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La sima de la deflación

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Apenas estamos levantando la cabeza después de la peor crisis económica desde la postguerra, y ya nos llegan mensajes sobre nuevos y aterradores riesgos económicos. Es el caso de la deflación. Recientemente nos ha alertado sobre ello José Carlos Díez, que dice en una entrevista: “Los que gobiernan España y Europa pretenden salir de una crisis de deuda con deflación y el resultado es más deuda pública y más deuda externa. La ignorancia es muy osada”. Nadie dudará de la osadía del propio Díez. Pero ¿es verdad que la deflación supone una grave amenaza para nuestra economía? ¿Es esa sima hacia la que cae la economía sin remedio, y de la que es luego muy difícil salir?

Para empezar habría que precisar de qué estamos hablando. Yo entiendo la inflación como la emisión de medios de pago sin respaldo. La deflación sería, en consecuencia, la desaparición de esos medios de pago fiduciarios. Pero lo que habitualmente se tiene por inflación y deflación es el aumento, o la disminución, de los precios en general. Son dos cuestiones distintas, aunque tienen relación entre sí. En los años de inflación suele haber aumento de precios, y cuando la economía reacciona porque su estructura económica se ha revelado como errónea, suele acompañar el ajuste con destrucción del crédito, lo cual puede deprimir los precios. La realidad es más compleja que todo esto, pero ello no quiere decir que no haya relación.

Una de las fuentes del temor a la deflación es esa relación entre la destrucción del crédito, la caída de los precios y la crisis económica. La confusión de dos fenómenos concomitantes con una causa y su efecto es muy fácil en economía, y profesionales más brillantes que José Carlos Díez han caído en ella. Otra fuente, relacionada con la anterior, es la interpretación que hizo Milton Friedman de la Gran Depresión de los años 30, y que es lo más cercano a una explicación canónica de aquel ciclo. Friedman dice, en resumen, que la Reserva Federal fue la culpable de la Gran Depresión porque no paralizó el proceso deflacionario que llevó a la crisis. Vive Dios que Ben Bernanke, que agradeció a Milton Friedman que hubiera expuesto las verdaderas causas de aquello, no ha permitido que le ocurra lo mismo.

Lo que sabemos sobre cómo se desarrolla el ciclo económico nos lleva a conclusiones muy diferentes. En una situación como la actual, si no hubiera un banco central manipulando los tipos de interés, éstos habrían subido, lo que habría llevado a la destrucción del crédito falso, o fiduciario, y llevaría a la economía española a forzar el ajuste, que habría sido más rápido.

Pero el debate no es ese, sino que trata de los efectos perversos que se derivarían de una caída general de los precios. Si llamamos a eso deflación, ¿está España en un proceso deflacionario? El pasado 12 de marzo el INE facilitó los datos de evolución de los precios correspondientes al mes de febrero. Muestran que la inflación (en este sentido de evolución general de los precios) fue nula en el curso del último año, y que la evolución de los dos primeros meses de 2014 es de un -1,4 por ciento. Como señala BBVA, para juzgar si los precios están cayendo o lo van a hacer en el futuro, tenemos que tener en cuenta dos cosas: Primero el efecto de la subida del IVA, que fue absorbido el año pasado, y que produce el efecto contable contrario en 2014. Y que los precios de la energía, que vienen de fuera, son ahora más moderados.

En este sentido no parece que estemos en una bajada generalizada de los precios, ni que vayamos a ella, necesariamente. Pero tan importante como eso, o más, por lo que se refiere a este debate, es ver si una situación así es perjudicial para nuestra economía, o pone en riesgo la recuperación española.

En una economía con estabilidad monetaria y crecimiento económico llevará, naturalmente, a una caída de los precios de los bienes de consumo. Se suele poner como ejemplo a Gran Bretaña a finales del XIX, aunque hay que recordar que ese período coincide, y no es mera coincidencia, con una desmonetización de la plata. Un descenso de los precios, se dice, retraerá el consumo a medida que la moneda atesorada va ganando poder adquisitivo. Este menor consumo retrae la demanda y favorece la depresión económica.

Hay más de un error en esta forma de pensar. En primero es la interpretación del comportamiento de los consumidores. Es evidente que éstos no van a dejar de consumir, que es el objeto del proceso económico. Ha de verse, más bien, como que el consumidor tiene más capacidad de decisión, pues a las opciones que le ofrece el mercado de consumo se suma la de poder esperar, con lo que su capacidad de decisión y de poder sobre el mercado aumenta. La situación contraria es la de los consumidores corriendo a entregar su dinero, que quema en los bolsillos y en las cuentas corrientes, a cambio de bienes reales.

A este error hay que sumar que los consumidores tenderán a elegir un saldo real de tesorería, y está sujeta a una racionalidad económica. El atesoramiento no crecerá sin medida, por mucho que bajen los precios. Por otro lado también es erróneo no ver que ésta cumple también una función económica.

Si, como se alega desde los temerosos de la caída de precios, el consumo caerá, y si el atesoramiento no crecerá sin medida (es decir, sin una justificación económica para los consumidores), entonces aumentará el ahorro. El ahorro permite la formación de capital y el progreso económico.

Otro argumento que incide en el peligro de la caída generalizada de los precios es que los costes de producción son precios más rígidos. La caída de los precios de consumo con unos costes rígidos llevaría a pérdidas generalizadas y a la depresión. De nuevo, este razonamiento tiene varios fallos. El primero es que es una pretensión absurda que los precios de los factores no se ajusten a la realidad, en un entorno de caída de precios. Los beneficios no dependen del nivel de precios (un concepto, además, que poco tiene que ver con las decisiones individuales), sino de la diferencia entre los precios dentro del proceso productivo. Cuando los precios de los factores se ajusten, se restituirá el beneficio.

Otro error de este razonamiento tiene que ver con la estructura productiva. Es propio de la lata visión de la producción de John M. Keynes, que sólo concibe dos estadios de la producción, el consumo y la producción. Lo expresa con claridad en su Treatise on Money. Pero como sabemos desde Carl Menger, la producción se desarrolla en estadíos de los cuales sólo una parte tienen una relación directa con el consumo. La mayor parte de la producción es de bienes intermedios que se ponen al servicio de otro proceso productivo.

Aún queda al menos una última consideración. Desde la posición crítica con la caída continuada y generalizada de los precios se incide en que perjudica a las empresas y particulares que están endeudados. Éstos se ven obligados a dedicar una mayor parte de su renta real a pagar las deudas contraídas. Si han adquirido algún activo con esa deuda, se pueden ver obligados a venderlo. Si en esa situación se encuentra, como es previsible, un gran número de agentes, las ventas serán masivas y se producirá una caída añadida de los precios. Desde un punto de vista, este proceso incide en el ajuste necesario. Desde otro, se señala que el proceso de liquidación lleva a un círculo vicioso de caída de los precios de los activos y aumento de la deuda real.

Es cierto que este camino lleva a muchos agentes a la quiebra y la liquidación. Pero lo que ocurre, en este caso, es que otros agentes, otros propietarios que tienen menos deuda o que cuentan con liquidez, adquieren esos activos a un precio más bajo, y los ponen al servicio de nuevos procesos productivos. No sólo la sociedad no pierde, sino que sale ganando en el sentido de que la propiedad pasa a mejores manos.

La contrarreforma fiscal del rajoyismo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Alguna vez he contado que comencé a leer a los grandes liberales tras escuchar al gigante francés Jean-François Revel en el programa nocturno que dirigía Losantos en la COPE. Hablaba un español bastante mejor que el mío y me decidí a leer el libro que estaba promocionando en ese entonces, La gran mascarada. Pero el que leí a continuación fue el célebre Camino de servidumbre, que el pasado 10 de marzo cumplió 70 años. Quizá no sea el primer libro que deba leer un liberal o alguien que quiera entender el liberalismo, porque es de prosa un poco farragosa; pero sí, desde luego, uno de los primeros.

En plena segunda guerra mundial, Hayek observó que la lucha contra el nazismo no estaría completa si no se combatía la raíz intelectual de los fenómenos totalitarios que arrasaban Europa. Por esta razón, a modo de advertencia, se puso a escribir un libro pequeño, en el que pensaba que sólo ponía de manifiesto una serie de obviedades sobre las consecuencias inevitables de la planificación central de la economía. Pese a que el austriaco nunca estuvo del todo satisfecho de ella, esta obra se convertiría en la más leída de entre las suyas, y en uno de los ensayos políticos más importantes del siglo XX.

Hayek conocía perfectamente los problemas económicos que inevitablemente trae consigo el comunismo, después de su papel central (junto a su maestro Mises) en el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Sabía, pues, que ninguna de las formas totalitarias que entonces gobernaban en Europa (nazismo, fascismo y comunismo) traería ningún bien, sino una mayor miseria. Pero quedaba por aclarar que los horrores provocados por este tipo de regímenes –las matanzas masivas, la destrucción absoluta de la libertad– eran también una consecuencia inevitable del colectivismo. 

La tesis principal de este libro es que los fines no importan si el medio empleado es la planificación económica centralizada. Todos los regímenes políticos que la enarbolan como solución terminan pareciéndose como gotas de agua, llevan a la destrucción de la democracia y obligan a los ciudadanos a recorrer el camino de su servidumbre al poder político. Muchos aducían, y aducen aún hoy, que la planificación sólo afecta a la libertad económica, olvidando que sin propiedad privada estamos siempre a merced de los demás. Y cuando el propietario único es el Estado la dependencia del mismo difiere muy poco de la esclavitud.

Asombra el rigor y sentido común de muchos de los razonamientos por los que llega Hayek a dicha conclusión. Por ejemplo, muchos creen que el totalitarismo puede ser bueno si sus dirigentes también lo son. Sin embargo, Hayek aduce que los dirigentes serán siempre lo peor entre lo peor. Y no porque la historia lo haya corroborado en innumerables ocasiones, sino porque el mismo proceso de selección de líderes en un Estado totalitario excluye a los buenos. Para imponer los fines colectivos a los individuales, los dirigentes deberán coaccionar a un enorme porcentaje de sus súbditos, que se resistirán, en ocasiones violentamente, a ceder sus propiedades o cantar las loas al régimen. Para imponerse, esa coacción tomará las repulsivas formas del encarcelamiento, la tortura y el asesinato. Sólo podrán dirigir, por tanto, aquellos que estén dispuestos a tomar esas medidas para imponer sus tesis, es decir, los peores elementos de la sociedad.

Es común malinterpretar a Hayek y pensar que su tesis consiste en que cualquier tipo de intervención y regulación termina llevando por una pendiente resbaladiza hasta el totalitarismo y el horror; que ese es el camino de servidumbre que describe. Es cierto que algunos de los razonamientos y situaciones que describe son fácilmente adaptables a variantes más benignas y socialdemócratas de coacción. Pero Hayek se refería exclusivamente a la planificación central de la economía.

Desgraciadamente, sigue siendo necesario hoy día explicar estas cosas que al austriaco le parecían obvias. Quizá siempre lo sea. El movimiento 15-M, por ejemplo, lo deja claro. Algunas de las mejores páginas del libro parecen destinadas a él, como las que describen la frustración cuando los planes económicos centralizados no colman las expectativas de los ciudadanos que los apoyaron, porque es imposible que lo hagan, pero éstos lo que reclamarán entonces será un cambio en la dirección del país y una ampliación y mejora de dichos planes para que abarquen aún más ámbitos. No cabe mejor descripción de la frustración de nuestros indignados contra los políticos y su curiosa solución de ampliar aún más su poder. Bastaría con que esta vez gobernaran los buenos. Ya.

El camino hacia el totalitarismo

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Si es propietario, prepárese. El Estado va a por usted. En los próximos meses, escuchará hablar mucho sobre la reforma fiscal que prepara el Gobierno y las recomendaciones de los expertos para mejorar el actual sistema tributario. Pero, más allá de los cambios que se avecinan, que serán muchos, aunque en ningún caso se traducirán en una bajada real de impuestos, hay un elemento, una sinuosa tendencia que, si bien pasará desapercibida para la mayoría, tendrá un impacto muy sustancial sobre su bolsillo.

"Fiscalidad patrimonial" lo llaman. ¿Traducción? Confiscación parcial de su propiedad, expoliación indiscrimnada de su riqueza, incautación forzosa de su capital. En resumen, un nuevo robo a mano armada. La idea no es nueva, pero, poco a poco, va tomando forma. La deuda pública ha alcanzado cifras récord en los países desarrollados y, entre las múltiples estrategias que barajan los gobiernos para amortizar sus créditos, la opción de expropiar parte de la riqueza de sus ciudadanos se va haciendo un hueco cada vez mayor. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya avanzó esta posibilidad a finales del pasado año, sugiriendo una quita de hasta el 10% sobre el patrimonio de las familias para reducir deuda pública. Idea que, posteriormente, fue apoyada de forma explícita por el ex economista jefe del FMI Kenneth S. Rogoff.

No es el único. El todopoderoso banco central de Alemania (Bundesbank) avala la citada confiscación. Los halcones monetarios consideran que los gobiernos periféricos de la zona euro deberían recurrir a la riqueza privada de sus familias y empresas mediante un impuesto extraordinario sobre el capital antes de pedir ayuda a otros estados, como ha sucedido hasta ahora, para evitar el riesgo de quiebra soberana. "[Un impuesto sobre el capital] se corresponde con el principio de responsabilidad nacional, según el cual los contribuyentes son responsables de las obligaciones de sus gobiernos antes de requerir la solidaridad de otros estados", advierte el Bundesbank. Dicho en román paladino, esquilmen primero a sus contribuyentes antes de intentar sablear a los nuestros.

Los asesores de Angela Merkel recomendaron algo similar hace un año. En concreto, apuntaban que la forma más eficaz, rápida y sencilla de obtener dinero para solventar los problemas de solvencia estatal y financiera en el sur de Europa consistía en gravar de forma muy sustancial la propiedad inmobiliaria. No en vano, la vivienda es un bien cautivo, cuya evasión es harto complicada, a diferencia del capital financiero, como los depósitos o los fondos de inversión, y, además, constituye el principal activo de las familias, sobre todo, las españolas.

Ante tal atropello, muchos utilizarán como excusa este tipo de propuestas para recalcar, una vez más, la maldad y egoísmo de los alemanes con los pobres y maltratados países del sur. No se equivoquen. Lo único que pretenden, y con razón, es recuperar su dinero y salvaguardar a sus contribuyentes de los despilfarros acometidos por las economías periféricas durante la época de burbuja, pero, en última instancia, la aplicación o no de tal atraco no depende de Berlín ni de Washington -sede del FMI- sino, única y exclusivamente, de nuestra particular casta parasitaria. Recuerden sino la presión ejercida por Alemania y Francia para que Irlanda, entonces en situación de quiebra, elevara su Impuesto de Sociedades a cambio del rescate, y el muy acertado corte de mangas que recibieron en respuesta por parte de Dublín.

No, señores. Al acreedor lo que le importa es cobrar, da igual que sea subiendo impuestos -como hace España- o bajando de forma drástica el gasto -como han hecho los bálticos-. La responsabilidad última, por tanto, es de los políticos patrios, y éstos están encantados de expoliar a sus contribuyentes con tal de mantener en pie una estructura estatal mastodóntica con la que poder alimentar bocas y comprar votos a costa del trabajo de los demás. El problema para el Estado español, hoy por hoy, es que su capacidad para confiscar rentas (IRPF) y beneficios (Sociedades) se ha reducido de forma muy intensa, al tiempo que la tributación sobre el consumo (IVA) también se ha visto limitada durante la crisis.

¿Solución? Vayamos a por los propietarios. Dicho y hecho. Los dueños de viviendas bien saben el expolio al que han sido sometidos en los últimos años por los ayuntamientos. Y es que, en lugar de reducir gastos, la Administración Local ha disparado el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) para compensar el desplome de los ingresos urbanísticos con un resultado ciertamente exitoso para las arcas munipales, ya que la recaudación de este tributo ha aumentado un 46% desde 2007 vaciando el bolsillo de los titulares.

Pero, por desgracia, este particular atentado impositivo no acaba aquí. Prueba de ello es la reforma fiscal que la "Comisión de Expertos" acaba de presentar al Ministerio de Hacienda. Así, entre otras medidas, proponen incluir en el IRPF una renta artificial e inexistente del 1,1% sobre el valor catastral de la vivienda habitual, que, hasta ahora, tan sólo se aplicaba a las segundas y ulteriores residencias. Asimismo, los sabios hacendísticos también apuestan por eliminar la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo, lo cual supondría un hachazo de 731 euros a los 5,8 millones de contribuyentes que se ahorran algo del IRPF a través de la amortización de hipoteca. Es muy posible que el Gobierno rechace ambas recomendaciones dado el negativo impacto que tendría para el PP de cara a las elecciones de 2015, pero en ningún caso se debería descartar su aprobación para más adelante.

Y dado que la vivienda se ha convertido en objetivo número uno de la Administración, las comunidades autónomas no van a ser menos. Es probable que la cuasi eliminación del Impuesto Sucesiones y Donaciones quede pronto en el olvido. Los expertos y, en este caso, también Hacienda consideran que es necesario armonizar estos tributos autonómicos, empleando como excusa la siempre manida "unidad de mercado". Por tanto, prepárense para una subida generalizada de ambos impuestos. Siendo la vivienda el principal activo de las familias es evidente que la recaudación por Sucesiones y Donaciones engordará a costa del patrimonio que recibirán los herederos, sin importar un ápice a nuestros queridos políticos el hecho de que tales bienes ya hayan tributado en el pasado.

Por último, recuerden que todo este tipo de ataques a la propiedad privada por parte de las hambrientas Haciendas españolas podría constituir tan sólo un adelanto del futuro expolio patrimonial, ya que la gran apuesta del PSOE es establecer un nuevo impuesto sobre la "riqueza" que, en el fondo, consiste, pura y llanamente, en imputar una rentabilidad artificial de hasta el 3% anual a todos y cada uno de los bienes que posee el contribuyente -desde rentas hasta acciones, depósitos e inmuebles-, con independencia de que tales excedentes se hayan o no producido en realidad.

La vivienda, que ayer era paradigma de riqueza [irreal], se ha convertido hoy en una trampa inevitable para el contribuyente debido al rechazo del Gobierno a reducir el gasto público para acabar con el déficit.

Hacienda va a por su vivienda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Conocido el informe de la "Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español", cabe adelantar ya una conclusión inmediata: la carga fiscal que soportarán los españoles no baja, si acaso sube. El propio dictamen es taxativo a este respecto: "La reforma tributaria en ningún caso puede erosionar gravemente la capacidad recaudatoria de nuestros impuestos".

Acabáramos. Un poco de sinceridad al menos, después de tantas mascaradas, el objetivo de esta pantomima nunca, nunca, nunca fue bajar los impuestos. Al contrario, como muchos ya denunciábamos, su único y genuino propósito fue escenificar un sainete para consolidar y apuntalar el infierno fiscal que al alimón han instaurado en España Zapatero y Rajoy, Salgado y Montoro.

A la postre, los propios números de la Comisión son más que explícitos: la reforma pretende reducir la tributación directa (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) en unos 10.000 millones de euros (el 1% del PIB) a cambio de elevar la tributación indirecta (IVA y Especiales) en otros 10.000 millones de euros. Resultado fiscal "neutro", dicen; en román paladino: "no hay más yesca que la que arde" o "con estos bueyes de ahora nos tocará arar". 

Sucede que, cuando uno le agarra la mano a Dante para descender a las tripas infernales de esta propuesta de reforma fiscal, termina del todo convencido de que la tributación indirecta desde luego sí sube, pero no tiene del todo claro que la directa descienda apreciablemente. No en vano, Montoro ya ha sido bastante explícito en numerosas ocasiones al advertir que esta contrarreforma se orientaría a incrementar la recaudación, y ya sabemos que el ministro de Hacienda sólo conoce un método para hacerlo: apretarles todavía más las tuercas a los sufridos contribuyentes.

En materia de fiscalidad indirecta, basta decir que los "expertos" proponen reclasificar todos los productos que hoy soportan el tipo reducido del IVA (10%) al tipo general (21%), con la excepción de la vivienda, la hostelería y transporte público. O dicho de otro modo, anoten los productos que pasarían a tributar al 21% en lugar de al actual 10%: productos alimenticios (con la escuálida excepción de aquellos que hoy tributen al tipo superreducido del 4%); suministro de agua; equipo médicos para uso de personas discapacitadas; renovación y reparación de viviendas particulares; inputs agrícolas; servicios sociales; y limpieza de vías públicas, recogida y tratamiento de basuras.

Añadan a lo anterior la subida de los impuestos al tabaco y al alcohol (incluyendo un nuevo tributo sobre el vino, hoy inexistente), una nueva fiscalidad incrementada sobre el consumo de hidrocarburos (redefinida como impuesto sobre el contenido energético y sobre el contenido potencial de dióxido de carbono) y otras gabelas medioambientales de nueva creación, y comprenderán así por qué -pese a la supresión de otros impuestos medioambientales, del impuesto sobre los depósitos o del impuesto sobre grandes superficies- los "expertos" estiman que la tributación indirecta proporcionará una recaudación al fisco adicional de 10.000 millones de euros.

Pero acaso lo más llamativo no sea el sablazo admitido, sino el silenciado. Porque allí donde los "expertos" certifican una rebaja de 10.000 millones en la tributación directa, un servidor sólo observa temeroso una terrorífica ventana de oportunidades para otro expolio fiscal indisimulado.

Primero lo más escadaloso, insultante y verdaderamente indignante: los "expertos" proponen que el Gobierno central establezca un tipo mínimo nacional (que no máximo) sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En concreto, un tipo de entre el 4% y el 5% sobre la herencia transmitida entre familiares de primer grado (hijos incluidos) con un mínimo exento de 25.000 euros. Dicho de otro modo, por una herencia de 200.000 euros, habría que pagar un mínimo de casi 9.000 euros, estemos en la comunidad autónoma en la que estemos. Madrid pierde la batalla de la sana competencia fiscal para que otros virreyes autonómicos puedan saquear tras la sepultura a sus súbditos.

Segundo, el IRPF es el tributo directo que los "expertos" más quieren suavizar después del histórico rejonazo que Montoro nos propinó a finales de 2011, llevando los tipos impositivos españoles a unos niveles sin paragón en el ya socialdemócrata mundo desarrollado. Pero, pese a estas beneméritas intenciones, no se crean que los "expertos" plantean en esta sede revolución alguna, ya que proponen sin demasiado entusiasmo, y siempre que la situación presupuestaria lo permita, elevar el mínimo personal y familiar, se contentan con simplificar a cuatro los actuales siete tramos del IRPF, y aspiran a reducir el gravamen sobre el tramo más bajo desde el 24,75% al 20% y el del tramo más alto desde el 52% (sin contar recargos autonómicos) a algo menos del 50% (aunque sí reputan recomendable acercarlo a la media europea del 44%; de nuevo, sin contar los recargos autonómicos).

Mas no crean que esta reducción de los tipos nominales nos saldrá gratis. Aparte del sablazo en el IVA y Especiales, los "expertos" plantean la necesidad de ampliar las bases imponibles en el IRPF, es decir: pagar un menor porcentaje sobre una cantidad mayor.

Para ello se procede a una total laminación de las exenciones y deducciones del impuesto: se eliminaría la exención de las indemnizaciones por despido no disciplinario, de los primeros 1.500 euros por dividendos, de las aportaciones empresariales por seguro de enfermedad o de la cobertura del seguro contra riesgo de interés; la reducción por rendimientos irregulares del trabajo se recortaría del 40% al 30%; se suprimiría la tributación por módulos dentro de actividades económicas; se dejarían de corregir las plusvalías derivadas de la venta de vivienda por la inflación (es decir, pagaríamos impuestos por la inflación, que ya es un impuesto); se disminuiría a una mínima expresión las deducciones por aportaciones a planes de pensiones; se eliminaría con carácter retroactivo la deducción por compra de vivienda habitual; y, con carácter general, prácticamente todas las reducciones en la base imponible se transformarían en reducciones de la cuota al tipo mínimo (es decir, sólo nos ahorraríamos el 20% de los ya pocos gastos deducibles).

Además, el tratamiento fiscal del ahorro dentro del IRPF apenas se ha visto mejorado, pues su régimen casi no sufre ningún cambio con respecto a la cainita situación actual: es verdad que se propone reunificar la tributación de plusvalías a corto y a largo plazo (buena noticia) y rebajar el tipo nominal al 20% (frente a la escala actual del 21%, 24% y 27%), pero la tan cacareada como necesaria cuenta de ahorro que operara como una sicav para particulares y clases medias ha quedado finalmente reducida a cenizas: se tratará de una cuenta bancaria indisponible cuyas aportaciones quedarían limitadas previsiblemente a menos de 5.000 euros anuales.

Por lo que se refiere al otro gran tributo directo, el Impuesto de Sociedades, la propuesta de los "expertos" es bastante análoga a la del IRPF: se eliminan, vacían o recortan todas las deducciones (mayor limitación a la deducibilidad de gastos financieros, supresión definitiva de la libre amortización de activos, reducción a la mitad del porcentaje de amortización de los activos intangibles como el fondo de comercio, mayores restricciones a la exención por doble tributación internacional, y eliminación de las deducciones por actividades de I+D, producciones cinematográficas, inversiones medioambientales, reinversión de beneficios extraordinarios y creación de empleo) y a cambio se rebaja el tipo nominal del 30% al 20%.

No es mi propósito defender la lógica de estas deducciones discriminatorias y distorsionadoras, pero sí el de destacar que el saldo final de la reconfiguración del Impuesto de Sociedades probablemente termine arrojando un incremento de la carga tributaria para muchas empresas: actualmente, el tipo efectivo se sitúa por debajo del 20% (en torno al 17%), de modo que eliminando deducciones difícilmente lograremos una rebaja aunque rebajemos el tipo nominal.

Por último, es verdad que los "expertos" proponen eliminar formal y definitivamente el Impuesto de Patrimonio, pero a cambio tengamos presente que a medio plazo proponen establecer un Impuesto de Bienes Impuestos mucho más oneroso que el actual: el nuevo gravamen del IBI se acercará al 1% y, lo que es mucho más preocupante, la base imponible se aproximará mucho al valor de mercado de los inmuebles.

En definitiva, la reforma fiscal que nos ha planteado el Comité de "expertos" responde a directrices típicamente montorianas: la obsesión por maximizar la recaudación y minimizar los recortes del gasto. Subida notable de la tributación indirecta; rebaja inapreciable de la directa. La lectura detallada del informe, de hecho, desprende un aroma de reproche y queja contra el Ministerio de Hacienda por haber subordinado todo el replanteamiento del sistema fiscal español a una consolidación presupuestaria que no dé margen para una rebaja más ambiciosa de impuestos que vaya acompañada de un recorte más amplio del gasto público.

Al final, Rajoy -oh sopresa- volvió a mentirnos a todos cuando, tras sus más de 50 subidas de impuestos, anunció que "al finalizar esta legislatura, todos los contribuyentes pagarán menos impuestos que al comenzar". Falso: no lo haremos. Pagaremos mucho más y todo porque este Gobierno se negó desde un comienzo a pinchar la burbuja estatal que Zapatero hinchó y que Rajoy abrazó con entusiasmo socialdemócrata. No hay más: a falta de retoques electoralistas, ésta es la gran reforma fiscal parida por el rajoyismo; la reforma que coloca para siempre al PP en la órbita de las formaciones políticas que defienden más Estado y mucha menos sociedad.

Teoría de la evolución institucional

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El premio Nobel de Economía de 1974, Friedrich Hayek, en su obra La Fatal Arrogancia. Los errores del Socialismo, explicaba el lento proceso de evolución sociocultural desde una sociedad tribal o colectivista hacia un orden extenso y complejo de colaboración humana que es lo que se denomina sociedad abierta o civilizada. 

Por otro lado, el premio Nobel de Economía de 1993, Douglass North, en su obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance, considera que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad y, más formalmente, son el legado de limitaciones que dan forma a la interacción humana. Por lo tanto, estructuran incentivos de intercambio, ya sea en la política, en lo social o en lo económico. 

1. Sociedad civilizada o abierta.

Teniendo en cuenta estos conceptos, el marco institucional está basado en un conjunto de instituciones morales, patrones de comportamiento adquiridos o normas de conducta, que han arraigado en un territorio por medio de la herencia sociocultural y que permiten distinguir entre la sociedad tribal y la sociedad civilizada.

La sociedad tribal, cerrada o colectivista está caracterizada por normas de conducta como, entre otras, el altruismo, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, la gestión planificada de los recursos o el sometimiento a la moral de la tribu y a las decisiones del líder que, aunque no son exclusivas de grupos humanos pequeños, resultan positivas y adaptativas para el desarrollo de las relaciones personales y de los vínculos de confianza y colaboración en los entornos más cerrados y cercanos a cada persona como la familia, los amigos, la aldea o la tribu; e, incluso, pueden servir en las empresas y organizaciones sujetas a fines particulares y comunes. Sin embargo, los patrones de comportamiento de la sociedad tribal o colectivista son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un orden extenso y complejo de colaboración humana caracterizado por fines abstractos y universales.

La sociedad abierta, civilizada o de mercado se caracteriza por una herencia cultural en donde prevalecen otras instituciones morales o, si se prefiere, otros patrones de comportamiento adquiridos u otras normas de conducta más abstractas y universales como, entre otros, el respeto por la vida, por la libertad del individuo, por la propiedad privada (plural), por el cumplimiento de los contratos, por los derechos subjetivos de los ciudadanos frente al poder político, por la familia, por el lenguaje, por el dinero, por los préstamos o por el libre comercio; que se pueden considerar las instituciones morales que generan (y son generadas por) un orden "autogenerado" de colaboración humana que es extenso, complejo y abierto, y que denominamos con el nombre de la civilización.

2. Proceso de involución institucional hacia la sociedad colectivista o cerrada.

Robert Michels, en su obra Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia, identificó una ley universal que aplica siempre a la organización de las sociedades y que se denomina ley de hierro de las oligarquías.

Se puede intentar obviar la realidad como hacen algunos teóricos pero, sin embargo, lo cierto es que existe un orden político que se puede observar a lo largo de la toda historia de la humanidad desde la sociedad tribal hasta la sociedad civilizada.

Las formas de lo Político (o del poder) han evolucionado desde una unidad mínima entorno a la familia hacia la tribu, la aldea, la ciudad, el reino, el imperio o, desde el siglo XV, la forma política "artificial" del Estado-Administración que ha crecido desde el 5% PIB inicial hasta alcanzar el 15% PIB a comienzos del siglo XX y crecer exponencialmente hacia el Estado Total de la Alemania nacional-socialista o de la Rusia comunista (URSS) y, también, configurarse como un Estado Minotauro que rebasa el 50% PIB a comienzos del siglo XXI.

Lo cierto es que, en cualquier colectivo humano, siempre surge un grupo de personas que lidera la toma de decisiones, lo que es válido, en todo momento y lugar, tanto para un conjunto de amigos o una organización empresarial como, también, para una tribu en una isla de la Polinesia o una nación en Europa.

En un artículo anterior, ampliamos la clasificación de oligarquías que realizan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nations Fail, identificando la existencia de élites inclusivas, extractivas y destructivas que, en función del grado de oligarquización y colectivización de la sociedad, permiten describir el proceso de involución institucional desde una sociedad abierta y civilizada hacia una sociedad más cerrada y colectivista, lo que se puede visualizar gráficamente del siguiente modo:

Evolución institucional

1) Consideramos que la fase 1 de una sociedad civilizada o abierta coexiste con una oligarquía de élites "inclusivas", que se caracteriza por el respeto de instituciones morales como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad, la familia, la libertad de pensamiento y culto, la libertad de empresa, el comercio libre, el dinero de calidad o el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las subidas de impuestos y el endeudamiento o ante los cambios institucionales.

Sin embargo, también, actúa una oligarquía de élites "extractivas" que no tiene valores fijos y absolutos (como el bien, el respeto, el honor, la decencia, el deber o el sentido de Estado), que actúa con relativismo moral y, por tanto, no respeta las instituciones morales y que dedica sus esfuerzos a depredar los recursos generados por el trabajo de los ciudadanos con diversas excusas como la "redistribución" de la riqueza, la búsqueda de la justicia "social", la "lucha" contra la pobreza…

2) La fase 2 de la involución institucional se caracteriza por prevalecer las élites "extractivas" que emergen con el crecimiento del tamaño y las competencias del Estado, con el deterioro de la legislación que afecta a ámbitos privados de la vida de los ciudadanos, con el aumento de los impuestos y el endeudamiento, con la alteración del valor de la moneda y, especialmente, con las ayudas y subvenciones que redistribuyen los recursos públicos hacia los grupos sociales, los sectores económicos y las redes clientelares (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones, fundaciones, ONG…) que medran del Estado-Administración.

Las élites "extractivas" amplían sus actuaciones de depredación de recursos públicos, obtenidos de los impuestos y del endeudamiento del resto de los ciudadanos, cuando se extienden la prescripción de delitos, la rebaja administrativa de condenas, la inacción fiscal ante los delincuentes, la ineficacia de la intervención de las cuentas públicas, el relajo en las auditorias sobre las cuentas privadas y, sobre todo, cuando se generaliza la impunidad ante el incumplimiento de la Ley.

Adicionalmente, en paralelo, actúa también una oligarquía de élites "destructivas" que intenta crear nuevas estructuras políticas para ampliar su grado de depredación de los recursos públicos y, adicionalmente, para lograr asegurar la inacción policial y judicial sobre sus delitos.

3) La fase 3 de la involución institucional se caracteriza por imponerse las élites "destructivas" que actúan más intensamente, cuando aumenta el deterioro normativo de las leyes como, por ejemplo, con la eliminación en el Código Penal español vigente hasta 1995 de los delitos de sedición, de traición o de rebelión o con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña manifiestamente inconstitucional.

Aumentan su actividad de destrucción del orden político establecido, cuando un Gobierno consiente el incumplimiento de las sentencias y, por tanto, permite el incumplimiento de leyes y de la Constitución.

Finalmente, en la fase final, cuando la corrupción del régimen político y económico es generalizada, la regeneración de las instituciones sólo puede ser realizada por nuevos líderes "inclusivos" que defiendan las instituciones morales propias de la sociedad abierta.

Por ello, la regeneración, no pueden encontrase en los partidos que defienden un régimen político preexistente, altamente deteriorado por la corrupción, la prevaricación y la malversación de caudales públicos. Se necesitan que lleguen al poder nuevos líderes "inclusivos" que sólo pueden emerger en el seno de organizaciones que opten por la democracia interna y la financiación transparente y que no queden secuestradas por la acción grupos de líderes "extractivos" y/o "destructivos".

3. Proceso de evolución institucional hacia la sociedad civilizada o abierta.

Pues bien, el gráfico visualiza el proceso de involución institucional pero, también, resume esquemáticamente el proceso de evolución institucional, que requiere de tres fases de regeneración institucional:

A) Fase de recuperación del sistema de valores:

Sólo hay esperanza de que se inicie un proceso de evolución institucional hacia una sociedad abierta o civilizada, si arraigan entre la población y, especialmente, entre los dirigentes las instituciones morales propias de la sociedad abierta o civilizada como, entre otras, el respeto por la vida, la propiedad privada, la libertad, la igualdad de trato ante la Ley, el cumplimiento de los contratos, el comercio libre, el dinero de calidad, la libre empresa…

Para ello, es imprescindible ganar la batalla por las ideas hacia una recuperación del "ethos" colectivo con una defensa de los valores fijos y absolutos frente al relativismo moral de la izquierda y el consenso socialdemócrata de los antiguos partidos que sostienen un régimen de partitocracia.

B) Fase de regeneración de la democracia:

Solo se puede iniciar la evolución institucional, cuando antes han arraigado entre los ciudadanos y los líderes las instituciones morales propias de una sociedad abierta o civilizada. Es lo que permite que los ciudadanos se movilicen y voten para llevar al poder a los líderes "inclusivos",que así pueden iniciar un proceso de regeneración de la democracia, que mejore el sistema político y eche del poder a las oligarquías de élites destructivas y extractivas.

La regeneración de la democracia significa la mejora del las instituciones jurídicas, de las leyes y de la Constitución, mediante cambios normativos que logren que exista: dispersión pluralista del poder, separación de poderes, independencia de jueces y tribunales respecto del poder político, sistema electoral por elección directa, democracia interna y financiación privada de partidos, sindicatos y patronales o, entre otras medidas de regeneración, el referéndum obligatorio en las decisiones trascendentales para el futuro de los ciudadanos como, por ejemplo, para decidir subidas de impuestos o endeudamiento, o para cambios en el ordenamiento territorial del país.

C) Fase de reducción del Estado (central, regional, local):

Esta fase es esencial para que arraigue una sociedad abierta y consiste en la reducción del tamaño, competencias y actuaciones de las formas de lo "Político", ya sean una ciudad, un reino, un imperio o el moderno Estado-Administración; para que se expanda el orden de mercado, donde interactúan libremente los ciudadanos.

La limitación del tamaño del Estado es una tarea institucional imprescindible y, evidentemente, puede producirse en paralelo con las anteriores fases. Sin embargo, es la fase que permite que imperen los derechos individuales frente al derecho público. Es imprescindible para que prevalezca el orden de mercado sobre el orden político u oligárquico.

Es la fase que hace que un país adquiera la fuerza para ser competitivo internacionalmente. El actual tamaño del Estado entorno al 50% del PIB en todas las democracias de la Unión Europea impide el futuro de los países que integran nuestro área económica. El declive económico es impulsado por el declive político, y "guía" Europa hacia la inestabilidad social y política.

Cuando prevalecen las élites "inclusivas", previamente han arraigado las instituciones morales propias de la sociedad civilizada, que es lo que permite que se regenere la democracia y evolucione el marco institucional dotándose de dispersión pluralista del poder, sin que quede secuestrado el sistema político por las élites extractivas y destructivas.

Sólo entonces puede prevalecer el orden de mercado sobre el orden político. Sólo entonces los miles de millones de decisiones individuales de una sociedad abierta permiten aumentar exponencialmente la riqueza del territorio, frente a la merma en el crecimiento por el intervencionismo político y/o frente a la pobreza que suponen los sistemas de planificación centralizada propios de una sociedad cerrada.

En cinco años, España podría reducir el tamaño de sus administraciones públicas hasta el 40% del PIB que había en el año 2001. Adicionalmente, con el impulso de medidas de liberalización económica, con la simplificación de la organización territorial, por medio del agrupamiento de ayuntamientos y la eliminación de las autonomías, y con la racionalización de una administración efectiva para la provisión de triple seguridad (jurídica, interior y exterior), España podría regresar al 25% del PIB que había en los primeros años de la democracia, lo que haría que la economía española pudiese crecer exponencialmente y competir al más alto nivel internacional.

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Rajan contra Wolf: el problema no es la demanda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sabido es que la interpretación dominante de la crisis de España, y de la Eurozona en general, sigue las directrices canónicas del keynesianismo: dado que el sector privado no gasta lo suficiente, la producción y el empleo se hallan bajo mínimos, lo que queda plasmado en una baja inflación. Quienes más padecen esta carestía de demanda son los países periféricos, cuyas empresas deberían ganar competitividad vía precios frente a las del Norte de Europa para así conseguir que la demanda exterior los saque del atolladero y estimule su aparato productivo.

Lo repetía hace unos días Martin Wolf: la demanda real de la Eurozona en el cuarto trimestre de 2013 aún era un 5% inferior a la de 2008 y la de países como España lo era en un 16%. Normal, piensa Wolf, que la Eurozona esté sumida en una incipiente deflación que el Banco Central Europeo debería estar combatiendo con decisión, aunque sólo fuera para que los precios de los países ricos del Norte de Europa aumentaran más rápido que los de los países pobres del Sur, logrando así que éstos últimos recuperaran su competitividad.

La narrativa es de sobras conocida y ya hemos tenido ocasión de criticarla en otras ocasiones. En particular: España —y el mundo en general— no adolece de un problema de demanda, sino de oferta. No se trata de que no gastemos lo suficiente, sino de que durante años hemos malgastado difiriendo el momento del pago (endeudándonos) y ahora toca pagar no sólo los malgastos pasados sino los más racionales gastos presentes, para lo cual no nos queda otro remedio que reconvertir una estructura productiva que esos malgastos pasados descompusieron y que no está, en consecuencia, capacitada para generar la riqueza con la que pagar sus deudas (malas inversiones). La tesis tampoco es novedosa, ya que constituye la esencia de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico.

Acaso lo novedoso sí esté en quién suscriba la esencia de esta tesis y les explique a Wolf, y a tantos otros keynesianos, por qué yerran:nada menos que el gobernador del banco central de la India, Raghuram Rajan. El artículo de Rajan, publicado hace poco más de un año, resume perfectamente el problema de fondo de los planes de estímulo fiscales y monetarios: la demanda inducida por los planes gubernamentales de estímulo no es la misma demanda que se indujo por el sobreendeudamiento privado años atrás, no sólo porque los nuevos demandantes no son los mismos que los antiguos demandantes, sino porque los antiguos demandantes no tienen ningún interés en seguir gastando en los mismos burbujísticos bienes que gastaban otrora: "Es fácil darse cuenta de por qué un estímulo a la demanda, como puede ser el de recortar el impuesto sobre la renta, no tiene por qué resultar eficaz para lograr el pleno empleo. El estímulo general va a parar a todo el mundo, no sólo a los antiguos prestatarios. Y los patrones de gasto de cada persona son distintos —la familia rica y anciana compra joyas en Tiffany y no un coche en General Motors–. E incluso los antiguos prestatarios es dudoso que usen el dinero obtenido del plan de estímulo para seguir comprando más casas".

Pero si los planes de estímulo no consiguen restablecer los antiguos patrones de demanda, es evidente que no lograrán relanzar un aparato productivo moribundo especializado en atenderesos antiguos patrones de demanda. Tenemos una economía mal adaptada a las necesidades de trabajadores, capitalistas y acreedores y sólo reconstruyéndola podremos volver a generar riqueza de manera sostenible: aquellos sectores hipertrofiados con respecto a la demanda deben ser cercenados y aquellos sectores atrofiados con respecto a la demanda deben florecer. Es decir, la armonía y el equilibrio deben restablecerse.

En este sentido, la solución de Rajan tampoco sorprenderá, pues es la misma que vienen repitiendo los economistas austriacos desde hace años: libertad de mercado para favorecer la recolocación de factores productivos entre industrias y ahorro para financiar la inversión en esas nuevas industrias y el repago de la deuda. Lo que en ningún caso deberíamos estar haciendo es permitir que el Estado, con la excusa de suavizar la transición, esté en realidad obstaculizándola y manteniendo a flote empresas zombie: "La única solución sostenible es permitir que la oferta se ajuste a las fuentes de demanda normales y sostenibles —facilitar que los trabajadores de la construcción y de la industria automovilística se recoloquen en las industrias que muestren un perfil de crecimiento más acelerado—. Lo peor que pueden hacer los gobiernos es entorpecer y apoyar empresas inviables o sustentar la demanda de industrias inviables mediante el crédito barato". Es de celebrar que, por fin, un banquero central haya comprendido en toda su profundidad La Ley de Say.

Claro que, para nuestra desgracia, sólo ha sido uno el que la ha comprendido: los gobiernos y el resto de bancos centrales han estado desde el comienzo de la crisis siguiendo un camino opuesto al aconsejado por Rajan. El no querer afrontar que las reestructuraciones de la oferta son costosas y lentas (como suelo decir: una cementera no puede reconvertirse ipso facto en unresort turístico o en un laboratorio de I+D) les ha llevado a dopar al enfermo, una irresponsabilidad cuyas consecuencias se dejarán sentir durante muchos años: "El mal diagnóstico tendrá efectos duraderos. Los países desarrollados tardarán décadas en amortizar sus excesos de deuda pública mientras sus bancos centrales tendrán que vaciar sus sobredimensionados balances y dar marcha atrás en su promesa de apoyar a unos mercados que se han vuelto dependientes de esas promesas".

La obsesión de buscar, por el lado de la hinchazón de la demanda, una inexistente alternativa a la sana y flexible reestructuración de la oferta no nos conducirá a una más pronta recuperación, sino a japonizarnos. Fue la demanda desproporcionada, financiada por el endeudamiento insostenible, lo que nos condujo desde un comienzo al caos actual: no será esa misma demanda desproporcionada y financiada por la deuda lo que nos saque de él, sino el reajuste de la oferta hacia nuevos sectores que no necesiten vivir del endeudamiento insostenible. O dicho de otra forma más llana: la forma de restablecer el crecimiento de la economía española no es logrando que la gama alta de coches alemanes se encarezca este año un 2% para así abaratar relativamente los pisos de Seseña ante el comprador internacional con la esperanza de que, tras venderlos todos, podamos volver a relanzar la industria de la construcción recolocando en ella varios millones de parados. No, la forma de salir de la crisis no es regresar a la burbuja, sino reparando los ingentes daños que ésta causó: ahorro y libre mercado. Oferta equilibrada y no demanda desequilibrada: riqueza y no despilfarro.

Manipulación moral vs. liberalismo

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los seres humanos actúan según sus preferencias y capacidades subjetivas, persiguen objetivos valiosos, asumen costes, tienen en cuenta normas de diversos tipos, se preocupan por su reputación, valoran de forma selectiva y limitada el bienestar de otros individuos y consideran las consecuencias de sus actos para los demás. Ciertos comportamientos se automatizan parcialmente como hábitos positivos o negativos: virtudes o vicios. Las personas valoran también las conductas ajenas y las juzgan según diversos criterios o principios. Una parte importante de la conducta humana sirve para influir sobre otros y así participar en el control de la acción ajena implantando valoraciones y reglas en sus mentes.

La moral (y su estudio como filosofía moral o ética) tiene que ver con estos tres ámbitos: valoraciones, reglas y hábitos. Los individuos tienen sentimientos morales que influyen sobre su conducta: promueven la cooperación y la ayuda mutua y defienden de parásitos y tramposos. Además las personas hablan y razonan sobre la moralidad, argumentan qué acciones y leyes están justificadas y cuáles son ilegítimas, si son compatibles o incompatibles con principios abstractos de alto nivel. El lenguaje moral fomenta ciertas conductas y rechaza otras.

Los debates morales pueden tener atributos propios de la auténtica exploración intelectual: objetividad, lógica, racionalidad, imparcialidad, uso de evidencia empírica. Sin embargo a menudo los moralistas ideológicos o religiosos, de izquierdas, derechas o centro, son hipócritas manipuladores con pocos escrúpulos o necios que fuerzan y distorsionan los razonamientos y cometen errores de argumentación para alcanzar conclusiones deseadas que convienen a sus intereses o preferencias particulares: mejorar su imagen pública, conseguir algún privilegio para algún grupo, mantener una estructura social opresora y a alguna élite en el poder. El sermoneo moral incluye diferentes variantes, desde el fanatismo intransigente, intolerante y radical hasta el buenismo tontorrón que sólo propone que seamos buenos y que lo que en el fondo importa es la actitud y la intención (y no los resultados).

Es común que preferencias, normas y hábitos se entremezclen y confundan en el discurso moral al hablar de valores. Se mencionan valores absolutos sin aclarar de qué se trata, si son normas inviolables o cosas que todo el mundo quiere sin importar los costes. Se repiten de forma acrítica múltiples obligaciones y prohibiciones sin explicar su origen y funcionalidad, o insistiendo en que están escritas, proceden de la divinidad o son por el bien común. Se le dice a la gente no sólo qué debe o no puede hacer, sino también qué debe o no puede querer, desear o preferir. Se afirma que algo es bueno o malo como si fuera un atributo objetivo, obviando a los agentes que lo valoran así o no, que lo aceptan o lo rechazan, que lo desean o no de forma subjetiva, relativa y dinámica. Se olvida que la acción se basa en preferencias relativas, no absolutas, porque siempre hay que asumir costes y renunciar a algo. Se dice que algo está bien o mal en lugar de afirmar que está permitido o prohibido.

Se recurre a grandes palabras sin aclarar su significado o forzándolo de forma demagógica: se equipara justicia a igualdad, normalmente de resultados y no ante la ley; se demoniza la desigualdad aunque esta pueda ser merecida; las desigualdades se presumen inaceptables sin indicar quiénes no son capaces de aceptarlas; se fomentan la envidia y el igualitarismo al tiempo que se promueven leyes desiguales con privilegios para algunos; se confunde libertad como ausencia de interferencia violenta en las decisiones con el poder efectivo o la disponibilidad de medios para actuar; se asegura que todo el mundo sabe que algo es bueno o malo, por lo cual no hace falta investigarlo o discutirlo; se insiste en que el principal valor ético es la solidaridad y esta se impone por la fuerza sin permitir que los individuos decidan a quién y cómo desean ayudar o no.

Se promueve la paz pero se roba sistemáticamente, denominándolo eufemísticamente redistribución. Se le dice a la gente que puede elegir pero que no puede discriminar sistemáticamente según determinados criterios. Se trata a los ciudadanos como niños incapaces de decidir algunas cosas por sí mismos, como qué sustancias introducir en su propio cuerpo, pero se les permite elegir a sus paternalistas gobernantes. Se asegura que algo es injusto cuando simplemente no gusta (justo es gusto). Se recurre a la indignación moral con completa desvergüenza simplemente para negociar mejores condiciones (el salario no es digno). Se critica al empleador, presunto explotador, y se beatifica sin más al empleado. Se deslegitima el ánimo de lucro como si los beneficios fueran malos y las pérdidas buenas. Se asegura que se actúa por el bien común y en servicio de todos mientras que se exige recibir más y entregar menos.

El liberalismo es impopular porque no busca halagar, trampear o engañar. Defiende normas universales, simétricas e iguales para todos, y que sean funcionales, que sirvan para coordinar la sociedad, para permitir y fomentar el crecimiento y el desarrollo de los individuos, para evitar, minimizar o resolver conflictos. Libertad es no agresión y respeto al derecho de propiedad, es tolerancia y responsabilidad: no actuar violentamente contra lo que no te gusta, asumir las consecuencias de tus actos, pedir ayuda pero no exigirla, compensar los daños causados a otros. Derechos y deberes positivos surgen de los contratos voluntariamente acordados y no pueden imponerse a las partes no explícitamente interesadas.

La triste conclusión del 11M

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Cuando recuerdo el 11M no puedo dejar de pensar en lo mucho que han cambiado mi opinión sobre un montón de temas desde entonces. No solo sobre el atentado, y todo lo que lo rodeó, sino sobre todo tipo de cosas de la vida. Pero lo que de verdad me sorprende, y en cierto modo entristece, es en lo poco que han cambiado la opinión de las personas de mi entorno en estos diez años.

Mis antiguos compañeros de trabajo que culparon a Aznar de la masacre siguen pensando que los islamistas actuaron en defensa propia por la guerra de Irak. Los amigos que vieron claramente que se trataba de un golpe de Estado contra el PP siguen erre que erre reprochado a Zapatero (ZP) haber llegado al poder de una forma tan sucia. Los que pensaban que la policía era una institución sin tacha, pero con unas cloacas que hacen y deshacen a su antojo no parece que se hayan caído del guindo, y aquellos que opinan que los maderos solo valen para pegar palos enzarpados de perico, pero que en el 11M hicieron un trabajo impecable que no se puede cuestionar, no creo que hayan cambiado de idea.

También es curioso que los que aplaudían con las orejas las indemnizaciones a las víctimas de los atentados ahora se rasguen las vestiduras porque la policía las use para conseguir testigos que apuntalen sus investigaciones. Como también lo es que los que ven la ausencia de armas de destrucción masiva en Irak la evidencia absoluta de las mentiras de Aznar, sean capaces de decir sin despeinarse que una investigación chapucera, con episodios como el análisis de explosivos dignos de un país tercermundista, es la quintaesencia del descubrimiento de la verdad.

Por supuesto la actualidad manda y ahora se lleva más hablar de bancos, burbujas y paro que de Israel, Irak y las Azores. Pero lo cierto es que si hubiéramos cogido al azar a 50 personas el 12 de marzo de 2004 y les hubiéramos encuestado sobre lo que pensaban ese día, diez años después podríamos volver a preguntarles y contestaría en esencia lo mismo.

Seguramente uno de los momentos que más impacto me causó del 11M ocurrió un año o dos después del atentado; estaba comiendo con unos compañeros de trabajo cuando uno de ellos, seguramente intentando sacar un tema de conversación, nos preguntó sobre qué línea ideológica pensábamos que seguía el diario gratuito 20 Minutos. Yo, que siempre he seguido la máxima de no hablar de política ni de religión en el trabajo, me quedé callado escuchando las opiniones de mis compañeros, que como era lógico se decantaron por achacar cierta tendencia progresista al diario dirigido por Arsenio Escolar. En ese momento el compañero que había sacado el peculiar tema de conversación se sintió satisfecho y manifestó que él también pensaba de ese modo, ya que aunque había albergado ciertas dudas sobre el tema, la postura de dicho diario sobre la investigación del 11M (su oposición clara a las teorías de la conspiración) concordaba con su visión del tema, y por tanto debía ser reconocido como un diario progresista.

No es que fuera sorprende que una vez más los españoles hubiéramos dividido un tema entre derecha e izquierda, negro o blanco, Barcelona o Madrid. Ya que no deja de ser nuestro deporte favorito. Lo que me impactó de verdad es la naturalidad con la que se aceptaba que esta era la forma correcta de actuar en un tema como aquel.

Y es que ya es bastante triste vivir en una sociedad que no es capaz de aprender de sus errores, pero lo que es aterrador es convivir con personas que son incapaces de informarse sobre sucesos tan importantes para todos sin cambiar un milímetro su postura inicial.

El mercado es miope, el Estado es ciego

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Una de las críticas habituales contra el libre mercado es que es cortoplacista, que sufre de miopía. Se dice que los agentes en el mercado tienden a centrarse en obtener los máximos beneficios en el corto plazo sin preocuparse por las consecuencias a largo. Esto provocaría un déficit de inversión en sectores beneficiosos para la sociedad y una mala gestión sistemática de los riesgos y los recursos. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, argumenta en su libro Freefall que una de las causas de fondo de la crisis fue precisamente el cortoplacismo inherente del mercado libre. La solución para Stiglitz es obvia: este grave fallo del mercado debe ser solventado por Estado mediante más control sobre la economía. La miopía del desbocado mercado libre debe ser corregida por la más sensata "mano visible" del Estado. Dejaremos para siguientes artículos el análisis de otras críticas habituales contra el mercado. En éste vamos a centrarnos en si el Estado debería encargarse de corregir el supuesto cortoplacismo del mercado libre.

Todas las personas en cierto sentido somos cortoplacistas por naturaleza. Preferimos satisfacer nuestras necesidades y deseos lo antes posible. Si por ejemplo tenemos mucha sed, no nos da igual poder beber un vaso de agua ahora que dentro de un año. Ludwig von Mises escribió que, de hecho, no puede concebirse la propia acción humana sin la existencia de esta preferencia temporal. El simple hecho de realizar cualquier acción implica, obviamente, que preferimos realizarla ahora que realizarla en el futuro. Si no prefiriésemos alcanzar nuestros fines en el presente que en el futuro nunca haríamos nada, nos quedaríamos eternamente posponiendo nuestra acción. Un comportamiento, digámoslo así, poco práctico. Esto no significa que nunca estemos dispuestos a posponer la satisfacción de nuestros deseos. Lo que implica es que sólo lo haremos si ello nos permite alcanzar en el futuro fines que consideramos más valiosos que aquellos a los que renunciamos.

El mercado libre, caracterizado por intercambios voluntarios, simplemente tiende a responder a las preferencias temporales de consumidores y ahorradores. Los proyectos tenderán a emprenderse si se espera que la rentabilidad sea superior al coste del capital. Dicho de otro modo, siempre se busca que el valor actual de lo que se espera obtener en el futuro sea mayor que el valor de aquello a lo que se renuncia hoy. De no ser así se estaría dilapidando lo ahorrado para obtener bienes futuros cuyo valor no sería suficiente para compensar la espera ni la incertidumbre soportada. En este sentido, podríamos decir que el mercado se ajusta a la miopía natural de los individuos, que valoran las cosas relativamente menos cuanto más alejadas se encuentran en el tiempo. Pero como hemos visto, esto no es algo malo, sino que es imprescindible.

Lo que permite en el mercado la coordinación a largo plazo mediante el sistema de precios es la existencia de derechos de propiedad y seguridad jurídica. David Friedman planteaba el siguiente supuesto. Pongamos que la madera del nogal negro es muy valorada por los consumidores y que es una inversión rentable. El problema es que los nogales tardan, digamos, cuarenta años en crecer. ¿Por qué un inversor va a acometer esa inversión si puede que para entonces haya muerto? La respuesta es que pasados, por ejemplo, veinte años, podría revender el proyecto en el mercado secundario a otro inversor que esté dispuesto a seguir esperando. Pero sólo si tenemos seguridad en que en veinte años los nogales seguirán siendo nuestros y tendremos derecho a venderlos nos animaremos a invertir. Los mercados financieros, que para Stiglitz sufren del más acusado de los cortoplacismos, paradójicamente ayudan a corregir esa supuesta miopía del mercado.

Hay que decir que uno de los problemas de coordinación más importantes en el mercado, en el que se centran mucho los críticos como Stiglitz, es el problema principal-agente. Esto sucede cuando los propietarios designan a un tercero para que gestione su propiedad. El ejemplo más típico es la contratación de directivos por los accionistas de una empresa. Para que la propiedad esté bien gestionada, los accionistas tienen que ocuparse de fijar a sus directivos unos incentivos adecuados, procurando que estén alineados con los suyos. Los accionistas que no lo hagan y dejen a sus directivos aprovechar el poder de gestión en beneficio propio perderán su capital. Para ello disponen de diversos mecanismos de defensa como los contratos, la decisión sobre la retribución del directivo o la venta de la acción. Es cierto que la solución no siempre es fácil. Pero lo que es un disparate es decir que el problema de agencia lo debe resolver el Estado. No sólo porque no es lógico pensar que el político de turno sabe mejor que el propio accionista qué incentivos debe poner a sus directivos. Sino porque además, ¿cuál es el caso más grave de problema principal-agente, el que menos mecanismos de control permite e impide pedir responsabilidades? En efecto, el del Gobierno respecto a los ciudadanos. Proponer que el Estado se ocupe de resolver este problema es como pretender apagar el fuego con gasolina.

El caso no es si el mercado es perfecto o no, pues perfecto no hay nada en este mundo. Lo que queremos saber es si, como alega Stiglitz, el marco de incentivos de los políticos en el Estado es mejor que el de los individuos en el mercado, no sólo para intervenir en las decisiones empresariales privadas, sino para planificar a largo plazo. Un análisis rápido de los incentivos del Estado basta para dejarnos con la sensación de que quienes defienden esto ni siquiera se han planteado lo que proponen.

En primer lugar, el horizonte temporal del Gobierno termina en las siguientes elecciones. Esto sucede precisamente porque los políticos saben que en el largo plazo no seguirán controlando la propiedad que gestionan en el presente. Un político que realice sacrificios hoy esperando recoger los frutos en veinte o cuarenta años estará actuando contra sus propios intereses. Los incentivos le indican que haga lo contrario: buscar beneficios visibles antes de cuatro años y no preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Tenderán a prosperar en una democracia los políticos que actúen con la vista en las próximas elecciones; los que no lo hagan fracasarán. En segundo lugar, aun salvando este problema, el Estado no tiene forma de calcular si sus inversiones son adecuadas o no. Por un lado los recursos no los obtiene mediante ahorro voluntario sino por la fuerza, extrayendo rentas a los ciudadanos, por lo que no tiene información sobre el coste del capital; por otro, sus productos los impone o los raciona de acuerdo a criterios políticos, por lo que tampoco tiene información sobre cómo los consumidores valoran dichos productos. El Gobierno no tiene forma de calcular cuánto valor crean o destruyen sus inversiones.

Además, los políticos no son responsables de sus actos. No sólo porque no saben cuáles son los costes de sus decisiones. Es que aunque los supieran no los sufren ellos, sino que los repercuten sobre los ciudadanos. Si en el mercado alguien se equivoca y no satisface a los consumidores o despilfarra los recursos, tiende a sufrir pérdidas; el Estado se las impone a los demás. Por último, si aun así los políticos fueran contra cada uno de estos incentivos y acertaran en todo, los votantes no se enterarían. Como indica la teoría de la ignorancia racional, debido a la insignificante importancia de cada voto individual, el votante no tiene incentivos para estar informado. En conclusión, el Estado no es que sea miope, es que actúa completamente a ciegas.

En resumen, los seres humanos preferimos alcanzar nuestros fines cuanto antes, somos impacientes, imperfectos, nos equivocamos y tenemos sesgos. La cuestión es en qué marco estas mismas personas tienen incentivos para coordinarse y hacer un uso adecuado de los recursos escasos, y cuál genera mal uso de los recursos, descoordinación y pobreza. Como hemos visto, el mercado, la cooperación social mediante relaciones voluntarias, no es perfecto. Pero los problemas que se presentan en el mercado no son nada comparados con los que generan los incentivos perversos que tienen los políticos en el marco del Estado. Es como si los incentivos se hubieran puesto al revés. Confiar en que los políticos se comporten de manera contraria a como los incentivos les indican es un ejercicio de mero voluntarismo.

La mujer en su laberinto

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Era inevitable. El día 8 de marzo propios y ajenos han enarbolado la bandera de la mujer y han llenado las redes sociales, las radios y las televisiones con recordatorios de lo importantes que somos las mujeres en la sociedad y lo poco que lo decimos. Después de tantos años delegando en el Estado la misión de reivindicar, en este caso la igualdad de la mujer y el hombre, o al menos, supuestamente ese es el encargo, no nos hemos percatado del estrepitoso fracaso de la misión. ¿Por qué?

Aristófanes en el siglo XXI

El día 8 de marzo yo estaba hablando en el Instituto Juan de Mariana de Aristófanes y sus comedias, entre ellas La Asamblea de Mujeres. Leer La Asamblea de Mujeres y deducir que es un alegato feminista del siglo V antes de Cristo, y mucho más, proviniendo de la mente de un comediógrafo como Aristófanes, es una de las boberías feministoides más habituales de los últimos tiempos. El escritor ateniense dibuja una situación en la que las mujeres, disfrazadas de hombres, convencen a los participantes de la Asamblea, que son sus maridos, para que les den el poder a ellas. La razón de los hombres es clara: era lo único que no se había intentado para salvar a Atenas de la quiebra. Y con todo y con eso, el futuro que le espera a la polis dirigida por la líder Praxágora es la de una abundancia que nadie sabe de dónde proviene que será redistribuida por ella misma y las demás mujeres. Como en todas las comedias de Aristófanes, el final es exageradamente idílico, tanto que resulta absurdo y hasta cómico. Tomarse en serio la idea de un comunismo implantado y regido por mujeres, es no entender al autor.

Y, por otro lado, el plan de una redistribución comunista regida por mujeres puede resultar atractivo para algunos y algunas porque atribuyen a la mujer más sensatez, pero ¿de dónde sale la idea de que las mujeres somos seres con una moral más firme que los hombres? ¿No hay ejemplos en la historia de la humanidad en la que aparecen mujeres perversas e inmorales y hombres sensatos y buenos? El problema de la redistribución planificada no es quién sea el planificador, su raza, sexo, origen, etc. Ni siquiera es determinante que tenga una formación exquisita o una inteligencia mayor que la media. Es que, como demostraron hace mucho Mises y Hayek, es imposible.

El Día de la Mujer, pero la que piensa como yo

Y con todo y con eso, aquí andamos planificando listas “cremallera” en los partidos políticos, que desbaratan la elección de los mejores candidatos para que haya paridad. ¿Qué es preferible para una política con salud de hierro? ¿Se trata de que haya paridad o de que el candidato sea el mejor? Porque no me vale eso de que en los partidos políticos hay candidatos tan buenos como candidatas. Si eso es realmente así, que se elija al mejor sin obligar a que haya paridad. Y si no lo es, busquen lo que favorece más a los ciudadanos que subvencionan esos partidos y a cuyo servicio están todos los políticos.

La idea de dedicar un día especial a recordar la lucha de las mujeres por el acceso a la educación, que durante siglos estuvo limitado a los hombres, la participación en la vida política, que durante siglos estuvo limitada a los hombres, y a decidir libremente sobre su vida, posibilidad de la que durante siglos no disfrutó, no sería tan perversa si no fuera por la carga de hipocresía que hay detrás.

Los beneficios que sacan los partidos políticos, las subvenciones a las asociaciones que dicen representarnos a las mujeres, algunas de cuyos miembros viven de eso, la sensación de palmadita en el hombro que una siente ese día, sinceramente, asquea. El pasar de la obligación hacia el padre, a la obligación al marido, y de ahí a la sujeción al gobierno, sea éste paritario o no, no es un avance, es un cambio de manos, pero la misma servidumbre. Para romper de verdad con la discriminación lo primero que tenemos que hacer es caminar solas, sin la mano en el cuello de nuestras salvadoras, compañeras igualitaristas que empiezan por decirnos qué tenemos que elegir y acaban por exigir que todos y todas financiemos sus ideas y sus iniciativas, y de los hombres que aún consideran que somos seres inferiores.

En el fondo, ¿no es el feminismo ultra (o feminazismo o hembrismo) una manera de discriminar al hombre, de considerarle inferior? La excusa de la represión del pasado, que la hubo, ya no es válida en el siglo XXI. Ya solamente cabe financiar tus iniciativas, dar pasos por ti misma, y simplemente exigir el cumplimiento de las leyes o luchar por su cambio cuando no son iguales para todos. Para todos: hombres y mujeres.