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¿Por qué no puede ser el Congreso de los Diputados como la Real Academia Española de la Lengua?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Por qué no puede ser el Congreso de los Diputados como la Real Academia Española de la Lengua?

Hace unos pocos días, la Real Academia Española de la Lengua aprobó la incorporación al diccionario de unas 4.000 nuevas palabras. Quien, por curiosidad, eche un vistazo a las nuevas adquisiciones1, se encontrará con muchas palabras que no le parecerán especialmente nuevas. Así, sanjacobo, cachopo, tinto de verano, gentrificación o enoturismo aparecen entre las nuevas adquisiciones, pese a que prácticamente nadie diría que son palabras que acaban de ser creadas. 

Y esto es así porque la Real Academia Española (en adelante, RAE), no se ha inventado ninguno de esos términos. Son palabras que se llevan usando para su finalidad ya muchos años, y lo único que ha hecho la RAE es percatarse de su existencia, constatar que su uso es generalizado, e incorporarlas a su diccionario con la acepción más común. Nada es revolucionario, nada es radical y todo es coherente con el lema de la institución: “Limpia, fija y da esplendor”. 

La RAE acepta y tiene asumido, como no puede ser de otra forma, que ella no puede imponer un vocablo o un uso del lenguaje. El lenguaje es una institución de creación espontánea, que evoluciona con el uso de sus hablantes, en este caso los millones de hispanohablantes que circulan por el mundo. Gracias a dicha naturaleza, se adapta con tremenda facilidad a las cambiantes necesidades de la sociedad, y no es constantemente útil y eficiente. 

El valor añadido de la RAE no está en anticipar las necesidades de los usuarios del lenguaje y darles satisfacción de forma centralizada. Eso sería imposible, pues dichas necesidades son imposibles de conocer. No, su valor añadido está en recopilar los usos observados del lenguaje para que cualquiera de los usuarios pueda, fácilmente, conocer las reglas que le aplican en cada momento. Así, la persona que oiga por primera vez la expresión “poliamor” podrá conocer su significado sin más que acudir al diccionario de la RAE. Pero, insisto, ese significado no se lo ha dado la RAE; lo único que ha hecho es recoger la acepción que los usuarios dan a la citada palabra. 

¿Alguien se puede imaginar a la RAE inventándose palabras y reglas del lenguaje? Difícil, ¿verdad? A quien tenga dudas sobre el éxito que podría tener este tipo de iniciativa, solo hay que recomendarle que investigue sobre el esperanto. 

El caso es que el lenguaje no es la única institución espontánea que se dan las sociedades para funcionar. Hay otras muchas, como el dinero o como las normas de convivencia. Sí, las normas de convivencia también son una creación espontánea de la sociedad, aunque a muchos les pueda parecer extraño, máxime si tienen algún BOE entre las manos. La prueba definitiva es que convivíamos, y, por tanto, había normas de convivencia, mucho antes de que se inventaran los poderes legislativos, entre ellos nuestro Congreso de los Diputados. 

En efecto, las normas son como el lenguaje. Aparecen para resolver necesidades de la sociedad, en este caso, problemas de convivencia, y evolucionan con las mismas. Si no hay intervenciones externas, las normas se adaptan con la misma facilidad que lo hace el lenguaje a las nuevas demandas de la sociedad, sin necesidad de cambios revolucionarios o radicales. 

Cuando hay conflicto sobre interpretación o aplicación de las normas, las partes pueden acudir a un tercero o “juez” (alguien a quien las partes reconozcan prestigio o sabiduría) para resolver el conflicto sin acudir a la violencia. En estos casos, el juez no se inventará la solución, si no que tratará de analizar cómo se están resolviendo problemas similares y aplicará la solución así encontrada en la medida en que sea posible. Lógicamente, de la misma forma que un diccionario facilita enormemente la labor de quién se tropieza con un nuevo vocablo, si alguien se toma la molestia de llevar un registro de los conflictos resueltos y sus soluciones, se simplificará considerablemente la tarea del juez. Y no solo la del juez, quizá las propias partes, a la vista del citado registro, sean capaces de anticipar cómo va a resolver el juez, y se pongan de acuerdo en esa línea sin necesidad de acudir a él. 

Como se observa, una codificación de las normas de convivencia es tanto o más útil para la sociedad que un diccionario. ¿Existen estas codificaciones? Por supuesto, ahí tenemos el código civil o el código mercantil. Lo que no existe es una RAE que “limpie, fije y de esplendor” a estos códigos. No, en su lugar tenemos a ese poder legislativo elegido democráticamente, típicamente en forma de cámaras. 

Sin embargo, estos poderes legislativos se han arrogado competencias que van mucho más allá de las que ha asumido humildemente la RAE para el lenguaje. En efecto, el Congreso de los Diputados emite normas, crea normas, no se limita a recopilarlas. Y apoyado en el monopolio de la violencia que tienen los Gobiernos, tiene resortes para hacerlas cumplir. Ese es el principal problema al que se enfrentan las sociedades. 

Imaginemos que la RAE tuviera una policía para imponernos el uso de sus ocurrencias. ¿Cuánto tardaría el lenguaje en dejar de ser útil para la sociedad? ¿Y cuánto en empezar a actuar como elemento destructor de la misma? Imaginemos que a los académicos no les gustara la palabra cachopo y nos forzaran a usar chirimbiqui para el mismo filetón. O que tuviéramos que esperar a que ellos decidieran cómo llamarle antes de poder utilizar ningún nombre. 

Suena absurdo. Pero es lo que aceptamos que día tras día hagan nuestro Congreso de los Diputados y sus réplicas autonómicas y locales. Además, que lo hagan sobre un instrumento aún más decisivo que el lenguaje para el funcionamiento de la sociedad. 

Una última sugerencia, de la que no se habrán dado cuenta aún los representantes del pueblo. Dado que carecen de un lema sugerente, como sí tiene la RAE, ¿qué les parece este? “Inventa, impón y fastidia la nación”.  

Que pasen unas felices Navidades y tengan un buen 2022. 

Sobre el populismo y el autoritarismo

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

El fenómeno populista no es nuevo ni corresponde exclusivamente a nuestro tiempo. Desde la invención de la democracia como sistema político ésta fue asediada por demagogos y mecanismos corrosivos que pretendieron satisfacer fines particulares por medio del ejercicio del poder. 

La democracia, que incluye elementos pertenecientes a su misma definición como la libertad, el pluralismo y la defensa del individuo como un sujeto social, ha sufrido a lo largo de la historia el fenómeno populista. Por ello, el populismo es un elemento consustancial a la democracia porque el líder demagogo y la intensión transgresora en el ejercicio del poder siempre ha formado parte de su paisaje.

No obstante, no todos los Estados democráticos han sufrido los embates del populismo ni se han acercado a la figura del líder-caudillo. Precisamente, en aquellas democracias fuertes que cuentan con instituciones políticas sólidas y un nivel de estabilidad aceptable es donde el populismo difícilmente prospera. No porque la sociedad tenga un nivel de conciencia política elevado, sino porque el sistema institucional, la estabilidad económica y política y los ciudadanos permiten que la democracia trascienda más allá de las circunstancias que caracterizan una época de crisis. 

El problema se evidencia cuando en un Estado, cuya democracia está en proceso de consolidación y sus instituciones son más bien débiles, se configuran crisis económica, política o social con el surgimiento de líderes demagógicos que, bajo el discurso de la ‘democracia insuficiente o ausente’, pretenden acceder al poder con una lógica radical que se ampara en el enaltecimiento del pueblo y la creación de dos polos irreconciliables: la lógica del nosotros contra ellos, el amigo/enemigo.

En ese sentido, el populismo es una tendencia en las democracias donde las instituciones no funcionan correctamente y donde la crisis genera un repudio social que permite el impulso de este fenómeno. El rechazo de una parte importante de la sociedad hacia el sistema político imperante por la ausencia de un Estado que garantice la estabilidad social y política y la persistencia de las desigualdades han sido elementos que han permitido el retorno de viejos esquemas políticos como éste.

Si bien los procesos políticos difieren de un país a otro, la amenaza no ha dejado de estar latente. La crisis del sistema de partidos, la desigualdad y la crisis económica, el apogeo de líderes con un ideario hegemónico, la inseguridad y la corrupción, sumado al problema irresuelto del papel de las élites en la sociedad, han promovido esta nueva ola populista perteneciente a movimientos de izquierda (aunque no exclusivos de este ámbito) y nacionalistas en Europa y América Latina.

El populismo es un mal endémico subyacente a la democracia y está presente en aquellos países que siguen arrastrando problemas que no han podido resolver hasta hoy. La desigualdad, el desempleo, los bajos niveles de calidad de vida y la desafección con el sistema político vigente son algunos de los rasgos que permiten el afloramiento de los populismos que en gran parte de los casos están acompañados de un ideario autoritario que corrompen las instituciones y degrada el sistema democrático imperante.

El populismo y el autoritarismo son incompatibles con el desarrollo y el crecimiento económico sostenido. La crisis actual que atraviesa la democracia liberal, el papel de los medios de comunicación y el apogeo de los nuevos elementos de intercambio de información y la suspensión del avance de la construcción de instituciones fuertes son problemas que se deben resolver en el medio plazo para poner freno a las pretensiones populistas y autoritarias de líderes demagogos que aparecen en el escenario con un mensaje distorsionado de la democracia y con una concepción tergiversada de la igualdad y la libertad.

Por lo comentando, es importante poner en evidencia los problemas que rodean al arribo de este fenómeno y prestar atención a las carencias que existen en nuestras sociedades para promover el mensaje de la libertad y la economía abierta. 

En ese sentido, hay que considerar la siguiente premisa: a sociedades con instituciones fuertes y altos niveles de desarrollo económico y social, menos probabilidades de apogeo populista y autoritario. 

Controlando la inteligencia artificial

Escrito por Jaime Juárez Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

Existe un fuerte movimiento en Estados Unidos que pretende el control de la inteligencia artificial para garantizar los derechos civiles y las libertades de las personas que puedan verse afectadas por las decisiones de las aplicaciones informáticas. Y es que, según afirman los promotores de estas iniciativas, las tecnologías del futuro, cada vez más potentes, deben respetar los valores democráticos. Todo el mundo tiene derecho a ser tratado de manera justa y “sólo tendremos tecnologías que trabajen para todos si todos estamos incluidos”, vienen a decir, en su brillante estilo habitual: La ciudad de Nueva York, por ejemplo, está tramitando una ley que pretende la imposición de auditorías previas para evitar la utilización de dichas aplicaciones en el campo del empleo (en contratación o promoción interna), si los resultados que arrojan los programas revelan ciertos sesgos. Al final, lo que se pretende es que sea la ideología dominante, en políticos y burócratas, quien determine la forma de actuar, el cómo y el con quién, incluso de las máquinas; aunque ello vaya en contra de una mayor eficiencia y eficacia. La libertad individual se desvanece en cualquier caso.

Pero también se confunden, creo yo, quienes creen que las máquinas, por sí solas, serán capaces de resolver todas nuestras dificultades, ya que el problema económico, por mucho que algunos se empeñen, no queda reducido a un problema técnico de mera asignación, maximización u optimización de recursos, con unas restricciones invariables, que se suponen también conocidas. La acción humana -entendida como conducta consciente, o voluntad movilizada que pretende alcanzar fines y objetivos concretos- es siempre el intento deliberado de pasar de una situación menos satisfactoria a otra que lo es más, tratando de adecuar –faliblemente- medios escasos a una escala valorativa siempre cambiante, en un proceso dinámico en el que el futuro es siempre incierto y abierto a todas las posibilidades creativas del hombre, lo que demuestra la estrechez del concepto de Ciencia Económica generalmente en boga.

Para entender, por tanto, la naturaleza de la función empresarial es imprescindible tener presente el papel esencial que juega la información o conocimiento que posee el actor; una información que le sirve, en primer lugar, para percibir o darse cuenta de nuevos fines y medios, y que, por otra parte, modifica los esquemas mentales o de conocimiento que posee el propio sujeto. De esta forma, si, como señala Hayek, el problema económico de la sociedad se concreta, principalmente, en la pronta adaptación a los cambios según las circunstancias particulares de tiempo y lugar -para poder alcanzar, cada vez, situaciones menos insatisfactoria para el individuo, de acuerdo con la evolución de sus fines y la distinta utilidad subjetiva que se les reconoce a los medios escasos disponibles-, las decisiones empresariales tendrán, en principio, más éxito si son ejecutadas por quienes están familiarizados con estas circunstancias, es decir, por quienes conocen de primera mano los cambios pertinentes y los recursos disponibles de inmediato para satisfacerlos: se hace imprescindible un conocimiento subjetivo y práctico, centrado en las circunstancias subjetivas particulares de tiempo y espacio, y que verse, como decíamos, tanto sobre los fines que pretende el actor y que él cree que persiguen el resto de actores, como sobre los medios que el actor cree tener a su alcance para lograr los citados fines.

Que sean los políticos y los burócratas quienes nos digan lo que hay que hacer, qué producir y por quién, es una aberración que lleva al desastre, como ha demostrado ya la historia. Pero dejarlo totalmente en manos de las máquinas no dejará de ser, también, un gran problema, porque la máquina, por muy lista que sea, no será capaz de saber los nuevos fines que el hombre trataría en el futuro de alcanzar, con lo que una sociedad regida por aquéllas, o será estática y sin evolución, o irá por unos derroteros que no tienen por qué ser los que realmente hubiese querido el hombre: serán ellas quienes decidan.

El riesgo, en ambos casos, como ya hemos comentado otras veces, es lo difícil que es el análisis contrafactual, máxime cuando no hay con qué comparar, es decir, tratar de imaginar cómo hubiesen sido las cosas si hubiese cambiado alguna circunstancia. Si el globo entero hubiese sido comunista en la década de los 70, al muro le hubiese costado más caer (¿con qué comparar la propia realidad? ¿de dónde la ilusión y la energía para cambiarla?). Si nos echásemos todos en manos de las máquinas, por desidia, por pereza, y por una falsa idea de eficiencia, pasaría lo mismo: tardaríamos mucho más, si es que lo conseguimos, en darnos cuenta del error. 

Del uso de las masas para objetivos políticos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A mediados de noviembre de 2021, en territorio bielorruso, junto a la frontera con Polonia, se hacinaban miles de emigrantes de Oriente Medio y África, que esperaban la oportunidad para entrar en territorio de la UE a través de Polonia. El flujo de personas se había incrementado hasta límites preocupantes para las autoridades polacas, que no tenían ni la capacidad ni la voluntad de asistir a tal masa humana, pese a que los emigrantes, en su gran mayoría, tampoco tenían la intención de quedarse en territorio polaco, sino buscar otros países más prósperos dentro de la UE, principalmente Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos.

La razón de esta masificación había que buscarla en la estrategia política del gobierno del dictador bielorruso Lukashenko en su enfrentamiento con la UE, en particular, y con Occidente, en general; todo ello, a la sombra del gobierno ruso de Vladimir Putin. Esta crisis, el conflicto entre el centro (Bruselas) y la periferia (Polonia), es una más de las que amenazan a la propia integridad de la UE que, desde el ‘brexit’, está seriamente dañada. No era casualidad que esta crisis migratoria se hubiera trasladado a las fronteras polacas. Al ser uno de los miembros más revoltosos de la Unión, presionar sobre él era desestabilizar aún más la UE. Ante esta situación, Polonia exigió cambios en la política migratoria de la Unión y pidió la actuación de la OTAN, en tanto su territorio estaba siendo invadido, mientras que Minsk daba una de cal y otra de arena a la hora de solucionar la situación, en la parte que le tocaba. 

Mientras, otros lugares fronterizos de la UE también soportan esta presión migratoria. Otro país en el que la democracia es un disfraz, la Turquía de Erdogan, usó a los refugiados sirios para ajustar cuentas con los europeos. El año pasado, en los primeros meses de la pandemia del covid-19, tuvo lugar el enésimo enfrentamiento entre Grecia y Turquía, pero en este caso, el arma usada iban a ser las masas humanas que huían de la guerra civil siria, buscando el ansiado vergel, el paraíso perdido que es el Estado de bienestar europeo y que tantos recursos absorbe de sus ciudadanos.

Aunque, desde la perspectiva de España, toda esta problemática está mucho más cerca y no hay que irse hasta los campos griegos o las planicies polacas y bielorrusas. Con una frecuencia pasmosa, ligada generalmente a problemas internos marroquíes o enfrentamientos políticos y diplomáticos con el régimen español, las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ven asaltadas por centenares de inmigrantes que intentan, usando la táctica del grupo numeroso, llegar a territorio español, donde son atendidos y, según la situación política y social, pueden tener la suerte de terminar quedándose y no ser devueltos. Las autoridades marroquíes, las ONG que les ayudan y, desde luego, los grupos mafiosos que se benefician de tal tránsito de carne humana saben que los gobiernos progresistas (y no tan progresistas) españoles limitan la represión de estos asaltos por razones políticas, lo que les hace más fácil quedarse. Este sistema es complementario de uno más peligroso, pero más habitual: las pateras, que con centenares de inmigrantes cruzan el Mediterráneo o el Atlántico hasta territorio comunitario, incluyendo las Islas Canarias.

Generalmente, este tipo de situaciones de miseria, muerte y caos se muestran en los medios de comunicación audiovisuales y escritos desde la perspectiva del inmigrante, al que se suele presentar como una víctima, alguien que busca un lugar donde prosperar, siendo atendidas sus principales necesidades por un Estado benefactor y, en menor medida, por algunas organizaciones de caridad que, con el tiempo, pierden protagonismo a favor de entidades estatales u organizaciones que trabajan mano con mano con el Estado y los gobiernos, usando recursos públicos y no donaciones privadas. En esta parodia victimista, en este reduccionismo maniqueo, ellos son las víctimas y los culpables de su situación, los occidentales, los capitalistas, que se adueñan de sus recursos, viven por encima de sus posibilidades, avivan guerras, les imponen sus productos o servicios y destruyen sus paraísos tribales, sus ideales de compromiso, convivencia y solidaridad, una visión no muy alejada de la del “buen salvaje” de Rousseau.

Esta situación, como muchas otras, no es nueva y las masas de personas que huyen de una situación de precariedad o que se desplazan porque es su tipo de vida o porque, simplemente, buscan una situación mejor de la que están viviendo, han sido usadas por Estados, gobiernos y monarquías a lo largo de la historia para eludir problemas de convivencia o para provocar o agredir a los Estados, gobiernos o monarcas vecinos con los que tienen conflictos abiertos. Este tipo de agresión se ha ido adecuando a las circunstancias de cada época. Así, en el declive del Imperio Romano, ante la debilidad de las fronteras frente a los germanos y otros pueblos de origen euroasiático, los emperadores bizantinos se las arreglaron, militar y diplomáticamente, para que muchas de estas confederaciones de tribus fueran a situarse en territorio del imperio occidental, lo que ayudó a terminar con él, favoreciendo su fragmentación y la aparición de reinos, feudos y, con el tiempo, otro Imperio. La ausencia de fronteras, tal como las conocemos ahora, y una menor densidad de población que la actual favorecieron este trasiego de personas, que duró varios siglos hasta que los Estados fueron conformándose, y el territorio vacío llenándose.

Durante los periodos imperiales, en todo el mundo, estas autoridades impusieron el traslado de poblaciones enteras, incluso grupos étnicos, para situarlos allá donde les eran más cómodos, bien porque fueran grupos problemáticos, bien porque quisieran que una masa crítica problemática no llegara a tal. Así, los procesos de rusificación en el imperio zarista, primero, y, sobre todo, en el soviético después, o la chinificación en la actual República Popular China, son dos ejemplos de este tipo de manipulación de masas. El antisemitismo, por ejemplo, a lo largo de los siglos, ha provocado el nacimiento y muerte de guetos de judíos, tanto en Oriente como en Occidente, y la práctica desaparición de las poblaciones judías, no sólo de Europa, sino también de todo el Norte de África y Oriente Medio. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de personas fueron reasentadas en Europa, principalmente en Europa del Este y bajo auspicio o aquiescencia soviética, con la intención de hacer países étnica, cultural y nacionalmente homogéneos, intentando evitar problemas entre grupos distintos. Las guerras yugoslavas de los años 90 del siglo XX son ejemplos de cómo este tipo de conflictos es posible.

Las huelgas generales, las manifestaciones por causas ideológicas, por privilegios disfrazados de derechos, e incluso los comportamientos de grupos ligados a clubes deportivos son algunos ejemplos de movilizaciones más domésticas y habituales que pueden ser manejadas. En este caso, para atacar o molestar al vecino, Bielorrusia, Turquía o Marruecos se permiten manipular y usar a miles de personas que, por diferentes razones (desde guerras a situaciones de pobreza o hambre, o la simple y subjetiva necesidad de buscar una situación mejor que la que se vive), necesitan un lugar donde vivir. Estados y gobiernos no tienen ningún escrúpulo a la hora de usar a las masas que, por alguna razón, buscan algún tipo de mejora. 

De la misma manera que, ante las necesidades bélicas o financieras de los Estados, han ido surgiendo instituciones de carácter privado o semiprivado que han buscado o buscan los recursos públicos que manejan, y de la misma manera que otras instituciones han surgido para dar respuesta a las necesidades del Estado de bienestar, las migraciones han favorecido la creación de una infinidad de organizaciones mal llamadas “no gubernamentales”, que han ido suplantando a las organizaciones de caridad que antes hacían su labor. El problema más grave, sin embargo, ha sido que, a la sombra de estas necesidades, las mafias y organizaciones delincuenciales han visto una oportunidad de explotar la desesperación de muchos y se han unido a esta labor, sin respetar los derechos más fundamentales de estas personas.

El manejo de las masas es distinto que el de los individuos, ya que no es necesario convencer a cada uno de ellos, sino que una masa crítica asuma un objetivo o una idea y, luego, dejar que el comportamiento grupal que posee el ser humano siga su curso. Suelen ser manipuladas emociones (miedo, desesperación, ira, frustración) o necesidades primarias (hambre, supervivencia). Estas manipulaciones responden a una lógica más simple, menos elaborada, no pocas veces incorrecta, pero no por ello menos poderosa. Afortunadamente, no siempre va a ser una estrategia exitosa, pues de la misma manera que se activa, otro estímulo puede desactivarla. Además, también existen resistencias individuales que pueden servir como catalizadores para sabotear un comportamiento grupal y darle la vuelta. Aunque sí que es cierto que, una vez tomada cierta inercia, su desactivación requiere tiempo y recursos.

La teoría del cierre categorial y la economía V: Dialéctica de los Estados e historia económica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Estamos en un punto interesante de este estudio de la obra de Juan Carlos Martín El mito del capitalismo. La aplicación de la teoría del cierre categorial al ámbito de la economía exige al filósofo definir esas categorías. Como rechaza la posibilidad de encontrarlas en la acción del hombre, dado que serían categorías subjetivas, las busca en la historia. 

Aunque el origen de la filosofía de la ciencia de Gustavo Bueno está en el ámbito de las ciencias físicas, sus discípulos son feraces escritores en el de las ciencias sociales, con obras notables como El mito del capitalismo. El asidero del cierre categorial con el estudio de la sociedad es la historia. Para elaborarla, un camino es el que podríamos llamar metodología, que es la elaboración de un apero de instrumentos adecuados para la recuperación del pasado del hombre, y otro es la construcción de una filosofía de la historia. Podríamos definirla como el intento de ver en el transcurso de la humanidad o bien un sentido último, o bien un mecanismo que explique los grandes movimientos históricos. La metodología y la filosofía de la historia no son incompatibles.

Un ejemplo de filosofía de la historia es la del ciclo histórico. Tucídides, Polibio o Vico quisieron observar cómo la experiencia del hombre vuelve sobre pasos ya marcados, a pesar de la dirección unívoca del tiempo. El cristianismo introdujo tanto la idea de progreso en la historia, como la de providencialismo, dos nuevas filosofías del pasado humano. La Ilustración secularizó y renovó la idea de progreso. El idealismo, con J.G. Fichte y G.W. Hegel, concibió un método dialéctico para otorgar sentido a la historia. Karl Marx asume el método dialéctico, y le otorga una base materialista.

La dialéctica de la lucha de clases es útil para obtener plazas en las Universidades, pero no para explicarse la historia. Quizás sea este el motivo de que Gustavo Bueno la haya abandonado. Pero Bueno se aferra a la dialéctica como si fuera un método científico, y al concepto de motor de la Historia, y armado con estos dos errores, llega a un tercero que es el de la dialéctica de Estados como substituto de la de la lucha de clases. 

Es importante resaltar que, aunque el materialismo de Gustavo Bueno, tal como yo lo entiendo, es más elaborado que el de Marx. Creo que debemos sumarnos a las palabras de Carlos Valverde: “Marx no se interesa para nada por la materia como es en sí, como Naturaleza, como una realidad independiente del hombre, sino que la ve siempre en función y dependencia del hombre. Para Marx, el hombre es la realidad radical, el eje y el centro de todo su interés”. Es más, “la materia no humana sólo está considerada como el término intencional, al que se dirige el hombre mediante el trabajo para saciar sus necesidades naturales, y así realizarse (…). Por lo tanto, la Naturaleza se presenta siempre mediatizada por la praxis histórico-social; es la Historia (y en la base de ella su infraestructura dominante, la Economía), la única realidad radical” (1). En definitiva, la naturaleza está en función de la historia, y ésta en función de la economía.

Sobre esa base, Marx elabora una dialéctica de clases sociales. Gustavo Bueno observa que los Estados responden a la misma lógica de apropiación de los recursos naturales, de dominio de una clase extractiva sobre otras: “El enfrentamiento entre los Estados, según esto, habría de ser ya considerado (aunque el materialismo histórico tradicional no lo haya hecho así) como un momento de la misma dialéctica determinada por la apropiación de los medios de producción (originariamente el territorio, sus recursos mineros, sus aguas, su energía fósil…) por un grupo o sociedad de hombres, excluyendo a otras sociedades o grupos congéneres”. El “marxismo vulgar” se ha limitado al arado romano de la lucha de clases, y Bueno tiene una cosechadora para hacer más feraz el terreno de la historia.

Toda esta excursión nos sirve para decir que Luis Carlos Martín se suma a la dialéctica de Estados, pero hace algo más que me parece especialmente interesante. No son sólo las luchas de clases o los Estados, sino las categorías históricas las que basan todo el edificio de Martín. Así, dice en la página 65: “Llamaremos teoría de la esencia de la moneda a los modos en que se constituyen un tipo de relaciones cuyo campo de términos y operaciones adquieren un ‘cierre’ categorial económico, y cuya potencia ampliativa supone conflictos propios de la dialéctica histórico-política”. 

Martín crea una nueva teoría de la economía, vamos a llamarla así por el momento, desde las categorías históricas. De ahí la importancia de la etimología de las palabras. Luis Carlos Martín, y esto es común a otros discípulos de Bueno, se apoya en la etimología de las palabras. Me parece un recurso muy interesante. La propia escuela ha creado un rico apero de palabras que le permiten acuñar conceptos nuevos con precisión. Pero las palabras son viajeras en el tiempo, y la realidad que denotan cambia con los siglos. Por más que me interese la etimología, su utilidad en este contexto no puede ser más que relativa. 

Es un método, quizás una filosofía de la historia, muy inseguro. Hay al menos dos motivos para ello. El primero es que con el mismo término, por ejemplo “dinero”, nos referimos a realidades económicas muy complejas y que además cambian con el tiempo. 

El segundo es que Martín utiliza esas categorías para oponerlas entre sí, como si hacerlo tuviera algo que ver con la realidad histórica, y no todo con el prejuicio de la dialéctica. 

Luis Carlos Martín vuelve a la escuela histórica alemana, a crear economía desde la historia, aunque desde unos presupuestos menos ingenuos; mucho más sólidos. Lo veremos en el próximo artículo, cuando le hagamos hablar de dinero y moneda, mercado y comercio.

(1) Carlos Valverde. El materialismo dialéctico. El pensamiento de Marx y Engels. Espasa-Calpe, Madrid, 1979. p 93.

Serie La teoría del cierre categorial y la economía

(I) El cierre categorial

(II) Monismo, dualismo y pluralismo

(III) El liberalismo como atomismo

(IV) Del subjetivismo al materialismo, y de ahí a la historia

La izquierda hace el ridículo con la energía solar

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pocas cosas hay más ridículas que demostrar tu propia ignorancia cuando crees estar señalando la ignorancia ajena. Y ha bastado con que Pablo Casado dijera una obviedad que rompe con el discurso de buenos y malos de la izquierda y nos devuelve a las complejidades del mundo real para que, una vez más, políticos y periodistas demuestren una vez más que no saben de lo que hablan. El líder del PP recordó este domingo la obviedad de que cuando no hay sol no hay energía solar que valga. Pues ya tuvimos a los tontos habituales, desde el Huffington Post a Iñaki López, de La Sexta a Pablo Echenique, de Antonio Maestre a Anabel Alonso, de Gerardo Tecé a Podemos, de Pedro Vallín a Ramón Lobo, de Gabriel Rufián a Ana Pardo de Vera, burlándose de él con argumentos tan sesudos como que el líder del PP seguramente se sorprende al ver agua saliendo del grifo si no ha llovido. No, en serio, que lo han dicho desde actores hasta consejeras autonómicas.

Granja de paneles solares

Vamos con lo obvio: sí, ya sabemos todos que si tienes una placa en tu casa también puedes instalar una batería y almacenar energía en ella durante el día para gastarla por la noche. Pero cuando eres un poco cortito no te das cuenta de que una solución válida para un individuo o una persona no tiene por qué escalar y servir igualmente para un país entero. Y no lo hace. No tenemos ni materias primas ni capacidad de fabricación para emplear plantas de baterías de ión litio en las redes eléctricas del mundo desarrollado con el objetivo de almacenar energía solar. La enorme planta de Tesla instalada en Australia no sirve para eso, sino para estabilizar la red eléctrica de la región, que sufría continuos apagones. A falta de que una tecnología revolucionaria de baterías cambie por completo el panorama, lo que ha dicho Casado es completamente cierto: la energía solar no sirve de nada durante la noche. Y todos esos listillos se han revelado como lo que son: ignorantes a tiempo completo que se creen que saben mucho de todo porque lo buscan en Google.

La izquierda funciona muchas veces como ese hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta. Quiere luchar contra el cambio climático, sin costes para nadie y sin recurrir a una fuente de energía que lleva décadas demonizando, desde que ETA paró a tiros la construcción de la central de Lemóniz. Así, defienden las renovables, que es muy bonito, y están en contra de la nuclear porque es una cosa fea y desagradable que suena a apocalipsis. Pero en el mundo real necesitas disponer de fuentes fiables que te proporcionen energía base para poder añadir, cual guinda del pastel, aquellas centrales cuya producción varía dependiendo de cómo sople el viento, o en qué hora estamos. Y como hemos apostado por ellas para reemplazar al carbón, el petróleo y la nuclear, cuando no responden hay que tirar del mismo gas que usamos para la calefacción y para el que dependemos de países tan fiables como Argelia y Marruecos. Estos meses hemos visto lo equivocado de la apuesta. Vendrán tiempos aún peores.

Durante años, la izquierda se ha esforzado con notable éxito en identificar a la derecha con el mal. No tenía otra, porque tras la caída del comunismo se quedó sin modelos que defender. Esa campaña permanente ha tenido un gran éxito en casi todo Occidente, y la respuesta de la derecha ha sido casi siempre la de desarmarse ideológicamente. En España hemos podido ver que el PP se ha ido quedando, poco a poco, en unas pocas ideas fuerza que permitan que Feijoò y Ayuso compartan siglas y no estén en el PSOE: derecho a la vida, defensa de la familia, España, ley y orden, una gestión de la economía que pretende ser racional… Algo desideologizado, sí, en muchas ocasiones nada liberal, desde luego, pero que es lo que la mayoría de la gente entiende por bueno. Pero como la izquierda sólo le queda oponerse a la derecha, se tiene que oponer a eso, lo cual la obliga a defender la inmigración ilegal, declarar un derecho irrenunciable que se mate a 100.000 fetos al año, destruir todos los modelos público-privados que encuentren aún a costa de empeorar la sanidad, cargarse la ley de seguridad pública, etc. En definitiva, demonizar lo que quiere de sus gobernantes la clase media, que aspira a vivir razonablemente bien, tener su piso y su trabajo razonablemente estable, que no le atraquen por la calle, etc.

Y una de las cosas que la clase media quiere es que no le saquen los higadillos con la factura de la luz, como es lógico y normal. Y la misma izquierda que se quejaba de la “pobreza energética” ahora entra en cólera por que se sugiera que para solucionarla igual hay que apostar por la nuclear, aunque sea un poquito. Ni siquiera por quemar carbón, no. Simplemente por construir centrales suficientes de la única fuente de energía que tenemos hoy día que no emite CO2 y es al mismo tiempo estable y confiable. Pablo Casado lo único que ha pedido es que la apuesta de los políticos por reducir emisiones no se haga a costa de la factura. Pero eso interfiere con la historia de buenos y malos que alimenta a aquellos que marcan la agenda política en España. Al reírse de Casado, se han reído de todos nosotros; especialmente de ti, votante de izquierda, a quien consideran tan idiota como para no rebelarte ante su prepotencia y arrogancia. Lo peor es que seguramente tengan toda la razón al hacerlo.

El valor de Bitcoin no depende de la confianza

Escrito por Manuel Polavieja en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en El valor de Bitcoin no depende de la confianza

En el artículo de hoy retomo el asunto de un post anterior donde explicaba que la confianza no es lo que confiere valor al dinero. Confianza entendida como que otros aceptarán el dinero simplemente porque a su vez confían en que otros también lo harán. Voy a referirme a este significado como “confianza de aceptación” para distinguirlo del significado “cosa que posee las cualidades recomendables para el fin a que se destina”. Este último significado sí sería correcto, aunque es aplicable a cualquier bien, no es nada especial del dinero, ni es el significado que pretendo criticar en este artículo.

Para transmitir esta misma idea de confianza de aceptación, algunos economistas usan el término “fiduciaria”, y afirman que por definición toda moneda es fiduciaria ya que su valor depende fundamentalmente de esta confianza o esperanza de aceptación. Afirmación con la que no estoy de acuerdo porque esa esperanza no es nada especial de la moneda ni de cualquier mercancía, y por tanto es un concepto inútil como criterio de distinción.

Bitcoin, la revolucionaria y pionera criptomoneda concebida en 2008.

Para que exista valor de cambio, y el valor de cambio es siempre una expectativa futura, no es necesario que exista ninguna demanda pasada o presente por parte de terceros. Ni siquiera es necesario que esa expectativa futura se acabe por materializar. Esto es así  para cualquier mercancía, sea activo financiero o no, y tenga valor de uso o no. Para demostrarlo, tomemos Bitcoin como ejemplo de mercancía, que además se podría decir que es una mercancía “pura” (a falta de un término más adecuado), porque no tiene ningún valor de uso en el sentido de que de forma directa no te alimenta, no te abriga, adorna, etc.

Quien primero otorgó valor de cambio a Bitcoin fue Satoshi Nakamoto. Creo que podemos decir casi con total seguridad que atesoró las primeras unidades de Bitcoin porque consideró que sus cualidades eran apropiadas para ser medio de intercambio: Oferta limitada, divisible, difícil de falsificar, fungible, barata de almacenar y transmitir, etc. Para formar su expectativa del valor de cambio solo pudo basarse en dichas cualidades, pues al tratarse de un bien totalmente nuevo no existía ninguna referencia de valor de cambio, ni previa ni actual.

El mero hecho de que Satoshi atesore unidades de Bitcoin ya implica que tienen valor para él. De lo contrario ni las habría creado ni las atesoraría. Pero las atesoró y por tanto tienen valor de cambio para él aunque en ese momento sea la única persona que conoce la existencia de Bitcoin. ¿Qué habría pasado si Hal Finney y los demás early adopters hubieran ignorado a Satoshi?  Pues posiblemente pasado un tiempo Satoshi habría desistido y desechado sus unidades de Bitcoin y el proyecto al completo. Bitcoin habría dejado de tener valor de cambio y por tanto habría dejado de ser un bien económico.

Ya hemos demostrado que una mercancía “pura” puede serlo únicamente por virtud de la expectativa de un solo sujeto. Pero si el lector pensara que esto es irrelevante económicamente porque solo afecta a un individuo, y es necesaria la demanda de un tercero para que la expectativa de valor de cambio se materialice en un precio, veámoslo a la inversa: ¿La condición de que un tercero tenga que valorar un bien es exclusiva de las mercancías puras? Pues tampoco. Por ejemplo, todo el excedente de arroz que un productor no puede autoconsumir estaría en la misma situación. Que el excedente de arroz sea objetivamente nutritivo no le confiere valor, basta que no pueda venderse por la razón que sea para que su valor sea cero (que esté en una mala ubicación, que su calidad sea relativamente inferior al arroz de la competencia, etc.). Es decir, igual que con los primeros Bitcoin que atesoró Satoshi, también es imprescindible un tercero para que el valor del excedente de arroz se acabe materializando en un precio. 

Cualquier bien cuyo productor no pueda autoconsumir tiene valor de cambio y solo valor de cambio. Esto no es ni raro ni excepcional, es de hecho lo habitual en una economía especializada donde la posibilidad de consumir lo que nosotros mismos producimos tiende a ser nula. En el concepto de mercancía, es decir, todo bien cuyo propietario planea vender y no consumir, ya está implícito que como mínimo tendrá que haber otra persona más que valore sus cualidades. Si esa persona adicional la valora únicamente como mercancía fácilmente intercambiable, ya tenemos dos sujetos que pueden intercambiarla como mercancía indefinidamente.

Como para cualquier bien, para formarse una expectativa de su precio unitario hay que valorar la evolución futura de la oferta y de la demanda. Esta valoración es muy difícil, y esta dificultad no es nada especial de las mercancías puras o de la moneda. La necesidad de intercambiar en el espacio o en el tiempo es una necesidad como cualquier otra, quizá de las más importantes en una economía con altísima división del trabajo, y predecir la intensidad agregada de cualquier necesidad es siempre una labor muy compleja, no importa de qué tipo de bien estemos hablando. La enorme importancia de la necesidad de intercambiar es la que explica no solo el valor de los medios de intercambio, también el valor de los servicios de un experto en macroeconomía, de un banquero, de un buen vendedor o intermediario, los estudios de mercado, el marketing y otros servicios similares sean valiosos. 

En conclusión, no es necesario ningún razonamiento ad hoc sobre la confianza aplicada a las mercancías puras en general ni tampoco a la moneda en particular. En el caso de Bitcoin, su valoración como la de cualquier otro bien no depende de la “confianza de aceptación” sino de la valoración por parte del mercado de la aptitud de sus cualidades concretas, en competencia con sus alternativas, para satisfacer la necesidad de intercambiar en el espacio o en el tiempo.

El lastre de las pensiones

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en El lastre de las pensiones

Hace unos cuantos meses escribía en este mismo espacio acerca de la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno de España. En dicha columna comentaba que aún desconocíamos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que debía publicar el ministerio dirigido por José Luis Escrivá, ya que este sería una pieza clave a la hora de poder analizar y juzgar la reforma de las pensiones en su plenitud. Ahora que ya conocemos dicho mecanismo y las diferentes vías a través de las cuales el ministro Escrivá pretende obtener ingresos adicionales para cubrir el aumento del gasto en pensiones derivado de las tendencias demográficas y la propia reforma, debemos preocuparnos aún más por la sostenibilidad de las mismas. De hecho, siguiendo la presente reforma, la sostenibilidad de las pensiones se torna aún más compleja con el tiempo, lo cual hace que debamos preocuparnos.

En primer lugar, cabe destacar que Escrivá fía la sostenibilidad futura del sistema de pensiones al efecto que pudiera tener el sistema de incentivos para el retraso voluntario de la edad de jubilación, tratando de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Esto es enormemente variable, ya que es muy difícil predecir el comportamiento de los trabajadores ante el establecimiento del nuevo marco de incentivos.

Manifestación de pensionistas en Andalucía, España.

Lo que si se puede calcular con una mayor seguridad y mucha menor variabilidad es la cuantía del aumento del gasto en pensiones derivado de la jubilación de la generación del baby boom y la propia reforma de las pensiones, que promueve un mayor gasto al, por ejemplo, indexar las pensiones al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad o permitir la elección de los mejores 35 años de vida laboral para el cálculo de la pensión. Todo ello nos lleva a unos cálculos actuariales que permiten saber con certeza el aumento del gasto en pensiones que se podría producir a lo largo de los próximos años. La propia Comisión Europea, en su reciente Ageing Report , estima que la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013 supondría un incremento directo del coste anual del 3,5% del PIB, lo cual, en términos actuales, equivaldría a cerca de 39.000 millones de euros. Además, sumado a esto, la medida que permitiría a los trabajadores elegir los mejores años de su vida laboral como base para calcular la cuantía de su pensión contribuiría a aumentar el gasto en cerca del 0,7% del PIB, lo cual elevaría el aumento total del gasto anual en pensiones a cerca del 4,2% del PIB.

Este incremento repentino del gasto en pensiones haría que España pasara del 12% del PIB anual actual al 16% en 2050 destinado íntegramente a pensiones, lo cual causaría que nuestro país dejara de tener un gasto en pensiones en línea con la media de la Eurozona a tener un gasto tres puntos superior. Además, debemos tener en cuenta que España va más retrasada que otros países europeos en lo que respecta al envejecimiento poblacional, por lo que el efecto de inversión de la pirámide demográfica (más pensionistas cobrando pensiones más altas unido a un menor número de trabajadores en activo -mayor tasa de dependencia-)  junto al mayor gasto por la reforma, generaría una elevadísima presión sobre las cuentas públicas a causa del notable incremento del déficit estructural que se generaría, poniendo en peligro la sostenibilidad no solo del sistema de pensiones, sino de la deuda nacional.

Para que la reforma de las pensiones unida a los cambios demográficos no supusiera un mayor riesgo a la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma debería contemplar una serie de medidas que aseguraran que el incremento del gasto viene acompañado por uno similar de los ingresos, el cual no es el caso. Los nuevos ingresos que contempla la reforma de Escrivá no son solo inestables sino asimismo insuficientes. La recaudación adicional que generará la reforma de Escrivá no llegará probablemente al 0,4% anual del PIB, comparado con un incremento del gasto cercano al 4,2% del PIB.

Veamos cuales son las fuentes de ingresos adicionales que contempla la reforma de Escrivá. La AIRef estima que el retraso de dos años de la edad efectiva de jubilación incrementaría los ingresos anuales un 0,8% del PIB, mientras que el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección social estima que este retraso de la edad efectiva de jubilación aumentaría los ingresos tan solo un 0,2% del PIB, debido a que aunque en un primer momento se redujera el gasto debido a que el trabajador se mantendría en activo, después la pensión sería seguramente más elevada a consecuencia de las propias dinámicas que establece la reforma.

Otra fuente de ingresos adicionales deriva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional  (acordada con los sindicatos) son las cotizaciones adicionales. Dicho acuerdo establece que se aumentarían las cotizaciones en 0,6 puntos anuales, lo cual tendría un impacto del 0,2% del PIB hasta el año 2033.

El incremento de ingresos por el retraso en la edad de la jubilación efectiva unido al derivado del aumento de las cotizaciones generarían unos ingresos adicionales entre el 0,4% y el 1% del PIB anual, lo cual cubriría solamente entre el 10% y el 20% del aumento del gasto anual en pensiones, con el remanente pasando a representar un aumento del déficit. Aún así, está por ver el potencial recaudatorio de estas medidas, aunque por muy positiva que sea la evolución de la recaudación, esta será insuficiente para compensar el incremento anual del gasto en pensiones, generado por tendencias demográficas y la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013.

Pese a la situación descrita en el presente artículo, lo más probable es que se siga avanzando hacia un mayor agujero de déficit del sistema de pensiones y, por lo tanto, hacia su insostenibilidad presente y futura. Es la propia tendencia de evolución demográfica -en el plano político- la que juega en contra de una adecuada y necesaria reforma del sistema, ya que los pensionistas representan cada vez una mayor proporción del electorado mientras los jóvenes resultan cada vez más insignificantes a nivel demoscópico. Esto causa que los políticos no estén interesados en reformar el sistema sino en legislar para promover beneficios inmediatos concentrados en aquel segmento de la población del cual puedan extraer un mayor numero de votos en el futuro inmediato, rentabilizando así su futuro político inmediato.

La necesidad de un banco central

Escrito por Eduardo Blasco en . Publicado en Análisis diario.

“Nuestro sistema monetario está basado en prácticas que, si fuesen realizados por algún individuo o firma privada, llevarían a los perpetradores a la cárcel”

Antal Fekete.

La banca libre era, según Walter Bagehot (1999, 67), el sistema natural que emergería si el gobierno no interviniese en la banca. Los principales autores del fenómeno de la banca libre utilizan diversas características distintivas para clasificar un sistema bancario como de banca libre. Podemos resumir estas en cinco. Primero, una ausencia de un banco central (Smith 1936, 4–7; Dowd 1992, 2; White 1995, 1). Segundo, una multiplicidad de emisores de moneda (White 1989, 13; Dowd 1992, 2, 1993, 25). Tercero, un intercambio de moneda frecuente entre los emisores de estas (Dowd 1993, 25). Cuarto, la aparición de contratos de opción dentro de los contratos de convertibilidad de moneda (Dowd 1993, 25). Y, por último, la ausencia de regulación que obstaculice el negocio bancario.

Banco Central Europeo (Fráncfort del Meno, Alemania)

En este artículo nos vamos a centrar en la primera, en si es la ausencia de un banco central lo que determina que un sistema bancario sea libre o no. En primer lugar, tenemos que analizar si los bancos centrales nacen espontáneamente o no. Si lo hacen, en todo sistema de banca libre terminará emergiendo un banco central, por lo que, si es la característica definitoria, todo sistema de banca libre está abocado a la extinción.  El argumento para determinar si un sistema bancario es libre o no según la existencia de un banco central se basa en que de haber uno. Pero en la literatura económica tampoco hay un consenso claro sobre qué implica ser un banco central; si servir como un banco de bancos, como el monopolista de emisión de moneda, ser el prestamista de última instancia, regular a los bancos comerciales, o controlar la política monetaria. Independientemente de cuál sea la característica definitoria, podemos asumir que con que una institución cumpla alguna de las cinco funciones mencionadas, y, por ejemplo, el resto de los bancos tendrá prohibido la emisión privada de moneda, las actividades de los bancos comerciales serán reguladas, los mínimos legales de reserva se determinarán para todos los bancos o haya un control en la entrada de nuevos bancos, entre otros elementos que restringen el mercado e imposibilitan que se le pueda llamar libre, no habrá una banca libre. Es decir, donde hay un banco central hay una planificación centralizada en mayor o menor medida del negocio bancario, siendo una condición suficiente para que no se le pueda clasificar a ese sistema en ese momento de banca libre.

Charles Goodhart, profesor de la London School of Economics, en su libro The Evolution of Central Banks (1985) hace una defensa de los bancos centrales argumentando que estos surgen de manera espontánea en un sistema de banca libre y que, además, su formación es beneficiosa para la sociedad. Goodhart afirma que existe una tendencia centrípeta a la centralización de las reservas en el banco que ostente un crédito superior. Esta afirmación contradice a la historia bancaria de Escocia, Canadá, China, Australia, Suecia, Irlanda, China o Suecia, lugares donde no se originó un banco central de manera natural hasta que se impusieron leyes al respecto (Selgin 1993). El único ejemplo donde sin privilegios un banco alcanzó una posición crediticia tan superior a la competencia que actuaba como un banco central, manteniendo las reservas y liquidando billetes por otros bancos fue el del Suffolk Bank of Boston del 1825 al 1858.

Goodhart critica otros sistemas bancarios como el canadiense o es escocés diciendo que era oligopólicos, lo cual no era cierto—en Escocia hubo hasta 29 diferentes bancos emitiendo monedas a la vez y hasta 51 en Canadá—. Pero aún de haberlo sido, esto demostraría que el sistema natural en banca libre es el oligopolio, no el monopolio del emisor de moneda como Goodhart intenta defender.

Además de no ser un sistema natural de emergencia espontánea como Goodhart nos intenta hacer ver, este tampoco es necesariamente un sistema más beneficioso para los ciudadanos. En primer lugar, White (1995) demuestra que el sistema bancario escocés funcionaba mejor que el inglés en todos los aspectos importantes. Por ejemplo, las pérdidas totales per cápita de los depósitos y de los tenientes de moneda de los fallos bancarios escoceses eran menores que las inglesas, al igual que las crisis y suspensiones bancarias también eran menos frecuentes. En segundo lugar, Goodhart dice que un banco central ayuda al cliente, sobre todo al pobre, porque este puede reducir sus costes de transacción, como los relacionados con informarse sobre la calidad del banco emisor del billete que vaya a aceptar. Pero a esto se le puede contestar que el cliente solo tiene que igualmente confiar en un banco, en el suyo, y aceptar aquellos billetes que su banco acepte sin descuento (Selgin 1993). Por lo que este ejercicio de obtención de información recaería sobre el banco y no sobre los clientes.

Por lo tanto, como vemos los argumentos de Goodhart sobre la necesidad de los bancos centrales por su origen espontáneo en la banca libre y su beneficio a los clientes no son ciertos. Los bancos centrales solo nacen tras la intervención gubernamental, justificándolos en unos motivos u otros—sea el de actuar como banco de bancos o para evitar pánicos bancarios—. El banco central no es necesario ni deseable. Como en cualquiera otra área de la economía, un monopolio supone un problema de información, al obstaculizar la función empresarial que surge en competencia para descubrir los mejores modelos de negocio, en este caso del sector bancario, y problemas de incentivos, los cuales se ven agravados con los rescates aparentemente garantizados desde la banca central a los bancos comerciales, que generan incentivos perversos como el descalce de plazos sistemático y desmedido.

Referencias:

Bagehot, Walter. 1999. Lombard Street: A Description of the Money Market. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc.

Dowd, Kevin. 1992. “Introduction: The Experience of Free Banking.” In The Experience of Free Banking, editado por Kevin Dowd. Londres, Reino Unido: Routledge.

———. 1993. Laissez-Faire Banking. Londres, Reino Unido: Routledge.

Goodhart, Charles. 1985. The Evolution of Central Banks: A Natural Development. Cambridge, Estados Unidos: The MIT Press.

Selgin, George. 1993. “The Rationalization of Central Banks.” Critical Review 7 (2–3): 335–54.

Smith, Vera C. 1936. The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Indianapolis, Estados Unidos: Liberty Fund.

White, Lawrence H. 1989. Competition and Currency: Essays on Free Banking and Money. Nueva York, Estados Unidos: New York University Press.

———. 1995. Free Banking in Britain: Theory, Experience and Debate, 1800–1845. Londres, Reino Unido: The Institute of Economic Affairs.

La deriva de la colaboración público-privada

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en La deriva de la colaboración público-privada

Estamos viviendo meses muy confusos. La información, verdadera y falsa, sobre cómo los gobiernos están colaborando con grandes empresas privadas para limitar nuestra libertad fluye veinticuatro horas al día, con su correspondiente contrapropaganda.

Siempre he creído que para entender algo hay que descomponerlo hasta sus manifestaciones más sencillas e ir subiendo. Es menos emocionante, y seguramente tengas menos lectores, pero a la larga te ayuda a tener una idea más clara de cómo funciona el mundo.

Para realizar este ejercicio vamos a bajar mucho, concretamente hasta un evento menor como es la Vial Week. La crónica que los medios de comunicación hicieron describe perfectamente cómo funcionan este tipo de cosas en España (que no se diferencia demasiado de cualquier otro país occidental): una asociación privada monta un evento, a él acuden otras asociaciones privadas con intereses similares y el organismo estatal del que viven. El resultado del mismo es que los ciudadanos salimos algo más pobres.

En este caso hablamos de las autoescuelas, los centros Médicos Psicotécnicos y la DGT.  La excusa para exprimir al ciudadano es el aumento de conductores de más de 65 años, que pese a ser perfectamente previsible desde hace décadas (los conductores, con diez años menos, ya estaban aquí en 2011 y no se iban a morir de golpe) supone una sorpresa para todos los actores implicados en la regulación y se debaten medidas para paliar el problema.

Por supuesto, paliar el problema significa que las autoescuelas y los centros médicos deben aumentar su negocio dando cursos absurdos y certificando la visión de los conductores más a menudo. Y les debemos estar agradecidos por ello ya que la alternativa que sacan a pasear para asustar al personal es fijar una edad máxima para poder conducir. Y eso no es razonable, no, sobre todo cuando por un módico precio y unas molestias se puede seguir conduciendo sin problema.

Y aunque lo digo con bastante ironía, no deja de ser verdad. El Estado es tan ineficiente que al delegar ciertos controles en empresas privadas nos mejoran bastante la vida. Sin salirnos de la DGT, cualquiera que pase una ITV en una Comunidad Autónoma con las estaciones liberalizadas sabe que pagas algo menos y, sobre todo, te atienden infinitamente mejor que en el resto.

El problema es que las empresas privadas no solo son eficientes en proporcionar el servicio, sino que también mejoran al Estado en la capacidad de inventar excusas absurdas para incrementar los controles, y, por tanto, su negocio. Un (alto) funcionario de un ministerio tiene, por su naturaleza, una tendencia a la sobrerregulación y, digámoslo claramente, a tratar al ciudadano como ganado. Pero le faltan incentivos económicos. Al final cobra igual un funcionario hiperactivo que nos amargue la vida a todos que uno vago que al menos solo nos cuesta su nómina. En cambio, las empresas privadas y los lobbies que generan sí tienen unos incentivos económicos muy claros, y estos pueden influir mucho más fácilmente en los políticos y medios de comunicación.

Y lo peor es que ante este fenómeno no existe contrapeso. En los saraos donde se deciden las nuevas cadenas que nos van a poner solo van cuatro actores: lobbies, políticos, funcionarios y periodistas. Y los cuatro están del mismo lado, ya sea por convicción o por interés.

Y alguien podría preguntar: ¿no existen asociaciones de conductores que defiendan los derechos del ciudadano común?  No, existen asociaciones de conductores cuyos intereses dependen directa o indirectamente de los lobbies de autoescuelas. Solo hay que darse una vuelta por sus redes sociales para conocerlos, porque, como suele pasar en estas cosas, son un mundillo muy pequeño.

Así que sí, a lo mejor no vivimos en un mundo donde Bill Gates y la ONU conspiran para ponernos a todos un microchip, pero tampoco parece razonable negarse a ver la deriva de un sector privado cada vez más enfocado en pastorear al ciudadano. ¿Lo hacen a través del Estado? Sí, claro, pero no dejan de ser empresas privadas, para lo bueno y para lo malo, y se las tiene que analizar como tal.