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La campaña para el establecimiento de la Reserva Federal

El sistema de banca nacional creado durante la Guerra entre los Estados era notablemente superior al anterior, más cercano a una banca libre, desde el punto de vista de los grandes financieros. Pero su funcionamiento, durante la guilded age, no cumplía todos sus deseos. Empezó a hablarse del problema de la “elasticidad” del crédito, es decir, de la capacidad del sistema financiero de expandir el crédito sin muchas limitaciones. Otro de los problemas era que, aunque se había dado un paso hacia la centralización del crédito, no se había ido tan lejos como podría. Tampoco, y esto era fundamental para sus intereses, había un prestamista de última instancia que salvase a aquellos bancos en problemas. La banca nacional no era todavía una banca centralizada y orquestada por una institución.

Aunque grupos como el de Rockefeller y otros estaban detrás de este paso adelante en el intervencionismo financiero, la primera fuerza detrás de este profundo cambio es la que aporta J.P. Morgan. Se había convertido en el gran financiero de la gran industria del país, que eran los ferrocarriles. Morgan, desde esa posición, había estrechado lazos con los dos principales partidos. A finales del XIX, por medio de su hombre en el partido Republicano, el senador Henry Cabot Lodge, Morgan se acerca al muñidor Mark Hanna, un hombre de Rockefeller, para firmar un pacto en torno a un candidato, William McKinley. El pacto incluye el programa electoral del partido republicano para aquellas elecciones de 1896: Patrón oro, una moneda “elástica” y proteccionismo arancelario. En frente estaba la candidatura demócrata del populista William Jennings Bryan, inflacionista, racista y progresista.

La campaña para la creación de un banco central fue larga, concienzuda y, en última instancia, exitosa. No lo tenían nada fácil. El público mantenía una instintiva oposición a la centralización del poder, y especialmente en asuntos financieros. En 1897 se reunieron varios representantes de la industria en la Convención Monetaria de Indianápolis con el mismo programa de McKinley. Sus conclusiones no nos pueden sorprender, pero lo más relevante es el mensaje de que era necesaria una reforma del sistema financiero, que fue diseminado por la prensa nacional.

En 1900 lograron que bajo la presidencia de McKinley se aprobase la Gold Standard Act, que reducía a la plata a una moneda de cuenta. En 1906, la Cámara de Comercio de Nueva York publica un informe llamando la atención sobre el problema de la inestabilidad de la moneda, y pide expresamente “un banco central de emisión bajo el control del Gobierno”.

Pero la oportunidad de oro vendría con la crisis de 1907. Entonces, todos los mensajes con los que los publicistas de Morgan, Rockefeller, Kuhn Loeb y demás habían estado empapando a la opinión pública adquirieron una mayor relevancia. Y los esfuerzos por introducir un banco central se redoblaron. En 1908 se creó una Comisión Monetaria Nacional para dar el empujón definitivo. La opinión pública seguía siendo refractaria a un banco central. Por eso, según explicaba el representante republicano Theodore Burton, “mi idea, por supuesto, es que todo debe realizarse de la manera más sigilosa posible y sin un anuncio público”. Ya llegará el momento para ello. En 1909 el presidente de la Asociación Nacional de Banqueros, George M. Reynolds, pide oficialmente la introducción de un banco central, a imitación del Reichbank. Y, finalmente, como culminación de los trabajos de la Comisión Monetaria Nacional el Congreso pone en marcha el Plan Aldrich, que prevé la creación de una Reserva Federal (no se atreven a llamarlo banco central o banco nacional), a medio camino entre una institución pública y una privada, con una base geográfica dispersa, y que, con ciertas modificaciones, fue el que se llevó a la práctica.

Quedaba todavía un escollo, y era la posible vuelta del Partido Demócrata al poder. El partido de Andrew Jackson jamás hubiera permitido la creación de una Reserva Federal. Todavía los bourbon democrats de Grover Cleveland quizás hubieran mostrado ciertas reservas. La plataforma electoral de Bryan, inflacionista, era sin embargo muy distinta a los planes de Morgan y Rockefeller. Pero el partido demócrata había cambiado mucho desde la época de Jackson, y ahora sus miembros del Congreso eran más transigentes con una reforma financiera de ese calado. Finalmente, bajo un presidente demócrata, Woodrow Wilson, se aprobó la Federal Reserve Act, en 1913. Este mes de diciembre se cumplirán cien años. Al valorar la aprobación de la ley, la Asociación Nacional de Banqueros emitió un dictamen según el cual, “la medida reconoce y adopta los principios de un banco central”. Era el cumplimiento de sus objetivos, buscados desde hacía tiempo.

El Estado de Bienestar y la violencia

Si mañana el Estado decidiera prohibir las relaciones homosexuales, tendría que acompañar la medida de un despliegue coactivo de tal envergadura que inmediatamente provocaría el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad. Los medios de comunicación difundirían imágenes de homosexuales pacíficos siendo detenidos, o testimonios emotivos de los que hubiera preferido esconder su orientación sexual antes de ir a la cárcel. Toda persona sensata, al ver a gente pacífica siendo acosada de tal modo, estaría escandalizada y exigiría al gobierno que rectificara dicha medida de inmediato.

Si preguntáramos a esos ciudadanos por qué se oponen a la prohibición, muy pocos contestarían que, simplemente, a ellos les parece bien ser homosexual y por tanto el Estado debe legalizar esta orientación sexual en concreto. No, la mayoría basaría su posición en que el Estado no puede prohibir algo que se hace libremente entre dos adultos y que no perjudica a nadie.

Por desgracia, esta posición tan razonable, o bien no se ha interiorizado, o bien se abandona a las primeras de cambio en cuanto el algo que se hace libremente no es del agrado del que juzga.

El ejemplo más claro es la prostitución en adultos. Al igual que con las relaciones homosexuales, se trata de dos o más adultos actuando de mutuo acuerdo, y sin hacer daño a nadie. Pero claro, cuando algo no te gusta, ahí están las excusas argumentales para hacer que sea fácil tirar tus principios por el desagüe; por ejemplo, que la supuesta falta de dinero del que presta el servicio le obliga a dedicarse a esos menesteres, y de ahí la ilegitimidad de ejercer esa profesión.

Por suerte, en este tema la sociedad está avanzando y cada vez más voces se levantan a favor de la legalización total.

Por desgracia, hay otros temas en los que la coacción estatal aún campa a sus anchas con el beneplácito de la mayor parte de la población; me refiero a la persecución fiscal a causa del llamado Estado de bienestar.

Al Estado de bienestar se le ataca desde el liberalismo por muchas cosas, y todas son importantes. Pero en lo que no se hace suficiente hincapié es que, al igual que todos los entramados mastodónticos Estatales, se sustenta en algo muy simple: la coacción sobre el individuo pacífico que no hace daño a nadie. O lo que es lo mismo, sobre la violencia gratuita.

Al igual que el homosexual o la prostituta, la persona que decide no usar los servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, etc.) no hace ningún daño a nadie. El disfrute de los servicios puede ser, y es, restringido y por tanto nadie que no participara en su financiación podría ser excluido sin el más mínimo problema.

Pese a esto, millones de personas que suscriben sin ningún pudor la máxima del vive y deja vivir se manifiestan a favor de monitorizar, auditar, perseguir y meter en la cárcel si es necesario a todos los ciudadanos del país con tal de que nadie se escape de mantener esa maquinaría de gastar dinero que tanto les gusta.

Pues ya va siendo hora de que se empiece a decir alto y claro que se puede estar a favor de los servicios públicos del Estado de bienestar. Pero siempre que se deje perfectamente claro que se está en contra del vive y deja vivir. Porque todo defensor de lo público es alguien que no deja vivir a los demás. Alguien que sustrae dinero, y por tanto horas, ideas, esfuerzo, y en general, la vida a otros, en nombre de lo que él cree adecuado por su moral, sin importarle lo que la otra persona piensa o lo que podría hacer con esos recursos si tuviera la oportunidad. En otras palabras: alguien que cree en la violencia y desprecia la libertad.

África (I). Una tradición de libertad

África subsahariana fue un continente aislado hasta el siglo XIX. Las severas barreras geográficas del interior separaron muchos de sus pueblos entre sí. Sus zonas escasamente pobladas y las limitaciones en el transporte hicieron de África un mundo aparte. Se produjo, por tanto, una fragmentación étnica y lingüística enorme: actualmente hay más de dos mil etnias y con sólo el 13% de la población mundial las lenguas africanas representan el 30% de todos los idiomas conocidos. Sus habitantes tuvieron siempre difícil acceso a los progresos económicos y culturales del resto del mundo debido a su aislamiento secular.

Cualquier libro sobre historia de África precolonial tratará esencialmente de aquellos casos en que surgió cierta estructura de Estado. Leeremos acerca de los imperios de Songhaï, Ghana, Mali o Kanem-Bornú, así como de otros pequeños reinos centralizados. Habrá también referencias a las numerosas e interesantes ciudades-estados que surgieron por doquier como las de Hausa, Yoruba o las costeras del Este africano de cultura swahili en las que restos arqueológicas muestran que hubo un destacado comercio con Persia, India y China. Serán escasas, sin embargo, las menciones a sociedades descentralizadas dispersas por todo el continente, compuestas por grupos de poblados sin conexión política alguna con formas de organización social superiores. Estas sociedades sin estado fueron mayoría.

Se basaban en organizaciones clánicas, no territoriales. Tenían un gobierno limitado; no solían tener jefe tribal y eran gobernadas por un consejo de ancianos de la comunidad. En caso de tener un jefe, éste no solía ser hereditario. Si abusaba de su poder, la comunidad sencillamente le abandonaba.

Aquellas sociedades descentralizadas no han sido convenientemente estudiadas. Las razones de ello han sido la ausencia de fuentes escritas -se desarrollaron en un entorno cultural esencialmente oral- y los prejuicios. Hasta épocas recientes, muchos historiadores han aceptado el punto de vista predominante según el cual sólo aquellas sociedades que estuvieran centralizadas merecían la pena ser estudiadas. Han estado durante mucho tiempo por debajo del radar de la mayoría de los escudriñadores del pasado.

La distancia entre el gobierno y los gobernados era escasa y la participación de estos últimos solía ser habitual en forma de consultas o deliberaciones comunitarias. La sociedad se organizaba en torno al consenso y a la toma de decisiones de abajo a arriba. Entre los ashanti había un dicho que rezaba así: No existe gobierno aparte de la gente. Independientemente del tipo de autoridad que se formara, había un sentimiento muy arraigado de que aquello que dañara a la comunidad también lo hacía al individuo. Por muy autócrata que fuera un gobernante, estaba limitado por la autoridad de los consejos locales, el respeto ancestral a los usos, a las costumbres, a los códigos de valores y, en última instancia, a las divinidades. La ideología tradicional y las instituciones autóctonas servían de freno al poderoso. Un proverbio que se repite con variantes entre las diferentes etnias africanas dice que La sabiduría no se encuentra en la cabeza de una sola persona, o bien que Una sola cabeza no hace el consejo.

Pero incluso en aquellos lugares donde sí se formaron imperios o reinos, la tradición africana establecía contrapesos por medio de los jefes tribales y los consejos de ancianos intermedios. En la zona que hoy es Nigeria, por ejemplo, hay constancia de monarcas depuestos por abuso de poder por lo menos desde el siglo XII. Asimismo, los escasos imperios que surgieron África se rigieron bajo el principio confederal. La descentralización del poder es parte intrínseca de la herencia de su sistema político indígena. Éste funcionó razonablemente bien durante siglos en el África subsahariana.

Jefes y reyes no promulgaban casi nunca leyes sin la concurrencia de los consejos de ancianos, la institución sociopolítica de más prestigio en el África tradicional. Normas y costumbres eran motivo de debate comunitario cuando era precisa su interpretación. La conducta de la gente estaba pautada y era previsible. La justicia, impartida por el jefe o el consejo de ancianos, era proclive a la conciliación y a la restitución y no a soluciones punitivas. Existían instituciones de mediación comunitaria importantes como la palaver. Sus diferentes modelos de resolución de conflictos se fueron conservando y se integraron con otros valores locales para facilitar la cohesión de la comunidad y de los diversos clanes.

África fue supuestamente “descubierta” por Occidente en el siglo XVI. En la cultura indígena africana, el concepto de individualidad occidental era desconocido, sin embargo, bienes y miembros de las diferentes etnias se movían libremente a través de todo el continente. Los medios de producción eran propiedad de los nativos, no de sus gobernantes o de sus jefes tribales. Los campesinos, ganaderos, artesanos, pescadores o mineros acudían con sus excedentes a los mercados abiertos. Si lograban beneficios eran guardados por ellos sin ser expropiados por el jefe o el consejo. En este sistema tradicional, las autoridades del clan no imponían control de precios, ni se apropiaban de ninguna herramienta, instrumento, embarcación o arma, pues eran todos privados. No así la tierra, que solía ser comunal.

En el África precolonial hubo una densa red de intercambios y rutas comerciales por todo el continente. Pese a sus limitaciones, existieron mercados libres y abiertos durante siglos, antes de que ningún hombre blanco pisara sus tierras. Destacó especialmente, por lo menos desde el siglo IX, el comercio tran-sahariano. Fueron ciudades de mercaderes destacadas las de Tombuctú, Salaga, Dia, Djenné, Mogadixo, Mombasa, Pemba, Zanzíbar, Kilua o Sofala.

Eran sociedades con muchas carencias pero, al menos, no estaban oprimidas ni tiranizadas. A sus gobernantes no se les pasaba por la cabeza imponer ideologías ajenas a la tradición de sus súbditos ni recluir o matar a los disidentes. Las ciudades-estado eran probablemente las formas de organización social superior más acordes con la tradición y no los extensos Estados que se crearon posteriormente.

Hasta entonces no existieron las absurdas fronteras actuales. Cuando el colonialismo trajo consigo las fronteras administrativas y sus gobiernos centrales -con todas sus regulaciones, controles y sanciones–, los comerciantes se volvieron contrabandistas, se disgregaron artificialmente comunidades lingüísticas y étnicas, se destruyeron las rutas comerciales tradicionales, se impusieron formas de vida sedentaria a muchas comunidades nómadas, se forzaron convivencias entre etnias muy diversas y se impuso desde la metrópoli el poder de una minoría blanca y privilegiada sobre mayorías desarraigadas cuyas instituciones autóctonas quedaron desprestigiadas y fueron excluidas. Todo esto fue letal para la tradición política nativa que existió en África desde tiempo inmemorial.

Como nos enseña el economista George Ayittey, las instituciones indígenas tradicionales del sistema político y económico de África demuestran nítidamente que sus pobladores odiaban las tiranías y eran reacios a la excesiva concentración de poder en una sola cabeza.

Con la llegada de la inicua colonización en el siglo XIX, esta tradición indígena se vio violentada. Por desgracia, no ha dejado de serlo hasta nuestros días.

Testigo directo: “Se me muere el alma, Venezuela

Vivir un acontecimiento histórico en el país donde ocurre es un privilegio. Yo tuve la suerte de seguir el anuncio oficial de la muerte de Hugo Chávez desde Caracas, donde se vivió con una combinación de incertidumbre, tristeza, miedo y esperanza.

El rumor se intensificaba durante el día en la ciudad, a medida que la presión de la prensa internacional se encontraba con respuestas dispares de los medios de comunicación oficiales.

La reacción de la población ante el anuncio oficial fue de estupor. Tristeza evidente en el chavismo ("se me muere el alma" decía una señora) y prudencia y esperanza en la oposición, que no tiene clara su victoria en las próximas elecciones. Caracas permanecía tranquila a pesar de los mensajes que alertaban sobre una posible "intervención imperialista" y llamadas a la concentración de duelo en todas las plazas de Bolívar del país.

En Venezuela han aprendido a "prepararse para el precipicio", y es un pueblo sabio que ha sobrevivido a muchos gobiernos que han tenido como denominador común hacer promesas sin cumplirlas. Los hoteles del centro, tras varios días casi desiertos, eran un hervidero de periodistas y curiosos usando la red Wi-Fi para transmitir y escuchar las noticias al minuto.

En Venezuela existe un evidente apoyo al chavismo. Negarlo es ridículo. Pero también, dentro de ese apoyo, se percibe que el modelo de aislamiento ha llevado a la economía a una situación poco sostenible. Por ello, hay cierta esperanza de que se lleve a cabo una tímida apertura, aunque nadie cree que vaya a producirse de manera inminente y no será, ni mucho menos, similar a la del país vecino, Colombia.

"Sólo quiero poder comprar lo que necesito para sobrevivir", dice un camarero que ha visto la inflación dispararse un 30% anual. El bolívar del mercado negro cotiza a 26 contra el dolar frente a 6 de tipo oficial, y la economía sumergida se dispara. Mientras, la televisión muestra un anuncio que implora "no caer en las compras impulsivas".

"Los planes siniestros del imperialismo deben ser combatidos desde la unidad revolucionaria", cuenta un telediario, temiendo que la ola expropiadora del régimen de Chávez llegue a su fin. Sin embargo, la mayoría de la gente con la que hablo cree que el Gobierno, antes de abrir la economía, volverá a recurrir a inundar de dinero a los sectores subvencionados para perpetuar un régimen que, a pesar de contar con riqueza petrolera y ver el precio del barril duplicarse en su mandato, se ha embarcado en una espiral peligrosa de devaluación, deuda e inflación. Es sorprendente que un país en el que el 50% de la economía viene de ingresos del petróleo haya disparado la deuda publica, con un déficit cercano al 9%, y la de su petrolera nacional. Y cuesta ver enormes resultados de la inversión social.

"Con lo que hoy te compras un café y un desayuno hace veinte años te comprabas un carro", me dice el conductor mientras visitamos instalaciones petroleras, en una nación que necesita de su riqueza y sin embargo, dona casi cien mil barriles al día a Cuba -que consume 40.000-. El resto "lo exportan" a cambio de ayuda sanitaria y guía ideológica.

De momento, las implicaciones de la muerte de Chávez pueden llevar a un repunte del precio del crudo a corto plazo, ante el riesgo de reducción de inversiones y producción, a lo que habría que añadir posibles tensiones geopolíticas. Pero la influencia de Venezuela en movimientos del mercado del petróleo ya demostró ser mínima la última vez que se lanzaron mensajes de parar las exportaciones a EEUU, que cada vez depende menos del crudo importado, mientras Venezuela por el contrario, depende más de sus exportaciones -para ello muy capitalistas- a China y otros países. También puede tener un impacto geopolítico sobre países como Bolivia y Ecuador que han seguido el modelo Chávez.

A las 12 de la noche, tranquilidad absoluta en Caracas

No me sorprendió la participación en las manifestaciones de apoyo a un Hugo Chávez que segun Telesur "despertó el sublime amor entre un pueblo que le adoró". La propaganda es incesante. Fundamentalmente porque es cierto que Chávez supo aglutinar el voto de esa mayoría de pobres que no contaban y no votaban. Pero esa revolución y su promesa se sustentan hoy en una combinación muy compleja de petroleo, subvenciones, endeudamiento y devaluación, que hace agua si la producción o el precio del crudo se estancan. Los dos millones y medio de barriles al día de producción no sostienen al resto de la economía sin capital internacional.

Efectivamente, a pesar de las promesas, la mayoría pobre ha recibido "mucho debate" pero "menos de bote", bromea un trabajador local.

Se comentaba que las políticas sociales de Chávez no van a poder pararse, dada la enorme desigualdad del país. Los regalos en petroleo a ‘países amigos’ tampoco pueden cortarse en un proceso electoral que llevará un par de meses, con la economía estancada y la administración sufriendo el vacío de poder de un personaje tan carismático. Pero además, el proceso de transición necesita mantener viva la imagen de Chávez a la vez que ofrece soluciones económicas efectivas.

Rafael Ramírez, ministro de minería y energía y uno de los más brillantes políticos del país, reiteró ayer la política de "plena soberanía petrolera". Sin embargo, con una PDVSA que subvenciona más de 10.000 millones de dólares en proyectos sociales, que ha aumentado su deuda casi un 50%, y que ve su producción declinar por falta de inversión, cuesta ver cómo va a seguir el país sosteniendo un modelo que necesita capital extranjero más que nunca.

Venezuela posee un potencial económico espectacular. En ese desarrollo, el capital internacional será esencial. Por lo tanto, es imperativo buscar un equilibrio que permita reducir las desigualdades y crecer sin hundir la moneda y subvencionar. La solución está muy cerca. Abrir el acceso a la inversión sin perder el aspecto público de los sectores estratégicos, como hacen tantos países productores, sin ir más lejos Colombia o Brasil. Y libre mercado, que le ha faltado a este maravilloso país desde hace muchas décadas.

La autocracia del petrobolívar y del exprópiese

En 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la renta per cápita venezolana era de 1.809 bolívares; en 2012, cerró en 2.024 bolívares equivalentes (eliminando el efecto de la inflación). Así pues, la era Chávez, ese paradigma del socialismo del s. XXI, se ha saldado con un crecimiento de la renta real por ciudadano del 0,8% anual. Durante ese mismo período, otras economías menos glamurosamente bolivarianas han crecido entre tres y cuatro veces más: Chile lo ha hecho al 2,8%, Colombia al 2,2%, Perú al 3,6% y Uruguay al 2,3%. Si efectuamos la comparativa en dólares internacionales, Venezuela tenía en 1998 una renta per cápita similar a la chilena y a la uruguaya, al tiempo que casi duplicaba la peruana y la colombiana; hoy, la renta chilena es un 50% superior a la venezolana y la uruguaya la supera en un 20%, mientras que la peruana y la colombiana sólo se hallan ya un 20% por debajo. Acaso alguien crea que medir los logros de estos países por tan crematísticas magnitudes resulta parcial e injusto, pero lo cierto es que la mejora de todos los restantes indicadores sociales (pobreza, alfabetización, esperanza de vida, mortandad infantil, salubridad, etc.) que obviamente han tenido lugar se retrotraen en el fondo a tan singular hecho: sus ciudadanos son más ricos y, como son más ricos, viven mejor en sus muy variadas facetas.

Sucede, sin embargo, que el crecimiento de Venezuela, a diferencia de los otros cuatro países, se ha producido a lomos del pelotazo petrolero, es decir, de los muy extraordinarios ingresos derivados de sus exportaciones de crudo. Merced al estallido de los precios del oro negro (que se han multiplicado por más de diez desde 1998), los ingresos netos del país a cuenta de su exportación se dispararon durante los gobiernos de Chávez hasta cotas jamás vistas. En 2006, por ejemplo, equivalían al 40% del PIB, lo que hubiese permitido repartir un cheque de 4.500 dólares internacionales a cada venezolano. Un notable empujoncito del que no han disfrutado ni Chile, ni Perú, ni Uruguay (Colombia, en cambio, cuenta con unos ingresos netos por crudo inferiores al 8% del PIB). Difícil, pues, que creciendo América Latina a las mayores tasas del último medio siglo y contando con unas regalías petroleras propias de un emirato árabe, el nivel de vida de los venezolanos no haya experimentado una cierta mejora en estos catorce años a pesar de las disparatadas y bravuconas intervenciones del neosocialista régimen populista bolivariano.

Mas el verdadero fracaso de la política económica chavista no debería medirse por los diferenciales de renta per cápita con sus vecinos, sino por cómo el hiperintervencionista modelo bolivariano ha socavado las bases de la prosperidad futura de los venezolanos. Lejos de tratar de capitalizar las superlativas rentas petroleras en agrandar el patrimonio privado de los ciudadanos, Chávez optó por crear un Estado asistencial de cuyas dádivas dependiera el precario bienestar de esos ciudadanos: no buscó propietarios sino siervos de la gleba. Así, mientras que en estos catorce años el peso del sector público se ha mantenido estable en Chile (23% del PIB), Colombia (28%), Perú (19%) y Uruguay (33%), en Venezuela ha pasado del 28% del PIB en 1998 al 44% en 2012: o dicho de otro modo, mientras que el más acelerado crecimiento de la renta per cápita de los países no bolivarianos se ha quedado en los bolsillos y patrimonios de sus familias y empresas, en la república chavista casi la mitad de esa renta la ha terminado manejando el Estado. En este sentido, su tridente confiscatorio con el que ha fustigado a los venezolanos en aras de un Gobierno gigantesco han sido las nacionalizaciones (el famoso exprópiese), los elevados impuestos (la presión fiscal ha aumentado un 50% con respecto a 1998) y la absolutamente disparatada inflación (el IPC ha aumentado un 2.000% y el bolívar ha perdido más del 75% de su valor frente al dólar).

A diferencia de Chile o Perú, Venezuela no ha visto cómo su clase media se agrandaba y enriquecía, logrando así una mayor autonomía personal y financiera. Por el contrario, lo único que ha engordado Chávez ha sido un todopoderoso Estado cuyo propósito esencial era evitar la promoción social y económica de sus ciudadanos dentro del mercado para perpetuar su poder merced a sus redes clientelares dentro del Estado. En el fondo, pues, el socialismo del s. XXI no se diferencia tanto del socialismo del s. XX: ambos ambicionan construir un Estado que lo cope todo sobre los cimientos de la rapiña universal de una población pauperizada y dependiente de las migajas que éste tenga a bien repartirles.

A estas alturas, por consiguiente, el auténtico cambio económico necesita Venezuela tras la muerte de Chávez no es tanto que el país crezca unas décimas más que Perú o Colombia, sino que los frutos de esa expansiva creación de riqueza redunden en una sociedad más libre y más autónoma de un Estado con orwelliana vocación fagocitadora. Desde 1998, las rentas del petróleo y el saqueo de la acosada clase media se han dirigido en esencia a reforzar sus estructuras de control económico y social, en erigir una autocracia del petrobolívar y del exprópiese. Ojalá que, tras década y media, las cosas comiencen a cambiar y Venezuela cambie de rumbo para terminar convirtiéndose en otro Chile (o en otra Suiza, Nueva Zelanda o Singapur) y no en otra Cuba.

Estamos esperando a Godot

En 1952 se publicaba en francés la obra de teatro de Samuel Beckett Esperando a Godot. En ella, dos extraños y absurdos personajes esperaban a un tal Godot, que no se sabe quién es, para qué le esperan y si finalmente aparecería.

La trama de esta pieza de teatro del absurdo representa, a mi entender, la actitud de los españoles y, tal vez, los ciudadanos de otros países, frente a la desesperante situación económica que vivimos.

Vladimir y Estragón, los protagonistas, identifican perfectamente ese inmovilismo, esa pasividad ciudadana que adolece nuestro mundo civilizado. Nos miramos los unos a los otros esperando que Godot, el Estado, haga algo, aparezca, nos motive, nos solucione la papeleta. La diferencia es que nuestro particular Godot no es tan invisible como el de Beckett. Ha utilizado nuestro dinero, y sigue haciéndolo, para rescatar a una banca ajena al ciudadano y demasiado cercana al poder político, a pesar de ser pública y de tener como uno de sus objetivos la acción social. Me refiero a las cajas, por supuesto. Nuestro Godot de todos los partidos ha sido elegido por Vladimir y Estragón, que ahora se ven enroscados e inmóviles, en medio de la serpiente y a punto de ser devorados por ella, asfixiados, o ambas cosas.

A pesar de ello, nosotros, los Vladimir y Estragón del siglo XXI, seguimos sentados al borde del camino, esperando que el Estado sancione nuestros actos, formalice nuestra actividad económica, reconozca nuestro derecho de propiedad.

Por cuestiones laborales, he leído la crítica que el presidente del Instituto Juan de Mariana y futuro Rector de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Gabriel Calzada, le hizo en mayo del 2004 al libro de Hernando de Soto, reputado economista peruano, The Mistery of Capital. Tengo que agradecer a Mauricio Ríos que llamara la atención sobre esta reseña y este tema.

Hernando de Soto explica que, a fin de cuentas, la economía informal, tan frecuente en países emergentes, con instituciones poco sólidas o altos niveles impositivos, aunque genera un sistema espontáneo de normas y derechos de propiedad, no consigue que se genere riqueza porque el capital es estéril; lo que él llama dead capital.

Básicamente, la idea es que si la propiedad no es reconocida por el Estado, los bancos no van a permitir el acceso al crédito y el emprendedor informal, aquel capaz de desarrollar la acción empresarial más allá de las trabas e intereses políticos, no va a poder acceder al sistema financiero.

Pero Hernando de Soto no considera la posibilidad de que, precisamente por eso, las economías informales den paso a un sistema financiero alternativo libre. Libre no de normas, que son fruto natural de las relaciones humanas, sino libre de la manipulación estatal, de la extracción interesada de la riqueza del individuo, y de las alianzas perversas entre las grandes corporaciones bancarias y los Estados. Esas alianzas que tienen una gran responsabilidad en la situación que vivimos.

La sanción estatal, que parece ser un permiso divino que concede la gracia al ciudadano para tomar decisiones, asegura principalmente el engorde de las arcas del Estado y, como vemos cada día, no necesariamente para atender al necesitado, o para crear un marco adecuado para el desarrollo de empresarios, autónomos y trabajadores. Más bien, los ingresos del Estado son destinados a proyectos aparentemente interesados en el vaporoso bien común, pero que afianzan el poder del trío maléfico compuesto por los gobiernos, las empresas al servicio del régimen y la banca estatalista, sea privada con privilegios, sea directamente pública.

La actitud de Hernando de Soto es una justificación para que la ciudadanía siga esperando a Godot, sentada al borde del camino.

El final de la obra es una muestra de lo que apunto. “Qué, ¿nos vamos?”, dice uno de ellos. “Sí, vámonos”, responde el otro. Y ambos permanecen inmóviles, como nosotros, esperando la aprobación divina, la licencia de apertura, la subida de impuestos, y la recuperación económica.

Un error, en toda regla. 

El desprestigio de los economistas

El descrédito de la ciencia económica procede fundamentalmente de su confusión con otras ideas de índole moral, religiosa y política que han hecho depender sus conclusiones de necesidades generales y proyectos constructivistas que en cualquier caso se verían limitados, al menos en un plano teórico, por conclusiones estrictamente científicas.

Las ciencias físicas son una herramienta cuya perversión únicamente conduce al fracaso tecnológico inmediato. La economía es mucho más sencilla de manipular. El fracaso inevitable que entraña la aplicación de una teoría errónea, dada la extraordinaria complejidad que tienen los fenómenos sociales, podría justificarse mediante una nueva conjetura hecha ad hoc, aunque ésta estuviera igual de equivocada que la anterior. Por el camino quedarían escasez no resuelta y descoordinación en forma de parálisis económica.

El origen de tamaña frustración, que ha llegado a desvirtuar las ciencias sociales, procede de la fatal arrogancia que pretende un diseño inteligente del orden social. El objeto de estudio de las ciencias sociales no es otro que el orden espontáneo surgido de las consecuencias, queridas y no queridas, de acciones simultáneas y sucesivas realizadas por millones de individuos racionales persiguiendo fines estrictamente particulares en un entorno institucional evolutivo.

El diseño inteligente del orden social parte de teorías acientíficas promovidas por pensadores que se identifican moral e ideológicamente con los fines propuestos por quienes promueven dicha intervención masiva contra la sociedad. Intervenir supone violentar a los agentes que, libremente y en un entorno institucional, persiguen fines particulares estableciendo acuerdos voluntarios entre sí. La intervención aspira a conseguir un resultado concreto que se estima imposible de alcanzar en un escenario donde diversos fines y una pluralidad de voluntades interactúan libremente. Por ello, se trata de sustituir el orden espontáneo por una organización deliberada que ingenuamente se considera adecuada para la consecución del resultado propuesto. La acción, que a priori es siempre personal y competitiva, adquiere un carácter más amplio cuando se encauza a través de una organización que reúne a una multitud de agentes. Para que dicha organización eluda las reglas que imponen tanto el orden espontáneo como la libertad institucional, deberá recurrirse a la coacción irresistible.

La intervención, que materializan multitud de actores a través de la estructura organizacional del Estado posee las siguientes características:

  1. La coacción sobre todos los agentes cuyos fines particulares sean contradictorios con el propósito intervencionista. Para ello, quedan eliminadas tanto la autonomía como la voluntariedad de los intercambios, sustituyéndose el entorno institucional por mandatos que regulen la servidumbre de los individuos implicados y afectados.
  2. La intervención utiliza una información insuficiente, particular y estática, articulada en cierto momento a partir de un conocimiento limitado.
  3. Las consecuencias de la intervención serán tan amplias como lo sea el poder que la organización ejerza sobre las parcelas afectadas del orden social, alterando los cursos de acción particulares e impidiendo a los individuos generar y transmitir nuevo conocimiento. Esta circunstancia redunda en la naturaleza limitada y estática de la información y el conocimiento a los que tendrán acceso quienes tracen el plan que trate de reorientar y reajustar la organización cuando vea frustrados sus distintos propósitos.

La acción particular surge de la creación de conocimiento dentro de un entorno institucional evolutivo donde se producen intercambios libres y voluntarios. Las consecuencias evidentes de cada acción particular se materializan en forma de éxito y de fracaso. Esta información quedará a disposición del resto de agentes plasmándose en forma de precios de mercado y cuentas de pérdidas y ganancias. La función empresarial del individuo hará el resto. La eliminación del beneficio contable y los precios de mercado hace imposible el cálculo económico, lo que provocará el fracaso de todo diseño inteligente que trate de suplantar el orden espontáneo. No sólo se verán frustrados los objetivos propuestos por la organización coactiva sino que, además, se interrumpirá el proceso social que hacía posible la coordinación entre las acciones particulares.

La ciencia económica tiene como objeto el estudio del orden social, así como de las consecuencias de aquellas agresiones que lo neutralizan. Desgraciadamente, son muchos los economistas que, abrumados por la complejidad de su ámbito de estudio, o simplemente alterados por la fatal arrogancia que les hace creerse capaces de trazar un diseño inteligente que mejore los resultados del orden social competitivo, han optado por ponerse al servicio de poder absoluto, convirtiéndose simples paladines del estatismo.

@JCHerran