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Lo de Red Eléctrica, Renfe y AENA en otros tantos mitos económicos

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario.

A muchos les parecerá que vivimos tiempos convulsos. Tras las catástrofes naturales que nos ha tocado vivir, como la DANA, el COVID o el volcán de la Palma, ahora nos llega una oleada de catástrofes artificiales de esas que no pensábamos tener que sufrir. Epítome de las mismas es el gran apagón de abril, pero tenemos más recientes el colapso de Barajas en el control de pasaportes, o los fallos de RENFE, que ya empiezan a ser algo cuya probabilidad no se puede despreciar. Nos estamos enfrentando a una situación difícil de imaginar, en que servicios a los que confiamos el devenir de nuestras vidas se muestran bastante menos fiables de lo que pensábamos.

Al colapso de los servicios públicos (esto es, de los que decide el Estado que ha de prestar él en monopolio legal), ya estamos medianamente acostumbrados. La policía nunca encontrará a los ladrones que entraron a nuestro domicilio ni recuperaremos lo robado, la justicia tardará años en resolver nuestro caso, las carreteras se llenan de socavones acompañados de advertencias de peligro por firme en mal estado, y así podría seguir y seguir.

Lo nuevo de las catástrofes señaladas es que su responsabilidad corresponde a empresas, no directamente al Estado, lo que podría hacer pensar en una mayor eficiencia de gestión, aunque a nadie se le escape que los responsables últimos de las tres empresas citadas son políticos, directamente o por vía interpuesta. La teoría económica nos aporta numerosas explicaciones de por qué estos experimentos tienden a terminar mal para los ciudadanos-clientes; yo aquí contaré tres que me perecen relevantes, una por cada desastre.

Empiezo con una clásica sobre los problemas de la burocracia: los objetivos. Una empresa persigue el incremento de sus beneficios, y es bueno que trate de conseguirlo, porque en un mercado libre el incremento de los beneficios del emprendedor está alineado con el bienestar de la sociedad. Cuanto más gane el empresario, más se enriquece la sociedad, puesto que en cada transacción voluntaria ganan las dos partes (de ahí la importancia de la referencia al mercado libre).

Así las cosas, todos los trabajadores de la empresa tienen una guía clara para sus decisiones, aunque siga siendo difícil decidir la asignación de recursos que genera mayores beneficios. Esta hermosa coherencia se pierde en cuanto la empresa se fija objetivos adicionales, llamémosles políticos (ejemplo paradigmático, los objetivos ESG). En este caso, se van a producir conflictos no ya por la estimación subjetiva que cada trabajador haga de los futuros beneficios, sino porque puede haber metas contradictorias. Y la empresa deja de trabajar eficazmente en la consecución del que era su objetivo y razón de ser. El ejemplo lo tenemos en el problema del apagón, que se produce porque Red Eléctrica persigue objetivos distintos de la mera maximización de beneficios, el de una mayor participación de las renovables en el mix energético.

Otro de los mitos que informan la visión de los políticos (y no solo) sobre las empresas tiene que ver con la inversión. Para mucha gente, la inversión se hace y ya está, a funcionar. Tienes mucho desembolso cuando la estás llevando a cabo pero luego te puedes dedicar a vivir de las rentas. La consecuencia de este mito también se escucha mucho: lo de que la inversión está amortizada y todo lo que se cobra es beneficio. Con esta visión, una vez instalas el sistema para el control de pasaportes del aeropuerto ya lo tienes para toda la vida y no necesitas más que repararlo cuando se estropee, y lo mismos con las carreteras.

Cualquiera que viva en una casa o tenga un coche sabe que esto no es así, que el mantenimiento de los activos productivos exige de continuas decisiones de reinversión, algunas muy sencillas y otras tan complicadas como cualquier otra decisión empresarial de inversión. Y que desde luego no basta con repararlo cuando se estropea, porque para ese momento puede ser demasiado tarde, y te has quedado sin la casa o el coche. Aquellos que tienen la visión de una vez se invierte en una instalación ya no hay que hacer nada con ella y funciona sola, normalmente se quedan sin aquello que han comprado, por mucho de que avisen de que el firme está en mal estado.

El tercer mito a que me voy a referir está muy relacionado con los dos que acabo de contar. Consiste en pensar que las empresas funcionan solas, y por tanto puedes poner a cualquier persona a dirigirla, porque da igual. Para quien cree en este mito, los altos cargos de las empresas (presidente o CEO, consejeros y demás) son básicamente canonjías a repartir entre amigos. En coherencia, se pueden hacer exigencias absurdas como la de que tengan que ser paritarios en género: total, da igual a quien pongas, pues que la mitad sean tíos y la otra mitad tías, así se reparte el pastel sin discriminación de sexo.

De nuevo, estamos ante una mentira. Las empresas tienen que gastarse mucho dinero en sus altos cargos porque el valor que aportan es decisivo, y lo es porque tienen que tomar continuamente decisiones muy difíciles, algo para lo que no todo el mundo está preparado o quiere hacer.

Las decisiones a que me refiero no son automáticas. Incluso en el modelo ideal referido más arriba en que la empresa solo se guía por el criterio económico de beneficio, las visiones de los distintos trabajadores de cómo obtenerlo serán muy dispares. Esta disparidad exige de acuerdos, pues los recursos de todas las empresas son escasos, y eventualmente, si los distintos departamentos no son capaces de llegar a una visión común, se necesitará alguien que decida: el presidente.

Entre estas decisiones complicadas en las que puede no haber acuerdo sobre los beneficios esperados, destacan las de reinversión en los activos disponibles: ¿Qué es mejor, actualizar el sistema de frenado de un tren, o adecuar las catenarias de algún tramo de la vía[1]? En los mundos de Yupi se puede hacer todo, pero en la realidad los recursos son escasos y desgraciadamente alguien tiene que decidir entre estas dos opciones. Cuando llega ese momento, el presidente se está jugando el futuro de la compañía y de sus empleados, y es evidente que la calidad de la decisión va a depender de lo preparado, experimentado e informado que esté quién la tome.

El análisis que acabo de hacer corresponde al caso comparativamente fácil en que la empresa tiene como único objetivo el beneficio empresarial; ya se puede imaginar el lector cómo se complica la situación si encima hay que atender a objetivos políticos.

En resumen: se dificulta la gestión de las empresas añadiendo a sus objetivos empresariales otros políticos que muchas veces son contradictorios; se asume que una vez hecha una inversión ya no hay que hacer nada más; y se cree que las empresas funcionan solas y da igual a quién pongas al mando. ¿Qué puede salir mal? Pues de momento, tenemos suerte, solo AENA, RENFE y Red Eléctrica.

A quien busque consuelo pensando que esto se puede resolver con un cambio político, que repase el artículo a ver si en algún momento yo me he referido a alguna ideología concreta.

[1] Los puristas me dirán que en España una cosa corresponde a RENFE y la otra a ADIF. Que me disculpen la licencia. No sé suficiente de sistemas ferroviarias como para poner ejemplos solo de trenes. 

El pecado original de los cienporcientistas

Escrito por Manuel Polavieja en . Publicado en Análisis diario.

En esta casa se ha debatido mucho, muchísimo, sobre el coeficiente de caja del cien por cien. En alguna ocasión se iniciaban los debates con una buena dosis de sorna destacando la “rabiosa actualidad” que tenía esta cuestión fuera de nuestro reducto de nerds debatiendo sobre teoría monetaria.

Pues bien, con la llegada de Javier Milei al poder y la posibilidad de implantar la banca Simons, todos aquellos debates sobre “el sexo de los ángeles” quedan ahora totalmente justificados. Fueron discusiones muy útiles para que algunos, los menos, cambiaran de opinión, y para que otros pusieran a prueba y afilaran sus argumentos. Y no tengo duda de que Milei presta atención a los protagonistas de esos debates que se mantuvieron y se mantienen en esta casa.

Las ideas de la libertad se juegan mucho en esta histórica situación de Argentina, y cualquier error se puede pagar muy caro. Pues bien, como firme defensor de la libertad total y consecuentemente de la reserva fraccionaria, me voy a centrar en lo que creo que es el origen del error de los defensores del coeficiente del cien por cien dentro de la escuela austriaca.

El origen está en la calificación como bien presente de los medios fiduciarios por parte de Mises en su libro Teoría de la Moneda y del Crédito:

Una persona que acepta y tiene billetes no concede un crédito: no cambia un bien presente por un bien futuro. El billete inmediatamente convertible de un banco solvente se emplea en todas partes como un medio fiduciario en vez del dinero en las transacciones comerciales, y nadie establece una distinción entre el dinero y los billetes que tiene en caja. El billete es un bien presente igual que el dinero. Ludwig von Mises. Teoría del Dinero y del Crédito, Unión Editorial 1997. p. 246

Mises nos presentó previamente a los medios fiduciarios emitidos por bancos solventes como “títulos totalmente seguros”, y por esa razón concluye que tienen idéntico valor y utilidad que el dinero al que dan derecho, y esa es su justificación para calificarlos como bienes presentes.

Pero aquí Mises confunde la utilidad y/o valor del bien con la naturaleza del bien. Un bien presente no tiene riesgo de contraparte, por definición. En su naturaleza no cabe la noción de impago bajo ninguna circunstancia presente o futura. Es una cosa que existe plenamente en el presente, no es una obligación ni una promesa de nadie. Si el productor de una moneda de oro muere, quiebra o desaparece no afecta en lo más mínimo al valor ni a la utilidad de la moneda de oro. Jurídicamente, el propietario de una moneda de oro tiene un derecho real.

Un billete convertible, por el contrario, es totalmente dependiente de la existencia, comportamiento y diligencia de su emisor. No es una cosa (el papel y la tinta son irrelevantes aquí), es un contrato con el emisor.  Si el emisor quiebra o desaparece, el valor del billete pasará a ser cero, o en el mejor de los casos una mínima fracción de su valor nominal, como cualquier papel impagado. Jurídicamente, el propietario de un billete convertible tiene un derecho personal.

Y es que Mises incurre en una contradicción insalvable cuando más adelante afirma lo siguiente:

Cualquier banco emisor de medios fiduciarios se verá obligado a suspender pagos si todo el mundo comienza a retirar depósitos o a presentar billetes para su conversión. Cualquier banco será impotente frente al pánico, y ningún sistema ni política podrá salvarlo. Ello se desprende de la naturaleza de los medios fiduciarios, naturaleza que impone a quienes los emiten la obligación de pagar una suma de dinero de la que no disponen. Ludwig von Mises. Teoría del Dinero y del Crédito, Unión Editorial 1997. p. 295

Añado que no es necesario llegar a una emisión fiduciaria (no respaldada al cien por cien) para incumplir la obligación de convertir un billete. Se puede incumplir por haber sido víctima de un robo o por fraude deliberado del emisor. En cuanto a la naturaleza de bien presente o futuro de los billetes da lo mismo que el oro y los billetes estén contablemente fuera del balance, y que los billetes sean un pasivo por cuenta de terceros. Un pasivo por cuenta de terceros es igualmente una obligación, un contrato susceptible de incumplimiento, tampoco es un bien presente.

Dicho lo anterior, alude Mises de manera totalmente acertada a la naturaleza de obligación de los medios fiduciarios, y las obligaciones, de incumplirse, por definición, se incumplen ¡en el futuro! No tiene sentido argumentar que no son obligaciones porque se están usando igual que el bien presente al que dan derecho, debido a que están cumpliéndose perfectamente hoy. Las obligaciones son bienes futuros con independencia de su uso presente.

La utilidad y el precio de los bienes son conceptos totalmente distintos a la naturaleza presente o futura de los bienes. Ni el pleno cumplimiento ni tampoco su incumplimiento total cambian la naturaleza de una obligación; todo lo contrario, ambas son circunstancias que precisamente caracterizan la naturaleza de las obligaciones.

Si lo que se defiende es que cualquier cosa usada como medio de intercambio es, por ese mero hecho, un bien presente, entonces tendríamos que aceptar como bienes presentes cosas que para los propios cienporcientistas son indudablemente bienes futuros, como pagarés, bonos o incluso promesas de pago escritas en servilletas.

Argumentar que la naturaleza presente o futura de un bien es consecuencia de su uso, supone una importantísima inversión ad hoc —y además singular— de la relación causal en la teoría del valor subjetivo (segundo requisito de Menger para que un bien sea tal). Eso son palabras mayores, que requerirían una justificación teórica de primerísimo orden. 

Tampoco sería admisible argumentar que los medios fiduciarios son un bien presente por la vía de insinuar que los emisores engañan al mercado. Es decir, que el mercado cree subjetivamente que una moneda de oro y un billete convertible comparten idéntica naturaleza (bien presente), para luego argumentar lo contrario, que de alguna manera el mercado percibe que la naturaleza del billete se transmuta en un obligación (bien futuro) y de repente tiene riesgo de ser incumplida.

Sería una insinuación totalmente ajena a la realidad, porque los bancos con total transparencia clasifican los billetes, y también los depósitos a la vista, como pasivos en sus estados financieros públicos. ¿Desde cuándo un pasivo, una obligación, es un bien presente? Los teóricos del cien por cien podrían argumentar, erróneamente, que está mal clasificado como pasivo. Pero, aun así, sería totalmente inadmisible argumentar que el banco pretenda engañar a nadie cuando motu proprio clasifica los billetes como obligaciones y, por tanto, siempre susceptibles de incumplimiento. Ya avisa a gritos de que el billete para él es una obligación, no un bien presente, y el que avisa no es traidor.

Otro reconocimiento más moderno y totalmente explícito de la posibilidad de impagar son los esquemas de protección de depósitos, no digamos ya los importes que superen el límite por titular y cuenta establecido por estos fondos de garantía. Si el banco asegurase que sus billetes nunca se impagarán en primer lugar, ¿qué razón hay para adscribirse y pagar ningún fondo de garantía? Sería un gasto y un procedimiento absurdamente innecesarios.

Nos presenta Mises una falsa dicotomía entre bien presente y obligación que tampoco es sostenible históricamente. Es totalmente obvio que cuando se inventaron los billetes, y el mercado estaba acostumbrado únicamente al dinero metálico, nadie iba a aceptar los billetes desde el primer momento como totalmente equivalentes. Todo lo contrario, como es natural, pasaron siglos hasta que el mercado confió lo suficiente en los emisores como para ceder con fluidez su oro a cambio de meros papelitos.

Por tanto, los billetes convertibles nacieron indudablemente como obligaciones, como bienes futuros. Y los emisores se lo vinieron recordando y corroborando al mercado no solo en su contabilidad, sino también con sucesivas quiebras bancarias a lo largo de la historia. Nada por lo que rasgarse las vestiduras, por cierto, pues con mayor o menor frecuencia ninguna actividad de ningún sector está libre de impagar. La quiebra es una institución fundamental del capitalismo y del libre mercado.

En definitiva, el mercado, el ciudadano de a pie, no tiene que caerse del guindo porque jamás se encaramó a él. Y como nunca se encaramó a él, tampoco necesita que ningún sesudo economista le explique lo que ya sabe perfectamente por puro sentido común y cultura popular que hasta los cuentos para niños como Mary Poppins explican con extrema sencillez por ser obvio: Que los billetes son papelitos de colores, no oro. Cualquier billete o depósito bancario es una obligación tal y como reconocen abiertamente sus emisores, y toda obligación es susceptible de impagarse total o parcialmente, o pagarse totalmente, pero con retraso.

El insalvable pecado de los teóricos del cien por cien es haber edificado toda su doctrina sobre una falsa premisa ontológica. Que es lo mismo el objeto que la promesa de entregar el objeto. Paradójicamente, esto les lleva a proporcionar sustento teórico a la expansión artificial del crédito que con tanta vehemencia denuncian. Un defensor ignorante o deshonesto de la reserva fraccionaria puede apoyarse en Mises para afirmar que no se emite crédito, sino riqueza neta real (bienes presentes). La doctrina es un antológico cañonazo en el pie. Y es que una vez demostrado que los bancos no engañan a nadie, es totalmente contradictorio calificar como emisión de crédito a la emisión de medios fiduciarios, cuando previamente has negado categóricamente la naturaleza de crédito de estos últimos.

Este sustento teórico sería el verdadero engaño —y digo sería, porque afortunadamente es indudable que el mercado no se deja engañar. La prueba está en que si el mercado estuviera totalmente convencido de que la naturaleza de un billete convertible es  idéntica a la de una moneda física de oro— para la que, recordemos, en ninguna circunstancia cabe jamás la noción de impago—, ¿por qué iba a desencadenarse jamás ningún pánico bancario?

La estulticia de Trump con la inmigración

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos años, Estados Unidos ha hecho de la inmigración uno de los puntos más candentes de su agenda política. No es novedad que el país viva en una tensión constante entre su narrativa fundacional como tierra de oportunidades y un creciente repliegue sobre sí mismo, alimentado por pulsiones nacionalistas, temores identitarios y cierta miopía económica. Pero lo realmente llamativo no es el debate en sí, que siempre ha existido de una forma u otra, sino cómo ha virado la praxis migratoria reciente hacia un estrangulamiento progresivo del flujo migratorio legal y una aceleración drástica de las deportaciones. Y todo ello sin evaluar, ni mucho menos, sus implicaciones económicas de fondo.

Porque más allá de los titulares sobre muros, la realidad estructural es que la economía norteamericana depende, más de lo que muchos están dispuestos a admitir, de la mano de obra inmigrante. No se trata de un argumento ideológico, sino de datos, del funcionamiento del mercado laboral y de lógicas demográficas.

En la última década, el grueso del crecimiento de la fuerza laboral ha estado impulsado por la inmigración. La Congressional Budget Office (CBO) lo ha dejado claro: una reducción sostenida de la inmigración neta limitará de forma estructural la capacidad de crecimiento de la economía estadounidense durante los próximos 30 años. No es que falte talento local, es que la pirámide demográfica ya no alcanza. La realidad es que, sin inmigrantes, Estados Unidos simplemente no puede crecer al ritmo al que está acostumbrado.

Este desfase entre oferta y demanda laboral ya se deja notar con especial intensidad en sectores con alta intensidad de trabajo manual: construcción, logística, hostelería, manufactura, agricultura… Todos ellos, en mayor o menor medida, dependen de inmigrantes para mantener su actividad diaria. El resultado inmediato de este estrangulamiento es la escasez de trabajadores, lo que presiona al alza los salarios en los tramos más bajos del mercado. Podría parecer una buena noticia para ciertos trabajadores, pero en un entorno inflacionario, esta presión sobre costes se transmite directamente a los precios finales y merma los márgenes empresariales. Es decir, alimenta la inercia inflacionista y erosiona la competitividad.

Además, menos trabajadores disponibles implica también menos posibilidad de crecimiento para las empresas. Y sin inversión productiva, no hay mejora de productividad ni crecimiento sostenido. Estados Unidos corre así el riesgo de entrar en una etapa de crecimiento estructuralmente más bajo, en parte autoinfligido por políticas migratorias miopes.

Pero hay una dimensión aún más estructural: la demografía. La economía norteamericana envejece, y lo hace rápido. Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores en activo para sostener el peso de programas como Medicare o la propia Seguridad Social. Aquello que durante años fue sostenible gracias al dinamismo poblacional hoy ya no lo es. La inmigración, lejos de ser un problema, es uno de los pocos mecanismos que puede revertir o, al menos, amortiguar esta tendencia. Los inmigrantes son, de media, más jóvenes que la población nativa, están en su etapa más productiva y contribuyen con sus cotizaciones sin absorber, al menos de entrada, tantos recursos fiscales.

No se trata solo de cubrir vacantes. La inmigración aporta valor estructural, sobre todo cuando se canaliza a través de estudios y formación que reconocen sus capacidades profesionales. Ingenieros, enfermeros, técnicos de laboratorio, matemáticos, programadores… Muchos de los trabajadores más demandados en la economía estadounidense actual provienen del extranjero. Y sin ellos, el sistema de salud, el ecosistema tecnológico y la industria de innovación perderían parte esencial de su capital humano.

A esto se suma otro elemento menos discutido pero igual de relevante: el papel de los inmigrantes como motores del dinamismo empresarial. Estados Unidos siempre se ha jactado de su espíritu emprendedor, pero ese impulso ha tenido siempre a la inmigración como un componente central. Desde los restaurantes de barrio hasta las startups tecnológicas más punteras, los inmigrantes han sido agentes económicos clave. Según datos recientes, el 60% de las compañías de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos cuenta con al menos un fundador nacido en el extranjero. Limitar su entrada o dificultar su estancia es, por tanto, limitar el crecimiento futuro.

El enfoque centrado en deportaciones masivas y restricciones a la inmigración legal cada vez más duras no solo tiene un coste humano y social, sino que provoca un efecto perverso en comunidades inmigrantes ya asentadas. Gente que podría estar consumiendo, invirtiendo o emprendiendo decide retraerse, reducir su huella visible por miedo a la inseguridad legal. Y eso, traducido a la macroeconomía, es menos consumo, menos inversión y menos crecimiento.

Incluso desde una óptica fiscal, la inmigración representa un activo neto. No solo porque los inmigrantes trabajan y pagan impuestos, sino porque su dinámica poblacional rejuvenece al país. En un modelo como el estadounidense, que financia sus grandes programas sociales a través del trabajo activo, una población activa amplia y joven es fundamental para evitar desequilibrios insostenibles.

El verdadero problema, sin embargo, es que el debate migratorio en Estados Unidos está secuestrado por la dinámica electoral. Se habla de identidad, de fronteras, de amenazas, pero muy poco de PIB, de productividad o de sostenibilidad fiscal. Y, esa omisión, en un contexto de tipos de interés altos, deuda desbocada y crecimiento anémico, puede salir muy cara.

Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva estructural. Puede persistir en una política migratoria cortoplacista, dictada por titulares y encuestas, o puede rediseñar su arquitectura migratoria en función de sus verdaderas necesidades económicas y demográficas. Porque si algo queda claro al analizar los datos y no los discursos, es que frenar la inmigración no fortalece al país, lo debilita. Y cada año que pasa sin corregir el rumbo hace que las consecuencias sean más difíciles de revertir.

No se trata de abrir las puertas sin condiciones, ni de negar que existen retos. Pero una política migratoria inteligente y adaptada al contexto actual es, hoy por hoy, una de las pocas palancas que le quedan a Estados Unidos para sostener su prosperidad futura.

Revertir la tendencia anti-migratoria no es simplemente una cuestión de moral. Es una decisión de Estado. Porque si la economía estadounidense quiere seguir liderando en el siglo XXI, necesita mano de obra, necesita ideas, necesita impulso demográfico. Y en todos esos frentes, la inmigración no es una amenaza: es una condición indispensable del éxito económico de un país.

Baltasar Gracián, el final de la escuela española

Escrito por Pedro López Arriba en . Publicado en Análisis diario.

Si con Maquiavelo (1469-1527), a comienzos del siglo XVI, el pensamiento político renacentista alcanzó su primer gran hito, Baltasar Gracián (1601-1658) significó, en el Barroco, el final del renacentismo político. Ambos tuvieron mucho en común, como su común admiración por el genuino Gran Príncipe renacentista y modelo de gobernantes, Fernando el Católico. Sin embargo, sus planteamientos son, más que antagónicos o antitéticos, dispares. Maquiavelo se dirige al Príncipe, le orienta en el conocimiento de los arcanos del poder y del Estado y le muestra cómo usarlos en su provecho. Por contra, Gracián se dirige al súbdito y le orienta para protegerse del poder y del Estado, y le muestra los modos de librarse de sus abusos. Principio y final de un tiempo esencial para el mundo actual, pues fue el paso efectivo desde el medievo, centrado en Dios, a un mundo centrado en el hombre, como lo es el mundo moderno.

No es Gracián un autor “olvidado”, al menos fuera de España. En Alemania hay hasta páginas web dedicadas a él. Escritor de gran talento, protagonizó el póster esplendor de gran la cultura española renacentista. Fue el último destello fulgurante de la gran tradición cultural española de los siglos anteriores, justo cuando esa tradición cultural se acercaba a su extinción, en el siglo XVII. Gracián fue el último clásico español que volvió a alcanzar gran influencia, como los autores de la Escuela Española desde principios del siglo XVI. Una tradición que deslumbró en el Renacimiento y que pereció consunta, hechizada, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, sin dejar sucesión directa, como la dinastía Trastamara-Habsburgo bajo la que floreció.

El Barroco

La voz “Barroco” procede de “baroco”, palabra mnemotécnica de los escolásticos para referirse a un modo silogístico de características peculiares. Se aplicó, a partir del siglo XVIII, para referirse al arte y al espíritu del siglo XVII. No se utiliza en países como Francia, Inglaterra o Alemania, más que para el arte. En España, el gran país del Renacimiento (junto a Italia) y del Barroco, momento cumbre de las letras y las artes hispanas, es inevitable referirse a él. El Barroco, final del Renacimiento, prosiguió la impronta humanista y la preocupación medular por el hombre, pero expresó, sobre todo, la “desazón” y el “miedo” de los hombres del siglo XVII, ante la ausencia de fundamentos sólidos para dar sentido al mundo.

Para Hannah Arendt (1806-1975), el Barroco en filosofía, y especialmente en la filosofía política, significó el momento en que se cerró la brecha entre la tradición medieval (pasado aún muy presente en el Renacimiento), y la efectiva apertura de la modernidad (el futuro). El Barroco significó el final de la vieja mentalidad teocéntrica medieval, anunciada en el Renacimiento, y la supremacía del antropocentrismo propio de la mentalidad moderna.

Pero, a diferencia del Renacimiento, el Barroco tuvo plena conciencia de esa caída definitiva del mundo finito medieval, fundado en la realidad infinita de Dios. Gracias a dicha conciencia –o autoconciencia– fue posible la aparición de la moderna concepción de la vida, de carácter natural e inmanente, bajo el impulso de la revolución antropológica y científica renacentista. Con el Barroco, el hombre europeo se encontró inserto en las guerras de religión que abrieron el mundo infinito de la modernidad. Un mundo que, cerrado sobre sí, expulsó de él toda trascendencia teológica.

Los franceses denominan ese tiempo la “Época Clásica” de su cultura, que coincide con el Siglo de Luis XIV (1638-1715). Pero no usan la palabra “Barroco” fuera de lo estrictamente artístico. En Francia es el siglo de Descartes (1596-1650), Moliere (1622-1673), Pascal (1623-1662) o del Marqués de la Rochefoucauld (1613-1680). En Inglaterra fue la época de Locke (1632-1704), en Holanda el tiempo de Spinoza (1632-1677) y en Alemania fue el de Leibniz (1646-1716). Todos ellos fueron hombres del Barroco, como Gracián, y todos ellos leyeron a Gracián, pues fue éste un autor de éxito que aún se edita y vende hoy, pero no está claro que Gracián llegase a leer a alguno de ellos.

Gracián ante las alternativas del Barroco           

A la obra de Gracián, muy amplia, hay que aproximarse con precaución. Su novela El Criticón, una de sus últimas obras, fue la que le dio mayor fama y proyección. Pero no se puede reducir Gracián a su texto de más éxito, El Criticón, que no es la más representativa ni la más profunda de sus obras. Es la más leída y se sigue leyendo hoy pues, junto a El Quijote de Cervantes, El Buscón de Quevedo y El Lazarillo de Tormes de Hurtado de Mendoza (1504-1575), es una de las grandes novelas españolas clásicas. El Criticón, aunque llena de hondos pensamientos, no es una obra de pensamiento. El pensamiento de Gracián está en otras obras, como El Oráculo, El Discreto o El Héroe, sin olvidar su El Político (Fernando el Católico).

Los autores del Barroco estudiaron con los maestros de la Escuela Española, sobre todo con las Disputationes Metaphisicae de Suárez (1548-1617). Por eso hay un rastro de “erasmismo” en varios de ellos, como Descartes, Spinoza, Leibniz y Locke, recibido de Suárez. Con los autores españoles no sucede igual, pues si bien en Cervantes y Quevedo se puede apreciar ese influjo “erasmista”, no sucede igual con Gracián, o con Calderón. Y eso que, siendo Gracián jesuita y profundamente católico, es imposible que no conociese la obra de Suárez, uno de los grandes teólogos del Concilio de Trento y también jesuita.

Pese a su coincidencia en las bases y en los planteamientos, las trayectorias de todos estos autores fueron muy diversas. Y es que el Barroco fue una época de encrucijadas ante varios interrogantes: ¿Mantenerse en un pensamiento de la finitud?, ¿buscar nuevas certezas? Las ambigüedades del Barroco están incrustadas entre el comienzo de la modernidad que conocemos y la posibilidad de alternativas a esa modernidad. Suárez optó por las segundas al inaugurar con sus Disputationes Metapfisicae una lectura ontológica del ser, que rebasaba la vieja metafísica, a la que integraba, y esbozaba una concepción abierta del mundo, sin renunciar a la filosofía tradicional.

Gracián pensador

Baltasar Gracián fue un pensador muy singular. Nunca se dejó llevar por modas, especialmente las literarias: fue conceptista siempre. Incuestionablemente católico y siempre lejos de los extremos, se situó entre el misticismo arrebatado de los grandes místicos españoles (Santa Teresa, San Juan de la Cruz), y la “picaresca” que triunfaba en la novelística. Si habló de la virtud, lo hizo casi como un filósofo pagano. Su concepción de la virtud, netamente aristotélica, le llevó a aconsejar siempre evitar los extremos. Gracián descifra la vida del hombre, con paciencia y perspicacia en la observación, y con lógica en sus deducciones.

Su negativo concepto del hombre y de la vida es muy realista: la noción fundamental para comprenderlo es el desengaño. Todas las cosas se nos presentan bajo una apariencia, habitualmente engañosa, que esconde una realidad oculta que hay que desentrañar. También por eso la vida es padecimiento y error. Pese a que se atribuye a Gracián haber sido un neo-estoico, su preocupación por los nunca pequeños problemas de la vida cotidiana y su aversión a todo exceso, tiene una base indudablemente epicúrea. En su obra El Oráculo dice que “No hay más dicha ni más desdicha que prudencia e imprudencia” y que “Todo lo demasiado es vicioso”. Expresiones que recuerdan mucho el “nada en demasía” de Epicuro.

Tampoco está exento de socratismo, especialmente del “conócete a ti mismo”, cuando escribe en esa misma obra que nunca debemos apresurarnos, ni apasionarnos, y que hay que saber atemperarse. El pensamiento de Gracián es de orden práctico, orientación para la vida cotidiana, sin pretensiones teológicas, filosóficas o políticas, ante las que siente una profunda decepción. En él, el asunto central no es ganar el cielo, sino sobrevivir del mejor modo posible en este mundo encanallado, intentando evitar desdichas e infortunios. Su finalidad no es espiritual ni religiosa, sino profana: de este mundo y para este mundo.

La alta consideración en que lo tuvo Schopenhauer facilitó que se le atribuyese un pesimismo que, en caso de existir, debe matizarse. Gracián, más que pesimista, es un optimista, pero bien informado, sobre todo, de la naturaleza y la condición humanas. Reflexiones como que “en el mundo se recompensa el vicio y se proscribe la virtud,” o que “la verdad se transforma en mentira”, no son exclusivas de Gracián, pues se encuentran igualmente en Quevedo o Calderón, y responden al espíritu del siglo. Pero no es realista caracterizarlo como autor de lamentos y duelos, al modo de los pesimistas, como Lord Byron (1788- 1824), o Schopenhauer (1788-1860). La melancolía y el desengaño son rasgos del pensamiento de Gracián, que le llevan a situarse en el límite inmanente, en el punto medio virtuoso, entre nihilismo (recessus) y trascendencia (excesus).

¿Nihilismo de Gracián?

No se puede compartir el juicio de Abellán, de que la obra de Gracián está marcada por la amargura y el pesimismo. Por la amargura, sin duda. Gracián padeció desgarramientos personales y vivió la crisis de la Monarquía Española de 1640, y la derrota de España en la Paz de Westfalia (1648), que acabó la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Como toda España, Gracián nunca entendió cómo fue posible la derrota española, en una contienda religiosa en la que los vencidos habían sido los protestantes. La traición de Francia, Austria y el Papado, en la fase final de aquella guerra, sigue sin ser bien conocida, ni bien comprendida, en España, y produjo grandes decepciones y desengaños entre los españoles.

El “héroe” de Gracián, es el hombre “discreto y prudente” que cultiva su intelecto y su virtud para alcanzar una forma de excelencia mundana y, a través de ella, acceder a la trascendencia. Pero el tratamiento dado a Gracián por Abellán, en su Historia del Pensamiento Español, se limita a considerarlo solo en el plano literario, junto a Cervantes, Calderón y Quevedo. Así, limita a Gracián a ser sólo el estilista supremo del conceptismo. Sin embargo, acierta Abellán al apuntar que, en la obra de Gracián, late una permanente tentación, una tendencia al nihilismo, que tan importante sería en el siglo XX europeo. La aniquilación por el Renacimiento del marco intelectual y moral tradicionales, condujo a la formulación del nihilismo entendido, con Popper, como el desprecio y la disolución de todos los valores humanos.

Gracián escapó de esa tentación, pero no por la fe o la moral católica, sino mediante una idea de directa inspiración pagano-renacentista, la de “el hombre que se hace a sí mismo”, inspiración que acredita la continuación del Renacimiento en el Barroco. La tendencia nihilista que subyace a su obra, de modo claro y perceptible, ha hecho de Gracián un precedente del gran pensador del “nihilismo” del siglo XIX, Nietzsche. Y hasta del existencialismo de Heidegger y de Sartre. Y, también permite que se le considere precursor de la llamada “filosofía de la posmodernidad”, teorizada desde finales del siglo XX por autores como el italiano Vattimo (nacido en 1936).

La filosofía de Suárez conformó la respuesta articulada, desde el saber y el conocimiento, al vacío existencial del siglo XVII, y constituyó una respuesta al nihilismo surgido de la quiebra definitiva de los valores medievales. Fue una gran respuesta, pese a que no pudo impedir el desarrollo del nihilismo. Desarrollo fomentado por y desde las nuevas Iglesias Reformadas protestantes. Porque el protestantismo, no se engañe nadie, no fue tanto un intento (fallido) de recuperar la pureza del cristianismo original, sino la plena “secularización” de la religión, puesta al servicio de los príncipes protestantes, en las que el Príncipe era a la vez Rey y Papa. Y así sucede todavía hoy en las luteranas Dinamarca, Suecia y Noruega, en la anglicana Inglaterra o en la calvinista Holanda. Y eso, pese a las loas de Hegel a la Reforma en sus Lecciones de Filosofía de la Historia.

Gracián, en el final de la Escuela Española

En la encrucijada entre mantenerse en un pensamiento de la finitud o bien buscar nuevas certezas, Gracián, igual que Suárez, también exploró esta última vía. Pero, a diferencia de Suárez, Gracián terminó por replegarse a una filosofía moral de la vida cotidiana, nacida del desengaño ante el mundo en que le tocó vivir. Como apunta Foucault, el Barroco fue sobre todo una actitud ante un mundo que devino inmundo por las guerras de religión. Actitud que brotó del desengaño ante los desastres que habían traído a Europa los grandes ideales y las grandes promesas de los Reformadores religiosos y otros visionarios renacentistas. Parte del éxito literario de Gracián está precisamente ahí.

La Escuela Española también se extinguió en ese siglo. A cambio, la renovación renacentista de la filosofía tradicional, anticipada por Luis Vives y efectuada por Suárez, permitió abrir nuevas vías a la Filosofía, tras el punto de plenitud alcanzado por las Disputaciones Metaphisicae. De ese modo, durante el siglo XVII, aparecerían el Racionalismo Cartesiano (francés), el Racionalismo anticartesiano (Spinoza) y el Racionalismo Alemán (Leibniz) que derivaría en idealismo. Y en Inglaterra se consolidó el empirismo (Hobbes y Locke) iniciado por Bacon. Nuevas escuelas filosóficas que, a finales del siglo XVIII, se desvanecerían tras la impugnación de la metafísica hecha por Kant (1724-1804) en su Crítica de la Razón Pura.

El influjo de Gracián en el pensamiento europeo ha sido constante y perceptible ya en su propio tiempo. En el mismo siglo XVII, La Rochefoucauld se inspiró (y bastante más que eso) para componer sus afamados aforismos. Y muchos de los escritores y pensadores que se han expresado mediante aforismos, han sido estudiosos de la obra de Gracián. En el siglo XVIII, Voltaire, gran conocedor de la obra de Gracián, se inspiró (y mucho) en El Criticón para componer su novela Cándido, como antes se indicó. Schopenhauer, entusiasta de la obra de Gracián, lo tradujo al alemán, con gran éxito. Y Nietzsche, que conoció la obra de Gracián a través de Schopenhauer, también se inspiró en el aragonés para la composición de muchos de sus aforismos.

Serie ‘españoles eminentes‘

Los fundamentos liberales de los derechos civiles

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario.

Por David Lewis Schaefer. El artículo Los fundamentos liberales de los derechos civiles fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Durante demasiado tiempo, la historia de las relaciones raciales en Estados Unidos ha sido malinterpretada como una batalla entre liberales “progresistas”, supuestamente partidarios de políticas que beneficiaban a las minorías raciales, y “conservadores” que intentaban bloquear su avance. Race and Liberty de Jonathan Bean, cuya primera edición apareció en 2009, constituye una valiosa corrección a esa descripción. Partidario de la tradición liberal “clásica” —el liberalismo de los Fundadores estadounidenses, quienes creían en la doctrina lockeana del gobierno limitado, destinada a asegurar la igualdad de derechos de todos los individuos— Bean (profesor de historia en la Southern Illinois University) ofrece una colección de más de 75 documentos, acompañados de útiles y breves comentarios editoriales, que corrigen el registro. Las lecturas cubren no solo las relaciones entre “blancos” y minorías raciales, sino también la política de inmigración.

Además de una introducción y una conclusión, Race and Liberty contiene ocho capítulos, ordenados cronológicamente, desde 1776 hasta el presente. Como explica Bean, la tradición liberal clásica “dominó el movimiento por los derechos civiles” desde el principio. Los liberales clásicos “lucharon contra la esclavitud, los linchamientos, la segregación, el imperialismo y las distinciones raciales en la ley”, mientras defendían lo que Bean llama el “‘derecho natural’ a la migración a América”. Sin embargo, los académicos contemporáneos tergiversan esta tradición, incluso denunciando el objetivo liberal-clásico de la “ceguera de color” en la política gubernamental como “objetivamente racista”. En lugar de la perspectiva individualista de los liberales clásicos, los “progresistas” raciales de hoy, como Ibram X. Kendi, favorecen los “derechos de grupo” (que, por cierto, favorecen los intereses de los individuos particulares que los defienden).

Bean comienza acertadamente con las primeras y elocuentes denuncias estadounidenses de la esclavitud, en nombre de los principios de la Declaración de Independencia, así como del cristianismo, por parte de negros libres, incluidos James Forten (1813) y David Walker (1829), junto con ministros del Norte. Este capítulo también contiene las exitosas declaraciones judiciales en favor de la liberación de los esclavos del barco español capturado “Amistad” (1841) por el empresario/abolicionista evangélico Lewis Tappan, por tres de los propios esclavos, y por su portavoz legal John Quincy Adams. El capítulo concluye con la célebre Oración del Cuatro de Julio de Frederick Douglass de 1852.

El siguiente capítulo, “La Era Republicana (1854-1876)”, incluye el discurso de 1860 del libertario Lysander Spooner afirmando la inconstitucionalidad de la esclavitud; extractos de las plataformas del Partido Republicano de 1856 y 1860 que se oponían a la extensión de la esclavitud (un tema repetido en el Primer Discurso Inaugural de Lincoln), y la declaración de Douglass de 1863 sobre “La Misión de la Guerra [Civil]”. (En este último caso, sin embargo, debe corregirse la acusación de Douglass de que la respuesta de Lincoln a Horace Greeley de que su objetivo principal era preservar la Unión con o sin esclavitud indicaba una falta de “sentimiento moral”. Douglass no reconoció la situación política de Lincoln, que necesitaba mantener el apoyo a la guerra entre la población de la Unión, no todos abolicionistas, y el hecho de que Lincoln nunca renegó de su compromiso de impedir la extensión de la esclavitud debido a su incorrección, una postura que había provocado originalmente la secesión del Sur. Y Lincoln tenía que saber que una victoria de la Unión pondría fin a la esclavitud (véase la Proclamación de Emancipación).

Bean luego proporciona documentos que ilustran la controversia sobre la emancipación inmediatamente después de la guerra: un extracto del infame Código Negro de Mississippi de 1866; editoriales de Harper’s Weekly que ayudaron a impulsar al Congreso a promulgar la Ley de Derechos Civiles ese mismo año, con el objetivo de anular dichos códigos; y la Ley Ku Klux Klan de 1871, acompañada de testimonios ante el Congreso y una carta al presidente Grant que retratan los horrores infligidos por el Klan.

Como informa Bean en su tercer capítulo, “Ceguera de color en una era consciente del color (1877-1920)”, tras la retirada de las tropas federales del Sur después de las elecciones de 1876, los antiguos estados confederados impusieron (en palabras de Douglass) “la esclavitud con otro nombre” a los negros nominalmente emancipados, incluso mientras portavoces de la libertad como Douglass, el senador republicano de Massachusetts George Hoar, Booker T. Washington y el presidente de la NAACP, Moorfield Storey, insistían en garantizar la igualdad de derechos para todos los individuos. (Repetidamente, la legislación federal para lograr ese objetivo fue bloqueada por los filibusteros demócratas del Sur).

En este capítulo, Bean amplía su enfoque para destacar la oposición republicana-libertaria a las leyes de exclusión dirigidas a los inmigrantes chinos, así como al imperialismo (la Guerra Hispanoamericana) y la negación de los derechos de propiedad de los nativos americanos, junto con acciones diseñadas para asegurar los derechos de propiedad de los indios americanos. Destaca cómo liberales clásicos como Douglass, Storey y Louis Marshall (empresario judío autodidacta, fundador del Comité Judío Americano, crítico de las cuotas de Harvard para la admisión de judíos y abogado de la NAACP), desestimados por los progresistas como “reaccionarios”, favorecían la política de autoayuda y, por lo tanto, se pusieron del lado de las empresas, en oposición a los sindicatos laboralmente discriminatorios, viendo en el “capitalismo” (como lo expresó el decano de la Universidad de Howard, Kelly Miller) el medio para el avance de los negros. En un punto que Milton Friedman repetiría décadas más tarde en Capitalism and Freedom (citado por Bean), los empresarios como tales no tienen interés en la discriminación; simplemente buscan contratar al trabajador más cualificado y laborioso al precio más razonable. (Para ilustrar, Bean cita cartas de una compañía ferroviaria de Georgia a las autoridades públicas oponiéndose a las leyes Jim Crow como un inconveniente para su negocio, seguidas de cartas de ciudadanos blancos que presentaban la misma queja).

Una serie de documentos seleccionados por Bean exhiben además el apoyo republicano a la igualdad de los negros. Estos incluyen discursos en el siguiente capítulo de Warren Harding (¡hablando en Birmingham!) denunciando los linchamientos y el KKK y favoreciendo la igualdad de oportunidades educativas (1921); de Calvin Coolidge oponiéndose al racismo blanco (1924), enfatizando el servicio militar de los negros en la Primera Guerra Mundial; y la desegregación del Departamento de Comercio por Herbert Hoover (1928). (Por el contrario, fue el demócrata “progresista” Woodrow Wilson quien había impuesto la segregación en las oficinas federales).

Además, en el siguiente capítulo sobre “Los años de Roosevelt”, Bean continúa señalando el fracaso del aparentemente “liberal” (en un nuevo sentido “pragmático”) Franklin Roosevelt en apoyar las leyes contra los linchamientos; su negativa a autorizar cualquier aumento en la inmigración de refugiados judíos de Europa, condenando a millones a la muerte a manos de los nazis; y su internamiento discriminatorio de japoneses-estadounidenses una vez que comenzó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de carecer de pruebas de cualquier deslealtad por su parte. (En 1925, Roosevelt había publicado una columna de periódico advirtiendo que tener inmigrantes japoneses en California era una “pesadilla” y expresando “repugnancia” ante el consiguiente peligro de matrimonio interracial).

Mientras tanto, fue el representante republicano Hamilton Fish, opuesto al New Deal y ridiculizado por Roosevelt, quien repetidamente defendió proyectos de ley contra los linchamientos en la Cámara; los periodistas afroamericanos y republicanos (respectivamente) George Schuyler y R. C. Hoiles quienes se opusieron a los internamientos; y el irascible libertario H. L. Mencken quien denunció tanto los linchamientos como los internamientos e incluso abogó por abrir América a todos los refugiados judíos. (Como observó la notable escritora negra Zora Neale Hurston, Roosevelt obtuvo el apoyo negro, a pesar de su despreocupación por los linchamientos, en gran medida al aumentar los programas federales de bienestar).

Los republicanos no abandonaron su postura a favor de los derechos civiles después de la era del New Deal. Bean incluye discursos del líder republicano conservador Robert Taft, además de un informe minoritario de los senadores republicanos Styles Bridges y Bourke Hickenlooper, que pedían (con éxito) que el Senado se negara a dar asiento al escandalosamente racista y demagogo demócrata de Mississippi Theodore Bilbo. Esas selecciones van seguidas de un artículo de revista de la oponente del New Deal, Hurston, elogiando el historial de Taft de acciones legislativas que promovían los derechos de los afroamericanos y (a través de la Ley Taft-Hartley) “protegiendo el derecho de los negros a trabajar independientemente de… las reglas sindicales discriminatorias”. Aplaudiendo a Taft como un liberal en el sentido original, Hurston denunció las políticas de FDR por promover la dependencia, mientras “dejaban el Gobierno en manos de unos pocos”.

Mientras hace referencia a decisiones judiciales pioneras de este período, incluyendo Brown v. Board of Education y Loving vs. Virginia, que anularon las leyes estatales que prohibían el matrimonio interracial, Bean también incluye un discurso de 1956 del ejecutivo de béisbol anti-New Deal Branch Rickey, quien había integrado las ligas mayores al fichar a Jackie Robinson, calificando la práctica de la ceguera de color como “una llamada de Dios”. También incluye un extracto del discurso “Tengo un sueño” de Martin Luther King de 1963, frecuentemente citado por “oponentes liberales clásicos de las preferencias raciales”, expresando la esperanza de que sus hijos vivieran “en una nación donde no serían juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter”.

Aunque los llamados progresistas a menudo acusan a sus oponentes libertarios de racismo, los documentos de Bean demuestran lo contrario. Por ejemplo, incluye el discurso de Barry Goldwater explicando por qué votó en contra de la Ley de Derechos Civiles de 1964 por motivos constitucionales, no raciales, ya que el senador previó que la ley (como resume Bean) “permitiría a burócratas y jueces” usarla para justificar “tratar a los miembros de ciertos grupos designados por el gobierno más equitativamente que a otros”. Aunque esa fue una consecuencia negada por el principal patrocinador senatorial de la Ley, Hubert Humphrey, no pasó mucho tiempo para que la profecía de Goldwater se cumpliera (como se describe en un extracto del libro de 1975 del sociólogo de Harvard Nathan Glazer Affirmative Discrimination). Goldwater, enfatiza Bean, no era racista: miembro de mucho tiempo de la NAACP y la Liga Urbana, como gobernador de Arizona, había integrado la guardia nacional del estado y apoyado la integración de las escuelas públicas de Phoenix.

Para un ejemplo diferente de cómo las políticas progresistas supuestamente benignas perjudicaron a los negros, Bean precede la declaración de Goldwater con un extracto del previsor libro de 1964 de (futuro asesor de Reagan) Martin Anderson The Federal Bulldozer, que describe cómo las políticas de “renovación urbana” —defendidas por demócratas reformistas— destruyeron vecindarios respetables de clase trabajadora, cuyos residentes fueron canalizados a monstruosos “proyectos de vivienda” que se convirtieron en focos de crimen y desorden (y a menudo tuvieron que ser demolidos más tarde).

Por supuesto, la lucha de los liberales clásicos por la igualdad genuina no terminó con la Ley de Derechos Civiles. En las décadas posteriores, lucharon contra nuevas políticas basadas en la raza, comenzando con la demanda de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1965 de que los empleadores informaran la raza de sus empleados. Aunque este requisito estaba ostensiblemente diseñado para facilitar la “acción afirmativa” contra la discriminación racial, inicialmente fue rechazado, señala Bean, por la NAACP y otros grupos de derechos civiles debido a sus ecos de Jim Crow. Pero irónicamente, el Departamento de Trabajo del presidente republicano Richard Nixon, buscando superar los efectos de la discriminación sindical de larga data contra los negros en la industria de la construcción, institucionalizó una nueva definición de acción afirmativa, exigiendo a los contratistas federales que informaran “deficiencias” en su “utilización de grupos minoritarios y mujeres”, entendiéndose “subutilización” como “tener menos minorías o mujeres de lo que se esperaría razonablemente por su disponibilidad”, y que establecieran “metas y plazos” para remediar tales deficiencias.

Las políticas de Nixon fueron un anticipo de lo que más tarde se denominó “teoría del impacto dispar”, la noción de que si la proporción de minorías o mujeres en una ocupación determinada era menor que la de la población “disponible”, tal desproporción debía asumirse como consecuencia de la discriminación y, por lo tanto, sujeta a corrección ejecutiva o judicial. Y Bean luego cita la opinión del juez John Paul Stevens en el caso Bakke de 1978, una decisión “torturada” que supuestamente prohibió la discriminación racial “benigna” en las admisiones a la escuela de medicina, pero “animó a las instituciones a envolver sus prácticas discriminatorias en el nuevo manto de la ‘diversidad'”.

Una de las mejores respuestas al fallo de Bakke, incluida por Bean, es el rechazo de la académica negra y libertaria Anne Wortham como “una decisión en contra del logro meritorio”. Su caso a favor de recompensar los logros individuales en lugar de los logros grupales ha sido respaldado por otros prominentes escritores afroamericanos contemporáneos que Bean cita (más notablemente Thomas Sowell). El reciente “triunfo de la Constitución daltónica”, como lo denomina Bean, a nivel judicial, fue el fallo de la Corte Suprema de 2023 Students for Fair Admissions v President & Fellows of Harvard College, del cual cita la opinión del presidente del Tribunal Supremo John Roberts (“la forma de detener la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”) que siguió al fallo del juez Clarence Thomas en el caso del Distrito Escolar de Seattle de 2007.

El último capítulo de Bean también incluye sólidos argumentos en contra de las “reparaciones para los negros” por parte de los escritores afroamericanos Coleman Hughes y Wilfred Reilly. Y proporciona defensas de la inmigración liberal (legal) como beneficiosa para Estados Unidos, siempre y cuando se combine con políticas destinadas a la asimilación en lugar del separatismo étnico. En este sentido, sin embargo, Bean comete un error al afirmar que el liberalismo clásico autoriza “un derecho natural a inmigrar”. Si bien todos los individuos tienen derecho a emigrar, nadie tiene un derecho natural a inmigrar. Aunque las naciones humanas y liberales deberían tratar de acoger a los refugiados que huyen de una persecución grave, toda nación tiene la autoridad para decidir a quién admitir.

A izquierda y derecha, los estadounidenses pasan de Europa

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Por Dalibor Rohac. El artículo A izquierda y derecha, los estadounidenses pasan de Europa fue publicado originalmente en CapX.

Para los ansiosos aliados europeos de Estados Unidos, pocas preguntas importan tanto como si la reelección de Donald Trump en 2020 marca un cambio permanente en el papel que desempeña Estados Unidos en el mundo, o si es solo una fase pasajera.

En el ámbito comercial, la respuesta es bastante clara. A medida que los aranceles promedio de EE. UU. se consolidan en torno al 15%, el nivel más alto desde la Gran Depresión, existe esencialmente un consenso bipartidista a favor del proteccionismo. Trump está pidiendo a sus socios comerciales concesiones significativas o aranceles cero (como en el caso de Vietnam), pero no está dispuesto a ofrecer aranceles cero al mercado estadounidense. La administración Biden también mostró poco interés en negociar acuerdos de libre comercio, y figuras demócratas influyentes se mueven con cautela en torno a los nuevos aranceles, criticando su naturaleza generalizada y errática, pero no su esencia. “Los aranceles deben usarse como un bisturí, no como un martillo”, dijo la gobernadora Gretchen Whitmer, una plausible candidata presidencial para 2028.

Cuando Joe Biden derrotó a Trump en 2020, había motivos para creer que, en un sentido más amplio, Estados Unidos estaba “de vuelta”. Sin embargo, no es solo el regreso de Trump lo que hace que esa perspectiva sea distante. El cambio generacional en el Partido Demócrata, ilustrado por el ascenso meteórico de Zohran Mamdani, el candidato a la alcaldía “socialista democrático” en la ciudad de Nueva York, hace muy poco probable que las alianzas de EE. UU. con el Reino Unido y Europa puedan simplemente reconstituirse en sus formas anteriores, incluso si hay un fuerte giro en contra de Trump y el trumpismo en 2026 y 2028.

Para ser justos, Mamdani no ha comentado mucho sobre asuntos internacionales más allá de compartir sus, bastante sorprendentes, puntos de vista sobre Oriente Medio. Pero parece seguro asumir que el resto de su perspectiva de política exterior contendrá una dosis de escepticismo hacia el liderazgo estadounidense y el uso de su poder duro. Es igualmente plausible que, de manera similar a otros miembros de su generación, las desafortunadas guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán ocupen un papel mucho más importante en la imaginación de la política exterior de Mamdani que la caída del comunismo en Europa del Este en 1989, o el papel desempeñado por Estados Unidos en Europa después de 1945.

De hecho, la propia herencia india de Mamdani resalta otra característica de la generación más joven de Estados Unidos. Los adultos jóvenes son mucho más diversos étnicamente, y por lo tanto están menos conectados emocionalmente con Europa a través de sus lazos familiares y culturales, que las cohortes de estadounidenses mayores. Además, las experiencias definitorias que impulsaron la política exterior de EE. UU. durante décadas, a saber, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya se están desvaneciendo de la memoria viva.

Si las opiniones de política exterior de Mamdani, y las de otros jóvenes legisladores y candidatos demócratas en ascenso, están en sintonía con lo que sabemos sobre las opiniones que prevalecen en su cohorte de edad, es probable que las próximas elecciones ratifiquen el alejamiento de Estados Unidos de Europa, en lugar de revertir lo que algunos aún pueden esperar que sea una aberración originada en los pantanos febriles de MAGA.

Los datos de encuestas disponibles solo deberían reforzar dicho escepticismo. Una encuesta de Pew de 2024, por ejemplo, encontró que solo el 32% de los adultos jóvenes creen que es extremadamente o muy importante que EE. UU. asuma un papel activo en el mundo, en comparación con el 74% de las personas de 65 años o más.

Si bien una encuesta más reciente realizada por YouGov para Carnegie Endowment for International Peace sugiere una división generacional menos marcada, aún encuentra que los encuestados de la Generación Z están menos preocupados por el poder militar estadounidense y menos inclinados a valorar el liderazgo de EE. UU. en una variedad de dominios políticos, desde la promoción de la democracia hasta la fortaleza económica y manufacturera. De manera similar, una encuesta de Ipsos de 2024 para el Chicago Council on Global Affairs sugiere que si bien puede haber un apoyo generalizado a la OTAN incluso entre la generación más joven, persisten las dudas. Menos de la mitad de los encuestados Millennials y de la Generación Z creen que la cooperación entre Estados Unidos y Europa dentro de la OTAN está haciendo que Estados Unidos esté más seguro.

Como era de esperar, la encuesta de Pew encuentra que el cambio climático es una prioridad principal para el 59% de los adultos entre 18 y 29 años (en comparación con solo el 39% entre los mayores de 65 años). La OTAN y Ucrania, por el contrario, se encuentran cerca del final de la lista, con solo el 17% y el 15% de los adultos jóvenes citándolos como “prioridades principales”, respectivamente. Para esos dos temas, esos resultados se comparan con el 33% y el 26%, respectivamente, entre los encuestados de entre 50 y 64 años, y el 37% y el 38% entre los estadounidenses de 65 años o más.

Sin duda, los votantes jóvenes no son una masa homogénea. En temas como Ucrania, el partidismo es un predictor más fuerte que la edad. Aun así, no es casualidad que notablemente menos demócratas de la Generación Z (25%) quieran un mayor apoyo a Ucrania (en comparación con el 35% de los votantes demócratas en general), como encuentra la encuesta de YouGov/Carnegie.

Como organización internacional, y quizás incluso como fuerza de combate, la OTAN puede ser capaz de sobrevivir a un par de cumbres más incómodas como la celebrada el mes pasado en La Haya. Y si las elecciones de mitad de período infligen una gran derrota electoral al mundo MAGA, habrá innumerables atlantistas europeos argumentando que la naturaleza se está curando y que una restauración del statu quo de la posguerra está cerca. Incluso puede haber una serie de figuras jóvenes, pero tranquilizadoras, para dar credibilidad a tal optimismo, piense en los senadores Slotkin y Gallego.

Sin embargo, que los europeos actuaran con la creencia de que las relaciones transatlánticas estarán bien, eventualmente, sería ignorar el cambio demográfico y cultural que está teniendo lugar al mismo tiempo, aunque a un ritmo más lento, mientras las batallas partidistas se libran en Washington. Si una Europa unida, libre y en paz fue una prioridad para generaciones de responsables políticos estadounidenses, ya no lo es, y puede que nunca lo vuelva a ser.

Racionalidad económica y política en los negocios internacionales

Escrito por George Youkhadar en . Publicado en Análisis diario.

En el actual escenario económico y político global, los conceptos de racionalidad económica y política han cobrado una gran relevancia a la hora de evaluar el comportamiento de los actores económicos —sean privados o públicos—, así como el de las políticas comerciales de las principales potencias económicas internacionales, en términos de sus decisiones de orden geoeconómico y geopolítico.

Las tensiones geopolíticas y geoeconómicas entre los Estados Unidos y China, principalmente, sumadas a la guerra de aranceles de EE. UU. frente a sus históricos socios comerciales, han puesto en el tapete, de manera implícita y explícita, el choque entre dos concepciones distintas de abordar la toma de decisiones de políticas económicas.

La racionalidad económica

La racionalidad económica tiene sus raíces en la teoría del homo economicus. Los orígenes de esta se encuentran en el ensayo sobre la economía política escrito por el filósofo, economista y político inglés John Stuart Mill en el año 1836, titulado Sobre la definición de economía política y sobre el método de investigación para ella. John Stuart Mill no acuñó el término homo economicus directamente; no obstante, su obra sentó las bases para la idea de un ser humano racional y maximizador de su propio interés económico.

Mill concibió al individuo en economía como alguien que busca la riqueza a través de una evaluación eficiente de los medios para obtenerla. Veía al hombre económico como un ser que busca maximizar su riqueza y bienestar, utilizando la razón para evaluar las mejores opciones a su alrededor. Por lo tanto, para Mill, lo que posteriormente fue conceptualizado como homo economicus era una herramienta metodológica para analizar la economía.

Homo economicus

La racionalidad económica se basa en la conceptualización del homo economicus, un concepto que describe, de manera abstracta, la capacidad de los agentes económicos para tomar decisiones lógicamente fundamentadas en una relación costo-beneficio. Estas decisiones tendrían como objetivo optimizar beneficios, así como reducir costos, operando dentro de las restricciones de recursos y conocimientos disponibles. En esencia, implica elegir la opción más ventajosa después de evaluar las alternativas y sus respectivas consecuencias.

La característica más importante del homo economicus es que toma decisiones basadas en un análisis racional de costo-beneficio, tanto desde el punto de vista del empresario —que se preocupa principalmente por maximizar las ganancias a través de un proceso de toma de decisiones eficiente— como desde el del consumidor, que busca maximizar su utilidad al comprar cualquier bien o servicio.

No obstante, los supuestos básicos sobre los cuales se sustenta el concepto abstracto y cuasi-modelístico de la racionalidad de los agentes económicos han recibido críticas tanto metodológicas —en cuanto a la validez de su aplicación práctica— como teóricas, como por ejemplo el supuesto de que los tomadores de decisiones tendrían acceso a toda la información existente.

Si enmarcáramos este concepto de racionalidad económica —y su subyacente homo economicus— en el actual contexto económico global, los agentes racionales deberían aprovechar la libertad del flujo de capitales y de los factores de producción. Esto se traduciría en la búsqueda de ventajas competitivas y comparativas, la optimización de la inversión en cuestión y la maximización del comercio, así como en la adaptación a las fuerzas del mercado como eje rector de sus decisiones de inversión o desinversión.

La racionalidad política

El concepto de racionalidad política no ha escapado de la abstracción ni de los factores inherentes a ella, como las influencias ideológicas o políticas —sean de tipo cultural o coyuntural— sobre los tomadores de decisiones a la hora de establecer las políticas económicas en sus respectivas naciones.

La racionalidad política ha sido definida por algunos autores como “una racionalidad práctica. Esto significa que no es una racionalidad externa a la acción, sino que es una racionalidad propia de la acción humana. Y como tal, solo es posible en relación con un agente y un contexto objetivo. Frente a la racionalidad teórica, que considera ‘desde fuera’ los procesos para aplicarles una técnica o normativa que los ordene a un fin estratégico”. (Luis Alejandro Auat, La racionalidad política: principios y mediaciones, Revista de Filosofía de Santa Fe, N.º 11, 2003, p. 46).

Siguiendo con el concepto de racionalidad política ya mencionado, es importante citar a Cruz Prados, quien sostiene que “la racionalidad de la acción solo es posible en el seno de un ethos objetivo. No sería posible, entonces, determinar la racionalidad o no de una acción si no contamos con un contexto de referencia”. (Cruz Prados Alfredo, Ethos y Polis. Bases para una reconstrucción de la filosofía política, EUNSA, Pamplona, 1999).

Cabe aclarar que el ethos es un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad, teniendo como fin lograr adhesiones a un proyecto político determinado, que puede tener diversos matices ideológicos o ser netamente pragmático. Estos conceptos son relevantes para entender la interconexión entre la racionalidad económica y la política dentro del actual escenario global de los negocios.

Interconexión entre la racionalidad económica y la política

La economía y la política están intrínsecamente ligadas, ya que las decisiones políticas pueden tener un impacto significativo en la economía, y las condiciones económicas pueden influir en las decisiones políticas.

Por ende, la racionalidad económica, a menudo asociada con la relación costo-beneficio y su maximización —como ya hemos señalado—, se ve desafiada por consideraciones políticas que obedecen a una racionalidad que prioriza intereses políticos presentes y de corto o mediano plazo. La estabilidad y la equidad social, entre otras consideraciones de índole sociopolítica, suelen supeditarse a factores políticos de corte electoralista que pretenden establecer una gobernanza que garantice legitimidad y apoyo popular en función de un proyecto político determinado.

Todos estos procesos, en distintos grados, introducen sesgos en los procesos de toma de decisiones. La influencia de grupos económicos, políticos o gremiales determinados, la búsqueda de rentas por parte de funcionarios, y el intercambio de favores terminan llevando a lo que la escuela de la Public Choice ha destacado: que la toma de decisiones públicas “no es un mecanismo de mercado”, y que las fallas de mercado deben compararse con los costos de la intervención pública, sea esta de alcance nacional o internacional.

El ciclo político de los negocios en el actual contexto global

La compleja relación entre economía y política debe analizarse también a través de la teoría del ciclo político de los negocios. El origen de esta teoría se encuentra en el artículo del economista William D. Nordhaus, de la Universidad de Yale, titulado The Political Business Cycle (abril de 1975), publicado en The Review of Economic Studies. Este artículo no solo definió un nuevo riesgo exógeno para el funcionamiento de los mercados —el ciclo político de los negocios—, sino que identificó tendencias intrínsecas en los sistemas políticos democráticos para manipular la economía en beneficio de las élites políticas y económicas, especialmente para influir en los resultados electorales y así conservar el poder político.

Nordhaus planteó que, dentro de este concepto, existiría un ineficiente “ciclo político” mediante el cual los gobiernos, a través de la manipulación de instrumentos de política económica (fiscal, monetaria y comercial), buscarían preservar el poder.

Dentro de esta teoría se distinguen dos tipos de modelos: los oportunistas, donde los políticos solo buscan maximizar votos, y los partidistas, donde adoptan políticas que reflejan una ideología definida y están orientadas a beneficiar a sus representados.

Si bien esta teoría nació como una modelización para explicar el comportamiento de gobiernos democráticos en su afán de moldear la economía según sus intereses electorales, también puede aplicarse, aunque parcialmente, a regímenes cuasidemocráticos o autoritarios. En estos casos, la manipulación económica no se orienta a la reelección, sino a la expansión de la influencia geoeconómica y geopolítica en el escenario internacional.

Hoy, en el plano internacional, observamos un contraste: por un lado, el gobierno actual de los Estados Unidos encuadra su racionalidad política dentro de los dos modelos arriba mencionados al implementar sus políticas económicas exteriores. Por otro, China actúa según una racionalidad política que no se explica por procesos electorales internos ni por la necesidad de adhesión al establishment por parte de su ciudadanía, sino por su proyecto de expansión global. Este proyecto, en ciertas áreas económicas, compite de forma desleal —desde el punto de vista de las reglas del libre mercado— con los Estados Unidos y el resto del mundo occidental.

Conclusiones

La racionalidad política, tal como se ha explicado en el marco de la teoría del ciclo político de los negocios, ha venido marcando —y seguirá marcando— las pautas de reconfiguración del actual sistema económico y geopolítico internacional.

Este ciclo político de los negocios ha minado los fundamentos del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial. A través de guerras comerciales, competencia desleal y el uso de aranceles como instrumento de presión política y económica (justificada o no), se ha generado un entorno global altamente impredecible y desafiante para los agentes económicos, que solían tomar decisiones dentro de un marco de racionalidad económica y bajo unas reglas más o menos claras y predecibles del libre mercado de bienes y servicios.

No podía saberse: prensa, poder y naufragio socialista

Escrito por Adrián Ortiz en . Publicado en Análisis diario.

Con Santos Cerdán enviado a prisión tras su declaración en el Supremo, la maquinaria socialista se ha parapetado detrás de sus grandes éxitos: “esa persona de la que usted me habla”, “esto no tiene nada que ver con el PSOE” o “actuamos con contundencia, y ahora es el turno de la justicia”.

Tras el dantesco espectáculo en la OTAN, el presidente del Gobierno sigue empecinado en vendernos la imagen de un partido que actúa contra la corrupción cuando la conoce. Pero lo que se desliza de todo esto son dos posibilidades, a cada cuál peor. Por un lado, que todo este entramado esté en conocimiento del presidente, y sólo ante la inminente consecuencia se haya tomado cartas en el asunto para escurrir el bulto. Por otro –y peor aún–, que efectivamente, nadie supiera nada. Lo cual pondría de manifiesto que estamos siendo gobernados por una panda de tuercebotas incapaces. Maldad o inutilidad. Ninguna de ellas digna de admiración.

Pero lo verdaderamente llamativo no es que el poder se aferre al sillón y trate como deficientes mentales a sus votantes. Eso podemos achacarlo al costumbrismo político. Lo relevante es que, en paralelo, desde hace un par de semanas se ha activado la maquinaria interna entre los medios de comunicación. Los estómagos agradecidos de los últimos años comienzan a otear una posible hecatombe socialista y, ahora sí, empiezan a echar leña al fuego. Quienes durante años han sido los grandes defensores de Pedro Sánchez, son ahora los que, por conveniencia política y económica –porque filtrar audios e informaciones puede dar mucha audiencia– se encomiendan a la nueva consigna: pedir explicaciones y entonar el “no podía saberse”.

El periodismo es esa profesión que se ha prostituido y adulterado hasta niveles inimaginables. Aunque quedan grandes profesionales en ella, la caricatura que muchos periodistas y el aparato mediático actual han acabado haciendo de sí mismos, no son más que una sombra de lo que alguna vez significó hacer periodismo.

De apuntalar el régimen a sorprenderse

La carrera por reestructurar el relato a la oficialidad que se dictaba desde Moncloa ha venido siendo una constante desde hace años. La Cadena Ser, El País, La Sexta, eldiario.es y demás palmeros, han retorcido la narrativa mediante corrupciones semánticas que harían temblar al mismísimo Goebbels. Una prensa totalmente alineada con el poder de turno, pues cuando la supervivencia pasa por quien controla el BOE, todo está perdido. Es así como estos medios han pasado a ser una elongación del poder. Cada escándalo, cada corruptela, cada investigación independiente de otro medio, ha sido minimizado, o negado categóricamente, por la guardia pretoriana socialista.

Como escribió Georges Bernanos en Francia contra los robots, la libertad no debe encomendarse a los burócratas, técnicos y mecánicos de la democracia. Y sin faltarle ni un ápice de razón, deberíamos añadir, tampoco a los medios de comunicación.  Porque esos que ahora asoman la patita de la sospecha son los mismos que ayer tachaban de propagadores de bulos a los medios independientes. No lo hacían por amor a la verdad –impracticable para ellos– sino por conveniencia narrativa. Que medios como la Cadena Ser o La Sexta simulen hoy una mínima crítica hacia el PSOE no es más que la enésima muestra del rastrerismo que impera en ellos. Semana tras mes, y mes tras año, han elevado a categoría de verdad absoluta las palabras de quienes los regaban con dinero público. Pero ahora, como quien de repente ve las orejas al lobo, comienzan a entonar el ‘no podía saberse’ y demás mantras prefabricados para evadir responsabilidades… Incluso algunos personajes llegaron a deslizar la idea de que la culpa de todo esto era de las malvadas empresas capitalistas que tentaban a los bondadosos políticos socialistas.

 
Del ‘es mejor que roben los buenos, a que roben los malos’ de Marta Nebot, hemos pasado a esta huida hacia adelante que ha colocado a los periodistas del régimen como víctimas de las engañifas del Gobierno. Ahora tienen que pedir explicaciones, y audios filtrados mediante… mantener la audiencia. La rueda ha girado. Da signos de necesitar un cambio, y para seguir en ella, ahora sí, deben señalar a los que antes ponían la alfombra. Pero ahora, estos medios parecen haber empezado a oler el cadáver. No por deontología. No por dignidad profesional. Sino porque si, de repente, algo cambia, puedan decir que ellos siempre estuvieron del lado de la verdad. Verdad que ahora es la que más audiencia da.

Del bulo al escándalo, según convenga

La ley de hierro de las oligarquías formulada por Robert Michels comienza a sentirse en las carnes de Pedro Sánchez. Figuras como Antonio García Ferreras o Angels Barceló, anteriores acólitos sanchistas, piden ahora explicaciones y dignidad democrática. Pero en realidad, lo que ocurre, es que cuando una élite empieza a dar signos de desgaste, sus aliados –incluidos los medios– no se desmarcan por principios, sino por puro instinto de supervivencia. Porque lo que estos periodistas y medios no quieren, es que cuando Sánchez no esté, nadie pueda decir que ellos no defendieron la verdad del momento.

Joseph Ratzinger escribió que la renuncia a la verdad es el núcleo esencial de nuestra crisis. Una crisis que lleva años asolando al periodismo. La verdad, ni está, ni se la espera. Años apuntalando mentiras. Años señalando al del equipo contrario. Pero ahora, estos mismos lamebotas pretenden convencernos de que lo suyo ha sido una epifanía periodística. La venda se ha caído. Por fin, han podido ver la luz.

Lo que antes se calificaba como ‘bulo’ ahora se llama ‘escándalo’. Un recálculo tan oportuno, como falso. Estos medios, estos periodistas, no han cambiado en absoluto, tan solo ha cambiado el miedo a que su estabilidad económica y presencia mediática se vean reducidas de no defender lo que en cada momento resulta más conveniente. La prensa que señaló a Ketty Garat cuando destapó el caso Ábalos es la misma prensa que señala a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo por propagar bulos. Y es la misma que hoy empieza a comprar el relato. Lo que antes se silenció, luego se justificó, y hoy, cuando el hedor es ya insoportable, sirve para simular haber sido los más íntegros y críticos con el régimen. Una jugada que solo podría ser realizada por aquellos que, o no tienen nada que perder, o pueden perderlo todo.

Corrupción moral: el verdadero cáncer

El socialismo es la ruina de todo aquello cuanto toca. Y como si del mejor ejemplo del libro de Manuel Llamas se tratase, hoy la prensa española quiere envolverse en un halo de supuesta valentía, cuando lo que hay detrás es cobardía y oportunismo. Pero tras todo este disfraz hay algo peor, algo que no se ve en el corto plazo, algo que aboca a una sociedad a un estado terminal: la corrupción moral.

Una sociedad que no castiga la corrupción económica es una sociedad abonada a la miseria, pero una sociedad que no castiga la corrupción moral está destinada a la metástasis. El mal actual se concentra en la falta de memoria y moral de la sociedad civil. Cada vez que el poder cambia de manos, o de perfume, la población empieza desde cero con la connivencia de una prensa que ayer aplaudía al poder, y hoy, cuando es necesario para su supervivencia, se proclama heroína de la democracia.

Una sociedad que ha depositado su soberanía moral en aquellos que la corrompen… jamás podrá decirse ‘libre’ a sí misma. El problema no es Ferreras, ni Angels Barceló o cualquier personaje de la corte mediática. El problema son quienes hoy los escuchan y no señalan que ayer no decían lo mismo. Porque lo que hoy dicen no es por ética o moral, sino porque cuando se hunde, las ratas son las primeras en abandonar el barco.

ÍNDICE DE SEGURIDAD JURÍDICA 2025 

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Sin categoría, Carrusel Home, Investigación.

El deterioro institucional en España durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez. Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de gobierno.  

Este conjunto de malas prácticas ha llevado a que España sea señalada por organismos internacionales y expertos en gobernanza como un caso paradigmático de deterioro del imperio de la ley en Europa Occidental. Ante este contexto, el Instituto Juan de Mariana quiere contribuir al debate público con un análisis basado en datos y evidencia empírica que, a través del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ), ofrece una herramienta de diagnóstico rigurosa e independiente que permite reflexionar sobre el Estado de Derecho de derecho, la calidad institucional y los retos estructurales que enfrentan las instituciones en España.  

Visión general del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ). 

  • El Índice de Seguridad Jurídica (ISJ), elaborado por el Instituto Juan de Mariana, ofrece una medición comparada del grado de certeza legal, calidad institucional y Estado de Derecho en los países de la Unión Europea. 
  • El índice se compone de diez pilares fundamentales, cada uno basado en fuentes internacionales reconocidas. 
  • En la edición de 2025, con datos finales para 2023, España obtiene una nota general de apenas 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la UE, lo que refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez.

La calificación que obtiene España, se puede descomponer en distintas variables:  

  • Las categorías analizadas abarcan todos los aspectos esenciales para el buen funcionamiento de una democracia liberal y sus instituciones: (1) ausencia de corrupción, entendida como la percepción y el control de prácticas indebidas en el uso del poder público; (2) efectividad del gobierno, que mide la capacidad del Ejecutivo para diseñar e implementar políticas públicas eficaces; (3) Estado de Derecho, que examina el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales; (4) calidad regulatoria, centrada en la capacidad del marco normativo para favorecer la iniciativa privada y la competencia; (5) funcionamiento de la justicia, incluyendo aspectos civiles, penales y procesales; (6) limitación del poder del gobierno, o restricciones institucionales al ejercicio arbitrario del poder; (7) calidad democrática, en términos de pluralismo, libertades y controles; (8) derechos de propiedad, clave para la inversión y la seguridad patrimonial; (9) previsibilidad de la fiscalidad, con énfasis en la estabilidad, predecibilidad y litigiosidad del sistema tributario; y (10) cumplimiento de laudos de arbitraje internacional, como expresión última de respeto pleno a las reglas del juego codificadas en los tratados para la facilitación de la inversión foránea. 
  • Desde el año 2000 hasta nuestros días, España ha seguido una trayectoria descendente en el Índice de Seguridad Jurídica. Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el Reino ha experimentado un deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces. La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas del ISJ en España, reflejando la erosión de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y las instituciones. La nota cosechada por España en el ISJ 2025 es, con diferencia, la peor de la historia reciente.  

Otros estudios apuntan en la misma dirección que el ISJ, confirmando el impacto negativo que tiene el deterioro de la seguridad jurídica, la calidad institucional y la democracia, no solamente en clave sociopolítica, sino también en lo tocante a la prosperidad económica:  

  • En 2025, España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en un solo año y situándose en la posición 46 a nivel global. Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata de la peor nota desde los tiempos de Felipe González. Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno de Sánchez.  
  • El Banco de España considera que la caída en la calidad de las instituciones ha tenido un impacto directo en la productividad y el bienestar económico. El Banco de España ha estimado que, si España igualara los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19 por ciento más en cinco años, lo que se traduciría en hasta 6.000 euros adicionales de renta per cápita. Sin embargo, nuestro país figura entre los cinco con mayor deterioro institucional desde 2000 hasta nuestros días, a la par con Hungría, Polonia o Estados Unidos.  

Estudio de caso: la Ley Beckham y la inseguridad jurídica en el plano tributario.  

  • Retroactividad y ruptura de la confianza legítima: El caso del régimen fiscal para trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham, ejemplifica con claridad el deterioro de la seguridad jurídica tributaria en España. Durante años, la Agencia Tributaria (AEAT) emitió certificados oficiales de inclusión en este régimen, los cuales sirvieron como garantía plena de reconocimiento de su estatus fiscal, en virtud del cual tributaron durante el periodo de seis años contemplado en la norma. Sin embargo, y en una muestra preocupante de inseguridad legal, la propia Administración ha iniciado posteriormente distintos procedimientos de inspección que cuestionan el contenido y validez de estos actos administrativos ya consolidados. Tal actuación retroactiva ha afectado a cientos de contribuyentes que tributaron conforme a las reglas previamente aceptadas, generando no solo un notable clima de incertidumbre normativa, sino también una quiebra manifiesta del principio de confianza legítima, que exige coherencia por parte del Estado en sus actuaciones. 
  • Inspecciones agresivas e incentivos perversos: La conflictividad derivada de la Ley Beckham ha derivado en una “macrocausa” que ha desvelado prácticas especialmente agresivas por parte de la Agencia Tributaria. En numerosos casos, las inspecciones fiscales se remontarían hasta once ejercicios fiscales anteriores, incluyendo requerimientos intrusivos a terceros ajenos al procedimiento, como familiares o centros escolares. Además, se ha denunciado un uso excesivo del argumento de “simulación” para cuestionar la validez de operaciones económicas sin prueba suficiente. A esto se suma la existencia de incentivos retributivos ligados a la recaudación por “actas con acuerdo”, que pueden generar un sesgo institucional hacia la sanción en lugar de hacia la justicia objetiva. Estas dinámicas aumentan los costes procesales y reputacionales para la Administración y los contribuyentes, al tiempo que desalientan la llegada de talento internacional y dañan gravemente la reputación fiscal del país. 
  • Vulneración de derechos fundamentales: La proliferación de litigios derivados del régimen especial para desplazados ha puesto en evidencia graves disfunciones en la aplicación práctica del derecho tributario en España. Se vulneran principios constitucionales y europeos básicos, como la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia. La necesidad de presentar garantías o abonar previamente grandes cantidades de dinero limita la capacidad de defensa de los contribuyentes, quienes enfrentan incluso amenazas de prisión si no aceptan las condiciones de la AEAT. Todo ello ilustra un entorno fiscal altamente inestable y punitivo, que socava la seguridad jurídica y plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y transparencia de las actuaciones administrativas. En consecuencia, urge una reforma profunda que restablezca la coherencia normativa, refuerce las garantías procedimentales y restaure la confianza en el sistema tributario español. 

Para poder leer el informe completo pincha aquí.

El lenguaje económico (LIII): sobre la ley de Say

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en El lenguaje económico (LIII): sobre la ley de Say

Jean-Baptiste Say (1767 – 1832) fue un economista en la tradición francesa de laissez faire y también empresario textil, que gozó de gran reconocimiento en Europa y Norteamérica por su Tratado de Economía Política (1803), obra que se caracteriza por su rigor lógico y gran claridad expositiva. Esto afirmaba Schumpeter: «Su razonamiento discurre con tal limpidez que el lector apenas se detiene alguna vez a pensar y rara vez experimenta alguna sospecha de que pudiese haber cosas más profundas por debajo de esta fluida superficie» (Rothbard, 2012: 31). Los economistas clásicos y los austriacos, por su parte, interpretaron a Say correctamente, pero John M. Keynes la reformuló de forma errónea y confusa: «La oferta crea su propia demanda».

Lo que dijo J. B. Say (1803, cap. XV):

El hombre cuya industria se aplica a dar valor a las cosas, disponiéndolas de modo que tengan un uso cualquiera que sea, no puede esperar que sea apreciado y pagado este valor sino donde haya otros hombres que tengan medios para adquirirle. ¿Y en qué consisten estos medios? En otros valores y productos, fruto de su industria, de sus capitales y de sus tierras […] Si nada produce, nada podrá comprar.

Resulta obvio que, para consumir, primero es preciso haber producido algo. El bien producido puede ser consumido directamente, trocado o, más frecuentemente, intercambiado por dinero.

La moneda que haya servido en la venta de sus productos, y en la compra que haya hecho de los productos de otro, servirá dentro de un momento para el mismo uso entre otros dos contratantes; después servirá para otros y otros en una serie progresiva que no acabará jamás

Say nunca dijo que lo producido tendría una salida (venta) automática: «Las mercancías que no se venden, o se venden con pérdida […] porque se han producido cantidades demasiado considerables o más bien porque han decaído otras producciones». Algunas ideas de Say son proto-austriacas: a) Fue el precursor de la praxeología como método válido para el estudio de la economía (Rothbard, 2012: 32). b) Mito de la balanza comercial «desfavorable»: «Una nación se halla en el mismo caso con respecto a la nación vecina, que una provincia con respecto a otra» […] «No se perjudica a la producción y a la industria de los indígenas o nacionales, cuando se compran e importan las mercancías del extranjero»;  c) Error de considerar la economía en clases o categorías: «Es fútil la clasificación de las naciones en agrícolas, fabricantes y comerciantes»; d) Mito keynesiano de fomentar el consumo: «Los malos gobiernos excitan a consumir, y los buenos a producir».

Por último, Say intuyó la Teoría austriaca del ciclo económico al detectar que las crisis eran causadas por un «fallo general en la previsión y el ‘cálculo’ empresarial que conduce a lo que viene a ser una puja de costes excesivos» (Rothbard, 2012: 58). J. B. Say nunca supo que ese error, a su vez, provenía de una expansión crediticia artificial (sin ahorro real) que creaba malinversiones y que luego colapsan al revelarse insostenibles.

La interpretación de los economistas clásicos

En su libro Principios de Economía Política (Lib. III, cap. XIV) John S. Mill, reproduce fielmente la ley de Say:

Los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee […] Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados; pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles; todos podrían comprar el doble, porque tendrían dos veces más que ofrecer en cambio.

La interpretación schumpeteriana

En su monumental Historia del Análisis Económico, Schumpeter hace una exégesis de la ley de Say y descarta cualquier confusión: «la significación está suficientemente clara gracias a ejemplos y consecuencias» (Schumpeter, 2012: 683). En la economía no hay un problema de sobreproducción o de infraconsumo. Si una mercancía no tiene salida, sea en el comercio interior o internacional, es porque no es del gusto de los consumidores o porque estos no tienen nada que ofrecer a cambio. Schumpeter achaca la confusión al error de hacer agregados económicos.

La interpretación keynesiana

John M. Keynes, ya fuera por diletantismo[1] o por interés espurio, puso en boca de Say y de los economistas clásicos una frase inventada por él mismo: «La oferta crea su propia demanda» (Keynes, 1943: 28).

Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda […] que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente en comprar los productos.

Keynes tergiversó la ley de Say al presentarla como «la oferta siempre iguala a la demanda», ignorando el papel de los precios y la estructura de producción. Los excedentes se corrigen con ajustes de precios y no con la intervención estatal. Repitieron el error keynesiano conspicuos discípulos como Samuelson y Nordhaus (2006: 715):

Ley de los mercados de Say. Teoría que afirma que “la oferta crea su propia demanda”. J. B. Say afirmó, en 1803, que, debido a que el poder total de compra es exactamente igual al total de los ingresos y de los productos, es imposible que se presente un exceso de demanda o de oferta.

Conclusión

La interpretación correcta de la ley de Say es: «La producción [de unos productos] es la que da salida [venta] a los [otros] productos». Ni Say, ni ningún economista clásico afirmó: «La oferta crea su propia demanda», ni que toda producción se vendiera (tener salida) automáticamente, sino que la producción previa genera los ingresos necesarios para demandar otros bienes. La ley de Say muestra que el estado no puede crear una demanda real (gasto público) porque solo confisca y redistribuye bienes sin aumentar la producción. Lamentablemente, el error (Keynes) triunfó sobre la verdad (Say), probablemente, porque justificaba el intervencionismo estatal: estímulos, gasto deficitario e inflación monetaria.  

Bibliografía

Keynes, J. (1943). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: FCE.

Mill, J. S. (1848). Principios de economía política.

Rothbard, M. (2012). Historia del Pensamiento Económico, vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Samuelson y Nordhaus (2006): Economía, 18ª edición. McGraw-Hill

Say, J. B. (1820). Tratado de economía política. Ed. Internet.

Schumpeter, J. A. (2012): Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel.

Notas

[1] Keynes no era economista y, según Hayek, sabía muy poco de economía.

Serie ‘El lenguaje económico’