Ha pasado prácticamente desapercibido, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una rebaja de medio punto en los cinco tramos autonómicos en que la ley fiscal nos discrimina. Así, el primer tramo del Impuesto sobre la Renta, que sisa un 9 por ciento de las rentas hasta los 12.450 euros anuales, pasa a ser del 8,5 por ciento. Y el último, que se aplica a las rentas que superen los 53.407 euros, no será del 21 por ciento, sino del 20,5.

En la actualidad, Madrid tiene ya el tipo máximo conjunto más bajo de entre los máximos autonómicos, con un 43 por ciento. Cerca están Castilla y León, con un 44 por ciento, y varias comunidades con el 45 por ciento: Castilla La Mancha, Galicia, Ceuta y Melilla.

Esta decisión política y económica de la presidenta madrileña continúa una milagrosa apuesta hecha por el Partido Popular en la región, una apuesta que no ha sido del todo consistente en otras regiones gobernadas por ellos, y absolutamente inconsistente en el caso de la gestión del Gobierno nacional.

Así, en 2005 Esperanza Aguirre realizó varias rebajas en los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio. En 2006 elimina Donaciones (bonificación al 99 por ciento), en 2008 Sucesiones, y en 2009 Patrimonio.

En 2010 se elimina el recargo autonómico sobre el Impuesto de Actividades Económicas y se introduce una compensación autonómica sobre el Impuesto de Matriculación. Cuatro años más tarde, el gobierno de la región rebaja un punto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 6 por ciento, y el tipo general de AJD se rebaja del 1 por ciento, al 0,75 por ciento.

En 2007, la región aprueba una rebaja de cuatro décimas en el primer tramo del IRPF, y 3, 2 y 1 décimas en los siguientes. En 2014, la Comunidad de Madrid, ya con Ignacio González en la Puerta del Sol, aprueba una rebaja de cuatro décimas en cada uno de los cuatro tramos del impuesto, la mayor rebaja en el impuesto directo sobre los trabajadores de las realizadas hasta entonces. Al año siguiente, la Comunidad de Madrid rebajó de nuevo el tramo más bajo en 1,7 puntos hasta el 9,5 por ciento, y en 2018 otro medio punto hasta el 9,0 por ciento. Este año, como digo, la presidenta madrileña ha anunciado una rebaja de medio punto en todos los tramos.

Antes de considerar si esa rebaja de impuestos ha sido un éxito o no, lo principal es que le ha ahorrado a los madrileños una buena cantidad de dinero año a año. Idealista ha hecho el cálculo de cuánto se ahorra un trabajador que genere un salario de 30.000 euros anuales. En Comparación con Madrid, en comparación con Cataluña, donde esa renta exige el pago de 5.100 euros anuales en impuestos, en Madrid el cálculo arroja 4.645, 455 euros menos al año. El ahorro fiscal para una renta de 110.000 euros ronda los 3.000 euros.

La eliminación del impuesto sobre sucesiones, para un patrimonio de 800.000 euros, puede resultar en un ahorro de más de 50.000, 60.000 u 80.000 euros, en comparación con Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla y León. Y más de 100.000 euros, en el caso de Asturias. Para una base imponible de 150.000 euros, un madrileño tendría que pagar 9.000 euros, cuando en otras comunidades el coste fiscal sería de 15.000.

¿Qué efectos tiene en la recaudación? Por lo que se refiere a Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, la situación es muy distinta: la práctica eliminación del impuesto en la comunidad presidida por Díaz Ayuso arroja unos ingresos muy bajos, como cabe esperar, y que están muy lejos de lo recaudado, por ejemplo, en Cataluña: Casi mil millones en esos tres impuestos por 3’3 millones recaudados en Madrid. En estos impuestos, como en ITP y AJD, la región en torno a la capital hace una genuina renuncia a la recaudación, en favor de la mayor actividad económica.

Pero, ¿se da esa mayor actividad económica? Madrid, que tiene un PIB cercano en tamaño al de Cataluña, aunque ligeramente superior, recauda también un poco más que aquélla región por IRPF, y no mucho menos, como cabría esperar comparando las tablas de tipos impositivos. Las rebajas en el IRPF de los últimos años suponen para un madrileño medio unos mil euros menos de impuestos al año, según los cálculos de José María Rotellar. Esto sugiere que los menores impuestos se compensan con una mayor actividad económica; en definitiva, con mayor riqueza y, a largo plazo, mayores salarios.

El ejemplo de la Comunidad de Madrid es más claro que otros, porque su política ha sido consistente y mantenida en el tiempo. Según el Índice de Competitividad Fiscal, elaborado por la Tax Foundation junto con la Fundación para el Avance de la Libertad, Vizcaya es la provincia fiscalmente más competitiva, lo cual es lógico teniendo en cuenta que el País Vasco, como Navarra, tiene cedida la gestión de ciertos impuestos. Lo extraordinario es que Madrid se coloque en segunda posición, por delante de Álava y Guipúzcoa.

En conjunto, se puede decir que Madrid aprovecha parcialmente, aunque de modo consistente y parece que suficiente, las escasas posibilidades que ofrece el sistema fiscal español para competir con otras comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es profundizar en este modelo, y llegar a que las regiones se sostengan en gran parte por la gestión de sus propios impuestos. No podemos llegar a un ciento por ciento, porque el principio de la solidaridad inter territorial conmina a que unas regiones hagan aportaciones a un fondo común, mientras que otras detraigan de él una cantidad que compense parcialmente su situación. Este principio ya se aplica y, por cierto, sólo la Comunidad de Madrid aporta el 68 por ciento del fondo.

La aplicación del federalismo fiscal llevaría a que las comunidades autónomas ajustasen los impuestos para no destruir riqueza, o que se desvíe a otras regiones, o incluso para favorecer la creación de empresas y atraer capital y empleo.

Además, un sistema como este tendría efectos políticos beneficiosos a largo plazo. En la actualidad, todas las regiones exigen al Estado su parte, como polluelos en nido, intentando sacar la cabeza por encima de los demás, y piando tan fuerte como pueden sus agravios. Esto favorece que los presidentes autonómicos asuman un discurso colectivista y de agravios, particularista, y con desdén, cuando no algo peor, hacia el resto de España. Si los gobiernos autonómicos donde tienen que mirar es a sus propios ciudadanos para extraerles su renta y su riqueza, entonces la cosa cambia.

Por último, el nacionalismo, como demuestra el caso de Cataluña, puede llegar a ser muy caro. Los medios de comunicación, las embajadas, las asociaciones culturales y todo tipo de organismos dedicados a fomentar el nacionalismo son una pesada carga en el presupuesto regional. Cataluña, que en eso tendría que mirar el ejemplo del País Vasco, se ve obligada a rebajar el gasto en políticas sociales y económicas, o pedirles a los ciudadanos una mayor contribución para poder manipular eficazmente sus conciencias.

Pertenecer a una u otra raza vuelve a ser importante. La civilización nos había individualizado; eso es civilizarse: acercarse lo suficiente a cada uno de nosotros como para darse cuenta de que cada uno es radicalmente distinto de los demás. Esa diferencia radical nos hace a todos iguales, porque el hombre civilizado sabe que no hay dos personas iguales, y que por tanto hay que contar de uno en uno, no de muchos en muchos. El bárbaro cuenta como los cuervos: uno, dos y muchos. La civilización decae, y las invasiones bárbaras nos vuelven a contar en manadas. Una forma de contar, aprehensible a la inteligencia de un bárbaro, es la raza. Ordenar por colores, ¡qué infantil abyección! El progresismo nos ha infantilizado también en eso.

Y es así como algunos hemos descubierto que somos blancos; incluso los que jamás hemos entendido de qué va eso de las razas, quizá porque no le prestamos la suficiente atención, o porque hemos corrido más rápido que los bárbaros. Vaya usted a saber. Lo cierto es que ser blanco, negro, amarillo o rojo ha recobrado una bárbara importancia.

Este renacer del racismo como criterio moral, social, histórico, ¡científico! ha desembocado en la idea de “privilegio blanco”. ¿Qué quiere decir, y de dónde viene? En los años sesenta, la expresión “privilegio blanco” se utilizaba con cierta frecuencia para designar a los restos de las leyes de Jim Crow que todavía quedaban en algunos Estados y ciudades de los Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles de 1964 acabó con esos vestigios de las pasadas aberraciones jurídicas, que imponían discriminaciones a los ciudadanos en función de la raza a la que pertenecían.

Pero una cuestión es la discriminación legal y otra la realidad social de los distintos grupos sociales. Bajo el paraguas dialéctico de “afroamericanos”, palabra que ha sustituido en el lenguaje común a “negro” (black), hay realidades sociales muy distintas. Pero sobre todas ellas recaen tanto las estadísticas como otras formas de acercarse a la realidad social de las distintas etnias. Y sobre ellas recae, también, el discurso político. Y la decisión de remozar las discriminaciones legales de antaño no ha traído aparejada, en general, un ascenso de lo que se llama “comunidad negra” en comparación con otras. O ese ascenso no ha sido tan rápido como el de otros grupos, alguno de los cuales ha logrado una plena integración, o un éxito muy notable.

Había calado en los analistas más progresistas, y en los líderes del movimiento político negro la convicción de que el único motivo que podía explicar la inferior situación económica de la “comunidad negra” era la discriminación legal, además del legado que haya podido dejar la lacra de la esclavitud. Expulsada esa discriminación de las instituciones, e incluso introducida una nueva discriminación legal racial, ésta para favorecer a los grupos antes preteridos por la ley, la promesa de un rápido progreso no se cumplió.

Una explicación razonable podría ser la impronta de la esclavitud, pero la decimotercera enmienda, que abolía la esclavitud, entró en vigor en 1865. Una persona que hubiera nacido esclava digamos diez años antes, cumpliría los 80 en el año 1945. Numerosos esclavos en los Estados Unidos tenían una pequeña parcela de terreno que cultivaban ellos mismos, y para los esclavos la libertad tenía la forma de un trozo de tierra o de las transitadas calles de una ciudad. La libertad era el trabajo libre. Aún quedaban barreras para la igual carrera al progreso individual, en las escuelas y universidades, en algunas disposiciones legales, pero la esclavitud como tal ¿podía explicar la situación de 1970, de 1980?

Una reacción lógica ante esta situación sería mirar a lo que podemos llamar la “cultura material” de la comunidad negra en los Estados Unidos. ¿Cuántos destacan en los estudios? ¿Cunde el ahorro en las familias? ¿Llevan una vida familiar ordenada? Estos son los comportamientos que otras razas, venidas de fuera de los Estados Unidos y que comenzaron en las situaciones más difíciles (para ciertos trabajos no se contrataba a esclavos, que se consideraban demasiado valiosos, sino a irlandeses), siguieron para progresar en la sociedad estadounidense. Pocos pueblos han sido tan denostados en aquél país como los irlandeses, y no es el último motivo que fueran “papistas”. Hoy cuesta creerlo, pero los judíos ocupaban los últimos escalafones de la sociedad estadounidense cuando llegaron en masa a los Estados Unidos, y hoy están de los primeros. Lo mismo cabe decir de los chinos. Y hay nuevos ejemplos de ese proceso de integración desde lo más duro y ascenso en dos, tres, cuatro generaciones.

Pero este tipo de consideraciones están cargadas moralmente. ¿Son acaso culpables de la situación que viven? Este es un pensamiento incómodo y que se ha evitado sistemáticamente. Aunque quizás la idea de que toda la responsabilidad del menor progreso de la comunidad negra esté fuera de la misma sea difícil de mantener.

Si ya no se puede hablar del legado de la esclavitud, si el fin de la discriminación negativa y su sustitución por una discriminación positiva no han provocado una apreciable mejora, si de cualquier debate queda descartada la idea de que la propia comunidad pueda hacer algo para mejorar, ¿qué idea puede hacer que encajen todas las piezas?

En 1986, Peggy McIntosh, una activista dentro y fuera de las aulas del Wellesley College, dió una charla en la Conferencia de Estudios sobre la Mujer en Richmond, Virginia. Jacob Bennet recoge su contenido en un artículo sobre la historia del concepto “privilegio blanco”. McIntosh tituló su alocución “Privilegio blanco y privilegio masculino”, y en ella la profesora contó cómo se dio cuenta de que el privilegio no era tanto estructural (es decir, impuesto por las instituciones) como psicológico. “A menudo he notado la falta de voluntad de los hombres para reconocer que tienen demasiados privilegios en el plan de estudios, aunque pueden reconocer que las mujeres están en desventaja. . . Pensando en el privilegio masculino no reconocido como un fenómeno dentro de una vida propia, me dí cuenta de que dado que las jerarquías en nuestra sociedad están entrelazadas, lo más probable es que haya un fenómeno de privilegio blanco que fue igualmente negado y protegido, pero vivo y real en sus efectos”.

En definitiva, la remoción de las barreras legales no afectó a una estructura mucho más profunda, y que mantenía la situación privilegiada de los blancos, y que recala en el subconsciente de cada uno de nosotros. A ella misma le costó darse cuenta de esa situación, ya que pensaba desde su propio privilegio blanco, pero la analogía con el machismo estructural le hizo darse cuenta de dónde radicaba el problema: en las convicciones más profundas de cada uno de nosotros. En un terreno que, por su propia naturaleza, la ley no alcanza. McIntosh entiende que la ley puede legislar la moral, pero nunca alcanzar el subsuelo de nuestros pensamientos, que nos condicionan incluso cuando no somos conscientes de ellos.

Por su propia naturaleza, ese privilegio es invisible. Pero en cuanto alguien despierta y se da cuenta que está ahí, ese privilegio es obvio. Uno tiene que mirar dentro para ver fuera. Una vez el sujeto ha despertado a la realidad, ¿en qué se manifiesta este privilegio blanco? La profesora pone varios ejemplos, que tienen que ver con la vida diaria: vivo en un barrio que me gusta o leo el periódico, y lo que veo son rostros con mi misma tez blanca, etc.

Según relata Bennet, “la definición de McIntosh de que el privilegio blanco era una realidad psicológica fue captada de inmediato por muchas revistas científicas”. Otros autores empezaron a utilizar las ideas de McIntosh también en la prensa, como Robert Detlefsen en The New Republic, y pronto esa concepción psicológica del privilegio llegaba a las librerías. A finales de siglo, era una idea con una notable circulación en los llamados estudios sobre las razas. Hoy, esa idea se ha impuesto como un canon. Es comprensible para la inteligencia media de cantantes y actores, de políticos y periodistas. Y puesto que apela a nuestro subconsciente, quedamos inermes ante la acusación de que mantenemos una posición racista. ¿Con qué razones podemos negar lo que nos condicionaba sin saberlo? Por otro lado, también es una idea que nos libera de la culpa, nadie nos puede condenar por los dictados del subconsciente.

Pero ni siquiera eso nos salva. Los que un día pusimos la televisión y descubrimos que éramos blancos no podemos reconfortarnos en que lo fuimos sin querer. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Tampoco podemos refugiarnos en la certeza de que nuestro privilegio viene dictado más allá de nuestra conciencia, desde un tártaro cuyos designios se nos escapan. Porque, nos lo dice McIntosh, ese privilegio es motivo de oprobio, de vergüenza. De ahí la humillación voluntaria de tantos bárbaros blancos.