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Mejor un cheque escolar de 2.000 millones de euros

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno de PSOE-Podemos planea invertir 2.000 millones de euros en reforzar los centros de enseñanza españoles a partir de septiembre. La educación es uno de los motores clave en la prosperidad de cualquier país y, a la vez, ha sido uno de los sectores más sacudidos por el coronavirus (en tanto en cuanto se han suspendido las clases como medida de distanciamiento social contra la pandemia). Es lógico, por consiguiente, que se plantee una modernización y adaptación de los centros educativos a este periodo de nueva normalidad: si hay cambios estructurales —o, al menos, cabe la posibilidad de que los haya— en el modo en que ha de proveerse la enseñanza, entonces las escuelas deberán readaptarse en consecuencia.

Hasta aquí, no debería haber demasiado espacio para la polémica salvo por el mal uso que pueda terminar efectuándose de esos 2.000 millones de euros (el tan extendido vicio político de arrojar centenares de millones de euros sobre un problema sin preocuparse mínimamente por la eficiencia con que se emplean). La controversia ha arrancado, en cambio, cuando PSOE y Podemos han decidido excluir de esos 2.000 millones de euros a los colegios concertados, a los que asiste alrededor de una cuarta parte de todo el alumnado patrio.

La justificación que ha empleado el Ejecutivo de izquierdas para semejante exclusión parece a simple vista razonable: el dinero público debe permanecer exclusivamente en el sector público y no transferirse a bolsillos privados (a bolsillos privados que no sean los del personal o los de los proveedores de la escuela pública, se entiende), de modo que los concertados deberán costearse su reconversión con su propio capital… si es que pueden. Tal argumento, empero, se antoja extremadamente débil por dos razones.

Primero, este mismo Gobierno de izquierdas que plantea una radical separación entre las fuentes de financiación públicas y las fuentes de financiación privadas en el ámbito educativo es el mismo Gobierno de izquierdas que no tiene ningún empacho a la hora de inyectar hasta 10.000 millones de euros de dinero público en grandes corporaciones ‘estratégicas’ de titularidad privada (como Iberia), que otorga cuantiosas subvenciones indirectas a determinadas empresas bien conectadas con el poder político (como las automovilísticas) o que reclama cientos de miles de millones de euros a Bruselas para potenciar una transformación del modelo productivo privado a golpe de talonario. No deja de resultar contradictorio que la concertada no pueda recibir parte de esos 2.000 millones de euros bajo el pretexto de que el dinero público no debe transferirse al sector privado cuando este Gobierno se ha pasado toda la crisis del coronavirus trasvasando dinero público al sector privado.

Segundo, cuando se afirma que el dinero público ha de permanecer en el sector público, se está presuponiendo de algún modo que el dinero público es propiedad del Estado y que, por tanto, aquellos agentes privados que aspiran a captarlo se lo estarían arrebatando a él. Pero el dinero público no es dinero del Estado: el dinero público no es más que riqueza que el Estado previamente ha sustraído al sector privado. Que esa riqueza confiscada a las empresas y a las familias deba permanecer dentro de la burocracia parasitaria del Estado en lugar de regresar al sector privado de donde emergió es una pura arbitrariedad política, no el curso natural de los acontecimientos (por supuesto, uno debe estar siempre vigilante de que una parte del sector privado no instrumente al Estado para, vía subvenciones u otro tipo de intervenciones, parasitar a otra parte del sector privado: pero asimismo también ha de estar vigilante de que el Estado no parasite finalistamente al conjunto del sector privado).

En el caso que nos ocupa, parece bastante obvio que una porción de los impuestos que abonan las familias va dirigida a sufragar gastos educativos en presunto beneficio de esas mismas familias. De ahí que lo más respetuoso con su libertad y su propiedad privada sería que, al menos, ellas pudieran escoger —en su calidad de pagadoras de impuestos— en qué centros —públicos o privados— desean que se desembolsen esos fondos educativos que gestiona el Estado por la sencilla razón de que previamente se los ha arrebatado vía impuestos.

O expresado desde otro ángulo: quienes argumentan que han de ser las familias que llevan a sus hijos a un concertado quienes se costeen de su bolsillo la reconversión de las escuelas concertadas están obviando que los 2.000 millones de euros con los que se regará la escuela pública… ¡salen en parte del bolsillo de esas familias! Sí, que se costeen ellas la reconversión de la escuela concertada… pero sin arrebatarles en primer lugar el dinero con el que se les obliga a costear la reconversión de la pública a la que no asisten. A la postre, si el Estado les vacía los bolsillos, difícilmente esas familias podrán rascárselos para impulsar aquella escuela privada o pública que resulte de su preferencia.

En definitiva, cuando el Gobierno de PSOE-Podemos decide excluir a la escuela concertada de ese fondo de 2.000 millones de euros para la reconversión de los centros educativos —amasado a partir del dinero que ha sustraído o que va a sustraer a los españoles—, no está actuando desde una ponderada neutralidad, sino desde un abierto sectarismo anti-libertad de elección educativa: lo que busca deliberadamente es arrinconar a la escuela concertada para que poco a poco vaya desapareciendo al tiempo que se sigue engordando de financiación la escuela pública, no porque así lo deseen los padres sino porque así lo imponen los políticos.

Por supuesto, en este asunto como en tantos otros en materia de enseñanza, la solución no debería pasar con mantener ese dinero público en las manos de los gobernantes para que estos lo repartan caprichosa —y quizá corruptamente— entre actores públicos o privados: la solución debería pasar por que esos 2.000 millones de euros regresen a las familias —por ejemplo, en forma de cheques escolares— de modo que sea cada una de ellas quien lo distribuya entre sus centros de enseñanza predilectos.

Tres ingredientes imprescindibles para la recuperación económica

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

A medida que se va retirando la marea de la crisis sanitaria, va quedando a la vista una tremenda destrucción económica. El cierre parcial de la economía no solo interrumpe de manera temporal la producción de bienes y servicios, sino que además destroza nuestra capacidad de producción futura. La recuperación económica pasa por una reestructuración a fondo de nuestro sistema productivo.

Esta reestructuración es necesaria por dos motivos principales. En primer lugar, por la masiva descapitalización del tejido productivo. Muchos negocios no podrán volver a operar con normalidad hasta poder reponer la pérdida de liquidez y solvencia sufrida durante la pandemia. En demasiados casos, lamentablemente, esta descapitalización ya se está traduciendo en quiebras y cierres permanentes, volviendo más profunda la necesidad de reconstruir el tejido productivo.

Por otro lado, el drástico cambio en los patrones de consumo también impone la readaptación de la economía. Por poner un ejemplo ilustrativo, el sector de las aerolíneas o las discotecas, víctimas de una menor demanda, tendrán que liquidar inversiones, mientras que sectores como el sanitario o el farmacéutico tendrán necesidad de atraer e incorporar nuevos factores productivos.

La rapidez con la que seamos capaces de completar esta reestructuración determinará la gravedad de la crisis económica que tenemos por delante, así como el sufrimiento que padecerán los ciudadanos. En este sentido, hay tres ingredientes que son imprescindibles para completar este proceso de la forma más rápida e indolora posible: capital, flexibilidad económica y confianza.

La materia prima de la reconstrucción económica, el ingrediente principal, es el capital: es necesario tanto para reponer el capital consumido durante la pandemia, como para acometer las nuevas inversiones que requerirá la nueva estructura productiva. Es imprescindible, por tanto, fomentar el ahorro y que este pueda materializarse en inversiones generadoras de valor.

Sin embargo, el actual Gobierno parece empeñado en lograr lo contrario: en lugar de maximizar la renta disponible de los ciudadanos, pretenden reducirla mediante subidas de impuestos; en lugar de animar a emprender e invertir a quien dispone de ahorro, les amenazan con impuestos contra el capital; en lugar de tratar de atraer capital de fuera de España, levantan barreras en las fronteras para “protegernos” del capital extranjero. Es decir, lejos de promover la rápida recapitalización de la economía española, parece que buscan evitarla.

Otra medida contraproducente en este sentido es la intención del Ejecutivo de emplear dinero o realizar inversiones en proyectos que no son rentables. Quitar los escasos recursos de los ciudadanos para inyectarlos en proyectos que destruyen valor con el objetivo de contentar a sus accionistas y prestamistas solo logrará destruir riqueza, posponer la necesaria reestructuración y retrasar la recuperación económica.

El segundo factor imprescindible para la recuperación económica es hacer de España un marco económico flexible y dinámico, un país con amplia libertad económica. Esto tendría un doble propósito: por un lado, permitir la liquidación, con el menor daño posible en destrucción de empleo y de empresas, de la parte de la estructura productiva que ha dejado de generar valor; y por otro lado, acelerar la aparición de las nuevas oportunidades de inversión para servir las demandas insatisfechas de los consumidores.

El Gobierno también va en la dirección opuesta en este ámbito. A nadie se le escapa que buena parte del mismo es ideológicamente averso a la flexibilización económica: ven con recelo la posibilidad de liberalizar cualquier sector o de relajar cualquier regulación. Un ejemplo paradigmático es el del mercado laboral. La flexibilidad en este ámbito es clave tanto para salvar empleos y empresas durante una crisis, como para acelerar la creación de empleo en los nuevos sectores económicos.

De acuerdo con un informe de BBVA Research, la reforma laboral de 2012 evitó la destrucción de un millón de empleos, y habría evitado casi tres millones de haberse aprobado al principio de la crisis.

Sin embargo, en lugar de mantener la reforma laboral, o incluso de profundizar en ella, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es derogarla. Solo el sector del Ejecutivo que lidera Nadia Calviño, consciente de la importancia de la flexibilidad en el mercado de trabajo, está posponiendo la prometida derogación de la reforma laboral.

Por último, para una rápida recuperación económica es esencial generar confianza: si queremos animar a empresas e inversores, tanto nacionales como extranjeros, a emprender proyectos a largo plazo en nuestra economía, es imprescindible que tengan certeza de que España es un país económicamente seguro.

En este sentido, hay dos factores que preocupan de manera especial. El primero es la estabilidad política: existen temores de que España derive en un régimen populista poco amigo de los derechos de propiedad y que pueda recurrir a regulaciones draconianas o incluso a nacionalizaciones de empresas. Esto, claro está, paraliza la inversión y la creación de empresas.

El segundo factor preocupante es la estabilidad presupuestaria del Estado. La pandemia va a suponer un enorme impacto negativo en las cuentas públicas. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda española son generalizadas, haciendo imprescindible tanto la asistencia del BCE como probablemente un rescate formal con cargo al contribuyente europeo.

El Gobierno necesita un plan creíble para cuadrar las cuentas, bien para convencer a los inversores en deuda pública, o bien para convencer a los países a los que solicitaremos el rescate. El problema es que PSOE y Podemos han llegado al Gobierno a lomos de la crítica contra la austeridad pensando que nunca tendrían que aplicarla. Y ahora que se hace imprescindible, nadie se cree que estén dispuestos a llevarla a cabo.

En resumidas cuentas, para una recuperación económica lo más rápida posible se necesitan tres elementos fundamentales: promover la formación de capital, flexibilizar el marco económico y generar confianza. De lo contrario la economía no logrará sanearse, la crisis empezará a prolongarse en el tiempo, y el sufrimiento y la desesperación de la población comenzará a volverse insoportable.

Nuestros gobernantes suelen repetir que su prioridad es atender a los más necesitados, pero con sus actuales políticas solo lograrán multiplicarlos. La mejor forma de ayudar a la gente, y en especial a los de renta más baja, es con una economía que genere altas tasas de crecimiento, un bajo desempleo y amplias oportunidades para todos.

La peor de las noticias es que, si tomaran las medidas necesarias para asegurar una recuperación económica rápida e indolora, irían en contra de su propia propaganda. El Gobierno prefiere seguir promoviendo su empobrecedora agenda ideológica y tejiendo sus redes clientelares, aunque sea a costa del sufrimiento de los españoles.

El coste del cuidado de la Creación

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 4 de julio, como cada primer sábado de julio, se celebró el Día de las Cooperativas. En esta ocasión, el Papa Francisco publicó un tuit desde su cuenta @pontifex, poniendo sus esperanzas en las cooperativas como un instrumento que permita, en un futuro, ayudar a extender el uso de las energías verdes.

En concreto, afirma: “En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para explotar fuentes de energía renovables que aseguran la autosuficiencia local. Pueden marcar una verdadera diferencia en la lucha contra el cambio climático, gracias a un fuerte sentido de comunidad y un profundo amor por la tierra”.

Como señala el diario digital Vatican News, la preocupación por los problemas medioambientales del pontífice no es nueva. En la encíclica Laudatio Si’ (2015), inspirada en las palabras de San Francisco de Asís. Desde el punto de vista católico, nos corresponde el cuidado de la Creación, no como propietarios que pueden expoliarla, sino por delegación del Creador. Es, por tanto, una responsabilidad esencial.

También reconoce, en la misma encíclica, que “la reflexión debería identificar posibles escenarios futuros, porque no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas integrales”. Después de recorrer múltiples aspectos de la cuestión medioambiental, también aborda el antropocentrismo y los problemas laborales.

Coincido en la importancia de abandonar el antropocentrismo y en la necesidad de que hay que contar con el ser humano, renunciando al relativismo moral. Sin embargo, el Papa Francisco es especialmente confuso cuando habla del mercado.

Por un lado, coloca en el mismo nivel la mentalidad que lleva a la explotación infantil con la mentalidad de quienes defienden las fuerzas invisibles del mercado como reguladores de la economía, asumiendo que “sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables”. Es una afirmación que no comparto porque sé que el mercado es un proceso dinámico protagonizado por la acción humana, y, aunque sus fuerzas sean invisibles, porque hablamos de necesidades, deseos, preferencias, no es un mecanismo perfecto inocuo. Nada que protagonice el ser humano es inocuo. Ni siquiera las religiones. Y sus efectos son mixtos: buenos y malos. Así es la naturaleza humana: dual e imperfecta.

Es un poco más adelante donde Francisco habla de las cooperativas, sentando las bases del mensaje de Twitter del 4 de julio.

En el capítulo V se centra en el rol de la política. “La grandeza política, afirma el pontífice, se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”. Ojalá ese principio fuera asumido por todos los gobiernos, empezando por el español.

Sin duda, tendríamos un volumen de deuda pública mucho menor ya que, lejos de perseguir lo que Francisco denomina “inmediatismo político”, los gobernantes mirarían por el bien común de las futuras generaciones. Y continua: “En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes.

Este sencillo ejemplo indica que, mientras el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos”.

Probablemente sin querer, Francisco hace un alegato a la responsabilidad individual que lleva a la cooperación voluntaria para lograr un objetivo sustentado en los valores. Pero no me engaño: la lectura completa de la encíclica permite defender esta propuesta y la contraria. Suele suceder cuando se intenta abarcar todo, agradar a todos y se te cuelan los sesgos ideológicos, en medio de todo.

Sin embargo, a pesar de que, en principio, la solución cooperativa para la generación de energías verdes me gusta mucho, tiene dos problemas. Primero, como sucede con las cooperativas en general, el éxito no es escalable. En la medida en que el tamaño de la cooperativa se adecue al mercado en el que impacta todo va bien. Pero requeriría la descentralización de la energía a niveles probablemente poco eficientes para ser una solución general.

En segundo lugar, solamente sería una alternativa real si estas cooperativas fueran eficientes sin tener que drenar recursos de los bolsillos de los demás ciudadanos. Es decir, si los votantes eligen representantes locales que proponen financiar estas cooperativas con impuestos locales, no tengo nada que decir. Pero, mucho me temo que se trataría de ayudas nacionales para lograr beneficios locales. Una injusticia en toda regla.

Puestos a denunciar injusticias y a reclamar responsabilidades, quisiera recomendar la lectura de dos libros para este verano. El primero, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All, escrito por Michael Shellenberger, un reconocido medioambientalista que en el año 2008 recibió los premios Hero of the Environment y el Green Book Award.

Shellenberg presentaba hace unos días su libro afirmando: “En nombre de los ambientalistas de todas partes, me gustaría disculparme formalmente por el pánico climático que hemos creado en los últimos 30 años”. La cantidad de dinero desviado a causa de esta alarma en todo el planeta se podría haber dedicado a gastos más relevantes e inmediatos.

El segundo libro se titula False Alarm: how climate change panic cost us trillions, hurts the poor and fails to fix the planet, cuyo autor el danés Björn Lomborg insiste en el coste desorbitado de un conjunto de políticas que benefician a los políticos y algunos empresarios, pero perjudican a los ciudadanos y, especialmente, a los pobres.

No me cabe duda que, de llegar a leer estos textos, el Papa Francisco se apresuraría a denunciar semejante falta de humanidad y honestidad por parte de quienes hacen caja utilizando como pantalla algo tan sagrado como el legado del Creador, a costa, para más inri, de los recursos que podrían aliviar la pobreza de tantos.

El histerismo de género

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Las aventuras de los alumnos de la escuela Howarts han convertido a J. K. Rowling en una de las autoras más exitosas en la historia. Su Harry Poter y la piedra filosofal ha vendido más de cien millones de ejemplares, y toda la saga ha vendido más de 500 millones de ejemplares, de modo que se puede decir que es la novelista contemporánea más vendida. Del millón cien mil palabras de la saga hay alguna de su invención que ha pasado a formar parte del léxico en inglés.

Sobre Rowling cae en estos momentos una torrencial lluvia de críticas por unas declaraciones suyas en la red de mensajes breves Twitter.

El 6 de junio, Rowling comenta el siguiente titular de una noticia: “Opinión: Creando un mundo post-COVID 19 más igual para personas que menstrúan”. Las tres personas que menstrúan y firman el artículo evitan la palabra “mujer”, porque el término lleva a al binomio hombre-mujer, que intentan evitar por todos los medios. En el artículo hablan de mujeres, sí, pero como parte del conjunto “personas que menstrúan”. Las autoras deben de dedicar sus esfuerzos al estudio de la identidad de género, y quizá por ello no manejan la lógica de Aristóteles. El sabio griego dijo que A más no-A lo comprendía todo. De modo que las personas que menstrúan y las que no menstrúan son dos conjuntos que comprenden a toda la humanidad. De nuevo un binomio. Y lo han creado las tres autoras, a pesar de que es lo que querían evitar.

Rowling no comete la crueldad de apelar a la lógica. Se queda en la ironía, al decir: “‘Personas que menstrúan’. Estoy seguro de que había una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?”. La palabra es “woman”, por supuesto; “Mujer”.

Pero frente al discurso identitario no cabe ninguna crítica, aunque sea en forma de ironía. De modo que la escritora fue duramente criticada. Al día siguiente, en otro tuit, puntualizó: “Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”.

¿Por qué esa mención a los transexuales? Porque si el sexo es algo real, no ficticio ni arbitrario, se puede entender que los transexuales no son mujeres, sino hombres transformados en mujeres. ¡Aunque no menstrúen! Señalar que la división entre hombres y mujeres es real, o más bien que responde a una división previa, natural, supone caer en un delito de odio, según sus críticos. Por eso se ve obligada a puntualizar que “no es odio decir la verdad”.

Las apelaciones de Rowling a lo que hasta hace nada era puro sentido común basado en la ciencia, ha provocado una serie de reacciones histéricas. Eddie Redmayne y Emma Watson han criticado a la autora. Salen en defensa de los transexuales, como si ella los hubiera criticado. No son biólogos ni antropólogos, sino actores que han sido contratados por la productora de las películas de Harry Potter. Se han visto en la necesidad de actuar así para sacudirse la mancha del sentido común de J. K. Rowling. George Takei, con sus súper poderes de actor, ha declarado que Rowling es “científicamente ignorante” por defender “el, así llamado, sexo biológico”. Algunos empleados de Hachette han amenazado con dimitir si la editorial publica el próximo libro de J. K. Rowling.

Ella respondió con un artículo, publicado en una web propia, en el que contaba lo siguiente: “Para aquellos que no lo sepan: el pasado diciembre tuiteé mi apoyo a Maya Forstater, una especialista en impuestos que había perdido su trabajo por lo que se consideraban «tweets transfóbicos». Ella llevó su caso a un tribunal laboral y le pidió al juez que dictaminara si la creencia filosófica de que el sexo está determinado por la biología está protegida por la ley. El juez Tayler dictaminó que no lo estaba”.

En el artículo recoge su interés por estudiar “la identidad de género y lo referido al transgénero”, un interés que le llevó a conocer a Magdalen Berns, una feminista, lesbiana, que creía “en la importancia del sexo biológico. Y que pensaba que no se debía considerar intolerantes a las lesbianas por no querer salir con mujeres trans, con pene”. Y explica la oposición que hay entre los transexuales y las feministas. Ciertamente, si cualquier hombre puede ser una mujer, los objetivos del feminismo de tercera ola quedan algo desdibujados.

Lo que nos hemos reído de la cultura bizantina con sus discusiones sobre el sexo de los ángeles, y ahora asistimos al desconcierto sobre la definición del sexo de los demás. Somos espectadores de la construcción de un espectro de géneros; géneros que se cuentan por decenas. El género se desvincula de la realidad, y entra en el terreno puramente subjetivo.

Yo no niego el derecho de nadie de seguir ese curso, y respeto a los que eligen para sí cualquiera de las etiquetas que prefieran llevar, así como la forma que elijan de vivir su sexualidad. Ese no es el problema, sino que algunos de quienes defienden ese derecho para sí, se lo niegan a los demás.

Tienen la pretensión de imponerse simplemente porque sí, y no aceptar ninguna opinión en contrario, lo cual incluye a los veredictos de la ciencia. No entra en el terreno del debate, sino en el de la descalificación, el oprobio y la condena social. Y, como mecanismo de solidaridad tribal entre sus miembros, atávicas manifestaciones de odio hacia el discrepante. Es un histerismo de género, un fenómeno digno de estudio por varias ciencias.

Grandes dueños dominantes

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí esta llamada en la portada de El País: “Los grandes dueños de la publicidad. Cinco agencias dominan el mercado”. Este tipo de retórica es tan habitual como engañosa.

El mercado no tiene dueños, y por lo tanto nadie lo domina. Recordemos que dominio significa “poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo”. Pero nadie es dueño de la publicidad en ninguno de los sentidos de la noción de propiedad.

En realidad, “usar y disponer” de una determinada actividad económica es algo que solo está al alcance del poder político cuando no hay mercado. Digamos, el poder está en condiciones de usar y disponer de los bienes de los ciudadanos, y con esos bienes puede dedicarse a financiar, por ejemplo, las televisiones públicas, o privadas. En ese caso quizá podría valer la retórica que habitualmente se emplea para hablar del sector privado.

El sector público, por tanto, sí que sería “dueño”, pero porque tiene la capacidad de usurpar legítimamente la propiedad de otros dueños, los propietarios originales, algo que nadie más puede hacer.

También es habitual ignorar los efectos de la competencia sobre la supuesta propiedad de los mercados a cargo de las empresas privadas, así como exagerar la fuerza de las empresas grandes. Pero, precisamente, el mercado se define porque existe libertad de entrada, en cuyo caso ni el número de empresas activas en él ni su tamaño constituyen garantía de dominio de ningún tipo. Todos recordamos casos de empresas cuyas ventas representaban un elevado porcentaje de la actividad y cuyo peso no las protegió frente a recién llegados más pequeños, pero también más competitivos. Pensemos solo en IBM o en Panam.