La pasada semana, Podemos puso encima de la mesa la posibilidad de reducir la semana laboral a cuatro días. ¿Es una medida factible o deseable? Ni una cosa ni otra. Si la productividad del trabajo en nuestro país es baja, esta política no es la más acertada.

La productividad laboral no indica que los trabajadores sean más o menos vagos: es el resultado de un conjunto de factores mucho más complejos. Por ejemplo, la proporción de trabajadores empleados en empresas y actividades de baja productividad.

En España, el lastre en lo que respecta a la productividad se debe a la importancia del sector de la construcción y de los servicios, porque requieren de trabajadores poco cualificados.

En el informe del pasado febrero de la Comisión Europea sobre España, en el que se evaluaban los avances en las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, se explicaba que en España existe una proporción relativamente alta de sectores con una menor productividad laboral. Y también, que hay una mayor proporción de empleo en empresas más pequeñas.

Las empresas más pequeñas tienden a ser menos productivas que las grandes por diferentes razones, como las economías de escala. Pero hay que añadir el acceso más difícil a la financiación y una intensidad de capital más limitada.

En lugar de plantearse si, para que haya una mayor productividad, sería conveniente analizar las razones detrás de estas circunstancias, Podemos sale con la reducción de la semana laboral, como si dar empleo fuera tan sencillo como “ceder” horas de trabajo para que “quepamos más”.

Muy lejos de la realidad, porque no existe una cantidad de trabajo homogénea, estática, que se puede repartir como si fuera una tarta. En realidad, nada es como una tarta que se reparte en economía. Al revés, tanto el empleo, como la riqueza, como el capital, se comportan mas como flujos que aumentan y disminuyen en función de muchos factores.

Sí, todo es muy complejo, hipercomplejo, para ser más exactos. Y eso hace que los analistas, por razones didácticas, nos sometamos a simplificaciones que nos permitan observar las relaciones económicas, con el único objetivo de lograr resolver esos desajustes económicos, como en nuestro país es el desempleo. Es decir, el problema a resolver es cómo crear puestos de trabajo sostenibles que generen mayor valor añadido.

Ahogar al empresario no parece la solución. Por el contrario, generar incentivos que animen a los empresarios a producir en sectores que aportan más valor añadido, y que contraten trabajadores, siempre sin coacción, suena mucho más sensato. Porque, no hay que olvidar que el pequeño empresario y el autónomo, que son la gran mayoría de nuestros empresarios, se juegan sus ahorros.

No se les puede pedir que lo hagan siguiendo las directrices del partido. Siguiendo la misma lógica, perseguir el ahorro y la inversión tampoco son medidas que permiten el crecimiento del tamaño de las micro y pequeñas empresas.

Ya hablaba de este problema Sergio Ricossa en El fin de la economía, cuya traducción revisada por mí, gracias a la generosidad del profesor Alberto Mingardi, saldrá en poco tiempo.

El economista italiano, fallecido hace casi cinco años, planteaba dos perspectivas de la economía: la imperfectista y la perfectista. La segunda es la defendida por autores como Marx, Keynes y, salvando las distancias siderales que les separan, los economistas podemitas. Este punto de vista pretende lograr que, al final, el estado todopoderoso provea todo y los trabajadores, en ese mundo perfecto, no tengan que trabajar.

El imperfectismo parte de la base de nuestras limitaciones y estudia, dada la naturaleza humana, en qué condiciones podemos lograr nuestras metas económicas sin perjudicar al resto. El imperfectismo real exige que no se demonice al empresario, sino que se reconozca su labor social al crear puestos de trabajo.

El mensaje populista en momentos como los que vivimos, en los que se prevé que la crisis que tenemos encima va a ir a peor, pero no sabemos cuándo, es inmoral. La necesidad de aprobar como sea los presupuestos, de hacer tiempo hasta que lleguen los fondos europeos sin montar mucho alboroto es lo que lleva a presentar propuestas que no se sostienen ni sobre el papel.

Personalmente, estoy esperando la llegada de los requisitos concretos asociados a los fondos europeos. Estoy preparada para que Pablo Iglesias se quite el disfraz y retome lo que defendía hace dos años en la campaña electoral andaluza.

Ya entonces, además de proclamar que la Transición española se hizo mirando al norte y olvidando a Andalucía, cargaba contra la Unión Europea. Su principal objetivo a derribar era Angela Merkel, por supuesto, a la que acusaba de neoliberal (miren, ojalá) y de abrir las puertas con sus políticas a fascistas como Salvini en Italia. Y escenificaba toda esta rabia en una frase memorable: “Si Europa no mira al sur, se acabó Europa”.

El ombliguismo narcisista de nuestro vicepresidente olvida a los países de la antigua Unión Soviética que se están aplicando para tener una economía fuerte, y que nos ven como la cigarra del cuento. Ya se ha cuestionado qué pasó con los fondos europeos de la crisis del 2008. Nuestros socios europeos se preguntan cómo los hemos invertido y por qué otros países (que no son Alemania) han logrado desarrollar una economía más sólida estando en una situación similar.

Pero también estoy preparada para que Iglesias traicione sus principios y descargue la culpa en Sánchez acusándole, como ya hizo en el 2018 cuando, al ser rechazados los presupuestos por la Unión Europea, señaló a Sánchez por no haberlos defendido bien. Vamos a ver dónde quedan las bravuconadas cuando se dispare el desempleo al finalizar la prórroga de los ERTE.

La suerte de Sánchez se alimenta de una oposición dividida y con poca coherencia en su actitud hacia el PSOE. Ojalá que para cuando se produzca la escisión Sánchez-Iglesias, las cosas sean de otra manera y se acabe la pesadilla.

En todas las situaciones de emergencia que se producen en espacios públicos con gran afluencia de público, una de las reglas de oro es mantener la calma y salir ordenadamente. La manera en que se encamina uno a la puerta y el cómo se sale son fundamentales para no perecer en el intento.

Pasa igual con las emergencias nacionales, también con las sanitarias, como la pandemia por coronavirus. Hay que activar medidas urgentes que cubran diferentes aspectos: además de los estrictamente sanitarios, también los económicos y los sociales. Pero hacerlo de cualquier manera puede ser contraproducente. La realidad habla por sí sola.

El último ejemplo es el borrador del Real Decreto-Ley (RDL) por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿No hay otra manera de sacar adelante esos dos temas tan relevantes más que el decreto-ley? Claro que lo hay: una ley con trámite de urgencia.

Merece la pena leer los artículos del profesor Rafael Jiménez Asensio, tanto en la página de hayderecho.com como en su propia página web, dedicados al tema de los decretazos. No solamente me refiero al del pasado 30 de noviembre, donde da cuenta del borrador que menciono (extrañamente filtrado antes de ser presentado).

A pesar de ser un artículo muy acertado y oportuno, a mí me parece que, para entender la anomalía que vivimos, hay que empezar por el artículo “Genio y figura de los decretos-leyes”, aparecido en su blog, La Mirada Institucional, en marzo del 2019. En este texto se explica algo fundamental que los profanos no siempre tenemos en cuenta. En derecho, el procedimiento no tiene un objetivo estético, ni ritual. Existe para proteger al ciudadano.

Así, históricamente, el decreto-ley es un recurso a la desesperada de los gobernantes que vieron que la democracia liberal comportaba un sistema de contrapesos que le impedía hacer de su capa un sayo y legislar sin control. Las leyes, se tramiten de urgencia o no, han de ser aprobadas por el órgano correspondiente: el Parlamento. Es en ese ámbito en el que los representantes electos han de manifestar sus quejas, sus mejoras, sus matices, de forma que nadie legisle dictatorialmente.

El profesor Jiménez Asensio aporta datos muy interesantes que muestran la génesis de la anomalía del decretazo. Entre los años 2008 y 2015, justo los años de la crisis, los decretos leyes representaron el 56 % frente a las leyes ordinarias. Si esa cifra se antoja demasiado elevada, qué decir del año 2018, cuando esa proporción casi se triplica.

Si mis datos son correctos, en lo que llevamos de 2020, se han aprobado ocho leyes, una de ellas orgánica, y 37 decretos-leyes. Eso quiere decir que los decretos-leyes suponen más del 80% de la legislación. ¿Por qué esta desmesura?

El argumento de la emergencia ya no se sostiene, y menos en el caso del presente RDL. Que era necesaria la modernización de la administración se sabe desde hace varios lustros. Que para agilizar las ayudas esa revisión es imperativa, lo sabemos desde que se planteó que la Unión Europea debería aportar fondos a los países miembros.

Que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesita de una estructura sencilla, ágil, que asigne y ejecute los fondos eficientemente es algo que se sabe mucho antes de que el Plan tuviera nombre. De hecho, el pasado mes de julio, participé en una de las reuniones con expertos organizadas por el Parlamento Andaluz encaminadas a orientar acerca de cómo, dónde y de qué manera se podrían canalizar los fondos europeos.

¿Qué sentido tiene plantear todas estas cuestiones en un decreto-ley? Desde mi punto de vista, estamos ante una ley ómnibus. Los decretos-leyes que se aprueban en el Parlamento, no pueden matizarse, es decir, se vota a la totalidad. De esta manera, si un grupo vota en contra del RDL está rechazando todas las propuestas sensatas, y si vota a favor, está aceptando cualquier arbitrariedad que Sánchez tenga a bien incluir.

Es fácil imaginar la escena. Los partidos que rechacen el RDL serán acusados de empobrecer España por poner trabas a la tramitación de la ayuda europea. Es una extorsión política en toda regla.

Pero hago una segunda lectura. El debate en el Parlamento dejaría en evidencia la situación política que vivimos. El Gobierno bicéfalo Sánchez-Iglesias, la esquizofrenia de Pablo Iglesias que se disocia en vicepresidente y en activista anti-sistema según su conveniencia, los intentos desesperados de Ciudadanos de pintar algo en el panorama político, la tendencia del PP a ponerse de perfil, los intereses particulares de los nacionalistas y la sobreactuación de Vox que acaba por perder el favor de los sensatos incluso cuando tienen razón.

Ante este espectáculo, es posible que Sánchez y sus asesores hayan pensado que mucho mejor el decretazo. ¿Para qué exhibir la incapacidad para gobernar más aún? Mucho mejor pisotear los contrapesos democráticos y gobernar a empujones, legislando por decreto.

Como si hubiéramos aceptado estos modos dictatoriales como parte de la terrible “nueva normalidad”, exhaustos ante la sobre información, la confusión, el ruido mediático, los españoles protestaremos porque en Madrid han puesto una bandera española como decoración navideña o criticaremos si la ministra hace pucheros. Pero lo gordo, la agonía de nuestro estado de derecho, pasa desapercibido ante nuestros ojos, y no lo vemos.

Me permito cerrar con una frase que el profesor Jiménez Asensio rescata de David Runciman: “El intento de puentear a un legislativo muy dividido por el enfrentamiento entre partidos empeora ese enfrentamiento”. Y así está sucediendo.