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Sí a los desahucios

Imagínese por un momento que usted es propietario de una vivienda. Tras largos años de duro trabajo, en los que se privó de lujos y excesos con el objetivo de ahorrar lo suficiente para afrontar religiosamente el pago de su hipoteca, decide ponerla en alquiler para obtener una renta mensual con la que completar su salario. Finalmente alquila su piso… con tal mala suerte que su inquilino pierde su empleo y deja de pagar. La cuestión es que usted no podrá expulsarlo y, por tanto, recuperar su propiedad de forma legítima, porque se trata de un "deudor de buena fe" con dificultades económicas "sobrevenidas", según los argumentos que emplean los defensores de la paralización de los desahucios y la aplicación de la dación en pago retroactiva.

Ahora imagínese que en lugar de haberse hipotecado para comprar un piso decidió ahorrar durante muchos años hasta hacerse con un depósito de 250.000 euros en una entidad financiera de dudosa solvencia. El Gobierno aprueba la paralización de todos los desahucios y la dación en pago retroactiva, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas, en contra de los dictados de la UE. Puesto que su entidad no es muy sólida, las pérdidas hipotecarias que le causa dicha medida acaban provocando su insolvencia y posterior quiebra al estilo chipriota (aplicando quitas en los depósitos no garantizados), tras el rechazo de Bruselas a salvar nuevamente a las entidades españolas. Usted, ahorrador, acaba perdiendo 100.000 euros para que algunos hipotecados puedan seguir viviendo en sus pisos sin necesidad de pagar, o bien le entreguen la llave al banco para saldar toda su deuda.

Por último, imagínese que es un simple contribuyente, ni propietario ni ahorrador, y que el Gobierno opta por inyectar más dinero público en las entidades financieras –con un nuevo préstamo de la UE o con más deuda pública– para evitar que los depositantes pierdan su dinero –y el PP más votos–. Usted, contribuyente, y sus hijos pagarán la factura con más impuestos presentes y futuros (deuda). Ésta y no otra es la verdad de la dación en pago y la paralización de desalojos que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de buena parte del arco parlamentario.

La famosa Iniciativa Legislativa Popular que está tramitando el Congreso perjudica de forma directa a la inmensa mayoría de los españoles, ya que tendría efectos desastrosos, en términos hipotecarios, financieros y económicos, sobre el conjunto del país. Lo trágico es que su contenido –la última muestra del triste qué hay de lo mío– ha cosechado el apoyo de la inmensa mayoría de la población y de la clase política, pese a que se sustenta en una retahíla de falacias y mentiras, como que los desahucios son un "drama social" o que la Ley Hipotecaria es "abusiva" e ilegal".

Por otro lado, los embargos hipotecarios no sólo no son condenables, sino que, muy al contrario, resultan imprescindibles para garantizar la propiedad privada y el estricto cumplimiento de la seguridad jurídica. No en vano el desalojo de una vivienda supone, simple y llanamente, la restitución de la propiedad a su legítimo dueño por incumplimiento de contrato. Y es que un hipotecado no es propietario pleno de su vivienda hasta que salda el crédito, ya que éste se concede sobre una garantía real, de modo que el impago supone en todo caso su ejecución (embargo). Por ello, precisamente, la dación en pago es una excepción, no la norma, en la mayoría de los países europeos, mientras que en Alemania, por ejemplo, donde la crisis se ve desde la barrera, se producen hasta 200 desahucios diarios.

La profunda irresponsabilidad y escasez de miras que ha mostrado el Gobierno del PP alineándose con la PAH, en mayor o menor grado, mediante la paralización temporal de desahucios, la creación de un fondo de alquiler social y la reforma de la Ley Hipotecaria está dando alas a los comunistas para ir mucho más allá: ahí están decretando incluso la "expropiación temporal" de inmuebles inmersos en un procedimiento de desahucio. El populismo hipotecario ya está aquí.

Gracias, Thatcher

"The single currency will be fatal to the poorer countries because it will devastate their inefficient economies”. Margaret Thatcher en 1990

A finales de los años 70, Gran Bretaña sufría de tres males que nos parecerán bastante familiares a los europeos de hoy: un desempleo desbocado, un sector público hipertrofiado y una política impositiva confiscatoria.

Margaret Thatcher tenía todas las cartas en su contra. Mujer, de clase humilde, y poco dispuesta a consensuar y aceptar lo que los estamentos le imponían. Pero llegó. Y su revolución ha cambiado el mundo. Para mejor.

Cuando Thatcher llegó al poder, la inflación superaba el 20%, el país estaba en manos del Fondo Monetario Internacional, al borde de la quiebra, y secuestrado económicamente por sectores clientelistas, no sólo los sindicatos, sino también una clase empresarial extremadamente dependiente del Estado. Socialismo con oligarcas excluyentes. ¿Les suena?

El Reino Unido era “el enfermo de Europa” (the sickman of Europe), según el Banco de Inglaterra. Las recetas de los Gobiernos eran siempre las mismas. Subir los impuestos, mantener el Estado asistencialista y “estimular la demanda” desde el gasto. Para subir los impuestos de nuevo, al fracasar.

Cuando Margaret Thatcher fue expulsada del poder en 1990, dejaba un país que volvía a ser líder mundial, una economía sólida, dinámica, con reguladores independientes, donde el estado es servicio, no desincentivador de inversiones y procurador de favores, y donde las palabras empresario y éxito no son insultos. Un país donde crear una empresa se hace en un día por el coste de dos happy meals, donde se crearon pymes que hoy son líderes globales. ¿Una economía perfecta donde todo es de color rosa? No, para nada. Pero olvidamos de dónde venía.

Mucho se ha hablado de los sindicatos en los 70 y su poder (“té y sándwiches en Downing Street”, les llamaban), pero no de su impacto económico. Las huelgas constantes en el Reino Unido de mediados de los setenta creaban un impacto económico doble: recesión y rechazo del capital inversor a poner dinero en el país. Invertir en Inglaterra era garantía de confiscación por impuestos. ¿Les suena?

Hay cosas que el Gobierno de Thatcher hizo que hoy ignoramos porque lo que existía antes nos parece simplemente inimaginable. Control de capitales. Sí, el Reino Unido mantenía controles de cambio y de capitales desde los años 40. Hoy, la libre circulación de capital nos parece normal y lógica. Eso lo cambió Thatcher en dos meses.

Unos impuestos que llegaban al 83% de la renta en ciertos tramos. ¿Recuerdan aquellos discos que grabaron los Rolling Stones o The Who en países exóticos durante los setenta? No era para viajar y conocer mundo. Era para escapar del fisco. El Reino Unido era un infierno fiscal. ¿Les suena?

Austeridad, bajada de impuestos e inversores

Thatcher hizo lo que se suponía imposible: austeridad, bajar impuestos y atraer capital. Y cambió un infierno fiscal, trampa para el capital que se había gestado durante décadas, en pocos años.

Siempre dicen que su mandato tuvo dos recesiones, y es cierto, pero nadie dice cuánto se tardó en salir de las mismas. La mitad de tiempo que en sus países comparables de Europa. Porque siempre que hablamos de la era Thatcher olvidamos lo que ocurría a nuestro alrededor.

Los críticos hablan del aumento de la desigualdad en el Reino Unido durante su gestión. De nuevo, olvidando de dónde salía el país. Y la base de la que partía.

Los salarios básicos aumentaron muy por encima de la inflación, la renta disponible y su riqueza crecieron para las clases más desfavorecidas. Durante el mandato de Thatcher, el porcentaje de mujeres que trabajaban creció un doble dígito, pero además las mujeres empresarias se multiplicaron. Se hizo un país donde la gente sabía que si se esforzaba y ponía empeño, ganaría ¿Igualdad? No, libertad. Y los ciudadanos lo valoran. La inmigración que viene a este país sabe que puede prosperar y crecer. Claro que puede fallar. Pero también, curiosamente, valoran el sistema de asistencia social.

La privatización de empresas públicas al borde de la quiebra fue otro de los pilares de la política económica de la era Thatcher. Pero la privatización era más que una manera de recuperar control sobre el déficit y reducir deuda, de mejorar la gestión. Lo realmente importante, y que también ignoramos porque lo damos por hecho, es que con Thatcher se introdujeron reguladores realmente independientes, no un brazo más de un Estado clientelista, sino unos reguladores que garantizan que las reglas de mercado son a la vez justas y transparentes.

Olvidar la base de la que partió es parte del injusto análisis que se hace a la época de Thatcher. La esperanza de vida aumentó en casi tres años entre 1980 y 1990, más que en la media de la OCDE. Curiosamente, fue la privatización de muchos servicios no esenciales la que permitió enfocarse en mejorar una seguridad social que era un auténtico desastre. ¿Era una maravilla en 1990? No. Ni hoy. Pero, de nuevo, no podemos olvidar de dónde se partía.

Ignoramos también lo que es la inflación, el impuesto silencioso, y su efecto devastador sobre la economía. En 1979 se daba por hecha, como algo “inevitable”. Bajar la inflación de un 21% al 12% fue un auténtico éxito que no se puede achacar solo al petróleo del mar del Norte, como hacen algunos. Además, dicho petróleo comienza a ser una inversión atractiva cuando los Gobiernos de Thatcher empiezan a comprender la importancia de atraer capital.

Y es ahí donde Margaret Thatcher fue, y es, un éxito rotundo. De ser un país de bajo atractivo para el inversor, el Reino Unido pasó a ser uno de los países con mayor balanza financiera positiva. Entender las dificultades de la economía y trabajar con ellas, hacer de los errores oportunidades y dejar que los sectores pujantes florezcan fue también un cambio histórico. No entorpecer, no intervenir, no usar paternalismo económico que usted paga con más impuestos. Claro que la City ha sido esencial. Pero ya existía. Thatcher contribuyó a su desarrollo como motor económico global. Hoy la City de Londres provee al país de más ingresos por impuestos que Escocia

Coto a la casta política

Thatcher no redujo el gasto público en sus primeros años. Pero lo contuvo de manera ejemplar y luego lo redujo. Su austeridad fue atacar el gasto político, las subvenciones, los enormes costes de un Estado hipertrofiado. En el Reino Unido, uno no ve políticos con veinte asesores, chóferes, mayordomos y sequitos. Cortó muchas cabezas de muy altos cargos.

Otro de los éxitos de Thatcher fue cambiar esa casta. Hoy es primera página, dimisión y escarnio público cuando un político gasta 200 libras en cursos injustificados.

Por supuesto, donde Thatcher tuvo una absoluta clarividencia fue en rechazar la moneda única y los avances intervencionistas de Europa. Hoy nos parece normal, y hasta típico inglés, pero en aquella época la Dama de Hierro tuvo que luchar encarnizadamente contra su propio partido y la oposición para defender la libra, la independencia económica y resistirse a ser engullida por una construcción europea que ya apuntaba maneras de planificación centralizada casi-soviética.

Yo llevo muchos años viviendo en Inglaterra. La figura de Thatcher sigue generando controversia y opiniones dispares. Como todos los grandes líderes. Cometió errores, claro. Muchos. Pero, en mi opinión como observador externo, el mayor legado de la Dama de Hierro es que hoy, en este país, casi nadie, sea laborista, liberal, conservador o independiente, defiende el intervencionismo que asolaba el país en los setenta. Porque los votantes saben que no funciona. Porque nadie quiere volver a aquella Inglaterra desolada. Los principios de libertad económica, de apertura y de mercado son ya parte del ADN de un país que hace pocas décadas era un erial estatista.

No, Margaret Thatcher no era perfecta. Ni aplicó todo lo que defendía. No pudo. Pero por muchos errores que cometiera, y muchas críticas, algunas merecidas, hay mucho que los ciudadanos del Reino Unido y del mundo le debemos. Defender la libertad, el esfuerzo, ser un ejemplo de cómo se puede llegar lejos sin contar con privilegios. Haber sacado a su país del destino de ser el “enfermo de Europa”.

Siempre que voy a España me dicen que los principios de austeridad, apertura y libre mercado no se pueden aplicar porque “somos así”. El Reino Unido era “así”. Gracias a Margaret Thatcher, probablemente nunca más lo será.

Descanse en paz. 

Subirán los impuestos, le bajarán el sueldo

Dice el refrán popular que, cuando alguien te engañe, la primera vez será culpa suya, la segunda, tuya. Es el caso del Gobierno, que ya nos ha engañado una vez, y cree que puede hacerlo una segunda sin que nos enteremos. Ni voy a subir a subir los impuestos ni voy a bajar (de nuevo) el sueldo a los funcionarios, decía Montoro la mañana del viernes delante de los mandamases de un sindicato. Eso, traducido del montorés de Hacienda al castellano de Castilla significa que nos va dar un arreón de narices para luego bajar convenientemente el sueldo a los funcionarios y a todo aquel que se encuentre por delante. Todo sea por mantener el poder adquisitivo de los altos funcionarios nivel 29 a la que él y buena parte de su Gobierno pertenece. Todavía hay clases.

A estas alturas cualquier cosa que diga el Gobierno hay que cogerla con pinzas, es lo sensato, lo razonable, lo propio de gente normal que no va con el carné del partido en la boca. Mintieron con los impuestos, mintieron con el endeudamiento, mintieron con el déficit, mintieron con los recortes presupuestarios…y, lo que es peor, siguen mintiendo a día de hoy, cuando ya se les ha visto el farol. Y no sólo los españoles prudentes, sino la propia Unión Europea, que esta misma semana le metió una pedrada al estanque nacional al anunciar que no se cree que España pueda ajustar el déficit en 2013. Por ajustar hay que entender dejarlo en el 4,5%, un descuadre colosal que, sólo por la machaconería de los políticos, nos parecería un éxito en el caso poco probable de que el Gobierno lo consiga.

Pruebe usted a gastar sistemáticamente más de lo que ingresa, aunque sólo sea un 4,5%, y ya verá donde termina. El Estado, es decir, Montoro, puede hacerlo y, como puede, lo hace siempre. A pesar de ello, tal es el desastre y tan desastrosos sus gestores, que ni siquiera son capaces de alcanzar esa cifra. No cabe otra posibilidad, Montoro no es más que el ingeniero jefe de una máquina de quemar dinero de los demás que ni se ha parado ni tiene visos de hacerlo, al menos mientras los acreedores aguanten.

La poca o nula credibilidad del Gobierno no se la otorga a la oposición. Y no, no hablo del PSOE, un partido devastado por los errores del pasado que no termina de purgar, sino de los sindicatos. Estos años de crisis y desempleo deberían haberse convertido en su edad de oro, pero no los están aprovechando. Básicamente porque dejamos de creer en los sindicatos hace mucho más tiempo del que dejamos de creer en los Reyes Magos. El parado no se siente representado por ellos, pero el trabajador tampoco. 35 años después se ha visto la verdadera naturaleza de las así llamadas “centrales sindicales”, prolongación natural del Sindicato Vertical franquista cuyo único objetivo era y es mantenerse a sí mismo. La reelección a la búlgara de Cándido Méndez es quizá el símbolo de esta calcificación de unos sindicatos que no viven de las cuotas de sus afiliados, sino al modo parasitario gracias a una red de financiación muy bien engrasada… y perfectamente legal.

Bitcoin (I)

El dinero es el bien más líquido o de valor más invariante o estable en una economía, y cumple tres funciones: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta; estas tres funciones pueden ser más o menos separables o realizables con otros bienes sustitutos o complementarios. Para cumplir estas funciones el bien concreto que se utiliza como dinero debe tener ciertas características: persistente, fácil de almacenar y transportar (valor denso), divisible, homogéneo, reconocible, difícil de falsificar.

El dinero como institución es un patrón repetitivo de conducta interpersonal, un modo de interacción pautada que sirve como referencia estable compartida y que permite la coordinación social: los individuos usan dinero porque saben que los demás también lo hacen. La principal utilidad y fuente de valor de dinero es un intangible cognitivo colectivo: el hecho de que esté de la misma forma en las mentes de todos los miembros de una comunidad (como el lenguaje y el auténtico derecho).

Bitcoin es un sistema informático distribuido a nivel global, protegido por técnicas de criptografía, que representa un sistema monetario y de pagos. Es una base de datos descentralizada que incluye una moneda digital virtual, cuentas de usuario, y mecanismos integrados de producción y transferencia del dinero para realizar pagos y cobros. Funciona sobre ordenadores (o equivalentes como teléfonos inteligentes) conectados a Internet, con un código abierto gratuito (sin costes por patentes ni derechos de propiedad intelectual), y protocolos entre iguales (es una red en la cual en principio todos los nodos son equivalentes, sin jerarquías). El hecho de que el código sea abierto o público permite comprobar sus características: no tiene trampas o puertas de atrás, y no es ninguna estafa (un fraude piramidal). Los cambios del protocolo y el sistema sólo son posibles con el acuerdo generalizado de la comunidad de usuarios, no es algo manipulable por unos pocos.

Cada usuario tiene un monedero, bolsillo o cartera personal (o varios, si lo desea) que guarda su dinero y permite su utilización segura mediante potente criptografía de clave pública y privada (también hay empresas especializadas que ofrecen servicios de monedero a sus clientes). La clave pública es un identificador (como el nombre o dirección de usuario, pero cada monedero puede y suele tener varias), y debe ser conocida por su dueño y por quienes quieran enviar dinero a esa cuenta o dirección. La clave privada es la contraseña o clave secreta de acceso que sirve para el control exclusivo de cada dirección al firmar las transacciones. Una transacción es un envío o transferencia de valor entre dos direcciones. Los bitcoins pueden presentarse también en forma física como monedas o billetes que contienen una clave privada protegida por un sello.

Existe el riesgo de perder u olvidar las claves privadas (fallo informático, avería de la memoria donde esté almacenada), lo que implicaría en la práctica no poder acceder nunca más al dinero (como si dejara de existir); también existe el peligro de que otra persona la averigüe de algún modo (ataques informáticos, robos), lo que le daría la posibilidad de transferir los fondos a su propia cuenta. Es conveniente hacer copias de seguridad de la información (lo que no significa multiplicar la cantidad de dinero), y protegerla de accesos no deseados, ya que en este sistema cada cual es responsable de sus propios errores y descuidos, no hay nadie hay quien reclamar o denunciar. Los bitcoins también pueden desaparecer si se envían a direcciones inventadas inaccesibles.

Bitcoin no tiene ningún emisor central de dinero. Las unidades monetarias se producen o crean a una velocidad decreciente (ajustando de forma automática la dificultad de la tarea necesaria y reduciendo su recompensa) hasta alcanzar un tope máximo de 21 millones. Cada unidad es divisible en cien millones (ocho decimales, ampliable en el futuro si fuera necesario), y todas son homogéneas y fungibles. Debido al diseño lógico del sistema, es imposible falsificar bitcoins.

Se asignan inicialmente a los mineros que prestan servicios informáticos de gestión, seguridad y auditoría de la red: la minería es una función abierta (cualquiera puede ser minero) y altamente competitiva; implica asumir costes reales (procesadores, electricidad, comunicaciones), utilizar potencia de cálculo de forma muy eficiente para, mediante tareas matemáticas predefinidas (prueba de trabajo), recolectar y agrupar información de transacciones en bloques, confirmar su validez e integridad (que no haya conflictos, incoherencias o doble gasto), y actualizar la estructura de datos (la cadena de bloques) distribuida por toda la red.

Las transacciones se verifican y almacenan en el registro público compartido de forma segura porque, una vez comprobadas, su alteración deshonesta se vuelve progresivamente más difícil: para modificar un bloque hay que recalcular todos los siguientes; es imposible cambiar las transacciones comprobadas sin realizar más trabajo de cálculo que todo el resto de la red de forma conjunta. Cuanto más extendida está la red y más potencia de cálculo tiene, más difíciles son los ataques: el sistema está diseñado para que los ataques sean muy difíciles y no merezcan la pena porque protegerlo resulta más rentable. Es posible robar a usuarios o empresas individuales sin la seguridad adecuada, pero no destruir el sistema.

Un poder adquisitivo creciente de los bitcoins puede compensar el hecho de que los requisitos para su creación aumenten y la recompensa tienda a reducirse. Cuando se alcance el número máximo de bitcoins las verificaciones de las transacciones se realizarán a cambio de tarifas libres por su realización prioritaria (algo ya posible para acelerar las comprobaciones, pero potencialmente problemático en el futuro).

Es posible recibir bitcoins en una transferencia de otro usuario de la red a cambio de bienes, servicios u otras monedas (o como un regalo), de forma directa entre particulares o a través de mercados organizados o empresas especializadas. Los envíos de dinero son irreversibles, y no hay ningún organismo que regule y vigile a los participantes en el sistema, así que conviene tener cuidado en las transacciones con desconocidos porque podrían ser estafadores y no realizar la entrega de bienes acordada (o al revés, que se entreguen los bienes pero no se paguen). Ya existen sistemas de evaluación de la reputación de los usuarios de bitcoin.

Bitcoin no es moneda de curso legal: no depende de ninguna jurisdicción soberana ni se impone su uso o aceptación a nadie. Los bitcoins no son deuda definida en términos de otras entidades: no están respaldados por ningún activo, no dan derecho a exigir nada, no son pasivos de nadie; en este aspecto son como el oro (cuando se le permitía ser dinero), y no como los billetes o depósitos bancarios.

Bitcoin no tiene ninguna autoridad central monopolista productora, reguladora, controladora o supervisora en la cual los agentes deban confiar y de la cual dependan para su buen funcionamiento, lo que no es ningún fallo sino una virtud. No hay ningún riesgo de contrapartida en este sentido: no hay ningún banco central que tome medidas discrecionales sobre la cantidad de dinero, ni tampoco intermediarios como bancos que gestionan cuentas de clientes, o almacenes o transportistas de dinero, que pueden tener averías, cometer fraude, ser robados, o sus cuentas y fondos bloqueados o confiscados por el gobierno. Su estructura en red de iguales, sin puntos de fallo único cuyo mal funcionamiento dañe a todo el sistema, y sus procesos de modificación y verificación mediante consenso distribuido (por mayoría de capacidad de cómputo), lo hacen muy robusto ante fallos técnicos y de confianza.

La relación entre bitcoin y la privacidad financiera es compleja y problemática. El anonimato es potencial pero no está garantizado. El historial de todas las transacciones queda guardado permanentemente en el registro de datos y es accesible de forma pública. El sistema es anónimo porque el usuario no necesita proporcionar ningún tipo de información personal: su clave pública es una larga cadena alfanumérica (con letras y números); pero el anonimato puede perderse si esta información se divulga de algún modo (intencionalmente, como al ligarlo a una cuenta bancaria o a algún pago concreto, o por algún descuido), o mediante análisis estadísticos de la estructura y las operaciones de la red.

El hecho de que los bitcoins sean abstracciones inmateriales no hace que su valor fundamental sea nulo: que no tengan valor de uso es poco relevante si se trata de una institución sólida. Los bitcoins son valiosos y su precio no es cero porque son útiles y escasos aunque sean virtuales: otros objetos en mundos virtuales o juegos de rol en Internet también tienen precio positivo. Su comunidad de usuarios tiene un núcleo original probablemente muy fiel y comprometido, constituido por activistas tecnófilos expertos, usuarios de informática interesados en códigos abiertos y redes entre iguales, y liberales opuestos a la coacción estatal. Conforme su número de usuarios crezca bitcoin será progresivamente más valioso.

La violencia de los pacíficos

El “escrache” se ha puesto de moda. Este anglicismo que tomó significado en Argentina hace referencia al acoso al que se ven sometidos los políticos en sus actividades diarias y cotidianas por grupos de ciudadanos, más o menos organizados, que pretenden con ello reivindicar algún derecho o algún servicio que consideran esencial, haciendo difícil, si no imposible, la vida del acosado, y en algunos casos, de sus familiares y amigos. La diferencia con otro tipo de acoso es que éste pretende ser pacífico, o al menos, todo lo pacífico que entienden los acosadores.

El pacifismo o la no-violencia, como a algunos les gusta llamarlo, ha sido y es una virtud reivindicada por la izquierda, sobre todo en Occidente. Desde que Ghandi puso de moda el concepto en La India bajo mandato británico (pacifismo siempre apoyado por la violencia de Nehru y sin la cual, la independencia se habría dado en otras circunstancias), el pacifismo es una virtud que se nos cuela hasta en la sopa a las primeras de cambio y que, a poco que investiguemos o simplemente observemos, no se corresponde con los hechos.

Porque eso de pacífico es muy relativo y mutable. Cuando Orwell introdujo la “neolengua” en su obra cumbre 1984, sólo estaba plasmando que la izquierda tiende a redefinir continuamente los conceptos, de forma que siempre se adapten a las circunstancias y los objetivos del sistema o de la política que el Gobierno desarrolle en ese momento. Así, no fue sorprendente que bajar los impuestos fuera de izquierdas, como nos dijo Zapatero en un momento brillante de su legislatura, por mucho que el sistema que defendía estuviera basado en la supremacía del Estado, que requiere más y más recursos ciudadanos para sobrevivir. Claro, que tampoco sorprende que subir los impuestos sea cosa del PP, y es que, como dijo Hayek, hay socialistas en todos los partidos.

El pacifismo es, por tanto, susceptible de mutación si las circunstancias lo requieren, tanto como achacar al enemigo todos aquellos vicios de los que adolecen. Así, algunas manifestaciones pacíficas que convocan las organizaciones de izquierdas terminan en altercados de orden público, con coches quemados, escaparates rotos, saqueos y heridos, incidentes todos ellos que se achacan a infiltrados de la Policía o a personas que nada tienen que ver con los que la organizan, elementos subversivos que pretenden dar mala imagen de movimientos tan nobles y solidarios.

La “okupación” de cualquier inmueble es un acto pacífico, aunque al dueño le pueda hacer maldita la gracia ver cómo su casa o su finca se convierten, con el uso de los “okupas”, en una especie de estercolero. El saqueo de un supermercado o unos grandes almacenes es un acto de justicia social, ya que lo saqueado termina, según la propaganda oficial, en manos de los necesitados, necesitados en algunos casos de jamón de Jabugo o de caviar ruso. Los gritos que interrumpen o impiden una conferencia o un discurso se convierten, como por arte de magia, en una reivindicación o incluso un acto de libre expresión que es vilmente reprimido por los organizadores de los actos. Todo se nos muestra como actos pacíficos, justificados por las circunstancias y por una moral algo retorcida.

Nada nuevo bajo el sol, como diría el clásico, porque estos episodios violentos son una evolución de los que se dieron en el siglo XIX, la época del anarquismo y de la revolución, una copia adaptada a los tiempos de los actos que protagonizaron los secuaces de Lenin, Trosky y Stalin durante la Revolución Rusa, los que perpetraron los fascistas de Mussolini o los nazis de Hitler, o las manifestaciones, pagadas por el dinero de la Unión Soviética e impregnadas de ese pacifismo tan controvertido, que terminaban en las bases de la OTAN en suelo europeo y que acababan siendo disueltas por los antidisturbios cuando intentaban ir más lejos de lo pactado con las autoridades. El totalitarismo siempre ha sabido usar la violencia adecuada, disfrazando el lobo con piel de cordero, algunas veces lechal, y aprovechar la ceguera del observador. Y no hay más ciego que el que no quiere ver.

Y es que este pacifismo sesgado, que sólo afecta a unos y no a otros, que debería ser sospechoso desde su nacimiento, tiene un éxito inusitado, según va avanzando la ideologización de la población a través de las herramientas que el Estado de Bienestar pone en manos de los lobbies de poder. Hoy es el “escrache”, ayer fueron las manifestaciones y las ocupaciones de lugares públicos durante varios meses, afectando de esta manera a viandantes y personas que tenían sus negocios en las calles y plazas afectadas. Parece que los derechos de éstos últimos no eran importantes frente a los derechos de los congregados. Y es normal, tener un negocio y sacar beneficios es propio de malvados capitalistas, de talibanes del libre mercado, de explotadores de los trabajadores, de rentistas y propietarios. Todos deben ser castigados, pero pacíficamente, que no se noten los moratones.

Tres características de la sociedad

Hemos tenido un mes de marzo donde ha llovido tres veces lo que es habitual, siendo el más lluvioso desde que existen registros. No deja de ser una anécdota estadística, pero también lo fue aquel año hidrológico 2004-2005 especialmente seco, y eso no nos libró de los augurios catastrofistas de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Al parecer, por aquel entonces nos encontrábamos a las puertas de una de las mayores sequías de la historia, agravada, por supuesto, por el terrible cambio climático. Ocho años después la sequía no ha terminado de llegar, y seguimos con nuestro acostumbrado clima de años secos, otros normales y alguno que otro húmedo.

Puede parecer que esto demuestra o deja de demostrar algo sobre el cambio climático o el catastrofismo ecologista en general, pero en realidad solo nos demuestra que los políticos mienten, y, lo que es más importante, que la gente solo les cree cuando sus mentiras concuerdan con sus prejuicios. Y por desgracia la tentación de creer que un fenómeno negativo es culpa de alguien, y que se puede solucionar perjudicando a ese alguien, es, hoy en día, demasiado irresistible para una parte de la sociedad.

La nueva moda entre los demagogos es hablar sobre el drama de los desahucios. Uno de los datos más repetidos es que en la actual crisis se han producido cerca de 400.000 desahucios. Por supuesto, una vez que se les replica con la cifra real de desahucios (25.000), la contrarréplica no se hace esperar: aunque sólo fuera uno, el drama sería igual de grave.

Lo cierto es que si fuera igual de grave no se manipularía dando cifras tan abultadas. Si lo hacen es porque saben que la única forma de tener impacto en la sociedad es convenciéndola de que cualquiera puede ser desahuciado o al menos vivir rodeado de desahuciados.

Es un comportamiento bastante curioso de personas que dicen ser defensoras de los débiles. Al parecer necesitan convencer al fuerte (la mayoría) de que está siendo atacado por el débil (la minoría) y por tanto, por medio del voto, aplastar al atacante pisoteando los pocos derechos que hasta ahora se les concedía.

Aunque no hay motivo para sorprenderse. Al fin y al cabo el famoso interés general se basa precisamente en eso. Así que de la misma forma que nadie protesta cuando se expropia un terreno para hacer una carretera, nadie lo hará cuando se expropie una casa para que el populacho esté tranquilo al acabar el telediario.

Fernando Díaz Villanueva, el que para mí es el mejor periodista del momento, cometió un pecado bastante grave el otro día: acusó a un socialista, en plena tertulia, de querer saldar su deuda con la sociedad con el dinero de los demás. O lo que es lo mismo: de querer quedarse con el dinero de los demás para satisfacer sus fines morales. Todo izquierdista quedó inmediatamente conmocionado y una buena parte del público de derechas consideró exagerada y excesivamente polémica tal acusación.

Lo cierto es que es algo tan obvio que a cualquier observador que no fuera de nuestra época le parecería asombrosa la reacción de los presentes. Para hacernos una idea es como si actualmente alguien se sorprendiera porque a un esclavista se le acusara de querer aprovecharse de otro ser humano para su propio beneficio.

Ahora vemos fácil decirle a un esclavista algo así, pero en la época en que los esclavistas formaban buena parte de la sociedad, y tenías que convivir con ellos, decir algo así te enfrentaba de forma directa y personal con demasiada gente. Y el conflicto no le gusta a casi nadie.

Por eso es tan necesario que exista gente como Fernando Díaz Villanueva. Razonar, dialogar y explicar es muy necesario, pero también es imprescindible que alguien empiece de decir la verdad tal cual es: los impuestos a la renta son un robo al que genera riqueza, el Estado de bienestar se basa en obligar a las personas a financiar unos servicios sin importar si desean hacerlo o no, y todo aquel que esté a favor de la llamada redistribución de la riqueza en realidad es una persona que quiere quitarle el dinero a la gente simple y llanamente porque la fuerza bruta de la mayoría se lo permite.

Al 90% de la sociedad le sonará fatal, y tacharán al que lo diga de radical, de sectario o hasta de loco las primeras mil veces que ose decirlo. Pero de la misma forma que la sociedad se acostumbra a la mentira, se puede acostumbrar a la verdad. Para ello sólo se necesita, nada más y nada menos, que repetir la verdad tantas veces como se repita la mentira.

Distorsión y depredación

Muy interesante, si bien triste, el Estudio Internacional Values and Worldviews, publicado por la Fundación BBVA, y brillante el análisis que de él ha hecho Domingo Soriano. Y es que si el Estado distorsiona siempre, a los habitantes del sur de Europa, y manifiestamente a los españoles, nos desorienta aún más.

La preferencia temporal de los ciudadanos es la primera víctima del crecimiento estatal cuya presencia omnipotente induce a exponer recursos públicos ante aquellos, que se excitan por la posibilidad de una captura inmediata. Queremos bienes y servicios rápidamente, y el único mérito que pretendemos atribuirnos es el de gritar y acosar para obtenerlos. En un argot decimonónico, reactivado en el tardofranquismo y nunca desaparecido en democracia, la lucha callejera, desaforada y acosadora, guarda en sí el germen de la validez. "Merezco algo gratis porque lloro, porque insulto, porque envidio, porque sufro". Protestar puede ser la reacción obligada ante un derecho legítimo pisoteado o, por el contrario, constituir la expresión del más primitivo instinto depredador. Mediante lo primero se reclama lo ganado; por lo segundo se accede a lo inmerecido. ¿Dónde podemos encontrar el criterio que nos ayude a distinguirlo?

La sabiduría empírica y racional de muchos individuos, pioneros que fueron imaginando pequeñas mejoras en las costumbres, y la difusión de estas bien por imitación, bien por respeto a la auctoritas o por cualquier otro mecanismo de influencia social, acabó decantando la mejor y más exitosa de aquellas: la propiedad privada. La solución ante bienes naturales cada vez más escasos es la apropiación particular extensa y dispersa de ellos. Creerse dueño de algo: una tierra, una vasija o una espada, objetos que se sentían como la prolongación de uno mismo, pudo suponer el comienzo intuitivo de una institución. Sea cual sea el cómo inicial del proceso, lo cierto es que, de percepciones subjetivas se fue pasando a un sistema de respeto de lo privativo y, con ello, a regular con objetividad los modos lícitos de apropiarse de un bien y a asegurar la inviolabilidad de lo que es legítimamente de uno. Nada hay de innato en la propiedad privada y nada de definitivo en su forma actual, pero tampoco existe algo más eficaz y justo a día de hoy. Por último, tampoco se atisba en el horizonte algún modelo social que lo vaya a sustituir.

Frente a ello se alza el pensamiento, místico en el fondo, racional en su ropaje y falsario en la intención, por el que quien no gana algo con su trabajo y talento o viola un contrato no engañoso, pretende obtener el premio. Este modo de enfocar el ineludible obstáculo de ganarse la vida es místico porque extrae de la nada el "derecho a", simuladamente racional porque cubre con términos cultos y globales su aspiración, y es, asimismo, malintencionado porque persigue, simplemente, regresar al estado salvaje de la apropiación coactiva.

La mujer que desasnó a los progres británicos

Con ser rigurosamente ciertos los méritos de Margaret Thatcher en la primacía de la ideas liberales y conservadoras de su tiempo –con seguridad el menos propicio para intentar esa hazaña–, el principal merecimiento que cabe conceder a la Dama de Hierro es haber contribuido decisivamente a desasnar a un par de generaciones de progres, y no sólo en las islas británicas. Thatcher hizo mucho por los partidos conservadores de todo el mundo, pero su influencia fue todavía mayor en la socialdemocracia británica, y por extensión también en la continental, a la que ayudó a despojarse de supersticiones principalmente en el terreno de la economía, convirtiéndola en una corriente ideológica medianamente civilizada.

Tony Blair debe más a Thatcher que a ninguna figura política del laborismo. Ella demostró fehacientemente el error fundamental del estatismo, que hasta ese momento pasaba por ser la única opción factible para dirigir el país, a pesar de sus terribles consecuencias para todos los ciudadanos. Si Blair introdujo nuevas medidas liberalizadoras de la economía, privatizó servicios estatales ineficientes y defendió la iniciativa empresarial, no fue desde luego por una suerte de iluminación repentina, sino porque Thatcher había mostrado que ese era el único camino para generar riqueza. Así se forjó la famosa Tercera Vía, que después sería imitada por el candidato Zapatero en España, por Schroeder en Alemania y, con sus particularidades, también por el francés Jospin en el país vecino. No es que los socialdemócratas europeos se volvieran de repente virtuosos. Es que si la economía no progresa adecuadamente no hay dinero público bastante para que los gobiernos de progreso financien sus chorradas. Argumento definitivo. Fin de la discusión.

En los años en que Thatcher dirigía el Reino Unido, aquí teníamos un gobierno socialista cuyo vicepresidente se marchó de España para no tener que saludar a Ronald Reagan en su primera visita oficial a nuestro país. Alfonso Guerra, actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, prefirió ese día ir a ver a Nicolás Ceaucescu, dictador comunista rumano, para evitar el encuentro con un señor que opinaba que los ciudadanos de los países marxistas también tenían derecho a vivir en libertad. Ese era el nivel de la izquierda en los ochenta del siglo pasado, que con la actual recesión, provocada por sus ocurrencias, no ha hecho más que empeorar: Si hoy viniera a España alguien como Reagan o Thatcher, le montaban una algarada en la misma base de Torrejón.

Por supuesto, España no es un caso especial. Ayer en la BBC, un amplio consenso entre los comentaristas invitados a la programación especial con motivo del fallecimiento de Thatcher dio por sentado que el mayor error de su gestión fue reducir el poder de los grandes sindicatos británicos, que ya hace falta ser cabestro. Lo cual demuestra que las vacunas liberales son muy provechosas, pero dejan de surtir efecto a partir de la tercera generación. En Londres igual que en Madrid. En todo caso, gracias Lady Thatcher por estas dos largas décadas de bendito mutismo progresista. Descanse en paz.

La presunción de un financiero. La arrogancia intelectual de Nassim Taleb

Todos los años, la revista mainstream The Economist publica una interesante edición analizando el año que entra. Cubre temas de la actualidad de muchos rincones del mundo, desde las economías más grandes a las más pequeñas, pasando por la política y la cultura, tocando la ciencia y tecnología. Asimismo, se efectúan análisis de empresas y sectores y abordan cuestiones financieras. Este número especial se mantiene a la venta durante varios meses, por lo que puede entenderse como un gran logro empresarial.

Desde una perspectiva de negocio, la revista es un éxito, introduciéndose en los nuevos medios de comunicación y cosechando beneficios como ninguna otra editorial tradicional. Desafortunadamente, el conocimiento de mercado que tan bien domina en sus prácticas empresariales es ignorado completamente en la gran mayoría de sus escritos. La edición actual, titulada The World in 2013, no es diferente. Las palabras del financiero Nassim N. Taleb que encontramos en sus páginas no deben pasar desapercibidas.

En libros y artículos anteriores, los ataques del Sr. Taleb a la Economía Matemática han sido duros y muy atinados (1), y así es como comienza su artículo en The Economist. Por desgracia, este buen arranque rápidamente se desvanece al venir seguido de soluciones normativas que entiende que deberían imponerse en el mercado financiero y en sus participantes. No afirma de manera tajante que el Gobierno deba imponer dichas normas, pero, una vez que opta por el empleo de términos como “to oblige (obligar)”, “Let’s ban (prohibamos)” o “should force (debería obligar)”, la mano coercitiva del Estado se convierte en la única alternativa.

Antes de dar cuenta de sus propuestas normativas, argumenta que éstas son prácticas y sólidas, y que las está seleccionando porque son a la vez sencillas y muy eficaces. Parece que el Sr. Taleb ahí se dejó llevar por la misma Pretensión del Conocimiento (2) que afecta a los financieros matemáticos que con tanta frecuencia son el foco de sus críticas.

En su propuesta inicial, escribe: “A una empresa que sea candidata a un rescate financiero por parte del gobierno no debería permitírsele pagar a sus empleados más de lo que gana un empleado público equivalente”. Está claro que esto no es algo práctico, sin complicaciones ni tampoco eficaz. ¿Quién haría la clasificación de las empresas que sean candidatas a los rescates? ¿Los Bancos Centrales? ¿Las agencias antimonopolio? ¿Cómo sería esta calificación? ¿Cómo se elegiría a los funcionarios públicos equivalentes?

En primer lugar, una solución simple, práctica, sencilla y muy eficaz sería no rescatar a nadie y a ninguna empresa. Esa es la única manera de que el dinero de los contribuyentes no sea utilizado en beneficio de burócratas y altos ejecutivos receptores de bonus, pero esa no parece ser una alternativa para el Sr. Taleb.

La expectativa de los rescates crea riesgos morales (moral hazards) que ningún conjunto de regulaciones futuras puede deshacer. No importa cuán estrictas y restrictivas sean las nuevas normas coactivas, al final, jamás serán tan eficientes como los controles naturales del mercado en una sociedad libre. Proveedores, acreedores, clientes, empleados y cualquier otra parte con intereses en la empresa realizarán sus evaluaciones de riesgo, condicionados por la ilusoria vía de escape que les ofrece la garantía de un rescate. Estructuras de incentivos que normalmente conducirían a que las partes interesadas no percibieran seguridad suficiente darán una falsa sensación de certeza que en realidad no existe.

Los empleados que buscan estabilidad laboral a largo plazo no se preocuparán por los riesgos asumidos por la empresa; al final, si la empresa quiebra, saben que siempre podrán contar con el Estado para que salve la compañía y sus puestos de trabajo. Los proveedores, al igual que los empleados, no van a tener la diligencia debida y se embarcarán con demasiada calma en arriesgados acuerdos comerciales que normalmente no establecerían. Los clientes, acreedores y cualquier otra parte involucrada en la firma también verán cómo sus elecciones se distorsionan por una visión turbia de la realidad y por las falsas garantías que surgen por la posible llegada de rescates. Por lo tanto, si los incentivos son ya terribles y desastrosos en una realidad sin listas oficiales de candidatos potenciales a ningún rescate, podemos esperar un aumento exponencial del riesgo moral habiendo una lista oficial pululando por ahí.

Le doy la razón al Sr. Taleb en que es escandaloso, ridículo y simplemente un error que los ejecutivos de las empresas que actualmente son propiedad del Estado ganen cuantiosas bonificaciones a costa de los contribuyentes norteamericanos. Pero sería aún peor ir tan lejos como pretende: tomar la decisión de crear de una lista de empresas candidatas a rescates y privarles de pagar a sus empleados de la forma que quieran.

Como resultado de dicha norma, todo se complica: el riesgo moral ya infligido al mercado por la existencia de los rescates aumenta considerablemente, se les da un enorme poder a los burócratas a cargo de las listas y se pone en jaque la libertad sin contemplaciones. En lugar de presentar una solución altamente eficaz, Nassim Nicholas Taleb propone algo muy destructivo.

La segunda de sus recomendaciones es la que más daño hace a la libertad individual. Quiere “obligar a quienes empiezan a ejercer como cargos públicos a comprometerse a no ganar nunca posteriormente en el sector privado más de una cuantía determinada; la diferencia debería ir a los contribuyentes”, y dice que esto “asegurará sinceridad en el servicio público, donde los empleados están supuestamente mal pagados porque existe una recompensa emocional por servir a la sociedad”. Leyendo estas líneas, uno podría tener la impresión de estar leyendo el manifiesto de un déspota. Para alguien que reconoce los límites de la econometría, no imponerse límites en su propia capacidad de decir cómo debe vivir la gente parece contradictorio.

¿No puede ver que con esa medida está básicamente dificultando que la gente abandone sus puestos de trabajo, o al menos a sus empleadores? ¿No puede ver que está yendo contra la libertad de los individuos de manera fuerte y voraz? ¿Cómo puede pensar que él tiene algún derecho a fijar un tope a los ingresos provenientes de los esfuerzos de otra persona?

Esta atroz recomendación no sólo destruye la libertad personal, sino que también es muy complicada de aplicar y resulta extremadamente ineficiente. ¿Quién estaría a cargo de vigilar e imponer esa regulación? ¿Cuánta gente tendría que estar trabajando para el gobierno en esta función? ¿Qué sectores e industrias serían vetados? ¿Qué pasa si un ex funcionario decide poner en marcha una empresa; esto sería legal? ¿Cualquier cargo público estaría sujeto a tales normas?

Con una regla práctica, sólida, sencilla y muy eficaz (según sus propias palabras), el Sr. Taleb aniquila la libertad, decide (por todos nosotros) que trabajar para el gobierno es moralmente superior a trabajar en el mercado libre, establece rígidas clases sociales y sienta las bases de un gobierno aún más grande y creciente.

Comparto las preocupaciones del Sr. Taleb con respecto a la estrecha relación entre las grandes empresas de los sectores altamente regulados y las agencias reguladoras en sí. Los ejecutivos están siempre cambiando de bando, ya sea en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector energético o en cualquier otro mercado que soporte una gran carga regulatoria. Esto sucede mucho: pasan de las agencias a las industrias o de las industrias a las agencias. Sí, es triste, y crea un buen número de problemas para la economía, pero el problema no es que algunos individuos jueguen de esa manera. El problema es que las agencias reguladoras existen y obligan a la gente a actuar de esa manera. Contrariamente al argumento de que esos organismos están ahí para fomentar la competencia y evitar el abuso contra los consumidores, las agencias reguladoras existen para ayudar a las grandes empresas a mantener su posición en el mercado, a luchar contra la futura competencia y a dificultar la aparición de nuevos participantes en el mercado (3).

Por lo tanto, la única solución aquí no es la propuesta por el Sr. Taleb, quien básicamente pretende hacer frente a los problemas de la regulación con más regulación, sino reducir y, en última instancia, poner fin a las agencias reguladoras.

El Sr. Taleb sigue atentando contra las libertades individuales con su tercera sugerencia. Pretende decir a los agentes cómo deben regir su negocio, y una vez más se equivoca. “Deberíamos obligar a los gestores de empresas a comerse parte de las pérdidas”, es su obvia solución para poner fin en el Problema del agente-principal.

Resumiendo, su punto de vista es que los gestores que tienen su patrimonio en juego son menos propensos a emprender estrategias arriesgadas, puesto que sus beneficios y pérdidas están en sintonía con los de los inversores. Sí, esto tiene sentido a primera vista y, hasta cierto punto, esto sucede también en el mercado (los gestores tienen su capital en juego en la compañía). Aunque parezca increíble, nos encontramos con muchos más gestores de fondos de inversiones libres (industria menos regulada) que hacen de esto una parte integral de su estrategia de venta a inversores potenciales que con bancos llevándolo a cabo (industria más regulada). Una vez más, el Sr. Taleb toma el camino equivocado, no al identificar el problema, sino en su intento de imponer regulaciones ridículas que no son ni prácticas ni sencillas.

Mientras ignora las diferencias fundamentales entre inversores y gestores (4), cierra los ojos ante muchos de los posibles resultados de su perversa recomendación. Dicha imposición puede excluir la posibilidad de que alguien tenga activos y gestione patrimonio algún día o, en el mejor de los casos, hacer que sea mucho más difícil. A muchos individuos capaces simplemente se les desplazaría del mercado, sin posibilidad de trabajar en determinadas funciones, condenados a operar al margen de la ley o en campos que no se ajustan a sus capacidades. ¿Y el impacto en el número de fondos de inversión, en la calidad de los productos y en la diversidad de estrategias que existen en el mercado? ¿En algún momento se le pasó esto por la cabeza? Me pregunto cómo el Sr. Taleb se ocupará de las consecuencias no deseadas que se derivan de sus recomendaciones. ¿Más regulación?

Sin duda, el problema del agente-principal existe, pero, en lugar de intentar poner fin a éste a través de la reglamentación que propone, sería mucho más fácil tratar de entender por qué surge generalmente en grupos de empresas de sectores demasiado regulados. Tal vez sería más inteligente, menos complicado y más eficaz eliminar las regulaciones (5) que se llevan por delante aquellos controles naturales del mercado que deberían actuar para atenuar estos conflictos de intereses.

Por último, el Sr. Taleb critica con dureza el Value-at-Risk (VaR). En cuanto a sus argumentos técnicos, tengo que estar de acuerdo con lo inadecuado de esta herramienta de gestión de riesgos (6). Sin embargo, de ahí a suscribir su idea de prohibirla, hay una brecha enorme. Una vez más, dejemos que las empresas, sus directivos y sus emprendedores decidan qué métodos desean emplear en sus negocios. Si optan por adoptar una gran herramienta, el mercado libre les recompensará. Si eligen las malas (como el VaR, en nuestra compartida opinión), las fuerzas del mercado les harán fracasar y caer en el olvido.

El culpable de la utilización generalizada y sin frenos del VaR no es el mercado libre, sino las regulaciones y agencias gubernamentales que obligan a su empleo. Los Acuerdos de Basilea, los Bancos Centrales y otras agencias reguladoras exigen o hacen campaña para fomentar su uso. Deshagámonos de esas reglas draconianas, y nos desharemos de muchas herramientas malas. Deshagámonos de las regulaciones, y los incentivos perversos del riesgo moral pronto se desvanecerán. Deshagámonos de imposiciones gubernamentales, y los controles naturales del mercado serán restaurados. ¡Es así de simple!

El Sr. Taleb ha identificado correctamente algunos problemas que nos podemos encontrar ahí afuera, pero no ha podido darse cuenta de que son consecuencia de una excesiva regulación, y no deficiencias del mercado libre. Él falla al interpretar qué causó estos problemas, y yerra otra vez cuando no ve las ramificaciones de sus muy peligrosas sugerencias. Estas cuatro reglas prácticas, sólidas, sencillas y muy eficaces que, según dice, deben ser impuestas sobre todos nosotros coercitivamente no tendrían la capacidad de resolver ningún problema, pero sí tendrían el poder de hacer al gobierno más grande y más poderoso, restringir la acción humana, privar a los individuos de libertad y anular la función empresarial.

Si al menos uno de los problemas señalados por el Sr. Taleb se dejara en manos del libre mercado para que éste lo solucione, entonces 2013 será un gran año. Si alguna de sus ideas es impuesta de arriba hacia abajo, como él sugiere, entonces 2013 será un año pésimo. 


Notas:

1) Sheehan, James, “Fools Put Faith in Data Alone” http://mises.org/daily/2056;

2) “The Pretense of Knowledge” es el discurso dado por F.A. Hayek en la aceptación de su Premio Nobel de Economía http://mises.org/daily/3229;

3) Sugerencia de lecturas acerca de los efectos de las regulaciones y de las agencias reguladoras: Rockwell, Llewllyn, “Regulatory-Industrial Complex” http://mises.org/daily/5930/RegulatoryIndustrial-Complex; and Armentano, Dominck, Antitrust. The Case for Repeal:http://mises.org/document/6061/;

4) Inversores son los que asumen el riesgo y la incertidumbre del proceso de producción utilizando sus ahorros para avanzar el pago de salarios a los trabajadores -gestores incluidos – por servicios que no producen resultados hasta el futuro. En cierto sentido, los inversores, cambian bienes presentes (los salarios en este caso) por bienes futuros (el producto marginal del trabajador añadido al proceso de producción. Lecturas recomendadas que ofrecen una explicación más profunda sobre el tema son: Mises, Ludwig, La Acción Humana (capítulos 21 y 22) http://mises.org/Books/humanaction.pdf; y Rothbard, Murray, Man, Economy and State (capítulos 6 y 7) http://mises.org/Books/mespm.PDF.

5) Tanto el FDIC como la posibilidad de Rescates son buenos ejemplos de intervenciones gubernamentales dañando los controles naturales del mercado;

6- El debate de 1997 entre Philippe Jorion y Nassim Taleb es un buen resumen de los argumentos del Sr. Taleb contra la VaR: www.derivativesstrategy.com/magazine/archive/1997/0497fea2.asp. Las críticas de Murray Rothbard contra la economía matemática también se pueden aplicar al VaR: http://mises.org/daily/3638.  

La manipulación de la desgracia ajena como ruina moral

No se ha calculado aún la caja que han hecho los programas de televisión llevando personas caídas en desgracia. Con la idea supuesta de ayudar y dar a conocer el caso, varios programas, de contenido más o menos amarillento, llevan muchos meses rascando audiencia con este tipo de invitados. Se trata de ciudadanos anónimos que compraron preferentes, o que están siendo desahuciados, por ejemplo.

No pongo en duda la buena intención de dichos programas, pero sí creo que su información incompleta sesga la opinión de los televidentes y genera sentimientos de indignación sobre una base espuria.

De la misma forma, pero con mucho más perversas intenciones, las plataformas de afectados por desahucios y pioneros del escrache del siglo XXI, acosan a políticos solamente de un partido, atribuyéndoles la total responsabilidad por los desahucios y ponen ante las cámaras para justificarse a personas que atraviesan situaciones sin salida.

La información es una condición necesaria para poder formarse una opinión. No se trata de esconder el empobrecimiento de los españoles (que ya notamos en nuestros bolsillos), me parece muy bien poner encima de la mesa lo que está sucediendo y la situación que viven muchos miles de ciudadanos.

Hacer uso del mal ajeno está feo

Pero no estaría de más tratar a esas personas caídas en desgracia con el respeto que se merecen. Y eso pasa por decirles la verdad, en lugar de tratarles con esa conmiseración hipócrita tan típica de nuestra tierra. De repente, el olor a rancio de las damas de caridad (mal llamada caridad) de antaño, se ha convertido en rebufo progre con notas de salvapatrias.

Porque cuando una joven soltera madre dos hijas sale en la pantalla y dice: "yo tenía mi puesto interino y los recortes del PP me lo han quitado y ya no puedo pagar la hipoteca. Lo que más pena me da es que voy a transmitir esta deuda a mis hijas y vamos a ser esclavas del banco para siempre", alguien debería explicarle varias cosas.

La primera, que ha tomado muy malas decisiones. Porque asumir la deuda de una hipoteca a largo plazo teniendo un puesto interino con dos bocas que alimentar es temerario. La razón es que interino significa provisional, estás en sustitución. Es decir, no es tu puesto de trabajo. Y, efectivamente, cuando hay problemas presupuestarios, la primera medida es amortizar esas plazas.

No estaría de más explicarle qué ha llevado a esta situación, para que puestos a gritar, lo haga delante de todas las puertas, no solamente delante de las más evidentes.

Finalmente, habría que explicarle a la mujer que cuando uno firma algo hay que leerlo y no firmarlo hasta que uno entiende a qué se compromete. Estamos en un país en el que sabemos cuántos meses tienen que pasar para cambiar de operador, las ventajas de Jazztel sobre Orange, o al revés, y qué tarifa es la mejor, pero no nos leemos los contratos de hipoteca. No sabemos que hay una cláusula de dación en pago, pero que sale más cara. No sabemos que estamos firmando que, a cambio de un tipo de interés menor, si no pagamos un número de cuotas la casa se la queda el banco, y mantenemos la deuda. Y había alternativa: el alquiler. Podía no comprar una casa si no estaba segura de mantener un nivel de ahorro adecuado.

Los escraches y otras milongas

Pero, con todo y con eso, estas personas tienen derecho a expresar su descontento dentro de la ley. No seré yo quien critique el derecho al repudio social y a la libre expresión del malestar de maneras distintas a las urnas, soy abstencionista recalcitrante. Eso sí, me da la sensación de que alguien está manipulando a alguien. Porque no se protestó cuando Chacón anunció que se aumentarían los juzgados de Madrid para agilizar desahucios. Nadie protesta ante las puertas de quienes mantuvieron y reforzaron esta ley. Se protesta ante las puertas del PP mientras la oposición corresponsable, jalea al personal. Es partidista. Y ahí se le va el fuelle al tema. De nuevo, el uso por los partidos políticos de la iniciativa de los ciudadanos y la ceguera de estos, arruina cualquier intento de sociedad civil en España.

A ese sesgo que resta inspiración ciudadana a la protesta hay que añadir el carácter pacífico del escrache. Llevar a personas que están en una situación de auténtica desesperación a una casa, con cámaras de televisión por delante y señalar con el dedo a un político y decirle: "mira, ese, ese es el responsable de tu desgracia. Vamos a gritar para protestar" es, cuando menos, temerario. Es fácil que degenere en algo más. Tirar la piedra y esconder la mano está muy feo y esconder intereses políticos tras la miseria ajena también.

Sí, creo que los políticos deberían sentir el repudio social. Pero probablemente no sólo ellos. También los periodistas, economistas, activistas y gente de a pie que, en lugar de poner luz, se aprovechan del mal ajeno para alcanzar notoriedad, hacer caja o calentar los ánimos. Cada cual que asuma lo suyo.