Ir al contenido principal

Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

Imitación, innovación y empresarialidad

El ser humano tiene dos importantes habilidades cognitivas complementarias, la capacidad de innovar y la capacidad de copiar: puede hacer algo nuevo, creativo; o puede imitar lo que ya existe, replicarlo. Las novedades exitosas pueden reproducirse, y a partir de múltiples copias pueden generarse más cambios que a su vez podrán copiarse de forma recursiva. La acción humana se desarrolla en una tensión permanente entre la permanencia y el cambio.

Imitar no es simplemente repetir lo que uno mismo ya ha hecho antes: se trata de copiar lo que ha hecho otro, observando, reflexionando, comprendiendo y añadiendo la nueva facultad o conducta al repertorio de habilidades propias. El aprendizaje suele requerir una fase inicial de atención consciente hasta que la tarea se automatiza y puede invocarse a voluntad o como un hábito que no requiere el esfuerzo de pensar.

Imitar conductas existentes más o menos generalizadas tiene sentido evolutivo: un comportamiento muy nocivo tiende a desaparecer al eliminar a sus agentes portadores, de modo que la simple existencia de algo muestra su capacidad de supervivencia; además, al ser la competencia un fenómeno relativo, hacer lo mismo que todos significa estar en terreno seguro y, al menos, no quedarse atrás. Para no malgastar recursos al resolver un problema, conviene averiguar si alguien lo ha resuelto ya antes; pero en ocasiones es mejor ignorar las respuestas de otros para así no restringir la imaginación y abrirse a la posibilidad de soluciones alternativas.

La innovación no surge de la nada: consiste en recombinar elementos previos para producir algo original, novedoso. La innovación es una tarea problemática: en algunos ámbitos, todas o casi todas las combinaciones posibles ya han sido generadas (al menos a cierto nivel de abstracción, como en el caso de los argumentos literarios, donde existe un número limitado de personajes y tramas ya explorados); en otros ámbitos, hay tantas combinaciones posibles que su generación y comprobación sistemática completa es prácticamente imposible y es necesario utilizar heurísticas (técnicas de búsqueda basadas en conocimiento experto) para reducir el espacio de búsqueda y los costes de la misma.

Innovar de verdad implica pisar terreno desconocido, arriesgarse a equivocarse, ensayar y errar a menudo hasta eventualmente acertar. Las innovaciones que funcionan suelen ser graduales, marginales, construyen sobre lo que ya existe e intentan mejorarlo, exploran ámbitos desconocidos pero cercanos a los ya dominados.

Las novedades pueden surgir accidentalmente, de forma inconsciente o no intencionada. Pero también pueden ser resultado de acciones intencionales: los emprendedores son personas proactivas, que se fijan objetivos y ponen en marcha proyectos para alcanzarlos, que imaginan formas mejores de hacer las cosas e intentan llevarlas a cabo. Un emprendedor puede actuar simplemente para satisfacer sus propios deseos de forma autónoma; pero, en general, los participantes en mercados con división de trabajo son productores especializados y consumidores generalistas. Los empresarios suelen intentar organizar nuevos proyectos productivos para servir a los demás: por un lado ellos mismos son causantes de cambios al crear y hacer crecer sus empresas, y por otro lado especulan intentando predecir las potencialmente diferentes condiciones del mercado en el futuro (preferencias y capacidades de los agentes económicos) para adaptarse a ellas.

El emprendedor es responsable del dinamismo y la coordinación del mercado: busca desajustes para aprovechar oportunidades de beneficio y su propia actividad origina situaciones diferentes con nuevas oportunidades. El emprendedor es el explorador que se arriesga, lanza su propuesta y se somete al juicio de los consumidores.

Los empresarios no suelen trabajar solos en sus proyectos. Son coordinadores de recursos humanos, necesitan contratar empleados, trabajadores que siguen indicaciones, obedecen órdenes. Todo ser humano puede ser empresario en principio, pero pocos lo son en la práctica: muchos no tienen el ánimo o la perspicacia necesarios, la capacidad de tomar decisiones bajo incertidumbre, o no quieren asumir riesgos.

La empresa es una aventura, algo heroico, pero lo épico es precisamente lo que se sale de lo ordinario. El empresario debe no solo enfrentarse a los competidores establecidos, a otros empresarios con diferentes innovaciones, y a los intereses creados que se sienten amenazados y preferirían que todo siguiera igual: también tiene que tirar con su entusiasmo y los incentivos adecuados de los trabajadores que carecen de su iniciativa y su ímpetu creador.

Una solución medieval a la pobreza

Digámoslo cuanto antes. La pobreza es la misma condición del hombre; aminorarla depende de que éste adopte ciertos comportamientos y no todo el mundo podrá adoptarlos o querrá hacerlo. Así que la pobreza no tiene solución. Pero ello no quiere decir que no se puedan ofrecer formas nuevas y viejas para permitir a las personas salir de la pobreza. La que me ha interesado en esta ocasión es muy nueva, y tan antigua como el medievo, crear ciudades con cartas de derechos otorgadas.

La idea la ha expuesto recientemente Paul Romer, un conocido economista, especialista en crecimiento económico. Él parte de la idea de que actuamos por nuestro propio interés (lo que no quiere decir de forma egoísta), y de que en el entorno institucional adecuado ello lleva a producir y acumular riqueza y, por tanto, a abandonar la pobreza. Pero hay otros entornos en los que ese interés propio lleva a comportamientos menos productivos e incluso antisociales. La cuestión es “cómo liberar a las personas de las normas nocivas”. Su propuesta pasa por crear “docenas, quizá centenares de ciudades con cartas” en los países pobres, pero con normas creadas por países desarrollados. Romer lo ve como “un camino intermedio entre las lentas reformas internas y unos arriesgados intentos de re-colonización”. Es un nuevo colonialismo, de todos modos, pero él lo plantea como si fuera consensuado.

Las “cartas” serían auténticas constituciones que reconocerían los derechos de los nuevos ciudadanos, y dentro de ello, los inmigrantes que acudiesen a esta nueva ciudad serían libres para ir cambiando las normas. La principal idea detrás de esta propuesta es ofrecer a las sociedades pobres la posibilidad de elegir unas normas diferentes con las que vivir. Además, una ciudad tiene el tamaño adecuado para no exigir normas comunes para comunidades muy amplias y diversas, lo que limita los conflictos políticos. Sería un espacio de libertad en un entorno de opresión.

La idea recuerda a aquéllas ciudades medievales que se ganaban ciertas libertades, reconocidas en una carta, que permitían un autogobierno, la creación de instituciones eficaces, y con ellas la libertad económica y la prosperidad. Pero esos arreglos institucionales no se hacían graciosamente, sino que se alcanzaban por una negociación entre poderes diversos que llevaban a un proceso de difusión del poder como lo ha explicado John P. Powelson. Y no está claro qué podría llevar a permitir y respetar una ciudad así a un Estado que no ha permitido la adopción de normas que restrinjan su poder. Lo único que podría llevarle a hacerlo son los ingresos fiscales.

Romer pone como ejemplo histórico cercano que pudiera ejemplarizar su propuesta a Hong Kong, la economía más libre del mundo desde hace décadas. La idea es muy atractiva. Pero no parece fácil de llevar a la práctica.

Cómo se humanizó la economía vietnamita

Tras más de un siglo de sucesivas guerras contra Francia, Japón, EEUU, y luego contra las vecinas China, Camboya y Laos, la población de Vietnam quedó diezmada y su economía devastada. La situación empeoró aún más con la reunificación del país bajo un mismo gobierno comunista en 1975, al decretarse centralmente una economía cerrada y fuertemente dirigida desde el poder. El triste resultado de todo ello fue la imposibilidad de producir lo más básico para mantener con vida a los propios vietnamitas. Se evaporaba el futuro esperanzador que algunos intelectuales (i.e. Chomsky) veían allá románticamente.

En julio de 1986, cuando Lê Duân -sucesor de Ho Chi Minh- falleció, las autoridades comunistas de Vietnam llegaron a la conclusión de que más recetas de corte estalinista iban a suponer sencillamente el colapso de su cuerpo social. Por entonces, dicho país importaba anualmente 1,5 millones de toneladas de arroz y el hambre se propagaba más veloz que las consignas políticas. Fue entonces cuando pusieron en marcha su particular perestroika (un año antes que la soviética) para transformar todo su modelo productivo desde una economía centralmente planificada hacia otra más amable con el mercado -tutelado, no obstante, por el poder comunista-. A este sensato cambio se le denominó Doi Moi (renovación).

Lo que se inició como una tímida reforma del sistema económico comunista de Vietnam, acabó derivando -especialmente en 1991 tras el desmoronamiento definitivo de la URSS- en un repudio de facto de todos los principios responsables de su calamidad económica. Los cambios más importantes consistieron en la abolición de aduanas internas, el fin del control de precios y de subsidios directos, la instauración de precios y salarios de mercado, la descolectivización de la agricultura, el reconocimiento y protección de la propiedad privada, el permiso a los empresarios para contratar inicialmente hasta cinco trabajadores, la reducción progresiva de restricciones a la autonomía empresarial, la liberalización de amplios sectores de la economía, la supresión del monopolio estatal del comercio exterior y la apertura internacional del mismo, la privatización de algunas empresas públicas y la creación de zonas francas que garantizasen el capital extranjero. Todo aquello fue enmarcado en una suficiente estabilidad institucional.

Fruto de ello, una explosión de ‘empresarialidad’ y dinámica experimentación invadió el país de cabo a rabo. Miles de pequeñas o pequeñísimas empresas empezaron a ofrecer sus bienes y servicios dentro y fuera de sus fronteras en una frenética marea de intercambios, inversiones y turismo. Hoy, dos terceras partes del producto interior de Vietnam provienen de la iniciativa privada. La crisis asiática del 97 le afectó poco y desde hace más de una década, su tasa media de crecimiento está por encima del 7%. Actualmente Vietnam es el segundo exportador de arroz del mundo (después de Tailandia) y el segundo vendedor de café (tras Brasil); también es uno de los principales actores en la exportación de caucho natural, muebles, calzado y confección textil. Con más de 86 millones de almas degustando la incipiente libertad, es seguramente la economía de más rápido crecimiento del mundo.

En estos momentos el Estado vietnamita maneja aún el 36% del PIB nacional (porcentaje ya menor al de la mayoría de los países de la OCDE). Desde inicios de siglo se han ido creando en dicho país anualmente unas 14.000 empresas privadas (que pueden ser muchas más debido a la extensa economía sumergida con la que cuenta). Desde 2005 hay cierta libertad de culto y se permite también la vuelta de algunos exiliados al país. La pobreza severa (definida como aquella población que gana menos de 1 dólar diario) se ha reducido significativamente, situándose hoy por debajo de países como China, India o Filipinas.

No obstante, aunque su renta per cápita se ha quintuplicado en los últimos quince años el país indochino padece severos inconvenientes: a parte de sufrir una escasez importante de libertades civiles y políticas, lastra una atosigante burocracia, un pobre desarrollo tecnológico y gerencial, unas raquíticas infraestructuras así como toda una casta política -estatal, provincial y local- corrupta hasta el tuétano (por lo demás, signos todos ellos inherentes a cualquier dictadura ordinaria de partido único). Todavía no se permite que el capital extranjero tome una participación superior al 49% de las empresas locales. El banco central del gobierno –uno de los monopolios indiscutidos del partido comunista- ha llevado a cabo durante años una laxa política monetaria y crediticia que se ha traducido en una inflación desbocada de su moneda local (el dong) y en un riesgo elevado de estallido de burbujas de activos varios (¿les suena?). El banco central vietnamita, el SBV, ha aplicado recientes cataplasmas para conjurar los desórdenes monetarios creados por el mismo; está por ver si la extensa red de pequeños bancos comerciales de dicho país sale indemne.

A pesar de todo ello, es indudable que el Doi Moi de Vietnam ha representado, en términos generales, un notable éxito al sacar a sus habitantes de la miseria facilitándoles el acceso a la economía global y permitiéndoles beneficiarse de su ventaja comparativa. Cuanto más se profundice en las reformas que desaten la capacidad de actuación creativa de sus gentes y haya menos dirigismo económico de sus políticos, mayores posibilidades existirán allá de disfrutar de un progreso prometedor.

Como nos recuerda Manuel Ayau, el mercado es el único sistema que puede sacar a un país de la pobreza, siendo además una organización no jerárquica. Sólo cuando se da libre curso a la búsqueda espontánea y descentralizada de riqueza y se crean los estímulos y reglas adecuados para activar las fuerzas del mercado, esto es, sólo cuando los diversos comunismos y sus variantes socialistas se aproximan al capitalismo (y no al revés) es cuando se humanizan y se hacen verdaderamente sostenibles. Los hechos así lo atestiguan

Google y Microsoft: víctimas y verdugos

Demasiados clientes se han pasado a las filas del P2P y las descargas, hartos de unos precios absurdamente altos y, en muchos casos, de un formato que en su día fue económicamente necesario, que muchos consideran una necesidad artística, pero que cada vez menos gente compra: el LP, primero, y su sucesor el CD después.

La forma cada vez más habitual en que se consume música es mediante ficheros en MP3, obtenidos de las más diversas maneras, y que los melómanos tienen en sus ordenadores, sus teléfonos, sus discos duros multimedia, sus marcos digitales o sus reproductores MP3; y en algunos casos en todos esos dispositivos y algunos otros al mismo tiempo. Se escuchan canciones sueltas, en recopilaciones personales de la música completamente ajustadas al gusto de cada uno. La industria ha pretendido que siguiéramos atados al CD, al que incluso han cargado de protecciones para intentar que no pudiéramos copiar la música que habíamos comprado a formatos más cómodos. Pero han fracasado.

También han puesto trabas a la compra legal de canciones sueltas; principalmente a través de unos precios absurdamente altos. Todos sabemos que el coste de descargar una canción de tiendas como iTunes o Amazon MP3 es ridículo, y que los precios de 89 ó 99 centavos están puestos para no hundir aún más el negocio de vender soportes de plástico. De modo que muchos de los más aficionados a la música se han acostumbrado a compartirla por internet y las SGAEs de este mundo les han hecho perder hasta la más pequeña brizna de culpabilidad; será muy difícil que lo dejen por una solución de pago, a no ser que sea mucho más cómoda.

Ahí es donde productos como Spotify pueden triunfar. Tiene un catálogo enorme, aunque con lagunas, y el acceso es casi instantáneo. Los clientes de pago pueden además disfrutar de las canciones en algunos móviles de última generación, aunque tiene el fallo de ser menos universal que el simple y puro fichero MP3. Pero complementándolo con compras más baratas podría ser la vía para que las discográficas sigan ganando dinero de las grabaciones. Menos que antes, claro, pero porque su aportación a la cadena de valor de la música ha disminuido muchísimo en un mundo en el que tanto el precio de las herramientas de grabación y producción discográfica como los costes de distribución han bajado a niveles ridículos si miramos los de hace una o dos décadas. Pero la industria sí sabe cómo promocionar a los músicos, incluso puede ofrecerse como mánager, y esos ingresos podrían compensar ese descenso en su facturación.

Viendo lo que ha pasado, y lo fácil que resulta analizarlo desde la ventaja que nos da el haber contemplado todas y cada una de las meteduras de pata de las discográficas, podría resultar asombrosa la actitud de las editoriales y sus correveidiles. Así, por ejemplo, en El País escribían lo mala que sería la desaparición de los "heditores" porque nadie haría la labor de, eso, edición de unos manuscritos que siempre pueden ser mejorados gracias a una mano profesional distinta de la del autor, al igual que la música gana con un productor que sepa encontrar el sonido perfecto para un artista o una canción. Y sin duda es una tarea necesaria, y por eso mismo no desaparecerá, al igual que las discográficas seguirán aportando algo de valor a la música que será retribuido. Pero eso sólo no justifica que las editoriales sigan existiendo tal cual son ahora.

Sin embargo, bajo excusas tan exiguas como ésta, parecen estar cerrando los ojos ante lo que se les viene encima. O les facilitan la vida a los lectores que se pasen al libro electrónico, bajando los precios en ese formato aunque pueda reducir sus ventas de papel, o incluso pensando en mecanismos de suscripción que quizá no sean Spotify pero se le puedan parecer, o pueden despertarse un día y ver que sus autores les han abandonado por empresas que no son editoriales de toda la vida, pero que ofrecen a los escritores lo que necesitan: la vía para llegar al mayor número posible de lectores.

Algunos escritores de éxito están presionando a sus editores para llevarse una parte mayor del pastel y algunos como Ian McEwan directamente han firmado con Amazon para convertirla en su editorial, que venderá el libro en papel y en el Kindle y le dará un porcentaje mucho mayor de las ventas. Amazon lo ha visto claro, y amenaza con convertirse en la mayor editorial de Estados Unidos a poco que las tradicionales se despisten. Por supuesto, aún hay tiempo de cambiar. Pero muchas editoriales, entre ellas las españolas, parecen tener toda la intención de despistarse.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.

De la planificación central al mercado: China y Rusia

La economía china plantea algunas cuestiones de extremo interés teórico, y también práctico. Su enorme tamaño y creciente influencia económica y geopolítica convierten el desempeño social y económico de China en un tema muy relevante a nivel global.

En primer lugar está la cuestión de cómo una economía totalmente arruinada por la planificación central pudo llevar a cabo una transición –al menos, relativamente, si la comparamos con Rusia u otros países excomunista–- exitosa hacia una especie de capitalismo.

Acerca de las causas de la divergencia entre las transiciones rusa y china, algunos apuntan a que en el primer caso tuvo lugar un proceso de reforma repentino y rupturista –la terapia del shock–, mientras que en el segundo se llevó a cabo un proceso de reforma gradual. Aunque esta tesis puede ser cierta –de hecho, sería complementaria a la siguiente–, otros estudiosos señalan al diferente modelo respecto a la descentralización versus centralización en el proceso de transición como variable explicativa clave.

Así, Rusia habría experimentado con un modelo centralizado desde arriba (top-down), acometiendo reformas ambiciosas en las instituciones formales (leyes, regulaciones, etc.), pero fallando en ajustar esas instituciones a lo prevaleciente en las normas culturales y sociales de la población. Unas normas que tras 70 años de experimento comunista, estaban totalmente desligadas a las normas esenciales de un sistema capitalista de libre mercado, como es la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Además, la confianza entre unos y otros era muy reducida, lo que hace muy difícil la cooperación social beneficiosa.

El comunismo significó mucho más que la miseria económica y la muerte de millones de personas; también significó la erosión de los valores individuales y de responsabilidad, necesarios para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Por ello, la transición rusa no solo requería de reformas como liberalizaciones de precios y privatizaciones –instituciones de jure–, sino también de cambios radicales en las actitudes sociales –de facto– de los individuos de a pie, de los políticos y de los grandes gestores-burócratas. Cambios que, por otra parte, no suelen ocurrir de la noche a la mañana.

En definitiva, Rusia en su proceso de transición habría experimentado importantes cambios en las instituciones formales, pero muy pocos en las informales.

En cambio, China habría seguido un proceso contrario: buena parte de las reformas habrían surgido descentralizadamente desde abajo (bottom-up), y el Gobierno no habría tenido más que permitir ese proceso, ajustando paulatinamente las instituciones formales a las nuevas circunstancias, o simplemente dejando hacer.

Este fenómeno se ilustra excelentemente en el inicio de un reciente artículo de la Hoover Institution, titulado How China Won and Russia Lost. En noviembre de 1978, algunos campesinos chinos, que veían cómo el sistema agrícola de tipo comunista les era gravemente perjudicial, decidieron secretamente dividir la tierra comunal entre varias familias individuales, para que éstas cultivaran la tierra de forma privada, y pudieran quedarse con el sobrante tras cumplir con las cuotas estatales. Tales comportamientos eran ilegales, e incurrían en graves riesgos.

Las acciones de estos valientes agricultores (verdaderos "buscadores" en la terminología de William Easterly en The White Man’s Burden) se extendieron a lo largo y ancho de los poblados de campesinos de China, en un proceso espontáneo de imitación de las estrategias más exitosas, llevadas a cabo por los agentes más intrépidos y perspicaces. Y así es cómo comenzó de forma auténtica el proceso de transición chino, según esta tesis: de forma descentralizada y espontánea.

Solo fue un mes después, concretamente en diciembre de 1978, cuando comenzó el proceso de reformas liberalizadoras y aperturistas formales, "la caída de la Muralla China". El timing no es en absoluto baladí.

Esta tesis sobre la divergencia entre estos dos caminos, defendida, por ejemplo, por Easterly en el mencionado libro, viene a confirmar varias cosas: la importancia que tiene la distinción entre instituciones formales de jure e informales de facto en el análisis institucional (enfatizada por la investigación del economista de la George Mason University Peter Boettke y su círculo); y los mejores resultados que proporcionan las soluciones descentralizadas, en las que se permite que la información y el conocimiento relevante y útil para la actividad económica, emerja de los individuos para ser usado de manera productiva. Cuestiones ambas sobre las que he tratado en otros artículos.

Por supuesto, la reforma china es incompleta, el proceso de reformas sigue abierto y persisten importantes dosis de represión económica –sin contar con la gravísima represión de las libertades civiles y otros aspectos–, gran cantidad de empresas públicas, un sector bancario nacionalizado, etc., además de cruciales retos y problemas graves como el medioambiental o la actual coyuntura . No seré yo quien defienda un excesivo optimismo sobre China en el corto plazo.

Pero lo que el caso chino puede enseñarnos es que avances en la libertad económica de los individuos pueden significar verdaderos y Grandes Saltos Adelante ; irónicamente, todo lo contrario de lo que intentó Mao bajo ese mismo nombre.  Una lección que ofrece algo de luz en un panorama económico global muy negativo. Y una lección que nos puede dar algunas esperanzas sobre el futuro de países extremadamente pobres como Haití.

Tribunal de la Incompetencia

2009 ha sido un gran año para la CNC, conocida anteriormente como Tribunal de Defensa de la Competencia. Según su última memoria, el regulador gubernamental abrió 21 expedientes el pasado ejercicio –el doble que en 2008–, imponiendo multas por valor de 191 millones de euros, un 560% más que en 2008.

Muchos –la mayoría– pensarán que esta frenética actividad es signo inequívoco de que, al menos, un organismo está cumpliendo rigurosamente con su cometido que, en este caso, no es otro que defender a los consumidores de los supuestos abusos de las grandes empresas. Y, sin embargo, se equivocan.

Pocas son las entidades públicas más hipócritas, falaces y perversas que las que actúan bajo la rúbrica de "defensa de la competencia". Y es que este tipo de tribunales especiales se levantan sobre toda una montaña de legislación errónea que tergiversa y manipula el concepto mismo de "competencia". Dicho término ha de ser entendido, única y exclusivamente, como un proceso social dinámico en el que una infinidad de empresarios rivalizan entre sí por satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener así beneficios de forma legítima. Todo ello sin recurrir a la violencia, la coacción o a la amenaza del uso de la fuerza (que es lo que hace el Estado).

El libre mercado no es más que eso. Vendedores y compradores que satisfacen sus fines acordando intercambios libres y voluntarios que se materializan en precios. Pero hete aquí que nuestra querida clase política, quienes ejercen el monopolio de la ley, entienden la competencia como una situación de equilibrio perfecto en el que los empresarios apenas cuentan con margen para actuar.

No obstante, según estos tribunales, las empresas que suben tarifas corren el riesgo de ser enjuiciados por "precios abusivos"; los que abaratan sus productos bien pueden ser acusados de "competencia desleal"; y, por supuesto, ¡hay de aquellos que acuerden precios!, pues la sanción por "confabulación" es casi segura. Entonces, ¿en qué quedamos? En la práctica, el único objetivo de la ley es impedir, precisamente, que los vendedores compitan.

El error conceptual parte de los modelos matemáticos que se suelen estudiar en las facultades de Económicas. La mayoría de manuales enseñan una supuesta "competencia perfecta" que, sin embargo, nunca se produce en el mundo real. Dicho término alude a una situación ideal en la que todos los empresarios venden el mismo producto al mismo precio. Como poco, resulta contradictorio –por no decir vergonzoso– que economistas y políticos califiquen de "perfecta" la ausencia misma de competencia.

La legislación que opera en este ámbito constituye un atentado contra el libre mercado, y los órganos que la aplican auténticos Tribunales de la Incompetencia. Sonado fue el caso de Microsoft, condenado por ocupar una "posición de dominio" en su sector, y mucho me temo que el siguiente será Google por razones análogas. Los burócratas no entienden, o no quieren entender, que el éxito de las grandes empresas consiste, precisamente, en satisfacer de la mejor forma posible a los consumidores.

El único monopolio real radica en obstaculizar o impedir la entrada de nuevos competidores en un determinado sector mediante barreras administrativas. Dicho concepto carece de sentido en el libre mercado, ya que nada impide que cualquier otro empresario perspicaz tumbe al gigante a la mínima de cambio. Ésa, y no otra, es la esencia del proceso dinámico de la competencia.

Las grandes empresas corren el riesgo de caer en cualquier momento y ser sustituidas por otras más eficientes. Véase sino la otrora poderosa industria de velas hasta el nacimiento de la bombilla, el sector del carbón hasta el uso del petróleo, los gigantes ferroviarios hasta el despegue de la aviación civil… y así, desde que el hombre es hombre.

Aumento ilegal de precio es cobrar más que un colega,
pero si cobra usted de menos es desleal competencia.
Y téngalo bien presente, no haya en esto confusión:
Si cobran todos lo mismo será confabulación.
Debe competir, es cierto, pero ande con pies de plomo,
pues si conquista el mercado, ¡qué más claro monopolio!
¿Precio abusivo o escaso? El uno al otro no quita.
Si el Bien Público está en juego, ¿por qué no la parejita?

(Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan)

La leche de Facebook

Y también lo tienen, por supuesto, a protestar y a dar a conocer al resto de la humanidad su opinión sobre la medida tomada por los responsables de la popular red social.

Pero hasta ahí. Mientras se limiten a quejarse, montar campañas de protesta o a tratar de contactar con los responsables de la prohibición, todo entra dentro de lo legítimo. Pero se saldría de esta categoría si trataran, esperemos que no lo hagan, de involucrar a los poderes públicos para que obligaran a Facebook a levantar tan estúpida prohibición. Al fin y al cabo, no deben olvidar que se trata de una empresa privada y que tiene la legitimidad de prohibir lo que le venga en gana a sus usuarios.

De todos modos, para ser coherentes del todo con su nombre –puesto que la organización lleva en el mismo la palabra "Libertad"– desde CCF deberían protestar, siempre sin recurrir al apoyo de los gobiernos u otras instancias estatales, por todas las prohibiciones de publicidad. Al igual que la leche y sus derivados no resultan nocivos para gran parte de seres humanos (no olvidemos que hay millones de intolerantes a la lactosa) muchos podrán alegar que el consumo responsable de alcohol o un uso correcto de las armas, por ejemplo, tampoco lo son. Y en aquellos casos, como las drogas o el tabaco, en el que casi siempre son dañinos, anunciarlos no es lo mismo que obligar a consumirlos.

Además no deja de ser irónico que en esa red se prohíba anunciar toda una serie de productos y se permita, por ejemplo, hacer propaganda de ideologías políticas totalitarias que han supuesto la muerte para millones de personas y de regímenes que coartan la libertad de muchos otros millones. Sin embargo, la libertad tiene esas cosas, hasta los indeseables defensores de personajes como Hitler o Stalin tienen derecho a expresarse. Y el resto de usuarios la tienen para pedir que Facebook no se lo permita hacer en su red social. Si lo hace, bienvenido sea, que se creen una propia para ellos. Hablamos siempre de entornos privados.

Los responsables de Facebook han hecho el tonto prohibiendo la publicidad de lácteos. "Son la leche", que diría un castizo. Pero tan sólo es eso, una idiotez que son libres de cometer.

Los intermediarios y los agricultores (otra vez)

Cíclicamente, como si de una crisis se tratase, los agricultores sacan los tractores a la calle para reclamar ayudas para su sector. Hace unas semanas, miles de agricultores se manifestaron en Madrid convocados por las tres grandes organizaciones de ámbito estatal: Asaja, COAG y UPA. Señalan, como cada vez, que los intermediarios son los culpables de que los productos agrícolas se encarezcan desmesuradamente y denuncian sus amplios márgenes. No dudan en mostrarlos como un grupo privilegiado de especuladores que se enriquecen a costa de agricultores y consumidores. Este “argumento” (por llamarlo de alguna manera) significa no entender absolutamente nada de economía.

Veamos. La clave está en darse cuenta de que el producto que el agricultor recoge no es un bien de consumo, sino simplemente un paso intermedio en el proceso productivo. Y es que los consumidores (es decir, cualquiera de nosotros) no queremos ese bien que el agricultor acaba de recolectar. No tiene ningún valor para nosotros; no nos es de ninguna utilidad. No es un bien de consumo porque, entre otros motivos, no tenemos acceso a él y/o desconocemos su existencia.

Económicamente hablando, la manzana que el agricultor de Extremadura recoge en su campo no es el mismo bien que la misma manzana comprada por nosotros en el supermercado. Un producto sólo puede ser denominado “de consumo” cuando ha pasado por todas y cada una de las necesarias etapas de transformación del proceso productivo, se ha acercado y se ha puesto al alcance del consumidor. Mientras no sea así, ese bien “no existe” para el consumidor, y de ahí que no tenga ningún valor.

Por tanto, los agricultores son solamente una etapa más de la producción, de igual importancia que los transportistas, distribuidores, publicistas, controladores de calidad, mayoristas, minoristas y demás prestadores de servicios que son indispensables para que el producto acabado de consumo esté a disposición del consumidor.

Si no fuesen económicamente analfabetas, estas organizaciones agrícolas y de consumidores sabrían perfectamente que los intermediarios son totalmente imprescindibles. Deberían imaginarse que no me sale a cuenta desplazarme a Canarias cada vez que se me antoje un platanito; que no voy a coger el coche en dirección a Galicia cuando desee comer pulpo de calidad; que no volaré hasta Argentina o Uruguay para degustar su carne; o que no voy a ir a la Rioja para comprar el vino que necesito esta noche. Paradójicamente, los principales beneficiados de la existencia de intermediarios son precisamente los agricultores.

Si eliminamos a los intermediarios o intentamos aminorar coactivamente las ganancias de su negocio, lo único que conseguiremos es crear una escasez de alimentos, como ha sucedido en la historia en otros regímenes con economías planificadas.

Lo único que verdaderamente deberíamos exigir es que no haya barreras de entrada para realizar la actividad de intermediario, es decir, que no se pongan trabas a cualquier persona que quiera (intentar) ejercer de intermediario. Si esto es así (mercado libre), no cabe más que concluir que los profesionales que actualmente están realizando esos servicios son los más eficientes. Son los que ofrecen la mayor calidad a un menor precio. Esto es debido a que los procesos de competencia hacen que los servicios mejoren de calidad y bajen de precio, ya que los empresarios intentarán realizar su labor lo más eficazmente posible y con costes cada vez menores para imponerse a sus competidores. El que no lo consiga deberá cerrar y será expulsado del mercado.

Por tanto, si tan buen negocio es ser intermediario, ¿por qué no se dedican a ello los agricultores? ¿Es que hay alguna barrera de entrada legal que se lo prohíba?

Pero estos lobbies que dicen defender el campo español y a los consumidores pisotean y obvian las leyes más básicas de la economía para conseguir lo que verdaderamente quieren: privilegios. Por eso han centrado sus esfuerzos en exigir la intervención del Gobierno (¡cómo no!) para que regule/fije precios y márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad. Se entiende que los productos de primerísima necesidad son casualmente los suyos.

Y, como siempre, parece que han conseguido (o conseguirán) lo que se proponen. Es de esperar que los subsidios a los agricultores sean pagados por todos los contribuyentes de forma directa o indirecta. Directa, mediante impuestos que irán destinados a incrementar su partida presupuestaria; indirecta, al provocar que los precios que deberán pagar por los alimentos sean más elevados.

Se beneficia claramente a unos sectores en detrimento de la mayoría, que acaba pagando sus costes. Lo cual supone una curiosa manera de entender la democracia por parte de los gobernantes, ya que permiten que intereses particulares prevalezcan sobre los derechos individuales del resto de ciudadanos. Y es que una vez más se demuestra que la política está reñida con la ciencia económica más básica.

Competencia asimétrica

Una de las grandes críticas que se suelen formular al sistema de libre mercado está motivada por la indefensión que existiría por parte de los consumidores y las pequeñas empresas frente al poder detentado por las grandes compañías. Cuando se describe el mercado frecuentemente se suele presentar la imagen en la que consumidores indefensos no tienen más remedio que adquirir una serie de bienes y servicios que no son necesariamente los que más le convienen, en unas condiciones que hacen muy difícil cualquier tipo de reclamación, siendo ofrecidos por una serie de grandes empresas que apenas compiten entre sí. Por otro lado, estas grandes empresas emplearían todo tipo de tácticas para impedir el nacimiento o la consolidación de nuevos competidores.

Cabría preguntarse si esta imagen que se tiene del funcionamiento del mercado es cierta. Si se analizan las grandes empresas, es innegable que cuentan con ciertas ventajas muy importantes a la hora de competir. Por un lado tienen una gran facilidad para financiar sus proyectos. Gracias a su tamaño y a su consolidación, les resulta relativamente fácil obtener financiación bancaria, ampliar capital o emitir empréstitos, todo ello a un coste ventajoso. Es por eso por lo que, a la hora de desarrollar nuevos productos o mejorar los presentes, tienen menos problemas de financiación. También sus inversiones en activos fijos resultan muy elevadas, por lo que, a la hora de producir, obtienen importantes economías de escala que reducen sus costes. Por último, y no por ello es el factor menos importante, reúnen una cantidad importante de talento humano. Gracias a sus sistemas retributivos y de reclutamiento son capaces de reunir un personal muy capacitado y motivado para desempeñar sus funciones.

No obstante, la pequeña empresa no carece de armas con las que competir. Así, las grandes organizaciones suelen tener un grado de flexibilidad más reducido precisamente por su tamaño. Un equipo reducido de personas puede cambiar su forma de trabajo a un ritmo mucho más veloz que un grupo grande. También presentan la ventaja de que el pequeño empresario puede estar más en contacto con los cambios del mercado que la cúpula de una gran empresa, debido a que suele tratar directamente con su cliente y sabe lo que necesita. La cúpula de una gran empresa dispone de informes y de su correspondiente equipo de analistas y asesores, pero su contacto con el cliente de base es mucho más reducido. Por último el pequeño emprendedor puede llegar a disponer de empleados mucho más fieles que la gran empresa, ya que muchas veces emplea a la propia familia, que suele cobrar menos, dedicar más horas a su trabajo y pensar menos en cambiar de empleador que el personal de una gran empresa, a lo que habría que añadirle la importancia que sobre el total del trabajo desempeñado suele tener la labor del fundador de la empresa.

Mientras tanto, el consumidor se ve beneficiado por la existencia de empresas de distinto tamaño que se ven obligadas a competir entre sí para contar con su beneplácito, al ser, realmente, la única persona que efectúa la elección de a quién comprar.

No obstante este funcionamiento no es siempre tan idílico, y muchas veces se pueden ver quejas de las dificultades que encuentra el pequeño empresario a la hora de desempeñar su labor. Muchas de las quejas tienen que ver, sin duda, con la dificultad intrínseca que tiene su tarea. No es una tarea fácil ofrecer lo que el cliente necesita, al precio que quiere, mejorar con respecto a la competencia, satisfacer las pretensiones económicas de proveedores y empleados, y obtener financiación para todo ello. Sin embargo, muchas veces sus quejas no suelen estar motivadas por lo anterior sino debido a la legislación y sus cambios, y ahí sí que suele presentar una ventaja competitiva importante la gran empresa. A la hora de redactar nuevas leyes es frecuente que se abra un periodo de consultas sobre la idoneidad de éstas. La gran empresa suele contar con un gran equipo de personas (bien de su personal, bien asesores externos) que saben desenvolverse en la administración, por lo que tan pronto se anuncie la intención de dictar una ley o reglamento, podrán formular las alegaciones pertinentes para que los cambios no les perjudiquen o incluso les beneficien. Incluso saben con qué personas entrevistarse para lograr iniciativas legislativas favorables. Sin embargo, esta capacidad no está tan disponible para las pequeñas empresas, por lo que no suelen presentar ningún tipo de alegaciones, sugerencias o informes.

Este tipo de asimetría normalmente no puede ser compensada ni por la pequeña empresa, ni por el consumidor individual. La existencia de asociaciones puede facilitar la participación de éstos en estos trámites e iniciativas, sin embargo, dada la multiplicidad de fines que persigue cada uno de los asociados, su escasa representatividad y sus limitaciones presupuestarias, estas asociaciones no suelen tener la misma efectividad que las grandes empresas, aunque indudablemente existen sus excepciones, y pueden provocar asimetrías en sentido opuesto.

Esta asimetría se puede estudiar mejor con un ejemplo. Supongamos que se pretendiese llevar a cabo una subida en los tipos a la Seguridad Social de las empresas que venden al público un determinado producto. Rápidamente las grandes empresas se pondrían en contacto con el órgano que pretende dictar dicha norma, para hacer ver la serie de inconvenientes que tendría dicha medida, por ejemplo, sobre el empleo en dichas empresas. La Administración puede llegar al acuerdo con dichas empresas de realizar dicha subida sólo sobre trabajadores a tiempo parcial, para que no les perjudique tanto, y fomentar, de dicha forma, el empleo con dedicación total. En principio parece que todo el mundo sale ganando. No obstante dicha medida contaría con un perjuicio importante, que serían las pequeñas empresas. En las grandes empresas, precisamente por su tamaño, resulta más infrecuente, porcentualmente hablando, realizar contrataciones a tiempo parcial. Es fácil reemplazar a varios trabajadores a mitad de jornada con la mitad de dicha cifra a jornada completa. Sin embargo, esto no es tan cierto en las pequeñas empresas, donde puede que sólo se necesite un trabajador a tiempo parcial, suponiendo esto un porcentaje importante sobre el total de horas trabajadas. Por tanto se introduciría una asimetría artificial a la hora de competir en el mercado, precisamente introducido por una ley.

Esta misma distorsión se produciría con respecto a los consumidores. Para una gran empresa es posible promover o reformar iniciativas que les sean ventajosas a ellas, pero cuyo resultado indirecto implique la pérdida de derechos contractuales o de posibilidades de adquisición por parte del consumidor.

Por tanto, aunque las circunstancias en las que suelen competir las empresas son distintas, éstas deben poder aprovechar sus respectivas ventajas competitivas a la hora de satisfacer a sus clientes. No obstante, pueden existir asimetrías que no son consustanciales ni al mercado ni a la especificidad de cada empresa, y que lo distorsionan, siendo introducidas desde el ámbito legal. Éstas distorsiones al final van a perjudicar al propio consumidor, al disminuir la competencia y por tanto su posibilidad de elección, que es una de las mejores salvaguardias que tiene el consumidor. De ahí la importancia de que el marco legal sea neutral, logrando así un juego limpio entre todos los actores y que lleguen al consumidor la mayor cantidad de posibles ofertas.

La caja de Pandora

En primer lugar, anima al Gobierno a tomar las riendas de la producción nacional. El Estado debe "dirigir el proceso de desarrollo en una determinada dirección". ¿Cuál? La que estime oportuna la elite burocrática, ignorando así la regla de oro de cualquier economía que, mínimamente, defienda el libre mercado. Esto es, la inviolable soberanía del consumidor y la propiedad privada de los factores de producción.

El Gobierno tiene que marcar el desarrollo económico a seguir, según González. Una idea propia del marxismo que, por supuesto, cuadra a la perfección con el espíritu dirigista y planificador que desprende la nueva Ley de Economía Sostenible. Para ello, el ex ugetista recomienda aumentar la inversión pública en educación, I+D+i y energías renovables.

En segundo lugar, aboga por fortalecer, aún más, el papel de los sindicatos. Contradiciendo a todos los organismos internacionales, González considera que el mercado laboral español es excesivamente flexible, de ahí su "volatilidad" en los períodos de crisis y auge económico, por lo que defiende una mayor regulación en este ámbito.

Ambas reflexiones carecerían de la menor importancia si no fuera porque el autor de las mismas pertenece al selecto club de ignorantes e inútiles asesores que conforman la Oficina Económica de Moncloa. Sus ideas son una reproducción exacta del recetario sindical, cuyo único objetivo es implantar una economía planificada y estática al servicio del corporativismo estatal.

González parece desconocer que España es una de las economías más rígidas del planeta, la menos competitiva de las grandes potencias (OCDE), y con un mercado laboral propio del Tercer Mundo, según el Banco Mundial. Y pese a ello, insiste en repetir sin el más mínimo rubor la falacia izquierdista de "más Estado y menos mercado".

Desconozco si Zapatero seguirá sus recomendaciones. Confío en que no pues, de lo contrario, la nueva política económica del Gobierno acabaría por convertirse en una losa insalvable para la ansiada recuperación económica. España vive un momento clave. Las grandes crisis económicas suelen ser aprovechadas por el Ejecutivo y sus parásitos para extender la intervención pública y emprender reformas anti-mercado con el fin de acrecentar su poder. El "dirigismo" que promueve el asesor de Moncloa es un claro ejemplo de ello.

Adoptar este tipo de consejos, tarde o temprano, conllevaría la implantación de modelos económicos bien conocidos en América Latina, como es el caso de Argentina. Por el bien de todos, más vale que el Gobierno no destape la Caja de Pandora.