Entrevista a Iván Carrino – El pinchazo de la burbuja” argentina
Entrevista realizada instantes antes de la conferencia realizada por Iván Carrino el día 12-04-2014, titulada “El pinchazo de la burbuja argentina”.
Vuelve el crédito
“Our national debate about business funding has been impoverished by an insistence on looking to banks to provide the single answer” Andrew Freeman
Una noticia alentadora en el frágil proceso de recuperación económica de España es que el crédito se dinamiza y está creciendo antes de lo que muchos, incluido yo, pensábamos. En términos interanuales, el crédito al consumo, según el Banco de España, aumenta en febrero un 32,4% y el crecimiento de nuevas operaciones de hasta un millón de euros (las pymes) fue de un 5,98%. Por supuesto, no hay que echar las campanas al vuelo, pero se pueden extraer varias conclusiones.
Los bancos han llevado a cabo un proceso de recapitalización muy relevante y han dejado de ser un problema de desconfianza generalizada. Eso no quita que aún queden grandes temas por resolver. Una tasa de mora del 13-14% que proviene de muchos años de clasificar los préstamos de difícil cobro de manera cuanto menos generosa y una exposición a deuda soberana que aún supera los 270.000 millones de euros. Pero también una mejora muy sustancial de la solvencia y capital. Es esencial empezar a romper el efecto crowding out (cuando el Estado acapara el crédito disponible y hunde el acceso al crédito de familias y empresas). Las Administraciones Públicas han visto multiplicar su acceso al crédito mientras el resto de sectores (otros sectores residenciales) perdían financiación.
Muchas veces me dicen que no existe tal efecto, sino que “no hay crédito solvente privado” y “se prefiere prestar a las Administraciones Publicas”. ¿No es curioso? Si miramos la regulación bancaria proveniente de la Unión Europea veremos que no es así.
Esta semana he tenido el placer de participar en un evento organizado por el fondo de inversión Axiom, especializado en el sector financiero, bajo el sugerente título de “Perdidos en la Regulación”, en el que pudimos discutir en detalle sobre el exceso de reglamentación del sector bancario.
Uno de los errores más graves de la regulación bancaria europea ha sido que penalizaba, inconscientemente –espero-, la financiación a pequeñas y medianas empresas. Al estallar la crisis, y ante la falta de concreción y claridad en el cálculo de préstamos de difícil cobro, se impusieron unas exigencias de capital mínimo (la cantidad que el banco debe usar de capital propio para prestar) que hacían extremadamente difícil prestar a pymes, ya que el coste para la entidad financiera era demasiado alto. A su vez, se daba un tratamiento extremadamente generoso a la deuda soberana, considerándola prácticamente “sin riesgo” si se mantenía hasta vencimiento.
En la conferencia de Axiom, uno de sus socios, David Benamou, experto en regulación bancaria, comentaba que ese incentivo perverso (penalizar el crédito empresarial e incentivar el público) se ha intentado solventar en la última tanda de reglamentos europeos. "Punto 44, Articulo 501” (para que no falten folios de burocracia), donde se especifica que “los requisitos de capital por exposición a crédito de pymes se multiplicarán por un factor de 0,7169”(“Capital charges for exposures to SMEs should be reduced through the application of a supporting factor equal to 0,7619 to allow credit institutions to increase lending to SMEs”).
¿Qué significa esto? Que Bruselas, por fin, en vez de penalizar el préstamo a pymes, lo incentiva. Por ello creo que en los próximos meses veremos una mejora del crédito a empresas, a medida que acompañan las expectativas económicas y la calidad de los proyectos. Todo ello, con unos bancos más sólidos.
Lo han escuchado infinidad de veces. “Malvados bancos, se han llevado cientos de miles de millones y no prestan a familias y empresas”. “Que fluya el crédito”.
Existen varios errores en esas afirmaciones
- Entre 1996 y 2010, el exceso crediticio llevó a que España aumentara su endeudamiento un 200%, la mayor expansión crediticia vista en las economías más agresivas, por encima de China o Tailandia. Los préstamos al sector inmobiliario llegaron a alcanzar el 43,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Pretender que “vuelva el crédito” a esos niveles es simplemente imposible, y además no deseable.
- El crédito como panacea para el crecimiento y no su calidad. España ha salido de la recesión y va a crecer más del 1% en 2014 en un entorno de contracción del crédito a empresas en términos absolutos, porque partíamos de un exceso. La desaparición del sector inmobiliario promotor explica el 80% de la caída del crédito a empresas. En Reino Unido van a crecer a un 2,9% en 2014 después de años de reducción de crédito a empresas, 2014 incluido. Es muy importante recuperar la calidad de los proyectos financiados. Hablar del crédito a grandes rasgos nos puede llevar a los mismos errores de la época de la burbuja.
- Inyectar dinero en las cajas –públicas todas- o conceder avales no garantiza aumentar el crédito. Recapitalizar es cubrir un agujero, no es una garantía de que se pueda aumentar la cartera de préstamos. Lo mismo con los avales. Cuando a usted le avala un familiar para contratar una hipoteca eso no hace que usted pueda comprarse muchos pisos.
- En Europa y España, la financiación a empresas es bancaria en más de un 80%; en Estados Unidos no llega al 30%. Tenemos que potenciar la financiación privada, como comentaba en mi post hace unos meses. Más financiación privada llevará a que se reduzca el riesgo de acumulación y se equiparen los intereses de prestamista y prestatario.
Los datos de 2013 muestran que el proceso de desapalancamiento privado en España ha sido más rápido de lo estimado, con la deuda privada en niveles de 2006, y eso es positivo. Y por favor, no me digan eso de que “se ha transferido deuda privada a la pública”. Hemos acumulado un déficit público de más de 450.000 millones de euros desde 2008 y menos de 67.000 millones suponen ayudas y rescates computados dentro de dicho déficit.
El crédito como lo conocíamos no va a volver. Porque era una locura. Bajar a la sucursal bancaria de la esquina y que te dieran dos préstamos en un par de días es cosa de un pasado que deberíamos evitar como una plaga.Y todo ello es bueno para una economía más sostenible y menos orientada a mantener burbujas. La actividad de préstamo industrial en sectores de alta productividad continuará mejorando, estoy convencido. Tenemos más de 120.000 empresas exportadoras que son capaces de crecer sin endeudarse en siete veces sus resultados operativos. Eso, señores, no era invertir, era jugar a la ruleta. Ante un escenario de perspectivas económicas razonablemente positivas, veremos que el crédito seguirá mejorando. Pero no el exceso de crédito.
El “impuesto negativo”
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, catedrático de Hacienda Pública, no sabe lo que es un impuesto negativo. Propuso que se estudiase para España, pero lo asimiló a un programa que no es exactamente, casi ni siquiera aproximadamente, un impuesto negativo. Y que, además, ya está en marcha en España. Más allá de que Montoro, como él dice, no tenga remedio o sí, la mención al impuesto negativo es interesante, y por eso la traigo aquí.
Milton Friedman es su apóstol más afamado, aunque ni el primero ni el último. Su planteamiento consiste en que “la pobreza es en parte una cuestión relativa”. Y señala que incluso en los países más capitalistas, “claramente hay mucha gente viviendo en unas condiciones que la mayoría de nosotros consideramos pobreza”.
Para aquellas situaciones hay un recurso, que es el “más deseable”: el de la caridad privada. Esa caridad, en las sociedades actuales, se mina por el Estado de Bienestar. Si el Estado se ocupa y me quita un buen dinero para ello, también me quita recursos, incentivos y responsabilidad para hacerlo.
Por otro lado, la caridad ha funcionado muy bien históricamente. Pero ese éxito estaba ligado a una comunidad pequeña, en la que la gente se conocía, o se sentía parte de una comunidad política, social, con grandes lazos interpersonales. Pero en las sociedades desenlazadas actuales, en las que las relaciones se traban con personas más lejanas, en las que el individuo se siente parte de una comunidad mucho más amplia, esa atención al pobre de al lado ya no te concierne. Sólo estarías dispuesto a poner algo de tu bolsillo si los demás lo hiciesen. Ese argumento lo compra Friedman de cabo a rabo.
De este modo, Friedman comete varios errores. Supone que la pulsión que hay en el alma humana de ayudar a los ciudadanos en una situación de dificultad queda superada por la modernidad. Y tiene una visión de esa compasión muy pobre. No le da una oportunidad a que esa iniciativa privada sea de nuevo eficaz si se dan las circunstancias adecuadas. Que no son, como señala Friedman, la existencia de un Estado de Bienestar. Y comete un error típico de los socialistas, que es pensar que el origen de la pobreza es la carencia de dinero. Si prevalece la libertad, si no hay frenos institucionales al comportamiento legítimo, la clave para salir de la pobreza es el comportamiento.
Una sucesión de errores que le conducen a un resultado fatal. Milton Friedman, en una obra llamada Capitalismo y libertad, dice: “Si el objetivo es aliviar la pobreza, deberíamos tener un programa dirigido a ayudar a los pobres”. Una proposición que, a su vez, encierra en pocas palabras graves errores. ¿Ha de haber objetivos asumidos conjuntamente? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se eligen? ¿Hay objetivos significativos más allá de los individuales? Friedman asume que sí. Por otro lado el pudor le impide señalar de quién es el “programa para ayudar a los pobres”. Ese “quién” es el Estado. Pero por un lado no ha demostrado que el Estado deba ayudar a los pobres, y por otro tampoco ha demostrado que la iniciativa privada sea insuficiente o peor. Apenas llevamos una página del capítulo Aliviar la pobreza, y no es muy prometedor.
Con este punto de partida es difícil que mejore. Pero sigamos. Dice que si lo importante es la pobreza, es sobre los ingresos donde se debe actuar, y no sobre los orígenes de éstos. Y debe distorsionar el mercado en la menor medida posible. Y es aquí donde hace su propuesta de un impuesto negativo. Ya se había planteado anteriormente, y James Tobin recogió la idea de Friedman y la llevó hasta donde supo. Consiste en lo siguiente:
Hay un nivel de ingresos por debajo del cual los individuos están exentos de pagar impuestos. Pongamos que se decreta en los 12.000 euros al año (cualquier elección es arbitraria). Si fijamos un tipo sobre todos los ingresos a partir de esa cantidad, obtenemos lo que se obliga a pagar al individuo. Si esa tasa es del 20 por ciento y gana 18.000 euros, pagará el 20 por ciento de 6.000 euros, que son 1.200 euros.
Pero si no llega a generar 12.000 euros, según el esquema del “impuesto negativo”, en lugar de pagar impuestos, cobrará un dinero. Y lo hará en una proporción de los ingresos que le falten para alcanzar los 12.000 euros. Si, por ejemplo, ha generado 8.000 euros y se mantiene el tipo del 20 por ciento, recibirá el 20 por ciento de 4.000 euros, que son 800. También se puede imponer un tipo distinto al “impuesto negativo” que al “positivo”. Si, en el caso anterior, utilizásemos una tasa del 50 por ciento, lo que recibiría serían 2.000 euros.
Aquí vienen las ventajas de este sistema, expuestas por Friedman: “Ayuda en la forma más útil al individuo, es decir, en dinero. Es general y no se puede sustituir por el conjunto de medidas específicas que están funcionando. Hace explícito el coste soportado por la sociedad. Opera al margen del mercado. Como otras medidas para aliviar la pobreza, reduce los incentivos de quienes reciben la ayuda a salir por sus propios medios, pero no los elimina por completo, como ocurriría con un sistema con una cantidad fija de ingresos. Un dólar más ganado siempre significa más dinero disponible para gastar”.
Lo más atractivo del “impuesto negativo” propuesto por Milton Friedman es que se propone como una alternativa al Estado de Bienestar. Esto es característico de Friedman. Toma los objetivos declarados por los socialistas como válidos, y ofrece una solución pública también, menos invasiva, y válida (o que parece válida) para ese objetivo declarado. No debemos despreciar esta propuesta en este sentido. El objetivo, el planteamiento y la solución que ofrece Milton Friedman son socialistas; es una solución más racional, menos distorsionadora e invasiva. Y, al no servir a intereses sectoriales o sociales particulares, no está tan sujeta al juego político, que consiste en la distribución de renta y riqueza de una parte de la sociedad (generalmente menos organizada) a otra parte de la sociedad (más) y al Estado. Friedman, como socialista racional, probablemente no tenga rival en el valor de sus aportaciones. Esta es una de ellas.
Podemos hablar de este esquema con total tranquilidad, en la confianza de que nunca se llevará a cabo. Es una amenaza para numerosos y poderosos intereses detrás del Estado de Bienestar.
El sistema propuesto por Friedman tiene al menos dos efectos negativos en la práctica. Uno de ellos es que desincentiva la obtención de mayores ingresos. Es decir, la generación de nuevos ingresos. Pero esto no es diferente a lo que ya ocurre. Y, en segundo lugar, es un llamamiento eficaz a un fraude masivo. En los Estados Unidos se puso en marcha un sistema parecido (muy parcial, ya que no se eliminó el Estado de Bienestar), y la Oficina General de Cuentas observó un fraude del entorno del 45 por ciento.
En definitiva, aunque es mejor que lo que tenemos, la propuesta de Milton Friedman de un impuesto negativo para aliviar la pobreza es otro esquema socialista fallido.
Leyes, legalidad y legitimidad
Los individuos pueden preguntarse por el por qué o para qué de las leyes, su justificación, legitimación y fundamentación, y la necesidad o conveniencia de su cumplimiento. Diferentes respuestas son posibles, desde las que fomentan el sometimiento (irreflexivas y manipuladoras) hasta las que buscan comprensión (con contenido filosófico o científico): la ley es la ley y hay que cumplirla y punto, debes hacer lo que debes hacer; cuestionar las leyes es una impertinencia, un pecado o un crimen muy grave; las leyes expresan la voluntad de alguna autoridad muy poderosa a la cual conviene no enojar con su incumplimiento y así evitar represalias; las leyes expresan la voluntad de una autoridad muy sabia y benevolente y conviene obedecerlas por nuestro propio bien aunque no sepamos por qué; las leyes de menor nivel se justifican mediante leyes de mayor nivel o principios fundamentales; las normas adecuadas son necesarias y útiles porque permiten y fomentan el desarrollo personal, la coordinación social y la convivencia armoniosa.
Las leyes (reglas, normas, principios) pueden proceder del derecho positivo, de la ética, la moral o la religión. Las leyes regulan, disciplinan y ordenan la conducta de los individuos: expresan prohibiciones, obligaciones o derechos de los agentes involucrados respecto a ciertas acciones o estados del mundo en diversas circunstancias. Un acto concreto es ilegal (falta, delito, crimen, pecado) si viola alguna ley, si no es conforme o compatible con ella: hacer algo prohibido, no hacer algo obligatorio.
El incumplimiento de la ley suele implicar la aplicación de algún castigo contra el infractor: daños físicos, encarcelamiento, multa, expulsión de un grupo. Las autoridades (centralizadas o descentralizadas) generadoras y/o gestoras de las leyes deben tener algún poder para conseguir su cumplimiento: fuerza física, persuasión (por amor o por miedo), liderazgo de un grupo organizado.
No sólo hay leyes sobre acciones: también hay leyes sobre leyes (metanormas), leyes más abstractas y de mayor rango que inspiran y deben cumplir las leyes más concretas y de rango inferior. Los reglamentos de un ministerio o departamento deben cumplir y concretar las leyes que emanan del parlamento, que a su vez deben cumplir y concretar la constitución de una nación. Una ley es inconstitucional si es incompatible o contraria a la constitución; un reglamento puede ser no conforme con alguna ley que lo afecta.
La existencia de niveles normativos se aprecia en frases como “las leyes deben cumplirse”, “esto debería estar prohibido” o “prohibido prohibir”, que expresan normas acerca de normas (y probablemente también la opinión del hablante acerca de la conveniencia o no de esas reglas). Algunos pensadores pueden creer erróneamente que un tema queda zanjado simplemente con invocar un principio superior; sin embargo al criticar una ley por ser incompatible con otra norma o idea superior conviene recordar que ese principio superior quizás es a su vez criticable: no es el único posible, o es criticable mediante otra norma más alta.
Las leyes prescriptivas, como órdenes o comandos, no son verdaderas o falsas del mismo modo que las leyes descriptivas, sino que están vigentes o no, se aplican o no, se exigen o no, y se cumplen o no. Lo que es verdadero o falso es si una ley está en vigor o no, si se acata o no, y si se ha violado o no con alguna acción concreta. Pero los contenidos de las normas pueden variar en el tiempo o de un grupo social a otro.
Un buen sistema normativo es consistente y completo en la medida de lo posible: las diferentes partes se apoyan y complementan mutuamente; está libre de contradicciones, incompatibilidades, incoherencias o arbitrariedades; y es capaz de producir una respuesta para todas las preguntas o problemas relevantes.
Los sistemas normativos suelen tener estructura jerárquica: no son conjuntos de leyes desconectadas y todas al mismo nivel o con la misma importancia, sino que algunas normas son más básicas que otras. El sistema legal tiene fundamentos que soportan el sistema, o un núcleo central que lo cohesiona, o una cúspide que lo culmina (según el punto de vista y dónde se coloquen los elementos principales).
Que la estructura sea jerárquica no implica que históricamente primero aparezcan las leyes abstractas fundamentales y a partir de ellas se deduzcan o generen las reglas prácticas, concretas y detalladas. Es posible que primero existan diversas normas específicas independientes cuyas interacciones e intentos de explicación o justificación lleven a una integración y sistematización.
Las leyes pueden utilizarse como herramientas de poder: las normas son armas. Los principios expresados en el nivel superior son muy importantes porque controlan todas las demás normas y conductas: también son muy conflictivos porque los individuos pueden no estar de acuerdo sobre sus contenidos y pelean o discuten para imponer los que cada uno desea. Existen los principios superiores, pero no suele haber acuerdo sobre cuáles son: puede haber consenso sobre términos muy genéricos, pero desacuerdo sobre su interpretación (“libertad”, “igualdad”, “justicia”). También puede suceder que los principios superiores no importen demasiado si su interpretación es tan flexible que permiten implementaciones concretas prácticas muy diferentes (“hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos”).
Los seres humanos intentan controlarse mutuamente unos a otros en su propio beneficio: influyendo sobre sus preferencias y sobre el contenido de sus sentimientos morales; e intentando que las leyes sean las que cada uno desea. Con leyes de bajo nivel se controla la conducta concreta, y con leyes de alto nivel se controla la producción de leyes de menor nivel. Es posible denunciar a un individuo por incumplir alguna ley, o denunciar una ley por ser incompatible con otra superior.
Las normas están y operan en las mentes de los agentes (y tal vez en memorias exosomáticas como los libros) para regular su propia conducta y la ajena. Las leyes son generadas y gestionadas exclusivamente por los seres humanos, de forma consciente o inconsciente, y cumplidas mediante acatamiento voluntario o por imposición de los más fuertes y sometimiento de los débiles. Pero es común que muchos individuos crean que algunas leyes proceden de divinidades sobrenaturales, entidades sobrehumanas muy poderosas.
Todo sistema normativo tiene un número finito de niveles (al menos uno y quizás sólo uno) y un nivel máximo o cúspide: este nivel superior no tiene ninguno por encima que lo fundamente o justifique; si se invoca un nivel más alto como apoyo o para rechazarlo, entonces resulta que no se trataba del nivel máximo. El nivel superior es axiomático y no se deduce o infiere de ningún otro: simplemente se acepta o no. Este hecho problemático puede resultar incómodo para algunas personas, quienes lo resuelven de forma intuitiva mediante el recurso a entidades imaginarias omnipotentes, los dioses, quienes presuntamente fundamentan la ley con su voluntad y su poder: este engaño puede resultar práctico y funcional si es creído de forma compartida y sirve así para cohesionar un grupo en torno a unos principios comunes no discutidos.
Las normas morales o éticas también pueden tener diversos niveles. El nivel superior puede ser una presunta voluntad divina, algún criterio filosófico (utilitarismo, consecuencialismo, deontología, ética de las virtudes, liberalismo, comunitarismo, socialismo, comunismo) o un conjunto de principios abstractos de justicia: desigualdad según casta o estatus social, igualdad ante la ley (universalidad, imparcialidad, simetría, aplicación uniforme no discriminatoria; totalmente universal o restringida a los miembros de un grupo), igualdad mediante la ley.
La legalidad y constitucionalidad en el derecho positivo son equivalentes a la justicia y legitimidad en la moral y la ética. Justificar o legitimar es invocar los principios más abstractos, generales y universales. Pero lo que para unos es justo o legítimo para otros es injusto o ilegítimo porque esos principios pueden ser diferentes para distintos individuos.
Para algunas personas las leyes que rigen la sociedad deben estar sometidas a principios morales o éticos. El positivismo jurídico rechaza el sometimiento de la ley a la moral. Pero esto no implica que la ley positiva no tenga fundamentos de ningún tipo. El derecho puede fundamentarse en principios generales y en diversas normas que regulan la producción de leyes vigentes y exigibles: costumbre, ley común producida por jueces y jurisprudencia, definición del sujeto soberano y las autoridades competentes, utilización de procedimientos formales válidos, aprobación democrática explícita (popular directa o mediante representantes en parlamento como poder legislativo que promulga y proclama las leyes), pactos contractuales.
Hay pobreza y pobreza
Por una vez, y sin que sirva de precedente, el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, acertó a la hora de cuestionar las estadísticas de pobreza que tan habitual e irresponsablemente difunden organismos oficiales y ONG. El ministro recibió todo un aluvión de críticas por atraverse a señalar que dichos informes "no se corresponden a la realidad" y, sin embargo, tiene razón. La polémica surgió a raíz de un informe elaborado por Cáritas Europa según el cual España registra la mayor tasa de pobreza infantil del continente tras Rumanía.
En concreto, el 29,9% de los menores de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza en 2012, nueve puntos por encima de la media de la UE (21,4%). Dicho así, el dato resulta, simplemente, alarmante. No es para menos, pues, según ese titular, casi tres de cada diez niños residentes en España son pobres, a la altura de países mucho más atrasados, como es el caso Rumanía, Bulgaria o Grecia, ni más ni menos.
Pero ¿de verdad el 30% de los menores son pobres en España?, ¿cómo es posible que tal lacra afecte por igual a un país que, pese a la crisis, mantiene una renta per cápita de casi 22.000 euros al año (puesto 28 del mundo) y a otro cuyos ingresos por habitante rondan los 6.500 (puesto 71), tres veces menos? Tales conclusiones no sólo son absurdas sino, directamente, insultantes, especialmente para todas aquellas personas que, realmente, sufren la tragedia de encontrarse sin recursos.
El problema de fondo radica en el concepto empleado para definir la pobreza. Según la Real Academia Española, pobre es quien "no tiene lo necesario para vivir", y la pobreza es síntoma de "escasez" o "necesidad". De hecho, no hace falta acudir al diccionario para entender el término en cuestión. No en vano, lo primero que viene a la cabeza al pensar en esta palabra no es otra cosa que personas sin techo, pidiendo o viviendo en la calle, o bien gente con muy escasos recursos, desempleadas sin prestación y, por tanto, con graves dificultades para afrontar unos gastos mínimos de vivienda (alquiler, hipotecas, facturas de luz y calefacción, etc.) y manutención (alimentos).
Pero eso, que es lo que entiende justamente el común de los mortales, no es la pobreza que reflejan los mediáticos y alarmistas estudios que elaboran gobiernos, sindicatos, organismos internacionales y ONG subvencionadas. Y es que lo único que miden dichos informes es un concepto estadístico, completamente artificial y engañoso, denominado pobreza relativa. Así, para los estadistas pobre es quien no supera el 60% de la mediana de ingresos anuales existente en su país de residencia. ¿Y esto qué significa? Contar con una renta inferior a 7.182 euros al año -menos de 600 euros al mes- para el caso de un hogar de una persona (con vivienda en propiedad o un alquiler subvencionado) o de 15.082 euros al año para una familia con dos niños -1.257 euros al mes-.
Pero, además, estas cifras sólo corresponden a 2012, ya que la polémica tasa no mide ingresos absolutos sino relativos. Es decir, dicho umbral aumenta conforme crece la riqueza de un país. En 2004, por ejemplo, el umbral de la pobreza en España se situaba en 6.196 y 13.011 euros al año, respectivamente, un 16% menos que en la actualidad. Por eso, precisamente, el índice de pobreza en España se mantiene anclado en el 20% de la población (más de 9 millones de personas) año tras año, con independencia de que haya crisis o no, incluso en plena burbuja inmobiliaria, cuando el paro rondaba el 8%.
Llevado al paroxismo, la aplicación de esta particular metodología implica que si en un país el 60% de la población gana 1 millón de euros al año y los demás medio millón, este 40% restante será catalogado estadísticamente como pobre. Suena a broma, pero, en realidad, ya sucede. Olvídense por un momento de España. Casi el 17% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza en la Zona Euro en 2012, según Eurostat. ¿Dos de cada diez familias en la ruina absoluta en el grupo de países más ricos del mundo? ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Que suceda en España, fuertemente golpeda por el paro, vale, pero en países punteros como Holanda, Finlandia o Alemania, resulta difícil de creer, se preguntarán algunos.
La respuesta, sin embargo, es la misma: pobreza relativa. Si en España pobre es quien no alcanza 600 euros al mes, en Francia y Bélgica son todos aquellos que cobran menos de 1.000 euros, en Dinamarca unos 1.300, en Luxemburgo menos de 1.600 y en países como Noruega o Suiza menos de 2.000 euros mensuales. Dicho de otro modo, aplicando el umbral suizo, más del 70% de los españoles son pobres, lo cual resulta -una vez más- insultante para los nacionales y, sobre todo, para los verdaderos necesitados.
En EEUU, por poner otro ejemplo, los mileuristas españoles también serían considerados pobres en las estadísticas de Washington. O, dicho de otro modo, las familias pobres estadounidenses gozan de un nivel de vida equivalente a la clase media en España, de modo que la mayoría posee, como mínimo, un coche, disfruta de aire acondicionado, dos televisiones, todo el material imprescindible para la cocina, una casa en buen estado con más espacio que la típica europea, no sufren hambre, pueden acceder a asistencia médica cuando es necesario y suelen tener suficientes fondos para cubrir las necesidades esenciales.
Por ello, la realidad de la pobreza en España, siendo muy grave, inaceptable desde todos los puntos de vista en un país -aún- desarrollado, está muy alejada del vergonzoso y falaz alarmismo que denuncian políticos -por intereses electoralistas- y ONGs -¿para recibir más subvenciones, quizás?-.
En España hay pobreza, sin duda, y ésta, además, se ha disparado como consecuencia de la elevadísima tasa de paro que padece el país por culpa del agudo intervencionismo gubernamental; pero, por suerte, ni hay 9 millones de pobres, ni uno de cada tres niños sufre esta lacra ni, mucho menos, existen problemas de hambre o desnutrición, como denuncian muchos irresponsables. En este sentido, sorprende cómo hace apenas año y medio muchos criticaron un reportaje publicado por The New York Times en el que se ofrecía una imagen distorsionada y demagógica de España, con gente buscando comida en la basura, y hoy, sin embargo, no dudan en afirmar que la pobreza aquí es similar a la de Rumanía o Bulgaria.
La tasa de pobreza real es muy inferior a la publicitada. Para comprobarlo basta con observar, al menos, tres indicadores: el número de hogares sin ningún tipo de ingresos (ni siquiera subsidios autonómicos), que, según la Encuesta de Población Activa, roza los 500.000, el doble que en 2007, lo cual se traduciría en cerca de 1,5 millones de personas (3% de la población total); el volumen de atendidos por los servicios de Cáritas España, que rondaron los 1,3 millones en 2012 -casi la mitad, inmigrantes-; y la estadística de pobreza severa que elabora Eurostat y que, entre otros indicadores, refleja el porcentaje de familias que no puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada ni abonar puntualmente todas las facturas relacionadas con la vivienda. En este último caso, la tasa se sitúa en el 5,8% en 2012 (algo menos de 3 millones) frente al 3,5% de 2007.
Así pues, todo apunta a que la pobreza real se ha duplicado en España durante la crisis, pero oscila entre 1,5 y un máximo de 3 millones de personas. No es necesario desvirtuar ni mentir para destacar la dramática y alarmante situación económica que sufre el conjunto del país, y muy especialmente las familias que, por desgracia, siguen en paro. El panorama ya es lo suficientemente grave como para, encima, tener que soportar una dosis extra de demagogia y populismo.
Inspectores de hacienda, esos héroes
Entre los puestos de trabajo que menos respeto me produce siempre ha destacado el de inspector de impuestos. Reconozco que la Guardia Civil y la policía municipal hacen méritos suficientes para ocupar este puesto, pero, entre multa y multa, hacen algún servicio de provecho a la sociedad: asisten accidentes, regulan el tráfico y hasta detienen a algún criminal real, cuando la persecución al ciudadano respetable, pero con el billetero lleno, se lo permite.
No es el caso del inspector de impuestos, cuyo único objetivo es escudriñar la vida privada (sí, nuestros ingresos y gastos son parte de nuestra vida privada, no deberían ser visibles por nadie sin nuestro consentimiento) de los ciudadanos para averiguar si ha entregado parte de su riqueza al Estado voluntariamente o si es necesario quitárselo por la fuerza, más la correspondiente multa o recargo por su poca concienciación social.
Sólo el lavado de cerebro masivo que recibe la sociedad desde hace décadas puede explicar que haya muchos de estos inspectores que frecuenten medios de comunicación, la mayoría de las veces en funciones descaradas de lobbies, sin el menor reparo. En cualquier otra época estos sujetos, de existir, guardarían celosamente su condición (algo que el contribuyente no puede hacer con su dinero) e intentarían pasar desapercibidos, justificando su profesión en la pura necesidad de tener un trabajo en tiempos difíciles.
Por desgracia vivimos en una época donde está mal visto que alguien hable en contra del alarmismo del cambio climático si hace 20 años el departamento donde trabajó recibió una subvención de mil euros de una petrolera, pero si eres miembro de una asociación de inspectores de hacienda y te da por pedir, oh, qué sorpresa, que se duplique o triplique el número de inspectores para acabar con el fraude fiscal, te sacan en todos los medios de comunicación como la quintaesencia del sacrifico por el bien común.
Pero si hay algo que me hace despreciar ese trabajo por encima de todo es porque simboliza el sistema fiscal que sufrimos actualmente. Nadie necesita un inspector fiscal para saber si un vecino no ha pagado su cuota de la comunidad de propietarios. Nadie necesita un inspector fiscal para descubrir si un socio está escatimando sus aportaciones. Nadie necesita un inspector fiscal para saber que un suscriptor no está pagando por recibir su revista favorita. No hay ninguna transacción financiera honrada que requiera de un inspector fiscal para saber si el cliente está al corriente de pago de un producto o servicio. Solo el Estado necesita inspectores fiscales para conocer qué riqueza genera una persona, y así poder quitarle la parte que arbitrariamente considera suya.
Por eso es especialmente perversa la petición de más inspectores de hacienda. Estos no van a mejorar el sistema de recaudación, no van a repartir más equitativamente el peso del Estado entre los ciudadanos. Lo único que van a hacer es llevar la auditoría sobre la vida de los españoles a nuevos niveles, expandiendo el control total que ya tiene sobre los asalariados de nómina y tarjeta de débito al resto de la sociedad. Los autónomos, las PYMES y todo aquel que no está totalmente controlado por los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria tendrían que aguantar un control más exhaustivo de personas de carne y hueso cuyo mayor deseo, al parecer, es conseguir pruebas para expropiar las pocas riquezas que van generando después de 6 años de crisis, para más orgullo de la casta política que hace pésimo uso de ellas.
Pero no carguemos las tintas sólo contra los inspectores. Sus anhelos no serían posibles sin esos millones y millones de personas que, siguiendo el instinto español básico de sacarle el ojo al vecino aunque ellos pierdan los dos en el proceso, piensan que la solución a muchos de los males que sufre éste país proviene del fraude de las grandes empresas, de los autónomos que no hacen facturas y de los paraísos fiscales.
Al parecer si las facultades de un ladrón le permiten robar a cualquiera, tenga el sistema de seguridad que tenga, pasa a ser un buen recaudador de impuestos. Y según dicen en España todavía hacen falta más y mejores ladrones… ¡Quién lo diría leyendo los periódicos!
Que los traders compitan y los inversores elijan
En Wall Street circula el dicho de que si tienes el ratón en la mano, ya llegas demasiado tarde. Desde hace algunos años las órdenes de compra y venta de acciones ya no se negocian en ruidosos mercados de corros, sino mediante sistemas electrónicos automatizados. Los gritos de los traders han terminado dando paso al zumbido de los servidores informáticos. Dentro del mercado hay muchos tipos de operadores, cada uno con estrategias diferentes. De entre ellos existe una clase que ha ganado una gran importancia en los últimos tiempos, y son aquellos cuya ventaja competitiva se basa en la rapidez de operación, en ser los primeros en reaccionar ante los cambios. Son los denominados HFT o high-frequency traders.
Tanta importancia tiene la rapidez en la operativa de los HFT que posicionan sus servidores lo más cerca posible de la caja negra en la que se casan las órdenes en los mercados de valores y apuran cada centímetro de cable para arañar hasta el último milisegundo. Para hacernos una idea, en la actualidad una orden de un HFT puede viajar de Nueva York a Chicago y volver en unos diez milisegundos. El tiempo de reacción de Usain Bolt ronda los 150 milisegundos, y el parpadeo de un ojo humano entre 300 y 400 milisegundos. Es decir, una eternidad para un HFT.
Una de las controversias del momento en Wall Street es precisamente el papel de los HFT. La polémica se ha reabierto a raíz de la publicación del libro Flash Boys: A Wall Street Revolt, del exitoso escritor Michael Lewis. El libro es una fuerte crítica al high-frequency trading narrada con brillantez a través de la mezcla de historias de varios profesionales del sector y de una gran investigación del autor. El propio Michael Lewis dio el pistoletazo de salida de la polémica en una entrevista en la CBS en la que resumía el mensaje central de su libro: "el mercado está amañado". La conclusión de su trabajo, según él, es que los HFT amañan el mercado en beneficio propio, perjudicando a los demás operadores. Veamos qué hay de verdad en ello.
La principal crítica que hace Lewis a lo largo del libro es la capacidad de anticipación que tienen estos traders de alta velocidad. El protagonista del libro, Brad Katsuyama, es un trader del Royal Bank of Canada en Nueva York, que comienza a investigar por qué en ocasiones sus órdenes de compra o venta no se ejecutaban de la manera esperada. Lo que ocurría, descubre, es que tras pulsar ‘Enter’ en su teclado, su orden viajaba a múltiples mercados organizados localizados en diversos puntos geográficos en Estados Unidos. Pero no llegaban a todos al mismo tiempo. Los milisegundos de diferencia, antes irrelevantes, ahora cobran una gran importancia. Una vez que su orden llegaba al primero, en Nueva Jersey, los HFT eran capaces de detectar su orden y anticiparse a Brad operando en los otros mercados. Es, concluye el autor, front-running puro y duro.
El problema es que el front-running es una práctica diferente a la descrita por Brad Katsuyama. ¿Qué es el front-running? Pongamos que contactamos con nuestro bróker y le damos la orden de comprar 100.000 acciones de una determinada compañía. Como nuestra orden va a hacer subir el precio de la acción, al bróker se le ocurre comprar 1.000 acciones a título personal antes de ejecutar nuestra orden. Una vez nuestra orden ha sido ejecutada y por tanto el precio ha subido, el avispado bróker vende sus 1.000 acciones embolsándose una ganancia a nuestra costa. Ésta es una práctica fraudulenta, pero no por haber operado antes que nosotros ni por haber obtenido una ganancia a nuestra costa. El front-running es un fraude porque el bróker está incumpliendo el contrato que tiene con nosotros. Según el contrato, nosotros pagamos al bróker a cambio de confiarle la ejecución de nuestras operaciones, y fijamos para ello unas determinadas normas. Una de ellas es que no emplee la información que le confiamos para operar por su cuenta antes de ejecutar nuestra operación, es decir, que no nos haga front-running. No tiene por qué hacerse de manera explícita en el contrato, sino que puede ser simplemente comprometiéndose a cumplir con una determinada regulación o códigos de buenas prácticas. El front-running, en resumen, es un incumplimiento de contrato y por tanto una práctica fraudulenta.
Los HFT, sin embargo, no violan ningún un contrato con el inversor ni con otro trader, no están incumpliendo ningún compromiso de ejecución con ningún cliente. Simplemente perciben que el precio va cambiar y se anticipan a dicho cambio. No es una práctica muy diferente a la usada por otros traders tradicionales cuando tratan de anticiparse a los movimientos del mercado analizando la información de la que disponen. La diferencia es que ahora se hace de manera más rápida y se procesa antes la información.
Ésta es la principal crítica que hace Michael Lewis en el libro. Existen otras dos críticas tradicionales contra el HFT, pese a que Lewis no se centra tanto en ellas. Una es que supuestamente puede aumentar la fragilidad de los mercados financieros. El clásico ejemplo es el Flash Crash. El 6 de mayo de 2010, en torno a las 2:45pm, el Dow Jones se desplomó un 9% y en cuestión de minutos volvió a recuperarse. Por lo visto, aunque aún existe debate en torno a las causas, una orden de venta de gran tamaño de un fondo de inversión provocó que muchas máquinas reaccionaran vendiendo compulsivamente sus posiciones. La cuestión es que, si nos fijamos, los incentivos funcionaron: al final del día, quienes tiraron la cotización obtuvieron pérdidas y quien se puso a comprar y volvió a estabilizar el mercado obtuvo ganancias.
En mi opinión, este caso demuestra, incluso, que la automatización si acaso genera más estabilidad que una operativa pura de emocionales seres humanos. Las máquinas permiten detectar antes las oportunidades de ganancia y no se dejan llevar por euforias o miedos, y eso ayuda a estabilizar el mercado de manera más rápida. Esto no quiere decir que las máquinas siempre estén programadas de manera correcta y que no fallen. De hecho, el que era el HFT más importante del mundo, Knight Capital, tuvo un problema en un algoritmo que empezó a operar de manera alocada y desestabilizó algunos valores. En consecuencia, en un solo día Knight Capital obtuvo pérdidas de 460 millones de dólares y quedó prácticamente en quiebra. Al final, quienes dan estabilidad tienden a salir ganando y quienes desestabilizan tienden a perder.
El tercer argumento típico de los críticos con el HFT es el denominado flash trading. Algunos mercados de valores permiten que los HFT sitúen sus servidores en una posición privilegiada, y les proporcionan información sobre las órdenes que van llegando algunas fracciones de segundo antes que a los demás. Con ello, los HFT se benefician de ser los primeros en operar. A cambio, los mercados consideran que aumentan la liquidez que proporcionan a los inversores.
El high-frequency trading supone una innovación disruptiva en los mercados financieros. La competencia es muy intensa entre traders, creadores de mercado e incluso entre los distintos mercados que han proliferado en los últimos tiempos. La mayoría de los participantes en los mercados financieros admiten que esto, en general, ha mejorado sustancialmente la operativa de los mismos. Los HFT aportan una gran liquidez a los mercados, permitiendo a los inversores operar con menores costes de transacción que antes. Los bid-ask spreads, lo márgenes entre mejor oferta de compra y de venta disponibles en el mercado, se han estrechado enormemente y se han vuelto más profundos. Sin embargo, esto también fuerza a los traders tradicionales a adaptarse a los cambios. No es de extrañar que la mayor parte de las críticas no provengan de inversores, sino de entre los propios traders del sector que se han ido quedando obsoletos.
Esta innovación disruptiva no está exenta de problemas y Lewis hace un gran esfuerzo en su libro al tratar de detectarlos y explicarlos. Acertado o no, sin embargo creo que hay un motivo en particular por el que hay que aplaudir a Michael Lewis. Y es que el escritor no recurre a la fácil solución de pedir al Estado que imponga una u otra regulación, no se dedica a exigir al gobierno que aplique una solución única a los problemas que detecta. Al contrario. Lo mejor del libro de Michael Lewis es que busca, a través de sus personajes, encontrar una solución a los problemas que percibe en el mundo del HFT por la vía por la que deberían resolverse en un sistema de libre mercado: mediante la sana competencia.
Brad Katsuyama, cuando descubrió que los HFT se adelantaban a sus órdenes de compra y venta, decidió desarrollar y comercializar una herramienta, Thor, que permite enviar las órdenes a los distintos mercados de valores de tal forma que todas llegaran al mismo tiempo. De esa manera, evitaba que los HFT pudieran adelantarse y arbitrar entre sus propias órdenes. A continuación decidió crear IEX, un nuevo mercado organizado a prueba de HFT. Cualquier agente que decida operar en él sabrá a ciencia cierta que los HFT no podrán realizar las controvertidas prácticas que Lewis denuncia en el libro. Al final, la solución idónea para dirimir la polémica en torno al high-frequency trading es que cada mercado, cada exchange, ponga las normas que considere que garantizarán un mejor servicio, que los traders compitan entre todos estos mercados por ofrecer los mejores precios y que los inversores elijan. De esa manera tendremos una idea razonable de cuál es, con sus pros y contras, el sistema que mejor funciona.
No a otro banco público canario
La presidente del grupo parlamentario del PSOE, Lola Padrón, sorprendió la pasada semana con una solicitud y una propuesta durante el debate sobre el estado de la región. Su demanda, para solucionar la crisis es «más fortaleza» —es decir, más poder— «de la política y de los políticos frente a los mercados o frente a los poderosos» y su proposición es «la creación de una banca pública canariaque apoye con financiación a pymes y cooperativas».
Aparentemente, la señora Padrón no se ha enterado de que los poderosos son los políticos de este país o es que odia tanto la libertad que le parece insuficiente que políticos como ella manejen más de 45% del PIB español y que controlen el otro 55% con innumerables trabas burocráticas.
Con respecto a la creación de una banca pública, parece desconocer que el sistema bancario está basado en un sistema de banca central, con descalce de plazos y dinero fiduciario controlado por los poderes políticos y que nada tiene que ver con el libre mercado. Pero lo más «simpático» es que su propuesta no es nueva ni es original.
La banca pública que solicita lleva existiendo desde hace décadas en nuestro país pero con otro nombre: cajas de ahorro. Estas entidades financieras están gobernadas por políticos retirados o por personas de máxima confianza y muchas veces carentes de formación que sientan los partidos en sus consejos de administración. Además, no tienen accionistas a quienes retribuir capital y a los que rendir cuentas. Por ello, el control político de las mismas ha sido total desde hace décadas.
¿Cuáles han sido las consecuencas del control político de estas cajas mal llamadas de ahorro? Beneficios de unos pocos en el corto plazo, cajas en quiebra y recapitalizadas con el dinero de los contribuyentes y un agravamiento de nuestra crisis al haber concedido créditos sin garantías suficientes, principalmente a sectores relacionados con la construcción, sin control económico y movido en muchos casos por intereses políticos, como denunció Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, en diferentes medios de comunicación al inicio de la crisis.
El principal problema de nuestra economía es la inexistencia de libertad financiera y no la falta de un nuevo chiringuito público con barra libre de dinero donde los bármanes son los políticos. Hasta que el sector público no deje de proteger la iliquidez de la banca, no se eliminen las leyes de curso forzoso, los fondos de garantía de depósitos y los bancos centrales y se permita la emisión de dinero privado, las grandes crisis económicas están garantizadas por políticos como la señora Lola Padrón.
Las oscuras reconversiones
No puedo sino dar la razón al que, airado, asegura que España es un país de chorizos. Y no me refiero al rico manjar que nos proporciona nuestra maravillosa cabaña porcina. Hemos llegado a un punto en que cuando aparece un nuevo (o viejo, pero olvidado) caso de corrupción, no es que no nos sorprendamos, es que o no nos damos por aludidos o, en el mejor de los casos, lo comparamos con el que tenemos en mente para saber si merece nuestra atención. Si cojeamos de alguna simpatía ideológica o política es bastante probable que busquemos la fuente de la información o la militancia política del presunto para luego cargar tintas contra él, ella o ello, buscar indulgencia o incluso, en el caso más extremo, justificaciones.
Uno de esos casos que no ha trascendido demasiado a los medios nacionales, quizá más preocupados en la caza mayor de los Gürtel o los ERE andaluces, es el fraude en las subvenciones a la minería. No es que estemos hablando de caza menor, ya que de momento ronda la bonita cifra de 600 millones de euros, pero es que algunos sectores gozan de simpatías sociales y de las de ciertos medios que suelen ser más indulgentes con los implicados en estos delitos: los mineros y las compañías mineras, quizá, sólo quizá, por lo duro y poco saludable que es el trabajo y porque tradicionalmente tienen mucho peso político en las cada vez menos abundantes regiones mineras.
El juez Ignacio Candal, que es titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) ha imputado a doce empresarios de siete compañías mineras como presuntos autores de un fraude cuyo montante podría seguir aumentando. Para que nos hagamos una idea, sólo en 2011, una de esas empresas, la Unión Minera del Norte S. A. (Uminsa), habría recibido 53 millones de más en modo de subvenciones. La empresa habría extraído 800.000 toneladas de carbón, pero habría recibido fondos públicos por 1,2 millones de toneladas. El periodo que se investiga parte desde 2007 y llega hasta 2012 y como ya he comentado, son siete las compañías investigadas. La cifra final podría superar los 1.000 millones de euros.
Y este no es ni mucho menos un caso aislado, ha llamado también la atención el caso del carbón volatilizado, más de medio millón de toneladas que la Sepi exige al empresario Victorino Alonso y que han desaparecido del emplazamiento declarado por éste. El empresario niega haberlo vendido dos veces y se explica diciendo que se ha “volatilizado” por la lluvia. Hunosa ha litigado en la vía penal y civil, pero de momento los tribunales no terminan de aclarar el caso.
El sistema de subvenciones es una política pública que tiende a enquistar problemas que el libre mercado resolvería en un periodo relativamente corto con la menor repercusión posible, aportando soluciones o al menos vías de acción para todos los implicados. Amparándose en el argumento moral de que hay que proteger al desamparado, al sufriente o al descamisado, el Estado capta fondos de los sectores productivos, de los ciudadanos y mantiene en estado comatoso economías, sectores, empresas y trabajadores que podrían y deberían haberse adaptado a las nuevas necesidades y prioridades de la gente, pero que se empeñan en conservar un particular y costosísimo estatus fantasma.
El sector de la minería, donde la carbonífera tiene tradicionalmente un gran peso, es uno de los más subvencionados de la incierta economía española. Desde 1990 y hasta 2012 ha recibido 23.676 millones en ayudas públicas repartidas entre cuatro planes estatales, que no parecen haber sido bastantes porque sigue lleno de problemas que la voluntad política no resuelve, porque ni puede ni quiere.
La calidad del carbón no es la más adecuada para las necesidades energéticas y técnicas de nuestras centrales (tal es el caso de la térmica turolense de Andorra, de Endesa, que se ha negado a quemar el carbón de Mequinenza al demostrar que dañaría sus calderas), pese a ello, las eléctricas españolas están obligadas a quemar una cuota de este material reduciendo de esta manera la eficiencia de los procesos y haciendo más cara la energía. Regularmente, las cuencas mineras presentan conflictos laborales con violentas manifestaciones apoyadas por sindicatos que más que defender a sus afiliados, luchan por su propia supervivencia cueste lo que cueste y afecte a quien afecte. Y como se ha visto, las empresas que nacen y se hacen en torno a este despilfarro acumulan unos niveles de fraude de los más altos de España, que ya de por sí son bastante altos.
¿Dónde está la labor de vigilancia de las propias administraciones sobre sus propias políticas? ¿No se supone que el Estado es el garante de que los “derechos” de los ciudadanos se van a respetar, que su dinero se va a invertir en cosas que ellos no son capaces de “ver”, pero que unos políticos elegidos o puestos a dedo sí lo son?¿No se supone que las instituciones públicas son las que van a corregir los “errores del mercado”? Además de luchar por su propia supervivencia y crecimiento, ¿puede el Estado hacer algo de lo que dice que hace? Un ejemplo entre muchos, la reconversión en Andorra, Teruel, lejos de suponer un sustituto al carbón y una reactivación de la región sólo ha supuesto un pozo sin fondo de recursos que, recordemos, se han detraído de la riqueza de los ciudadanos para beneficiar a unos pocos y despilfarrar el resto.
La reconversión del sector minero, como otras reconversiones de sectores tradicionalmente “estratégicos” en la economía española, son una especie de dejà vu que demuestran que las planificaciones económicas no conducen a nada bueno, que terminan saliendo muy caras, no solucionan los problemas en su base, potencian el rol de víctima de algunos colectivos, derivando todo ello en un mayor estado clientelar, una política económica y social cada vez más populista y demagógica, atrayendo a personas con pocos escrúpulos que buscan su particular lucro, pero a costa de los demás, no de su esfuerzo y su trabajo. En definitiva, no permiten que la gente involucrada tenga la opción de buscar otras maneras de seguir viviendo.
Los libros de texto saudíes, bombas de odio
Coincidiendo con la visita de Barak Obama a Arabia Saudí, la Fundación para la Defensa de las Democracias publicó un estudio en el que el experto en asuntos del Golfo Pérsico David Andrew Weinberg acusa a Washington de ocultar un informe del Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia (CIRD) en el que se pone de manifiesto el adoctrinamiento en el odio a los no musulmanes que se perpetra en el sistema educativo saudí.
En 2011 el Departamento de Estado encargó al CIRD un informe sobre los libros de texto saudíes, libros que son exportados gratuitamente a todos los países en los que existen centros de estudios financiados por Riad. El documento, titulado "La tolerancia religiosa en el reino de Arabia Saudí", estaba acabado en 2012, pero Washington no lo ha publicado en su integridad, al contrario de lo que hizo con un estudio similar sobre los textos utilizados en las escuelas israelíes y palestinas.
La Secretaría de Estado aduce que no quiere molestar a los saudíes en un asunto en el que se están haciendo progresos. Sin embargo, antiguos funcionarios del departamento conocedores de este asunto aseguran que el motivo real es evitar dar una imagen pésima del régimen.
Los últimos manuales editados por Arabia Saudí contienen pasajes en los que se deshumaniza a judíos y cristianos, se promueve el asesinato de "desviados" como los homosexuales y se defiende la violencia contra los musulmanes no wahabíes. El libro de Ley Islámica correspondiente al décimo curso anima a los estudiantes a "matar a quien cambie de religión (…) porque no vale la pena mantener a esas personas con vida". También se afirma que "Dios creó a los judíos de monos y cerdos". El texto utilizado por los estudiantes de 12º describe a los judíos y a los cristianos como "las peores criaturas", que, lógicamente, "morarán en el fuego del infierno".
Este material de estudio se envía sin coste a toda la red académica internacional financiada por el régimen saudí, de la que forman parte centros de EEUU, donde un estudiante de un centro de Virginia cumple cadena perpetua por conspirar con Al Qaeda para asesinar al expresidente norteamericano George W. Bush. Y es que Arabia Saudí es un elemento clave en la exportación de yihadistas a todo el mundo, como demostró el informe de la comisión bipartidista sobre los atentados del 11 de septiembre, a través de un sistema educativo del que los jóvenes salen con escasa formación humanística y técnica pero profundamente radicalizados en su particular visión del islam.
El fanatismo religioso es una amenaza para la seguridad global, según aseguran expertos en la materia como el exvicesecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU Stuart Levey, quien considera "incluso más importante" luchar contra el adoctrinamiento que combatir la financiación del terrorismo, porque
a menos que la próxima generación sea educada en el rechazo al extremismo violento, estaremos siempre obligados a hacer frente al surgimiento de nuevos grupos de simpatizantes del terrorismo.
El rey Abdulá declaró semanas después de su coronación, en 2005, que habían cambiado los libros de texto para erradicar cualquier radicalismo. Lo mismo afirmó poco después el príncipe Saud al Faisal, ministro saudí de Exteriores, en referencia a un vasto programa destinado a revisar todo el sistema educativo para suprimir todo lo que no fueran llamadas a la cooperación y la coexistencia. Un año después de la llegada al trono de Abdulá, Arabia Saudí reconoció que la tarea de revisar los materiales de estudio estaba siendo muy laboriosa, por lo que se necesitarían uno o dos años más para finalizar los trabajos. La Casa Blanca llegó a un acuerdo con Riad para ampliar este plazo hasta mediados de 2008. Sin embargo, nada o muy poco se ha hecho en todo este tiempo, a tenor de los ejemplos antes citados, obtenidos del material utilizado en el actual currículo académico.
La promoción de la libertad religiosa es uno de los ejes cardinales de la acción exterior estadounidense, según han confirmado tanto Obama como su secretario de Estado, John Kerry. En el caso de Arabia Saudí, la tarea de suprimir este adoctrinamiento resulta especialmente imperativa por la cantidad de centros de estudio que tiene diseminados por todo el mundo. Weinberg insiste por este motivo en la necesidad de que la Casa Blanca adopte las medidas necesarias para forzar a los saudíes a reformar sus planes de estudios. También el Congreso norteamericano debería escuchar más a las organizaciones independientes que conocen de primera mano lo que ocurre en aquel país, en lugar de guiarse sólo por las informaciones que les proporciona la Secretaría de Estado.
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