No lo olvidemos, nadie en la historia ha provocado más muertes violentas que los aparatos estatales. Particularmente contra su propia población.

Digámoslo desde el principio: es mucho lo que desconocemos, pero lo único que fehacientemente sabemos que ocurrió en Madrid tal día como hoy de hace 12 años es que diversas ramificaciones del Estado desarrollaron un papel crucial en los terribles atentados del 11-M, que acabaron con la vida de 193 personas e hirieron a más de 1.500.

No fue una banda terrorista, sino funcionarios del Estado, la que ordenó desaparecer la inmensa mayoría de pruebas del delito: los trenes fueron achatarrados cuando no habían transcurrido ni 72 horas del atentado y la ropa y objetos personales de las víctimas nunca llegaron al sumario. De las muchas toneladas de muestras sobre las que deberían haber pivotado la instrucción y el juicio, apenas se conservó una bolsita de restos porque funcionarios del Estado nos hurtaron los escenarios del crimen.

No fue una banda terrorista, sino funcionarios del Estado, la que creó las pruebas falsas: la furgoneta Kangoo (vacía en Alcalá y repleta en la comisaría de Canillas), el Skoda Fabia (prueba descartada incluso por el propio tribunal ante las abrumadoras evidencias de que fue colocada), el episodio de Leganés (extraños terroristas que esperan a  que se desaloje el inmueble para suicidarse, con lo que en el 11-M no hay ninguna inmolación en los 193 asesinatos y posteriormente hay inmolaciones sin intención de asesinar a nadie; además, no aparece un solo resto de sangre en el piso y se vulnera flagrantemente la ley al no realizar la autopsia a ninguno de esos supuestos suicidas) y la famosa mochila de Vallecas, la piedra angular de la versión oficial, la que nos lleva al locutorio de Lavapiés, a la Goma 2 ECO sin metenamina (el explosivo de la Kangoo sí contenía esta sustancia) y que apareció directamente en dependencias policiales 18 horas después de la masacre. Se trata de un simulacro de mochila bomba, con los cables sueltos, preparada para no estallar y cuya metralla no se encontró en ninguno de los 12 focos de explosión de los trenes ni en las autopsias que se realizaron a las víctimas.

No fue una banda terrorista, sino un tribunal formado por funcionarios del Estado, la que condenó injustamente a miles de años de cárcel como único autor material de los atentados a Jamal Zougam. La única prueba de cargo fue el testimonio contradictorio que ofrecieron meses después de los atentados unas testigos rumanas tras recibir la promesa, por parte de funcionarios del Estado, de obtener una indemnización y la nacionalidad española.

Y no fue, al cabo, una banda terrorista, sino la totalidad de la élite política, la que decidió dar carpetazo al 11-M. Ya se trate de naranjitos, rojitos, azulitos o mediopensionistas, el manto de silencio arrojado sobre el 11-M es estremecedoramente ensordecedor.

Así, podemos asegurar, sin temor a caer en irresponsable hipérbole ni en intolerable provocación, que el 11-M, como mínimo en lo que se refiere a la ocultación de la verdad y a la propagación de la mentira, fue el Estado. La lógica más siniestra de la bestia estatal se reveló con toda su crudeza aquellos tristes días de marzo de 2004. Y es que, no lo olvidemos, nadie en la historia ha provocado más muertes violentas que los aparatos estatales. Particularmente contra su propia población.