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¿Ha funcionado la estrategia sueca contra el coronavirus?

La gestión sueca de la pandemia ha sido uno de los modelos propugnados por todos aquellos que se oponían a las medidas centralizada de distanciamiento social. A la postre, el gobierno sueco no ha confinado a la población en sus domicilios y apenas ha restringido las interacciones sociales de sus ciudadanos. La lógica parecía clara: el país nórdico optaba por salvar su economía (o, más en general, la normalidad de la vida social) aun cuando decidiera sacrificar la vida de algunos de sus ciudadanos. Pero no parece que la estrategia haya funcionado especialmente bien. No solo porque las pérdidas humanas han sido muy notables: el número de muertos por millón de habitantes en Suecia es de 570, frente a los 106 de Dinamarca, 60 de Finlandia o 47 de Noruega. Si la estrategia sueca tampoco ha funcionado es porque su economía ha experimentado una dura caída durante el segundo trimestre: en concreto, su PIB se ha desmoronado un 8,2%.

Ciertamente, la caída de Suecia es bastante menos intensa que la de España, pero se prevé que sea similar a la de otros países nórdicos (por ejemplo, el PIB de Noruega descendió un 7,1% en los tres meses que transcurrieron desde marzo a mayo). En tal caso, Suecia habría sufrido muchas más muertes por el coronavirus sin ni siquiera tener el consuelo de haber salvado su economía. Pero, ¿cómo es posible que la economía sueca haya caído un 8,2% sin que su gobierno haya impuesto medidas de distanciamiento social? Parte de la explicación desde luego se debe al colapso del resto de economías mundiales: si todos tus socios comerciales se paran, tú también te paras. Pero esta exposición resulta incompleta, dado que, de ser válida, deberíamos observar caídas comparativamente más drásticas del PIB en Dinamarca, Finlandia o Noruega (países que no solo se habrían enfrentado al desmoronamiento de sus socios comerciales, sino a sus hibernaciones económicas internas). ¿Qué es, entonces, lo que ha sucedido?

Uno de los asuntos peor entendidos acerca de los efectos económicos de esta pandemia es que la caída del PIB viene provocada no principalmente por las medidas de distanciamiento social que los gobiernos han adoptado para combatir la propagación del patógeno, sino por la reacción espontánea de los ciudadanos para protegerse del mismo. Que un gobierno decida no tomar ninguna medida no significa que sus ciudadanos no vayan a reaccionar de ningún modo para minimizar el riesgo de contagiarse. ¿Y cómo pueden los ciudadanos reaccionar para minimizar el riesgo de contagio? Reduciendo por su cuenta el número de sus interacciones sociales diarias. Este distanciamiento social voluntario (ejercido por los ciudadanos y no forzado por el gobierno) también repercute negativamente sobre la economía por dos vías: reduce las actividades de producción social (por ejemplo, menor afluencia a centros de trabajo) y reduce las actividades de consumo social (por ejemplo, menor afluencia a bares o restaurantes).

En el siguiente gráfico podemos observar cuánto disminuyó la movilidad social de suecos, españoles y daneses desde mediados de marzo a finales de abril con respecto al mes de enero. Nuestro país fue el que más contrajo su movilidad hacia centros de ocio, supermercados, transporte público o centros de trabajo, por cuanto el confinamiento fue mucho más duro que en otras partes de Europa (y lo fue porque también se permitió inicialmente que el virus penetrara en nuestra sociedad con mucha más crudeza). Sin embargo, las diferencias de movilidad social entre Dinamarca y Suecia (la primera con medidas de distanciamiento social más estrictas que la segunda) son mucho menos acusadas, especialmente en lo relativo al uso de transportes públicos y a la asistencia a centros de trabajo.

Por consiguiente, que Suecia no decretara medidas de distanciamiento social no equivale a que los suecos no decidieran distanciarse socialmente para minimizar su riesgo de contagio. Y ese fuerte distanciamiento es el que ha hundido su PIB del segundo trimestre. Obviamente, el gobierno sueco podría haber forzado a que los ciudadanos se distanciaran todavía más de lo que ya lo hicieron y ello habría dañado a corto plazo a la economía en mayor medida. Pero existen al menos dos razones que podrían justificar la conveniencia de ese distanciamiento social adicional: primero, el número de vidas salvadas (ya hemos analizado la notable diferencia entre Suecia y sus vecinos nórdicos); segundo, si profundizando en el distanciamiento social se acelera el regreso a la normalidad, una mayor caída a corto plazo podría verse compensada por una subsiguiente recuperación más rápida (desde mediados de junio a finales de julio, por ejemplo, la movilidad social hacia centros de ocio es un 19% superior en Dinamarca de lo que lo era en enero, frente a solo un 1% en Suecia; asimismo, el uso del transporte público solo ha caído un 5% en Dinamarca, frente al 12% en Suecia).

Habrá que esperar varios trimestres hasta poder emitir un juicio definitivo sobre los resultados de la estrategia sueca pero, de momento, no resultan muy esperanzadores: más muertos y misma ruina que sus vecinos.

El Juan de Mariana destaca el rol de la solidaridad privada frente a la covid-19

El Instituto Juan de Mariana, think tank liberal con sede en Madrid, ha lanzado esta semana una página web dedicada a recoger las iniciativas de solidaridad mostradas por el sector privado durante la crisis del coronavirus en España. La entidad ha querido destacar de esta forma el esfuerzo realizado por empresas y sociedad civil en un contexto marcado por la nefasta gestión sanitaria y económica del gobierno.

Desde el IJM destacan que “la pandemia provocada por la covid-19 representa un desafío único por su carácter natural y las consecuencias sociales y económicas que ha tenido en todo el mundo. Una pandemia provocada por una enfermedad relativamente desconocida, que además puede hacer a los infectados desarrollar o no síntomas, se ha escapado del control de individuos y comunidades. Y también, cómo no, de sus representantes públicos”.

“En España, país en el que el virus se ha cobrado la vida de muchísima gente -una cifra que puede rondar las 50.000 personas-, hemos visto a un Gobierno lento, exhausto y poco transparente. Hemos vivido momentos de colapso del sistema sanitario en cuanto a disponibilidad de UCI o de EPI. Sin embargo, también hemos contado con una ciudadanía más comprometida que nunca, que ha respondido mejor y de forma más rápida y espontánea”, subraya el think tank.

“Muchas personas se han quedado sin empleo o han visto disminuidos sus ingresos de forma considerable y otras han visto incrementadas su jornada laboral o la peligrosidad asociada a su trabajo para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Pero cuando los recursos son escasos y la sociedad pasa por momentos duros, la solidaridad privada florece con más fuerza que nunca. Entretenimiento desde los balcones, donaciones monetarias y en especie o transporte de material sanitario de las grandes empresas, pasando por las comunidades de vecinos organizadas para hacer la compra a personas vulnerables, han sido algunas de las iniciativas de solidaridad que tanto el mundo empresarial como la sociedad civil han realizado para hacer frente a la crisis del coronavirus. Ejemplos de nuestro gran capital social y del poder de las redes comunitarias en tiempos de crisis”, apunta el comunicado de la institución liberal.

Según destacan, “los ciudadanos, pese a las dificultades o la distancia social, no dudaron en ponerse a trabajar y en ofrecer valor allí donde el Gobierno no llegaba o no se ocupaba. Y como no puede ser de otra forma, internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías han sido el aliado perfecto. Estas herramientas han servido para mantener esos lazos sociales, generar nuevos y coordinar el apoyo para los más necesitados. Y desde el Instituto Juan de Mariana queremos poner esto en valor”.

La web del IJM recoge de esta forma más de mil iniciativas que sintetizan el esmerado empeño de empresas y familias por paliar la incapacidad exhibida por las Administraciones Públicas durante los meses más duros de la crisis sanitaria.

Las claves de la solidaridad privada

Tras realizar un análisis preliminar de lo que ha caracterizado la acción solidaria en España durante este tiempo, el IJM subraya lo siguiente:

  • “Por el momento hemos recopilado un total de 1.000 iniciativas de las cuales el 24% provienen del sector de los servicios financieros (bancos, aseguradoras, fondos de inversión, etc.), un 16,7% de alimentación y distribución y un 6% respectivamente de las tecnologías de la información y la comunicación y la industria química y farmacéutica”.
  • “La gran mayoría de iniciativas (un 67,5%) provienen de organizaciones grandes o multinacionales. Sin embargo, el número de iniciativas llevadas a cabo por micro organizaciones es bastante significativo (alrededor de un 15%)”.
  • “La donación de material sanitario ha sido el tipo de iniciativa más frecuente, algo evidente ante la escasez de EPIs que hemos sufrido durante los meses más críticos de la pandemia”.
  • “La gran mayoría de iniciativas han sido llevadas a cabo por empresas (un 80%), puesto que generalmente estas tienen mayor capacidad económica y de recursos humanos que las asociaciones o fundaciones”.
  • “La gran mayoría de iniciativas han sido también en especie, representando alrededor del 80%”.

La mirada parcial de María Jesús Montero

“Lo peor de la situación económica ha pasado, después de la pandemia hemos tenido un terremoto económico, que ha sido durante los meses de abril mayo, y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido, ahora estamos trabajando en recuperar todos los sectores”. Ésta es la transcripción de las declaraciones de María Jesús Montero, ministra de hacienda y portavoz del Gobierno de España.

Estas declaraciones asumen que “lo peor” de la situación económica es la inactividad empresarial, la paralización absoluta de la economía que hemos sufrido de marzo a junio. En ese sentido, las afirmaciones de la ministra son ciertas. Pero no es realista. Porque Montero supone que las empresas han parado y sus cuentas se han mantenido indemnes. Y no ha sido así: durante el parón ha habido pérdidas y destrucción empresarial, y los ERTE solamente han enmascarado un desempleo catastrófico. No ha pasado lo peor. Ha pasado la inactividad.

¿Cuál es el error de base? Mirar solamente a un lado, y de refilón. En este caso, al lado de la oferta. Efectivamente, la industria manufacturera va a mejor en julio, y la subida del PMI (Índice de Precios de Manufacturas) ha sido muy intensa. Pero no ha recuperado la caída sufrida desde marzo. Podemos anunciar este hecho de muchas maneras. Podemos señalar que no hemos vuelto al punto en el que estábamos o, por el contrario, comparar el crecimiento de julio con el pasado y descubrir que el dato es el más elevado desde la crisis del 2008. En ninguno de los dos casos nuestro análisis es completo.

En primer lugar, el PMI mide las condiciones relativas al mes anterior, y no la magnitud del cambio. Al igual que sucede con las tasas de crecimiento mensuales y trimestrales, cuando la actividad cae tan bruscamente, como lo ha hecho, la etapa inicial de recuperación siempre se verá muy drástica cuando se mida en tasas de crecimiento. Y de ahí, el aumento a 53,3 desde el 30,8 que llegó a alcanzar, en los PMI de hoy, en toda Europa.

En segundo lugar, hay que mirar otros indicadores: la confianza del consumidor, el cierre empresarial y el desempleo no son buenos. Nos dice mucho de la sobrecapacidad y de lo que nos viene: más paro. Y aquí es muy relevante tener en cuenta la sangría del sector turístico que estamos padeciendo, precisamente, en el mes estrella del sector. Veintiocho millones de turistas menos que el año pasado hasta junio, y una caída enorme en el gasto por turista.

Cada vez más voces apuntan a cambiar el modelo productivo. Sustituir el turismo por la investigación y la industria. Como quien cambia de zapatos. Y no es tan sencillo. La estructura económica de un país es el resultado de muchos años de maduración y su cambio implica capacidad innovadora, flexibilidad en el mercado laboral, una demanda (nacional o internacional) robusta y, sobre todo, voluntad política. La estructura empresarial no puede evolucionar si no hay incentivos al ahorro y la inversión. Y ahí se acaba todo: estamos en un país donde el gobierno remunera el gasto y penaliza el ahorro.

Por eso, abandonar el sector turístico de repente, o proclamar lo terrible que es vivir de un sector dependiente es muy negativo. Por supuesto que lo mejor sería dedicarnos a exportar petróleo, pero no puede ser. Tampoco las políticas del gobierno favorecen el desarrollo de nuestras industrias, que las hay. Ni crea un clima adecuado para la creación de empresas sólidas que crezcan y se consoliden. Mientras eso sea así, seguiremos atados al turismo.

Por otro lado, hay que mirar el lado de la demanda. Hace unos días, el economista Manuel Hidalgo era censurado en Twitter por explicar el ciclo renta-gasto, que se explica en primero de licenciatura en Economía y en Empresariales, y que es una herramienta que ayuda a explicar algunas cosas. Para calmar a quienes le llamaron keynesiano, debo apuntar que fueron los fisiócratas los primeros que esbozaron el análisis renta gasto, a mediados del siglo XVIII. Que el instrumento se utilice de mejor manera o de peor manera depende de la persona que lo use.

Manuel Hidalgo explicaba, de manera muy general, que la renta de la economía se distribuye en rentas del trabajo, excedente bruto de explotación, impuestos y rentas a factores extranjeros. Él estaba mostrando que el PIB se genera a partir de una estructura productiva. En sus propias palabras, es “la expresión de nuestra capacidad de producir, de generar rentas en un momento dado”. Y que, por tanto, la caída del 18% de nuestro PIB se refiere a la capacidad de producir hoy, no a la capacidad de producir en términos absolutos.

Por supuesto, no es que no haya habido destrucción empresarial, sino que no toda la caída del PIB implica destrucción económica. En qué porcentaje la caída responde a una cosa o a la otra, es una cuestión que aún no podemos analizar.

Sin embargo, del análisis de Hidalgo queda muy claro qué sucede cuando cae la capacidad productiva y suben los impuestos. Las demás partidas se van a ver perjudicadas, también las rentas del trabajo. Vamos a vivir peor todos. Un panorama nada esperanzador.

En estas circunstancias, la mirada parcial de María Jesús Montero escuece a quienes nos dedicamos a mirar la realidad económica sin intereses políticos. Y debe doler mucho a los empresarios que han echado el cierre, a los trabajadores despedidos, a quienes están en un ERTE y saben que vana engrosar las cifras del paro, a quienes, desde este verano tórrido, contemplan el otoño sin esperanza.

No, ministra, lo peor no ha pasado.

Iván Redondo, el poder sin velos

Iván Redondo despierta una admiración sin aristas. Su inteligencia descuella sobre las demás, y quienes le han conocido no dejan de señalarlo. “Nunca he tenido a un alumno más brillante que Iván”, reconoce otra Rosa Díez. “Tiene una enorme intuición y una capacidad de trabajo asombrosa”, dice Iñaki Oyarzábal con asombro a Manuel Jabois. Los políticos abren la boca y los ojos ante su nombre. Casi se palpa su emoción. Parece ver el fondo del río de aguas turbias que separa a la opinión pública del acceso al poder, y Redondo fuera el único hombre capaz de vadearlo.

Muestra una humildad sin igual. ¡Y qué joven es! ¡Qué futuro le espera! Aunque yo creo que después de llevar al poder a Pedro Sánchez, alguien con la inteligencia de un maniquí y una honradez sólo comparable a la del vicepresidente Iglesias, ya no puede ir mucho más allá. El currículo de Redondo se engrandecerá con consejos de administración de grandes empresas, cursos de comunicación política en escuelas de negocios, y la creación de una gran fundación que alertará sobre los peligros del cambio climático y la corrupción política. Con los medios de comunicación a sus pies. En realidad, quien le ha definido con acierto sin el asombro y la emoción de sus potenciales clientes, es Javier Benegas.

Por todo ello, se me hacen fríos los elogios que recibe el analista político. Todavía no ha recibido en España el reconocimiento que merece. Sí, se ha abusado del tópico de Maquiavelo, y el de los hilos colgando de sus dedos. Pero lo interesante de Redondo es que observa la política como un geólogo el movimiento de las placas tectónicas. O, más bien como un etólogo. Ve la política con un realismo sin contemplaciones. Es, siempre lo ha sido, un juego en el que unos viven a costa de otros, y quien decide los premios es quien ejerce el poder. El objetivo es alcanzarlo y controlarlo. Es un juego sucio, y hay que revestirlo de justicia social, progreso, cuidado del medio ambiente y demás señuelos. Y encajar el dramatis personae en un esquema muy sencillo de buenos y malos; algo que pueda expresar un contertulio con cierta soltura, y que pueda entender cualquiera viendo un telediario.

Los términos del juego son esos. El acceso y el uso del poder, el manejo de la maleada opinión pública, el apoyo en ciertos grupos organizados y sectores cuyo coste no sea muy oneroso, y poco más. Define la política como “el arte de lo invisible”, en una reciente entrevista. Lo invisible es la política, ciertamente. Es lo que oculta la cancamusa de la comunicación política, de las ideologías que muestran qué grandes objetivos se pueden lograr desde el Estado, si están las personas adecuadas.

Dice en el mismo sitio: “Hemos acabado con los contrapoderes y los compartimentos estancos”, en referencia al funcionamiento de la Moncloa. Así de fácil. No ha tenido que recurrir a describir un “Estado profundo”, como ha hecho la derecha estadounidense. Un poder libre de condicionamientos, que gire en el vacío para moverse sin obstáculos. ¡Sin contrapoderes, es decir!

La información del diario El País es un retraso en el que no sólo se oye su voz. Una de ellas desvela alguno de los elementos de la estrategia de Redondo. Cuando habla de las iniciativas legislativas que se sucederán en la legislatura, precisa que tratarán “asuntos como la guerra cultural y la reforma de la Constitución”. La guerra cultural lleva a fijar los lindes de lo que es políticamente aceptable, para dejar fuera de juego a la España que no les vota. Y la reforma constitucional supone cambiar las reglas del juego, de nuevo para expulsar a una parte de la sociedad española.

Desde este lado, del lado del ciudadano, tenemos que hacer el esfuerzo de desembarazarnos de toda la hojarasca ideológica que viste al poder para ocultarnos lo que es: un reparto masivo de renta y riqueza a cambio de apoyos políticos a quien ejerce ese poder.

Pero ¿no falta algo? Falta, en todo esto, la comunidad política. Falta España. Falta tener en cuenta que hay valores que deben primar antes que la pura conveniencia política, como es la convivencia, la amistad civil, el respeto a cada uno independientemente de cuáles sean sus ideas. Falta la atención a los intereses de la mayoría de los ciudadanos a largo plazo. Faltamos los ciudadanos.

Las cláusulas que Sánchez no cumplirá pese al pacto europeo: la movilidad laboral y el caos normativo

La Comisión Europea exige a España emprender reformas estructurales para acceder a los 140.000 millones de euros del fondo Covid creado por la Unión Europea para relanzar la economía. Sin embargo, no todas las medidas que desde hace tiempo recomiendan desde Bruselas para facilitar la movilidad laboral entre Comunidades Autónomas se podrán llevar a cabo sin complicar la legislatura y los apoyos del bloque que facilitó la investidura.

Las fuentes consultadas aseguran que Sánchez cumplirá con las reformas más perentorias que ayuden a flexibilizar el mercado laboral, pero parece poco probable que cumpla otras cláusulas de las recomendaciones específicas de Bruselas para España. Por ejemplo, la unificación de las normativas regionales o que se ponga fin a la limitada capacidad de transferir prestaciones sociales entre regiones que representan un escollo para la movilidad laboral de empresas y trabajadores.

En todos sus informes sobre España, la Comisión Europea pide que se mejore la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y en frecuentes ocasiones la Comisión se refirió a la Ley de Unidad de Mercado -aprobada con el Gobierno de Rajoy- “como un importante instrumento que podría utilizarse para reducir la fragmentación normativa”, explica un portavoz de la sede de la Comisión en Madrid a

En los considerandos de las Recomendaciones específicas 2020 para nuestro país se menciona que “la fragmentación normativa y las barreras en España impiden que las empresas se benefician de economías de escala y afectan negativamente a la productividad”. “La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de la competencia, debería utilizarse más activamente para promover una mejor regulación y competencia”, detalla el informe.

Las razones que da la Comisión para explicar el bajo grado de movilidad laboral son “la elevada propiedad de la vivienda, la segmentación del mercado laboral, la limitada eficacia de las políticas activas del mercado laboral y la limitada transferibilidad de las prestaciones sociales regionales”.

El Ejecutivo comunitario no ha hecho referencia a los requisitos lingüísticos para acceder a un puesto público como uno de los factores que también contribuyen a la baja movilidad laboral, pero también es una de las peculiaridades nacionales. En autonomías como el País Vasco, Cataluña o las Islas Baleares el conocimiento de la lengua autóctona es imprescindible para poder trabajar en la administración pública.

Las fuentes consultadas tampoco ven posible que Sánchez acabe con este tipo de discriminación lingüística, ya que sería abrir un conflicto con algunos de sus principales socios, como el PNV, EH-Bildu o ERC que han aplicado estas políticas en sus regiones.

Impuestos

La Comisión también aboga por “impuestos que sean menos perjudiciales para el crecimiento”. España tiene regiones, como Cataluña o Asturias, donde se aplica una alta presión fiscal mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, son más atractivas, porque tienen una bonificación del 99% en impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones.

El fiscalista Esaú Alarcón explica a este periódico que el sistema de fiscalidad que tenemos, donde las Comunidades Autónomas “tienen ciertas competencias en materia normativa”, hace que haya “grandes diferencias de trato entre unas comunidades y otras”. “Una armonización fiscal lo que haría es acotar la capacidad normativa de las Comunidades, pero la más perjudicada podría ser Madrid”, apostilla.

De hecho, uno de los principales objetivos del Gobierno de coalición antes de la eclosión del virus era lograr una “armonización” de los impuestos en las autonomías de régimen común que, en la práctica, iba a afectar a la capital por su elevada competitividad fiscal.

Duplicidades

El analista económico Santiago Calvo destaca que entre autonomías “se producen duplicidades que generan costes innecesarios”. “La producción normativa es muy elevada, según datos de la CEOE, el número de páginas publicadas en boletines oficiales autonómicos y el estatal supera el millón, es decir, más de 2.700 páginas por día”, explica.

El también investigador del Instituto Juan de Mariana también cree que la Ley de Unidad de Mercado es una buena opción para “reducir parte del coste de la fragmentación”. “Simplificar legislación, coordinar políticas entre autonomías, reducir ciertas normas proteccionistas que ponen en ventaja a agentes locales sobre el resto de agentes del territorio nacional y se permite que, con una única licencia, operar en todo el territorio nacional, probablemente se logrará reducir”.

Descuento del 15% para miembros del IJM en el Máster oficial en Comunicación Política y Empresarial

ID Digital School -colaborador del IJM- ofrece a los miembros de nuestra organización un descuento del 15% en la matrícula del Máster oficial en Comunicación Política y Empresarial.

Se trata de un Máster oficial en colaboración con la Universidad Camilo José Cela que se ofrece en dos modalidades: presencial o a distancia. Gracias a su carácter de Máster oficial, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), es válido en 49 países, los 27 de la UE más otros 22, y permite ingresar de manera directa a un doctorado.

Destaca por su énfasis en los aspectos digitales de la comunicación política y empresarial, y desde su octava edición en octubre 2018, incluye un título propio de Experto en Comunicación Digital, otorgado por ID Digital School.

Este Máster está dirigido a:

– Quienes quieran comenzar a desarrollar su carrera profesional en el mundo de la de la comunicación empresarial o política.

– Profesionales de la comunicación que desean ampliar sus conocimientos.

– Graduados o licenciados que quieran ampliar su formación en los aspectos digitales de la comunicación.

– Aquellos interesados en desarrollar una carrera académcia o un doctorado en el mundo de la comunicación empresarial, política o digital.

Para acceer a esta oportunidad se debe contactar con:

alejandra@iddigitalschool.com

Responsable atención al alumno

Tel. +34 91 055 18 16

Calle Bravo Murillo 8, Madrid