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La agencia de calificación europea: juez y parte

Las agencias de rating reciben en estos días todo tipo de críticas. La publicación de rebajas en la evaluación de la deuda portuguesa justo antes de la oferta de deuda portuguesa y española en los mercados ha sentado fatal. De nuevo.

Casi está en la calle la pregunta airada "¿pero esta gente quiénes son?". Es generalizado el malestar en Europa.

Pero estas agencias llevan muchos años funcionando: Moody’s, por ejemplo, funciona desde el año 1909 y está presente en España desde principios de los 90. Y se nos olvida lo encantados que estábamos cuando hace diez años las calificaciones de estas agencias favorecían la efervescencia de los mercados.

Tras la crisis financiera, muchos nos quedamos perplejos por la ceguera de quienes, supuestamente, eran los vigilantes, quienes tenían que haber denunciado la toxicidad de las inversiones que desencadenaron el caos. Y fue entonces cuando también muchos nos preguntamos si había intereses creados.

Pero en general, nadie señaló con el dedo a las agencias de rating, sino que todos los dedos acusadores apuntaron a los mercados, la codicia, y casi al "lobo feroz". En realidad, quienes tenían interés en mantener el furor financiero eran los propios gobiernos, que también participaban en ellos, y quienes, además, aprovechaban el oleaje para alardear de crecimiento y aumento de la actividad económica, poniéndose una medallita en la pechera.

Ahora, cuando una palabra a destiempo puede desencadenar una escalada de los diferenciales de deuda entre las deudas de los países más quebradizos y el bono alemán a 10 años, todos miran a Moody’s, a Fitch o a S&P y reclaman que se rompa el oligopolio de las agencias de evaluación. Ahora, cuando el daño está hecho. Ahora, después de haber sacado partido de ese oligopolio hace diez años.

No seré yo quien defienda ningún oligopolio. Pero sí quiero llamar la atención sobre un hecho. Una lectura de las páginas web de agencias como Moody’s nos da un punto de vista diferente:

·Las obligaciones con la misma calificación no tienen por qué tener la misma calidad crediticia. Hay otras muchas variables que determinan la calidad del crédito.

·Como las evaluaciones estás diseñadas con el único propósito de clasificar en un ranking de acuerdo con la calidad del crédito, no deben utilizarse como única base para operaciones de inversión. Por ejemplo, no tienen valor alguno en la predicción de la dirección de tendencias futuras de los precios de mercado.

·Las evaluaciones no se construyen como recomendación sobre el atractivo de las inversiones. Las inversiones son más o menos atractivas dependiendo de un ramillete de variables que exceden la misión de las evaluaciones.

·En cuanto que las evaluaciones implican juicios acerca del futuro y dado que son utilizadas por los inversores para protegerse, se hace hincapié en contemplar el peor de los escenarios posibles en el futuro "visible".

No parece, por tanto, que estén engañando a nadie. Las mismas agencias no pretenden ser más que un termómetro que señale el peligro para que los inversores puedan cubrirse y son conscientes de sus limitaciones. ¿Entonces?

Los mismos que años atrás anunciaban en titulares la bondad de las acciones gubernamentales basándose exclusivamente en una triple A, ahora recriminan a las agencias. Cuando, en realidad, fueron ellos quienes inflaron la percepción del público respecto a los rankings de las agencias de rating.

¿Cuál es el objetivo final de este desprestigio tan hipócrita de los evaluadores?

Ser juez y parte: la creación de una agencia de rating europea para evitar que la deuda soberana de los países menos sólidos obtenga una mala calificación es falsear la realidad para que los mercados compren deuda como sea.

Es un escándalo avalado por todos los que se han tragado el anzuelo lanzado por los gobiernos afectados: no solamente los de los países al borde de la quiebra, sino también los gobiernos que tienen en su haber deuda de estos países "enfermos".

Es tan escandaloso como pedirle a los alumnos que se califiquen a sí mismos o a los delincuentes que se impongan su propia pena.

Muy a tono con el signo de los tiempos que corren.

La capacidad de emprendimiento de la SGAE

El azar ha hecho que esta semana haya estallado un escándalo que afecta a los directivos de la SGAE, principal beneficiaria del otro tipo de la llamada propiedad intelectual: los conocidos como derechos de autor o copyright.

La justificación de estos derechos está en que la creación ha de ser propiedad de su creador. Eso está muy bien y es manejable, si la creación toma una forma material. Pero, ¿qué ocurre cuando lo creado es una idea, como pueda ser una historia, o una canción? El sentido común dice que solo se puede poseer algo que exista, que tenga materia, que sea aprehensible de alguna forma y con límites controlables, que sea manejable.

Entonces, dado que una historia o una canción no tienen sustrato material, la cuestión es cómo delimitar su propiedad. Si, por ejemplo, la historia se materializa en un libro o una película en DVD, o la canción, en un CD o en un fichero MP3, sí existe algo material que poseer y controlar: el libro, el DVD, el CD, el fichero MP3 son cosas que podemos manejar, romper, prestar, tirar por la ventana, pero no la historia o la canción en sí.

Así las cosas, se inventaron los derechos de autor, para tratar de dar "materia" a algo abstracto y carente de ella, y por tanto de posibilidad de ser poseído. El problema es que, ausente un sustrato material que dé objetividad a los límites de la propiedad, estos se hacen difusos y quedan sujetos a la arbitrariedad. Una vez más, la arbitrariedad de los políticos.

El ejemplo más claro es la existencia de una duración determinada para los derechos de autor. Si yo me compro un coche, éste será mío mientras no me deshaga de él; no hay un límite temporal a su propiedad. Sin embargo, no ocurre otro tanto para la propiedad intelectual. Se reconoce que es mía pero solo durante un periodo determinado en la norma, de 10, 15 o los años que sean. Sujeto siempre a discusión y a presión por los grupos interesados.

Este ejemplo es suficientemente ilustrativo: la propiedad intelectual, al no estar sustentada en parámetros objetivos, se puede ampliar o reducir tanto cuanto se desee desde la instancia gubernamental. Y, por fin, hemos llegado a la SGAE. Porque este es el principal negocio de la institución de marras, y por lo que todos le cobramos antipatía: ampliar y ampliar los límites subjetivos de los derechos de autor, por cuyo uso ella cobra.

Y hay que reconocer que en esta tarea, la SGAE se ha mostrado tan excelente como el mejor emprendedor. Su "negocio" crecía (y crece) por el sistema de prueba y error: se denuncia un caso al juez y, si se obtiene una sentencia favorable, ya sabe que ha encontrado otro filón. O, si no se consigue, se va uno a los políticos para convencerles de que los derechos de autor abarcan también lo que sea que se le haya ocurrido (soportes digitales, teléfonos móviles, conexiones ADSL, bodas, bautizos, fiestas privadas…).

Lástima tanta capacidad de innovación dedicada a un objetivo tan lamentable. Esperemos que encuentre su justo castigo.

¿Qué puede hacer un cargo público si se tiene por liberal?

No cabe duda de que un liberal en política tiene problemas, y más si se atiene a las teorías austriacas sobre la administración y las políticas públicas. Pero no se carga de tensiones a causa de sus premisas sino porque el sistema de partidos vigente en el continente europeo y, especialmente en España, tiende a servir al estado omnipotente a la vez que se sirve de él.

No obstante, somos algunos los que apostamos por un modo útil a la vez que ético de concebir la política. Es decir, somos algunos los liberales que queremos ejercer de tales desde un cargo público. Que no sea fácil no implica imposibilidad. Aportaré lo que creo conveniente y lo que por experiencia sé o creo saber acerca de qué se puede hacer.

En primer lugar, ha de tener claro que un liberal ha de apostar siempre por un modo concreto de dirimir la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Dicho claramente y al modo de José María Aznar, un político tiene el deber de reducir el tamaño de la administración en cada oportunidad que tenga. Y, añado, diariamente las tiene. El mercado es siempre, si se le deja tiempo y no se le torpedea con intervenciones sutiles o abiertas, mejor suministrador de bienes de todo tipo que la administración pública.

En segundo lugar, siempre que se enfrente con el problema de lidiar con una subvención, siempre ha de reducirla o, si puede, suprimirla.

En tercer lugar, siempre que se enfrente a una regulación, ha de abrirla, ha de eliminar las barreras de entrada al sector que se trate, sea económico, cultural, social o de beneficencia. La competencia sólo es posible sin barreras de entrada y cualquier regulación tiende a restringir el número de competidores. Esta apertura, esta eliminación de barreras, suprime, además, la acción de los grupos de presión y les impide alcanzar su objetivo: captar rentas del consumidor en su perjuicio o, directamente, de la administración. Además, la apertura reduce las oportunidades para los corruptos.

En cuarto lugar, siempre que se encuentre ante la posibilidad de reducir el gasto, ha de hacerlo. Para ello, la primera víctima de la reducción ha de ser el mismo cargo público que la propugna.

En quinto lugar, cuando se enfrente a la exigencia de realizar una obra de infraestructura ha de analizar quiénes son los sectores sociales directamente beneficiados y quiénes saldrán perjudicados en términos relativos. Una infraestructura puede elevar las rentas y los precios en un sector en detrimento de quienes no ven elevadas sus rentas, pero sí sufren el aumento de precios. Ese análisis ha de hacerse público. Todos retratados.

En sexto lugar, cuando tenga que tratar cuestiones anuales de presupuestos públicos, ha de optar siempre por la rebaja impositiva drástica, acompañada de la consiguiente rebaja del gasto. Ha de ser lo suficientemente consistente defendiendo que lo primero beneficia a la mayoría y que lo segundo sólo perjudica a unos privilegiados.

Todo ello parece difícil, pero solamente hay que tener la consistencia política suficiente y, a medio plazo, abrir las listas electorales rebajando el poder de las cúpulas de los partidos.

Pensamiento preescolar

Hace mucho tiempo que la izquierda dejó de ser marxista o, al menos, sólo marxista. El izquierdismo de, pongamos, los años 30, 40 ó 50 exigía realizar sacrificios intelectuales y lucir méritos externos. Los que se decían de izquierdas eran, a un tiempo, revolucionarios y tenían que estudiar las bases de una enmarañada teoría política sobre la que habría de levantarse el mundo del mañana.

Eso debía ir en consonancia con cierta actitud de desprendimiento ante lo material. El revolucionario era puro de cuerpo y de espíritu, un guerrero de la idea preludio del hombre nuevo que habría de llegar con el advenimiento de la fase final de la Historia: la sociedad comunista, sin dioses ni amos, perfectamente igualitaria y feliz.

Esto fue válido hasta, más o menos, los años 70 del siglo pasado. El estrepitoso fracaso del socialismo real en el este de Europa unido a las opulentas sociedades del oeste alumbraron un nuevo socialismo, una nueva izquierda que removió los cimientos de la antigua y parió lo que hoy conocemos como progresismo. Los teóricos, lejos de aprender del fiasco de la economía planificada, ensayaron una nueva fórmula sobre la base dialéctica de la antigua, añadiéndole una dosis letal de relativismo moral e irresponsabilidad individual.

Así quedó disociado lo interno de lo externo, es decir, se podía ser millonario y de izquierdas, o empezar siendo un revolucionario pobre para terminar sentado encima de una pila de dinero sin necesidad de cambiar ni una sola coma del guión, o, como suele ser lo habitual, utilizar el izquierdismo como trampolín para el enriquecimiento personal para luego dar lecciones de pobreza. Lo importante es la conciencia y, sobre todo, saberse situar en el lado de los buenos, de aquellos que Thomas Sowell bautizó como “los ungidos”.  

Estos son los cimientos del pensamiento ambiente de nuestros días. La ideología que, con mayor o menor intensidad, ha terminado adoptando todo el arco político en las democracias occidentales. Es una manera de pensar que, lógicamente, sólo se pueden permitir las naciones prósperas, aquellas donde todavía impera la libertad individual, el respeto por los contratos y los mercados abiertos. Y son, precisamente estas tres bendiciones con las que quieren acabar los nuevos progresistas, que, aunque se denominen así, están empeñados en librar una batalla contra el progreso humano para congelar la Historia y moldear el mundo al antojo de sus prejuicios y limitaciones intelectuales.

En España hemos recibido dos tazas y media de este abstruso ideologema por culpa de la hiperlegitimación que la izquierda tiene desde la Transición. De ahí que casi todas las excentricidades políticas que se perpetran en la Europa Occidental tengan como sede nuestro país. La receta la patentó el grupo Prisa hace ya más de treinta años y desde entonces se ha ido refinando y perfeccionando. La caída del muro no hizo mella alguna en estos ungidos porque ellos están a salvo de cualquier cataclismo. Siempre tienen la razón y soluciones sorprendentemente fáciles para problemas irresolubles. Luego la realidad es que todo se reduce a marxismo para dummies, buenas intenciones y adoración por las minorías que, si no existen, se inventan para compartimentar la sociedad y esclavizarla mejor.

La riqueza, por ejemplo, es para ellos un bien dado que sólo tiene que repartirse de un modo lo más igualitario posible, por ellos naturalmente. La moral judeocristiana está caduca y es imposible adaptarla a los tiempos modernos, así que ha de sustituirse por una especie de conciencia cívica en la que ellos ejercen de sumos sacerdotes. El zapaterismo, con su corte de disparates y sinsentidos, ha sido la culminación práctica de un pensamiento débil, propio de niños de preescolar, que, como era de prever, ha terminado devastando el país en todos los ámbitos. No es casualidad que muchos analistas se refieran al sustento intelectual de Zapatero como “pensamiento alicia”, por el país de las maravillas, claro.

Esta vuelta a la infancia es, sin embargo, muy atractiva. Libera de responsabilidades de orden moral y otorga derechos infinitos a cambio de una sola obligación: obedecer a los políticos, que a su vez están guiados por una suerte de “sanedrín del progreso”. Aquí es donde entra en juego el nuevo tipo de militante: el ecologista, la feminista,  el cooperante… y el periodista comprometido, que hace las veces de intelectual orgánico. El oficio de todos ellos consiste, esencialmente, en decir a la gente lo que tiene que pensar delimitando el campo de lo políticamente correcto. Fuera de él el averno de lo antiguo, dentro de él la modernidad.

Cien años después de Lenin y ciento cincuenta después de Marx el socialismo ha conseguido lo que buscaba, una sociedad anestesiada y despojada de valores y convicciones sobre la que se le puede imponer cualquier tipo de tiranía. En ello están, es sólo cuestión de tiempo que se salgan con la suya.        

El barón que democratizó la escritura

El bolígrafo es el descendiente simplificado de la pluma estilográfica. Poco se sabe de aquellos innovadores o diseñadores que alteran la manera de hacer las cosas en nuestra vida cotidiana. László Bíró y su hermano György patentaron en 1938 en su Hungría natal el bolígrafo moderno que contenía sus dos elementos esenciales: la punta en forma de bolilla metálica y una clase de tinta pegajosa que no se secaba en el tanque, pero que sí lo hacía en el papel. Judíos los dos, huyeron en abril de 1940 hacia la acogedora Argentina de entonces para escapar de la insania nazi. Allí montaron con un amigo también húngaro una empresa para perfeccionar y comercializar su invento, lo que entonces se conocía como birome.

Los hermanos Bíró recibieron en plena guerra mundial miles de pedidos para el esfuerzo bélico de los gobiernos británico y estadounidense. Su birome no goteaba en los aviones de combate a grandes alturas a diferencia de lo que sucedía con la estilográfica. Sin embargo, acabada la contienda, su empresa quebró por falta de financiación y una inadecuada gestión.

Comenzó entonces otra dura batalla, esta vez comercial, entre diversas compañías –mayormente norteamericanas- por hacerse con la primacía de la explotación del utensilio con la bola gráfica. Los primeros empresarios que se hicieron con su patente no lograron aumentar sus ventas debido a pequeños fallos en la producción de sus modelos y, sobre todo, por los altos precios de sus bolígrafos (llegaban a costar hasta 100 dólares por unidad), lo que los hacía prácticamente inaccesibles para la mayor parte de la gente.

Esto iba a cambiar pronto. En 1950, Marcel Bich, un emprendedor italiano naturalizado francés e hijo de una baronesa, conocedor del invento de los hermanos Bíró, viajó hasta Argentina con el fin de comprarles su patente para Europa. Marcel tenía a la vez un refinado gusto aristocrático y un interés por todo lo tecnológico. Cerró el trato y empezó por su cuenta y riesgo a dotar al artefacto escribiente de una mayor agilidad y soltura.

Diseñó una punta cónica rematada por una bolita de carburo de tungsteno para regular el flujo de tal forma que acabara de una vez por todas con los típicos y molestos manchones. Lo presentó con un cuerpo hexagonal alargado de poliestireno transparente y, dentro, un tubito de plástico lleno de tinta acompañado de un sencillo tapón y una capucha de su mismo color. Estas mejoras, aparentemente nimias, le valieron su fama. En 1952, salió de su fábrica el primer bolígrafo con la marca BIC, derivada de la pronunciación de su apellido, al que le quitó la "h" final (más que nada para evitar la indeseable confusión fonética con la palabra inglesa bitch, esto es, zorra).

Enseguida los mercados europeos se le quedaron pequeños. En 1956 se dirigió al mercado mundial (es decir, al resto de los humanos) con su filosofía de "ofrecer el máximo de servicio al mínimo precio". Compró la compañía estadounidense de plumas Waterman y logró con su Bic imponerse en toda América, Australia y África. Ningún lugar del mundo se resistía a esa maravilla de simplicidad. Escribir nunca fue tan fácil, rápido y, sobre todo, barato. El barón logró popularizar el uso del bolígrafo, anhelo de los Bíró, al desarrollar un bolígrafo desechable de bajo coste. Ante el creciente aumento de las ventas, Bich consiguió que el precio bajara aún más. De los 100 dólares que podía costar un bolígrafo en 1945, Marcel los pudo ofrecer a 4 ó 5 dólares. Para 1960, los BIC ya costaban entre 29 y 69 centavos de dólar, dependiendo del modelo, y se impusieron como los preferidos en todo el mundo por su sencillez y por durar un año o el equivalente de dos kilómetros de escritura.

La producción inicial de 1.000 unidades diarias aumentó en tres años a 250.000 por día. Hoy los ordenadores y la era digital en la que vivimos puede que a muchos les haya apartado de este icono del siglo XX y sus hermanos de fatigas pero los datos nos dicen que cada vez se fabrican más estos chismes. Actualmente se venden la friolera de 15 millones de bolis Bic por día en 160 países del mundo. Las cosas que resuelven las necesidades humanas de forma adecuada permanecen en el tiempo.

En 1972 salió a bolsa (de París) su empresa. Fiel el barón a su lema de reinvertir los beneficios, se adentró en otros sectores con la idea de simplificar la vida a la plebe. Fue así como vio la luz el encendedor Bic en 1973 convirtiéndose en el primer encendedor de usar y tirar más utilizado del planeta. Luego, en 1975, plantó cara a Gillette y Wilkinson lanzando también con éxito la primera maquinilla de afeitar totalmente desechable (hoja y mango).

Cosechó empero un fracaso con los perfumes y está por ver si prende o no su incursión en el mundo de los deportes de agua o del móvil (Bic phone). Errar, no obstante, es algo asumido para una empresa que hace de la experimentación una de sus pasiones, si bien parece que se tiene claro el no correr riesgos para los que no hay dinero o colchón financiero suficiente.

Antes de dejar su cargo como presidente del grupo empresarial, viendo cercana ya su inevitable muerte, el Sr. Bich animó a sus socios a dar responsabilidad a los empleados de sus diversas compañías y les alertó muy seriamente sobre la creciente burocracia a la que calificó como la enfermedad de nuestro tiempo. Cosas de la aristocracia emprendedora…

Get on your knees

Tenía –y supongo que sigue teniendo– una buena voz y entre otras cosas produjo los primeros discos de Leño, que para un admirador del Rosendo es un gran plus. Pero es que tantos años de llamarnos "pendejos electrónicos" y denunciar a cualquiera que dijera una palabra más alta que la otra al referirse a la SGAE y sus directivos han hecho su mella.

Así, tras años de leer noticias de cómo la SGAE cobra hasta por representar Fuenteovejuna en Fuenteovejuna vemos ahora a buena parte de su cúpula acusada de robar por la Audiencia Nacional. Julio Alonso, a buen seguro, apreciará la ironía. Condenado porque algunos comentaristas de su blog insultaron a la SGAE, presentó un recurso, otro más, justo el mismo día en que la Guardia Civil registraba sedes y domicilios particulares de quienes lo denunciaron.

Desde 1993, la recaudación de la SGAE se multiplicó por tres. Sin embargo, el dinero que no se repartía por no haberse localizado a su autor lo hizo por 12,5. Pasados cinco años, si se sigue sin identificar a quien debería percibir esos derechos, el dinero pasa a engrosar las arcas de la SGAE. Y con ese dinero se montaron proyectos elefantiásicos como Arteria y se pagó a SDAE y Microgénesis. Y mientras que la Sociedad General de Autores y Editores no puede tener ánimo de lucro, estas compañías en las que también trabajaba parte de la directiva de la SGAE sí que tuvieron todo el ánimo de lucro del mundo. Huele un poco mal, ¿verdad? Veremos qué peste echa después de que el juez Ruz le eche un vistazo.

Lo mínimo que podría hacer la SGAE, pocos días después de unas elecciones en las que la oposición logró el 43% de los votos pero ningún representante en la junta, es prescindir de los implicados. Tratándose de la agencia tributaria de los derechos de autor, un estatus concedido por los políticos, el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que exigimos a éstos, por más que no hayamos tenido mucha suerte últimamente con Chaves, Camps y compañía. Si te meten en el calabozo y sales en libertad con cargos por haber robado a la entidad que diriges, lo mínimo es apartarte mientras se dirime el caso. Si un auto judicial pone en sospecha el proceso electoral por el que has sido elegido pocos días después de ganarlo, lo mínimo sería celebrar elecciones de nuevo con las garantías que antes incumpliste.

Pero no. La junta directiva de la SGAE ha decidido que se va a investigar a sí misma. Será gobernada por una junta rectora presidida por alguien independiente y de prestigio… y ambos serán seleccionados de forma sumamente imparcial por la junta directiva de la SGAE. Y se supone que nos tenemos que fiar del trabajo fino que Víctor Manuel y Caco Senante van a hacer para limpiar la institución, con el amigo Teddy, que se va pero no se va, mirando por encima del hombro.

¿Se puede hacer más el ridículo y tomar más por tontos a los españoles? Seguro. Lo veremos en los próximos días. Mientras tanto, seremos elegantes y concederemos a Teddy la presunción de inocencia que niegan a los millones de españoles que apoquinamos el canon.

El proyecto cultural de Bildu

La decisión del Comité de Selección de la Capital Europea de la Cultura 2016 de otorgar la sede a San Sebastián ha provocado un fuerte descontento en el resto de sedes, en buena parte de la ciudadanía española y otro problema político más para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La polémica radica en el cambio político que se ha producido en la alcaldía de la capital vasca después de las últimas elecciones municipales. La nueva marca de la banda terrorista ETA, Bildu (después de su polémica legalización por el Tribunal Constitucional), ha tenido un éxito sin precedentes, éxito que ha pillado al propio Gobierno central, valedor en la sombra de la decisión judicial, por sorpresa. No tengo muy claro que este resultado haya sido del agrado del presidente Zapatero y del candidato a las Generales, Rubalcaba, ministro del Interior. Todo hace pensar que esperaban un resultado mucho más modesto. Pero Bildu ha triunfado donde ETA tiene fuerte apoyo social, hasta el punto de que la Diputación de Guipúzcoa y la alcaldía de San Sebastián están dirigidos por la coalición proetarra.

La pérdida de la alcaldía por parte del PSOE -Odón Elorza era alcalde desde 1991- y la ascensión de Juan Carlos Izaguirre hacían pensar que San Sebastián no iba a ser elegida y lo sería alguna de las otras cinco ciudades españolas candidatas: Segovia, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba o Zaragoza. Era tan seguro que los responsables de la candidatura cordobesa estaban convencidos de su triunfo unas horas antes del fallo.

Los alcaldes de Burgos y Córdoba dudan ahora de la objetividad de los argumentos y piensan que se trata de una decisión política apresurada. El alcalde de Zaragoza ha amenazado con acudir a los tribunales. Las dudas sobre la imparcialidad del jurado internacional, la presencia de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y pasados favores del PNV al Gobierno de Zapatero hacen sospechar de una decisión dirigida.

Sin embargo, se pueden aparcar ciertas diferencias si los ingresos son lo suficientemente jugosos. Todos los partidos vascos del gobierno municipal, Bildu, PNV, PSE y PP, se han apresurado a defender la candidatura y a asegurar que es colectiva. Y es que no hay que olvidar que estos eventos suponen una fuerte inyección de inversiones públicas que “transforman” la ciudad y “ayudan” en su desarrollo. Al menos, el de los comisionistas y las empresas cercanas al poder.

Sin embargo, lo más preocupante radica en el carácter totalitario de Bildu-ETA, porque esta decisión le ha dado una ventana internacional al terrorismo y su proyecto político. Juan Carlos Izaguirre ha sido muy claro:

“Se impulsará nuestra lengua y cultura y un periodo de normalización, en el marco del respeto democrático a todas las personas y pueblos”.

Lo que Bildu busca y probablemente pueda conseguir con la capitalidad cultural es la mejora de su imagen internacional, incluso una legitimación de su proyecto, incluyendo su violencia y terror. No sería la primera vez que un grupo totalitario recurre a las expresiones culturales para conseguirlo. Probablemente, el caso más espectacular sea el de la Alemania nazi y las Olimpiadas de Berlín de 1936. Para la ocasión, el régimen recurrió a la mejor escenografía y a todo su arsenal de triquiñuelas propagandísticas para ofrecer al mundo una imagen muy distinta de lo que era. Por una parte, transmitió un reflejo de su poderío y organización y, por otra, cierta tolerancia frente a judíos y otros grupos étnicos, evitando altercados y suspendiendo temporalmente las persecuciones que, tras el evento y como no podía ser de otra forma una vez logrado su objetivo, intensificó.

Bildu puede utilizar la capitalidad para lograr estos objetivos. Transmitir la imagen de una “rica y ancestral” cultura oprimida, con lo que lograría despertar penas y simpatías entre los visitantes y ofrecer, a la vez, una imagen de falsa tolerancia, donde, al contrario de lo que suelen decir los “maquetos”, se puede vivir sin problemas. La organización lograría esta legitimación exterior a través un acto cultural. La propaganda es una herramienta muy poderosa y, una vez más, la cultura puede servir a un movimiento totalitario.

La situación no es fácil para el gobierno socialista, ya que cualquier medida que suponga arrebatar a San Sebastián la recién estrenada capitalidad sería presentada desde un punto de vista victimista y ayudaría a transmitir una imagen de intolerancia y de opresión de los “españolistas”. Además, Bildu-ETA tiene muy claros sus objetivos, mientras que los partidos no saben lo que quieren y, ni mucho menos, cómo. Hay que reconocer que la capacidad del Gobierno de Zapatero para meterse en charcos está cada vez más desarrollada.

¿Qué es una burbuja?

Con la crisis actual, parece que todo el mundo posee, a posteriori, un exquisito conocimiento acerca de las burbujas: se habla de burbuja inmobiliaria, de burbuja bursátil, de burbuja del oro… Parecería que vivimos en un mundo lleno de pompas a punto de estallar. Mas, ¿realmente sabemos definir una burbuja financiera? ¿O simplemente calificamos como tal a todo recalentón más o menos acelerado en el precio de un activo?

Para empezar, ¿en qué consiste un activo? Una definición bastante simple sería la de todo factor productivo que nos dé derecho a bienes o servicios a lo largo del tiempo. Una vivienda, por ejemplo, es un activo porque nos proporciona servicios de habitación durante toda su vida útil (servicios de habitación que podemos alquilar a otras personas a cambio de dinero); una acción es un activo porque representa una porción de la propiedad de una empresa que genera bienes que se venden en el mercado; un terreno también puede considerarse un activo en la medida en que obtengamos año a año una cosecha.

La cuestión es, ¿de qué depende el valor de todos estos activos? Muchos pensarán que los activos poseen valor por sí mismos. De hecho, esta era la idea de numerosos economistas, como los fisiócratas, los marxistas o los keynesianos, quienes elucubraban que la tierra, el trabajo o el capital poseían un valor intrínseco e independiente de casi cualquier otra consideración. Sin embargo, pensémoslo bien: si una vivienda está ruinosa y no es habitable, ¿posee algún valor? Si somos propietarios de una empresa quebrada que ha interrumpido sus operaciones, ¿serán sus acciones en algún sentido valiosas? Si nuestro terreno se ha vuelto yermo y no podemos darle ningún otro uso (ni siquiera la edificación), ¿conservará algún valor? No, claramente el valor de todos los activos depende poderosamente del valor de los bienes y servicios que sean capaces de producir en el futuro.

E insisto en el complemento temporal del enunciado: en el futuro. Pues, obviamente, no podemos esperar que una tierra que nos garantiza dos décadas de trigo a partir del año 2100 sea hoy igual de valiosa que otra que nos garantiza desde ya dos décadas de trigo. El tiempo tiene su valor: preferimos consumir antes que después, y por eso los activos que nos proporcionan antes los bienes o servicios serán más valiosos que aquellos que nos los proporcionan más tarde.

Por ejemplo, 100 euros hoy serán más valiosos que 100 euros dentro de un año y éstos a su vez lo serán más que 100 euros dentro de 10 años. Así, podemos preguntarnos, ¿cuántos euros estaríamos dispuestos a entregar hoy a cambio de recibir 100 euros mañana? O lo que es lo mismo, ¿por cuantos euros actuales estaríamos dispuestos a recibir a cambio de los 100 euros mañana? Si, verbigracia, nos parece bien intercambiar 90 euros de hoy por 100 euros de dentro de un año, diremos que el valor presente de esos 100 euros dentro de un año son 90 euros actuales (de hecho, esa diferencia de valor entre los bienes presentes y futuros se corresponde con el tipo de interés).

Pues bien, el valor de un activo no será más que el valor actual o presente de los bienes futuros que produce (o, por expresarlo en términos monetarios, del dinero a cambio del que se venderán esos bienes futuros). Si un activo proporciona una entrada de caja de 1.000 euros dentro de un año y otra de 2.000 dentro de dos años –siendo, por ejemplo, el valor presente de la primera suma 900 euros y el de la segunda 1.500–, el valor del activo será de 2.400 euros.

Pero valor no es igual a precio. Una cosa es el precio teórico, intrínseco o fundamental que debería exhibir un activo en función de su valor y otra el precio que realmente exhiba en el mercado. En la medida en que los bienes futuros que genere un activo, el precio al que éstos vayan a poder venderse y los tipos de interés a los que habrá que descontarlos son inciertos, su precio de mercado también lo será. Dependiendo de los dispares juicios y estimaciones que hagan los inversores, su valor estará parcialmente indeterminado y, por tanto, también lo estará el precio al que los inversores estén dispuestos a comprarlo o a venderlo.

Mas, como es sabido, en todo mercado donde existe incertidumbre tienden a hacer acto de presencia los muy denostados especuladores (otro día hablaremos de la función económica esencial que realizan… también en los mercados financieros). Los especuladores no guían sus compras o sus ventas del activo en función de su valor estimado, sino en función del precio que esperan que otros inversores o especuladores estén dispuestos a pagar a cambio del activo.

¿Qué significa todo esto? Pues que en ocasiones el precio de mercado de un activo tendrá muy poquito ver con su valor (aun estando éste parcialmente indeterminado). Cuando el precio de mercado de un activo sea superior a su valor, entonces hablaremos de burbuja financiera; esto es, burbuja es sinónimo de sobrevaloración. Por ejemplo, si el valor de una empresa, determinado por el descuento al presente del valor de los bienes futuros que generará, debiera ubicarse entre 100 y 150, pero su precio es de 5.000, entonces tenemos claramente una burbuja en la valoración de esa empresa.

Al igual que nos encontramos con burbujas podemos encontrarnos con lo que podríamos llamar anti-burbujas, esto es, con que el precio de mercado de un activo se sitúe por debajo de su valor. En tal caso, podremos comprar activos muy valiosos a precio de saldo. Es la técnica de inversión que emplea la llamada filosofía del value investing, de la que Warren Buffett es fiel seguidor.

Conviene aclarar que las subidas de precios de un activo pueden ser un síntoma de que se está gestando una burbuja, pero ni mucho menos son su elemento esencial. En ocasiones, observaremos subidas de precios que están justificadas por la mayor cantidad de bienes futuros que ese activo producirá. Por ejemplo, desde 2003 las acciones de Apple se han multiplicado por 50; al margen de que en la cotización actual pueda existir (o no) un elemento de burbuja, es evidente que gran parte de esta subida responde a que las ventas se han multiplicado por 10 y los beneficios por 200, lo que a su vez se debe a que Apple empezó a fabricar una mayor cantidad de productos que los consumidores reputaron útiles. E inversamente, podemos encontrarnos con burbujas sin que hayan subido los precios de un activo: si su valor se desploma (por ejemplo, porque los bienes futuros que puede producir han quedado súbitamente obsoletos) y su precio de mercado no hace lo propio, tendremos una sobrevalorización del activo por inercia en su precio.

Por último, son muchos quienes creen que toda burbuja tiene su origen en un crédito bancario excesivo. Lo cierto, sin embargo, es que las burbujas son fenómenos relativamente frecuentes en mercados con gran presencia de especuladores o de inversores inexpertos. Es del todo factible que un activo esté sobrevalorado aun cuando los bancos no inflen el crédito (en la bolsa, por ejemplo, ocurre a diario). Ahora bien, sí es cierto que toda expansión del crédito bancario no respaldada por ahorro provocará una burbuja financiera en alguna parte de la economía, pues esas expansiones dan lugar a auges económicos insostenibles; esto es, dan lugar a la expectativa de que la producción futura va a ser mayor de lo que en realidad llegará a ser debido al advenimiento de la crisis (y de ahí su peligrosidad: los bancos concentran su patrimonio en activos sobrevalorados que cuando pinchan contraen los medios de pago y dilapidan el capital de los ahorradores).

Por eso, si media una expansión del crédito, lo que juzgamos valoraciones prudentes de un activo podrían tornarse sobrevaloraciones cuando acaezca la crisis, revelando a posteriori la existencia de una burbuja. Y por eso también resulta en gran medida vano que las autoridades pretendan regular y controlar la recurrencia de burbujas: salvo en casos muy evidentes –y ni siquiera así: ahí están las recientes burbujas inmobiliarias que fueron negadas sistemáticamente por las autoridades–, es imposible que los políticos sepan si cada uno de los activos de la economía están sobre, infra o adecuadamente valorados. Quienes triunfan en tal actividad son ahora multimillonarios (o van camino de serlo) y su éxito deriva en gran medida de concentrarse en los sectores económicos concretos que conocen y dominan.

No hay manera de evitar que se produzcan burbujas, pues el futuro es inerradicablemente incierto; pero sí hay maneras de no incentivar su recurrencia y de no multiplicar su potencial destructor. Pero esas soluciones, como ya explicaremos, no pasan por una mayor regulación, sino por eliminar los privilegios a la banca.

Democracia económica, imperio y opinión pública

Pese a la degeneración semántica del término, democracia equivale, a grandes rasgos, a aquel régimen político que se caracteriza por un sometimiento de la formación y la acción del gobierno al control y refrendo popular. Un gobierno democrático no conlleva que todos y cada uno de los miembros de la comunidad política sean partícipes activos y persistentes en las decisiones que afectan a lo común. Democracia no significa un predominio absoluto de lo general sobre lo particular, la extensión de lo político sobre el resto de órdenes o la colectivización del patrimonio y la cultura.

La opinión pública, liberado el dogma moral y religioso del monopolio eclesiástico, alcanzó su apogeo de forma paralela a la consolidación de la prensa libre. Cualquier régimen desde entonces ha quedado sometido a un tipo de opinión que establece tendencias y consolida cambios que han sido imposibles de contener por la autoridad pública. El contenido que se desprenda de dicha creencia compartida hará oscilar el sentido común en una u otra dirección.

No obstante, el apogeo de las ideologías, en plena decadencia del proceso liberal de la opinión pública, ayudó a reforzar, extender y dotar de un inmerecido halo científico a opiniones y meras creencias. En el orbe económico este fenómeno se tradujo en que el estudio y comprensión de los fenómenos sociales, en sentido amplio, quedara, por siempre, supeditado a la voluntariedad política. Esta tendencia, aunando fuerzas con el cientismo imperante y la ética constructivista que introduce el estatismo, hizo más fuerte la creencia general sobre la necesidad, e incluso la deseabilidad, de que el Estado interfiriera en la forma de vida del individuo, así como en sus intereses particulares. El imperio (político) pasó a sustituir al dominio (jurídico/económico).

Veamos las contradicciones que encierra el concepto de “democracia económica”. El socialismo ha unido estos dos términos, utilizando “democracia” como sinónimo de igualdad material, compensación intersubjetiva, redistribución de la renta… Lo cierto es que la única democracia económica que no resulta contradictoria con el significado y el sentido que encierran estas palabras es aquella en la que el Estado se abstiene de intervenir, permitiendo que sean los propios individuos, fundamentalmente adoptando la posición de consumidores, quienes determinen el éxito empresarial y el destino de la producción. Los agentes que intervienen en el mercado intercambiando bienes, persiguiendo fines particulares y definiendo las instituciones sociales de forma no deliberada y a través de las consecuencias no queridas que se derivan de sus acciones racionales, no actúan gracias al principio político de la imposición, sino al estrictamente jurídico-económico del dominio plural, real, limitado y competitivo sobre aquello que resulta apropiable.

El imperio, como poder inapelable, excluyente y absoluto, es una manifestación genuina del poder político, ahora en manos del pueblo, que es quien en situaciones de excepcionalidad respalda el liderazgo y la opinión (consenso social como hecho prepolítico) que termina por definir el estado político, moral y económico finalmente constituido (poder constituyente).

En el mercado, las relaciones sociales se definen en función de otro elemento, el dominio, que no es absoluto, tampoco inapelable y mucho menos exclusivo. La propiedad, partiendo de una esencia relativamente clara y definida, evoluciona como institución garante del interés particular, la libertad individual y el orden jurídico. No lo hace de forma dogmática e imperturbable, sino como una institución dinámica y flexible, pero consistente, que se fundamenta en la exclusión integradora, al contrario que la soberanía política.

Hablar de la vigencia de una “democracia económica”, excluyendo por completo la “soberanía del consumidor”, subvierte el orden económico. Se trata, como ya se ha visto, de enfrentar dos tipos de poder (N. Matteucci): por una parte, la soberanía política, que es exclusiva, absoluta y no derivada, y se ejerce a través del Estado de manera imperativa (real y personal), y por otra, la soberanía de los consumidores, que es un poder descentralizado, plural, y así, limitado, competitivo y dinámico, traducido en forma de dominios parciales sobre bienes ciertos y determinados.

En la teoría de órdenes (D. Negro), sólo el Derecho, u orden jurídico, somete al económico, y nunca a la inversa, como también lo hace con el político, convirtiendo el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres en requisito indispensable para que un régimen pueda ser considerado “liberal”. En esta situación, la legislación no pretenderá (ni tendrá competencia para ello) suplantar la esfera de lo jurídico (el Derecho), quedando relegada a las normas que sean internas y funcionales de la administración de lo común.

La alternativa, sencillamente, nos devuelve a un estadio similar a la expresión más oscura y regresiva del Medievo: la unidad de la opinión y la persecución inquisitorial del discrepante. De alguna manera, la revolución protestante termina cuando en el interior de la opinión pública afloran hasta dominarla prejuicios y supersticiones morales y económicas que germinan en forma de “pensamiento único”.

Si entendemos democracia económica como la posibilidad de que la política interfiera en lo económico a través del ejercicio del Imperio, el dominio plural, bien desaparece, o, en el mejor de los casos, queda desnaturalizado y sometido. Empero, esto no implica que la soberanía económica pase de manos de todos a manos de uno (un reverenciado Estado social que representa cierta racionalización del interés general). En realidad, el Estado industrial es orgánicamente complejo, múltiple y un instrumento al servicio de intereses particulares organizados en grupos de presión. El mito del interés general se desvanece sin más (N. Matteucci).

La ingenuidad pseudocientífica que se desprende de toda construcción teórica monista y perfeccionista, que atribuye a la centralidad política, con mayor o menor intensidad, la capacidad de coordinar, armonizar y mejorar la eficacia de todos los órdenes (Hayek), se ha convertido en dogma de fe para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que variando en sus opiniones, comparten este núcleo fundamental. Se unen, de este modo, una mala ciencia, o una ciencia deficiente e incontrolable (Popper), que teoriza sobre la capacidad del Estado para mejorar la coordinación social, y una opinión pública idiotizada, que se cierra en banda ante las propuestas que apoyan la devolución institucional a una dinámica espontánea de formación y definición: libre mercado y dominio plural frente a una organización estatizada soportada por la soberanía política.

Pero, ¿habría suficiente oro?

A renglón seguido, eso sí, una de las críticas más populares es que no hay suficiente oro en el planeta para acompasar el crecimiento mundial: la cantidad de dinero, se nos dice, debe crecer al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios; eso pudo lograrse con dificultades en el s. XIX, pero sería inviable en el s. XXI.

El argumento suena verosímil, pero si lo analizamos un poco veremos que tiene poca consistencia. Es decir, la cuestión es la siguiente: ¿qué pasaría en un mundo que siguiera creciendo pero donde la cantidad de medios de pago fuese absolutamente rígida? Por claridad expositiva, podemos dividir los efectos en dos tipos: por un lado, los que atañen a los precios y la producción (aspecto real); por otro, los referidos a los tipos de interés, las deudas y la financiación empresarial (aspecto financiero).

En cuanto a los precios, asistiríamos sin duda a una deflación secular. Conforme más produjéramos, más se abaratarían los productos en relación a la onza de oro (o a la de cualquier otro patrón monetario que fuese fijo). Mas, ¿es esto algo negativo? No necesariamente. Mucha gente teme que si los precios caen, los empresarios quebrarán y entraremos en una depresión económica en la que la producción de bienes y servicios se reducirá. Pero lo cierto es que la rentabilidad de los empresarios no depende exclusivamente de los precios de venta de sus mercancías, sino de sus precios y de sus costes (del margen de beneficios).

Si precios y costes se reducen, la producción podrá seguir su curso con normalidad. Es sencillo de comprender: si ahora mismo se dividieran todos los precios de la economía entre diez (incluyendo los de activos y pasivos), prácticamente nada cambiaría. Seguirían siendo rentables las mismas líneas productivas y la gente no vería modificadas sus costumbres de gasto.

Es verdad que si los precios, en lugar de reducirse de golpe, fueran cayendo progresivamente y a ritmos desiguales, el comportamiento de consumidores y empresarios podría tener efectos reales. Los consumidores retrasarían su consumo y los empresarios podrían encontrar que otras líneas de negocio resultan más rentables que la suya (si los precios han caído menos o los costes se han reducido más que en la suya). Pero lo mismo sucede con la inflación: los consumidores tienen incentivos a adelantar su consumo y los empresarios también pueden ver cómo sus cálculos se distorsionan (si los precios suben más o los costes se incrementan menos que en su línea productiva). Y, puestos a elegir, es preferible que los consumidores retrasen su consumo a que lo adelanten, pues la base del capitalismo y de la prosperidad es el ahorro.

En definitiva, el capitalismo con un patrón monetario rígido requeriría de unos mercados flexibles donde los precios –y los costes– pudieran ir modificándose con el transcurso del tiempo. Nada, por otro lado, que no se diera en el s. XIX y que no sea igualmente recomendable en un capitalismo con un patrón monetario más elástico; al cabo, los precios son los faros del capitalismo y nada bueno puede resultar de su manipulación.

Hay una serie de precios que, sin embargo, no es probable que fueran a modificarse ni siquiera en un mercado muy flexible. Me refiero al saldo de las deudas: si los precios caen y el saldo de los pasivos no minora, cada vez los agentes adeudan más dinero en relación con sus ingresos. El temor, en este caso, es que los individuos no tendrán ningún incentivo a endeudarse y, por tanto, no podrán hipotecarse ni para adquirir viviendas ni captar capital emitiendo bonos con el que implementar sus planes de negocios.

Esta preocupación sí es en parte comprensible, pues ciertamente una economía con una deflación persistente de precios tendería a penalizar el endeudamiento. Sin embargo, no es ni mucho menos un obstáculo insalvable para mantener altos niveles de crecimiento económico. Primero, porque al igual que hoy una parte de los tipos de interés que pagan los deudores depende de la inflación esperada (de modo que si el ahorrador desea un rentabilidad mínima del 4% y prevé que los precios suban al 1,5% anual, carga unos intereses del 5,5%), en una economía con deflación persistente los tipos de interés tenderían a incorporar la deflación esperada (de modo que si se desea una rentabilidad mínima del 4% y los precios caen al 1,5%, el tipo de interés sería del 2,5%), incluso indexando los bonos a la evolución de algún índice de precios tal como ya se hace hoy. Segundo, porque la única manera de financiar una empresa no es a través de fondos ajenos (deuda), sino también a través de fondos propios (que, entre otras remuneraciones, reparten dividendos variables en función de la caja que posee la empresa).

Una economía con deflación sería una economía donde la financiación vía fondos propios tendría un peso mucho mayor al actual y donde la deuda, si bien resultaría probablemente más barata en términos nominales, sería de bastante mayor calidad, pues los ahorradores sólo aceptarían no atesorar el dinero y prestarlo a largo plazo a cambio de riesgos que fueran muy seguros; lo cual no significa, ni mucho menos, que fuera una sociedad menos emprendedora o arriesgada, sino que el riesgo se canalizaría por su vías naturales, que no son precisamente la financiación bancaria sino las participaciones en el patrimonio neto de los fondos de venture capital o de private equity.

En conclusión, hemos visto que ni la producción ni la inversión se verían seriamente perjudicadas en un mundo donde la cantidad de medios de pago fuera absolutamente fija. Tradicionalmente se ha asociado este escenario con el patrón oro, pero sí me gustaría añadir unas líneas a este respecto. Dejando de lado que en el último siglo las existencia del metal amarillo se hayan multiplicado por siete, que el oro se convierta en el patrón monetario de una sociedad no significa ni mucho menos que sea su único medio de pago. En una economía moderna, la mayor parte de mercancías se compra vía compensación de créditos y deudas, esto es, pagando unas mercancías con otras mercancías: esa es la base del crédito circulante que proporcionan empresas y bancos a sus clientes (letras de cambio y depósitos a la vista) y que, por supuesto, jugó un papel central en el s. XIX y lo seguiría jugando en una eventual recuperación del patrón oro.

Ni siquiera hoy, en la era del dinero fiduciario, la mayor parte de las transacciones se realizan al contado: la cámara de compensación CHIPS, por ejemplo, efectúa transacciones anuales por importe de 365 billones de dólares, cuando la base monetaria del dólar (el equivalente a la cantidad de oro con la que cuenta el sistema) apenas asciende a 2,7 billones de dólares. De hecho, tampoco esta base monetaria de dólares se ha incrementado al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios: entre 1947 y 2007, la cantidad de dólares se multiplicó por 25 mientras que el PIB nominal de EEUU (no hablemos del resto de transacciones mundiales que se efectúan con dólares) lo ha hecho por 60.

El oro no impide que toda esta superestructura de crédito –que es, en el fondo, la que compra y vende mercancías en una economía que haya desarrollado un poquito su sistema de pagos– se pueda erigir; lo que favorece es que esa superestructura sea de una calidad infinitamente mayor a la del dinero fiduciario. Pero la elasticidad de los medios de pago (que no serían ni única ni mayoritariamente monedas de oro) sigue siendo enorme; en ocasiones incluso demasiado grande para evitar la recurrencia de los ciclos económicos.

Así pues, como vemos, el patrón oro no es un buen ejemplo de patrón monetario rígido (y eso que ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de que junto con el patrón oro convivan otros patrones monetarios, como la plata o incluso, en ciertos ámbitos reducidos, variedades de medios de pago fiduciarios, electrónicos o no) pero, aun en el caso de que lo fuera, el sistema económico podría seguir funcionando perfectamente. Las objeciones contra el patrón oro no deben buscarse en sesudos argumentos teóricos, sino en la arrogancia de los intelectuales y en los conocidos intereses del Gobierno, de la banca y de una población pródiga en exceso por abusar del endeudamiento barato.