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Teoría fiscal del nivel de precios (III): interacciones entre la política fiscal y la monetaria

En los dos artículos previos de esta serie, explicamos los elementos esenciales de la TFNP: cómo la política fiscal puede generar inflación, el papel de las expectativas en dicho proceso, así como el rol de los tipos de interés del banco central en ella, entre otros. Concretamente, en el artículo anterior concluimos que no solo que la política fiscal ha de ser tomada en cuenta en los modelos macroeconómicos, sino que la interacción de esta con la política monetaria arroja implicaciones muy relevantes sobre el nivel de precios. Dado que ya hemos podido desarrollar una comprensión de los modelos esenciales de la teoría, nos encontramos en condiciones de reflexionar de forma introductoria sobre las implicaciones de este modelo del nivel de precios sobre las políticas fiscal y monetaria.

Activos financieros, activos reales y patrones monetarios

En un patrón monetario constituido meramente por activos reales, el valor del dinero dependería del valor descontado de los servicios que se espera que dichos activos puedan proporcionar. Si se espera que el oro, verbigracia, vaya a devenir más líquido en el futuro –gracias a la mayor utilización derivada de los efectos red, verbigracia (Blasco, 2024)–, entonces su utilidad marginal de la unidad monetaria se incrementará. Este crecimiento del valor del activo real que actúa como dinero se verá reflejado en un nivel de precios inferior, y viceversa, puesto que el valor del dinero es la inversa del nivel de precios. 

Por el contrario, si un patrón monetario está entera o parcialmente constituido por activos financieros, el valor de estos activos monetarios no solo vendrá determinado por el de los activos a los que da derecho, sino también por las expectativas de repago del agente emisor de dicho pasivo. Dicho de otro modo, cuando los activos financieros devienen activos monetarios, la confianza que los agentes económicos tienen sobre el agente o agentes emisores jugará un papel fundamental (Rallo, 2019).

El papel de la moneda fiat

El patrón fiat se caracteriza, precisamente, por una moneda emitida por el Estado –la moneda fiat– que constituye la base del sistema monetario, a partir de la cual se emiten sustitutos monetarios pagaderos en última instancia por la moneda fiat. Como ya explicamos en el artículo introductorio a la TFNP, la moneda fiat es una deuda más del Estado: un activo financiero que da derecho a compensar deudas tributarias con esta entidad.

¿Por qué es tan necesaria esta distinción entre activos reales y financieros en el caso de la moneda fiat? Porque en un sistema constituido por las deudas de uno o más agentes –como en este caso–, la solvencia de los emisores es esencial para entender el valor del dinero y, por ende, el nivel de precios. En suma, el dinero se manifiesta a través de diferentes tipos de activos, cuya naturaleza afecta indefectiblemente a la determinación de su valor como activo monetario. En palabras de Carlos Bondone (2012):

Precisamente, no advertir esa diferencia crucial que existe entre moneda bien presente y moneda bien futuro es lo que llevó a todo el pensamiento económico previo a la TTE [Teoría del Tiempo Económico] a asignar al dinero-moneda (tratado como entidad única: en tanto es moneda todo lo que cumple la función de moneda) características especiales. Actitud que llevó también a generar teorías especiales (ad hoc), lo que constituyó todo un camino plagado de violaciones a los principios científicos de la economía (pg. 30).

La política fiscal y el valor de la moneda fiat

Si el oro o cualquier otro activo real ejerciera como la base del sistema y los sustitutos monetarios fueran emitidos de forma descentralizada –como sugiere el patrón monetario propuesto por los partidarios de la banca libre–, entonces no cabría abordar la solvencia esperada del Estado a la hora de explicar el valor del dinero, pues su credibilidad no afectaría ni a la circulación ni al valor de estos activos monetarios emitidos por entidades no estatales. 

Si volvemos al modelo intertemporal con el que concluimos el artículo anterior, observaremos que sus implicaciones son precisamente las mismas: el valor de la moneda fiat se ajusta al valor presente de los superávits futuros esperados. En este sentido, unas expectativas optimistas sobre la solvencia esperada del Estado generan una reacción inversa en el nivel de precios: si el flujo de superávits esperados aumenta, el nivel de precios tenderá a reducirse, y viceversa.

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

Dado que la TFNP es una teoría del valor de la moneda fiat, habremos de proveer un análisis completo de la política monetaria –puesto que sabemos que esta moneda se emite centralizadamente y, en consecuencia, esta emisión se convierte en una política pública– y de la política fiscal, pues ya hemos explicado que la capacidad esperada de repago del emisor, y las expectativas en su totalidad, son relevantes para construir una teoría completa sobre el valor de la moneda fiat.

La política monetaria no es omnipotente

Prescindir de la política fiscal es un error con graves consecuencias en el ámbito académico. En la actualidad, son numerosos los teóricos que relegan a la política fiscal a un plano subsidiario. Scott Sumner (2021), defensor del monetarismo de mercado y del NGDP targeting, explica en su libro:

Bajo un patrón monetario fiat, la tasa de inflación a largo plazo es la que el gobierno desea que sea […] Esto es, porque el gobierno tiene una habilidad esencialmente ilimitada de variar la tasa de crecimiento del papel moneda [traducción propia].

Lejos de querer hacer una caricatura de la visión de Sumner, lo cierto es que este tipo de aseveraciones se encuentran enraizadas en una concepción de la política monetaria que, a juicio de la TFNP, es absolutamente errónea. Como muchos otros economistas, Sumner se sirve de las tasas de variación de las diferentes variables de la ecuación cuantitativa del dinero:

Imagen que contiene objeto, reloj

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Mediante una serie de regresiones, Sumner concluye que las tasas de crecimiento de la base monetaria y de inflación a largo plazo guardan una relación de causa y efecto, afirmando que la política monetaria determina la inflación a largo plazo (Sumner, 2021). Sin embargo, que la inflación a largo plazo esté influenciada por las tasas de crecimiento de la base monetaria no implica que la política monetaria por sí sola afecte a esa variación del nivel de precios.

Esto es, porque un flujo de superávits inferior en el tiempo se traduce en una mayor demanda agregada (mayor M) o en una menor demanda monetaria (menor V), ya que los agentes económicos prefieren atesorar en el margen un pasivo de un Estado cuya solvencia no se encuentre en entredicho, tal y como explicamos en el artículo anterior de esta serie. No todo crecimiento en la base o en la demanda monetaria guarda causas exclusivamente monetarias.

La TFNP y la política monetaria

La política monetaria no es omnipotente, pero tampoco es estéril: objetivos de tipos de interés, reservas bancarias contra el banco central, operaciones de mercado abierto… Todos estos son ejemplos de políticas que ejecutan los bancos centrales en la actualidad, y que determinan parcialmente el nivel de precios. Tener la política fiscal en cuenta, empero, sugiere ciertas conclusiones que, de lo contrario, no podríamos alcanzar. Por ejemplo, cualquier macroeconomista afirmaría que unos mayores tipos de interés del banco central reducen la inflación mediante la contracción del crédito y del gasto agregado.

Con todo, estos tipos de interés superiores implican unos gastos en intereses superiores y, a igualdad de condiciones, un menor flujo de superávits en el futuro, que ya hemos visto que pueden afectar al nivel de precios a largo plazo. Esta es una de las formas –aunque no la única– de interpretar la ecuación de Fisher, donde i es el tipo de interés nominal, r el tipo de interés real y π es la inflación esperada:

El efecto que hemos explicado sugiere que unos mayores tipos de interés, en vez de traducirse en unos mayores tipos de interés reales, incrementan la inflación esperada en el futuro, por la política y las condiciones fiscales del Estado. El nivel de deuda, en la medida en que ha de pagar unos intereses a vencimiento, influye en la distribución de los cambios en el tipo de interés nominal sobre el real y la inflación esperada. En definitiva, la TFNP atribuye funciones económicas sustanciales a la política monetaria, lo que en futuros artículos desarrollaremos como la “Teoría Fiscal de la Política Monetaria”.

Política fiscal y nivel de precios

Que el nivel de precios puede ser estable con un objetivo de inflación –siguiendo la clásica regla de Taylor, por ejemplo– es una creencia muy extendida entre los macroeconomistas (Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007). En gran parte, tras esta creencia subyace la tendencia a asumir una política fiscal pasiva, es decir, aquella en la que se ajustan los superávits en proporción 1:1 con la inflación (Cochrane, 2023), de manera que toda desviación de la tendencia general del nivel de precios se les atribuye a las modificaciones de la política monetaria.

De encontrarnos en un régimen ricardiano, a saber, aquel en el que el gobierno respalda con mayores superávits cualquier crecimiento en los niveles nominales de deuda, no se produce, ceteris paribus, un incremento de la demanda agregada como consecuencia de la emisión de estos bonos. Si concibiéramos a la deuda estatal como una acción de cualquier empresa, este tipo de régimen sería equivalente a realizar una venta de acciones, pero prometiendo de forma creíble mayores dividendos en el futuro (Cochrane, 2005).

Contra las grandes inflaciones

Por contrapartida, cuando se llevan a cabo políticas no ricardianas –mayor volumen en la venta de deuda pública sin ninguna alteración en el flujo de superávits–, el nivel de precios se ajusta: el “efecto riqueza” derivado de obtener un bien normalmente líquido como es la deuda pública a corto plazo no se ve contrarrestado por un incremento de los superávits que contrarresten esta mayor demanda agregada. 

Además, cuando la política fiscal es activa, el nivel de precios puede verse fuertemente afectado tanto en el corto como en el largo plazo. En el primero, mediante un shock de política fiscal, y, en el segundo, cuando hay un cambio a largo plazo de esta, tal y como demuestra Thomas Sargent en su artículo The End of Four Big Inflations (1983), Christopher A. Sims (2011) en su análisis sobre el fin de la inflación de los setenta en John H. Cochrane en Fiscal Histories (2022), entre otros. Todos estos artículos hacen referencia a cómo inflaciones históricamente altas finalizaron gracias a una combinación óptima de las políticas fiscal y monetaria. Sin ánimo de querer transmitir una imagen no representativa al respecto, lo cierto es que existe evidencia empírica que respalda la tesis que estamos exponiendo en este artículo, por mucho que no sea mayoritaria.

Conclusiones

En el presente artículo hemos esbozado, aunque de manera sucinta, la concepción que guarda la TFNP de las interacciones entre las políticas monetaria y fiscal, así como las razones detrás de incluir a esta última en los modelos sobre el nivel de precios, al ser esta un pasivo del gobierno o, análogamente, un derecho de los tenedores de moneda fiat a afrontar obligaciones tributarias por el valor nominal de la moneda fiat que atesoran (Rallo, 2017).

Las posibles interacciones entre las políticas monetaria y fiscal son muy numerosas, y dependerá del régimen y del marco institucional en el que cada economía se encuentre, pero hay razones suficientes –tanto desde el lado de la evidencia empírica como de la teórica– como para pensar que la política fiscal ha de ser tomada en cuenta, a pesar de que el grado de su importancia dependerá de la correlación de fuerzas entre el Tesoro y la institución encargada de la política monetaria (Cochrane, 2023). 

Bibliografía

Bondone, C. A. (2012). Teoría de la Moneda. Accedido desde <https://carlosbondone.com/wp-content/uploads/2024/05/Teoria_de_la_MonedaCarlos_Bondone.pdf>

Blasco, E. (2024). Los efectos red y la emergencia de nuevo dinero. Accedido desde <https://micajondesastre.substack.com/p/los-efectos-red-y-la-emergencia-de?utm_source=publication-search>

Cochrane, J. H. (2005). Money as stock. Journal of Monetary Economics, vol. 52(3), 501-528.

Cochrane, J. H. (2022). Fiscal Histories. The Journal of Economic Perspectives, 36(4), 125–146. https://www.jstor.org/stable/27171133

Cochrane, J.H. (2023). The Fiscal Theory of the Price Level. Princeton University Press.

Mishkin, F. S. & Schmidt-Hebbel, K. (2007). Does inflation targeting make a difference? (NBER Working Paper No. 12876). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w12876

Rallo, J.R. (2017). Contra la Teoría Monetaria Moderna: Por qué imprimir dinero sí que genera inflación y por qué la deuda pública sí la pagan los ciudadanos. Ediciones Deusto.

Rallo, J.R. (2019). Una Crítica a la Teoría Monetaria de Mises. Unión Editorial.

Sargent, T. (1983). The Ends of Four Big Inflations. En R. Hall (Ed.), Inflation: Causes and Effects (pp. 41-98). University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226313252-006

Sims, C.A. (2011). Stepping on a rake: the role of fiscal policy in the inflation if the 1970s. European Economic Review, 55(1), 48-56. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2010.11.010Sumner, S. (2021). The Money Illusion: Market Monetarism, the Great Recession and the Future of Monetary Policy. University of Chicago Press.

Serie ‘Teoría fiscal del nivel de precios’

(II) El modelo intertemporal

(I) Introducción

El lenguaje económico (XLVI): eufemismos

Eufemismo es una «manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante». En el ámbito económico, los eufemismos se utilizan frecuentemente para disfrazar la coacción, sea estatal o privada; por ejemplo, el recaudador intenta disfrazar la naturaleza violenta del impuesto empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, dar, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad en su pago. Las organizaciones criminales privadas emplean esta misma técnica, por ejemplo, miren como E.T.A. se dirigía al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]». Muchos eufemismos se han instalado en el habla cotidiana, pero nosotros llamaremos hoy a las cosas por su nombre:

Contribuyente

El impuesto no es una contribución genuina, sino un pago forzoso. El cobro de impuestos es un acto violento, mientras que la contribución —dinero, recursos, servicios— es un acto pacífico y voluntario. Por ejemplo, nadie llamaría «contribuyente» a la víctima de un atraco. Hasta 1990, también de forma eufemística, el actual impuesto de bienes inmuebles (IBI) se llamaba «contribución» urbana. En definitiva, sería más correcto decir «confiscado», en lugar de «contribuyente».

«Lo que das vuelve»

Este es el reciente eslogan publicitario del Ministerio de Hacienda cuya finalidad es reducir la natural resistencia de todo ser humano ante la confiscación de su propiedad. Es un burdo engaño hacer creer a la gente que el dinero sustraído retorna a la víctima en forma de servicios estatales: sanidad, educación, infraestructuras, etc. El primer eufemismo es que el dinero de los impuestos no se «da», sino que es arrebatado violentamente por el fisco. En segundo lugar, observamos en el lema una falacia informal llamada «abuso de imprecisión» (Vega, 2007: 196) porque no es posible comparar la utilidad de lo que «vuelve» con la desutilidad lo confiscado.

Nadie puede saber si lo recibido —en su naturaleza, cantidad y calidad— es mejor o peor que lo sustraído. Inexorablemente, unos —consumidores netos de impuestos— reciben más que lo que «dan» y otros —proveedores netos de impuestos— reciben menos. Por tanto, es falso que la sociedad en su conjunto salga beneficiada. Lo que sí sabemos es que bajo un vínculo hegemónico (Estado vs. ciudadano), el que ordena se beneficia a expensas del que obedece. Solo un vínculo contractual —mercado— proporciona utilidad a «todos» los que intercambian.

Pero supongamos (a efectos dialécticos) que el Estado devolviera al individuo un bien cuyo precio de mercado coincidiera 100% con el dinero confiscado, por ejemplo, «regalándole» un décimo de la lotería de Navidad, previa confiscación de su importe exacto (20 €) ¿supondría ello una utilidad para la sociedad? La respuesta es no. Ganarían los loteros y el propio Estado (mayor recaudación fiscal) y perderían todos aquellos que no deseaban adquirir lotería.

Pagar el sueldo a los políticos

No es cierto que los ciudadanos «paguen» el salario a los políticos o funcionarios. El proceso es éste: las haciendas confiscan el dinero a los ciudadanos y los políticos ordenan el abono de específicas cantidades de dinero (nóminas) en sus cuentas corrientes, cantidades estipuladas por los mismos mediante votación. 

Período «voluntario» de pago

El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc. 


El pago de impuestos nunca es voluntario, ni antes, ni después de la fecha límite establecida para el pago; por tanto, una denominación más correcta sería período «ordinario» de pago. 

Redistribución de la riqueza

En una economía de mercado no hay tal cosa como «redistribución». «Todos los bienes, desde un principio, son siempre propiedad de alguien. Si se quiere redistribuirlos es preciso proceder previamente a su confiscación» (Mises, 2011: 947). Hablando en román paladino: el Estado confisca la propiedad privada y luego reparte el botín. Políticos y funcionarios son los principales beneficiados.

Solidaridad

Otros eufemismos se observan en el uso indebido de los términos «solidario» y «solidaridad». Por ejemplo, «impuesto solidario» es un oxímoron, pues, al igual que la caridad, la solidaridad genuina siempre es voluntaria, y si se impone mediante la coacción legislativa, dejaría de serlo. Las leyes no pueden aumentar la bondad, su función es otra: disuasión del crimen y, en su caso, resarcir a la víctima del daño ocasionado. Según Gracía-Trevijano, la solidaridad tiene valor jurídico, moral y religioso, pero no político. Cuando se habla de «solidaridad entre las regiones», en realidad, asistimos a un mecanismo coactivo de redistribución de rentas. Y cuando, refiriéndonos al sistema de pensiones de reparto, hablamos de «solidaridad intergeneracional», estamos ante un fraude piramidal o esquema Ponzi.

Bibliografía

Constitución española de 1978.

Mises, L. (2011): La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos.

Serie ‘El lenguaje económico’

Una burbuja verde

Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana analiza las consecuencias económicas, sociales y legales de las políticas de subsidios masivos dedicados a la promoción de energías renovables en España entre los años 1998 y 2014. Durante este periodo, el país experimentó un auge del gasto público dedicado a promocionar la instalación de energías renovables, una apuesta que descuidó los incentivos propios del mercado y derivó en una burbuja especulativa, cuya corrección sigue impactando en el desempeño de la economía española.

Entre 1998 y 2014, las energías renovables en España pasaron de 5.000 MW a 40.000 MW de capacidad instalada. Este crecimiento estuvo impulsado por políticas como las Feed-In-Tariffs, que garantizaron precios superiores al mercado para las energías limpias. En total, los compromisos de retribución para todo el periodo pueden llegar a superar los 300.000 millones para el periodo 2000-2038.

Debido a esta apuesta volcada en el lado de la demanda, los precios de la electricidad en España crecieron un 62% entre los años 2007 y 2013, más del doble del promedio europeo. Además, el déficit de tarifa acumulado durante este período alcanzó los 40.000 millones de euros, generando una deuda que los consumidores siguen amortizando en sus facturas.

El informe, titulado Una burbuja verde, destaca que las políticas renovables no solo afectaron a los consumidores, sino también a la industria española, que perdió competitividad debido a los altos costes energéticos. De hecho, el mismo sector de energías renovables perdió más del 50% de sus empleos tras el estallido de la burbuja, pasando de 143.000 puestos en 2008 a 75.000 en 2015.

La corrección de la burbuja en 2013, mediante recortes retroactivos de las tarifas garantizadas, desencadenó una ola de litigios internacionales. Hasta la fecha, España ha sido condenada en más de 25 procedimientos de arbitraje y, a finales de 2024, las empresas afectadas reclamaban cerca de 1.900 millones de euros al país.

El informe subraya que las políticas energéticas deben equilibrar los objetivos medioambientales con la sostenibilidad económica y la seguridad jurídica. Abogar por un enfoque de mercado, que promueva la innovación y reduzca los costes mediante la competencia, es esencial para evitar repetir errores pasados y fomentar un crecimiento racional de la actividad energética y del conjunto de la economía.

El informe al completo se puede descargar haciendo clic aquí.
Para leer la versión en inglés, puede hacer click aquí.

Fiscalidad y descarbonización

El Instituto Juan de Mariana presenta “Fiscalidad y descarbonización: una propuesta climática capaz de aumentar la competitividad fiscal y la libertad económica”. Los mensajes centrales del documento son los siguientes:

  • Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido con fuerza, pero poner en marcha las propuestas de decrecimiento que se plantean como respuesta sería un paso atrás que hundiría la producción y, con ello, el bienestar. La propia pandemia del coronavirus sirvió como ensayo del efecto que tienen las políticas de decrecimiento: se frenó la actividad económica y las emisiones bajaron un 4%, pero la pobreza mundial aumentó en 60 millones de personas. Para España, una estrategia de decrecimiento reduciría un 24% el PIB, según estimaciones de Fedea.
  • La fórmula más apropiada para compaginar la descarbonización con el bienestar social y la prosperidad económica pasa por impulsar la libertad de mercado. En el Índice de Desempeño Medioambiental de la Universidad de Yale, la puntuación cosechada por las economías más abiertas se sitúa un 64 por ciento por encima de la nota asignada a los países con menos libertad de mercado.
  • Una mayor libertad económica propicia un mayor nivel de desarrollo y, al mismo tiempo, un país más rico tiene más posibilidades de reducir con éxito la huella medioambiental de su producción. En los quince últimos años, la evolución de las emisiones de CO2 se han reducido un 14% en los países con mayores niveles de renta, con una caída del 20% en términos per cápita. Las investigaciones encuentran que elevar en un 1% los niveles de libertad económica reduce un 0,3% las emisiones de carbono.
  • No es sensato plantear la gestión climática como un asunto apocalíptico al que se deben dedicar ingentes recursos económicos. El Premio Nobel de Economía especializado en asuntos medioambientales, William Nordhaus, estima que el coste de los escenarios climáticos oscila entre el 1% y el 2% del PIB. Por lo tanto, en vez de plantear grandes programas de gasto, lo más sensato y eficiente es formular propuestas de descarbonización inteligentes, eficientes y pegadas a la realidad.
  • Para acelerar la descarbonización, se propone la puesta en marcha de los llamados fondos de aceleración de la descarbonización o FAD. Se trata de instrumentos financieros diseñados para incentivar la inversión en propiedades, plantas o equipos. Las empresas que aporten capital a estos fondos no pagarían impuestos sobre las rentas o intereses generados por esta vía, lo que reduciría los costes de capital y abarataría, en la práctica, el coste de realizar nuevas inversiones empresariales. Como es lógico, la renovación de la dotación de capital permite generalizar nuevas soluciones más eficientes, limpias e innovadoras, lo que tiene el efecto de acelerar la actividad económica y, en paralelo, recortar la intensidad energética de la producción.
  • Como reformas complementarias a los llamados fondos de aceleración de la descarbonización, se podrían implementar reglas que permitan la depreciación plena e inmediata de las inversiones empresariales o cambios en el Impuesto de Sociedades que eximan de su pago en el caso de las ganancias empresariales que sean reinvertidas.
  • Asimismo, se proponen rebajas fiscales a la descarbonización o RFD centradas en los sectores que concentran el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero: a saber, la construcción, las manufacturas, el transporte, la energía y la electricidad, la industria y la agricultura. Se propone la bonificación total de las inversiones realizadas en tecnologías o equipamientos que permitan reducir las emisiones de la producción, hasta permitir un ahorro equivalente a cinco puntos porcentuales del tipo general del Impuesto de Sociedades. El coste fiscal de la medida rondaría los 6.000 millones, de modo que su encaje presupuestario es manejable.
  • Otras propuestas fiscales que podrían facilitar la descarbonización pasarían por (1) dejar libres de impuestos los beneficios obtenidos por empresas que desarrollen tecnologías disruptivas que faciliten una reducción agresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, entendiendo como tal una caída del 50% en relación con las tecnologías preexistentes y acotando la exención a un periodo de diez años, (2) introduciendo descuentos fiscales a la filantropía de tipo medioambiental, en línea con las normas aplicadas en países como Estados Unidos donde se incentiva la financiación privada de proyectos de conservación, o (3) dejar libres de impuestos las operaciones de compra-venta de participaciones en empresas participantes en aquellos sectores que concentran el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, para facilitar una mayor inversión y competencia en dichas ramas de actividad.

El informe al completo se puede descargar haciendo clic aquí.
Para leer la versión en inglés, puede hacer click aquí.

Hitler, ¿un revolucionario anticapitalista?

Por Stefan Beig. El artículo Hitler, ¿un revolucionario anticapitalista? Fue publicado en el IEA.

A día de hoy, se considera que Hitler tenía una visión del mundo de extrema derecha. Ahora, décadas después de su publicación original, un libro que cuestiona la clasificación de la ideología política de Hitler despierta un interés creciente y está disponible en una nueva edición. El aclamado estudio de Rainer Zitelmann Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs (en español: El nacionalsocialismo de Hitler) revela que Hitler no se identificaba ni con la derecha ni con la izquierda, sino más bien como un revolucionario anticapitalista que no sentía más que desprecio por los intereses burgueses y conservadores. Daba gran importancia a las cuestiones sociales y a la igualdad de oportunidades y, a medida que envejecía, llegó a expresar su admiración por la economía planificada soviética.

El libro es un «longseller», pues se ha vendido con éxito durante muchos años. Cuando fue publicado por primera vez por Berg-Verlag hace 37 años, atrajo principalmente a historiadores. En los últimos años, ha suscitado el interés de un público cada vez más amplio, ajeno al mundo especializado, tanto dentro como fuera del país. Hitler. Selbstverständnis eines Revolutionärs de Rainer Zitelmann es una exploración en profundidad del pensamiento y las creencias íntimas de Adolf Hitler. A través de un meticuloso análisis de los discursos y escritos de Hitler, la primera tesis doctoral de Zitelmann, que le valió el doctorado en Historia en 1986, se ha consolidado como un estudio definitivo sobre la visión del mundo del líder nazi.

Hasta la fecha se han publicado varias ediciones en alemán de la obra. El interés por la obra también crece a escala internacional: el estudio ya se ha publicado en inglés y recientemente se ha editado en ruso y checo. Actualmente, se están realizando traducciones al polaco, español, portugués e italiano, a las que seguirán otras en breve.

Un estudio matizado con conclusiones inesperadas

El libro de Zitelmann se distingue de las obras de otros historiadores en varios aspectos. En primer lugar, distingue muy cuidadosamente entre el Hitler de los años veinte, el de los treinta y el de los cuarenta. Otros autores tienden a adoptar un enfoque general de la visión del mundo de Hitler a partir de 1919, como si el líder del NSDAP tuviera una única visión coherente del mundo desde el principio. Esto no es cierto. Rainer Zitelmann identifica varios cambios y evoluciones en la forma de pensar de Hitler, hasta los últimos años de su vida.

En segundo lugar, la valoración que Zitelmann hace de Adolf Hitler es sobria y objetiva, sin emitir nunca juicios de valor. Por razones comprensibles, muchos estudiosos siguen teniendo dificultades para mantener una postura tan neutral y libre de prejuicios a la hora de evaluar a uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad. Sin embargo, la clara separación entre el análisis de los hechos y la opinión personal refuerza el rigor académico del libro y evita caer en la misma trampa que otros biógrafos de Hitler, muchos de los cuales sacan conclusiones precipitadas basadas en juicios morales. Además, Zitelmann consigue en todo momento desvincular claramente su estudio de sus propias convicciones políticas (entonces de izquierdas). (En la actualidad, Zitelmann es miembro del Partido Demócrata Libre (FDP) alemán y partidario del liberalismo clásico).

En tercer lugar, las conclusiones del estudio son bastante sorprendentes: rebaten la categorización tradicional de Adolf Hitler a la derecha del espectro político. Según Zitelmann, Hitler era tanto un extremista de derechas como de izquierdas. Como líder del NSDAP, pretendía trascender esta dicotomía, «pero no en el “medio”, sino mediante un nuevo extremo en el que ambos se sublimaran». Además, Hitler se consideraba a sí mismo un revolucionario y tenía a los socialdemócratas y a los comunistas en mayor estima que a los conservadores, a la burguesía e incluso a sus aliados fascistas como Benito Mussolini y Francisco Franco. Inicialmente en el ala izquierda del espectro político, Hitler conservó muchas de sus convicciones hasta el final.

Socialistas y comunistas: ¿la verdadera fuerza opositora al nacionalsocialismo?

Según la valoración convencional de Hitler como político de extrema derecha, la izquierda habría sido la verdadera oposición política al nacionalsocialismo. A primera vista, este punto de vista parece plausible, sobre todo teniendo en cuenta la persecución generalizada de socialistas y comunistas en el Tercer Reich.

En conjunto… es incontestable que los comunistas y los socialdemócratas tuvieron que soportar los mayores sacrificios. Mientras ellos eran torturados y asesinados en los campos de concentración, los burgueses de derechas y las fuerzas capitalistas seguían ganando mucho dinero en el Tercer Reich.

Rainer Zitelmann

Adolf Hitler atacó públicamente al «bolchevismo judío» en varias ocasiones, y algunos estudiosos identifican esta animadversión como el principal catalizador de sus creencias antisemitas. Además, y esto es indiscutible, existe una contradicción fundamental (de la que el propio Hitler era muy consciente) entre el nacionalismo de Hitler y el internacionalismo del socialismo.

Para intelectuales de izquierdas como Max Horkheimer, el principal filósofo de la Escuela de Fráncfort, estaba por tanto claro: el nacionalsocialismo era fascismo, de acuerdo con la definición de fascismo proporcionada por Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista, que lo describía «como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero».

Esta tesis profundamente ideológica persiste hasta nuestros días, a pesar de que hace tiempo que ha sido desmentida por la investigación histórica. No obstante, la reputación de la izquierda como verdadera antítesis del hitlerismo ha otorgado a menudo credibilidad a sus análisis del nacionalsocialismo. Sin embargo, Zitelmann, él mismo maoísta en su juventud, llega a una conclusión completamente diferente en su estudio. Llega a la conclusión de que Hitler tenía mucho más en común con la izquierda de lo que generalmente se supone.

¿Qué pensaba realmente?

El análisis de Rainer Zitelmann se basa principalmente en dos de los libros de Hitler -Mein Kampf (1925) y su Segundo Libro (1928), que no llegó a publicarse en vida- junto con innumerables discursos, artículos periodísticos y grabaciones de sus monólogos y conversaciones.

Como señala Zitelmann, los discursos públicos de Adolf Hitler deben leerse con precaución. Tomar sus palabras al pie de la letra puede llevar a conclusiones contradictorias, ya que el líder del NSDAP decía cosas diferentes según la ocasión, el momento y el público. Hitler era también un hábil populista, que adaptaba sus mensajes a los diferentes grupos destinatarios y a sus respectivos intereses. Era muy diferente dirigirse a campesinos, obreros o industriales. «En esto era un maestro de la demagogia y a menudo conseguía engañar tanto a sus partidarios como a sus oponentes sobre sus verdaderas opiniones e intenciones», subraya Zitelmann.

Como Hitler creía que las masas eran estúpidas, sus discursos seguían un patrón simple de «blanco/negro» y «bueno/malo». Sin embargo, sus declaraciones en privado demuestran que su pensamiento sobre ciertas cuestiones era mucho más matizado. En sus primeros discursos y artículos, así como en sus dos libros, Hitler expresó sus objetivos de política interior y exterior a largo plazo con una franqueza asombrosa, señala Zitelmann.

Ataques a Benito Mussolini y Francisco Franco

Para distinguir entre las declaraciones de Hitler motivadas tácticamente y las que deben tomarse en serio y al pie de la letra, Zitelmann las somete a tres «pruebas de coherencia». Compara las declaraciones públicas de Hitler con las que no estaban destinadas al público, las realizadas a puerta cerrada, registradas en actas y diarios de colaboradores cercanos. Este análisis revela disparidades significativas. Por ejemplo, Hitler criticó con frecuencia a Mussolini y más tarde al dictador español Franco en conversaciones privadas, algo que nunca hizo en la misma medida en público. Al mismo tiempo, Hitler mostraba admiración por socialistas y comunistas dentro de su círculo íntimo, mientras que no expresaba más que desprecio por los partidos burgueses y conservadores.

El partido empresarial DVP (Partido Popular Alemán), fue menospreciado por Hitler como un mero «hormigueo», con sus miembros considerados «inofensivos, sin importancia, políticamente sin fuerza; solo vegeta». El veredicto de Hitler sobre el liberal Partido Democrático Alemán (DDP) fue aún más mordaz. Lo llamó «una llaga apestosa dentro de la nación». En cambio, se mostró mucho más positivo hacia el Partido Socialdemócrata (SPD): «El pueblo alemán es racialmente más impecable y mejor convive en la socialdemocracia». Valoraba al SPD como un partido revolucionario y esperaba antes de la Primera Guerra Mundial que los socialdemócratas de Austria provocaran un «debilitamiento del régimen de los Habsburgo que tanto odiaba.» Según las propias notas de Hitler, el hecho de que se apartara de los socialdemócratas se debió a la influencia de los judíos dentro del partido.

Las ideas fijas de Hitler

Además, Zitelmann distingue entre las declaraciones realizadas por Hitler en momentos concretos o ante audiencias particulares, y las realizadas de forma sistemática a lo largo de su carrera política ante todas las audiencias. Las primeras tenían a menudo motivaciones tácticas, mientras que las segundas pueden considerarse un reflejo más fiel de las verdaderas convicciones de Hitler. Por ejemplo, a finales de la década de 1920, Adolf Hitler apeló a los votantes rurales con visiones románticas de la vida agraria, pero esta estrategia fue efímera y estuvo claramente motivada por consideraciones tácticas.

En tercer lugar, Zitelmann examina la coherencia de las declaraciones de Hitler, concretamente si ciertas afirmaciones contradicen las creencias que expresó en otros lugares. Es importante señalar que había temas coherentes en la ideología de Hitler, que servían como principios fundacionales de los que se podían derivar sus demás opiniones. El más importante de estos axiomas fundamentales era su concepto de la «lucha eterna», que para él se basaba en el darwinismo social: «Considero que la lucha es el destino de todas las criaturas».

Un revolucionario que une nacionalismo y socialismo

Zitelmann reconstruye y traza la evolución de la visión del mundo de Hitler con un gran número de citas, a veces sorprendentes. Según su análisis, el líder del NSDAP se veía a sí mismo como un revolucionario cuya misión era transformar la sociedad. Hitler creía que esta transformación sólo podía lograrse con una élite combatiente, un grupo que, en su opinión, sólo podía encontrarse en los márgenes del espectro político, entre comunistas y nacionalistas, y no entre los «colgados» pasivos del centro burgués.

Hitler admiraba el comunismo porque, a diferencia de las fuerzas burguesas, defendía «fanáticamente» una visión del mundo. Quería llevar a cabo su revolución con partidarios del campo comunista y nacionalista. En 1941, recordaba: «Mi partido en aquel momento estaba formado en un noventa por ciento por gente de izquierdas. Sólo podía utilizar a gente que hubiera luchado». (Es probable que el porcentaje sea una exageración).

Hitler: nacionalismo = socialismo

Para Hitler, «nacionalismo» y «socialismo» eran idénticos.

Toda idea verdaderamente nacional es social en última instancia, es decir, quien esté dispuesto a comprometerse con su nación tan completamente que realmente no tenga ningún ideal más elevado que sólo el bienestar de ésta, su nación, … es un socialista…

Cuanto más fanáticamente nacionales somos, más debemos tomarnos a pecho el bienestar de la comunidad nacional, eso significa que más fanáticamente socialistas nos volvemos.

Adolf Hitler

Al mismo tiempo, Hitler «rechazaba tajantemente el nacionalismo burgués porque identificaba los intereses egoístas de clase y de lucro con los intereses de la nación», y Hitler también quería trascenderlos. En palabras del propio Hitler: «el socialismo se convierte en nacionalismo, el nacionalismo en socialismo… No reconocemos el orgullo de estamento, tan poco como el orgullo de clase. Sólo conocemos un orgullo, el de ser servidores de un pueblo». Dentro de esta nación, Hitler quería llevar a cabo la igualdad buscada por el socialismo: «El socialismo sólo puede existir en el marco de mi nación» porque «sólo puede haber iguales aproximados dentro de un cuerpo nacional, en comunidades raciales más grandes, pero no fuera de ellas.»

Siempre fue anticapitalista, pero sólo esporádicamente antibolchevique

Contrariamente a lo que se ha supuesto durante mucho tiempo, las cuestiones sociales desempeñaron un papel importante en el pensamiento de Hitler. Estaba profundamente preocupado por promover la igualdad de oportunidades y eliminar las distinciones sociales y de clase. Al mismo tiempo, Hitler era un anticapitalista acérrimo. Una creencia que impregnaba su pensamiento de forma coherente, en lugar de ser una mera maniobra táctica, como sugirieron en la década de 1920 algunos marxistas y socialdemócratas, para quienes la retórica anticapitalista de Hitler planteaba un problema. Como demuestra Zitelmann, el anticapitalismo fue una característica definitoria del pensamiento de Hitler en todo momento. No hay contradicción aquí entre Hitler en público y Hitler en privado. El anticapitalismo fue un hilo conductor constante, desde el principio de la carrera política de Hitler hasta el final.

No puede decirse lo mismo de la actitud de Hitler hacia el «bolchevismo judío». Según Zitelmann, Hitler creía en esta ideología a principios de los años 20. A finales de los años 20, su convicción había empezado a flaquear. Y en los años 40 se limitó a defender de boquilla la tesis del bolchevismo judío, defendiéndola públicamente sin tomársela en serio.

El historiador Thomas Weber llegó a una conclusión similar hace unos años en su libro Becoming Hitler: The Making of a Nazi. Según Weber, Hitler no veía el bolchevismo como una amenaza distinta, sino más bien como una herramienta del capitalismo judío.

Sólo veía a los comunistas como rivales, aunque la oposición más peligrosa procedía de la derecha

Por tanto, quien interprete las declaraciones antibolcheviques de Hitler como prueba de un fascismo reaccionario y chovinista se equivoca. Sin embargo, el hecho de que Hitler persiguiera más a la izquierda que a las filas de la burguesía «no tiene nada que ver con la preferencia de Hitler por la derecha, sino todo lo contrario. Consideraba a las fuerzas derechistas y burguesas como cobardes, débiles, sin energía e incapaces de cualquier resistencia. Mientras, suponía que la izquierda tenía las fuerzas valientes, valerosas, decididas y, por lo tanto, peligrosas.» Hitler consideraba el nacionalsocialismo como un movimiento revolucionario en competencia con los comunistas. Por tanto, consideraba a los comunistas como sus únicos adversarios serios. 

Posiblemente se trataba de una suposición errónea. Como señala Zitelmann:

La única oposición efectiva a Hitler, en realidad, representada por fuerzas conservadoras y en parte también monárquicas como Ludwig Beck, Franz Halder, Hans Oster, Erwin von Witzleben, Carl Friedrich Goerdeler, Johannes Popitz, el conde Peter Yorck von Wartenburg y Ulrich von Hassell, se situaba a su derecha.

Sebastian Haffner

El renombrado periodista Sebastian Haffner expresó una opinión similar en 1979:

La única oposición que realmente podría haber llegado a ser peligrosa para Hitler procedía de la derecha. Desde su posición ventajosa, estaba a la izquierda. Esto nos hace pararnos a pensar. Hitler no puede clasificarse tan fácilmente en la extrema derecha del espectro político, como mucha gente tiene la costumbre de hacer.

Sebastian Haffner

El 24 de febrero de 1945, ante el fracaso total e irreversible del Tercer Reich, Hitler declaró: «Liquidamos a los luchadores de clase de izquierdas. Pero desgraciadamente olvidamos entretanto lanzar también el golpe contra la derecha. Ese es nuestro gran pecado de omisión». Intentaba encontrar una explicación a su inminente derrota. De hecho, como subraya Rainer Zitelmann, fue la adhesión de Hitler a sus creencias ideológicas lo que le impulsó a no actuar contra los oponentes de derechas que tanto despreciaba, y no un mero descuido.

El Estado necesitaba «espacio vital en el Este»

Las políticas económicas de Hitler estaban muy influidas por el célebre economista Thomas Robert Malthus. Malthus sugería que el crecimiento de la población superaría a la producción agrícola, lo que provocaría posibles hambrunas, malestar social e inflación. Él extendió esta teoría a la producción industrial, prediciendo que la demanda de recursos naturales superaría a la oferta. A diferencia de Malthus, Hitler creía que la solución a este problema residía en la expansión territorial. Sostenía que si un Estado carecía de recursos suficientes dentro de sus fronteras, debía adquirirlos de Estados vecinos, escasamente poblados y con abundantes tierras fértiles. Esta ideología alimentó su fijación por adquirir «espacio vital en el este».

Con esto en mente, el 23 de noviembre de 1939, Hitler declaró a sus comandantes en jefe:

El creciente número de nuestro pueblo requiere un mayor espacio vital. Mi objetivo es establecer un equilibrio racional entre el tamaño de la población y el espacio vital. Aquí es donde debe comenzar la lucha. Ninguna nación puede eludir este reto o, de lo contrario, deberá ceder y extinguirse gradualmente… He elegido un camino diferente: ajustar el espacio vital para acomodar a la población. Una constatación es importante: el Estado sólo tiene sentido si sirve para preservar la esencia de su pueblo. En nuestro caso, hablamos de 82 millones de personas … El eterno reto es adecuar el número de alemanes a la tierra disponible.

Adolf Hitler

El dictador, inspirado en Malthus

Por cierto, la suposición de Malthus era errónea. Las poblaciones en crecimiento también pueden alimentarse mediante el aumento de la productividad y el libre comercio. El hecho de que pequeños Estados como Suiza y Singapur se encuentren hoy entre los países más ricos del mundo habla por sí solo. Pero a Hitler no le interesaba el libre comercio y tenía una visión pesimista del futuro del comerciJoo mundial. Este sentimiento era compartido por muchos políticos de su época que, como él, abogaban por la autosuficiencia, pero sin dar prioridad a la expansión de sus propios territorios.

Su actitud hacia la propiedad privada de los activos productivos es algo más complicada. Prescindió de las nacionalizaciones totales. Pero sus políticas erosionaron los derechos de los propietarios al imponer un estricto control estatal sobre la producción y la inversión. Hitler creía que la propiedad privada sólo era permisible cuando servía al «bien común» y no al interés propio del empresario. Se exigía a los propietarios que alinearan sus acciones con los objetivos del Estado. De este modo, todo quedaba subordinado al Estado.

La admiración de Adolf Hitler por la economía soviética fue en aumento, sobre todo en los últimos años de su vida. Recibía informes del Frente Oriental en los que se destacaban los importantes avances logrados gracias a los esfuerzos de industrialización de Stalin. En su círculo íntimo, elogió explícitamente el sistema soviético de planificación estatal. E insinuó que debería convertirse en un componente de la economía de posguerra, en total consonancia con su nacionalsocialismo.

El libro de Zitelmann es muy recomendable para profundizar en las perspectivas políticas y económicas de Hitler. En los años transcurridos desde entonces, se han publicado cada vez más resultados de investigaciones que apoyan y validan las conclusiones originales de Zitelmann.

Ver también

Por qué Hitler adoraba la justicia social. (Jon Miltimore).

Hitler y Che Guevara, dos caras de la misma moneda. (Manuel Llamas).

Tener a Hitler para cenar. (Helen Dale).

Hitler, líder de la izquierda. (José Carlos Rodríguez).

Cómo un Estado disfuncional contribuyó a la catástrofe en Valencia

Por Mark Nayler. El artículo Cómo un Estado disfuncional contribuyó a la catástrofe en Valencia fue publicado originalmente en FEE.

Está claro a quién culpan los españoles de las devastadoras inundaciones que asolaron España el 29 de octubre, a consecuencia de las cuales 229 personas perdieron la vida y cinco siguen desaparecidas. Pocos días después de la catástrofe, cuando el presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, el Rey Felipe VI y su esposa, la Reina Letizia, visitaron la localidad de Paiporta, en la región nororiental de Valencia -la zona más afectada, en la que murieron 221 personas-, los ciudadanos les lanzaron barro e insultos.

El presidente conservador de Valencia, Carlos Mazón, también formaba parte de esta delegación no bienvenida, pero pronto se retiró junto con Sánchez tras recibir una lluvia de barro. Para los residentes locales, representan a una clase política disfuncional que no avisó con suficiente antelación de las lluvias torrenciales, y que desde entonces ha sido lenta e ineficaz en su respuesta. Esa clase superpoblada está formada por unos 300.000-400.000 políticos en total que operan en cuatro niveles de gobierno: municipal (ciudad/pueblo), provincial (código postal/condado), regional (estado) y central.

Los políticos no comparecieron cuando llegó la catástrofe

Inmediatamente después de las inundaciones, los representantes de ese gran número de políticos no aparecían por ninguna parte. Miles de voluntarios se hicieron cargo de las tareas de recuperación, algunos de los cuales representaban a grupos marginales deseosos de capitalizar la ira pública y la desilusión con el establishment. Ese sentimiento ya ha impulsado a un nuevo grupo de derechas, Se Acabó la Fiesta, a conseguir sus primeros escaños en el Parlamento Europeo, una tendencia que probablemente se verá exacerbada por la respuesta del Estado a las inundaciones.

En las consecuencias políticas de las inundaciones han surgido dos bandos: la izquierda y el centro frente a la derecha y las regiones. El centro de la disputa es la interacción entre los poderes regionales y centrales en un Estado altamente descentralizado. Las diecisiete comunidades autónomas españolas son en gran medida autónomas, salvo en tiempos de crisis, cuando Madrid puede intervenir por decreto o a petición propia.

Durante la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió la autonomía regional declarando el estado de alarma en todo el país (aunque la imposición del bloqueo mediante este mecanismo se declaró ilegal posteriormente); y en octubre de 2017, tras una declaración inconstitucional de independencia en Cataluña, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy disolvió el Parlamento catalán y tomó el control de la región.

Sánchez no le quita la gestión a la región, pese a ser disfuncional

Sánchez ha prometido 13.000 millones de euros en ayuda y ha enviado más de 17.000 soldados, guardias civiles y policías a Valencia; pero no ha declarado el estado de emergencia nacional, que permitiría a su Gobierno coordinar la misión de recuperación. En este caso, según el presidente del Gobierno, “sustituir a la administración regional reduciría la eficacia”. Una afirmación extraña, dado lo ineficaz que ha sido la respuesta regional hasta ahora.

Mazón, por su parte, afirma que estaba esperando a que la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España tomara el control tras las inundaciones; pero según el jefe de la UME, Javier Marcos, no se había solicitado ayuda. “Puedo tener 1.000 hombres en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar, legalmente, sin autorización del jefe de la emergencia”. En este caso, Mazón. Si el responsable regional hubiera elevado el nivel de alerta de dos a tres, se habría desencadenado la intervención del Estado.

El problema para Mazón es que no puede criticar a las autoridades centrales por su falta de iniciativa sin exponerse a la misma acusación. Se calcula que unas 130.000 personas acudieron a una manifestación en Valencia el 9 de noviembre para pedir su dimisión, pero hasta ahora, a pesar de ofrecer una disculpa algo floja por su gestión de la crisis, Mazón se ha negado a dimitir. Además de culpar al Gobierno central, también señala a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por su papel en la crisis.

El papel de la AEMET

Mazón afirma que la AEMET no avisó suficientemente del diluvio. Así, presumiblemente, justifica su anuncio a las 13.00 horas del 29 de octubre de que, «según las previsiones», la intensidad de la tormenta disminuiría a las 18.00 horas. Después, se fue a comer con un periodista durante cinco horas y no llegó al centro de control de emergencias hasta las 19.00 horas.

A pesar de las afirmaciones de Mazón en sentido contrario, se disponía de información meteorológica sobre el chaparrón que se avecinaba. La AEMET emitió un aviso cinco días antes de que estallara la tormenta, en el que predecía que se producirían lluvias torrenciales en la región. A las 7:30 de la mañana del 29 de octubre, emitió una alerta roja para toda Valencia, aconsejando a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos por «riesgo meteorológico extremo.»

Poco antes del mediodía, la Confederación Hidrográfica del País Valenciano alertó de desbordamientos de barrancos en el sur de la provincia. Sin embargo, los ciudadanos no recibieron alertas en sus teléfonos móviles hasta poco después de las ocho de la tarde, mucho después de que hubieran comenzado las inundaciones. Salomé Padras, consejera de Interior valenciana, asegura que ni siquiera conocía la existencia del sistema de texto ES-Alert, implantado en 2023 para avisar de una catástrofe natural como esta.

La responsabilidad, tanto a nivel nacional como regional, se remonta más allá de la preparación inmediata de las inundaciones. Una de las primeras cosas que hizo Mazón tras ganar las elecciones autonómicas valencianas de mayo de 2023 (tras las cuales su conservador Partido Popular [PP] formó coalición con su aliado de derechas Vox) fue suprimir una unidad de respuesta a emergencias creada por el anterior gobierno dirigido por los socialistas.

Teresa Rivera, otra catástrofe

El otoño pasado, la alianza PP-Vox votó en contra de una propuesta de Compromís, una alianza regional de izquierdas, para hacer frente a «los crecientes riesgos de inundaciones en el Mediterráneo», una idea que el partido también planteó tres veces sólo en octubre. (La salida de Vox de la coalición en junio de este año dejó al gobierno de Mazón en minoría). Su propuesta se ignoró, a pesar de que Valencia ha sufrido graves inundaciones con anterioridad, sobre todo en 1957, cuando murieron 81 personas, y de nuevo en 1982 y 1987.

A nivel nacional, la atención se centra también en la decisión de la ministra de Medio Ambiente y vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, de desechar una iniciativa que podría haber reducido la magnitud de la catástrofe de Valencia. La propuesta de encauzar el barranco del Poyo, que causó algunas de las peores inundaciones repentinas el 29 de octubre, se aprobó inicialmente por el gobierno conservador de José María Aznar en 2009. Los sucesivos gobiernos centrales la dejaron de lado hasta que Ribera finalmente la eliminó en 2021, por considerarla demasiado cara e intervencionista desde el punto de vista medioambiental.

En el nivel más fundamental, por supuesto, las inundaciones de Valencia fueron un desastre natural, un fenómeno meteorológico extremo que habría causado enormes daños, incluso si toda la zona se hubiera evacuado de antemano. Pero no se trataba de algo sin precedentes, ni había falta de información sobre la tormenta que se avecinaba. Sus efectos destructivos se vieron sin duda exacerbados por las disfunciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional, y por una ruptura de la comunicación y el entendimiento entre ambos.

Ver también

Sobre la gestión de las catástrofes. (Miguel Anxo Bastos).

‘Todo depende de los incentivos’. (Jaime Juárez).

Katrina, un año después. (Gabriel Calzada).

Desastres naturales y teorías desastrosas. (Gabriel Calzada).

Catástrofe natural e intelectual. (Francisco Capella).

Catástrofes y anticapitalismo. (Alberto Illán Oviedo).

¿Tiene el machismo una solución política?

La historia y las fricciones geopolítica son inseparables de la realidad cultural de una región. Por ello, aunque muchas cosas se nombrarán de pasada en este artículo, no es por desidia, sino por un genuino interés en no desviarnos en interesantísimas tangentes. Probablemente una forma más sensata de empezar sería respondiendo a una pregunta elemental, ¿qué es el machismo? Consultada la RAE nos encontramos con dos definiciones: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.” y “Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón.”.

La primera no da lugar a muchas dudas. El hombre machista es aquel que manifiesta una actitud soberbia, faltona y de abierta superioridad respecto a las mujeres. Por lo contrario la segunda apela a conceptos más generalistas como la discriminación, que a diferencia de una palabra con las connotaciones negativas de prepotencia, en los últimos años se ha blandido como una suerte de hoja de doble filo, capaz de mejorar o empeorar una sociedad según cómo se use.  

El machismo como actitud

En una sociedad democrática y liberal a priori no se dispone de los medios como para combatir a la primera definición. Uno podría considerar que el machismo como una actitud es un mal necesario en una sociedad libre. Puestos el uno contra el otro en una balanza, entraríamos a analizar si el derecho a vulnerar, la libertad, es más importante que el derecho protegido, es decir, el honor de la mujer que padece dicha actitud. Nuestro ordenamiento legal tipifica y registra las distintas formas en las que se pueden cometer delitos contra el honor, amparándose en una máxima tan magnánima como la de “La libertad de un individuo termina donde comienza la de los demás”.

En ese sentido, la libertad y la igualdad ante la ley que promulga nuestra Constitución es bastante clara. Siempre que esa actitud machista no desemboque en violencia, ya sea física o sexual, o interrumpa coercitivamente la búsqueda de la felicidad de una particular, se considerará un mal necesario, la consecuencia de un marco jurídico que acoge a personas libres y responsables de sus actos.

Es por ello que no debería sorprendernos que cuándo el poder político ha tratado de combatir al machismo, haya blandido en su contra una herramienta tan subjetiva y volátil como la ofensa. Cuándo uno se ofende trasciende al acto que se ha llevado a cabo, y entra en juego la reacción que el individuo tiene respecto al mismo. No es tanto el acto en sí, sino la emoción personalísima e indemostrable que dicho acto suscita en el individuo. Cuándo el marco jurídico protege la libertad de acción de un oponente político, clamar que dicha acción es tan dañina como una coacción reequilibra dicha balanza.

La solución judicial

¿Pero por qué querría el poder político reequilibrar la jerarquía de los derechos protegidos? ¿Qué soluciones pueden llegar a plantearse? Por un lado tenemos una solución puramente judicial. Este supuesto se basa en el derecho y la interpretación de normas jurídicas vigentes, es decir, es una solución eminentemente conservadora y que confía en el ordenamiento jurídico actual. Su carácter es individualizado, limitándose a las partes involucradas de un caso particular, y su alcance es limitado a las partes implicadas, sin buscar rediseñar las estructuras sociales e institucionales.

Por el otro lado, y como una suerte de antagonista en cuánto a su forma de operar, tenemos los medios por los que se ha intentado combatir al machismo en los últimos años, que pasan principalmente por soluciones políticas. En este caso, si bien se busca la creación o modificación de leyes, también nos encontramos con la implementación de políticas públicas o estrategias gubernamentales que buscan abordar el problema de forma más amplia y sistémica. Nos encontramos aquí con un opuesto a la solución jurídica, pues estas medidas tienen un carácter claramente general y dinámico, siendo su alcance de amplio impacto social.

En algunos casos una solución judicial puede impulsar una solución política, tal y como ocurre cuando un fallo del Tribunal Constitucional obliga a los legisladores a rediseñar una ley. Pero por lo general, y en línea del interés por la ofensa ad hominem a la que me refería anteriormente, lo que provoca es un conflicto entre una realidad lógica determinada por individuos libres y una objetiva dictaminada desde el poder.

No es la actitud, es la violencia

Pero dejémonos de tecnicismos por un momento. Algo en lo que todas las partes parecen estar de acuerdo es en que la verdadera amenaza no es tanto esta actitud de superioridad, sino en cómo la misma se manifiesta en actos delictivos como la violencia o las violaciones. Se ha perpetuado un discurso abiertamente misándrico, que ha pasado bajo el radar de la indignación pública en pos de considerarse, una vez más, un mal necesario.

En los últimos años hemos podido ver cómo el deseo de proteger a las mujeres de las manifestaciones más violentas de esta actitud superioridad se han visto reflejadas en la creación de leyes como la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG). En su momento no fueron pocos los que consideraron que dicha ley suponía un retroceso judicial en aspectos como la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, alterando el equilibrio constitucional previo. Es una ley que presenta una clara asimetría penal entre hombre y mujeres, merma las garantías procesales a través de un uso intensivo de las medidas cautelares (órdenes de alejamiento o la prisión provisional) y terminó provocando una inversión en la carga de la prueba.

Ley integral contra la violencia de género

Abandonando de nuevo los tecnicismos, el mero hecho de que la LIVG establezca una diferenciación jurídica explícita basada en el género del agresor y la víctima, supone una contradicción del principio constitucional de igualdad ante la ley. Tampoco cabe olvidar que ya han pasado veinte años desde la implantación de esta ley, dando pie a chapuzas como la polémica ley del “solo sí es sí”, el desarrollo de tribunales especializados, la progresiva ampliación del concepto de violencia de género y la creación de un ministerio de igualdad.

¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Pueden todas estas medidas defenderse con datos?

Pues la verdad es que no. En los últimos años las estadísticas han mostrado un incremento ya no solo en el número de agresiones sexuales denunciadas, sino en las atendidas. En el Hospital Clínic de Barcelona se han atendido a 624 víctimas de agresiones sexuales entre enero y octubre de 2024, representando un aumento del 12% respecto al año anterior. Cabe tener en cuenta que más allá de la la reforma legal, se han destinado ingentes recursos tanto a la protección y apoyo de las víctimas como a la concienciación social, que pese a todo han desembocado en estos tristes resultados.

Los objetivos políticos vs las causas reales

No hay que olvidar que la alteración de la fórmula praxeológica inherente a la forma de actuar de la administración pública, lleva a que la misma actúe por los motivos erróneos, lo que en la mayoría de los casos desemboca en la consecución de los objetivos equivocados. Un empresario, por ejemplo, crea puestos de trabajo como un medio para expandirse y hacer frente a una demanda creciente, mientras que un político ve la creación de los mismos como un fin en sí mismo.

En ese sentido, el diseño de todas estas medidas políticas de lucha contra el machismo a priori parece un plan redondo, pues no solo se combate una situación injusta y peligrosa, sino que en el camino se crean puestos de trabajo y se reeduca campañas masivas, financiadas por supuesto a través del gasto público. Sin embargo esto desemboca en la creación de las tan temidas redes clientelares, que al final del día serán defendidas por sus beneficiarios, por mucho que sus objetivos disten mucho de cumplirse.

Tampoco cabe desdeñar la importancia de la superioridad moral. La lucha contra el machismo se ha aderezado siempre con una importancia trascendental y con una manifiesto maniqueísmo. El partido que defienda tales medidas, el que coloque una gigantesca pancarta contra la violencia de las mujeres y el que más gaste en puntos violetas es el más virtuoso. Por lo contrario, cualquiera que se oponga a dicho modus operandi es un misógino que lucha contra el progreso, por mucho que la implementación de todas estas medidas culmine en una sociedad más injusta y en unas mujeres más indefensas.

Íñigo Errejón

Especialmente relevante resulta el reciente desliz de Iñigo Errejón contra la misma ideología de género que él mismo puso en la primera línea del debate político. No fueron pocos los que dijeron aquello no era ninguna incoherencia, que el machismo puede manifestarse en hombres tanto de izquierdas como de derechas, si bien sus propios discursos llevan años recogiendo que el hombre de derechas, o simplemente aquel no afín a sus principios, es más misógino, y por lo tanto más propicio a llevar a cabo los crímenes derivados del machismo. Dicho de otra forma, que uno no es machista dolosamente, sino por omisión.

Resulta también curioso las increíbles piruetas lingüisticas que Errejón ha empleado para justificar su caso. Como diría Díaz Villanueva, se expresó en perfecto perroflautés, pese a que he terminado por usar mucho el término acuñado por Tik History: ideobabble, que viene a significar algo así como el uso de ciertas palabras o ideas abstractas y apenas indistinguibles de una algarabía, con el fin de causar que la gente se someta a las mismas.

¿Los cromosomas marcan el carácter?

Sin entrar a analizar en profundidad sus declaraciones, nos encontramos una vez más la prevalencia de un discurso intangible e indemostrable: que el varón es ontológicamente malvado a menos que se legisle para lo contrario, frente a los hechos, y es que todas estas medidas suponen un lucro político muy jugoso en forma de redes clientelares y una desmantelación de las garantías legales constitucionales, sin las que los disidentes y oponentes políticos pueden ser silenciados, perseguidos y encarcelados sin obstáculos.

Dicho de otra forma, aunque las mujeres sigan padeciendo las penurias que empujaron a la creación de estas medidas en primer lugar, la utilidad política de manejar grandes cantidades de dinero y de tener la superioridad moral de señalar al adversario seguirán impulsando estas medidas, no el deseo de que estén más seguras.

¿Qué es lo que acaba con el machismo?

Reducir la violencia contra las mujeres y erosionar las actitudes que atenten contra su libertad es un cometido loable y en el que todo el mundo, sea de izquierdas o derechas, está interesado. Una polarización tan general como la de los géneros es absolutamente contraproducente en una sociedad próspera que quiere al mayor número de profesionales mejorando el día a día de los particulares, a menos claro que uses dicha polarización para elevarte moralmente o enriquecerte. ¿Pero qué se puede hacer para combatir activamente al machismo?

Si uno observa los países en los que las mujeres gozan de mayores libertades y derechos, nos encontramos con que nada impulsa el fin del machismo como el desarrollo económico, el acceso a la educación y el desarrollo de infraestructuras que faciliten el acceso a servicios legales y sociales. Si una economía es precaria, la capacidad de una mujer de abandonar una relación abusiva es limitada. Y si se crean sistemas judiciales paralelos en vez de reforzar los existentes, la protección de derechos es más difícil. Se tiende a legislar como si delitos como las agresiones o las violaciones no estuvieran tipificados antes del feminismo, cuándo lejos de trabajar sobre ellos se les ha dado un uso partidista.

Redes clientelares

Se sigue gastando en estas redes clientelares que organizarán manifestaciones, crearan puntos violetas, pondrán pancartas y harán talleres, aún cuándo no protejan a las mujeres ni mejoren sus vidas. Si estos mismos recursos se invirtieran en dar recursos a los cuerpos de seguridad y a las estructuras judiciales ya existentes, la mejora sería significativa. Es más, si el gasto público se redujera y la economía mejorara, el machismo y sus manifestaciones también se reducirían.

Hay un manifiesto redito político en pretender que todas estas medidas que se impulsan para luchar contra el machismo son la única opción viable, tanto para desmantelar el estado de derecho como para generar jugosas redes clientelares. Sin embargo, ninguna de estas medidas desemboca necesariamente en el fin del machismo o en una mejora de la vida de las mujeres.

Ver también

No hay ‘lacra machista’ en España. (Manuel Llamas).

Si no navegas, es culpa del machismo. (Daniel Rodríguez Herrera).

No, España no es un país machista. (Manuel Llamas).

El factor Y. (José Carlos Rodríguez).

Por qué nos tiene que importar la posición fiscal de nuestro gobierno

Esta no es una lista exhaustiva de motivos por los que la política fiscal nos debería de importar y seguramente tampoco una lista de los principales, pero sí algunos de los que creo que merece la pena hablar. En un mundo ideal, no se habría política fiscal (ni política). Mientras no vivamos en ese mundo, puede tener sentido hablar de cómo funciona este.

Políticas contracíclicas

En primer lugar, tenemos las políticas contracíclicas, las cuales son políticas fiscales o monetarias contrarias al ciclo económico: cuando la economía está en recesión, el gobierno debe gastar más, y cuando la economía está en auge, el gobierno debe gastar menos. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones del ciclo económico: especialmente, minimizar la caída del PIB y el aumento del desempleo, así como acelerar la recuperación. Podemos dividirlas en monetarias (si usan la oferta monetaria para actuar sobre la demanda agregada) y fiscales (si utilizan el déficit público) y en expansivas (intentando aumentar la demanda agregada) y contractivas. La política fiscal, sobre la que doy motivos para interesarse en este artículo, puede adoptar dos formas: aumentos en el gasto público o reducción de impuestos. Un aumento del gasto público pone más gasto en manos del gobierno y una reducción de impuestos pone más gasto en manos del sector privado.

Las políticas fiscales expansivas tienen un coste: el efecto desplazamiento. El aumento del gasto público se financia mediante un aumento de los impuestos. Este aumento incrementa la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de la renta disponible de las empresas- También se pueden financiar con un aumento del déficit, que también aumenta la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de las inversiones privadas.

Efecto desplazamiento y equivalencia ricardiana

Los gobiernos financian los recortes impositivos endeudándose más, lo que podría causar dos alternativas: que, como cuando aumenta el gasto público, aumente la DA y se genere efecto desplazamiento o que se dé la equivalencia ricardiana, según la cual los ciudadanos entienden que, para un nivel dado de gasto público, unos impuestos más bajos hoy significan unos impuestos más altos en el futuro y, por tanto, ahorran el dinero de una rebaja fiscal para pagar impuestos futuros. Cuando se cumple la equivalencia ricardiana, una bajada de impuestos no aumenta la demanda agregada, ni siquiera a corto plazo. Así que la equivalencia ricardiana probablemente describe a algunas personas, pero no a la mayoría. En cualquier caso, en la medida en que la equivalencia ricardiana refleja cómo planifica la gente, los recortes fiscales financiados con bonos son menos eficaces a corto plazo que en caso contrario.

La política fiscal expansiva también puede generar una deuda financiera insostenible que llegue a reducir el crecimiento real, pues al pasar un umbral de deuda, esta genera rendimientos negativos. Este umbral es la productividad marginal de la deuda o ∆PIB/∆deuda (riqueza adicional creada por 1 euro de deuda adicional). En algún momento, la productividad marginal de la deuda puede ser negativa y destruir riqueza y causar crisis. Algunos países están tan endeudados que cualquier nuevo endeudamiento público corre el riesgo de provocar un colapso económico total.

Políticas contracíclicas

Además, la deuda pública puede usarse para rescatar empresas que deberían quebrar, que al mantenerlas operativas se genera un desperdicio de recursos en la economía. Las políticas fiscales contracíclicas suelen ser muy recomendadas entre economistas, pero no muy seguidas por los gobiernos. Incluso cuando los gobiernos gastan más en las recesiones, como recomiendan los economistas, a los políticos no les gusta seguir la segunda parte de la receta: gastar menos durante los auges.

El mejor uso para las políticas fiscales contracíclicas expansivas es en el caso de que merezca la pena incurrir en costes a largo plazo para obtener un impulso económico a corto plazo, como los causados por una emergencia inmediata como una guerra o una catástrofe natural. O si existe alguna inversión pública con un retorno claramente positivo, las depresiones son el mejor momento para ejecutarlo. Idóneamente, el mercado se haría cargo de ella, pero es posible pensar que el sector esté intervenido y a corto plazo solo tenga sentido que sea el Estado el que ahí invierta.

El efecto desplazamiento en los mercados de capitales

Un motivo por el que nos debería importar la política fiscal del país es por el efecto desplazamiento. Supongamos que, como en la mayoría de los años de la historia reciente, hay un déficit público y el gobierno debe pedir prestado para financiar la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. La principal preocupación sobre los déficits públicos es que el endeudamiento del gobierno nacional podría competir con el endeudamiento de las empresas privadas. Es decir, si se utiliza una oferta fija de ahorro para financiar tanto el capital de las empresas privadas como el endeudamiento del gobierno, entonces el endeudamiento del gobierno puede desplazar el endeudamiento del sector privado y conducir a un menor nivel de acumulación de capital.

La incorporación del endeudamiento público al mercado de capitales reduce la oferta de fondos ahorrados disponibles para el mercado privado de capitales, ya que el Estado utiliza parte de esa oferta de ahorro para financiar su déficit. Por lo tanto, el endeudamiento público para financiar un déficit hace que disminuya la oferta de ahorro al mercado de capital privado, por lo que la curva de oferta se desplaza a la izquierda.

Política fiscal, integración económica y ahorro

Esta reducción de la oferta genera un tipo de interés mayor y, consecuentemente, una menor cantidad de capital demandado por los inversores. Por lo tanto, este menor nivel de capital puede reducir el crecimiento económico, al hacer que cada unidad de trabajo sea menos productiva. Así, cuando el gobierno compite con el sector privado por el ahorro privado limitado, el sector privado termina con menos recursos para financiar las inversiones de capital que impulsan el crecimiento.

Es cierto que este efecto queda mitigado por el papel de los mercados de capitales internacionales. Si un país estuviera perfectamente integrado en los mercados internacionales y su stock de ahorro no estuviese limitado por los tipos de interés, sino que es esencialmente ilimitado (es decir, que la reserva de ahorro disponible para financiar tanto la inversión privada como el endeudamiento público fuera casi perfectamente elástica, de modo que incluso pequeñas subidas de los tipos de interés exigieran un ahorro adicional) los déficits públicos solo causarían pequeñas subidas de los tipos de interés, y habría poco desplazamiento de la acumulación de capital privado por el endeudamiento público. Pero esto no es el caso ni de Estados Unidos, por lo que seguramente sí que tengas que preocuparte por las consecuencias del efecto desplazamiento.

El valor de la moneda

La política fiscal del gobierno también debería importarnos, pues es el principal determinante del nivel general de precios, como explica la Teoría Fiscal del Nivel de Precios. La TFNP entiende el dinero como acciones del gobierno. Por lo tanto, la forma de evaluar el dinero es similar a la de las acciones: calculando el descuento a presente de sus flujos de caja futuros esperados. Por la misma razón en que si crees que una acción no va a pagar dividendos dentro de 20 años, la vendes y el precio baja, si crees que el gobierno no pagará sus deudas, el valor del dinero cae. El valor del dinero fiat lo podemos obtener por el descuento de sus flujos de caja futuros esperados. Es decir, el valor del dinero fiat viene del peso de la deuda de la que nos libre.

Un gobierno que quiera mantener un nivel de precios estable deberá seguir un principio de disciplina fiscal manteniendo un presupuesto equilibrado, pues los déficits generarán inflación y con esto una caída del valor del dinero fiat. Además, la expectativa de que esta inflación no pueda ser controlada, aun sin una necesaria mayor emisión de dinero fiat, provocará una mayor caída del valor del dinero fiat, pues caerá la demanda.

Por tanto, el superávit debería ser el objetivo de los gobiernos que se preocupen por no destrozar riqueza. Los cambios en el nivel general de precios causador por el acortamiento de nuestra herramienta para medir utilidades marginales—el dinero—, suponen que tenemos que cambiar los precios relativos de todos los bienes de la economía, lo cual es costoso, pues los agentes económicos tienen que dedicarle tiempo a pensar cómo cambiar los precios, se enfrentan a información contable errónea, existen costes asociados a la renegociación de contratos y no todos los precios son igual de rígidos. 

Equidad intergeneracional

Una última razón por la que podrían preocuparnos las deudas y los déficits es la equidad intergeneracional, o el trato que reciben las generaciones futuras en relación con las actuales. Al igual que la sociedad puede preocuparse más por sus miembros más desfavorecidos que por los más acomodados, también puede preocuparse más por sus generaciones más desfavorecidas que por las más acomodadas. Al igual que los gastos comunes de una sociedad los sufragamos, como mínimo, de forma proporcional, haciendo que los más ricos sean los que más paguen, también debemos tener en cuenta la financiación de estos gastos durante varias generaciones.

Por un lado, no es justo transportar todo el peso del coste a generaciones futuras, no solo porque no hayan tenido un dicho sobre este gasto (la gran mayoría de la generación actual tampoco), sino porque nosotros lo estamos disfrutando ahora y, por tanto, algo deberíamos pagar por ello. La política gubernamental actual se caracteriza por gravar a las generaciones futuras en beneficio de las actuales, empeorando así la situación de las generaciones futuras.

Thomas Macaulay

Por otro lado, tampoco sería justo que las generaciones actuales cargáramos con todo el peso de la financiación de ciertos bienes y servicios que provea el estado. Algunas infraestructuras como las carreteras van a ser disfrutadas durante generaciones, por lo que el coste de ellas debería repartirse entre el número de generaciones que se espere que vaya a disfrutar de estas. Además, hay que tener en cuenta que el continuo aumento de la productividad en todo el mundo hace que cada generación disponga de más recursos que la anterior.

Así, aunque las generaciones futuras tendrán que hacer frente a deudas mayores, también se beneficiarán de un mejor nivel de vida (como correctamente predijo Thomas Macaulay). Al considerar la equidad intergeneracional, es posible que queramos tener en cuenta no solo la carga absoluta de la deuda, sino esa carga en relación con el nivel de vida. Sin embargo, lo que dificulta esta comparación es que el tamaño de la deuda puede determinar el nivel de vida futuro a través del crecimiento económico (motivado por el ahorro y posteriormente la inversión), y por la alteración del valor del dinero. Así, un gran déficit, puede reducir el nivel de vida de la futura generación a la que se transmite la deuda al desplazar el ahorro privado y al generar inflación.

Por lo tanto, debido a que tenemos un estado que financia su actuación mediante el cobro de impuestos y la emisión de deuda, puede considerarse que socialmente merece la pena igualar estas cargas, sin excedernos transportando parte del coste al futuro, pero sin olvidarnos que las próximas generaciones algo deberían pagar y que, al aumentar el nivel de vida, el coste relativo será menor.

Ver también

Teoría Fiscal del Nivel de Precios: una introducción. (César Táboas).

El Instituto Juan de Mariana divulga en España el Índice de Libertad Humana 2023

Esta publicación, elaborada por el Instituto Cato de Estados Unidos y el Instituto Fraser de Canadá, analiza el grado de libertades civiles, políticas y económicas vigente en los distintos países del mundo. 

España figura en el puesto 31 del ranking y es antepenúltima en la clasificación estrictamente referida a Europa Occidental.

Entre las principales conclusiones del documento, destacan las siguientes:

–  El informe toma en consideración 86 indicadores referidos a la libertad política y civil, por un lado, y la libertad económica, por otro. La muestra analizada cubre al 98,8% de la población, con datos finales para el año 2021. 

–  La puntuación media global de libertad humana, medida en una escala de 0 a 10, ha caído de 6,79 a 6,75 puntos. Las restricciones de libertades fundamentales durante la pandemia explican este retroceso. 

–  El 89,8% de la población mundial vive en países donde la libertad humana se ha reducido durante el último ano analizado.Solamente el 13,8% de la población mundial vive en países donde los niveles de libertad son altos. En cambio, un 37,6% reside en jurisdicciones que obtienen calificaciones bajas. 

–  Los países con mejores calificaciones en el índice son Suiza, seguida de Nueva Zelanda, Dinamarca e Irlanda. Estonia y Suecia, con idéntica puntuación, completan el “top cinco”. Estos países promueven los derechos individuales y la actividad económica libre. Siria ocupa la última posición y Venezuela ha caído ya a uno de los diez últimos lugares del ranking.

–  España ocupa el puesto 31 entre los 165 países y territorios evaluados, con una puntuación de 8,03 sobre 10. De entre 18 países de Europa Occidental, figuramos en el número 16.

–  Nuestro país ha cedido 10 puestos en comparación con la nota que recibió en la primera edición del informe, con datos para el año 2000, y ha caído 5 puestos desde 2019, bajo gobierno de Pedro Sánchez. 

–  El informe subraya la correlación entre los niveles de libertad y el bienestar económico. Los países más libres disfrutan de una renta per cápita promedio de 47.421 dólares, frente a los 14.157 dólares de las naciones que figuran en el cuartil menos libre.

– El estudio destaca asimismo la conexión entre la libertad humana y la democracia, reafirmando que las naciones con marcos democráticos sólidos tienden a proteger mejor las libertades individuales.

Leer el informe

El New Deal y la cura del capitalismo

Todos tenemos a alguien que consciente o inconscientemente ha avivado en nosotros la llama del conocimiento y de la curiosidad. En mi caso, una de las personas que ha participado en este proceso más acusadamente fue mi querido profesor de Historia I.P.. Fue ya después de las aulas de bachiller, donde reinaba la imparcialidad y la pasión por enseñar, cuando mi profesor dio rienda suelta a su dialéctica y nos enzarzamos en los más variopintos debates, él defendiendo posiciones de corte liberal socialdemócrata y por mi parte liberal libertaria. Como entre las ascuas del debate cara a cara aún me queda camino por recorrer para plantarle cara, me voy a servir de la templanza y el sosiego que me da la escritura para intentar rebatirle uno de sus argumentos principales, “F.D.Roosevelt y el New Deal de los años 30 vinieron a salvar al capitalismo de sí mismo”. 

La primera premisa, es decir, que el Crash del 29 fue una crisis del capitalismo, y la segunda, que F.D.Roosevelt y el New Deal consiguieron salvar al capitalismo, son falsas. El siguiente argumentario pretende desgranar cuáles fueron los precedentes de la Gran Depresión y si fue o no la cura al capitalismo desenfrenado de los años 20. 

Roosevelt no vino a curar el liberalismo porque Hoover no fue liberal

El mainstream académico siempre ha defendido el postulado que nos muestra a Hoover como un desaforado partidario del “laissez faire” y que fueron sus liberalizaciones las que provocaron la Gran depresión de los años 30. Esta afirmación se sustenta entre otros elementos en el carácter cíclico del capitalismo de Marx, al mismo tiempo que hace ojos ciegos a todas las políticas antiliberales que se llevaron a cabo durante la década de 1920 y en especial durante el mandato de Hoover.

La década de 1920 sería recordada por dar origen a la expansión monetaria más importante en periodo de no guerra sufrida por los Estados Unidos hasta el momento. Entre 1921 y 1929 la FED incrementó la masa monetaria de 45,3 mil millones de dólares a 73,26 mil millones, incrementó en 8 años la masa monetaria un 61,8% principalmente en forma de crédito. Esta reforma tuvo influencias claras de la obra de Keynes (Tract on monetary Reform, 1923) y en este sentido Keynes no dudó en elogiar dichas medidas describiéndolas como un triunfo de su teoría, una prueba más del cariz antiliberal de la política económica de los años 20.

Como bien indica la teoría austriaca, fueron los eslabones de las cadenas de producción más alejadas del consumo que empezaron a sufrir subidas de precios desde los primeros años de las reformas monetarias; todo esto debido a las distorsiones en la acumulación de capital de la estructura productiva engendrada por un flujo de crédito artificial. El crédito barato enviaba señales a la economía de que la preferencia temporal de los agentes había disminuido, aquellos proyectos empresariales a más largo plazo se capitalizaron en exceso y debido a las expectativas de flujo de caja futuro mayores en estos mismos proyectos, una burbuja se empezó a formar.

Un ciclo económico austríaco

Axel Kaiser en La miseria del intervencionismo (2012) nos indica: 

La producción de los bienes durables como el hierro y acero aumentaron un 160% comparado con un aumento de un 60% en la producción de bienes de consumo; los salarios de los sectores dedicados a producir bienes de capital aumentaron entre un 12% y un 25% frente a menos de un 8% para los asalariados de áreas dedicadas a los bienes de consumo.

Axel Kaiser. La miseria del intervencionismo.

La señales deliberadamente engañosas que se estaban emitiendo desde el banco central americano pusieron en circulación un ahorro que jamás existió. Un exceso de laxitud en la concesión de créditos fraguó una burbuja inmobiliaria pasando de 500 millones de dólares gastados en la construcción de inmuebles en 1921 a 10 000 millones de dólares a finales de 1926, mientras que la deuda hipotecaria casi se triplicó hasta un 27, 9% del GDP en 1929. Keynes describió como “exitosa manipulación del dólar por parte de la Reserva federal de 1923 a 1928”. Dicho esto, todos los ingredientes necesarios para crear y hacer explotar un ciclo económico estaban listos, en octubre de 1929 estalló la burbuja especulativa alimentada con crédito barato y en cuestión de 3 años, la bolsa perdió un 89% de su valor. 

Al contrario de lo que pretenden defender aquellos que tildan a Hoover de liberal, el presidente electo hizo oídos sordos a las recomendaciones del Secretario del Tesoro, Andrew Mellon, e inyectó el equivalente a un 10% de la masa monetaria en a penas 3 días y volvió a bajar la tasa de descuento de un 6% a un 4,5 %.  Hoover decidió intervenir la economía más allá de la política monetaria y reguló el mercado laboral mediante la Ley Davis-Bacon de 1931 que pretendía mantener artificialmente altos los salarios por encima de los niveles competitivos, lo que a fin de cuentas aumentó el desempleo e impidió la reorganización de la estructura productiva mortalmente dañada.

Déficit público

La última muestra de la naturaleza antiliberal del presidente Hoover fue el ataque directo a una de las bases de toda gestión liberal, unos presupuestos saludables; de este modo las políticas del presidente transformaron un superávit fiscal legado en 1929 por Calvin Coolidge, en un déficit de 2,2 mil millones para el año 1931. En respuesta a este déficit fiscal, Hoover no optó por la reducción del gasto público sino que prefirió aumentar los impuestos a las empresas y a la renta a niveles jamás vistos (con tramo máximo del 33,3%). Hoover siguió con sus medidas antiliberales interviniendo todos los sectores: en el sector de la construcción creó y financió la agencia Reconstruction Finance corporation; el sector agrícola sufrió las regulaciones de la Ley del Márketing Agrícola, así como numerosas intervenciones de otro índole como la imposición de aranceles a la importación o restricciones contra la inmigración. 

Los años 20 fueron una década profundamente antiliberal donde por primera vez en los Estados Unidos se rompió el consenso que defendía el libre saneamiento de la economía durante las épocas de crisis. La combinación de políticas monetarias y fiscales previamente enunciadas disipan todo rastro de dudas sobre el hecho de que el Crash del 29 y la Gran Depresión no fueron fruto de la vorágine especulativa capitalista, sino de un gran poder en las manos de unos pocos, una política de todo menos liberal.

Lo que pudo ser: el consenso liberal y la crisis de 1920

Utilicemos la mucho menos conocida recesión de 1920 como contrafactual de lo que pudo ser la gestión de una crisis basada en fundamentos liberales. Salvando las distancias debido a un contexto ligeramente diferente, ambas tuvieron un origen monetario. En cuanto a profundidad y dimensiones, esta crisis partía desde una situación semejante a la de 1929: la economía de los Estados Unos sufrió una caída del GDP de un 17% en tan solo un año,  la productividad cayó en un 17% y el paro aumentó de un 4% a un 12% solo en el año 1920. 

Axel Kaiser en La miseria del intevencionsimo (2012) nos aclara como respondió el gobierno americano a tal colapso de la economía: 

Frente a esta situación el presidente Warren Harding y frente a una situación heredada de su predecesor Woodrow Wilson, decidió hacer exactamente lo contrario que haría Hoover una década después. En lugar de estimular la economía con mayor gasto fiscal, entre 1920 y 1922, el presupuesto del gobierno fue reducido a la mitad, el gobierno ni la reserva federal fueron al rescate de los bancos e instituciones insolventes. 

Axel Kaiser. La miseria del intervencionismo.

El presidente Harding

Si los bancos habían llevado a cabo una política de restricción presupuestaria laxa, estos mismos debían pagar con las consecuencias. Harding confió en la capacidad de autorregulación del mercado y se suscribió al consenso establecido hasta aquella época: el Estado no debía de interferir en el proceso de liquidación de las malas inversiones durante una crisis.

En un contexto regulatorio y monetario favorable, la economía reorganizó sus factores productivos, limpió la debilidad crediticia imperante y ajustó los precios, costes y modelos de negocio para responder a una realidad económica sin edulcorar. Así pues, el déficit fiscal en 1922 se dividió por tres con respecto a 1920, el desempleo cayó a un 6,4% en 1922 y recuperó en 1923 cifras previas a la crisis. En algo menos de 2 años la economía se había prácticamente recuperado.

Roosevelt y el New Deal, una prolongación de la era Hoover

F.D. Roosevelt no vino a salvar al capitalismo de sus propias contradicciones, en palabras de Rexford Tugwell asesor del mismo Roosevelt:

“Nosotros no lo admitimos en ese momento, pero prácticamente todo el programa del New Deal fue extrapolado de programas comenzados por Hoover”.

 A los disparates monetarios, fiscales y regulatorios iniciados por Hoover y prolongados por Roosevelt, se le añadieron el yugo de un mercado laboral altamente intervenido que, combinado con la regulación de los tipos de salario y de las rentas, postergaron la recuperación de la economía americana una década más. El mercado laboral fue el principal freno al saneamiento de la economía americana.

Los sindicatos negociaron desde la llegada de Roosevelt unos salarios muy por encima de la caída de precios en la economía, lo que supuso una revisión al alza de los salarios reales en comparación con la caída de los precios. Esta política de empleo impidió la correcta reorganización del capital trabajo, erróneamente destinado en proyectos empresariales no viables. Un paro masivo azotó a los Estados Unidos hasta finales de la década de los 30 y no recuperó niveles previos al crash hasta ya bien entrada la década de los 40. Una recuperación mucho más lenta y dolorosa que la presenciada una década atrás.

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Comparativa de la velocidad de recuperación durante la recesión de 1920 y después del Crash de 1929.

Robert Higgs sobre el New Deal

Robert Higgs el célebre economista e historiador americano concluye:

El efecto combinado de las intervenciones de Hoover y Roosevelt significaron que el mercado jamás pudo corregirse a sí mismo (…) lejos de habernos sacado de la depresión la prolongó y profundizó, trayendo sufrimiento innecesario a millones de personas.

Robert Higgs

El mainstream en general y el económico en particular sigue padeciendo de los mismos sesgos que en su momento permitieron ensalzar a F.D.Roosevelt y a su New Deal. Es de obligada honestidad intelectual ir más allá y rebuscar entre las crónicas históricas y económicas todo sustrato de realidad y ficción que sostenga el actual consenso socialdemócrata. Se hacen palpables las recurrentes menciones que se realizan a los mal denominados errores de mercado, estas críticas al funcionamiento y a los supuestos límites del modo de producción capitalista siempre obvian el alto grado de intervención que padecen estas mismas economías.

Henry Hazlitt ya nos advirtió del carácter pernicioso de la intervención monetaria, una intervención obtusa, abstracta y de la cual es difícil rendir cuentas. La distancia que me otorga terminar un debate tecleando sobre una hoja en blanco me permite responderle a mi querido profesor; he aquí entonces un intento de demostrarte esta vez sí, que el Crash del 29 y la Gran Depresión fueron fruto del arma invisible pero letal de la manipulación monetaria por parte del Estado.

Ver también

La Gran Depresión: lecciones de la historia. (Ángel Martín Oro).

Las lecciones del ‘New Deal’. (Manuel Llamas).