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La hiperausteridad de Rajoy: un recorte del 0,8% con respecto a ZP

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó a La Moncloa ondeando la bandera de la austeridad. Desde un comienzo nos vendió que no le temblaría el pulso a la hora de maximizar el recorte de gastos para así acabar con el déficit público minimizando cualquier subida de impuestos. Al final, empero, resultó ser al revés: minimizó los recortes para así poder maximizar la subida de impuestos.

Justamente, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 constituye una excelente oportunidad para comparar la austeridad rajoyana durante su primera legislatura; esto es, para comparar los últimos PGE que aprobó Zapatero –para 2011– con los últimos que ha aprobado Rajoy. 

Grosso modo, vemos que el Gobierno central sí ha reducido algunos capítulos del gasto público. En concreto dos: servicios públicos básicos (justicia, seguridad y defensa) y actuaciones de carácter económico (subvenciones sectoriales), que son los de menor magnitud sobre el total. El primero cae un 15% y el segundo un 12%. Sin embargo, hay que tener presente que el recorte en las actuaciones de carácter económico habría sido mucho más intenso de no haberse producido un notable incremento –del 95%– en las transferencias a “industria y energía”, debido esencialmente a que el Gobierno ha pasado a hacerse cargo de parte del déficit de tarifa para evitar que ésta siguiera subiendo (es decir, el contribuyente termina pagando parte de la factura de la luz de los usuarios, tanto familias como empresas).

En cambio, los otros dos capítulos –los verdaderamente cuantiosos– han sido cebados con más gasto durante esta legislatura. Por un lado, el capítulo de “gasto social”, que crece un 3% con respecto a 2011, sobre todo porque los desembolsos totales en pensiones aumentan más de un 20%; por el contrario, otras partidas incluidas en esos mismos gastos sociales (esencialmente, las políticas activas de empleo y las prestaciones de paro) sí caen con cierta intensidad (recordemos que sanidad y educación están transferidas a las autonomías, de modo que el gasto público del Gobierno en estos rubros es poco menos que testimonial). Por otro, destaca el crecimiento en un 47% de las llamadas “actuaciones de carácter general”, donde básicamente se incluye el gasto de la burocracia estatal, los intereses de la deuda y las transferencias del Gobierno central a autonomías y ayuntamientos: el motivo de su sobredimensión es que el Estado ha pasado a hacerse cargo de la financiación de la deuda de las autonomías a través del Fondo de Liquidez Autonómico (incluido entre los “servicios de carácter general”).

Si agregamos la totalidad de estos gastos, obtenemos que entre 2011 y 2016 el gasto público del Gobierno central crece un 11% (descontando la inflación, alrededor de un 8,5%). Acaso podría considerarse injusto culpar a Rajoy del incremento de transferencias a las autonomías, de la aprobación del FLA o del aumento de los intereses de la deuda (a mí entender no, pues todas esas partidas han sido promovidas y consentidas por él, en especial el sobreendeudamiento público para retrasar cuanto fuera posible el ajuste del déficit). Pues bien, cubrámonos las espaldas frente a esa crítica y excluyamos todo el capítulo de “actuaciones de carácter general” de nuestra comparativa: en tal caso nos encontraremos con que el gran tijeretazo, el ultrarrecortazo, el hiperaustericidio de Rajoy se traduce en haber reducido el gasto público un 0,8% en cinco años(casi un 3,5%, contando la inflación). Eso es todo, amigos.

Y es que Rajoy nunca quiso pinchar con valentía y decisión la burbuja estatalAnte una situación de inminente bancarrota, optó por multiplicar los impuestos directos e indirectos, por aplicar recortes parciales en partidas menores de gasto discrecional que deberían haber sido suprimidas en su totalidad y por mantener intactas otras partidas enormes de gasto que, por su insostenibilidad a medio y largo plazo, deberían haberse revisado por entero (me refiero muy en especial a las pensiones). Y como no hizo lo que debía disparó el endeudamiento público, y con él los intereses de la deuda, hipotecando nuestro presente y futuro. De la quiebra nos salvó en 2012 la prodigalidad italo-teutona de Mario Draghi, no el irresponsable inmovilismo socialdemócrata de Rajoy.

En suma, ahí tienen en toda su extensión el lustro de austeridad del Gobierno que venía a poner en orden las desastrosas cuentas del Reino: un recorte del 0,8% con respecto a la burbuja de gasto público que nos legó ZP.

 

Ciudadanos se olvida del homeschooling

La reforma educativa presentada por Ciudadanos tiene sus luces y sus sombras: sin ser una reforma que vaya a revolucionar el sistema educativo español volviéndolo verdaderamente libre y adaptable a un entorno cada vez más dinámico y cambiante, sí introduce diversos cambios que intentan simular, dentro del encorsetado y burocratizado régimen estatal, algunos de los elementos y mecanismos que estarían presentes en un mercado libre (autonomía de cada centro, autorregulación curricular, competencia, remuneraciones ligadas a resultados, etc.).

Habida cuenta de que la inmensa mayoría de españoles son socialdemócratas convencidos, acaso no sea políticamente realista que el partido, aun queriéndolo, hubiese podido presentar un programa muy distinto (lo cual no quita para que, aquellos que nos ubicamos fuera de la refriega politiquera diaria, sí podamos y debamos vindicar un vuelco liberal de la vida política española). Ahora bien, incluso partiendo de esa generosa base, existe un clamoroso punto negro en el programa educativo de Ciudadanos que no es excusable ni siquiera por un elemental tacticismo político: la omisión de cualquier mención a la educación en casa (homeschooling).

En España, la educación en casa se halla incomprensiblemente en un limbo de alegalidad. Digo incomprensiblemente porque escolarizar a un niño no es la única forma de educarle: el fin —y la obligación familiar— ciertamente es que un niño adquiera las habilidades y los conocimientos básicos para crecer y desarrollarse socialmente como adulto; pero el medio para lograr tal fin puede ser la escolarización… o el homeschooling. En otras palabras, la educación en casa no es sinónimo de asilvestramiento infantil: en esencia porque los padres quieren sacar a los niños de la escuela para implicarse activamente en su crecimiento intelectual, moral y emocional. Y al igual que existen inspecciones o pruebas generales en los centros docentes para supuestamente asegurar la calidad de la enseñanza, también podrían darse si fuera menester entre los niños educados en casa para certificar que los padres no están desatendiendo sus obligaciones para con sus hijos.

Pero, como digo, los legisladores españoles han optado por mantener en tierra de nadie semejante libertad fundamental. A pesar de lo cual, alrededor de 5.000 padres optan cada año por rescatar a sus hijos de un sistema escolar que no se ajusta en absoluto a la formación que consideran más adecuada para ellos. Estas valientes 5.000 familias no practican el homeschooling por desprecio o indiferencia hacia la educación que vayan a recibir sus vástagos, sino por todo lo contrario: porque valoran tanto los conocimientos, los valores y las habilidades personales y sociales que desean que desarrollen sus hijos que están dispuestos a nadar contracorriente y a sacarlos de un sistema de enseñanza que honestamente creen que es disfuncional.

Y razón no les falta en sus apreciaciones: es una obviedad que el sistema educativo español hace aguas por todos los costados (tal como los propios políticos reconocen cada vez que anuncian reformas profundas en su organización). No sólo las elevadas cifras de fracaso escolar o las mediocres calificaciones de PISA avalan su fracaso, sino también su total incapacidad para formar personas en otras dimensiones humanas distintas a la de convertir a los alumnos en un mero silo memorístico. En este contexto, es del todo razonable que algunos padres se preocupen y se ocupen de querer proporcionar personalmente esa formación integral de calidad a sus hijos en lugar de condenarlos durante una década a una estéril estabulización escolar (al menos hasta ciertas etapas educativas donde sí puedan requerir de la asistencia de profesores especializados).

Acaso se objete que la educación en casa puede ser efectiva a la hora de transmitir conocimientos y valores, pero que en cambio atrofia la socialización de los menores. Mas semejante crítica adolece de un profundo desconocimiento de qué es la educación en casa: unhomeschooler no es un niño que se queda aislado y encerrado dentro de las cuatro paredes de su vivienda recibiendo clases magistrales de sus padres; un homeschooler es un niño al que sus padres forman continuamente en todos los aspectos vitales, no sólo transmitiéndole conocimientos, sino insertándolo en la vida diaria de la sociedad (por ejemplo, acompañando a sus padres en sus actividades mundanas fuera de casa para que se interrelacione con personas de edad distinta a la suya) y también asegurándose de que cuente con amigos de su misma madurez intelectual y emocional para que desarrolle facetas que los padres saben que no pueden ser ellos quienes se las desarrollen.

Es más, si uno está verdaderamente preocupado por la socialización de los menores, lejos de darle un portazo total al homeschooling debería abrazar el flexi-schooling, es decir, una modalidad de escolarización parcial donde los niños acuden a la escuela para recibir ciertas materias (y socializarse) permitiendo que las restantes sean impartidas en el seno familiar. En tal caso se combinan las posibles ventajas de la escolarización con las indudables ventajas de la educación en casa. Pero en España ni elhomeschooling ni el flexi-schooling están amparados por la ley con la claridad que se merecen, colocando a miles de familias bajo una injustificable espada de Damocles de incertidumbre.

Ciudadanos siempre ha hecho gala de valorar la seguridad jurídica, la simplicidad normativa, la independencia de los individuos frente al Estado o las experiencias extranjeras funcionales. Incluso en su reforma educativa, defienden la importancia de promover la implicación de las familias en la educación de sus hijos. Con tales mimbres, resulta ilógico que se hayan negado a abordar la problemática de la educación en casa: esto es, que se hayan negado a proporcionar seguridad jurídica a 5.000 familias y sus hijos, simplificando la maraña educativa en la dirección de importar un modelo de educación perfectamente exitoso en EEUU que, además, defiende la independencia de los individuos frente al Estado. Ojalá Ciudadanos enmiendee esa crucial omisión reuniéndose con asociaciones de padres que practican el homeschooling, escuchándoles con apertura de miras y ofreciéndoles una respuesta sensata a su problemática donde se salvaguarde su libertad y la calidad educativa de sus hijos. Todavía están a tiempo de enarbolar una bandera tan digna y liberal como ésta.