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Dos malas propuestas fiscales para EEUU

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las principales preocupaciones que debería inspirar la política fiscal de cualquier candidato a la presidencia de EEUU —sea este Donald Trump o Jose Biden— es la reducción del déficit público como paso previo a una reconducción de los altos niveles de endeudamiento estatales. Durante la reciente presidencia del republicano, el total de pasivos públicos se ha disparado como pocas veces en la historia del país: cuando Trump accedió a la presidencia, la deuda pública federal era de 19,9 billones de dólares (el 105% del PIB), mientras que a cierre del segundo trimestre de 2020 (todavía queda por registrar medio año de profuso endeudamiento) se ubica en 26,4 billones (el 135,6% del PIB). Es decir, Trump ha incrementado, de momento, la deuda pública en 6,5 billones de dólares.

Obama, otro presidente que abusó intensamente del endeudamiento durante su mandato, lo hizo en 9,2 millones durante sus ocho años de mandato. Y acaso se piense que la responsabilidad de la excesiva acumulación de deuda por parte de Trump se debe a la crisis del coronavirus (por las mismas, también podríamos excusar a Obama por la crisis ‘subprime’), pero es que antes del estallido del coronavirus Trump ya había incrementado los pasivos federales en 3,3 billones de dólares (una medida de 1,1 billones al año frente a los 1,15 billones de Obama… sin que Trump se hubiera enfrentado a crisis alguna hasta ese momento).

No es que en estos momentos la deuda estadounidense sea insostenible o esté al borde de volverse insostenible. Por ahora, no se observa ningún síntoma que haga temer un estallido de insolvencia (ni la inflación ni los tipos de interés de la deuda están disparados, más bien al contrario), en parte porque EEUU sigue teniendo una enorme capacidad fiscal (el déficit público en 2020 es del 15,2% del PIB pero con unos ingresos del 28,5% del PIB: si el país estableciera un sistema fiscal europeo por el cual recaudara en torno al 50% del PIB, amasaría un superávit de 7 puntos de PIB). Pero que ahora mismo la deuda no sea un problema no significa que uno deba desentenderse de cuadrar las cuentas a largo plazo: si se sucedieran nuevos desastres que requirieran de una nueva fuerte acumulación de deuda (y 2020 debería habernos enseñado a esperar lo inesperable), la situación financiera de EEUU podría tensionarse y comenzar a experimentar las dificultades. La prudencia en el margen de endeudamiento de un país nunca está de más.

Y, sin embargo, ni Trump ni Biden disponen con un plan para cuadrar las cuentas públicas. Trump, de hecho, ni siquiera dispone propiamente con un programa de política fiscal: como si todas sus propuestas de calado ya se hubieran agotado en la primera legislatura, lo único que ha sido capaz de prometer el actual presidente es que desea seguir bajando impuestos a las clases medias (si bien las clases medias ya no pagan prácticamente IRPF en EEUU), recortar el tipo sobre rentas del capital del 20% al 15% y articular una legislación tributaria proteccionista que bonifique parte del impuesto sobre Sociedades a las compañías que se relocalicen a EEUU. También amenaza, de manera igualmente genérica eso sí, con muchos nuevos aranceles contra China. A diferencia de en su anterior campaña electoral, cuando sí especificó mucho más los términos de su propuesta tributaria (aunque tampoco aclaró cómo iba a financiarla recortando gastos: y claro, luego paso lo que pasó), en esta las ideas tributarias de Trump están absolutamente verdes.

Por el contrario, Biden sí ha perfilado mucho más su propuesta tributaria, aunque en este caso para avanzar en la mala dirección, esto es, para subir muy sustancialmente los impuestos con el objetivo no de reducir el déficit, sino de incrementar el gasto.

Primero, el demócrata quiere revertir la mayor parte de rebaja fiscal aprobada por Trump durante esta legislatura: aumentar el tipo marginal máximo del IRPF desde el 37% al 39,6%, incrementar el impuesto sobre sociedades del 21% al 28% y restablecer el impuesto sobre sucesiones y donaciones a los niveles de 2009. Segundo, elevar en 12,4 puntos las cotizaciones a la Seguridad Social para las rentas salariales superiores a 400.000 dólares anuales, así como limitar sus deducciones en el IRPF. Y tercero, al igual que Trump, introducir medidas fiscales de corte proteccionista (como subirle el impuesto sobre Sociedades a las empresas que produzcan fuera de EEUU para revender en EEUU así como introducir bonificaciones fiscales a las empresas que se reubiquen en EEUU). Los efectos de estas (y otras) medidas llevarían a que el crecimiento a largo plazo de EEUU se redujera en 1,6 puntos, a qué se destruyeran más de 500.000 empleos y a que el país descendiera desde la posición 18 a la 30 en el índice de competitividad fiscal global de la Tax Foundation. Aunque los contribuyentes más perjudicados serían el top 1%, todos —absolutamente todos— los ciudadanos verían caer sus ingresos después de impuestos durante la próxima década como consecuencia del plan de Biden. Eso sí, sus propuestas arrojarían unos ingresos presupuestarios de 2,7 billones de dólares a lo largo de diez años, lo que le permitiría al demócrata incrementar el gasto público y el tamaño del Estado.

En definitiva, y en contra de la narrativa de algunos, estamos ante dos candidatos que intentan conquistar el poder a costa de aumentar la carga financiera que pesa sobre los estadounidenses: ya sea recaudando menos sin adelgazar el Estado para así endeudarlos más o recaudando más para engordar el sector público y endeudándolos lo mismo que ahora. Entre políticos con pocos escrúpulos anda la presidencia del Estado más poderoso de la tierra.

El espejismo del PIB del tercer trimestre

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“You’re gonna reap just what you sow”. Lou Reed.

Esta semana, ante la tromba propagandística del gobierno con el PIB del tercer trimestre, me decía un importante inversor norteamericano que “uno pensaría que un país lleno de inversores en el Ibex 35 entendería la diferencia entre rebotar y subir”.

Todo porque los datos reales del PIB del tercer trimestre niegan el triunfalismo ministerial. Echemos un vistazo: 

– El PIB refleja una variación interanual de -8,7% tras cinco meses de reapertura e incluyendo dos meses de crecimiento. El segundo peor dato de la serie histórica.

– El desplome interanual por sectores es aterrador: comercio, transporte y hostelería -22%. Actividades profesionales, científicas y técnicas -13%; actividades artísticas y recreativas -18,5%; construcción -11%; información y comunicaciones -7,3%; industria manufacturera -4%. Solo la administración pública, la agricultura y las actividades financieras han crecido en términos interanuales. Además, recoge el peor dato interanual de la serie histórica en servicios e industria.

– El gasto de los hogares cae un 6,8% interanual.

– La inversión cae un 12,8% interanual.

– Las exportaciones caen un 17% interanual a pesar de la fuerte recuperación del PIB global.

– Solo el gasto público sube (+3,7%) en términos interanuales, muy por encima de la media de los últimos años.

Recordemos una cifra aterradora: según la EPA del tercer trimestre, el sector privado ha perdido 805.900 empleos mientras que el sector público ha aumentado en 108.500 personas. Una situación insostenible.

Es increíble que la ministra de Economía, Nadia Calviño, confunda (o utilice) de manera triunfalista un rebote como “crecimiento” y sacar a trabajadores del ERTE como “creación de empleo”. Porque España en 2020 ni crece ni crea empleo, más bien decrece y destruye puestos de trabajo.

Esto no es “crecer”, es un rebote por efecto base que muestra que tras meses de reapertura la devastación económica es enorme y no tiene precedentes en nuestra democracia.

¿Qué es rebote por efecto base? Mi querido Marc Vidal lo explicaba perfectamente: Si partimos de 100 y bajamos un 18%: 82. Si subimos de 82 un 16,7%: 95,7. No es crecer, es rebotar ligeramente.

No solo el PIB del tercer trimestre muestra una caída interanual sin precedentes, sino que las estimaciones de las casas de análisis para el cuarto trimestre son de volver a tasas negativas .

Aquí conviene recordar que la ministra de economía anunció en rueda de prensa que empeoraba las estimaciones de caída de PIB para 2020 porque “septiembre ha sido peor de lo esperado”.

¿Y qué ha pasado? Conviene explicarle a los lectores que el cálculo del PIB del tercer trimestre se ha hecho con datos de solo dos meses. El mes de septiembre se ha calculado con indicadores estimados, no reales.

Explica el INE que “la mayoría de los indicadores estadísticos coyunturales ofrecen a día de hoy resultados hasta el segundo mes del trimestre (agosto). Ahora bien, como ya ocurriera en los dos primeros trimestres del año, el INE, en respuesta a este desafío estadístico, ha añadido a la información de base habitualmente empleada resultados adelantados de las fuentes de información normalmente utilizadas referidos al mes de septiembre, estimaciones de indicadores basados en datos administrativos y otras fuentes adicionales”.

Es como mínimo intolerable que el Gobierno lance al triunfalismo en un país que encara el segundo confinamiento con 100.000 empresas menos que hace un año, un 16,9% de paro y 730.000 personas en ERTE. Según ATA, en septiembre se perdían 100 autónomos al día. En octubre la cifra se triplica.

Capital Economics en un informe muy serio, alertaba que el repunte del PIB del tercer trimestre en Francia, Italia, Alemania y España se verá seguramente revisado a la baja y además empeorará en el cuarto trimestre.

El PIB de la eurozona rebotaba un 12,7% sin mejora del empleo (tasa de paro al 8,3%). De hecho, el rebote del PIB de Francia (+18,2%) dejaba la economía todavía en una caída del 4,5% interanual y perspectivas de una caída del 2,5% en el cuarto trimestre.

Contrasta la prudencia del Gobierno francés o del italiano ante un rebote técnico por efecto base con el triunfalismo del Gobierno español. Mientras el Gobierno francés llamaba a la cautela y el riesgo al que se enfrenta la economía en el cuarto trimestre, y el gobierno italiano alertaba de un cuarto trimestre muy duro, el ejecutivo español se apuntaba un rebote técnico como un récord mundial.

Encima no es un récord mundial. El PIB de EEUU rebotaba en el tercer trimestre un 33% anualizado (+7,4% trimestral) dejando el PIB anual en una caída de solo 3,5% comparado con el último trimestre de 2019 y con un paro del 7,6%. España cae casi el triple con un paro del 16,9% y centenares de miles de trabajadores en ERTE ante el triunfalismo propagandístico del gobierno.

¿Por qué ha sido el rebote del PIB mejor de lo esperado? Fundamentalmente por el aumento desbocado del gasto público y la deuda. Un fracaso como recuperación.

Lo que nos muestra el PIB de la eurozona y de España es que la recuperación de los sectores productivos está aún muy lejos y que el rebote del PIB se está haciendo sin creación de empleo. Nos muestra también que el daño a los sectores productivos generado en menos de dos meses de cierre forzoso es enorme y con implicaciones en empleo e inversión de largo plazo.

Nos debe preocupar también que la Unión Europea y la Eurozona pierden poder económico global y, aún peor, poder económico productivo. China ya supera a la Unión Europea en tamaño del tejido productivo, en tamaño empresarial tecnológico y en utilización de la capacidad productiva.

España se enfrenta al cuarto trimestre y a 2021 con sus principales motores de creación de empleo e inversión dañados, con un tejido empresarial más pequeño y débil, con la tasa de paro más alta de la Unión Europea en septiembre con un número de personas en ERTE enquistado en 730.000.

No solo las perspectivas son complicadas, sino que los Presupuestos incluyen una batería de subidas de impuestos al consumo, creación de empleo e inversión que dificultarán la recuperación del sector privado y productivo.

El que se crea que España va a fortalecer la recuperación atacando a la empresa y disfrazando las cifras de empleo contratando a vigilantes de la playa y becarios para agilizar Ingreso Mínimo Vital se va a encontrar con una gran frustración.

Es momento de tomar medidas serias para preservar el tejido productivo ante un cuarto trimestre que va a ser muy complicado, y un año 2021 en el que no contaremos con el efecto base de la reapertura que ha enmascarado el daño a la economía.

En esta columna hemos repetido que hay que aprovechar el espacio fiscal para fortalecer la inversión y la creación de empleo, no inflar el gasto político.

No caigamos en el triunfalismo propagandístico del Gobierno. La economía real está sufriendo una crisis mucho mas dura de lo que esperábamos y no se va a disfrazar con deuda y gasto público. Hay que tomar medidas de oferta como las que hemos pedido en esta columna desde febrero para evitar que la economía española no salga de la crisis estancada, endeudada y sin empleo.

Impuestos para unos pocos

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

El ataque de la izquierda a Isabel Díaz Ayuso no es casual, y en él la cuestión fiscal es probablemente la más importante, porque los así llamados ‘progresistas’ necesitan colocar un discurso sobre los impuestos que choca frontalmente con el PP en Madrid. Como no pueden negar que la presión fiscal en la autonomía es relativamente inferior a las demás, arremeten con un clásico del socialismo, a saber: si hay alegría, nunca es para el pueblo.

La profesora y periodista Milagros Pérez Oliva publicó en El País un artículo en esa línea: no decía que no era posible bajar los impuestos, sino que esa medida solo beneficiaba a unos pocos, aumentaba la desigualdad y (lo más importante políticamente para la izquierda) perjudicaba a la clase media, es decir, al grueso de la población.

Para ello nunca faltan las estadísticas sobre la desigualdad, que suelen ser cuestionables, entre otras razones porque ignoran que la desigualdad puede aumentar mientras que la pobreza disminuye.

Pero la señora Pérez Oliva no analiza la desigualdad. La da por descontada y, además, la convierte en el centro de su argumento:

Efectivamente, si Madrid hace rebajas fiscales, puede atraer dinero de toda España, pero no es nada seguro que la inmensa mayoría de los madrileños vaya a vivir mejor, porque lo que cuenta, al final, es cómo se distribuye la riqueza que se crea.

Es un argumento más que dudoso, porque la evidencia empírica sugiere que los países o regiones que atraen dinero de fuera suelen ser países o regiones ricas, y no escandalosamente desiguales. Si el gasto y la inversión de los extranjeros se dirige hacia Canadá o España más que hacia Venezuela o Argentina, es difícil sostener que esto solo beneficia a una minoría de canadienses o españoles.

El análisis de doña Milagros exhibe su flanco más débil allí donde ella pone el mayor énfasis. Dice que “lo que cuenta” es la distribución y no la creación de la riqueza, lo que es pura ideología supuestamente progresista. Todo indica que lo que cuenta para la gente es poder prosperar y crear riqueza, y no que el poder se la arrebate.

Por fin, la profesora Pérez Oliva podrá reivindicar la economía a propósito de Díaz Ayuso, recordando la idea de las consecuencias no previstas ni deseadas, si las incursiones punitivas de la izquierda contra la presidenta madrileña acaban por fortalecerla.

Economía liberal y dictadura

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El domingo, un 78% de los chilenos apoyaron el cambio constitucional en su país. La Constitución de Chile fue redactada en el año 1980, bajo la dictadura de Pinochet y aprobada por el pueblo chileno mediante plebiscito en septiembre de ese año. Fue reformada en 52 ocasiones. Pero en la mente del pueblo chileno, a la vista de los resultados, sigue siendo la Constitución de Pinochet, y han decidido sustituirla.

A eso han contribuido algunos grupos contrarios al cambio que han aireado, de manera más o menos clara, su apoyo al dictador, normalmente, por los buenos resultados económicos que vivió Chile durante dicho Gobierno.

Sin duda, había razones contundentes para el rechazar la propuesta, que pesaron menos que el miedo a una vuelta al pasado. En parte, con razón porque, en Chile, el pasado está muy cerca. Si bien el golpe militar fue requerido por el Parlamento, tras “poner orden”, los militares no regresaron a los cuarteles: prolongaron el Gobierno militar a su antojo.

También es cierto que cuando, en 1988, siguiendo las normas constitucionales, se convocó el referéndum para permitir o rechazar que el dictador continuara gobernando, y a pesar de que, gracias a la unión de 17 partidos de oposición, ganó el No, la victoria fue muy enclenque, y Pinochet obtuvo el 44% de los votos.

Un 44% es un porcentaje muy alto después de las barbaridades cometidas por la dictadura, que exceden cualquier justificación, como las que he llegado a escuchar, del tipo “Estábamos en guerra”. Las formas de tortura perpetradas, por ejemplo, en Villa Grimaldi, reconocidas, clasificadas y sabidas por todos, son un escándalo que descalifica cualquier posible simpatía (que yo nunca he sentido) por quien permitió aquel horror.

El éxito económico no es el manto bajo el cual se ocultan semejantes atrocidades.

Una consecuencia de ese éxito, precisamente, es la errada asociación entre el tipo de políticas económicas aplicadas y la dictadura. Porque las medidas económicas de entonces no eran el fruto de la mente de Pinochet, ni de ninguno de sus generales, sino de los conocidos como los Chicago boys chilenos.

En los años 50, muchos años antes del ascenso de Pinochet al poder en 1973, un grupo de universitarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile fueron aceptados por la Universidad de Chicago para realizar estudios de posgrado en economía.

Los profesores que impartían esas clases eran Milton Friedman y Arnold Harberger. Los jóvenes economistas se educaron en las enseñanzas del Nobel de Economía y, cuando regresaron, trataron de difundir sus ideas en la universidad, escribiendo lo que se conoce como El Ladrillo, un compendio de sus ideas, en el año 1969.

Durante la dictadura fueron llamados a asesorar, por su prestigio, al Gobierno de Pinochet. Y el libre mercado y la libre empresa funcionaron. En 1975, Friedman visitaría Chile para explicarle al mismísimo Pinochet cómo veía las cosas.

Una lectura del contenido de la carta enviada por Friedman al general tras esa visita, deja claro su preocupación estrictamente económica. Y, sin embargo, en el imaginario colectivo se asocian equivocadamente las enseñanzas de Friedman y su liberalismo económico con la dictadura militar.

Es tanto como pensar que Eisenhower y el Fondo Monetario Internacional eran franquistas. Porque hay que recordar que la edad dorada del crecimiento económico español durante la década de los 70 se debió al apoyo monetario estadounidense en los años previos los Pactos de Madrid, y a la dirección técnica del FMI del Plan del 59, a petición del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. ¿Era Franco aperturista? No. ¿Era Pinochet liberal? Tampoco.

Las políticas económicas son intervencionistas o no, de mercado abierto o autárquicas, acertadas o no, oportunas o no, y sus resultados son mejores o peores independientemente del régimen político en el que operen.

Chile prosperó económicamente incluso bajo un régimen totalitario. España a día de hoy, es un fracaso económico a pesar de ser una democracia. La causa, en ambos casos, radica en lo acertado o no de las decisiones económicas de las autoridades pertinentes.

En Chile triunfó la economía de libre mercado. En España el estado de bienestar unido a la cultura de la deuda nos estaba llevando a la ruina, y la emergencia del coronavirus ha acelerado la hecatombe.

A esta enorme y generalizada confusión colabora la actitud de activistas que proclamaban hace no mucho su liberalismo y ahora dirigen centros más conservadores, desde donde critican a sus antiguos compañeros; activistas conservadores radicales que alardean de tararear el Cara al Sol en su tiempo de ocio y a la vez proclaman su liberalismo, blanqueando la dictadura liberticida de nuestro país; partidos políticos, como Vox, que bailan entre dos aguas, mostrándose aperturistas gracias a su fundación, donde han reclutado a liberales bien intencionados, pero después defienden políticas no tan liberales con una retórica bastante retrógrada.

Como decía Juan Ramón Rallo: “Un partido nacionalista para el que las libertades económicas son un elemento secundario y subordinado a la unidad de destino de la nación”. Suena a franquismo del siglo XXI.

Quienes defendemos la Constitución de 1978, que no es de Franco, sino de todos los españoles demócratas que creemos en un Estado de derecho, deberíamos aprender del ejemplo chileno, y no utilizar falsas asociaciones para meter miedo, o para captar votos. Es un frivolidad que sale muy cara.

En lugar de reformar la Constitución, el pueblo chileno ha votado por un salto al vacío que puede llevarles al abismo. Era el momento de desterrar del presente al dictador. Una ocasión perdida de la que pueden arrepentirse. Aprendamos.

Bolivia, entre las contradicciones sociales y la incapacidad política

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

Bolivia asistió a las urnas el domingo 18 de octubre tras casi un año de la renuncia y posterior huida del expresidente Evo Morales. Los bolivianos se jugaban mucho en estas elecciones. Después de que la movilización ciudadana de noviembre del año pasado obligara a Evo Morales a renunciar, luego de un probado fraude electoral demostrado por la OEA y la Unión Europea, existía una sensación generalizada de que la hora del proceso político vinculado al socialismo del siglo XXI en Bolivia había llegado a su fin.

Pero la ilusión no duro demasiado. Un año después el Movimiento al Socialismo, esta vez liderado por Luis Arce -doce años ministro de Economía de Morales- vuelve al poder y con él los miedos y las viejas pesadillas de una población dividida por los intereses regionales y con las heridas abiertas por la pandemia de la covid-19, la crisis económica y la polarización política.

Probablemente hoy aquellas metas trazadas desde la calle por ciudadanos insatisfechos y contestatarios al régimen autoritario de Morales sean solo una triste anécdota, pero lo cierto es que aquel proceso de transición que tanta esperanza había dado a pueblo boliviano catapultó al país, quizás sin querer, al punto de partida.

Existen una serie de causas que prueban con certeza porqué el Movimiento al Socialismo – MAS retorna fuerte al poder por la vía democrática. El proceso de transición a la cabeza de la presidente transitoria Jeanine Añez cambió en corto tiempo los objetivos que se implican y articulan en una transición política. Y es que un proceso con esas características tiene una única misión: convocar a elecciones, que no es otra cosa que el retorno ineludible al cause institucional de un país quebrado por el autoritarismo y la corrupción de catorce años. El retraso de esta convocatoria y la impertinencia de ser parte activa del proceso electoral deshizo pronto la ilusión de un verdadero cambio político para los bolivianos. A ello hay que sumar los casos de corrupción y la persecución con tintes revanchistas ejecutada desde su propio gabinete, lo que en el ideario colectivo de una parte importante del grupo de ‘indecisos’ y de los desafectos con Morales, pero no con su partido, se tradujo en “prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer”.

Por otro lado, los esfuerzos para unir a la oposición política al MAS fueron insuficientes. La división entre los contendientes y, en especial, entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, los dos principales líderes de oposición, coadyuvaron a que el voto se aglutine en torno al MAS que elaboró bien su propuesta de retornar a la tribu y su falaz estabilidad económica, frente a los desaciertos del Gobierno transitorio, opacado por la crisis económica y sanitaria, y el planteamiento errado de la campaña electoral de los otros partidos en carrera. Carlos Mesa no terminó de entender el conflicto entre lo popular y el proyecto nacional, su autoconfianza emanada de los resultados de 2019 le ocultó una verdad inevitable: era necesario buscar el voto ciudadano en la ciudad, el campo y las provincias, no esperarlo inamovible.

Otro factor político que fue decisivo fue la candidatura del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho. Su propuesta radical y regionalizada produjo la división del voto y de la sociedad boliviana. La experiencia nos dice categóricamente que no siempre un liderazgo cívico/ciudadano es un liderazgo político competente y que ninguna propuesta local o regional puede ser capaz de conquistar un sentimiento nacional. Me remito a las palabras del candidato tras conocer los resultados: “por primera vez en la historia Santa Cruz va a tener una bancada digna, representante del pueblo cruceño”.

Finalmente, el masismo tuvo más certezas que errores durante la campaña y supo aprovechar estos desaciertos de sus oponentes que obnubilados por sus propias contradicciones no fueron capaces de ver llegar al león herido. Luis Arce representa el perfil menos malo del MAS: moderación, bonanza y estabilidad económica. Ello en la visión simplista de los hechos, pero fue suficiente para que el elector conservador e indeciso optara por esa alternativa y perdonar los pecados capitales que cometieron Evo Morales y el MAS durante catorce años.

Hoy la realidad es distinta, los factores políticos son diferentes, el MAS no tendrá mayoría parlamentaria y la bonanza económica es solo un dulce recuerdo. Sin embargo, el error es pensar que el MAS, un partido sin vocación democrática, pero con vocación popular, tiene la intención de articular un nuevo modelo político que considere los valores de la democracia liberal que hoy defendemos: consenso, imparcialidad, división de poderes y alternancia. Lo cierto es que Bolivia se enfrenta nuevamente a una dura realidad. El socialismo del siglo XXI vuelve a marcar posiciones y lo hace de una forma sutil, a través del voto y la propuesta. La reflexión deberá ser cómo conducir la defensa de los valores democráticos y la economía liberal para conquistar a un electorado que presta más atención al caudillaje y la economía planificada que a la libertad y los valores de la tradición republicana. Este paradigma es fácilmente trasladable, aunque con matices, a la realidad de América Latina. Lo ocurrido en Bolivia debe dar lugar para la reflexión en un contexto regional en el que la oposición democrática está debilitada y la exacerbación de los totalitarios está al acecho.

¿Un estado de alarma de seis meses?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los estados de alarma son un tipo de estado de emergencia: situaciones excepcionales en las que se suspenden temporalmente algunas libertades ciudadanas para así hacer frente a una amenaza que hace peligrar en mucha mayor medida otras libertades. Como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, una pandemia tan contagiosa como la del coronavirus podría encajar en una de estas situaciones excepcionales: si los individuos no se responsabilizan de no contagiar —y, por tanto, de no dañar— a otros individuos y la única forma de proteger a las víctimas es ampliando el distanciamiento social hasta suprimir el virus, entonces podría haber una base política para recurrir al estado de emergencia.

Pero incluso en aquellas ocasiones en que quepa justificar un estado de emergencia, desde luego no cabe justificarlo de manera incondicional: las medidas que se adopten bajo este paraguas jurídico han de ser las mínimas indispensables para alcanzar el objetivo propuesto y, por consiguiente, también deberán hallarse en vigor el tiempo estrictamente necesario —y ni un segundo más— para ello.

En este sentido, es posible que el Gobierno haya optado por medidas leves —por un distanciamiento social moderado— en el nuevo estado de alarma decretado para tratar de atajar la epidemia: frente al confinamiento duro del primer estado de alarma, se ha escogido un confinamiento mucho más blando (toque de queda a partir de las 11 de la noche y limitación de desplazamientos entre autonomías). Pero lo que resulta del todo inaceptable, no ya desde un punto de vista jurídico sino político, es que se busque extender la excepcionalidad del estado de alarma, mediante una única prórroga, a un plazo de seis meses.

Recordemos: el estado de alarma puede justificarse si a) existe una amenaza para nuestras libertades que b) requiere de (las mínimas) restricciones extraordinarias de otras de nuestras libertades para contrarrestarla. Dentro de nuestro ordenamiento, le corresponde al Congreso evaluar si ambas circunstancias subsisten y si, por tanto, cabe mantener legítimamente en vigor el estado de alarma. Pero si el Congreso aprueba inicialmente un estado de emergencia de seis meses de duración, estará abnegando de su deber de fiscalizar periódicamente tales medidas excepcionales limitativas de nuestras libertades.

Por ejemplo, imaginemos que conseguimos erradicar el virus en un periodo inferior a seis meses, ¿qué justificación habría para mantener el toque de queda o la prohibición a desplazarse entre autonomías? Ninguna y, por tanto, deberían ser eliminadas: pero esa decisión quedaría en manos del Gobierno, no del Congreso. Lo mismo cabría decir respecto a la eficacia de las medidas planteadas: imaginemos que, tras varias semanas, comprobamos que el toque de queda ejerce una influencia minúscula o irrelevante sobre la propagación de la pandemia (de hecho, ¿qué evidencia aplicable a España tenemos de que se trata de una medida eficaz?), en tal caso, también deberíamos proceder a eliminarlo. Pero, de nuevo, esa potestad quedará en manos del Ejecutivo y no será fiscalizable por el Congreso.

De ahí que no deberíamos tolerar socialmente que el Gobierno obtenga una prórroga única de medio año para el estado de alarma: poderes extraordinarios requieren de controles extraordinarios, no de la abrogación de los distintos pesos y contrapesos que intentan minimizar el riesgo de abuso de esos poderes extraordinarios. Desde antaño, los Estados han intentado instrumentar las crisis para ampliar el rango de su arbitrariedad: no en vano, durante las crisis, las sociedades suelen ser mucho más domeñables a la hora de trocar su libertad por una aparente seguridad.

El riesgo de semejantes cambalaches es que se cuelen propuestas camufladas de seguridad cuando no la proporcionan y, de hecho, lo único que buscan es limitar la libertad: por eso, la vigilancia continuada es imprescindible y, por eso, no debería resultar admisible que el Congreso extienda un cheque en blanco al Gobierno durante un plazo de seis meses. Que el pánico no nos lleve a enterrar aquellos procedimientos que buscan garantizar nuestras libertades tanto en tiempos ordinarios como en momentos extraordinarios.

El patriotismo como sumisión al Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Reconstruir nuestro pasado es una de las tareas más necesarias y difíciles de las que se ha propuesto el espíritu humano. Da sentido a nuestro mundo y responde en parte a la pregunta de quiénes somos. La mirada a la huella del hombre se hace con todo tipo de instrumentos, desde el microscópico al telescópico; es decir, desde la minuciosa mirada al detalle a la observación de las grandes tendencias seculares. A diferencia de la fría investigación de las ciencias naturales, en la historia participamos de la naturaleza del objeto de estudio, lo que hace que esta disciplina sea, además, apasionante.

Yuval Noah Harari es historiador. Después de habernos contado todo el pasado, el futuro, y de darnos lecciones sobre el presente, se ha quedado sin novedades que compartir con nosotros. De modo que ha vuelto a sacar el libro que le catapultó a la fama, pero en versión cómic. Harari ha quedado para dar conferencias, participar en foros organizados por Naciones Unidas, y dedicarse a la pesca, si es que es aficionado.

El libro Sapiens, que ha sido traducido a más de medio centenar de lenguas, es de los que miran con telescopio. Abarca desde la emergencia de nuestra especie hasta la actualidad de la que ahora nos da lecciones. Es un método que por un lado está condenado a cometer alguna injusticia, pero por otro permite alumbrar nuevas ideas generales sobre nuestro camino hasta aquí. Por otro lado, el libro destila como poco desconfianza hacia el género humano. El descubrimiento de la agricultura es “el mayor fraude de la historia”. Es verdad que dio lugar a la civilización, con todo lo que ello conlleva de negativo (guerras, pandemias, opresión desde el poder…). Pero por un lado no parece valorar lo suficiente todo lo positivo que acompaña al crecimiento de la experiencia humana, y por otro no plantea una alternativa.

Juan Carlos Sanz le ha hecho al autor una entrevista para el diario El País, en la que Harari comparte varias de sus ideas. Una de ellas nos resulta muy familiar. Con un apreciable talento político, el periodista la ha llevado al titular: “Ser patriota es sostener un buen sistema sanitario”. Dicho por un profesor como Harari, respetado a pesar de las duras críticas que también recibe su obra, este argumento parece adquirir un respeto mayor que cuando se lo oímos a otro profesor, de nombre Pablo Iglesias.

Hay infinidad de muestras de lo que para Iglesias es “la patria”. Invito a quien tenga curiosidad a leerlas en este artículo. Pondré algunos ejemplos:

Valencia, 25/1/2015: “La patria es poder llevar a tus hijos pequeños a una guardería pública. La patria es que el gobierno garantice que a los enfermos de hepatitis les da la mejor medicación”. Madrid, 18/10/2014: “(La patria es) hablar de que tiene que haber hospitales. Eso es sentirse orgulloso de tu país. Sentirse orgulloso de tener las mejores escuelas públicas, sentirse orgulloso de tener los mejores hospitales”.

24/5/2020, en Twitter: “El patriotismo no es agitar una bandera muy grande para agredir a quien piensa diferente. El verdadero patriotismo es que cada uno pague los impuestos que le corresponden para sostener los servicios públicos y los derechos de todos”.

Los ejemplos se pueden multiplicar, pero van todos en el mismo sentido. El patriotismo es el pago de impuestos. Y que esos impuestos sean suficientes para que el Estado pueda proveer unos servicios públicos con muchos medios materiales. E implícita en las palabras de Iglesias (pero no en las de Harari) está la idea de que patriotismo es que sean los servicios prestados por el Estado, y no servicios privados, los que cubran las necesidades de los ciudadanos. En ocasiones esa idea la hace explícita, como cuando dijo: “Romper España es privatizar la sanidad. Romper España es privatizar la educación”.

Harari contrasta el patriotismo con la actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de evitar en la medida de lo posible el pago de impuestos. Iglesias, en varias declaraciones públicas, apunta al mismo argumento: “Quien tiene las cuentas bancarias en Suiza o en Andorra tiene un nombre: traidor”.

Esta idea tiene una historia particular, en el caso de Pablo Iglesias. El líder de Podemos, pero especialmente Íñigo Errejón, llegó a la conclusión de que las apelaciones a la nación, o a la patria, son un expediente político muy efectivo. Lo vieron en sus años de asesoramiento a las satrapías del socialismo del siglo XXI en la América Hispana. Iglesias llegó a mencionar, ya en España, el caso de Marine Le Pen. Reconocía que su populismo tiene en Francia un gran atractivo en parte porque hace apelaciones constantes a la patria. Nosotros, decía, tenemos que hacer lo mismo; impedir que sea la ultraderecha la que se beneficie de un instrumento político tan poderoso.

Iglesias dijo en su momento que España, tras el resultado de la guerra civil, es un concepto políticamente inasumible. De modo que tiene que hablar de “patria”, sin mencionar la suya, que es la de todos. Y tiene que encontrar un sentido a la palabra que refuerce su intención de que le entreguemos nuestro trabajo y sus frutos al Estado, y que éste nos conceda sus restos en forma de servicios públicos. Con Iglesias al frente, claro está.

Harari quiso recurrir a la ironía para contrastar el patriotismo de Donald Trump con su cicatería en el pago de impuestos. El historiador es especialista en la Edad Media, y no tiene por qué saber que una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, firmada por el juez Marshall, asentó el principio de que nadie está obligado a pagar más impuestos que los que prevé la ley, y que por tanto tiene todo el derecho a beneficiarse de todos los resortes legales para minimizar el pago de impuestos.

El caso de Iglesias es distinto. Él identifica la nación con el Estado; una idea estrictamente totalitaria. El patriotismo, en su discurso, es la plena sumisión al Estado, la entrega de los súbditos a la maquinaria de poder, y su dependencia absoluta para el cuidado de su salud, de la educación de niños y jóvenes y, en última instancia, para todo lo demás. El patriotismo impositivo no deja al ciudadano espacio para su elección, y por lo tanto para un verdadero patriotismo, o para cualquier otra cualidad moral. Los patriotas de Pablo Iglesias serán los esclavos de su nuevo Estado.

¿Inmunidad parlamentaria significa impunidad?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Inmunidad parlamentaria significa impunidad?

El envío de una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por parte del Juez Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a fin de que, si lo estima procedente, abra un procedimiento de instrucción penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y diputado Pablo Iglesias Turrión y la diputada de Podemos Gloria Ellizo Serrano, por la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio; ha recordado la injusticia de la inmunidad y el aforamiento parlamentarios recogidos en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española. Estos dos apartados disponen que durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, así como que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio).

Además, por su condición de miembro del Gobierno, el aforamiento de Pablo Iglesias Turrión ante esa Sala del Tribunal Supremo queda reforzado por expresa prescripción del artículo 102.1 CE.

No obstante, la reacción inmediata del principal interesado y las actuaciones del Gobierno del que forma parte pusieron de manifiesto que no consideran suficientes los privilegios de que gozan según la Constitución. Mas bien quedó patente que su pretensión es eludir todo tipo de responsabilidades y perpetuarse en el poder. Según pudieron conocer los oyentes de una emisora de radio afín, primero, y los senadores después, en lo alto de su pedestal el taimado vicepresidente consideró inconcebible que el Tribunal Supremo le impute por los delitos señalados. Es más, ufanándose de una extraña omnisciencia, solo reservada a los tiranos que dictan sentencias a los jueces, aseveró que “todo el mundo sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo” (…) y, presentándose como víctima potencial, añadió que “es inconcebible que acepten la petición del juez. En este país todavía no han condenado a nadie por sus ideas[1]”.

No contento con mostrar que se considera por encima de las decisiones judiciales, lanzó en antena graves insidias contra la actuación del juez instructor – en el caso que le afecta y otros –. Según su muy interesada opinión, el magistrado formaría parte de una conspiración de “la derecha” y “las cloacas del Estado” para hacer caer al Gobierno. No menos elocuente fue el expreso respaldo del presidente del Gobierno al vicepresidente, en vez de destituirlo.

Sin duda esas señales tuvieron consecuencias. Por un lado, el juez presentó un escrito solicitando el amparo del CGPJ, en la que advertía de una campaña de deslegitimación e intimidación contra los jueces que puedan tomar decisiones que afecten al caso, además de difundir la idea de que su actuación no obedece a su convicción jurídica, sino a una estrategia política para debilitar al partido político del vicepresidente. Y, por otro lado, ante la aparición de frases amenazantes en redes sociales, presentó una denuncia ante la policía.

Sea como fuere, la remisión de las actuaciones junto a la exposición razonada al Tribunal Supremo, debería dar lugar a que la Sala de lo Penal designe a un instructor que tomará la decisión de abrir unas diligencias previas de procedimiento abreviado[2], dada la naturaleza de los delitos que ofrecen caracteres de delito según el juez de la Audiencia Nacional. En este punto, considero que el magistrado, una vez que previsiblemente se personen en la causa las acusaciones particulares y populares y el Fiscal, tendrá muy difícil desechar la imputación de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, puesto que el juez central de instrucción ofrece en su exposición razonada poderosos indicios de que se cometieron delante de él. Es por esto por lo que, muy probablemente, solicitará el suplicatorio al Congreso de los Diputados, para poder proceder como investigados contra el vicepresidente del Gobierno y Gloria Ellizo Serrano. Cabe esperar todo tipo de argucias dilatorias y de recursos, pero la petición de autorización se formalizará en algún momento. Una vez en la Cámara, según los artículos 13 y 14 de su Reglamento, corresponde a la Mesa la admisión a trámite. Una vez admitido a trámite, el Presidente de la Cámara lo remite a la Comisión del Estatuto de los Diputados para su dictamen en el plazo máximo de treinta días. La Comisión debe conferir un trámite de audiencia a los Diputados interesados, bien por escrito, bien oralmente. Finalmente, el dictamen de la Comisión será sometido a debate en el primer Pleno ordinario de la Cámara. Tanto las sesiones de la Comisión como las del Pleno tienen carácter secreto.

Será en este momento, si no se ha producido antes una improbable destitución o renuncia al acta de los diputados, cuando surgirá la gran duda. Dados los precedentes, no cabe descartar ninguna posibilidad. El propio Gobierno de coalición podría alentar entre los grupos que lo sustentan una denegación del suplicatorio. Anticiparía una búsqueda de impunidad para casos futuros y una deriva de abierta subversión del orden constitucional. Sin embargo, dado que se concedió el suplicatorio de la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borrás Castanyer, por casi todos los grupos del Congreso, cabría en última instancia que el grupo socialista soltara lastre, previa destitución como vicepresidente de Pablo Iglesias Turrión, o que, incluso, los votos favorables se reunieran gracias a grupos teóricamente enfrentados.

Si el Congreso de los diputados denegara finalmente el suplicatorio, cabría el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de las acusaciones que entendieran que se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. En este caso, existe un precedente: La Sentencia TC 90/1985 de 22 de julio que otorgó el amparo a un querellante contra el senador del PSOE Carlos Barral Agesta por haberse vulnerado su derecho a la tutela efectiva. El tribunal reconoció el derecho del recurrente a que la autorización para procesar al senador no fuera denegada por razones ajenas al fin de la institución de la inmunidad parlamentaria, entendida como requisito de procedibilidad que evita que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular.

En definitiva, el deficiente sistema de aforamientos e inmunidades parlamentarias establecido por la Constitución – en el que se parapeta el vicepresidente del Gobierno – podría ser su garantía de impunidad, si no se produce una reacción por parte de las acusaciones y, en última instancia, del Tribunal Constitucional.

[1] Es curioso como Iglesias Turrión parece confundir groseramente su caso, en el que se desprenden indicios de la comisión de delitos totalmente ajenos a su actividad parlamentaria y de gobierno, con el supuesto de inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones, recogido en el apartado 1 del artículo 71 de la Constitución, el cual podríamos equipar a la impunidad en delitos de injurias y calumnias.

[2] Dada la consagración constitucional del aforamiento y la inmunidad parlamentarias, subsiste un procedimiento de solicitud del suplicatorio, determinado, en lo que no contradiga la Carta Magna, por la Ley de 9 de febrero de 1912 y los artículos 750 a 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

España, una destrucción de pymes sin precedentes

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Why you wanna treat me so bad?”. Prince.

¿Recuerdan la propaganda de “no vamos a dejar a nadie atrás”? A medida que avanza la crisis es más evidente que el Gobierno ha dejado atrás a contribuyentes, pequeñas empresas, autónomos y a todos los trabajadores, a los que les hunde las perspectivas y les sube los impuestos al consumo.

Según Adecco y el Banco de España, los salarios españoles podrían reducirse entre un 10% y un 15% en 2021 por la destrucción empresarial y caída de ingresos de aquellas que sobrevivan.

En un estudio reciente de McKinsey, reflejaba que de las más de 85.000 empresas que se han destruido desde febrero, el 83% son pequeños negocios con menos de cinco empleados. Una destrucción de empresas que viene de antes. España ha perdido más de 100.000 empresas en un año entre agosto de 2019 y 2020, es decir, casi el 7% del total.

Según el Banco de España, un 25% de las empresas de España están en situación de quiebra técnica y según al estudio de McKinsey antes mencionado, el 55% en economías como la española o la italiana se ven abocadas al cierre en septiembre de 2021 si las cosas siguen como hasta ahora y el 70% cerrarían si empeora.

Ni en la crisis de 2008 se había visto un destrozo de tal calibre en el tejido empresarial. En dicha crisis España perdió 117.000 empresas entre 2008 y 2013. Hoy, más de una década después, tenemos menos empresas que en 2008 e incluso menos que en 2012.

Menos empresas significa menos empleo, menos inversión, menos crecimiento y más pobreza.

El odio a las empresas permea en todas las decisiones de este Gobierno. Sánchez se apuntó en la moción de censura como iniciativas suyas los ERTE (que existen desde 1995 y se pueden aplicar hoy gracias a su flexibilizaron en la reforma laboral de 2012 en su término VI) y el beneficio por cese de actividad de los autónomos (algo que existe desde 2007 y desarrollado en Real Decreto 1541 de octubre de 2011), pero ¿qué ha hecho por las pymes desde el comienzo de la crisis?

Sánchez ha hecho dos cosas: tratar a los empresarios como culpables preventivos y permitir a las empresas endeudarse para pagar impuestos. Nada más.

La inmensa mayoría de las empresas que están colapsando en esta crisis no lo hacen por mala gestión o estrategia equivocada. Están hundiéndose precisamente aquellas que eran más prudentes, que no tenían deuda que refinanciar, que no tenían activos mobiliarios que apalancar y que vivían mes tras mes del trabajo duro y ganándose cada euro de ventas.

Las enormes cifras de liquidez que repite el Gobierno no las ha “dado” el Gobierno. Cuando hablan de liquidez simplemente es que se han habilitado préstamos para pagar impuestos en el futuro. Ni una sola exoneración de la pesadísima carga tributaria y administrativa.

¿Y esos avales que tanto repite el Gobierno? Ya sabemos por la crisis de 2008 que avalar préstamos no mitiga ni evita la destrucción de empleo. En aquella crisis el Gobierno hizo lo mismo que ahora, extender más de 140.000 millones de euros de avales que no impidieron que se destruyeran tres millones de puestos de trabajo y que terminaron más de un 80% en préstamos fallidos.

Cualquier persona puede entender que un aval para un préstamo no es un regalo, ni una ayuda. Las condiciones del préstamo siguen teniendo las mismas exigencias y la deuda la paga la empresa. Que el Estado avale solo es un colchón para el banco, no para la empresa, que entra en concurso de acreedores y quiebra igual si sus ingresos se desploman y los gastos e impuestos aumentan.

Una crisis de solvencia por cierre forzoso e inseguridad política no se resuelve con lo que llaman liquidez (deuda).

Las empresas que están desapareciendo cada mes no hicieron nada malo más que tener la mala suerte de tener un Gobierno anti-empresas en una crisis compleja.

Es alucinante que el Gobierno venda los ERTE como un favor de la Administración a las empresas.

Los ERTE son mucho más baratos para el Estado que enviar a esas personas al paro y darles subsidio de desempleo. Un empleado en ERTE le cuesta al Estado aproximadamente un tercio de lo que costaría pagarle el paro.

¿Qué deberían haber hecho?

– Exoneración de impuestos durante la crisis. Obsesionarse por recaudar cuando envías a las empresas a la quiebra es hambre para hoy y miseria para mañana. No se recauda, como hemos visto en las cifras de la Agencia Tributaria de agosto después de cinco meses de reapertura, y se destruyen las bases imponibles del futuro.

Con el cierre empresarial acumulado se han perdido más de 40.000 millones de euros anuales a medio y largo plazo de recaudación. Cuando las empresas ven sus ventas caer un 40% por las medidas gubernamentales, mantener la carga tributaria (sobre todo de los impuestos a la actividad previos al de Sociedades) es enviarlas a la muerte.

Ninguna empresa puede sobrevivir cuando sus gastos e impuestos se mantienen y sus ventas caen un 40%. Endeudarse no soluciona el problema de solvencia.

– Líneas de liquidez sin recurso para cubrir el capital circulante de microempresas. Hubiera sido mucho más barato que las medidas demagógicas como el ingreso mínimo vital y los miles de millones en subvenciones para empresas grandes que ya tenían acceso a crédito barato y capital inversor.

Dar una línea de liquidez para las microempresas sin acceso a deuda ni activos mobiliarios que cubriese sus necesidades de capital circulante durante la crisis.

– Dotar de protocolos sencillos y claros y eliminar trabas burocráticas. En un país donde pagar una multa son todo comodidades digitales, que las pymes sigan sufriendo retrasos administrativos es simplemente un desastre.

Las microempresas no han tenido ni en el cierre forzoso ni en la reapertura propagandística de “salimos más fuertes” y “hemos derrotado al virus” un solo protocolo claro ni apoyos para adecuar sus negocios a los mismos.

Conozco casos de microempresas que han gastado miles de euros en adecuar sus negocios para unas medidas que se han ido cambiando e improvisando según se le ocurría al comité inexistente de expertos de Sanidad, gastos que en su inmensa mayoría no han recuperado ni recuperarán.

– No se puede hablar de ayudas a los autónomos cuando los recargos por retraso en pago de impuestos y todo el esfuerzo fiscal se ha mantenido. Y ahora lo quieren aumentar subiendo la cuota al 70% de los autónomos usando como baremo los ingresos de 2019, que ni están ni se les espera en 2020. Una insensatez.

Las empresas no piden regalos, piden que no se las hunda y expolie a impuestos en medio de una crisis creada por la mala prevención e inexistente gestión gubernamental y una mal llamada recuperación truncada por haber dedicado más dinero a aplausos o propaganda de “hemos derrotado al virus” y nada para las microempresas que suponen la mayoría del empleo en nuestro país.

Todas las medidas que se han anunciado apoyan fundamentalmente a empresas que podrían sobrevivir porque ya tenían acceso a deuda y capital. No son suficientes. O se toman medidas ya para autónomos y microempresas o vamos a tener una crisis financiera y de empleo a medio plazo, con o sin Covid-19.

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (L): ciencia y Estado

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

El reciente manifiesto sobre la gestión política de la pandemia ha suscitado cierta polémica, tanto en lo que se refiere a la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el Gobierno español (y supongo que el otros muchos países también), como sobre el papel que en este proceso debería jugar la ciencia o, mejor dicho, los científicos, pues un buen individualista metodológico no puede reificarla o hispostatizarla. Nuca está de más recordar que la ciencia (al igual que el Estado) no tiene entidad ontológica, y cuando nos referimos a ella en realidad estamos refiriéndonos a un conjunto de personas, que suponemos con cierto grado de capacidad en sus respectivas especialidades, que usan determinadas metodologías (métodos científicos) a la hora de investigar y que divulgan sus resultados, también de determinada forma y en determinadas publicaciones (publicar fuera de ellas casi las excluye automáticamente de lo que se denomina “ciencia seria”), jerarquizadas y con rigurosos controles de acceso.

Uno de factores más característicos de lo que denominamos ciencia, y que explica buena parte de su éxito, es el de que ha operado internamente siempre en anarquía, y esto a pesar de las numerosas interferencias externas que ha padecido, normalmente desde los Estados aunque no siempre. Es más, dichas intervenciones que pretenden coartar su funcionamiento han ocasionado más daño que bien a esta. En muchos aspectos pueden compararse estas intervenciones con las que los gobernantes realizan en los mercados y la vida económica, y con consecuencias análogas. Las razones para la intervención son también análogas (y tan inconsistentes ) a las que se usan para justificar las intervenciones en el ámbito económico, esto es, bienes públicos (dejada a su albedrío la ciencia produciría muy poco conocimiento en áreas determinadas o muy escasa ciencia básica), externalidades (en este caso positivas derivadas de los bienes que la investigación produce) y  también, aunque en menor medida, fallos de mercado o asimetrías de información. Las críticas que a estos argumentos se le pueden hacer son también análogas a las de los fallos de mercado, y por eso no me detendré en este punto pues ya nos hemos referido a ella en otras ocasiones.

Pero lo cierto es que, en puridad, la ciencia es un esquema que funciona en anarquía y por eso ha funcionado históricamente de una forma más que aceptable. En efecto, no se obliga a nadie a aceptar los métodos que la mayoría de los científicos establecen. Cualquiera puede publicar por su cuenta, incluso en un blog, los resultados o argumentos que desee. Lo único que padecerá será la indiferencia del resto si estos son inconsistentes o descabellados. Pero si estos fuesen de una forma u otra rigurosos acabarán, tarde o temprano, formando parte del corpus oficial de la ciencia, al imponerse por su propio peso. Bastantes teorías hoy aceptadas comenzaron su andadura entre burlas y críticas hasta pasar a ser oficiales, con lo que pasaron a ser sometidos a burlas y críticas quienes a ellas se oponen. Desde la teoría de la deriva continental de Wagener a la hipótesis de que fue un asteroide el causante de la desaparición de los dinosaurios, formulada hace unos pocos decenios por Walter Álvarez, muchas han sido las teorías aceptadas después de ser criticadas y ridiculizadas, y otras otrora dominantes han sido con el tiempo abandonadas, como las viejas teorías del flogisto o la generación espontánea. Al mismo tiempo los propios requisitos de validación científica cambian con el tiempo, de acuerdo con las preferencias de los científicos, pues se ha pasado de un sistema basado en principios de autoridad a criterios de revisión ciegos. En un tiempo, la forma ideal de publicación fue el libro académico. Ahora prima la revista con revisión por pares y el libro ha pasado a un segundo plano, si bien sigue existiendo junto con revistas al estilo tradicional, dirigidas por consejos de redacción, y novedades como los blogs científicos, algunos de muy elevada calidad. Las universidades como creadoras de documentos científicos también podrían ser sustituidas en el futuro por centros de investigación específicos o por fórmulas mixtas. En cualquier caso, la profesión científica se autorregula y opera por principios anarquistas de exclusión, sin que se pueda impedir a cualquier persona que escriba o publique lo que quiera. Simplemente será excluido de la comunidad “respetable” de científicos y asumirá cierto ostracismo o desprestigio, salvo en el caso de que con el tiempo sus teorías se vuelvan respetables, lo que ocurrirá si sus evidencias se revelan como aceptables por algún descubrimiento o cambio de paradigma. El viejo Feyerabend, con sus teorías del anarquismo metodológico, ha probado con el tiempo su acierto.

El anarquismo científico ha probado también la impotencia de los Estados a la hora de intentar controlar la investigación científica. Sería extraño que estos no quisiesen controlar las investigaciones científicas del mismo modo que han intentado controlar el dinero, la educación o toros ámbitos de la vida social y privada. Si bien han conseguido influir en la misma, sobre todo en los temas que se investigan, no ha conseguido subordinarla a sus fines simplemente porque entonces dejaría de ser lo que es. Al igual que acontece en el ámbito de la economía, todo intento de subordinar el pensamiento científico al poder político ha derivado en resultados desastrosos, como bien prueba el caso de Lysenko en la antigua Unión Soviética, en el que se intentó establecer por decreto una ciencia biológica supeditada a los principios dialécticos propios del marxismo-leninismo. El resultado fue retrasar durante decenios el avance de la ciencia biológica soviética sin ningún resultado práctico, más bien al contrario. Al igual que el poder no puede derrotar a la ley económica (una de las frases favoritas del gran Bohm-Bawerk), tampoco puede derrotar a la ley científica.

Otra cosa es que el Estado intervenga y desvíe parte de la investigación científica hacia sus propios fines. A través de regulaciones puede conseguir que determinados temas no se investiguen en el territorio que dominan, como los ensayos de clonación humana, aunque es difícil que consigan evitarse en todas partes, pues los gobernantes difieren entre sí también en valores éticos. Por medio de subvenciones puede primar unas áreas de la ciencia sobre otras, incluso en lo que se denomina ciencia básica. Los gobernantes tienen preferencias, sean ideológicas o vinculadas a grupos de intereses “estratégicos”, que les llevan a privilegiar bien la ciencia básica bien la aplicada y, dentro de estas, aquellas disciplinas o subdisciplinas que más le pueden interesar. El Estado no es, por tanto, neutral en lo que se refiere al desarrollo científico. Históricamente se ha primado la investigación en áreas de conocimiento con aplicación militar, de las que después derivan a veces aplicaciones civiles (de ahí que se diga que muchos adelantos científicos se deban a la guerra y al militarismo) y ahora sin descuidar este aspecto se primen investigaciones civiles, pero siempre orientadas a los sectores que el Gobierno establece como especialmente relevantes (sólo hay que consultar los boletines oficiales para constatar en cada momento que áreas se consideran prioritarias).

Pero a la inversa también se da el fenómeno de la intervención y el manifiesto al que nos  referíamos al principio es un buen ejemplo. Algunos científicos, o por lo menos algunos de sus representantes, también pretenden usar al Gobierno para sus fines, y como ya hemos apuntado en algún artículo anterior sobre la tecnocracia, esta forma de intervención es una de las peores que se pueden concebir, porque genera gobernantes sin ningún tipo de responsabilidad. Amparados y protegidos por algo tan ambiguo como la “ciencia”, pretenden decretar medidas que bien podrían ser mucho más lesivas para las libertades o para el buen discurrir de la vida económica que el intervencionismo tradicional, responsable en alguna medida ante la población. Se basan para ello en conceptos muy discutibles como el de la política basada en la evidencia, tan de moda en el análisis de políticas públicas. El problema no es la evidencia, sino cómo se interpreta la misma. En ciencias sociales los hechos son interpretados por los estudiosos atendiendo a sus propios valores y circunstancias personales. Las ideas o ideologías del teórico influyen a la hora de interpretar y analizar la situación. Una misma situación, por ejemplo, una situación determinada de pobreza en un país, será interpretada por un marxista como una consecuencia del capitalismo o del neoliberalismo salvaje, mientras que para un defensor del capitalismo de libre mercado será causada por el exceso de intervención estatal o por un insuficiente desarrollo del capitalismo en ese país. Para interpretar correctamente la “evidencia” se hace necesario determinar previamente (si se puede) cuál de las dos interpretaciones es más consistente teóricamente, y puede por tanto contribuir a explicar mejor el fenómeno. Los científicos naturales también pueden estar influidos por ideologías políticas como el marxismo, pero es más común que sus sesgos a la hora de interpretar las “evidencias” vengan más de su especialización científica o del  tipo de metodología usada. Lo podemos ver perfectamente en los debates sobre la pandemia. Virólogos, epidemiólogos, matemáticos, biólogos, médicos e incluso veterinarios frente a los mismos hechos ofrecen explicaciones muy distintas (véase por ejemplo el debate leído en la prensa sobre la forma de transmisión del virus y los aerosoles) y, por tanto, proponen soluciones distintas. Porque, esa es otra, no pueden pretender que los gobernantes implementen soluciones guiadas por la ciencia, cuando los propios científicos no son capaces de ofrecer una sola propuesta unificada. Si lo hiciesen probablemente les hiciesen más caso. Pero cuando vemos a científicos con credenciales muy respetables (y muy semejantes entre sí por cierto), que desarrollan su trabajo en centros de investigación de prestigio, discutir sobre las “evidencias” no es de extrañar que los políticos, la mayoría de ellos legos en estas materias, aprovechen estas disensiones para  adoptar las medidas que ellos perciban como más convenientes para sus programas políticos.

También reclaman una suerte de autoridad sanitaria “independiente”, inspirada en principios científicos, que decida sobre las medidas a adoptar. Pero parece que tal autoridad vive en los reinos de la alta teoría y que un buen día bajará de las alturas e ilustrará a los mortales sobre la praxis correcta. Lo digo porque no explicitan quiénes serán los elegidos para dictar los protocolos de acción ni qué especialidad o área de conocimiento liderará la toma de decisiones. Tampoco somos informados cómo serán escogidos dentro de esa área los encargados de liderar el proceso. ¿Serán escogidos a nivel mundial o cada país tendrá los suyos? Esta última solución no parece muy científica, dado que la ciencia no debería entender de barreras estatales y, por consiguiente, lo lógico sería establecer una única autoridad a nivel mundial. Tampoco se nos dice cuál debería ser el proceso de elección. Podría ser una elección democrática, pero habría que determinar quién compondría el censo de electores, algo tampoco fácil de delimitar, y muy poco científico pues la ciencia no es para nada una actividad democrática en la que todos los votos pesen igual. Podrían ser seleccionados por prestigio o por conocimientos, pero esto también traería el problema de determinar la composición del tribunal encargado de juzgar los méritos. Podrían sortearse, a la manera de la Grecia clásica, pero no sé si sería una solución muy afortunada.

La ciencia, en conclusión, debería seguir siendo una actividad esencialmente anárquica, pues de ahí deriva su éxito histórico, y evitar la intromisión en la política estatal, tanto resistiendo las interferencias como evitando la tentación de querer constituirse en un grupo gobernante. Sólo así podrá seguir manteniendo el respeto que merece y contribuyendo al bienestar humano.