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El caso Payá y los gobiernos como agentes comerciales

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Poco después de que Ángel Carromero fuera condenado en un juicio farsa por la muerte de los destacados disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, y mientras que el joven político madrileño guardaba silencio por consejo del Gobierno español –según él mismo ha declarado este verano–, las relaciones comerciales entre la Cuba castrista y España parece que vivieron un buen momento. No sabemos si se debe a la casualidad o a la causalidad, ese conocimiento le está reservado a algunos pocos en La Moncloa y un par de ministerios españoles, así como a sus pares en la isla caribeña, pero cuando menos da que pensar.

A principios de noviembre de 2012 se celebró en la capital cubana la XXX Feria Internacional de La Habana, en la que España fue el país con la mayor presencia. El embajador en Cuba, máximo responsable de una legación diplomática que no resultó nada molesta mientras se juzgaba a Carromero, presumió en ese momento ante los medios de comunicación de la dictadura totalitaria. Según publicaron estos últimos, el intercambio comercial entre ambos países en 2011 fue de 818 millones de euros y se aspiraba a que a finales del ejercicio de 2012 alcanzaran los mil millones de euros. Un botón de muestra lo ofreció poco después el diario Granma, del Partido Comunista de Cuba, que informaba el 24 de noviembre de 2012 sobre la apertura de dos nuevos hoteles por parte de una cadena española.

La extraña actitud del Gobierno de Rajoy y de su partido, el Partido Popular, ante la sospechosa muerte de Payá –que, para más inri, disponía de la nacionalidad española además de la cubana– pudiera tener algo que ver con la defensa de esos intereses comerciales. De otra manera resulta complicado explicar que el Ejecutivo español se muestre tan reacio a una investigación internacional sobre lo ocurrido o que, incluso, el PP se haya opuesto a la misma al tiempo que defendía la limpieza de un juicio para nada creíble.

¿Se ha puesto la diplomacia española al servicio de los intereses de grandes empresas a costa de la libertad de un ciudadano del propio país (Ángel Carromero) y el esclarecimiento de la muerte de otro (Oswaldo Payá)? Podría ser. No sería la primera vez que ocurriera algo parecido y, aunque no siempre entren en juego aspectos referidos a derechos fundamentales de las personas, es frecuente que el poder político ponga los recursos del Estado destinados a la acción exterior al servicio de empresas privadas.

Cuando un gobernante de cualquier país hace un viaje oficial al extranjero resulta bastante común que vaya acompañado de un grupo de empresarios. A casi nadie le resulta extraño ese ayuntamiento de poder político e intereses empresariales particulares en el ámbito diplomático. Es más, con frecuencia los gobiernos suelen presumir ante los medios de comunicación que sus altos dirigentes viajan en compañía de represetantes de la empresa privada que esperan lograr jugosos contratos en el lugar al que se han trasladado.

Pensemos, por ejemplo, en el último viaje del Rey de España y varios miembros del actual Ejecutivo (además de casi una decena de ex ministros de Exteriores) a Marruecos. Junto con el jefe del Estado y los miembros del Gobierno de Rajoy se desplazaron los más altos directivos de la práctica totalidad de las compañías que forman el IBEX-35 (el principal índice de referencia de la bolsa española), que participaron en encuentros con los grandes empresarios de la nación norteafricana.

Pese a que todo lo anterior esté generalmente aceptado, no se trata de algo que debiera ser celebrado. No vamos a entrar ahora en el debate sobre si se debe comerciar con países cuyos gobiernos violan de forma sistemática y masiva los derechos de sus propios ciudadanos (la citada Cuba, China, Arabia Saudí, Corea del Norte y muchos otros). Incluso dejando esa cuestión al margen, que la diplomacia se ponga al servicio de unas cuantas empresas (o muchas, eso es lo de menos), supone quitar recursos, vía impuestos, a todos los ciudadanos para gastarlos en beneficio de un reducido grupo. Este último es el formado por el de los propietarios de las compañías que hacen negocios gracias a la colaboración gubernamental.

Como dijo Carlos Rodríguez Braun: "La redistribución no es de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados". Y el tema que aquí tratamos es un buen ejemplo de ello. El dinero de todos los ciudadanos (ricos y pobres, con empleo o parados de larga duración…) se utiliza al servicio de un grupo con una alta capacidad de influencia y organización (los grandes empresarios) que así se pueden ahorrar grandes cantidades que de otro modo tendrían que gastar para poder conseguir por su cuenta algunos jugosos contratos. Eso, insistimos, por no hablar de casos como el de Carromero, donde además se juega con los más elementales derechos de una persona.

Ágnes o el derecho a parir en libertad

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

No se trata de defender el parto en casa frente al parto hospitalario, ni de defender el parto natural frente al parto intervenido. Lo que defendemos es mucho más sencillo aunque, irónicamente, mucho más complicado de conseguir a la hora de la verdad: el parto respetado. Tener el poder de la información no sesgada y la libertad de elegir. Las mujeres cuyas elecciones se acercan más al protocolo hospitalario oficial tendrán, probablemente, el parto que han querido. Pero para las que no quieren todo eso la cosa se complica. Y se complica especialmente si quieren parir en casa.

Ágnes Geréb luchó por que los hombres pudieran estar presentes en los partos de sus hijos. Después luchó por que las mujeres pudieran parir en casa. Formó a muchos profesionales de la salud e informó a muchas mujeres para que pudieran decidir con fundamento. Ayudó a poner el foco de atención sobre el excesivo e innecesario intervencionismo en los partos, cambió la concepción del embarazo y el parto como enfermedades y denunció la proliferación de prácticas que suponen actos de violencia obstétrica.
 

Acompañó el nacimiento de más de 9000 niños en 32 años. Nueve mil. Lo hizo porque es su vocación, porque tiene fe en las mujeres y en la libertad. Pero un bebé murió y la licencia le fue retirada. Ella sabía cuál es su propósito en la vida y no fue capaz de ignorar las llamadas de todas esas mujeres que le pedían que asistiera sus partos. Así que siguió trabajando sin licencia. Entonces otro bebé murió y Agnes fue detenida y encarcelada. No vaya a ser que ayude a nacer a otros nueve mil niños. Tiene un doctorado en Medicina, es especialista en obstetricia, graduada en psicología y comadrona certificada. Las mujeres quieren parir con ella. Las que lo han hecho la adoran. Así que se han organizado y han llevado su caso al Tribunal de Estrasburgo.

Las autoridades húngaras aplican su doble rasero, que es ya un clásico imprescindible en cualquier estado que se pretenda “del bienestar”. Si un bebé muere en un parto hospitalario es porque hay cosas que son inevitables, se hizo todo lo que se pudo pero no somos dioses. El médico no es arrestado, no se le retira la licencia y no se le encarcela sin un juicio justo. Pero si un bebé muere en un parto en casa hay que arrestar a la matrona, impedir a toda costa que siga trabajando. Si quien muere es la madre, entonces hay que prohibir y demonizar los partos en casa y volver al protocolo sanitario, a la barbarie que hace que miles de mujeres se sientan violadas en lo que debería ser uno de los momentos más poderosos de su vida. Hay que meterles el miedo en el cuerpo para que sean ellas mismas las que elijan el parto hospitalario e intervenido; hacerles creer que necesitan todo ese protocolo que incluye rasurado, enema, oxitocina, inmovilización, epidural y episiotomía para tratar de parir en la posición más cómoda para el médico y más complicada para la madre y para el bebé. Les hacen creer que es por su bien, por su seguridad y la de su hijo. No hay nada más fácil que inculcar el miedo en una mujer embarazada que haría cualquier cosa por salvar la vida del hijo que va a nacer. Por eso permitimos los abusos. Por eso permitimos que nuestros hijos pasen sus primeras horas en este mundo en manos de los médicos y no sobre nuestra piel. Que Ágnes siga encarcelada da la medida del nivel de irracionalidad de este sistema perverso que calladamente alimentamos.

http://www.freeagnesgereb.com/take-action/

http://www.elpartoesnuestro.es/

http://www.doctorsantos.com/p/parto.html

La comunicación honesta mediante señales costosas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un animal puede beneficiarse si consigue engañar a otros y a su vez no ser engañado. La evolución produce una carrera de armamentos entre formas de engañar o manipular contra formas de detectar engaños o protegerse de ellos. Pero la evolución también genera mecanismos de comunicación que benefician al emisor y al receptor mediante señales informativas de alguna aptitud, característica o circunstancia real: las señales fiables distinguen o discriminan lo verdadero de lo falso, al honrado del tramposo, al sincero del mentiroso, al competente del incompetente.

Una señal valiosa y honesta se basa en una diferencia real entre sus posibles emisores, y puede ser difícil de falsificar si es cara o costosa. Toda señal de una determinada intensidad tiene un coste y puede implicar algún riesgo, pero estos pueden ser mucho menores (o los beneficios mayores) para el comunicador sincero. El emisor honesto puede permitirse algo que resulta prohibitivo para el tramposo. El coste de la señal no es sólo el de su producción física, sino que incluye también todas sus consecuencias potencialmente negativas: atraer algún peligro, servir para resaltar algún defecto o imperfección.

Una posible forma de señalar honestamente aptitud biológica (poder, salud, riqueza, fuerza, atención, compromiso) es algún rasgo (conducta o morfología) que suponga un handicap para su ejecutor o portador, que le implique algún coste, dificultad o problema que un individuo menos apto no puede asumir.

La comunicación puede referirse a oportunidades de cooperación (emparejamiento sexual entre machos y hembras, información sobre localización de alimento entre miembros de un grupo), posibilidad de competencia (relaciones adversarias entre depredadores y presas, advertencias en la competición por recursos) o necesidad de ayuda (crías que reclaman alimento y protección a los progenitores). La comunicación puede suceder entre colaboradores (para ser elegidos) o enemigos (para ser evitados), y entre miembros de una misma especie o entre animales de especies diferentes.

Algunos ejemplos de señales honestas costosas:

– La cola del pavo real macho desplegada y agitada ante las hembras como ornamento sexual: “estoy sano y bien alimentado, y no temo indicar mi localización a posibles depredadores”. Abundan todo tipo de cantos, bailes y otros rasgos (como olores, marcas que resaltan alguna parte del cuerpo, coloración conspicua, simetrías, construcciones) utilizados como señales en exhibiciones para atraer pareja.

– En algunos insectos, sustancias químicas tóxicas como las feromonas indican que su portador es robusto y puede aguantarlas y utilizarlas como veneno contra sus depredadores. Las amebas sociales utilizan moléculas específicas para agregarse en condiciones de estrés ambiental.

– Los brincos de las gacelas ante sus posibles atacantes: “te he visto y te demuestro que me sobran fuerzas para escapar de ti, no pierdas tu tiempo y tu energía persiguiéndome a mí, busca otra presa más débil”. Algunas aves cantan cuando están siendo perseguidas por un depredador; algunas bandadas realizan movimientos bruscos para conseguir que el miembro más débil sea rápidamente atrapado y ahorrarse así todos los demás una persecución prolongada.

– Los gritos de advertencia de algunas aves, que en realidad no son solo para sus compañeras, sino que sirven principalmente para informar al depredador de que ha sido detectado y no va a pillarlas por sorpresa: las señales son útiles tanto para la presa como para el depredador, que no malgasta su energía inútilmente.

– En los juegos infantiles de correr y pillar, los niños más rápidos no se molestan en alejarse inmediatamente del que debe pillar a otros: su cercanía indica que pueden escapar fácilmente; si son perseguidos pueden burlarse del perseguidor mientras corren.

– Algunos depredadores señalan su presencia a sus presas y amagan movimientos de ataque (como dos boxeadores tanteándose) para detectar cuáles son los puntos débiles de sus víctimas y elegir a las más fáciles.

– Los rasgos físicos llamativos que alertan de algún peligro o amenaza (aposematismo): colores brillantes de animales venenosos o de sabor desagradable.

– Las exhibiciones de fuerza y motivación para disuadir a los competidores (amenazas creíbles como sustituto de la agresión): postura confiada (aproximación chulesca exponiéndose al peligro, gestos de desprecio al enemigo), vocalizaciones graves que indican relajación y confianza, canciones rítmicas ordenadas o miradas fijas al rival que reflejan seguridad, determinación y concentración, muestras de indiferencia, combates rituales.

– Las señales de sumisión o reconocimiento de inferioridad o derrota ante rivales superiores: agacharse, humillarse, arrodillarse, apartar la mirada, exponer una parte vital del cuerpo (el lobo derrotado expone su cuello a las fauces del vencedor).

– Los avisos de crueldad de los combatientes para conseguir que los enemigos se rindan sin luchar (piratas que amenazan con castigar duramente a quienes opongan resistencia).

– Las señales de determinación indicando el coste que uno está dispuesto a asumir para conseguir algo: autoinfligirse algún daño. Los intentos de suicidio pueden ser peticiones extremas de ayuda.

– Las señales de estatus, dominación o prestigio: el consumo derrochador, extravagante y conspicuo de un rico (vehículos de lujo, mansiones, joyas, ropas a la última moda, símbolos de estatus social), o la generosidad pública ostentosa (ceremonia del potlatch). El altruismo puede practicarse de forma competitiva para alcanzar prestigio social y así tener mejores oportunidades de cooperación (en el emparejamiento sexual, en los negocios).

– La obesidad en las culturas en las cuales la obtención de alimento es problemática.

– Una educación certificada exigente de un trabajador que ofrece sus servicios en el mercado laboral.

– La realización de proezas deportivas o artísticas típicas de jóvenes para atraer pareja (señales de fuerza o habilidad).

– La fuerza de los lazos sociales (capacidad, interés y compromiso con una relación o grupo) puede comprobarse mediante imposiciones, forzando al individuo a asumir un coste, poniéndoselo difícil para ver cuánto aguanta. Muchas hembras exigen cortejos prolongados y regalos prenupciales, o tienen caprichos y cambios de humor aparentemente inexplicables. Algunos machos (en especies en las cuales aportan una alta inversión parental) agreden a las hembras durante el cortejo para comprobar su persistencia. Algunos animales se limpian y acicalan unos a otros mucho más que lo requerido por la mera higiene. Los grupos suelen exigir demostraciones de lealtad y conformidad: tatuajes distintivos, mutilaciones, ritos de iniciación humillantes, creencias fervientes absurdas, rituales religiosos.

– Las señales de cohesión y coordinación de un grupo: canciones, rituales o movimientos coherentes, armónicos, unificados.

– Los gritos de las crías en el nido para ser alimentadas por sus progenitores. Estos gritos son amenazas de perjudicarse a sí mismas porque las ponen en peligro de ser descubiertas por un depredador (como algunos aspectos llamativos de las crías de algunas especies). El miembro más débil de una asociación de pareja puede chantajear al más fuerte con amenazas de dañarse a sí mismo, si este último está interesado en el bienestar del otro. Esta conducta no es generalizada entre crías de animales porque sólo puede ser utilizada si el riesgo de gritar no es demasiado grande (de hecho las crías no gritan si saben que hay un depredador cerca).

La producción del lenguaje humano por lo general tiene costes muy bajos, por lo cual es fácil utilizarlo para el engaño y la manipulación. Es posible mejorar su fiabilidad incrementando los costes para los incompetentes, deshonestos o mentirosos: fijarse en lo que la gente hace, no en lo que dice (descontar su hipocresía y considerar sus intereses); en lugar de vagas promesas informales, usar contratos con cláusulas penalizadoras por incumplimiento, avales y garantías; en vez de mensajes hablados privados, emplear documentos persistentes, grabaciones, testigos; en lugar de ambiguas predicciones de presuntos expertos que no se juegan nada, recurrir a apuestas y mercados financieros.

Estados Unidos, falso paladín de la libertad

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

El economista David Friedman escribió hace algunos años un libro titulado Future Imperfect, en el que analizaba las implicaciones de potenciales revoluciones tecnológicas que podrían suceder en las próximas décadas. Una de ellas era la que denominaba el Panóptico Universal. El panóptico es un centro penitenciario imaginario diseñado por el filósofo Jeremy Bentham, que permite a los carceleros vigilar permanentemente todos los movimientos de los presos de forma secreta, sin ser vistos. David Friedman decía que, con la tecnología actual, un país como Estados Unidos podía convertirse en un Panóptico Universal, un país en el que el gobierno mantuviera permanentemente vigilados a los ciudadanos con una eficacia nunca antes vista.

Hasta ahora el espionaje masivo era realmente caro. Si un gobierno quería tener vigilada a su población requería, fundamentalmente, de muchas personas contratadas a tiempo completo escuchando un sinfín de conversaciones telefónicas y viendo horas de videograbaciones. Ya no hace falta todo ese derroche de recursos. Como explica David Friedman, ahora, a un precio razonable, un programa informático puede recoger las conversaciones telefónicas, transformar los sonidos en texto, almacenarlo en bases de datos, y realizar búsquedas inteligentes de palabras o frases claves según lo que al gobernante de turno le dé por perseguir. O aún mejor, puede grabar a la población mediante una inmensa red de económicas cámaras digitales, aplicar lo último en programas de reconocimiento facial y ser capaz de saber qué hace cada individuo en cada momento. Imaginen, dice Friedman, cuando en unos años haya cámaras baratas del tamaño y las características aerodinámicas de un mosquito. Si el gobierno quiere jugar a ser el Gran Hermano, puede hacerlo a un módico precio.

El estallido del escándalo del Obamagate ha puesto de manifiesto que el futuro sugerido por Friedman no anda muy desencaminado. Un antiguo empleado de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, filtró a la prensa pruebas de que el gobierno estaba espiando masivamente a la población. Haciendo uso de diversos programas de vigilancia, el gobierno se dedicaba a recabar metadatos de teléfonos móviles, información privada de las redes sociales y otros datos en colaboración con grandes empresas con información privada de los ciudadanos, permitiendo técnicamente al gobierno saber dónde está y con quién habla cada individuo. Estados Unidos comienza a parecerse peligrosamente al Panóptico Universal. El gobierno ha recorrido ya buena parte del camino hacia ese terrible ideal totalitario y no parece dispuesto a parar ahí.

A veces conviene recordar que en su día Estados Unidos fue la tierra de la libertad. Se estableció como un país al que cualquiera podía ir a labrarse el futuro. El sueño americano no consistía, por raro que nos pueda parecer ahora, en hacerse con una plaza de funcionario ni en conseguir subsidios. Lo que Estados Unidos ofrecía a quien quisiera, al menos en teoría, era algo muy sencillo: libertad. Mientras no agreda, robe, defraude o incumpla sus contratos, nadie le impedirá que intente sacar adelante sus proyectos. Ya no es así. Aún se conserva parte de la retórica liberal, pero desde hace tiempo no coincide con la realidad. Estados Unidos ha ido canjeando espacios de libertad por poder gubernamental durante décadas, hasta llegar al gigantesco y vigilante leviatán que es ahora.

Esto no quiere decir que de pronto Estados Unidos sea el país con menos libertad del mundo, pero ya no es el ejemplo que era. Ahora se ha convertido en el falso paladín de la libertad, que predica pero no cumple. Si decían que en el siglo XIX había que vivir en Inglaterra y en el siglo XX en Estados Unidos, podríamos decir que el siglo XXI es el turno de Asia y Oceanía. Un rápido vistazo al Índice de Libertad 2013 que publica el Heritage Institute nos revela que los cuatro países más libres del mundo hoy están en esa zona: Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos cae al décimo lugar superado, incluso, por su país vecino, Canadá.

La última década ha sido letal para la libertad en Estados Unidos. Recientemente el The Economist publicaba un artículo titulado La década perdida de la libertad en la que denunciaba este hecho. Desde los atentados del 11-S, primero con Bush y ahora con Obama, el gobierno ha estado utilizando el argumento de la seguridad y la guerra contra el terror para ir enterrando parcelas de libertad individual. Este abandono de los que fueron los valores americanos no es cosa exclusiva de Obama, ni de Bush. La mayoría de la población americana aplaude y apoya esta triste deriva. Sin embargo, la peor señal de que esto no va a mejor es la violencia con la que el gobierno ha reaccionado contra Snowden o contra otros "chivatos" como Bradley Manning. Es una buena prueba de cómo el gobierno americano está en un proceso de blindaje contra cualquier filtración de abusos de poder. No le preocupa tanto la pérdida de libertad como la denuncia de la misma. Y quiere dejar claro que ésta sale cara.

Empresas ineficientes

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagínese por un momento que usted es un arquitecto canario que se ha especializado en planeamiento y gestión urbana y ha creado varias empresas fuera de las Islas que se encargan de realizar planes urbanísticos con éxito, compitiendo en el libre mercado. Esto significa que usted entiende perfectamente que para poder satisfacer a la sociedad a través del mercado tendrá que ser capaz de suministrar un producto de calidad con el mejor precio y realizarlo con el menor coste posible, para así poder sobrevivir a la competencia.

Sin embargo, un día decide abrir una oficina en su tierra natal. Transcurridos unos pocos meses se da cuenta de que tiene que cerrarla y volverse a ir fuera, como han tenido que hacer un gran número de arquitectos canarios. La razón es que existen tres empresas públicas que realizan los mismos servicios que usted sin necesidad de competir en el mercado, porque no tienen que reducir costes para evitar la quiebra, al poder ser financiadas con cargo a los presupuestos autonómicos, que salen del dinero de los contribuyentes.

Estas tres empresas son Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), Gestión Urbanística de Las Palmas (Gestur Las Palmas) y Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (Gestur Tenerife). En los ejercicios 2010, 2011 y 2012, Gesplan tuvo una cifra de negocio aproximada de 30 millones de euros por año, según los presupuestos del Gobierno de Canarias. Sin embargo, con estos importantes ingresos únicamente fue capaz de obtener unos beneficios de aproximadamente 24.000 euros por año. No obstante, esta mal llamada empresa no tuvo suficiente con ser incapaz de generar beneficios y riqueza acordes a sus ingresos, sino que además aumentó su deuda de dos a 4,2 millones de euros.

Por otro lado, Gestur Las Palmas, que ya está en vías de desaparición, en 2012 tuvo un volumen de negocio de 11,1 millones de euros y acumuló deudas por más de 16 millones. Pero esto no es nada si lo comparamos con Gestur Tenerife, que el Gobierno de Canarias se empeña en mantener junto con otras empresas públicas ineficientes, pues esta desastrosa sociedad anónima tuvo en 2012 unos ingresos de 12,6 millones de euros para generar el ridículo beneficio de 5.400 euros y acumular deudas de más de 23 millones.

Alguien podría pensar que sólo bastaría con volver eficientes a estas sociedades. Sin embargo, esto no es posible, dado que carecen de incentivos económicos y se mueven por decisiones políticas, pues entre otras cosas pertenecen a un sector totalmente intervenido, como es el urbanístico, donde el principal cliente es la Administración. Por todo ello, deberían ser cerradas por el Gobierno de Canarias de forma inmediata por ineficientes, como muestran sus números, ejercer una competencia desleal con los empresarios y profesionales del sector y ser dañinas para el conjunto de la sociedad canaria, pues empresas como estas sólo existen gracias a la permisividad de los políticos y al dinero que estos obtienen del bolsillo del contribuyente.

Ladrillos de verano

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cada verano en la Liga española de fútbol se produce un culebrón en torno al fichaje de alguna estrella del balompié. Este año lo tenemos con Gareth Bale, jugador del Tottenham, deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez y de cuyo inminente fichaje nos llevan informando varias semanas. Forma ya parte del estío, por mucho hastío que nos causen a algunos estos ejercicios de marketing y publicidad. Pero el del fútbol no es el único ladrillo que nos encontramos en los calurosos veranos españoles. Los ladrillos de Greenpeace también son interesantes.

Al igual que en Navidad, cuando los ecologistas nos recuerdan lo malos que somos por consumir camarones salvajes, salvajemente explotados por personas sin piedad y con ánimo de lucro, en verano nuestros alegres y verdes activistas de Greenpeace nos fastidian las vacaciones con sus informes sobre el lamentable estado de las costas españolas. El de 2013, recién salido del horno, nos pone los pelos de punta y el cuerpo de perfil. Por lo visto y medido:

“Entre los años 1987 y 2005 se destruyeron 2 hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa”.

¡Alucinante! Quién se iba a imaginar, en un país que vive del turismo de playa básicamente, que la costa iba a estar tan trabajada por inmobiliarias y constructoras.Y cómo no, la burbuja inmobiliaria, la culpable de todo:

En este periodo de burbuja inmobiliaria, se construyó en nuestra costa una cuarta parte de todo lo construido hasta ahora. Algunos municipios han vendido gran parte de su patrimonio natural para dar paso a una imagen de destrucción y urbanización.

Obsérvese la “sutil” identificación que se hace al final del párrafo entre destrucción y urbanización, hasta tal punto que suenan a sinónimos. Hay que reconocerles cierta habilidad en la manipulación de conceptos, habilidad que suele ser extensible a toda la izquierda.

Pero ironías aparte, en una cosa estoy de acuerdo con Greenpeace: la costa española tiene un problema, pero no es su sobreexplotación, ni su aspecto lamentable, sino el excesivo peso de las Administraciones Públicas sobre los usos (y abusos) del suelo. Ése ha sido, es y posiblemente será el problema denuestras costas.

Greenpeace propone seis medidas para regenerar la costa española:rehacer la nueva Ley de Costas; limitar o impedir las construcciones en los primeros 500 metros de terreno costero; gestionar los espacios naturales protegidos del Estado con planes de ordenación y de uso que impidan más suelo urbano; participación pública en el control y seguimiento de los planes urbanísticos, evitando así, siempre según ellos, la corrupción; ayudar a los municipios que hayan decidido conservar sus costas con compensaciones económicas, como los pagos por servicios ambientales, y la creación de una “ecotasa” turística en los municipios más degradados, que fuera finalistay que serviría para revertir el modelo de turismo masivo de sol y playa; y por último, explicar los peligros a los que se enfrentan los propietarios de las construcciones en zonas de riesgo como los lechos fluviales, torrenteras, desembocaduras, etc., siendo el Estado el responsable de los futuros riesgos y costes.

Es evidente que estas medidas, aunque se llevaran a cabo, no iban a solucionar nada. Yes que lo que Greenpeace propone se puede resumir en dos líneas de acción: más intervención y más fiscalidad. En resumen, más de lo mismo de lo que nos ha traído a la actual situación.

Limitar el uso del suelo, o cambiar el que se hace de él de manera arbitraria o según intereses particulares de lobbies o de políticos, es lo que ha permitido a los municipios y otras entidades locales y regionales financiarse durante la burbuja, extendiendo sus atribucionescon promesas a corto plazo e inviables a largo, endeudándose y llevando unos años después en muchos casos a la entidad pública a la ruina. Cambiar unos intereses por otros no tiene por qué solucionar nada.

Durante todo ese tiempo y ese proceso, los ciudadanos no han dicho nada o casi nada ante los excesos. Es más, en algunos casos han animado a las Administraciones a establecer estas políticas económicas suicidas. ¿Qué hace pensar a Greenpeace que los ciudadanos van a retomar una obligación como la eterna vigilancia, que diría el clásico? En todo este tiempo se ha enseñado al ciudadano que para vigilar ya estaba el Estado. Pero el Estado no sabe ni quiere vigilar al Estado y creo que la gran mayoría de los ciudadanos se ha “vuelto” un poco vaga.

Guste o no, muchos de estos municipios viven del turismo y de los impuestos que recaudan de dicha actividad, incluso de los que se originan en estos supuestos o reales desatinos urbanísticos. Limitar la actividad económica, según una idealización, o simplemente prohibirla para cambiar a un “modelo económico más sostenible” no sólo no solucionaría nada, sino que puede dar al traste con la economía local, reduciendo el valor de los inmuebles y de las tierras, afectando de golpe a los negocios que surgieron, reduciendo lógicamente la recaudación fiscal, lo que a la larga impediría que las entidades públicas,y qué decir de los ciudadanos empobrecidos, cuiden de su entorno, de su medio ambiente.

Durante los últimos años, el gobierno central, los autonómicos y los locales han ido incrementando los impuestos para mantener un Estado cada vez mayor. Crear ecotasas es echar más leña al fuego. Greenpeace identifica la prosperidad económica con la destrucción del medio ambiente y, lógicamente, su respuesta es simplemente limitar la creación de riqueza, en este caso a través de más cargas fiscales que no sólo no tendrían necesariamente que incrementar la recaudación, puede que incluso todo lo contrario, yademás podrían terminar con los negocios que están en el límite de la rentabilidad, haciendo que desaparezcan, con lo que espantarían inversiones futuras y terminarían invitando a los ciudadanos afectados a buscar fortuna en otros lugares menos problemáticos, empobreciendo el entorno.

Además, al transferir riqueza de municipios que la generan (los que Greenpeace identifica con negocios de sol y playa) a otros que lo hacen menos o no lo hacen,se incentiva a los que no necesitan nada más que tumbarse a esperar las rentas ajenas y se castiga a los que con su duro trabajo generan la riqueza de la que se nutre la sociedad.

No es raro que Greenpeace proponga este tipo de medidas. Al fin y al cabo, piensan como cualquier socialista de alta cuna y moral orgullosa. Lo raro habría sido que el grupo ecologista hubiera realizado propuestas basadas en los derechos de propiedad y en su salvaguarda. Si todo es de todos, que es básicamente lo que nos proponen ellos, caemos en la tragedia de los comunes y nadie se encarga de nada porque nadie tiene razones poderosas para hacerlo, salvo si por medio de la coacción se le obliga y, en ese caso, no será con buen rendimiento y eficacia.

Partiendo de que no hay un modelo perfecto de protección medioambiental (todos tenemos ideas diferentes de cómo debe ser un medio ambiente adecuado), las propiedades privadas suelen estar mejor cuidadas que las públicas, precisamente porque ese cuidado es lo que las hace rentables o paisajísticamente bellas, o medioambientalmente equilibradas o simplemente, hace que el dueño se sienta mucho mejor.

La burbuja inmobiliaria ha destruido parte del ecosistema, pues los políticos han incentivado este comportamiento con sus precios bajos del dinero y su necesidad de recursos, mientras las empresas que habitualmente trabajan con y para el Estado han aprovechado esa oportunidad, cuando no la han buscado. Es esa corrupción la que no ataja Greenpeace con sus medidas, pues lo único que promueve es el cambio de lobby o de la actividad de un lobby ya establecido.

¿Y si Gibraltar no fuese un “paraíso fiscal”?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

De un tiempo a esta parte, y gracias a los buenos oficios y la pesadez de socialistas de izquierda y derecha, la definición de paraíso fiscal es simple: todo aquel lugar que tenga un IVA inferior al 21%, un marginal del IRPF por debajo del 56% y un impuesto de Sociedades que no llegue al 30% sobre los beneficios. La única fiscalidad posible es la que padecemos en España, todo lo demás es pirateo, aprovechamiento y delitos contra la Hacienda Pública. Con un baremo tan estricto es normal que el mundo esté lleno de paraísos fiscales. Hace unos meses, cuando estalló lo de Chipre, la principal –por no decir única– acusación que los pirracas habituales le hacían es que era un “paraíso fiscal”. Evidentemente Chipre no es un paraíso fiscal. Existe el impuesto sobre la renta, el de sociedades, el IVA y un ramillete interminable de tasas. Pero, ay, el IVA en la isla es del 15%, y eso sí que no, hasta ahí podríamos llegar. O nos roban a todos por igual o se rompe la baraja.

Aunque parezca mentira, los países de la Unión Europea no pueden fijar el IVA que les venga en gana. La unión fija un mínimo que, adivine cuál es… bingo, del 15%. A partir de ahí cada Gobierno puede ponerlo donde le venga en gana. Los que han decidido dejarlo en el mínimo deberían ser motivo de admiración, no de reproche. Pero la estatalización de las mentes ha llegado ya a tal extremo que buena parte de la población aplaude con las orejas cuando el Gobierno sube los impuestos. Creen, o quieren creer, que el dinero recaudado se va a ir en “servicios sociales”, mejores carreteras o calles más limpias y seguras. Nada de eso. Luxemburgo, el país de la UE con los impuestos más bajos, tiene los mejores “servicios sociales”, las carreteras más cuidadas y las calles más pulcras. En España, en cambio, pagamos el 21%, seis puntos más, y soportamos “servicios sociales” abarrotados e ineficientes, carreteras llenas de baches y calles sucias e inseguras. Podríamos hacer el mismo ejemplo con Holanda, y hasta con la mitificada Suecia que, a pesar de lo que se cree, tiene una presión fiscal inferior a la nuestra. ¿Ve como no hay una relación directa entre impuestos altos y bienestar?

Si los incrementos fiscales no repercuten necesariamente en la mejora de los servicios comunes, ¿en qué se emplea todo ese dinero? Básicamente en política y clientelas, o, mejor dicho, en mantener políticos y en que a las redes clientelares de los mismos no les falte de nada. De ambas cosas vamos sobradísimos en España. Tenemos más políticos por habitante que cualquier otro país europeo y, respecto a las clientelas, las coleccionamos de todos los colores. Las tenemos blancas –de la sanidad estatal–, verdes –de la educación estatal–, negras –de la minería estatal– y así sucesivamente hasta completar un arcoíris de dependientes del maná estatal que nos ha dejado baldados.

Llegados a este punto podríamos concluir sin temor a equivocarnos que los impuestos altos significan atraso económico y, más malestar que bienestar para la gente común. No sería este un descubrimiento especialmente novedoso. Desde los tiempos de la antigua Roma las épocas de crisis y descontento siempre han ido unidas a una fiscalidad dura. En la España medieval, por ejemplo, en aquel puñado de reinos que plantó cara al Islam y lo expulsó de la península se pagaban pocos impuestos y en ocasiones ninguno. Unos siglos más tarde, con el reino en plena decadencia, amenazado por la despoblación, los españoles trabajaban de sol a sol para mantener las ínfulas imperiales de sus gobernantes. Está todavía pendiente un estudio serio sobre el impacto de los impuestos y el despilfarro real en la desintegración del imperio español. No lo harán porque es más fácil echar la culpa a los curas, a los judíos o al sursuncorda. Todo con tal de no tocar al Estado.

En definitiva, lo que la historia nos enseña la mala teoría económica y los periódicos nos lo desenseñan. En lugar de admirar a esos pocos lugares privilegiados en los que han sabido contener al Leviatán les miramos por encima del hombro, les tachamos de piratas y, en algún caso bien conocido por todos, hacemos lo posible por anexionárnoslos para que ellos también padezcan nuestra enfermedad. Hablo, claro, de Gibraltar. Dicen que es un paraíso fiscal, y eso ya es motivo suficiente para condenarles al averno.

Pero antes, digo yo, habría que definir qué es un paraíso fiscal. ¿Es un país en el que los impuestos no existen o uno en el que los impuestos sean bajos o, simplemente, más bajos que en los países vecinos? En el primer caso no hay paraísos fiscales ni los ha habido nunca. En Mónaco, Liechtenstein, las islas Vírgenes, Gibraltar o Singapur hay que pagar impuestos, unos cuantos además. La clave es que no son altos. Monegascos, gibraltareños o singapurenses tienen que retratarse regularmente ante el fisco, lo que no hacen es trabajar para el fisco. ¿Entiende la diferencia? Bien, pues apliquémonosla y dejemos de hacer el primo con el asunto de Gibraltar

Una milicia bien regulada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El debate sobre la libertad de posesión de armas suele conducir a los Estados Unidos casi invariablemente. Se debate su experiencia con las armas, la relación que tiene esa sociedad con ellas, y el origen de esta libertad. Una de las causas de confusión y polémica al respecto es la redacción de la segunda enmienda, que recoge el derecho a poseer y llevar armas. Dice así: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente a poseer y portar armas no se infringirá”. La palabra milicia conduce a quien no está familiarizado con esa institución a una institución militarizada, creada por el poder público o dependiente, al menos, de él, y sometida por tanto a los designios de la política. Si la política la ha creado, la política la puede eliminar. Y con ella se eliminaría el derecho sobre las armas. O, por lo menos, el Estado tendrá derecho a decidir quién forma parte de esa milicia y, en consecuencia, quién no.

La realidad es otra. Se trata de una institución centenaria que surgió en Inglaterra. Dice la Historia Oxford de Gran Bretaña: “la primera línea de defensa contra la invasión o la insurrección no era un ejército permanente, sino la milicia: unas fuerzas locales de defensa, con un entrenamiento a medias, pobremente equipadas, y a veces caóticamente organizadas”. La pertenencia a la milicia era un derecho de cualquier ciudadano, pero era también un deber. Enraíza con tres tradiciones entrelazadas, la idea clásica del ciudadano como un hombre armado, la idea republicana de virtud como la entrega de los ciudadanos al bien común, y la experiencia de Inglaterra de confiar en el desarrollo de instituciones espontáneas, surgidas de la colaboración de los propios ciudadanos más que del diseño o la imposición política. Formaban parte de las milicias sobre todo los padres de familia.

No debería hacer falta señalar que el origen del derecho en las colonias que luego se unieron para crear los Estados Unidos está en el derecho inglés. Es más, la misma Declaración de Independencia se redacta desde los presupuestos de los derechos de los ingleses. El autor más citado en las colonias y en los albores del nuevo país, por delante de Montesquieu y de todos los demás, es William Blackstone. En sus Comentarios sobre el derecho inglés Blackstone defendía la milicia como una institución natural, necesaria para la defensa de los ciudadanos y para evitar que tuviesen que recurrir a un Ejército permanente. También observó el jurista la relación entre la milicia (es decir, el pueblo armado), y el mantenimiento de los derechos constitucionales.

De hecho, este es el principal motivo por el que la defensa del derecho a poseer armas ocupa nada menos que el segundo lugar en la lista de diez enmiendas a la Constitución que forman la Declaración de derechos de aquel país. Vámonos a la Declaración de derechos de Virginia, anterior por supuesto a la de la Constitución, para captar el sentido de la segunda enmienda: “Que el pueblo tiene derecho a tener y portar armas; que una milicia bien regulada, compuesta por el cuerpo del pueblo entrenado en el uso de armas, es la defensa apropiada, natural y segura en un Estado libre. Que los Ejércitos permanentes en tiempo de paz son peligrosos para la libertad y por tanto deberían evitarse, en la medida en que las circunstancias y la protección de la comunidad lo admitan; y que en todos los casos el Ejército ha de estar bajo una subordinación estricta del poder civil, y estar sometido a ella”.

Si hacemos un repaso por las declaraciones de derechos de otros Estados, nos encontramos con lo mismo. Delaware: “18. Una milicia bien regulada es la defensa apropiada y natural de un gobierno libre. 19. Los Ejércitos permanentes son peligrosos para la libertad, y no deberían crearse o mantenerse sin el consenso de la legislatura”. Nueva Hampshire: “2. Todos los hombres tienen ciertos derechos naturales, efectivos e inherentes; entre los cuales están el derecho y la defensa de la vida y la libertad, la adquisición, posesión y protección de la propiedad y, en una palabra, la búsqueda y la obtención de la felicidad. 24. Una milicia bien regulada es la defensa apropiada, natural y segura de un Estado. 25. Los Ejércitos permanentes son peligrosos para la libertad, y no deberían crearse o mantenerse sin el consenso de la legislatura”. Massachusetts: “1. Todos los hombres nacen libres e iguales, y tienen ciertos derechos naturales, entre los cuales se podría reconocer el derecho y la defensa de la vida y la libertad, el de la adquisición, posesión y protección de la propiedad; en fin, la de buscar o lograr su seguridad y felicidad. 17. El pueblo tiene derecho a tener y portar armas para la defensa común. Y como, en tiempos de paz, los Ejércitos son peligrosos para la libertad, no deberían mantenerse sin el consentimiento de los parlamentos; y que el poder militar siempre estará en exacta subordinación a la autoridad civil, y estará gobernado por ella”.

El papel de la milicia es claro. La referencia a que esté “bien regulada” se refiere a la necesidad de que los ciudadanos cuenten con suficientes armas y estén bien entrenados en su uso. Los debates en torno a la Constitución de los Estados Unidos giraron en gran medida sobre la necesidad de crear un Estado permanente. Y los federalistas citaban la experiencia de la Guerra de la Independencia como ejemplo de que no se podía confiar del todo en la milicia, es decir, en la autodefensa por parte del pueblo, y que por tanto algún Ejército sería necesario mantener, incluso en época de paz. Para evitar que ese Ejército tuviese mucho tamaño, si es que era necesario que existiese (Hamilton, el archifederalista, propuso un Ejército de sólo 3.000 hombres), era necesario que la milicia estuviese bien regulada, y en consecuencia que no se limitase el derecho a poseer armas, o a portarlas.

El imprescindible derecho a no declarar

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Entre las muchas tonterías que se han dicho sobre el accidente de tren de Santiago, mi favorita es aquella que viene a decir que el hecho de que el maquinista se negara a declarar ante la policía, una vez imputado, era un signo claro de culpabilidad e intención de no colaborar con las autoridades. Hasta hubo algún entusiasta que propuso negar ese derecho en casos tan graves como éste.

Lo malo de la forma de pensar de la masa es que solo se fija en las consecuencias inmediatas de las acciones que propone, y nunca se para a pensar en los efectos secundarios que provocarían en el caso de que alguien les hiciera caso.

Y es que el derecho a no declarar cuando la policía o un juez deciden imputarte un delito es uno de los más fundamentales de los pocos derechos reales que tenemos.

Esto es así por una razón muy sencilla: cuando la policía decide imputarte un delito es que han decido, unilateralmente, que tú vas a ser la solución al problema abierto que quieren cerrar. Con un juez de instrucción pasa tres cuartos de lo mismo, aunque con algo más de garantías, no muchas, de que se están respetando tus derechos y no colocándote un muerto al tuntún.

Ya sé que ahora los amantes del gremio policial me dirán que estoy exagerando y que la policía es un garante de nuestros derechos y tal. La realidad es que a la gente se le debe juzgar individualmente, no por gremios, y en un cuerpo con docenas de miles de miembros hay de todo, incluidos los patanes que acusan al que pasa por la calle en el momento menos oportuno, los que quieren hacer mérito ante el jefe, y los que ajustan cuentas personales, o políticas, valiéndose de la placa.

Por desgracia la imagen que se da del trabajo policial no sólo no advierte de estos riesgos, sino que hasta se ve con buenos ojos que los policías utilicen ciertos vacíos legales para "hacer justicia". Ejemplo de ello las numerosas series televisivas donde el poli de turno engaña al acusado para que confiese antes de que llegue su abogado o le retiene con cualquier excusa hasta que le puede acusar de lo que quieren. Por desgracia los policías reales no tienen el don de la clarividencia y si pudieran usar estos trucos cometerían bastantes injusticias, que a diferencia de los delitos que persiguen, serían cometidas utilizando el monopolio de la violencia del que disfrutan, y financiado por el dinero de sus potenciales víctimas.

Así que la próxima vez que el malo de turno se niegue a declarar ante la policía, no solo no nos deberíamos indignar, sino que deberíamos estar satisfechos de que en este país aún se respete (veremos por cuánto tiempo) que un individuo, por muy malo que sea lo que presuntamente ha hecho, no es pisoteado por los poderosos, y puede tener la oportunidad de defenderse sin que le pasen por encima por el simple hecho de estar en posición de ser pasado por encima. Porque de esas cosas, y solo de esas, depende la libertad de todos nosotros.

Identidades

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Leo un reportaje en El Mundo acerca de la comunidad sij en Afganistán. El mandato de Hamid Karzai, dicen los propios protagonistas, supone para ellos una auténtica tortura cultural, una verdadera persecución de usos, costumbres e identidades sagradas en un proceso de uniformización islamista que los arrasa. Los años de gobierno bajo protectorado de la OTAN han sido los de la desaparición de su estatus de comunidad reconocida y, aunque marcada, pues debían llevar un brazalete distintivo, ellos se sentían aceptados en su fe y respetados en sus comercios. Hoy, siguen diciendo, no se les permite ni siquiera quemar a sus muertos como prescriben sus creencias y sufren presiones para que se islamicen. Incluso su condición identitaria es motivo para que ya no se acerquen a sus mostradores a comprar las mercancías que ofrecen.

Lo curioso del tema es que el islamismo uniformador es un rasgo no tanto de la época talibán, que es cuando los sijs estaban muy bien considerados, como del actual islamismo bajo mandato de Karzai, protegido de Occidente. Lo cierto es que poco, muy poco sabemos por estos pagos de gestionar sociedades donde las identidades tribales y tribal-religiosas son las determinantes. Cierto es que Occidente no fue a Afganistán a llevar la libertad de pensamiento y culto que los talibanes impedían. Incluso, como muestra el caso de los sijs, algunas excepciones de tales integristas son laminadas por el no tan nuevo modo de imponerse a la población. Occidente fue allí porque consideró que tenía que protegerse de una amenaza y porque daba un paso estratégico de cara al control de Asia Central, importante para la competencia en esa zona con los bloques hegemónicos ruso y chino.

El hecho de que los occidentales hayan dejado en manos autóctonas el gobierno en Afganistán y olvidado aquel objetivo neoconservador, tan civilizador, de liberar a las mujeres del uso del burka, revela que el modelo que concibe la sociedad enfatizando al individuo, es decir, el modelo occidental, es algo muy alejado aún de las vidas cotidianas de la mayor parte del mundo. Incluso en sociedades donde el capitalismo, por suerte, avanza, la mentalidad que asigna derechos y responsabilidades a los individuos y no a los grupos sigue anclada en el pasado. Cuenta Huntington en su famoso "Choque de civilizaciones" que los éxitos del capitalismo libre de Singapur son producidos, según los mandatarios de esa ciudad-estado, por el espíritu confuciano de extremo oriente, algo así como debidos al "genio asiático" y no al incentivo que hay en toda libertad cultural para desarrollar talentos y empresas.

Parece que será difícil desembarazarse de las identidades colectivas, puede que, incluso, nuestro pregonado individualismo no sea, paradójicamente, más que una identidad colectiva de las muchas que se presentan. Puede, igualmente suceder que se pierdan nuestros adorables tics individualistas. Al menos nos queda la esperanza de saber, parafraseando a Maquiavelo, que quienes vivieron en libertad, de muy mal gusto y no sin notables resistencias, vuelven a la tiranía.