividad, incrementando la tasa de capitalización, puede mejorar la economía. Si la ciencia económica, desde los escolásticos hasta los austriacos, ha advertido los efectos nocivos de la inflación, ¿cómo pudo Keynes vender su falaz Teoría General? Cuando ésta se publicó, en 1936, el clima intelectual era favorable a las ideologías colectivistas —comunismo, fascismo— y a la intervención económica de los gobiernos. Además, las ideas de Keynes eran un pretexto «científico» al anhelo de todo gobernante: gastar, gastar y gastar. En palabras de Rothbard (2010: 37): «La Teoría General no era verdaderamente revolucionaria, sino una frecuentemente refutada falacia mercantilista e inflacionista, vestida con un brillante ropaje y construida con una nueva jerga incomprensible».

Serie ‘El lenguaje económico’

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Huerta de Soto, J. (2011). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2022). «Inflación persistente, fenómeno monetario».

Inflación persistente, fenómeno monetario.

Lanchester, J. (2015). Cómo hablar de dinero. Barcelona: Anagrama.

Rothbard, M. (2010). Keynes, the man. Alabama: Ludwig von Mises Institute.

¿Quo vadis, educación? El dogma lila

Escrito por Ramón Audet en . Publicado en Análisis diario.

Un fantasma recorre nuestras aulas; es el fantasma de la ideología de género y el igualitarismo entendido de la peor manera posible. Es decir, en el sentido de la búsqueda y exaltación de la igualdad de resultados enmascarada de una presunta igualdad de oportunidades. Ambas no dejan de ser una quimera. Aun así, siempre será más favorable potenciar esta última, puesto que el talento es un bien muy escaso y debe ser galvanizado para beneficio de todos.

Por mi formación conozco relativamente bien cómo funciona la Educación[1], en concreto, la Secundaria Obligatoria. Después de mi paso fugaz por las aulas debo afirmar que la situación es catastrófica. Por si algún lector intrépido tuviera interés en saber qué está ocurriendo en un sector tan delicado e importante como es este, le emplazo la obra de José Sánchez Tortosa, especialmente: El profesor en la trinchera (2008), El culto pedagógico. Crítica del populismo educativo (2018), y también a Gregorio Luri, La escuela no es parque de atracciones (2020).

Empieza a florecer la literatura contra el mainstream educativo y los dogmas instaurados a fuego por parte de unos pedagogos que quieren jugar a ser guardianes de la moral y convertirse en una especie de ingenieros sociales que moldeen al alumnado a su imagen y semejanza. Siempre izan la bandera de la tolerancia, el respeto hacia la diversidad y demás frases rimbombantes que tienen un sustento condicional, es decir, tolerante en tanto en cuanto digas y opines lo que yo dictamino que es correcto. Diversidad sí, pero no ideológica (¿un profesor liberal? ¿conservador?). Para muestra un botón. Animo a cualquier lector a plantear una conferencia provida en un instituto de secundaria o en alguna universidad (públicos ambos). La respuesta será categórica: no. Argüirán que se trata de intolerancia, fundamentalismo religioso (católico, por supuesto), fascismo o algún argumento comodín. En la universidad, en el mejor de los casos, si se llegara a celebrar sería “escracheada” por aquellos que enarbolan la bandera de la libertad de expresión. Si la cuestión provida se sustituyera por “una defensa del capitalismo”, el resultado con mucha seguridad sería el mismo.

Esto es el desenlace de una completa hegemonía cultural y educativa por parte de la izquierda. Los mismos que reparten carnets de demócrata deciden quién puede participar y quien no en espacios públicos. De ahí que, bufones de la corte de “Progretiland”, puedan convertir nuestros institutos en auténticos sumideros de ideologías totalitarias o nihilistas hasta la saciedad. Un ejemplo claro: el albardán de Pamela Palenciano humillando en un instituto público a chavales de 15 años. Para más inri, con dinero público (con capital privado tampoco estaría justificado). Podría pensarse que estas conferencias feministas no son la norma, puedo aseverar que sí que lo son. De hecho, después de cursar el Máster de Formación de Profesorado en la UAB puedo afirmar categóricamente que se trata de planes de estudios organizados por una especie de Politburó lila cuyo fin es la proyección negativa de sus propias frustraciones.

Este término sacado de la psicología (proyección) fue acuñado por Freud a finales del s.XIX en referencia a personalidades paranoides y ególatras. La premisa básica que impregna el concepto es que no se ve el mundo como es, sino como somos nosotros. Esta cohorte de (des)educadores sienten ofensas percibidas desde fuera, esto es un arcaico mecanismo de defensa para los sentimientos de ansiedad y culpabilidad. Dichos mecanismos defensivos salen a flote cuando la función del ego de demostrar la realidad se ve seriamente dañada por una regresión narcisista. Es dentro de la paranoia donde este espíritu de proyección alcanza su mayor potencial, el clímax son los delirios persecutorios que experimentan dichos sujetos con las sensaciones que sienten interiormente, el psicoanalista Otto Fenichel lo postuló de la siguiente manera “In general, the organism prefers to feel dangers as threats from without rather than from within because certain mechanisms of protection against overly intense stimuli can be set in motion against external stimuli only” (Fenichel, 2014, pág. 131).

Esta especie de “dictablanda” está encabezada por pedagogos, los cuales son a la educación lo que los demagogos a la política. Más allá que esto pueda parecer una hipérbole para desprestigiarlos es importante mencionar el correlato etimológico entre ambas palabras: demagogo como conductor de masas y pedagogo como conducción o educación del niño (Tortosa, 2018, págs. 28-29). Las concomitancias entre ambos en la educación actual son cada vez más notorias. La visión del mundo con las “gafas lilas” hace que aumente la miopía y el astigmatismo con una tendencia patente de distorsión de la realidad a voluntad propia. Se trata de la sintomatología de una época posmoderna que ensalza los valores de la subjetividad hasta límites insospechados, lo cual no deja de ser la culminación de un largo proceso iniciado en los albores del “Mayo francés” entre adoquines y estructuralismo.

Es importante mencionar quiénes son estos pedagogos. De ejemplos hay muchos. Quizás lo más importante sean sus características ideológicas: anticapitalismo, feminismo radical (anti-terf, seguramente) y cualquier “lucha” minoritaria que se ponga por delante. En muchos casos, se trata de personas que consiguen plazas fijas en universidades, que están dentro del mundo editorial, educativo, en medios de comunicación y demás. Aún así, creen firmemente que se les silencia. Es curiosa la tradición occidental de financiar a sus propios “revolucionarios” para que se dediquen a difamar a nuestra cultura mientras ostentan cargos públicos bien remunerados y viven bajo el paraguas de un estado permisivo y protector.

Haciendo un salto temporal, los revolucionarios de principios del siglo pasado sí que tenían un coste de oportunidad altísimo, un ejemplo es Stalin. El que después sería el sátrapa soviético, disponía de unas convicciones con las cuales se jugó de facto la vida robando bancos en la Rusia zarista para así financiar la revolución, con esto no estoy insinuando que atracar bancos sea correcto o que Stalin sea ejemplo positivo de nada, lo que articulo es que en las sociedades occidentales hay una izquierda “radical chic” (como lo postuló Tom Wolfe) que se dedica a despotricar y organizar protestas románticas donde confluyen batucadas y fotos en redes que nada tiene que ver con la “Revolución”, sino más bien con un ansia desmesurada de alimentar el ego. Y por supuesto, donde el coste de oportunidad personal es ínfimo. Lo que hoy tenemos son revolucionarios anticapitalistas financiados desde la Administración y es precisamente la abundancia generada por el sistema económico la que permite que esto suceda[2].

Por eso debemos preguntarnos hacia dónde va la Educación de nuestros hijos, adolescentes, adultos. ¿Qué valores se inculcan? Hasta donde yo he podido ver, el valor fundamental en el cual hacen hincapié es el de la igualdad de género (aunque no es el único, se inocula también la cosmovisión anticapitalista, colectivista y en algunos casos, predomina un halo de marxismo cultural). Es significativo que la premisa igualitaria se aplique sólo dónde ellos creen conveniente, puesto que las mujeres representan el 66,6% (es decir, dos tercios) del total del profesorado[3]. No hace falta mencionar que en este campo donde hay predominio femenino no se pide una paridad 50-50 como en otros lugares bien remunerados, curiosamente nadie pide paridad asfaltando carreteras a 40º a la sombra en verano. Sea como fuere, si durante el Franquismo la religión católica ocupaba un grueso importante dentro del sistema educativo, con la secularización se han conseguido potenciar religiones intramundanas (como postuló Eric Voeglin) como es, de facto el feminismo en la actualidad.

Así pues, considero de vital importancia inmiscuirnos dentro de la Educación y no dejarla inmersa en un pozo de ignorancia supina, exaltación de la mediocridad, fervor por la subjetividad sentimental, frenesí de ideología revestida con tintes de “ciencia” y, en definitiva, del desprestigio hacia el intelectualismo y a los valores de responsabilidad individual y trabajo duro. Los que somos hijos de la educación pública, debemos proteger este ascensor social que nos permite analizar críticamente la realidad sin dejarnos embaucar por las ínfulas totalitarias de los ingenieros sociales que pululan a su antojo parasitando instituciones públicas. Especialmente, profesores (universitarios) que olvidan que su objetivo es aportar conocimiento, conseguir que el alumnado aprenda y no hacer de activistas sociales. Para ello hace falta una alternativa a esta izquierda que gobierna, pero no convence, y conseguir derogar el mantra propuesto por James Carville de “[it’s] the economy, stupid”. Hay que empezar a poner el foco en la cultura, esa área tan descuidada por la derecha.

Bibliografía

Bell, D. (2015). El final de la ideología. Madrid: Alianza Editorial .

Fenichel, O. (2014). The psychoanalytic theory of neurosis. Londres: Routledge.

Tortosa, J. S. (2018). El culto pedagógico. Crítica del populismo educativo . Madrid: Akal.

[1] El término procede del latín educatio, sustantivación de educare, próximo a ducere, que significa sacar fuera, criar.

[2] Esta concepción se la debo al sociólogo estadunidense Daniel Bell en referencia a los estudiantes del “Mayo francés” diciendo lo siguiente: La riqueza de la sociedad permitió que estos hijos floridos se desentendieran de todo y vivieran de lo que les mandaban sus padres (Bell, 2015, pág. 128). Bell también expone el ejemplo de Stalin, no como algo positivo, sino como muestra de que los revolucionarios antes se jugaban la vida, no sólo por los actos delictivos, sino a veces por el simple hecho de escribir un libelo que no le gustará al poder de turno. Mi posicionamiento es el mismo.

[3] Pueden consultarse los datos en el siguiente enlace: https://stecyl.net/informe-indicadores-de-la-educacion-2020-pofesorado-del-sistema-educativo-por-edad-y-sexo/

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXIX): Sobre la guerra en Ucrania (III)

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXIX): Sobre la guerra en Ucrania (III)

He leído un supuesto documento estratégico del gobierno ruso en el que se describen los objetivos que pretenden alcanzar con la invasión de Ucrania. Dado que parecen haber renunciado a sus objetivos originarios, “desnazificar” Ucrania e impedir la occidentalización de la misma impidiendo su entrada en la OTAN, parece que sus aspiraciones máximas pasan a ser las de controlar la costa del Mar Negro hasta conseguir la unión con el territorio no reconocido de Trandsnistria (algún día habrá que detenerse un poco en esta forma de estatalidad). Esto es. el objetivo ruso parece ser el de integrar a la Federación Rusa territorios poblados por hablantes de ruso o por gentes de cultura rusa. Este tipo de objetivos parecía algo totalmente natural a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Debido a las doctrinas de la geopolítica tan en boga en aquellos años, en el imaginario político se producía una suerte de identificación entre poderío político y económico y la cantidad de espacio que un determinado Estado podía controlar.

Si esto ha sido lo natural hasta ahora ¿en que consistiría el problema? Básicamente en que la posesión de tierra en poco afecta al buen desempeño de los estados modernos. El territorio es, en efecto, unos de los rasgos definidores del Estado moderno, tanto en lo que se refiere los recursos que posee como en la capacidad de proyectar poder en el ámbito de las relaciones internacionales, de tal forma que disponer de grandes extensiones territoriales era visto como uno de los rasgos que podrían garantizar la supervivencia de los Estados modernos.

Por ejemplo a Rusia se le presume fuerza simplemente porque es muy grande y cuenta con grandes cantidades de recursos energéticos y mineros, mientras que a muchos Estados europeos se les presume debilidad, simplemente porque son de pequeñas dimensiones y a pesar de que algunos de ellos, Andorra, por ejemplo, se cuentan entre los más antiguos del mundo.  Pero Rusia, a pesar de su gran extensión, sólo cuenta con un PIB global poco superior al español e inferior al Italiano y su debilidad se está poniendo cada vez más de manifiesto en la actual guerra con Ucrania, lo que parece mostrar más debilidad que fortaleza. Analicemos pues los nuevos escenarios espaciales y su relevancia a la hora de explicar el éxito o el fracaso económico de las naciones .

Lo primero es recordar que el concepto de espacio de control de los Estados se ha alterado sustancialmente en los últimos decenios. A los tradicionales dominios de tierra, mar y aire habría que sumar la capacidad de dominio primero del espacio exterior y segundo la del ciberespacio, que si bien tiene cierta base física ya opera al margen del tradicional territorio estatal, como bien saben los usuarios de criptomonedas y otros artefactos de los tiempos modernos en los que vivimos. Incluso para la seguridad y defensa estatal o privada son nuevos dominios en los que operar. Países como Estonia, además de sus ejércitos convencionales, fían cada vez más su defensa a herramientas de ataque y defensa en el ciberespacio. Estas modificaciones en el espacio están afectando sustancialmente a la propia definición de estatalidad y relativizando, por tanto, el papel que el territorio físico juega a la hora de entender el fenómeno estatal.

Putin no parece haberlo entendido bien. Quizás porque es de otra generación o quizás porque los modelos espaciales en los que se apoya siguen anclados en visiones antiguas de la geografía política al estilo de los grandes espacios de Carl Schmitt. Y como no lo ha entendido bien, actúa en consecuencia con los viejos parámetros. Busca proyectar fuerza a través del espacio y parece que ahogar geográficamente a la maltrecha Ucrania. Quiere, al viejo estilo, controlar los territorios que entiende tradicionalmente rusos y cerrar el Mar Negro a las exportaciones ucranianas. También, como buen geopolítico decimonónico, aborrece el enclave y busca unir bajo el estado ruso todas las poblaciones emparentadas, y recupera conceptos como los de corredor para integrar a la Tradsnistria. La imaginación espacial de los mapas sigue a jugar un papel relevante por desgracia en la política espacial, y más si se le suma que uno de los principales mentores de Putin (desconozco cual es su relación actual) no es otro que Alexander Dugin, con sus teorías euroasiáticas y sus cuartas teorías políticas. Este autor es uno de los geopolíticos clásicos más destacados de la actualidad centra sus doctrinas en el control del espacio físico, haciendo uso de determinismos geográficos tanto del espacio ruso como del europeo. El problema es que no entra o no quiere entrar en los nuevos dominios espaciales y esto lastra la visión estratégica del estado ruso y conduce a desastres como los actuales.

Analizaremos en primer lugar los cambios que se perciben en el espacio geográfico actual derivados de la globalización, que aunque maltrecha sigue a operar en buena medida. El fenómeno de la mundialización económica, esto es, la libre circulación de mercancías, capitales y personas, ha permitido a muchos Estados modernos florecer y prosperar económicamente sin necesidad de contar con grandes territorios sometidos a su jurisdicción. Es decir muchos estados pueden permanecer pequeños y aún así disponer de todos los recursos del mundo a cambio de los bienes y servicios que estos producen.

El fenómeno de las ciudades globales podría ser un buen ejemplo. Teorizadas por geógrafos como Parag Khanna  en su Conectografía o Christophe Guilluy  en No society (es su título en castellano), son grandes ciudades que viven en buena medida al margen delos territorios que las rodean. Las relaciones entre estas grandes urbes son más frecuentes y dinámicas entre sí que entre ellas y sus hinterlands. También las comunicaciones y las telecomunicaciones son muchas veces más fáciles. Pensemos por ejemplo en un habitante de Madrid o París que quiera visitar una pequeña localidad en el Bierzo o en el Bearn. Les es mucho más fácil y a veces más barato ir de una metrópolis a otra que viajar a su propio país. Y muchas veces lleva también menos tiempo. Estas grandes urbes consumen recursos de sus territorios, claro está, pero muchas veces sus importaciones lo son a nivel mundial. Un habitante de Londres no recurre para la mayoría de sus consumos a los recursos de la campiña inglesa y uno de Singapur, ni eso. El habitante de esta ciudad-estado adquiere prácticamente todo lo que necesita en los mercados mundiales. En definitiva, no requiere de un espacio propio bajo su soberanía para subsistir. Mucho me temo también que estas metrópolis consideran a sus espacios estatales casi como una especie de carga que tienen que soportar, en el sentido de que los valores políticos, culturales y económicos de ambos espacios difieren. Elecciones como el Brexit o la elección de Trump resultaron sorprendentes porque muchos urbanitas se dieron cuenta de que las poblaciones de sus estados no comparten sus mismos valores.

Con esto, lo que pretendemos transmitir es que la idea del territorio o el gran territorio como clave de la “fuerza económica” de un estado ha perdido mucha virtualidad. Disponer de grandes espacios, por muy dotados de recursos que estén, no garantiza casi nada a día de hoy si no hay una adecuada dotación de capital humano o físico para explotarlos.  Por consiguiente, integrar más tierras a un Estado no precisamente falto de ellas intuyo que tampoco aportará gran cosa, y mucho más si sus infraestructuras están derruidas y buena parte de la población no es afecta al nuevo estado, algo que incrementa los costes de ocupación y conquista.

Se dirá que se pueden explotar las minas u otros recursos naturales en beneficio de Rusia. Esto sólo podría tener cierta lógica si la producción con el nuevo régimen fuese más eficiente y a menor coste; algo que para nada está garantizado y que muy probablemente no se dé. De seguir la pauta habitual, la concesión de minas y recursos se ofrecería a oligarcas amigos del régimen. Pero como éstos no temen la competencia, no creo que realizasen una explotación provechosa de los mismos. Los costes de seguridad y la baja moral de trabajo de una población ocupada tampoco creo que contribuyan mucho a una buena gestión. Esos recursos, se nos dirá, podrían contribuir a reforzar el poder de negociación con potencias extranjeras de la nación rusa, algo que en principio es correcto, pero que en la práctica se concreta en tener que vender el petróleo y el gas mucho más barato a China y a la India. Intuyo que no van a ser compradores tan de confianza como los occidentales y le pondrán a Rusia unas condiciones mucho más onerosas.

Además, el concepto de controlar territorio basándose en criterios geográficos como salidas al mar, ríos o cordilleras bien podía valer para otros tiempos, pero hoy es más bien obsoleto. Esas dificultades en las comunicaciones sí que eran barreras importantes al comercio o a las comunicaciones, pero hoy día puede salir más a cuenta contar con buenas conexiones por internet que controlar el este del Dnieper. Esas antiguas barreras hoy pueden salvarse con mucha facilidad con medios de transporte masivos y baratos y ya no son un obstáculo o una línea defensiva como lo eran antes sino, salvo alguna escasa excepción, un accidente más del paisaje.

¿Qué beneficio puede obtener Rusia entonces de la conquista de esas zonas de Ucrania? Muy poco en el mejor de los casos, si es que llega a obtener beneficios y no pérdidas en el intento, que es lo más probable. Habría que comparar primero si los costes en en vidas, materiales y sanciones son dignos del beneficio, algo que ya adelanto que no. Primero porque es indigno moralmente usar vidas humanas para obtener beneficios materiales y segundo y dejando aparte, si se pude que no se puede, lo primero porque ni aunque no costase vidas no compensaría. Lo que obtendrían los rusos en una hipotética victoria sería un conjunto de ciudades arrasadas y una población que, por lo que se ve, no parece especialmente partidaria.

En el caso de explotar recursos habría antes que reconstruir muchas de las infraestructuras dañadas y conseguir que la población ocupada colaborase, tanto en la reconstrucción como en el funcionamiento diario de la economía y todo eso sin tener que usar una excesiva y costosa coerción que sólo complicaría la tarea. Cómo vemos Rusia y los rusos obtendría bien poco con la operación. Cómo siempre la explicación de esta conducta agresiva nos va a llevar como siempre a la misma conclusión, esto es quien ganaría no son los rusos  sino el estado ruso (Putin y sus oligarcas principalmente) que verían incrementados tanto la tierra para explotar en su beneficio como la base fiscal, pues serían varios millones de personas a las que cobrar impuestos. Mientras no interioricemos la diferencia entre estado y sociedad  y veamos que la primera tiende  a extraer rentas de la segunda mucho me temo que estas conductas seguirán  existiendo y con este grado de brutalidad. Eso sí bien defendidas por las teorías económicas, políticas o geográficas que están a su servicio y que no parecen decaer.

El positivismo jurídico y la tiranía

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El positivismo jurídico y la tiranía

Unas recientes conferencias impartidas en el Instituto Juan de Mariana por John Chisholm sobre el Derecho Consuetudinario (Common Law) como elemento esencial para una legislación fundamentada y Tomás A. Arias Castillo sobre la teoría jurídica liberal frente al estado administrativo en EE.UU nos han recordado grandes temas de filosofía del Derecho como su propia definición, su naturaleza y su virtualidad.

Desde perspectivas diferentes, ambos ponentes se concentraron, no obstante, en la evolución del Derecho anglosajón, cuya tradición jurídica estaba más basada en el desarrollo del Derecho privado mediante una jurisprudencia derivada de la resolución de litigios de diversa índole por los jueces. En contraposición a ese modelo se alzaba la concepción europea continental, más orientada al entendimiento del Derecho como conjunto de leyes dadas1, dispuesto a ser aplicado por los jueces en caso de que la controversia concreta llegara a su jurisdicción.

Concentrándose en Estados Unidos, Chisholm partió de la suposición de que el Derecho consuetudinario está despareciendo. Progresivamente se sustituye por una legislación que no deriva de los descubrimientos que realizan los jueces en casos precedentes, sino de las reglamentaciones aprobadas por distintos legisladores como el propio Congreso, el presidente (mediante sus “executive orders”) y agencias administrativas creadas por el gobierno norteamericano.

Siguiendo a Daron Acemoğlu y James A. Robinson2, entiende que el “Common Law” ha permitido históricamente a los países anglosajones y a otros colonizados o influidos por ellos, desarrollar sistemas políticos y económicos inclusivos que, a su vez, han resultado más exitosos política – desde un punto de vista liberal- y económicamente. Aunque reconoce que no es el único factor para alentar una mayor prosperidad, Chisholm parte de la superioridad absoluta de ese modelo, el cual consiste en encontrar soluciones ante determinados hechos, según patrones de razonabilidad apegados al caso concreto, así como extraer principios generales que se extrapolen a casos análogos en el futuro.

De acuerdo a su visión, un modelo que mantenga algún tipo de engarce con el derecho consuetudinario, de manera que sus hallazgos influyan en la elaboración del Derecho legislado, se adaptará mejor a la realidad social, el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la función empresarial. Si bien no lo explicita, dentro de la tradición anglosajona del Derecho consuetudinario, podríamos entender que Chisholm defiende un Derecho natural racionalista con algunas de las ventajas del Derecho positivo legislado.

Por su parte, Tomás Arias Castillo, presentó una teoría del positivismo jurídico liberal en la línea del filósofo del Derecho británico Herbert L.A Hart, tratando de distinguir la descripción del sistema jurídico existente en cada país y lugar (el ser) de la valoración de la justicia de la Ley (el deber ser) así como de la moral. Asume como fructífera la clasificación de Hart de los tipos de normas de un sistema jurídico y compatible con una visión liberal del Derecho. A grandes rasgos, éstas se dividen en primarias que establecen obligaciones; y secundarias, que confieren potestades y entre las cuales destacan especialmente las reglas de reconocimiento, que sirven para aclarar qué condiciones debe reunir una norma para tener validez jurídica.

En su exposición Arias hizo también un gran repaso de la evolución del Derecho en EE.UU con los hitos que han traído el moderno Estado administrativo3, ganando terreno progresivamente al “Common Law”.

A riesgo de discrepar de grandes pensadores liberales como Friedrich A. von Hayek, para quién, recordemos, el Derecho no apareció ni debería desarrollarse exclusivamente como el diseño de un legislador y que considera el positivismo jurídico como una manifestación de la falacia constructivista, Arias defiende que el programa positivista, aun con un origen utilitarista, es actualmente un útil instrumento descriptivo de cuál es el derecho vigente en un lugar determinado.

Considera, asimismo, que los debates sobre la “liberalización” del Derecho Administrativo en EE.UU, en el sentido de establecer controles sobre el mismo como la indelegabilidad de funciones legislativas a las agencias administrativas, la revisión judicial plena de las decisiones administrativas, incluyendo la certeza de los hechos, y el respeto de los derechos procesales del ciudadano, superan los límites geográficos de ese país y pueden inspirar a los liberales de todo el mundo.

Con la sucinta reseña anterior, cabe lanzar tres ideas sobre la situación actual de Estado de Derecho y la política general en España:

1) Postulados fundamentales de la Constitución española que se suponían valladares frente al autoritarismo y la tiranía son pisoteados un día sí y el otro también por un gobierno presidido por un personaje que no tiene un freno real. Antes de la pandemia del Covid 19 era ya evidente. Posteriormente, los golpes propinados a la legalidad constitucional tuvieron la inestimable cobertura de los decretos del estado de alarma y la auténtica legislación motorizada desplegada aprovechando la ocasión. Las dos sentencias declarando la inconstitucionalidad de sendos decretos de estado de alarma y sus prórrogas no sirvieron para depurar responsabilidades y corregir la arbitrariedad y la inseguridad jurídica, introducidas por el gobierno como modo habitual de actuar.

2) Ante esta situación de urgencia, los defensores del imperio de la Ley, bien sean positivistas o bien admiradores de la tradición jurídica del derecho consuetudinario anglosajón, pueden y deben cooperar para atajar la subversión del orden constitucional y las instituciones. La mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno está pervirtiendo hasta extremos desconocidos el proceso legislativo, con enmiendas de adición que por la materia no tienen absolutamente nada que ver con los proyectos de ley en trámite. Cuando a su amo le apetece se recurre al decreto ley, haciendo abierta burla de los requisitos previstos en la CE (art. 86) de “extraordinaria y urgente necesidad” porque. En el colmo de la inconstitucionalidad recientemente el gobierno aprobó con carácter temporal “un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista” mediante un Real Decreto-Ley que difiere su entrada en vigor a la autorización por parte de la Comisión Europea (art. 1) ¿Dónde está la urgencia, entonces?

3) Es el momento en el que los jueces españoles, a iniciativa propia o instados por los particulares, deben poner en práctica la regla de reconocimiento de Herbert L.A Hart para determinar si las normas que se están acumulando en las páginas virtuales del BOE tienen alguna validez. Lo he indicado en diversas ocasiones: No solamente tienen en sus manos plantear las cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino también, dado que los tratados fundacionales de la UE les vinculan en el ejercicio de su jurisdicción, inaplicar normas con rango de ley por su contradicción con el Derecho de la Unión o, en su defecto, planear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

1 Como ocurre con la palabra “liberal”, la terminología anglosajona induce a la confusión. Así, en esa cultura se refieren al Derecho que tiene como fuente principal a las leyes aprobadas por un legislador (cualquiera que sea su composición o modo de elección) como “Civil Law”. Chisholm admite la polisemia del vocablo en inglés, puesto que, en una segunda acepción, significa lo contrario de “Derecho penal”. Pero la confusión no termina aquí. Los ejemplos que menciona de “Civil Law” (regulación por diferentes administraciones públicas del uso de drones, planes urbanísticos de clasificación del suelo, aprobación de medicamentos etc) se entienden en España como materias típicas de la legislación administrativa o, si se quiere, del Derecho Administrativo. Como indica acertadamente Arias Castillo, la traducción más adecuada del concepto de “Civil Law” sería “derecho positivo legislado o codificado”. Por otra parte, Derecho civil alude en español exclusivamente a la segunda acepción de la expresión inglesa. Es decir, a aquella rama del Derecho que regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí, con independencia de la fuente de creación de las normas.

2 Daron Acemoğlu y James A. Robinson. Why nations fail ? The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Currency. Primera edición 20 de marzo de 2012.

3 Término acuñado por el politólogo norteamericano Dwight Waldo en su libro “The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration” 1948.

Oferta y demanda, ¿Ley Say?

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario.

La ley de Say J.Bi es objeto de atención y discusión periódicaii.¿Es la oferta la que genera la demanda? ¿Es al revés? Yo lo veo praxoelógicamente, catalácticamente, a la luz de la unidad de acto de compraventa voluntaria entre las partes. Entre personas con objetivos diferentes, restricciones exógenas y endógenas distintas. El sistema o mecanismo de mercado, vía precios, refleja y capta, tensiones y procesos sociales dinámicos (Huerta de Soto J.) iiiconvergentes hacia los acuerdos entre los diferentes agentes, al hacer posible, alcanzable, de no existir intervención pública, la  compatibilidad de sus respectivos planes. Nunca hay nadie que compre si otro no vende y viceversa, no hay nadie que venda si otro no compra. Sea cual sea el mercado y su estructura. Esto es así, sea cual sea el precio. Pero a precios competitivos, nadie se queda sin. No hay excesos de demanda ni de oferta y además la solución lograda es la más eficiente, pues los precios son los más bajos y mayores serán las cantidades intercambiadas voluntariamente.

Si los precios son intervenidos, fijados exógenamente y rígidamente, al socaire del intervencionista (…) y no son precios que permiten alcanzar la compatibilidad de planes en cantidades, si el precio rígido al alza es menor que el precio competitivo, la tensión se consolida por un tiempo fijando, por un lado, la oferta la magnitud vendida y comprada (nunca obviamente éstas pueden ser distintas) y, por otro lado, los demandantes definen la cantidad demandada pero no comprada, el exceso de demanda, lo que se queda sin poder comprar los que demandan. ‘Los que se quedan sin’, sin poder realizar sus planes nocionales de demanda.

Si en cambio, el precio rígido es mayor que el competitivo entonces la tensión se consolida por un tiempo fijando la demanda la magnitud comprada y la oferta la cantidad ofrecida pero no vendida, el exceso de oferta, las empresas aquí se quedan sin poder vender lo que ofrecen, ‘los que se quedan sin’, en este caso sin poder realizar sus planes de oferta. Sin duda, la perspectiva praxeológica y cataláctica revela que tal no es situación estacionaria, estable. El tiempo hace patente la estrechez de los mercados por reducción de la actividad económica reflejada en menores cantidades intercambiadas, operando los agentes por el lado corto del mercado, y al tiempo surgen acuerdos y procesos sociales dinámicos sumergidos.

Los precios no intervenidos conforman una señal objetiva, visible, que informa a quien observe y decida en su ‘acción humana’ ya sea tanto como oferente en los mercados como demandante, o ambas cosas a la vez, al considerar los n bienes y m factores, siempre escasos, habidos en el problema económico. Es precisamente por ello por lo que cobra protagonismo los comportamientos oferentes y se le da cancha al protagonismo aparentemente novedoso de la ley de Say ante la siempre presente y clásica soberanía del consumidor. Pero todo agente particularmente es oferente y/o demandante en los mercados. Se requiere la generación de la actividad económica, la producción, para poder ser demandada. Pero también se requiere la existencia de la potencial y real demanda, preferencias de las personas. En los mercados de productos los oferentes son las empresas y los demandantes los consumidores. En los mercados de factores, trabajo, capital, materias primas, recursos energéticos las empresas son demandantes. ¿Quién va por delante? Irían al paso a la luz objetiva de los precios, salarios, tipos de interés, tipos de cambio…. bajo contextos en que los acuerdos vayan convergiendo hacia la solución competitiva y eficiente. En ello el ‘Cambio Indirecto’, con dinero, (moneda, divisa) se discute sobre su importante papel: ““La moneda de plata que se reciba a cambio de la venta de productos propios, y que se entregue en la compra de los de otras personas, cumplirá más tarde la misma función entre otras partes contratantes, y así sucesivamente” …. “Porque, en última instancia, la moneda no es más que un agente que se emplea en la transferencia de valores” “iv. De esta manera, tanto usted como las demás personas compran los objetos que necesitan o desean con el valor de sus propios productos, transformados en dinero solamente en forma temporaria”. No obstante, la relevancia del papel del dinero, así como su valor en términos reales en contextos de inflación, afecta a las cantidades intercambiadas en todos los mercados de bienes y de factores.

En consecuencia, las distorsiones del intervencionismo público afectando exógenamente precios de bienes o de factores o mediante, política monetaria, vía reserva fraccionaria, suelen anclarse en tensiones, conflictos e ineficiencias, rompiendo los procesos de sociales dinámicos que contrastan la compatibilidad de los planes entre oferentes y demandantes, truncándose los pasos hacia los acuerdos óptimos (precios más bajos y mayores cantidades voluntariamente intercambiadas), “encuentro” entre oferta y demanda; las dos partes “en un punto”, ninguna antes, ninguna después.

Otra lectura con cierto margen de maniobra puede concederse a las políticas de oferta, por iniciativa privada o pública, que redunden en mejoras tecnológicas, en procesos productivos, que propicien incrementos de productividad, acumulación de capital, ahorro, inversión, producción y empleo.

Dr. José Manuel González Pérez, ULL. 30.4.2022.

i Jean Baptiste Say (1767-1832)

ii Véase: En “Economics in One Lesson” de Henry Hazlitt el autor dice que la producción genera demanda, pero no se supone que es al revés?

https://www.facebook.com/groups/escuela.austriaca.economia/permalink/10162178891296294/
Martin Krause (1916) https://bazar.ufm.edu/la-ley-de-say-toda-oferta-crea-su-propia-demanda-malinterpretada-y-vilipendiada-cien-anos-despues-2/#:~:text=%E2%80%9CSi%20un%20comerciante%20dijera%3A%20%C2%AB,si%20tiene%20una%20buena%20cosecha.

iii Huerta de Soto J, (2015). Estudio Prelimiar , incorporado en Mises L.V. (1960, ed 2015) La Acción Humana, Tratado de Economía. Unión Editorial. Undécima edición.

iv Véase n.p.p.2 en Krause M.

Anomalías democráticas (IV)

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Anomalías democráticas (IV)

La educación no universitaria como forma de coacción estatal surgió en nuestro país a comienzos del s. XIX con la denominada Ley Moyano (1857), elaborada por Manuel Alonso Martínez, un ministro de Isabel II que impuso por primera vez la educación obligatoria. Así, entre los seis y los nueve años se reservaba la instrucción básica, aunque se dependía en buena medida de los ayuntamientos y de la beneficencia para su correcta implantación, ya que el Estado no contaba con los recursos suficientes para hacerla cumplir. Posteriormente, la enseñanza media, que incluía el título de magisterio, se situaría en las capitales de provincia, obligadas a contar con, al menos, un instituto. La educación universitaria se reservaría en exclusividad para el Estado, algo que sobrevivió hasta finales del s. XX.

Un punto de inflexión fue la Ley General de Educación (1970). España, metida en guerras varias hasta bien entrado el s. XX, apenas tuvo tiempo de organizar de forma clara una educación estatal duradera. Como podemos suponer, esta ley supuso una escenificación de la dictadura franquista. Aquí vemos un gran ejemplo de la ideología y la imposición en el ámbito educativo. Así, asignaturas como Formación de Espíritu Nacional y Hogar (para ellas) son algunos ejemplos. Además, aumentó la edad mínima de instrucción por parte del Estado hasta los catorce años. Sin embargo, la ley contaba con una característica que la hacía única, así como imperdurable en un sistema democrático: la dureza en el acceso a las becas. La consecuencia más palpable es que la educación era un verdadero ascensor social, algo que las posteriores leyes educativas se ocuparon de finiquitar.

El siguiente punto de inflexión llegaría con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990), más conocida como LOGSE. Aquí la primera novedad fue el aumento de la edad de instrucción estatal hasta los dieciséis años. Pero en lo que destacó la LOGSE fue por deteriorar el sistema educativo hasta niveles nunca vistos. Podrá decirse que la educación estatal es pura instrucción, que lo era, pero el sistema de becas y acceso a la universidad era razonablemente justo. Esto cambia a partir de los 90. Desde entonces, el sistema educativo se ha concebido en su forma más democrática posible, esto es, todos deben tener derecho, no a la instrucción, sino al título. Vamos ya para dos décadas largas de deterioro inexorable del sistema educativo, especialmente de la enseñanza media.

La educación estatal ha llegado a un punto en el que se ha convertido en una carísima maquinaria burocrática que produce analfabetos a gran escala. Los estudiantes acaban la enseñanza media sin haber leído un libro, sin el más mínimo conocimiento de la historia de su país, de la lengua que hablan (no hablemos ya de otras) o de las matemáticas más básicas. No es en absoluto infrecuente que los estudiantes deban acudir a academias privadas para obtener títulos certificados por instituciones extranjeras para acreditar cierto nivel de conocimientos en otros idiomas, lo cual escenifica a la perfección dónde está el sistema estatal. Poco se puede añadir de una prueba estatal de acceso a grado universitario en la que casi la totalidad (llevamos dos años rozando el 100% de aprobados) consiguen acceder a estudios superiores con el nombre de selectividad. El ascensor social que, en otro tiempo, supuso la educación ha sido pulverizado por el buenismo y la obligación moral de dar un título académico a todo el mundo. Se trata de un ejemplo palmario de cómo el Estado va copando otra área más de la sociedad para, poco a poco, desprestigiarla y convertirla en un elemento igualador, no diferenciador. Ya estamos en el momento en el que se impone titular o pasar de curso sin necesidad de superar todas las asignaturas de un plan de estudios.

Pero no sólo eso. El propio sistema de acceso a la profesión de docente queda en entredicho cuando se le conoce estudia brevemente. Al burocratizar el sistema educativo, los trabajadores de dicho sector se convierten en meros funcionarios sin incentivos por la mejora. De hecho, la Junta de Andalucía trató a comienzos de la década pasada de establecer un sistema de incentivos en el que los profesores recibieran un plus en sus sueldos si suspendían a pocos alumnos, en un incentivo perverso de manual. La obsesión por las estadísticas ha llegado a un punto en el que la solución es la reducción constante del nivel académico, con el fin de ofrecer una apariencia de mejora. El sistema educativo ha virado totalmente su razón de ser a favor de una educación basada en las metodologías en lugar de focalizarse en los contenidos. Así estamos.

Serie “Anomalías democráticas”: I, II, III.

La diplomacia de la vergüenza

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Estamos acostumbrados a las patéticas puestas de escena que el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia (parte del eje Cuba-Venezuela-Nicaragua) promueve desde los focos de circos mediáticos sometidos a su disposición. Son solo unos pocos los que creen las mentiras y derroches que profesan el actual presidente Luis Arce y sus beatos seguidores: los que viven del tesoro público y los que no tienen otra circunstancia, idea o ideología a la que aferrarse porque, sencilla y llanamente, carecen de la conciencia suficiente para tenerla, entonces vemos cómo unos allegados al Gobierno boliviano hablan de ‘refundación del Estado’, de ‘vivir bien’, de la ‘lucha por la soberanía de los pueblos’ y de conquistas varias que nadie conoce porque, simplemente, no existen y son objeto de inventivas trabajadas desde el odio y el populismo que impulsaron una vez sujetos como Álvaro García Linera (exvicepresidente e ideólogo del Socialismo del SXII), entre otros.

Lo sorprendente es ver cómo personas que deberían ocupar un cargo institucional de prestigio por la labor que han desempeñado o tener una cierta mediación para promover los valores que en su país de origen dicen defender, bajo el sentido común que debería imperar en la política –aquella virtud perdida en nuestro tiempo– se sometan a las líneas defensivas de los caudillismos más abyectos que ha conocido la región latinoamericana en las últimas décadas.

José Luis Rodríguez Zapatero, visitó Bolivia una vez más para enarbolar las banderas del socialismo del Siglo XXI junto a uno de sus más emblemáticos representantes, Evo Morales. Pero antes había hecho escala en Bogotá para laurear al candidato chavista de cara a las próximas elecciones generales en Colombia.

En su intervención junto al caudillo, con la elocuencia que lo caracteriza y los gestos que muestran su notable capacidad para disfrazar o empañar intenciones profundas como pocos hombres los hay que un día defienden el Estado de Derecho y las leyes en los sitios donde no se está permitido corromperse, y en otros espacios no tienen la vergüenza suficiente para empatizar con los acusados de destruir las instituciones públicas y perseguir a ciudadanos libres, el expresidente español manifestó: “la historia escribirá las mejores páginas para el cambio, el progreso, la justicia, la igualdad y la dignidad en Bolivia (…) esas páginas las van a escribir con el nombre de Evo Morales (…) ¿qué era Bolivia hace 20 años? Un país abandonado, oprimido, donde había millones de personas que no eran ciudadanos, que no existían, invisibles, sin derechos y en menos de una década estáis aquí firmen sabiendo que este país es vuestro, y que todos los hijos de la gente humilde tiene los mismos derechos que los hijos de los poderosos”.

No se trata solo de ignorancia, porque nadie ignora los hechos ciertos ocurridos los últimos años en Bolivia. El problema de explotar el victimismo táctico y las mentiras constantes en favor de alguien delatado hasta la saciedad por sus actos oscuros y puesto en evidencia por la Comunidad Internacional democrática es que efectivamente la gente te considere una víctima…pero de tu propia incompetencia.

Zapatero evitó hablar de la persecución y el encarcelamiento arbitrario de la expresidenta –como él– Jeanine Añez. No se pronunció respecto a la dependencia del sistema de Justicia a la política autoritaria del poder Ejecutivo. No dijo nada respecto a la corrupción que invade a las instituciones públicas por culpa del intervencionismo exacerbado que ejerce el partido de su anfitrión y olvidó por completo los antecedentes que imputan a Evo sus responsabilidades en la transición política de 2019, reconocidos por la OEA y la Unión Europea.

El expresidente español hoy no ocupa ningún cargo de relevancia, ni institucional ni orgánico, y ha decidido ser el portavoz de las dictaduras latinoamericanas y uno de los principales cabecillas de la banda del Grupo de Puebla. No se sabe a qué coste o bajo qué intercambio es capaz de proferir semejantes declaraciones, pero lo que sí sabemos es el resultado de sus defendidos y el calibre de su ignorancia y su interés egoísta.

Es una cara visible que solo sale a la superficie para defender lo que él considera que es correcto, lo contrario, precisamente, a lo que dice y hace al otro lado del charco, aunque en España se lo considere parte de un pasado que es mejor olvidar, como están intentando hacer los bolivianos con uno de los presidentes que más se ha enriquecido a costa de los ciudadanos y que más ha corrompido las instituciones públicas.

Rodríguez Zapatero y Evo Morales representan el fracaso de una sociedad sin rumbo claro y de una política vilipendiada por la corrupción y el autoritarismo sin escrúpulos. Ambos son el símbolo vetusto de la decadencia moral e ideológica en la que hoy estamos inmersos. Son el reflejo del poder grotesco, de política envilecida y de la derrota de la razón.

La imposibilidad de una política pública efectiva

Escrito por Vicente Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Hemos hablado ya en varios artículos de este blog, e incluso tuve la oportunidad de dar una conferencia a finales del año pasado para el Instituto, sobre economía de la complejidad. Para refrescar conceptos, la teoría de complejidad en general, puesto que no existe una sola definición concreta generalmente aceptada, es una visión del mundo que pretende ir más allá que la visión de la física mecánica Newtoniana. Esto es, es una corriente nació entre los años 70 y 80 del siglo XX, a partir de aportaciones en termodinámica no lineal, biología, teoría del caos y como un desarrollo de la teoría de sistemas (Waldrop 1992). Frente a una visión mecanicista o estática del mundo, que se centra en estudiar estados de equilibrio, la complejidad adopta un enfoque dinámico y de incertidumbre, enfocado en el estudio de procesos emergentes (Wible 2000). Una manera muy sencilla de entender qué es la complejidad en rasgos generales, en comparación a otras visiones agregacionistas, es saber que para la complejidad el todo es diferente a la suma de las partes. Es decir, en sistemas complejos no hay una correspondencia lineal y directa entre los fenómenos micro y los fenómenos macro sino que, por el contrario, se dan dinámicas emergentes entre los dos niveles que en muchos casos son incluso impredecibles.

En economía, la complejidad es por muchos entendida como un movimiento donde han confluido varias corrientes heterodoxas: economía experimental, conductual, evolucionismo, institucionalismo, Escuela Austriaca e incluso marxismo (Potts 2000). De hecho, esto es algo que se ha sostenido también en trabajos como Colander et al. (2004) o Holt et al. (2011), a saber, que la economía de complejidad se integra por todos estos enfoques y herramientas heterodoxas que estaban cambiando de forma gradual lo que entendemos por mainstream económico. No debemos olvidar que, al igual que en otras ciencias, la economía dominante tiene una clara visión mecanicista que proviene de analogías con la mecánica clásica del siglo XIX (Mirowski 1989).

En este sentido, la economía de complejidad rechaza las teorías de equilibrio general, suposiciones como las de racionalidad perfecta, competencia perfecta o la exclusiva presencia de rendimientos decrecientes. Y, al contrario, sostiene que la economía no puede estar en equilibrio, que está en continua evolución, que existen fenómenos caóticos dentro de la misma y que los agentes están lejos de tener racionalidad perfecta, sino que son mejor representados por una racionalidad limitada (bounded rationality) y pensamiento inductivo (Arthur 2021).

De alguna manera, la visión de complejidad va impregnando distintas disciplinas. Comenzó en biología, luego llegó a la física y finalmente a la economía. No obstante, también ha llegado a otros campos como la teoría de las organizaciones o la ciencia política. En referencia a este último, desde un punto de vista económico para el diseño de políticas públicas, la complejidad supone un cambio en los fundamentos técnico-económicos de las políticas públicas, que incluso llega a condicionar su efectividad.

De alguna manera, muchas de las políticas públicas o intervenciones del gobierno en la economía se fundamentan en teorías de equilibrio como la de los famosos fallos de mercado. Esto quiere decir que, al no alcanzar el propio mercado una situación Pareto óptima, debido a asimetrías de información, presencia de bienes públicos o externalidades, por citar algunos ejemplos, existe justificación para que el gobierno corrija la situación y lleve al sistema a una situación de mayor bienestar y eficiencia. Sin embargo, desde la teoría de complejidad sabemos que no existen óptimos globales para un sistema complejo que está en continuo cambio y coevolución. También, que es imposible el control global del sistema, sino que este se controla a sí mismo a través de mecanismos impersonales de competencia y cooperación (Arthur, Durlauf, and Lane 1997). En consecuencia, el marco analítico de equilibrio que habitualmente se usa para identificar y corregir fallos de mercado no existe para la economía de complejidad.

Esto ha llevado a uno de los principales economistas de complejidad como es Vela Velupillai (2005), en su vertiente computacional, a afirmar que conseguir una política efectiva es imposible. Esto se debe a problemas de computabilidad y decidibilidad relacionados con el formalismo de equilibrio en sistemas dinámicos complejos. Por ello, este importante autor de la complejidad computacional argumenta que, de hacerse recomendaciones de política económica, no pueden estar basadas teóricamente en formalismos sino que, si acaso, deben descansar en actitudes de economía política tradicional como la compasión o la igualdad. Es decir, parece no existir justificación de tipo teórica o técnica para la intervención.

Esto no quiere decir que los economistas de complejidad hayan adoptado un enfoque anarquista sobre las políticas públicas. De hecho, hay amplia variedad al respecto. El factor que decanta la balanza es la concepción de Estado e intervención que pueden llegar a tener los distintos autores. Colander y Kupers (2014), por ejemplo, apoyan un enfoque policéntrico à la Ostrom (2010), donde el Estado se entienda como una organización descentralizada en distintos niveles, compleja, operando en simbiosis y a través de meras influencias, no intervenciones directas, en la economía. Otros autores más cercanos incluso a la Escuela Austriaca, como Wagner, apoyan lo que denominan entangled political economy (Devereaux 2021). Como el nombre indica, se trata de superar la tradicional dicotomía entre lo público y lo privado, para entender cómo las dos se relacionan entre sí y constituyen las complejas economías modernas que hoy día tenemos.

La complejidad no acarrea inevitablemente una visión anarquista de la economía o la política, puesto que esto depende de cómo se entienda la organización política, pero lo que sí implica de manera casi inexorable es que no existe justificación formal o técnica, como las de equilibrio general y fallos de mercado, para la intervención y del diseño de políticas públicas. Parece que solo cuestiones morales, como las de tipo igualdad o justicia, pueden ser justificaciones para la intervención.

Referencias

Arthur, W. Brian. 2021. “Foundations of Complexity Economics.” Nature Reviews Physics 3 (2): 136–45. https://doi.org/10.1038/s42254-020-00273-3.

Arthur, W. Brian, Steven N Durlauf, and David A Lane. 1997. “Introduction.” In The Economy as an Evolving Complex System II, edited by W. Brian Arthur, Steven N Durlauf, and David A Lane, 1–14. Reading: Addison-Wesley.

Colander, David, Richard Holt, and J. Barkley Jr. Rosser. 2004. “The Changing Face of Mainstream Economics.” Review of Political Economy 16 (4): 485–99. https://doi.org/10.1080/0953825042000256702.

Colander, David, and Roland Kupers. 2014. Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society’s Problems from the Bottom Up. Complexity and the Art of Public Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400850136.

Devereaux, Abigail N. 2021. Complex and Entangled Public Policy: Here Be Dragons. Edited by David J. Hebert and Diana W. Thomas. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56088-1_4.

Holt, Richard P.F., J. Barkley Jr. Rosser, and David Colander. 2011. “The Complexity Era in Economics.” Review of Political Economy 23 (3): 357–69. https://doi.org/10.1080/09538259.2011.583820.

Mirowski, Philip. 1989. More Heat than Light. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511559990.

Ostrom, Elinor. 2010. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” American Economic Review 100 (3): 641–72. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641.

Potts, Jason. 2000. The New Evolutionary Microeconomics: Complexity, Competence, and Adaptive Behaviour. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.

Velupillai, Kumaraswamy. 2005. “The Impossibility of an Effective Theory of Policy in a Complex Economy.” In Complexity Hints for Economic Policy, edited by Massimo Salzano and David Colander, 273–80. Milan: Springer.

Waldrop, M. Mitchell. 1992. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

Wible, James. 2000. “What Is Complexity?” In Complexity and the History of Economic Thought, edited by David Colander, 15–30. London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203436004-6.