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Choque de Estados

Para los que vivimos el final de la Guerra Fría, la alianza entre Estados comunistas nos resultaba algo casi natural. Sin embargo, bajo ese sistema aparentemente monolítico, controlado en buena medida por el PCUS y las instituciones soviéticas, se dejaban entrever desacuerdos que en algunos casos llegaron a enfrentamientos bélicos y que quizá no tuvieron toda la repercusión que debieron.

De pocos es sabido el enfrentamiento entre chinos y vietnamitas, pese a las coincidencias ideológicas de sus gobiernos. En 1979 hubo una guerra abierta entre ambos países, cuando Vietnam invadió la Camboya de los Jemeres Rojos para poner fin al régimen de Pol Pot. Mientras éste contaba con el apoyo chino, aquéllos lo tuvieron de la URSS.

Los desencuentros entre los gobiernos de Tito y Stalin afectaron a la Guerra Fría desde el principio hasta el punto de que, por ejemplo, Stalin no apoyó demasiado activamente al bando comunista durante la guerra civil griega, quizá porque había prometido no hacerlo, quizá porque tenía otros problemas más urgentes y no tenía recursos para estar en todas partes. Proyectos como la Gran Yugoslavia de Tito, que incluía a la actual Bulgaria, quedaron parados, pero a la larga Occidente ganó un enemigo algo más colaborador que el soviético.

De todos los enfrentamientos entre aliados, quizá fue el que encaró a la URSS y a China el que mayor riesgo conllevó. Durante los años 60 se produjeron varios incidentes fronterizos entre el Ejército Rojo y el Ejército de la China Popular. La creación de la República Popular de Mongolia, apadrinada por los soviéticos, no satisfizo las esperanzas territoriales chinas, que no aceptaban las imposiciones que se habían realizado en tiempo de los zares. El resultado fue una serie de incidentes fronterizos que culminaron a finales de los 60 en varios enfrentamientos militares en la isla de Zhenbao: el primero, el 2 de marzo de 1969, con decenas de muertos y heridos en ambos bandos, y 13 días después, el bombardeo de la concentración de tropas chinas, que se vieron obligadas a replegarse. Durante el verano, los enfrentamientos se ampliaron a la frontera en la provincia china de Xinjiang y varias incursiones chinas en Kazajistán. El problema radicaba en la naturaleza nuclear de ambas potencias y, si bien a los americanos les interesaban las desavenencias, al mundo no le interesaba un conflicto nuclear entre ambos aliados.

Años después, sus herederos, la Federación Rusa y una República Popular China algo menos comunista y, aparentemente, menos paranoica que la gobernada por Mao Tse Tung, viven una situación confusa. Por una parte, ambos tienen en Occidente un enemigo que puede hacer que tomen decisiones similares para problemas parecidos. Sin embargo, las situaciones heredadas en cuanto a fronteras e intereses económicos y, sobre todo, geoestratégicos, no se han resuelto; es más, con la desintegración de la Unión Soviética y la creación de un puñado de Estados en Eurasia, éstos se han vuelto mucho más complejos y difíciles de resolver si cabe.

La inmensidad de Eurasia, las grandes estepas y la baja densidad de población en buena parte de esos vastos territorios, unido a una cultura tradicional ligada al nomadismo y la trashumancia, ha hecho difícil, incluso para imperios tan poderosos como el chino y el “ruso-luego soviético-de nuevo ruso”, mantener controladas a las poblaciones que viven en los territorios que supuestamente administran.

Un hecho alarmante que han experimentado recientemente los rusos radica en la chinificación de ciertas zonas colindantes. La chinificación, así como la rusificación o cualquier otra colonización, ya sea natural (por voluntaria) o artificial (por forzada), ha sido una poderosa herramienta política que ha ayudado a delimitar mapas y producir éxodos, cuando no matanzas. Detrás de estos procesos, con el tiempo, pueden ir unidas reclamaciones territoriales, pero sobre todo hay influencias sociales, culturales y económicas.

En el Extremo Oriente ruso, la región comprendida entre el Lago Baikal y Vladivostok, con un tamaño que casi duplica el de Europa, tiene unas expectativas poco halagüeñas: la población asciende a 6,6 millones de habitantes, y la baja natalidad rusa y la emigración hacen que las previsiones para mediados de siglo sean de en torno a los 4,5 millones. A ello hay que unir las escasas y malas comunicaciones con los territorios más poblados de Rusia. Sin embargo, en los territorios fronterizos chinos, en Manchuria, la población asciende a más de 100 millones de habitantes, con una densidad de población 62 veces superior a la de la Siberia rusa. Las poco controladas fronteras entre ambos territorios han generado un goteo de chinos en dirección hacia zonas menos pobladas, pero cercanas a sus hogares originales y en ciudades como Chitá, esta población no ha hecho otra cosa que crecer.

El resultado de todo esto preocupa de manera notable a las autoridades rusas. No se trata de una anexión u ocupación militar, sino simplemente de un control demográfico y empresarial. Lo que no venga de la lejana Moscú vendrá de la zona china, no sólo más poblada, sino más rica y, a cambio, los chinos consiguen espacio que es una de sus principales aspiraciones. En todo caso, sólo el tiempo y la pugna por las materias primas de las estepas siberianas podrá decir cómo acabará todo.

Más preocupante para Rusia son algunas de las soluciones que ha encontrado China en su eterna búsqueda de materias primas para una economía y una demografía en expansión. Han puesto sus ojos en las antaño regiones del Asia Central Soviética, principalmente Kazajistán. El comercio entre China y estos países ha pasado de mover apenas 527 millones de dólares en 1992 a superar los 25.900 millones en 2009. Y el panorama, más que frenarse, parece crecer, con numerosos proyectos de infraestructuras entre los que destacan gasoductos y oleoductos que no paran en la gigantesca república de Kazajistán, sino que llegan hasta el mar Caspio y las reservas de hidrocarburos de países como Turkmenistán. China no se limita sólo a la búsqueda de hidrocarburos, sino que también está desarrollando infraestructuras viarias, como la carretera de más de 3.000 kilómetros que atraviesa Kazajistán y conecta con la propia China, en la que se han invertido 25.000 millones de dólares y que permite al gigante asiático abarrotar los mercados de Asia central con sus productos.

El choque entre los imperios ruso y chino tiene cierta lógica por tener ambos el mismo concepto geoestratégico de espacio vital. Ambos han vivido a lo largo de la historia la invasión de sucesivos pueblos y necesitan poner espacio entre sus centros administrativos y sus enemigos, bien controlado directamente, bien con la creación de Estados tapón. Ésta es, por ejemplo, la razón por la que Putin considera que los Estados surgidos de la descomposición de la Unión Soviética son “sus territorios” y por eso no deja que ni en Ucrania ni en Moldavia los proeuropeos tengan algo que decir distinto a lo que se dice desde Moscú. También influye en ello el hecho de que el presidente ruso sea una criatura de la Guerra Fría y que su filosofía política entronque muy bien, por otra parte, en la tradición histórica de Rusia.

Esta tradición, que a su manera, también está presente en los gobiernos chinos, independientemente de si han sido comunistas, nacionalistas o imperiales, es la que genera problemas entre ambos países. De hecho, China tiene problemas no sólo con Rusia o Vietnam, pues también los tiene con Japón, con las Filipinas, con Taiwán, con Corea del Sur, con Mongolia, con la India[1] y, en mayor o menor medida, con los países con los que delimita o interacciona.

De todo este juego de ajedrez se pueden sacar algunas conclusiones. El keynesianismo es la estructura básica de los Estados. Todo lo anterior se ha hecho con la riqueza generada por los ciudadanos y tomada por el Estado para satisfacer sus propios intereses, que no se corresponden con los de sus súbditos. Las carreteras, los canales, las líneas férreas o los oleoductos pueden beneficiar a pocos o muchos, pero no se han construido con la mirada puesta en ese beneficio, sino en los intereses de Estado. Si la estructura es keynesiana y la filosofía es básicamente socialista, que iría de la socialdemocracia europea al comunismo norcoreano, nada de eso puede prosperar si no dejan que haya algo de libre mercado, que genere esa riqueza y que se vayan satisfaciendo las necesidades reales de los ciudadanos. Cierta libertad económica en China, Vietnam o Rusia es lo que ha permitido que estos Estados estén ahora en esta situación, pero si les aprietan demasiado las tuercas, es posible que la sociedad se vuelva inestable y puedan estallar revueltas o que la coacción llegue a niveles cubanos o incluso norcoreanos. Veremos qué nos depara este choque de Estados.



[1] Otro Estado que está cayendo en la esfera de influencia china es Myanmar, la antigua Birmania. Estado débil y con abundantes riquezas que ya empieza a ver su frontera con China surcada de oleoductos. También ha invertido en un canal en Thailandia para evitar el bloqueo de los estrechos entre el Pacífico y el Índico, lo que permitiría a la flota china (la comercial y la de guerra) un acceso directo al Mar de Andamán y, de ahí, al de Bengala y el subcontinente indio, al tiempo que facilitaría el paso de grandes buques desde los países árabes.

¿El Estado acabó con el trabajo infantil?

La férrea creencia de que fue el Estado quien, gracias a sus regulaciones y leyes, acabó con el trabajo infantil sería una prueba irrefutable de que éste es necesario para regular el mercado, pues en su ausencia se producirían situaciones inaceptables. Pero mirada objetivamente la cuestión, no parece ser éste el caso.

Primero, ¿por qué en un lugar y época dadas los niños trabajan y en otras no? Siempre debemos tener en cuenta el abanico de oportunidades que un lugar y época dadas puede ofrecer, así pues carece de cualquier sentido plantear alternativas inexistentes: en épocas y lugares donde abunda el trabajo infantil la alternativa no suele pasar por ir a la escuela ni dar clases de idiomas al igual que Felipe V no tuvo la diatriba entre un carruaje de caballos y un Ford Mondeo por mucho que lo hubiera querido. Las mejores alternativas y opciones no surgen por un deseo del Gobierno sino gracias a los mayores niveles de capitalización y desarrollo. Y no, el Ford Mondeo ni el coche en general fue un invento del Estado, sino del mercado.

La imparcial Asociación de Historia Económica de EEUU afirma que "la mayoría de historiadores económicos concluye que la legislación del trabajo infantil no fue la causa principal de la reducción y virtual eliminación del trabajo infantil entre 1880 y 1940. En su lugar, apunta a que fue la industrialización y el crecimiento económico el que hizo aumentar los salarios permitiendo a los padres mantener a sus hijos fuera del trabajo".

Exactamente, no olvidemos que el trabajo infantil en Occidente existía desde tiempos inmemorables, y fue el Capitalismo –no las regulaciones estatales- quien acabó con él.

Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si el Estado introdujera leyes contra el trabajo infantil en épocas y lugares donde los niveles de capitalización y desarrollo aún no fueran lo suficientemente altos para que existan buenas y mejores alternativas para los niños? Pues que se verían abocados a situaciones aún peores, como la prostitución. Y no es elucubración: véase el estudio "Consecuencias perversas de la Regulación Bienintencionada: Evidencia de la Prohibición del Trabajo Infantil en India", que concluye el empeoramiento de las condiciones de los niños tras la prohibición del trabajo infantil en este país.

Opinar desde nuestras oficinas con aire acondicionado y calefacción a veces resulta peligroso: las mejores condiciones y oportunidades no nacen por la fuerza de un decreto sino como consecuencia del Capitalismo. Es por lo que un trabajador gana más en California que en India. No porque los empresarios californianos sean más generosos, sino porque la fuerza de las mayores tasas de capitalización y libre competencia en California en comparación con India les ‘obliga’ a ello. Por cierto, tampoco tenemos aire acondicionado o calefacción en la oficina gracias al Estado, sino al mercado.

El gran economista Ludwig Von Mises escribía en su Acción Humana de 1949 a propósito de los trabajadores de fábricas al comienzo de la industrialización: "sin embargo sus ganancias eran muy superiores a lo que muchas de esas personas podían obtener en otros campos. Es una distorsión de los hechos decir que las factorías sacaron a las amas de casa de sus casas y cocinas y a los niños de sus juegos. Esas mujeres no tenían nada que cocinar para alimentar a sus niños. Esos niños eran indigentes que se morían de hambre. Su único refugio era la fábrica. Eso les salvó, en el sentido más estricto del término, de la muerte por inanición".

Hoy en día, existen muchos lugares donde aún se produce trabajo infantil. Y no hay que olvidar que el Gobierno puede hacer cosas muy valiosas y necesarias para poder más pronto que tarde erradicarlo: reducir los impuestos y las regulaciones –y los Gobiernos extranjeros abrir sus mercados permitiendo globalizarse a los países más pobres- para hacer posible que las sociedades se capitalicen y surjan cada vez más y mejores oportunidades para todos, y para los niños también.

En realidad, pues, los Gobiernos más que hacer deben dejar de hacer. Los enemigos de la libertad siempre buscan sus objetivos a través de la política y la acción política. Sin embargo, debemos ver toda intervención política como lo que verdaderamente es: un freno al progreso real.

@AdolfoDLozano

¿Cómo sería España si Amancio Ortega no existiera?

Amancio Ortega Gaona es un tipo discreto. Para ser el hombre más rico de España, sus apariciones en público se pueden contar casi con los dedos de una mano y hasta hace unos años casi no había ni fotos suyas.

Sin embargo, ni siquiera así le ha sido posible pasar desapercibido. Y es lógico. Los 62.000 millones de dólares que Forbes le atribuye (unos 50.000 millones de euros, aunque estas cifras pueden variar ligeramente según como esté la cotización de Inditex y el tipo de cambio euro/dólar) le sitúan como la tercera o cuarta fortuna del mundo y como la primera española y europea, a una gran distancia de la segunda. Por eso, cada vez que surge el tema de la desigualdad en España, el nombre de Ortega salta a la palestra.

El último fin de semana, por ejemplo, en dos de los programas de actualidad más seguidos de nuestra televisión, Viajando con Chester y Salvados, fue motivo de conversación. En el primero, Leopoldo Martínez Pujals le decía a Risto Mejide que no habría un presidente del Gobierno mejor que el fundador de Inditex. En el segundo, uno de los invitados de Jordi Évole se preguntaba cómo habrá conseguido su fortuna Ortega y las condiciones laborales de sus empleados. En uno y otro caso, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el tema y muchos de ellos no eran especialmente elogiosos para el empresario gallego-leonés.

A primera vista, sorprende este nivel de críticas. Ortega nació en una familia humilde y ha labrado su prosperidad a base de trabajo duro y talento. Su visión comercial ha hecho de Inditex una de las grandes empresas textiles, y de Zara la marca española más exitosa de la historia. Por eso, es interesante preguntarse, ¿cómo sería España si Amancio Ortega no existiera o si se hubiera conformado con mantener la pequeña empresa de batas que abrió en los años 60?

¿Menos desigual?

Lo primero que hay que decir es que sería un país que ascendería en las estadísticas de igualdad. Nadie lo ha hecho hasta ahora, pero sería interesante saber cuál es el Factor Amancio en los datos sobre desigualdad en España. ¿Cambiaría mucho el índice Gini? ¿Y la relación entre los ingresos del top 1 vs el 10% inferior?

Puede parecer exagerado, pero hablamos de unas cifras excepcionales en todos los sentidos. Por ejemplo, los 50.000 millones de euros de riqueza de Amancio Ortega provocan que, estadísticamente, cada español tenga 1.000 euros de patrimonio más que si este empresario no hubiera nacido. Evidentemente, esto no nos hace más ricos, pero en las tablas así aparece.

Del mismo modo, Amancio Ortega ha multiplicado su patrimonio por siete en la última década. Según Forbes, en 2004, su fortuna ascendía a unos 9.000 millones de dólares y en 2007, al comienzo de la crisis, era de 24.000 millones. Si se calculase esto en términos de renta anual, le saldría que ha ingresado unos 48.000 millones de dólares en los últimos seis años, unos 6.000 millones al año. Aunque algunas estadísticas pueden llevar a confusión, hay que recordar que nadie ha entregado ese dinero al empresario español: la mayor parte de este incremento en su riqueza se debe a la subida de las acciones de las compañías de las que es propietario.

Todo esto se olvida demasiado a menudo. Por ejemplo, según denunciaba Oxfam en su informe Acabemos con la desigualdad extrema, que tanto eco tuvo en los medios:

"[…] en el último año, las 20 personas más ricas de nuestro país incrementaron su fortuna en 15.450 millones de dólares, más de 1.760.000 dólares por hora, y poseen hoy tanto como el 30% más pobre de la población (casi 14 millones de personas).

En la escala más alta, el 1% de los más ricos de España tienen tanto como el 70% de los ciudadanos y tan sólo 3 individuos acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población.

En su conjunto, las 20 mayores fortunas de España alcanzaron en marzo de este año una riqueza de 115.400 millones de dólares".

Y no es la primera vez en este año que la ONG lanza un estudio de este tipo. En enero ya publicaron Gobernar para las élites, con conclusiones similares. Estos informes tienen numerosos problemas metodológicos, que van desde temas básicos (como mezclar renta anual y patrimonio) hasta otros más técnicos (no es fácil medir la riqueza en términos netos, con pasivos y activos, ni ponderar cuánto valen determinados derechos como las pensiones o las rentas públicas), por eso numerosos expertos han criticado la poca fiabilidad de los mismos.

Pero en España, a la falta de precisión de Oxfam se le suma otro problema estadístico: el éxito de Amancio Ortega. La fortuna del empresario español pasó de 57.000 millones de dólares a 62.000 millones entre las listas de 2013 y 2014. Es decir, sólo el incremento de precio de las acciones de Inditex explica la tercera parte del dato, que algunos consideran escandaloso, de que "las 20 personas más ricas de España incrementaron su fortuna en 15.450 millones o 1,76 millones por hora". No son sueldos, ni retribuciones, ni rentas de ningún tipo: es un puro cálculo matemático basado en el precio de las acciones y otras inversiones.

Del mismo modo, Ortega y su exmujer Rosalía Mera poseían en 2013 más de la mitad de esos 115.400 millones de euros que "acumulan las 20 mayores fortunas de España". Es decir, si Zara no hubiera existido, las estadísticas dirían que las 20 personas más ricas de nuestro país eran la mitad de ricas de lo que son ahora.

Por lo tanto, ya no podría decirse que los 20 más ricos poseen tanto como los 14 millones de españoles más pobres. Sólo sacando a Ortega y a su familia de la foto, esa cifra se reduce aproximadamente a la mitad. Quizás alguien crea que sigue siendo muy elevada, pero el hecho que de una sola persona influya tanto debería llevar a reflexión.

Habrá quien diga que esto es como hacerse trampas al solitario y que si se quita a Ortega también habría que sacar de la cuenta a los más ricos de otros países. Pero es que el caso del empresario español es excepcional. Por ejemplo, según Forbesel alemán más rico es Michael Otto, con 17.000 millones de dólares de patrimonio. Es decir, en un país con una renta per cápita muy superior a la española y con más de 80 millones de habitantes, su Amancio particular es cuatro veces más pobre que el nuestro.

Y hay que tener en cuenta que "el 1% más rico de España atesora una renta media de 153.000 euros. No hablamos de una élite tan pudiente como la de otros países de la OCDE. Por ejemplo, el 1% más rico de España atesora el 8% de la renta nacional, mientras que en Francia, Italia y Suiza este porcentaje alcanza el 9%, 10% y 11%, respectivamente". Vivimos en un país que tiene, relativamente, pocos ricos (y los que tiene son menos ricos que los de otros países). Por eso, la presencia de Ortega sí puede distorsionar las estadísticas.

Como apuntamos anteriormente, sería curioso conocer cuál es el Factor Amancio. Es decir, ¿cómo quedaría España en desigualdad, ingresos del top 1, patrimonio de los 100 más ricos frente al 25% de la población, etc… si el fundador de Zara no hubiera nacido?

Más pobres

La intuición dice que en los parámetros más generales (tipo Gini o ratio 80/20) la ausencia de Ortega no tendría demasiada influencia, aunque sí sería enorme el efecto en algunas de las cifras que alimentan los titulares más llamativos, esos que comparan a unas pocas decenas de súper-ricos con millones de pobres. En cualquier caso, sería interesante calcularlo.

Pero todo lo anterior es estadística. Lo más importante no es si España subiría o bajaría algún puesto en el Índice Gini, sino cómo habría influido en el ciudadano de a pie que Zara nunca hubiera existido.

En este sentido, lo primero que hay que decir es que, como explica Juan Ramón Rallo, no habría ni un solo español que fuera a ser un euro más rico de lo que es ahora. Bueno, quizás algún comerciante coruñés que tuviera su boutique cerca de donde Ortega abrió su primer negocio. El resto no veríamos mejorada nuestra situación.

Es interesante apuntarlo porque siempre que se habla de lo mucho que tienen o ganan los ricos se insinúa la idea de que su dinero lo han sacado quitándoselo a los demás. Ningún ejemplo mejor que el de Zara para observar de primera mano que el comercio y la innovación empresarial no son un juego de suma cero, sino que generan riqueza para todos los involucrados.

Si acaso, el ciudadano medio sería más pobre porque tendría menos renta disponible, ya que, en vez de comprarse ropa en las tienda de Inditex, tendría que acudir a comercios de peor calidad o más caros. Esta es otra cuestión que casi nunca se apunta, ¿cuánto bienestar ha generado a sus consumidores? ¿Cuántas familias con rentas bajas pueden comprar prendas de calidad a un precio asequible?

No se acaba aquí la lista de beneficiarios de Ortega. Por ejemplo, con 40.000 trabajadores en España (casi 130.000 en todo el mundo), Inditex es uno de los mayores empleadores de nuestro país. Y eso por no hablar de los cientos de miles de empleos indirectos de sus proveedores y servicios auxiliaries.

Y lo mismo sucede con las miles de familias que confiaron en su negocio e invirtieron en acciones de Inditex en mayo de 2001, cuando salió a la Bolsa madrileña. Desde entonces, la revalorización de los títulos es superior al 550% (y eso sin contar los dividendos que haya repartido).

Por último, también sería interesante calcular cómo ha afectado elboom de Zara en las cuentas de la economía española. Si nuestro país ha tenido un problema en las últimas décadas ha sido el de la dependencia del exterior: hemos vivido a crédito, comprando siempre fuera más de lo que conseguíamos exportar. Evidentemente, Inditex ha contribuido (en una pequeña parte, eso es cierto) a que estos datos fueran un poco mejores. Sin la compañía de Arteixo, nuestras exportaciones habrían sido menores y nuestras importaciones más elevadas.

Ésta última puede parecer la razón más técnica, las demás son más palpables, pero todas ellas deberían hacer que la próxima vez que alguien vaya a hacer un comentario en Twitter sobre lo malo que es Amancio Ortega se lo pensase, al menos, dos veces.

España: un estancamiento casi absoluto

Los datos del PIB del tercer trimestre de este año ahondan en las sensaciones que ya transmitía el PIB del segundo trimestre: la economía española brega por lograr un cambio de modelo productivo desde 2008 con escaso éxito. La lentitud del proceso es del todo evidente atendiendo a a los datos de Contabilidad Nacional: no es que nada se esté moviendo en nuestra economía, pero el ritmo es a todas luces insuficiente para recolocar a los tres millones de trabajadores que han quedado desempleados con la crisis.

Échemosle un vistazo primero al valor agregado bruto de los distintos sectores de la economía española (la suma de todos ellos constituye el PIB) con respecto al que exhibían en 2008. Claramente, existen tres actividades cuyo valor agregado bruto ha caído intensamente con respecto a 2008 (las actividades financieras, la industria y, muy especialmente, la construcción) y un sector que ha aumentado notablemente: las actividades inmobiliarias (también crecen con respecto a 2008, en menor grado, el comercio y la hostelería, y los servicios vinculados a las Administraciones Públicas). En el tercer trimestre, la destrucción bruta de valor con respecto a 2008 era de 27.146 millones de euros (frente a 27.348 millones en el segundo trimestre) y la creación bruta de valor apenas ascendía a 9.624 millones de euros (frente a 9.150 millones en el segundo trimestre).

Sucede que, en realidad, el sector de actividades inmobiliarias es un sector fantasma, pues en su mayor parte recoge las rentas imputadas por propiedad de vivienda (el valor que derivan los propietarios de habitar en una casa de su propiedad); es decir, es un sector que contablemente se revaloriza sin que hagamos nada y sin que haya más actividad económica. Eliminando la influencia contable de este sector fantasma, pues, nos topamos con un panorama desolador: frente a una destrucción de valor agregado bruto de 27.146 millones de euros con respecto a 2008 (en agricultura, industria, construcción, información y comunicaciones, actividades financieras y actividades profesionales) sólo hemos sido capaces de generar 3.625 millones de nuevo valor agregado bruto (en turismo, administraciones públicas y ocio); de hecho, eliminando la influencia siempre distorsionadora del sector público, la creación de valor en el sector privado es de apenas 2.211 millones de euros (frente a los 1.626 del segundo trimestre de 2014). A este ritmo “acelerado” de generación de nueva actividad dentro del sector privado (unos 600 millones de euros por trimestre), todavía tardaríamos más de una década en recuperar todo el terreno perdido frente a 2008.

Como decía, lo anterior no significa que nada se esté moviendo en la economía española: la industria manufacturera está volviendo a levantar cabeza y el turismo está en su mejor momento histórico, pero estas mejoras distan de bastar en medio de un cuasi completo estancamiento del resto de sectores.

Una radiografía similar a la anterior nos la ofrecen los datos de empleo según Contabilidad Nacional: con respecto al tercer trimestre de 2008, la economía española ha perdido 3,09 millones de empleos (3,35 millones el segundo trimestre). El único sector con más ocupados que en 2008 es el de “administraciones públicas, sanidad y educación”, mientras que la construcción y la industria han concentrado las mayores destrucciones de empleo (nótese cómo el sector de actividades inmobiliarias es completamente irrelevante en términos de empleo por lo que hemos explicado: es un sector fantasma con nulas repercusiones sobre la actividad económica).

Asumiendo una creación de empleo de entre 250.000-300.000 personas al año (que son los puestos que terminaremos creando en 2014), tardaríamos, de nuevo, entre 10 y 12 años en regresar a los niveles de ocupación de 2008. Nuevamente desolador.

La inutilidad de la solución keynesiana

Desde Podemos y otros ámbitos de la izquierda, se nos asegura que los problemas económicos de España se solventan corrigiendo la contracción de la demanda agrega que se inició con los “recortes” acaecidos desde 2010. En cierto modo, pues, se atribuye gran parte del deterioro actual de nuestra economía real a la falta de demanda interna.

En este sentido, ¿cuáles han sido los sectores que más han sufrido desde el tercer trimestre del año 2009, momento en el que el Plan E estaba funcionando a plena potencia? Pues esencialmente dos: el ladrillo y la banca. El resto de sectores están aproximadamente igual que en 2009 (agricultura, industria, turismo y ocio están algo mejor ahora que en 2009; actividades profesionales, las Administraciones Públicas e información y comunicaciones, algo peor; omito mencionar el sector fantasma de las actividades inmobiliarias).

Reinflar keynesianamente la demanda sin cambiar el modelo productivo, tal como hicimos en 2009, sólo nos serviría para para relanzar la actividad de bancos y constructoras: esto es, la actividad de la casta empresarial. Acaso por ello Podemos centre su programa de estímulo en, por un lado, la rehabilitación de viviendas y, por otro, la institución de un “derecho al crédito”. El nuevo modelo productivo de los keynesianos es el de siempre: ladrillo y crédito barato.

El imprescindible cambio de modelo productivo

Mas si aspiramos a una economía de alto valor añadido, competitiva y sostenible, no queda otra que cambiar nuestro modelo productivo. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues no tratando de resucitar los mortecinos sectores existentes de 2007 (banca y ladrillo), sino creando otros nuevos. Y para crear sectores nuevos no queda otra que invertir en ellos: la clave de nuestra recuperación a largo plazo, pues, no es el gasto en consumo interno, sino en inversión.

Por desgracia, la inversión sigue por debajo de los niveles de 2008 (no así el consumo público y apenas el consumo privado), cuando debería hallarse muy por encima para beneficiarnos de un reajuste interno acelerado. Es verdad que, despejada la incertidumbre del riesgo de quiebra (finales de 2012, merced a la OMT de Mario Draghi), el gasto en inversión no residencial ha reflotado con cierta fuerza, pero aun así sigue a niveles claramente insuficientes para transformar nuestro modelo productivo.

España requiere de muchísima más inversión privada y para ello necesitamos dos elementos: libertad de mercado (para que emerjan oportunidades de inversión) y ahorro interno (para financiar esas oportunidades de inversión). El último de estos elementos (el ahorro) sólo puede proceder de un menor consumo público y privado, pues ahorro es igual a no-consumo: por tanto, deberíamos estar presenciando fuertes recortes del gasto público y no mantenimientos o aumentos del mismo.

Sé que muchos estarán tentados de afirmar que si no consumimos, nadie querrá invertir para no vender, pero ése es un argumento erróneo: España necesita invertir no para satisfacer el consumo interno, sino el consumo exterior (dado que hemos de amortizar nuestra gigantesca deuda externa); cuanto más consumamos internamente, menores recursos podremos relativamente dirigir a aumentar nuestra producción orientada hacia la exportación. Ahorro, ahorro y ahorro. No hay otra.

Conclusión

En suma, la economía española está estancada. Salvo por el turismo y el dopaje del mayor gasto público viviendo en los últimos trimestres, los niveles de actividad y empleo siguen por los suelos. La solución a este problema no es más consumo interno y más gasto público (como propone, por ejemplo, Podemos) sino libertad de mercado y ahorro: las dos variables que se han hallado del todo ausentes en la política económica española desde que se desató la crisis y que, desafortunadamente, parece que lo seguirán estando durante los próximos años. Parece que la casta y la neocasta política se conjuran para japonizarnos o, peor, para argentinizarnos.

El sueño imposible

El modelo de financiación estatal debería asegurar el mismo acceso a los servicios públicos a toda la población, como dice la diputada del PSOE, Patricia Hernández Gutiérrez, independientemente de donde vivas. No se trata de que quien más paga, más exige. Eso es propio del ámbito privado, donde si has pagado un hotel de cuatro estrellas, tienes derecho a exigir servicios estándares de cuatro estrellas, y si no es así puedes denunciarlo. En el ámbito público, dado el principio de solidaridad interterritorial, las cosas funcionan de otra forma. Así que puede ser que te toque vivir en una Comunidad Autónoma que aporta mucho y recibe poco, o en otra que aporte poco y reciba mucho. Pero la universalidad de los servicios públicos debe estar asegurada.

El problema, más allá del ataque frontal a la existencia del Estado, que no es dogma de fe del liberalismo, sino solamente una opción, es cómo se delimita el conjunto de servicios que deben ser universales. Porque podemos pensar en la educación y la sanidad, pero en esas categorías, muy importantes y a la vez muy amplias, caben muchos epígrafes que no son la atención médica estricta o la investigación o el salario de los profesores o la calefacción de las aulas. Lo ideal sería que la administración dispusiera de un presupuesto tan generoso como para que todos pudiéramos exigir jacuzzi individual, clases de violín, instrumento incluido, puesto de trabajo vitalicio, pisito con garaje, etc., financiado por el Estado, simplemente por ser residente español.

Pero no es el caso. La situación es otra. Los impuestos no cubren los gastos, y no lo hacen desde hace mucho. ¿Cómo hemos llegado a ser titulares de una deuda estatal que en el segundo trimestre del 2014 representaba algo más del 96% del PIB?

Y aquí es donde hay que reflexionar acerca de ese "nuevo" modelo de financiación que dice que necesitamos la socialista canaria, afiliada al PSOE desde los 18 años y diputada con 24 por esas cosas de la cuota. ¿Qué modelo necesitamos? Obviamente, uno que ajuste ingresos y gastos. Pero a la vez, uno que asegure la universalidad de los servicios públicos. Y eso implica reducir la lista de servicios públicos, desglosar las partidas de gasto, revisar qué es imprescindible, qué es necesario y qué es superfluo. Porque lo que está muy claro es que este modelo de financiación no da más de sí. Yo me temo que su señoría no se refería a eso, supongo que la idea de Patricia Hernández era la cuadratura del círculo, aumentar el gasto para que quienes viven lejos no se vean perjudicados y puedan disfrutar de servicios universales y que el déficit sea sostenible.

Esa mentalidad es el origen del problema y es una herencia del mal llamado "estado del bienestar" que, lejos de asegurar la mejora de la condición de los menos favorecidos a costa de la solidaridad de todos, consigue que nos acostumbremos al recurso a la deuda, a una deuda creciente, hiperinflada y difícil de asumir.

La idea de un "estado asistencial" que supere los límites de la subsidiaridad es la semilla del problema. El Estado debía hacerse cargo de todos los males de la sociedad. Después, debía hacerse cargo de asegurar derechos universales cuya lista no tiene final. El resultado es que se puede retrasar pero no eludir por completo la quiebra de este modelo asistencial y engañoso con un nombre que ha calado hasta los huesos de todo el mundo. Y cuanto más deteriorada es la situación económica, más se agarran nuestras mentes al sueño imposible de mayor bienestar para los menos favorecidos, a la idea de "un mundo feliz" dictado desde arriba y al que hay que someterse.

Un breve análisis de la señora diputada de su propia frase podría llevarle a plantearse que tal vez, así no.

Milagros del sector privado y crímenes del sector público, de J. Tucker

Prólogo a la edición española, por Albert Esplugas

Prólogo a la edición española de Milagros del sector privado y crímenes del sector público, de Jeffrey Tucker, publicada por Unión Editorial (disponible aquí).

Su inconfundible pajarita lo delata como rothbardiano. Jeffrey Tucker comparte con Mr. Libertarian su fascinación por los milagros del capitalismo y su aversión a los crímenes de lo público. Austríaco de filiación, periodista y editor de profesión, Tucker es un narrador de anécdotas convertidas en parábolas. Compara el presente y el pasado aludiendo a sus dibujos animados preferidos, los Supersónicos, infinitamente más evolucionados que los Picapiedra. Desarrolla el concepto de la escasez, y su paulatina remisión en el mundo, hablándonos de un amigo de la antigua URSS que coleccionaba tantos objetos como podía. Ilustra la futilidad de la autosuficiencia desgranando el complejísimo y descentralizado proceso de elaboración de un “helado casero”. Se deshace en elogios por el McCafé, ejemplo de universalización comercial de los referentes de las élites.

Tucker quiere llamar la atención sobre la abundancia que nos rodea y el orden social que la ha hecho posible. La damos por descontada, y no deberíamos, porque nuestros padres y abuelos no disfrutaron de ella. No es una mera cuestión de renta per cápita, la riqueza no se mide solo en términos monetarios. Hágase el lector la siguiente reflexión: repase su día a día y todo lo que le rodea, y pregúntese si viajaría atrás en el tiempo, aun a cambio de un salario más alto.

Innumerables medicamentos y tratamientos prolongan y mejoran hoy nuestra vida. La ortopedia y la robótica han ampliado la autonomía de discapacitados y abuelos. Encontramos a nuestro match en Meetic, tenemos hijos aunque seamos estériles, practicamos sexo seguro con anticonceptivos, y acudimos al sexshop para satisfacer fantasías. Hacemos máquinas y deportes de aventura. Seguimos la ruta que nos marca el GPS, enviamos un paquete urgente con FedEx, imprimimos documentos en casa, ponemos la calefacción o el aire acondicionado, pagamos el periódico con una tarjeta contactless y sacamos efectivo de un cajero en cualquier esquina del mundo. Volamos lowcost a otras capitales europeas, nos desplazamos con una bicicleta plegable y alquilamos coches con dirección asistida, airbags, cambio automático, bluetooth y encendido ecológico. Hacemos el pedido del supermercado con un click, compramos libros de segunda mano en Amazon, subastamos en eBay, escribimos blogs, descargamos series, chateamos por Whatsapp, hacemos videoconferencias intercontinentales por Skype, guardamos nuestro trabajo en la nube, le pedimos a Siri que nos despierte a las siete, leemos prensa internacional, planificamos viajes con Kayak y Tripadvisor, reservamos cenas con descuento en El Tenedor, regalamos Smartbox, buscamos en Google y aprendemos en Wikipedia. Accedemos a cientos de canales de televisión, nacionales y extranjeros, de deportes, entretenimiento, historia, naturaleza, cocina, viajes, arte, ciencia, de cine clásico y de cine de autor, con subtítulos o en otros idiomas. Escogemos entre alimentos orgánicos, sin grasas, sin gluten, con vitaminas añadidas, con envase reciclable, para vegetarianos, para diabéticos y para nuestra mascota. Preparamos comida en un minuto al microondas, cenamos en un restaurante de fusión en un piso 40, nos llevamos sushi take-away y nos traen pizzas a casa. Asistimos a una cata de vinos, a un curso de pastelería o a clases de salsa. Vamos a un concierto, a la discoteca, a la bolera, a un parque de atracciones o al IMAX. Formamos un club de fans o montamos una asociación de frikis. Nos titulamos por internet, nos anunciamos en InfoJobs o Linkedin, financiamos nuestra empresa con crowdfunding o business angels, invertimos en una ETF o en fondos value, y donamos dinero a las ONG más eficientes según GiveWell. La oferta de que disponemos para divertirnos, aprender, experimentar, ejercitar, relacionarnos, ayudar y crecer intelectualmente no tiene parangón en la historia. Si echásemos la vista atrás nos daríamos cuenta de que Luis XIV tenía menos lujos que el ciudadano medio en la sociedad contemporánea.

El presente volumen es una compilación de artículos sobre las bondades del mercado y los perjuicios del Estado partiendo de la base de que las primeras las damos por descontadas. No es solo que no apreciemos los frutos del capitalismo, es que a menudo ni siquiera los reconocemos como tales. “La mano” del mercado es, a la postre, invisible, y el peligro inherente a esa invisibilidad es que atribuyamos su éxito a otras causas y acabemos sacrificando a la gallina de los huevos de oro.

El proceso de mercado es invisible a nuestros ojos porque es un proceso de coordinación indirecta, que no está teledirigido desde arriba. Los individuos interactúan persiguiendo su propio interés, y al hacerlo generan una constelación de intercambios voluntarios que beneficia a todas las partes. Como señalaba Adam Smith al acuñar el concepto de “mano invisible”, no compramos al carnicero para hacerle un favor ni él nos vende su carne por caridad, y no obstante el resultado de este intercambio interesado es que ambos salimos beneficiados. Indirectamente, al perseguir nuestro interés, beneficiamos a los demás. Ésta es la gran enseñanza del liberalismo clásico y que Tucker traslada al ámbito moderno y hasta sus últimas consecuencias.

Pero mucha gente no juzga las acciones por sus resultados sino por sus intenciones. Y el ánimo de lucro, la intención de enriquecerse, acarrea un estigma social que condena al mercado antes de que el juez pueda oír sus argumentos. El Gobierno, en cambio, está cargado de buenas intenciones. Los políticos prometen, la constitución garantiza, y el Estado transmite la imagen de un proyecto épico colectivo con la misión expresa de hacer una sociedad mejor. Da igual que el resultado sea todo lo contrario.

El mercado no cuenta con ninguna misión expresa con la que impresionar a las masas. No es una organización jerárquica intencional que declare luchar por una sociedad próspera y armoniosa. Por mucho que algunos quieran dotarlo de personalidad propia, el mercado no es más que un nombre para designar a millones de personas y asociaciones voluntarias que cooperan entre sí para conseguir sus respectivos fines. Éste es el corolario del mercado que a Tucker no deja de maravillarle: que el progreso y la armonía social surjan de un proceso de interacción descentralizado que coordina a cientos de millones de personas sin que nadie desde arriba lo dirija ni nadie desde abajo actúe con el propósito de hacer una sociedad mejor.

Tucker no ve fallos de mercado, sino oportunidades de negocio. Es obvio que el mercado no es “perfecto” si por perfecto entendemos que se ajusta en todo momento y lugar a las expectativas de las personas. Vemos ineficiencias por doquier: aquí hay una necesidad desatendida, allí hay una empresa que sobrevive pese a ofrecer un penoso servicio. Pero cada “fallo de mercado” o ineficiencia desde una perspectiva estática es una oportunidad de negocio desde una perspectiva dinámica. En otras palabras, si algo no funciona hoy, alguien puede hacerse rico arreglándolo mañana. Cualquier demanda insatisfecha es una oportunidad de ganar dinero para quien encuentre la forma de satisfacerla, lo que sugiere que no va a permanecer desatendida mucho tiempo. El mercado, pues, no es nunca eficiente desde un punto de vista estático, solo lo es desde un punto de vista dinámico. Es decir, tiende a la eficiencia a medio y largo plazo, instituyendo incentivos económicos y el test de la rentabilidad para descubrir y corregir ineficiencias conforme transcurre el tiempo. El Estado, sin incentivos económicos ni test de la rentabilidad, ni tiende a la eficiencia ni se le espera. Así, el hecho de que haya una necesidad desatendida o una empresa que ofrezca un pésimo servicio no debería llevarnos a concluir que el Estado “tiene que hacer algo” de inmediato, como si además supiera cómo hacerlo. Más bien debería inspirarnos reflexiones como “un poco de paciencia, seguro que alguien encuentra una solución y se hace rico”, o “esta empresa durará poco, la competencia la barrerá”, o “si nadie está satisfaciendo esa demanda a lo mejor es que no es tan acuciante como parece y hacerlo implica despilfarrar recursos”.

Tucker no teme recurrir a la expresión “que se encargue el mercado”. Como afirma el economista Donald Boudreaux, es una regla sencilla para un mundo complejo. Al contrario que la expresión “ya se encargará el Estado”, no es una respuesta dogmática ni simplista. Es una regla que encapsula en pocas palabras un elaborado planteamiento teórico con una buena dosis de humildad intelectual. Cuando decimos “que se encargue el mercado” estamos reconociendo los límites de nuestro conocimiento y depositando nuestra confianza en la creatividad de millones de personas que arriesgan su fortuna y su reputación en un proceso descentralizado que premia a los que aportan soluciones y castiga a los que malgastan recursos. Estamos confiando en un proceso que se va autocorrigiendo con el paso del tiempo y que estimula el progreso: cada individuo puede contribuir con sus propias ideas, las ideas compiten entre sí, las mejores ideas son imitadas y triunfan, y las peores van quedando relegadas.

Cuando decimos “que se encargue el Estado”, por el contario, estamos depositando nuestra confianza en un grupo de políticos y funcionarios que actúa en un marco completamente distinto. Los burócratas responden ante los electores que votan cada cuatro años, no ante consumidores que votan cada día cuando compran o se abstienen de comprar. En el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada. Si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por los servicios públicos, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro Estado (donde probablemente encontremos similares carencias). Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los de los contribuyentes, la irresponsabilidad y la ineficacia les sale gratis. Los burócratas no permiten la competencia de ideas, imponen su “solución” a todos uniformemente, y como actúan al margen del mercado no son premiados con beneficios cuando sus ideas sirven a la gente, ni castigados con pérdidas cuando despilfarran recursos. La expresión “que se encargue el Estado” no encierra ningún significado más profundo, se supone que el Estado dará con una solución simplemente porque dice tener la intención de encontrarla, aunque no tenga los incentivos ni pueda recurrir al test de la rentabilidad para hacerlo. Eso sí es un acto de fe.

Jeffrey Tucker invita al lector a valorar los milagros cotidianos del capitalismo y a desprenderse del Estado cuando haya alternativas de mercado. Es más sano preocuparse de las “trivialidades” de tu día a día que de la política nacional. Quizás así, por la vía de la indiferencia, el Estado sea cada vez más irrelevante.

Inmigración (XVII): afganos expulsados de Irán

"Cualquier forma de servicio o asistencia [a los afganos] será considerado un delito y castigado con todo el peso de la ley". Hadi Ebrahimi, gobernador general de la provincia de Mazandaran. 

"Echar la culpa de la inseguridad y del desempleo a los inmigrantes es eludir la responsabilidad de cada uno… Esta conducta indigna contra los inmigrantes [afganos] en Irán deja un sabor amargo". Asghar Farhadi.

 

Persia, históricamente acogedora de afganos

Desde siempre ha habido movimientos migratorios desde lo que hoy denominamos Afganistán hacia la más próspera Irán (antigua Persia) dadas sus afinidades históricas, culturales y lingüísticas. También ha ayudado lo suyo el que la sociedad clánica de Afganistán haya hecho de la guerra su principal ocupación desde tiempos inmemoriales. Pashtunes, hazaríes, tayikos, aimakos y otros grupos étnicos afganos han cruzado ininterrumpidamente la frontera en dirección a Persia a lo largo de la historia.

El Irán petrolero moderno ha sido también desde hace décadas polo de atracción preferencial de sus vecinos afganos para buscar trabajo o escapar de sus cruentas e interminables guerras. Irán es, a día de hoy, el segundo país del mundo en recibir emigrantes afganos después de Pakistán. Según las Naciones Unidas, actualmente el número mayor de refugiados totales en el mundo procede del sufrido Afganistán seguido de cerca por Somalia, Irak, Sudán y Siria.

El gran éxodo de nueve millones de afganos (el mayor de su historia) se produjo tras la invasión soviética de Afganistán, posterior guerra civil y toma del poder por los adustos talibanes. Las autoridades iraníes, en consonancia con su tradición, se mostraron entonces razonablemente acogedoras con sus vecinos del Este al abrir sus fronteras a los mismos y permitir a un tercio aproximado de dicho éxodo el acceso a su territorio.

Se estima que en la actualidad hay más de tres millones de afganos en Irán. Al menos dos tercios de ellos se encuentran aún indocumentados. Miles de afganos siguen entrando de forma "ilegal" por sus fronteras cada año. Los afganos remesan desde Irán unos 500 millones de dólares anuales en ayuda de sus familiares; cantidad nada desdeñable para uno de los países más castigados del planeta.

Cambio de actitud de los dirigentes iraníes

Desde hace una década aproximadamente, cambió empero la percepción de los mandamases de Irán con respecto a su población de origen afgano. La creciente aproximación de Kabul a Washington (representante del Gran Satán) ha incomodado de manera extraordinaria a los dirigentes iraníes. Otros ven en la decadente economía iraní el motivo por el que sus autoridades hayan señalado a los afganos como los chivos expiatorios de la escasez y de la precariedad laboral en suelo iraní. Por descontado, no faltan acusaciones populistas de ser responsables de violar a las mujeres nativas, consumir droga, trapichear y engañar (en fin, nada nuevo bajo el sol de cualquier latitud nativista).

En consecuencia, a los afganos se les impide ya el acceso a muchas zonas o provincias del país vecino. Prácticamente todas las ciudades iraníes están vedadas para ellos y las autoridades persiguen a todos aquellos que les den cobijo o les procuren un empleo en las urbes.

Los matrimonios entre iraníes y afganos no han dado nunca derecho a la nacionalidad al cónyuge afgano ni a sus descendientes; aún así, se siguen produciendo. En 2006 se dio un paso más y se decretaron directamente como ilegales dichos matrimonios mixtos.

A pesar de las presiones de los diplomáticos iraníes hacia sus homólogos afganos, en 2012 se rubricó un acuerdo estratégico de colaboración entre EE UU y Afganistán mediante el cual se permitió a las tropas americanas permanecer en suelo afgano más allá de 2014. En respuesta a ello, el parlamento iraní aprobó en 2012 una ley por la que se restringieron drásticamente los permisos de residencia de los afganos en aquellas provincias más pobladas por ellos (Mazandaran y Hormozgan, entre otras).

La suerte de los afganos no ha hecho más que empeorar desde entonces.

El poder político contra la sociedad civil

Desde mediados de 2012 la residencia de afganos allí o sus eventuales documentos de residencia que pudieran portar quedaron invalidados de un plumazo. Las autoridades iraníes de las provincias afectadas han llevado ya a cabo la expulsión de unos 300.000 indocumentados afganos del país hasta el momento, sin importar que fueran o no refugiados. A pesar de tener obligación de escuchar las solicitudes de asilo de los mismos, fueron arrestados y lanzados al otro lado de la frontera afgana sin mayores trámites donde el peligro era y sigue siendo real y serio (contraviniendo todas las disposiciones de la Convención de Ginebra al respecto).

Según informe de la Human Rights Watch, la presión de las autoridades iraníes para evacuar el país podría estar afectando ya a unos 800.000 afganos. Incluso en algunos casos la policía ha confiscado su dinero para pagar los gastos de su deportación o les ha agredido para encerrarlos en contenedores sin ventilación alguna para su posterior expulsión (con riesgo de sofocación).

Esta presión desde dentro de Irán junto a la progresiva retirada de las fuerzas americanas y de las tropas de la ISAF de Afganistán que afecta, de momento, aún más a su seguridad ha incrementado, a su vez, el número de nuevos refugiados afganos hacia Pakistán, por lo que la tensión también en dicho país con los desplazados afganos empieza a recrudecerse. Al ser hermanos de una misma religión comunitaria fueron acogidos bien al inicio. Ya no lo son.

Los afganos residentes en Irán o sus descendientes tienen prohibido absolutamente realizar estudios superiores en física nuclear, minería, tecnología de la información, aeronáutica, ingeniería petroquímica, así como en áreas relacionadas con lo militar o lo naval.

Las autoridades de la ciudad de Isfahán prohibieron a los afganos acudir al parque público de su ciudad histórica para conmemorar cada año el "Día de la Naturaleza", celebrada por iraníes y afganos conjuntamente como viene siendo tradición.

En la provincia de Fars se ha llegado a prohibir incluso la venta de alimentos a los afganos (!). Se exige a los tenderos nativos solicitar el documento de identidad a todos sus clientes antes de intercambiar con ellos, so pena de cerrarles el negocio en caso de que no sigan las directrices de la "autoridad".

Muchos iraníes han expresado espontáneamente su solidaridad y empatía con los refugiados e inmigrantes afganos ante estas odiosas políticas de segregación de sus dirigentes. Han llegado hasta lo que un régimen teocrático permite y se han creado páginas en Facebook como el ejemplo de We are all Afghans. Todo ello con consecuencias prácticas bastante limitadas.

La libertad de movilidad debe ser universal

El caso del comportamiento de los dirigentes iraníes actuales no es más que un mero ejemplo de lo que un gobierno es capaz de hacer en nuestros días contra los inmigrantes o refugiados que caen bajo su jurisdicción. Muchos otros abusos contra los pacíficos inmigrantes se dan en el mundo como los llevados a cabo por Tailandia contra los birmanos, en México contra los guatemaltecos, en la República Dominicana contra los haitianos o en Marruecos contra los subsaharianos y así, en numerosos países más. Este es el estado lamentable de la situación.

La defensa en favor de unas fronteras más abiertas para los que desean emigrar por cualquier motivo (y su corolario, la crítica dirigida contra medidas excesivamente restrictivas o represivas a la inmigración) no debe circunscribirse sólo a un país concreto. Ha de ser necesariamente universal y atemporal.

Si uno toma en serio la libertad de las personas, esta causa no ha de ser obviada, por compleja y delicada que sea.

 


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV y XVI.

Lecciones de Japón y Estados Unidos

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mítico socio de Warren Buffett, no sólo es uno de los más exitosos inversores de las últimas décadas, sino que también destaca por su vasta sabiduría.

Uno de sus más acertados consejos es el de procurar siempre invertir los problemas. A menudo los problemas son difíciles de resolver de forma directa. Una buena forma de abordarlos, dice Munger, es pensar en qué puede ir mal, en posibles errores que podemos cometer, y tratar de evitarlos.

Un buen caso para aplicar esta técnica puede ser el de la crisis de Japón. El estallido de la actual crisis económica en Estados Unidos y Europa guarda grandes paralelismos con los problemas que han vivido los japoneses desde los años noventa: brutal burbuja inmobiliaria, gran endeudamiento privado, estructura productiva insostenible, colapso financiero y la consecuente recesión deflacionaria. 

Lamentablemente, un cuarto de siglo después, el país nipón no sólo no ha resuelto sus problemas sino que los ha agravado. Japón tal vez sea el más claro ejemplo de lo que no hay que hacer. 

La receta japonesa contra la crisis no fue otra que la que prescribe el keynesianismo. Para evitar la dolorosa pero necesaria reestructuración del aparato productivo, el desapalancamiento y la liquidación de empresas e inversiones inviables, se implementó un programa que ahora nos suena bastante: política monetaria expansiva (el término quantitative easing no es un invento americano, sino que fue el Banco de Japón el primero en ponerlo en marcha), tipos de interés a cero, rescates de bancos y empresas e incremento del gasto público con cargo a un abultado déficit fiscal.

Los resultados a largo plazo de dicho programa dejan mucho que desear. En el año 2013, el PIB nominal de Japón fue el mismo que en 1991. Lo que no es igual es la deuda. Sólo la deuda pública se ha disparado de un 70% del PIB hasta el 240% en 2013. Si tomamos la deuda pública, más la de las familias y empresas no financieras, actualmente está en torno al 450% del PIB

El actual primer ministro, Shinzo Abe, ganó las elecciones a finales de 2012 con un programa económico en el que proponía, básicamente, un all-in de las mismas políticas keynesianas que habían fracasado hasta la fecha

Las famosas “tres flechas” que componen el Abenomics consisten en un masivo estímulo fiscal (la inversión pública ha aumentado en un 21%), una flexibilización monetaria masiva y unas supuestas reformas estructurales que en la práctica aún no se han hecho. En pocas palabras, un programa que recuerda a aquella cómica escena de los hermanos Marx en la que, al grito de ¡más madera!, terminan destrozando un tren para usarlo como combustible.

Se atribuye a Einstein, probablemente de forma incorrecta, la frase de que la locura es intentar una cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultadosEn esta ocasión no ha sido una excepción. Tras el típico repunte inmediato, la economía japonesa ha vuelto a las andadas.

El segundo trimestre de 2014 la economía nipona se contrajo espectacularmente, un 7,3% respecto al año anterior. Para el tercer trimestre, en el que se esperaba un cierto rebote, recientemente supimos que Japón siguió hundiéndose, cayendo un 1,6% respecto al año anterior y entrando oficialmente en recesión. Un decepcionado Shinzo Abe acaba de convocar elecciones anticipadas para poner en manos de los japoneses el rumbo que debe seguir el gobierno para salir de la crisis.

A menudo se dice que Estados Unidos ha logrado salir de la Gran Recesión gracias al quantitative easing y a los estímulos fiscales. Pero si es así, ¿cómo es que quien ha aplicado más intensamente estas mismas medidas, como Japón, no logra levantar cabeza tras un cuarto de siglo tropezando con la misma piedra?

El motivo es que el intento de simplificar la realidad lleva a muchos a caer en la falacia post hoc ergo propter hoc. O dicho de otro modo, no porque A suceda antes que B significa que sea su causa. Puede que B suceda pese a A.

Hay que decir que aunque Estados Unidos evoluciona positivamente, lo hace muy despacio y la recuperación está lejos de ser sólida. Pero si por algo no ha sido es por los estímulos fiscales ni por la expansión monetaria.

En primer lugar, porque pese a los lamentos de economistas como Paul Krugman, el gasto público lleva congelado en términos absolutos desde 2010 y ha caído desde el 41,9% de PIB hasta el 36,6% en 2013. Y en segundo lugar, porque como expliqué en un artículo anterior el quantitative easing en el mejor de los casos es inútil y en el peor retrasa la recuperación, posponiendo las necesarias reestructuraciones

Afortunadamente Estados Unidos tiene características propias que agilizan la recuperación de las que otros países carecen o cuyos gobiernos se han negado a aplicar. 

Si hay que destacar tres son, primero, la relativa mayor flexibilidad a la hora de liquidar inversiones y empresas inviables y trasladar los factores productivos de forma rápida a nuevas líneas de negocio rentables y sostenibles.

Segundo, la revolución energética que actualmente se vive en América del Norte, principalmente en el sector del gas.

Y tercero, una deuda que pese a que no podemos decir que sea baja, sí es comparativamente menor que la japonesa o la europea. La suma de la deuda pública, de las empresas no financieras y las familias en Estados Unidos es del entorno del 250%. Poco más de la mitad que la monstruosa deuda de Japón.

Si bien Estados Unidos parece haber salido de la trampa depresiva en la que Japón lleva décadas, existe hoy un paciente que camina con paso firme hacia la japonización: Europa.

No sólo ha imitado todas las recetas malas de Japón y Estados Unidos, sino que ha olvidado incluir las que sí son positivas de países como el norteamericano. No vendría mal a los dirigentes europeos hacer caso a Charlie Munger, invertir el problema y empezar por evitar los errores que otros han cometido

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión

Ignacio Moncada es analista financiero de inversiones en Nueva York. Es miembro del Instituto Juan de Mariana y del Ludwig von Mises Institute.

Contra los impuestos malos

Carlos Jiménez Villarejo y Pablo Iglesias aclararon recientemente en un artículo la clave del pensamiento único a propósito de la fiscalidad: los únicos impuestos malos son los que aún no se pagan.

En efecto, el antiliberalismo predominante jamás presta atención a los impuestos que sí se pagan: esos gravámenes siempre están bien, y si acaso hay que aumentarlos. Pero lo terrible son los que no se pagan: y de ahí la necesidad perentoria de acabar con "los paraísos fiscales y la competencia fiscal perjudicial".

Identifican, como todo el mundo, los paraísos fiscales con el crimen, y no establecen ninguna relación entre ellos y la presión fiscal. Asimismo, no consideran en ningún caso que la recaudación pueda ser objetable, al contrario:

La comunidad internacional no puede resignarse a dejar de recaudar cada año 189.000 millones de dólares, que es el doble de lo que dedica cada año a la ayuda al desarrollo.

La conclusión de esto es patente: la pobreza mundial se podría reducir el doble de lo que se reduce hoy si esas madrigueras delictivas fueran exterminadas. Esto es insostenible, porque no es la ayuda al desarrollo lo que reduce la pobreza y, por tanto, no cabe argumentar que su mayor dotación lo haría aún más.

Si hay gente que puede no pagar impuestos, y no los paga, esto se debe sólo a la inacción y desidia de los políticos, nunca a lo que esos mismos políticos hacen:

No puede tolerarse más la permisividad de los Gobiernos con el fraude fiscal internacional en directo y gravísimo perjuicio de los ciudadanos.

Aquí tenemos el artificio ético: si alguien no paga, eso nos perjudica a todos, lo que es falso, salvo que se pueda demostrar que la reducción del llamado fraude fiscal y el consiguiente aumento de la recaudación total se traducen siempre en menos presión fiscal para cada ciudadano pagador. Como es sabido, lo cierto es lo contrario.

Contra la imposición de la jornada de 35 horas

Una de las propuestas estrella del nuevo documento económico de Podemos es la jornada de 35 horas semanales. La idea es aparentemente intuitiva: si en España tenemos más de cinco millones de parados, lo que necesitamos es reducir la jornada laboral para que las horas no cubiertas por los trabajadores actuales sean ocupadas por parte de los parados. Además, se nos dice, el mayor número de trabajadores permitiría ampliar la demanda agregada dentro de la economía, dando lugar a un círculo virtuoso de empleo, gasto, crecimiento, más empleo, más gasto y más crecimiento.

Siendo la reducción impuesta de la jornada laboral tan beneficiosa, uno se sorprende de que no se quiera llevar más allá: por ejemplo, hasta una jornada laboral de 30 o de 25 horas semanales. Total, si, según nos prometen sus proponentes, la reducción de la jornada laboral no acarrea coste ni perjuicio algunos, ¿por qué oponerse a una minoración de la jornada algo superior a la planteada? ¿Por qué quedarse en las medias tintas de 35 horas semanales? Pues porque, en efecto, la reducción de la jornada no está libre de gravosos costes.

Tomemos el caso del salario medio de España, 1.869 euros mensuales, y asumamos que se percibe a cambio de trabajar 160 horas mensuales. Eso significa que el salario medio por hora trabajada es de 11,6 euros. Si la jornada laboral se reduce a 35 horas semanales, que equivalen a 140 horas mensuales (sin que haya una proporcional rebaja de los salarios), el coste por hora trabajada aumentará a 13,3 euros… un incremento salarial del 15%. Como es obvio, de entrada no parece que un incremento del coste de la contratación de un 15% vaya a disparar las contrataciones: encarecer la mano de obra no es la forma más inteligente de promover su demanda por parte de los empresarios nacionales y extranjeros.

Desde Podemos se argumenta, sin embargo, que este incremento del coste de la contratación no es preocupante, ya que el principal problema que tienen hoy en día las empresas es la falta de demanda: y si la masa salarial total aumenta (más gente ocupada a un mayor coste medio por hora trabajada), la demanda de las empresas también aumentará, esto es, más salarios traerán mayores ingresos, que compensarán los superiores costes. Siendo tan sencillo, sorprende que no sean los propios empresarios quienes, en su propio avaricioso interés, no incrementen los salarios para lucrarse sin cesar: si más salarios son más ventas, ¿qué mejor estrategia comercial que aumentar los sueldos continuamente?

La realidad, sin embargo, es más tozuda. Incluso manteniéndonos por un momento dentro del paradigma económico de la demanda agregada, ¿por qué se asume que un encarecimiento de la mano de obra dará lugar a una mayor contratación de trabajadores y, por tanto, a un mayor gasto total? El efecto bien podría ser el contrario: costes más altos, mayores despidos y, por consiguiente, hundimiento de la demanda agregada… un círculo vicioso opuesto al que se nos narra desde Podemos.

Sin ir más lejos, los gastos de personal de las empresas encuestadas en la Central de Balances del Banco de España fueron en 2013 de 100.412 millones de euros, mientras que su resultado neto del ejercicio apenas alcanzó los 7.129 millones. Un incremento de los costes laborales del 7% (recordemos que la jornada de 35 horas supone un aumento del 15% para los trabajadores a jornada completa) habría implicado que la empresa media española entrara en pérdidas: ¿y qué sucede cuando las empresas entran en pérdidas? Pues básicamente que despiden. Y si despiden, ¿de dónde viene el aumento de la demanda?

Ello por no hablar de que, aun cuando no hubiera despidos sino nuevas contrataciones, buena parte del gasto de los nuevos trabajadores bien podría filtrarse hacia al exterior de España: a saber, canalizarse en forma de importaciones. Esto es justo lo que ha sucedido hasta la fecha: siempre que el gasto interior de España ha aumentado en lo más mínimo, las importaciones se han disparado. Más importaciones no es más gasto interior, sino más gasto exterior: a saber, más costes para las empresas y mismos ingresos.

Pero ¿por qué hemos de asumir que más gasto interior equivale a más importaciones? Básicamente porque el problema de España no deriva de la falta de demanda, sino de su inadecuada oferta. España sigue arrastrando un modelo productivo caduco y mortecino, incapaz de proporcionar los bienes que desean los españoles. Sin cambio de modelo productivo no hay cambio de patrones de producción; y para facilitar ese cambio de modelo productivo necesitamos flexibilidad en los mercados y ahorro, esto es, no necesitamos más rigideces regulatorias ni más consumo interno artificialmente alimentado. La imposición centralizada de una jornada de 35 horas, pues, sería un fracaso: elevaría todavía más los costes de las compañías, minaría las bases de la reinversión empresarial (tanto nacional como extranjera), incrementaría el paro forzoso y, en definitiva, retrasaría el cambio de modelo productivo de España.

No en vano, la medida ya fue un fracaso en Francia, pese a haber sido implementada durante un período de bonanza económica global, pese a haber sido adoptada junto con otras medidas de flexibilización interna (como permitir la concentración de horas en una misma semana, llegando a producirse intensificadas jornadas semanales de 48 horas a cambio de otras semanas laboralmente más descargadas) y pese a haber sido cofinanciada por el Estado mediante una lluvia de subsidios y de recortes de impuestos a las empresas (con el ánimo de paliar su coste); algo que no parece que vaya a darse en el caso de España. Y los resultados, pese a ello, fueron bastante pobres: estancamiento a medio plazo de los salarios (cuando no reducción de los mismos) reconocido incluso por quienes defienden la medida e insatisfacción por parte de los trabajadores, al carecer de libertad para escoger sus condiciones laborales. Acaso por ello, Sarkozy abolió de facto la jornada de 35 horas en 2008, cuando incrementó el número máximo de días laborables de 218 a 235.

Pero, como digo, en el caso de España la medida sería muchísimo peor que en Francia, pues se materializaría en un entorno de desempleo masivo y de estancamiento estructural, combinándose con un estrangulamiento empresarial sin precedentes: subida del impuesto de sociedades, incremento muy sustancial del salario mínimo, concesión de privilegios adicionales para los sindicatos y subida extraordinaria de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Una devastación de nuestro escaso tejido empresarial que se nos vende como inocua por cuanto, nos dicen, la demanda agregada aumentará. Pero no: destruyendo la oferta no hay demanda. Por desgracia, Podemos sigue sin comprender las causas de nuestra crisis: únicamente aspira a regresar a la burbuja. Tal vez por ello disfrute de un creciente apoyo entre todos aquellos que también sueñan con regresar a 2007.