Ir al contenido principal

Etiqueta: Corrupción

España y el bumerán de la corrupción

Por Mark Nayler. El artículo España y el bumerán de la corrupción fue publicado originalmente en FEE.

Hasta finales del año pasado, el partido de derechas español Vox podía presumir de una rara distinción: ser el único partido importante del país sin una acusación de corrupción a su nombre. Eso cambió en diciembre, cuando los socialistas, liderados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaron una denuncia acusando a Vox de financiación ilegal.

Los socialistas alegan que Vox ha recaudado hasta 5 millones de euros a través de cajas de donativos y venta de artículos en puestos callejeros, dos prácticas que vulnerarían la normativa sobre financiación política. El partido de Sánchez también ha señalado un préstamo de 6,5 millones de euros supuestamente concedido a Vox por un banco húngaro vinculado al primer ministro derechista del país, Viktor Orbán. El 10 de marzo, el fiscal anticorrupción de España (seguramente la institución más ocupada del país) abrió una investigación sobre Vox basándose en la denuncia de los socialistas.

Cabe preguntarse cuánto tiempo y dinero han dedicado los socialistas a investigar las finanzas de Vox. Este tipo de investigaciones suelen estar en manos de la policía o la judicatura, y no de los políticos, pero no en España, donde las acusaciones de corrupción son una valiosa moneda política. Los tres principales partidos del país -los socialistas, el conservador Partido Popular (PP) y Vox- dedican más tiempo a acusarse mutuamente de corrupción que a debatir políticas. Al final, es un juego en el que todos pierden.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, afirma que los socialistas están «rodeados de corrupción» e intentan desviar la atención de sus propios presuntos delitos. Se refiere al caso Koldo, llamado así por Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro de Transportes del Gobierno, José Luis Ábalos. Durante la pandemia, Izaguirre cobró presuntamente comisiones ilegales por contratos adjudicados a empresas públicas para la fabricación de mascarillas. (Ábalos mantiene su inocencia, pero fue expulsado del Partido Socialista).

Las palabras de Millán se hacen eco de las del exlíder conservador Mariano Rajoy, que en junio de 2018 fue el primer presidente del Gobierno español destituido por una moción de censura. La moción fue presentada y ganada por Sánchez después de que el PP fuera declarado culpable en la mayor investigación de corrupción de la historia de España. En el llamado caso Gürtel, 29 acusados, muchos de ellos altos cargos del PP, fueron condenados por delitos como tráfico de influencias, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. El ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de cárcel. Un indignado Sánchez acusó a Rajoy de introducir la «enfermedad crónica» de la corrupción en la sociedad española, un comentario que le salió por la culata. «¿Es usted la [Madre] Teresa de Calcuta?». replicó Rajoy: «Hay corrupción en todas partes, como usted bien sabe porque está cerca de ella».

Fue un ejemplo clásico de cómo, en España, las acusaciones de corrupción suelen volverse en contra del acusador. Rajoy aludía al escándalo de los ERE, en el que están implicados políticos socialistas de la región meridional de Andalucía. Los fiscales del caso de los ERE sostuvieron que, entre 2001 y 2010, dos administraciones socialistas sucesivas canalizaron 680 millones de euros destinados a prestaciones de desempleo y a empresas en dificultades hacia personas físicas y jurídicas próximas al partido. Diecinueve antiguos cargos socialistas fueron declarados culpables de mala conducta, malversación de fondos públicos o ambas cosas. Entre ellos había dos presidentes andaluces, incluido José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel. Aunque el escándalo de los ERE fue anterior al liderazgo de Sánchez al frente del Partido Socialista, que comenzó en 2014, no dejó de dañar la credibilidad de su postura anticorrupción.

Cuando se dictaron las sentencias de los ERE en noviembre de 2019, el diario de centroizquierda El País publicó un artículo en el que comparaba el caso con Gürtel. Concluía que el de los ERE era el menor de los dos escándalos, porque ninguno de los principales implicados se había enriquecido personalmente y solo se habían dilapidado 680 millones de euros de dinero público, no los «miles de millones» que afirmaba la derecha española. Pero otra conclusión del artículo era clara: que el único debate real se refiere al grado de corrupción de los principales partidos españoles. La corrupción en sí es un hecho.

Las familias de los políticos también son vulnerables a los ataques. Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de Madrid, afirmó el pasado mes de marzo que su pareja sentimental, Alberto González Amador, había sido «asediado» por el Gobierno cuando se supo que estaba siendo investigado por fraude fiscal. Ayuso alegó que las acusaciones eran un intento de forzar su salida, lo cual no era inverosímil. La vida de Sánchez sería mucho más fácil si no controlara la capital. Desde que asumió el cargo en 2019, Ayuso se ha convertido en la crítica más feroz del presidente del Gobierno. Ha sido reelegida dos veces con una plataforma libertaria y de libre mercado y fue la única política que desafió las políticas de bloqueo de Sánchez durante la pandemia.

Sánchez pidió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que destituyera a Ayuso «para empezar a ser un poco más creíbles en vuestra lucha contra la corrupción». (Feijóo se negó, recordando a Sánchez que su propio Gobierno también estaba siendo investigado). Ayuso afirmó, como hace ahora Vox, que las acusaciones eran una distracción de Koldo. «Lo más sospechoso, lo más turbio», dijo, «es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos sobre un individuo… para intentar destruir a un político». Como descripción de la táctica favorita de los políticos españoles, sería difícil de mejorar.

El hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, también fue acusado de fraude fiscal en 2022. Esta vez, en lugar de culpar a Sánchez, Ayuso acusó a la dirección nacional de su propio partido de intentar «destruirla» «personal y políticamente». Cuando Sánchez se refirió a las acusaciones contra el hermano de Ayuso en el Congreso al año siguiente, las cámaras captaron su reacción en la tribuna del público: pareció pronunciar las palabras hijo de puta.

Sánchez también se ha hecho la víctima. El pasado mes de abril, la organización cívica Manos Limpias, cuyo líder está vinculado a la derecha española, denunció a su esposa, Begoña Gómez, por corrupción. Feijóo, deseoso de venganza, exigió rápidamente la dimisión de Sánchez (aunque las acusaciones contra Gómez estaban poco fundamentadas). De forma un tanto extraña, el presidente del Gobierno se tomó cinco días libres para «considerar» sus opciones y finalmente decidió quedarse, declarando: “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos. Hemos dejado que el fango ensucie nuestra vida pública durante demasiado tiempo”, una condena de las tácticas de fango que él mismo había utilizado contra Ayuso.

Si las acusaciones contra Vox se demuestran ciertas, los tres partidos más grandes de España tendrán corrupción en su historial. La clasificación actual, de más a menos corruptos, sería la siguiente: PP en primer lugar con Gürtel; los socialistas en segundo con los ERE (y posiblemente Koldo); y Vox en tercero, con sus chapas y huchas ilícitas. Ninguno de estos partidos podría acusar a los demás de corrupción sin hipocresía. Pero quizá eso no importe; podrían seguir discutiendo sobre quién es el más corrupto.

Ver también

La corrupción institucional como instrumento geopolítico

“Gran corrupción” o corrupción a gran esca­la, definida por Transparencia Internacional como “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distor­sión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes benefi­ciarse del bien común”.

Transparencia Internacional

En el actual escenario internacional de confrontación geopolítica y geoeconómica, el cual hemos abordado en los últimos años desde diversas perspectivas tanto comerciales, como económicas y políticas, se ha venido enraizando desde ya hace tal vez más de dos décadas, pero en especial en los últimos 10 años,  una serie de prácticas corruptas manejadas e incentivadas por algunos gobiernos, como un mecanismo de expansión geopolítica y geoeconómica a nivel internacional, que ha violado la transparencia de las prácticas del libre mercado global de bienes y servicios, como de la contratación y captación de inversiones extranjeras directas en algunos países, en especial en las naciones en vías de desarrollo.

Fundamentos de la libre competencia.

El orden económico mundial derivado de lo que se conoce como el Orden Liberal Internacional (OLI) fue cimentado, a pesar de los procesos de crisis que ha confrontado en el pasado reciente, en un sistema que a grandes rasgos se fundó en una economía de libre mercado, sustentada en un marco jurídico-económico de  procedimientos y políticas que promueven la eficiencia, mediante el otorgamiento de recompensas a los agentes económicos que demuestran eficacia en la gestión de sus recursos y castigos a los oferentes que evidencian un desempeño improductivo, sin una intervención estatal significativa  que favorezca a ningún agente económico en particular.

Dentro del marco de una economía de mercado, la política de competencia, es el soporte más relevante del sistema de economía de mercado enunciado. Estas políticas se estructuran con el ánimo de favorecer el ejercicio económico en espacios de transparencia, en clara protección de las libertades de los consumidores y del mercado. Siendo, por ende, una política que tiene como objetivo la creación de un entorno de garantías de la oferta y la demanda, con el fin de evitar y corregir todos aquellos comportamientos con capacidad de desfigurar el hábitat competitivo, con prácticas como:  la competencia desleal a través de subsidios e intervenciones estatales, y prácticas corruptas entre otras.

Concepto de corrupción internacional

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), el término corrupción abarca este conjunto de acciones: “Acción y efecto de corromper o corromperse, deterioro de valores, usos o costumbres.  Y en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”.

Para los efectos del presente ensayo, por corrupción internacional, entenderemos sin menoscabar los aspectos en el ya citado concepto de la (DRAE). Como el abuso del poder público en favor de un privado o de una entidad estatal, sea nacional o internacional, a través, de empresas, sean públicas o privadas de ese mismo ente extranjero.  Nos referiremos por ende a una conducta de abu­so que es llevada a cabo por un sujeto de derecho internacional público, como Estado-nación,  que posee poder de decisión en su sector público o privado,  con el fin de influir en la toma de decisiones de otro Estado-nación como sujeto de derecho internacional público, con el objetivo de conseguir ventajas para sus inversiones e inversionistas nacionales, sean públicos o privados, por medio de  sobornos, tráfico de influencias,  y abuso de poder, en un país determinado, en beneficio de sus proyectos de expansión geopolíticas y geoeconómicas, violando las prácticas de transparencia  internacionales y nacionales de la libre competencia respectivamente.

La corrupción internacional en la lucha geopolítica global

Es frecuente encon­trar empresas transnacionales y multinacionales, utilizando prácticas corruptas y desleales respaldada por sus respectivos gobiernos para posicionarse tanto como inversores extranjeros en contratos de licitación de obras internacionales, o en la adquisición de concesiones de diferente naturaleza en especial en la explotación de materias primas con alto valor estratégico, como el cobalto, el litio, las tierras raras, y los hidrocarburos, entre otros recursos.  Entre estos países se encuentra la China comunista, Rusia e Irán, pero en grados muy inferiores a estos dos últimos. Esos Estados han basado sus estrategias de expansión geoeconómicas y políticas en patrones generalizados de corrupción y sobornos, en países en vías de desarrollo, principalmente, y en especial en África e Hispanoamérica.

Estos gobiernos y regímenes, han encontrado en América Latina un terreno fértil para sus estrategias desleales de competencia y penetración económica y política, debido fundamentalmente a la cultura de corrupción sociopolítica e institucional con un fuerte raigambre histórico. Los regímenes autoritarios como el venezolano, y demás países de los círculos izquierdistas latinoamericanos, que han demostrado, desprecio de las normas democráticas sobre el terreno, han facilitado que este club de países se afiance en América Latina, en especial China.

 Mucho se ha tratado el caso de China, con sus prácticas ambientales, laborales y de corrupción, en sus estrategias de inversiones más allá de sus fronteras. Ciertos organismos de control internacionales, como algunos gobiernos occidentales, en especial los EE.UU., consideran que las empresas chinas están entre las menos transparentes del mundo. Destacando desde hace tiempo la renuencia de Beijing a procesar a las empresas o personas chinas acusadas de soborno en relación con contratos extranjeros. Así como los proyectos referentes a los de la “Franja y la Ruta” de China en todo el mundo, los cuales han estado marcados por problemas ambientales, laborales y de corrupción en sus procesos de implementación.

Casos emblemáticos de prácticas corruptas internacionales

Entre los casos de corrupción internacional más emblemáticos en el continente americanos de los últimos 10 años se encuentran:  El caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, el cual estalló en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de Esta­dos Unidos publicó una investigación sobre el grupo Odebrecht, revelando que había so­bornado durante años con un valor total de 439 millones de dólares a funcionarios de los gobiernos una docena de naciones  latinoamericanas, del caribe y africanas con el fin el objetivo de obtener contrataciones públicas en estos países (Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mo­zambique, Panamá, Perú, República Domini­cana y Venezuela). De esta manera,  la citada empresa brasilera logró obtener aproximadamente 100 proyectos en múltiples países, a través, de su División de Ope­raciones Estructuradas, y una Caja B llamada “Sector de Relaciones Estratégicas”. En estos casos, el gobierno de Lula Da Silva siempre favoreció la presencia de Odebrecht en ciertos países como Venezuela gracias a sus vínculos cercanos con el gobierno de este país.

Otro caso representativo que a título de ejemplo podemos mencionar, fue el referente a la empresa alemana Siemens a.g., que en 2008 reconoció sobornos de millones de dólares a funcionarios de múltiples países, debido a que según la empresa era imposible mantener la competitividad de la empresa en el extranjero. Estando establecido este sistema de mercado, muchas de las grandes empresas acaban sucumbiendo para no renunciar a su competitividad y perder así grandes oportunidades de negocios internacionales frente a sus competidores chinos, principalmente.  Aunque este caso no fue el producto de una política del Estado alemán en favor de una empresa privada alemana, fue la secuela de este esquema de competencia desleal a escala global.

Los casos chinos en Hispanoamérica

 La inversión China y sus prácticas pocos transparentes ha sido más fácil en los países en los cuales han gobernado y aún gobiernan regímenes populistas de tendencia izquierdistas y autoritarias, y donde el Estado de derecho, la libertad de expresión han sido socavadas durante mucho tiempo, casos como el de Argentina durante el kichnerismo, el de Bolivia y Venezuela son los ejemplos más emblemáticos en el ámbito latinoamericano. Sin dejar de mencionar el caso de Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa y el de Panamá.

En el caso boliviano bajo el mandato de Evo Morales, las compañías chinas lograron un importante punto de apoyo en sectores clave de la economía boliviana, que se ha traducido en un monopolio sobre la industria del litio en ese país.

En la Argentina, bajo la era de los gobiernos Kichneristas, la presencia de empresas chinas se arraigó tanto a nivel local, en las provincias y en todas las regiones del país suramericano. Donde los gobernadores feudales habilitaron una sofisticada red de corrupción que China aparentemente utilizó para invertir en todo, desde plantas nucleares, la construcción de plantas de baterías de litio, hasta la instalación de una estación terrestre de seguimiento de satélites, así como plantas hidroeléctricas, entre otras actividades.

El caso de Venezuela, ha sido el más emblemático y representativo de muchas de estas prácticas corruptas, pues este país concentra el 50% de toda la inversión y préstamos que ha realizado China en toda Latinoamérica. En Venezuela las empresas chinas han obtenido acceso a materias primas tanto del área minera, en especial el mineral de hierro como del sector petrolero, a precios muy inferiores a los de los mercados internacionales. En especial el del mineral de hierro a un precio 75% por debajo del mercado.  Sin contar, con los planes de financiamiento depredadores chinos, que terminaron dejando a esta nación sudamericana con una deuda catastrófica de decenas de miles de millones de dólares, bajo condiciones leoninas que aún son totalmente desconocidas.

Y por último, es relevante a la luz del actual conflicto en ciernes entre los Estados Unidos bajo la recién estrenada administración Trump, por el tema de la presencia china en los predios del Canal de Panamá y por las pretensiones de la administración estadounidense sobre esta vía acuática.  Hacer referencia al caso de Panamá, país que ha sido el centro de escándalos internacionales de corrupción en los últimos años, en los cuales se han visto   involucrados dos de sus expresidentes.

Durante la administración del presidente panameño, Juan Carlos Varela, se cancelaron concesiones portuarias de una manera irregular a favor de una empresa china. De igual forma, en el gobierno del presidente Cortizo se otorgaron según fuentes panameñas concesiones a empresas chinas en el área de la construcción de una forma poco transparente, que han sido objeto de críticas y graves acusaciones en este país centro americano por algunos personajes de la vida civil y política del mismo.

Efectos de las prácticas corruptas internacionales

Esta situación ha estado aten­tando, contra la seguridad nacional de muchos países, por un lado, y contra el sistema de mercado libre a escala mundial por el otro. En este sentido, la distorsión de la competencia ge­nerada por la corrupción internacional, ha generado en primer lugar, un esquema de comptencia desleal e injusto. En segundo orden, ha afectado la imagen internacional y reputación de los paises en el que han producido estos hechos de irregulares, y por último ha degradado la confiabilidad de los gobiernos que han incurrido en estas prácticas, frente a sus propios ciudadanos y otros países, generando en algunos casos roces o conflictos diplomáticos entre los mismos.

Otro elemento a destacar es el de la seguridad nacional de los gobiernos que han colaborado con estas prácticas corruptas, pues los mismos terminan siendo rehenes de sus corruptores. Debido al manejo de información delicada y clasificada de sus actividades ilícitas, por parte de estos, que los hace vulnerables al escarnio público y legal, no solo en sus respectivos países, sino a nivel internacional. Lo que los termina convirtiendo en una especie de títeres de naciones como China y Rusia, principalmente dentro de sus proyectos de expansión geopolítica, vulnerando así su independencia y soberanía nacional.

Convenios internacionales de prevención y lucha contra la corrupción

 Han sido varios los convenios internacionales que han sido firmados en diferentes ámbitos geográficos internacionales como nacionales para el combate de esta práctica desleal en los mercados internacionales. Entre los cuales destacaremos solo a título informativo los siguientes: Convención Interamericana contra la corrupción (1996) de la Organización de Estados Americanos, (OEA), El Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la hoy Unión Europea de (1997), Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 1997,  aprobado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 1997.

El Convenio penal sobre la corrupción y Convenio civil sobre la corrupción (1999). Creado por el Consejo de Europa como un instrumento dual de lucha contra la corrup­ción: uno desde la perspectiva penal, y otro, desde la perspectiva ci­vil, El Convenio para la prevención y lucha contra la corrupción (Unión Africana -2003), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año (2003). 

Es importante destacar, la Foreing Corrupt Practices Act. de los Estados Unidos: la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. La (FCPA) de Estados Unidos, pues esta ley tiene un alcance extrate­rritorial y de responsabilidad penal de la persona jurídica, y legislaciones internas de algunos países. Lo que la convierte en un instrumento importante con el que cuentan los EE.UU. para enfrentar estas prácticas desleales que han afectado a sus empresas a nivel internacional.

No obstante, es importante recalcar que algunos de estos convenios han sido prácticamente letra muerta, principalmente en Latinoamérica y el Caribe, por las razones arriba mencionadas, como en algunos países del continente africano.  Los mismos solo han tenido cierto efecto en el ámbito europeo y en los Estados Unidos por la disposición de sus respectivos gobiernos y estructuras judiciales de combatir las prácticas corruptas a escala internacional.

Conclusiones

Todo este escenario ha terminado de configurar un juego de competencia desleal (unfair competition) frente a otros actores que poseen limitaciones de tipo jurídicas en el ámbito de sus respectivos países como ya lo hemos mencionado, y que les impiden incurrir en estas prácticas corruptas en los mercados globales de inversión, so pena de responsabilidades penales y financieras para sus respectivas empresas. Lo cual los coloca en una posición de desventaja frente a sus competidores chinos, en especial, y rusos.

De igual forma, es relevante destacar que la corrupción en el sector privado lesiona gravemente la competencia. Pues cuando una empresa consigue un contrato por medio de un soborno, supone un caso de competencia desleal respecto a sus competidores, que de igual manera perjudica a toda la sociedad, en la medida en que la competencia tiene una función social que resulta frustrada, como es la de ofrecer el mejor servicio o bien según sea el caso con la mejor relación precio-calidad.

Pues los sobornos son costos ocultos que al final son pagados por la sociedad en cuestión de manera directa, no solo en términos de recursos económicos mal empleados, sino en términos ambientales, laborales y de imagen del país en cuanto a su reputación política-institucional a nivel internacional.

Frente a esta grave amenaza internacional que ha estado minando todo el esquema de la libre competencia a escala internacional, promovida por potencias como China, Rusia y otros países menos relevantes. Se debería de conformar un régimen internacional tanto político como jurídico más eficiente que los antes señalados, liderado por los EE.UU. la Unión Europea y los aliados asiáticos en especial Japón y Corea del Sur, para enfrentar y neutralizar estas prácticas desleales y poco transparente a nivel mundial llevadas a cabo principalmente por el gigante asiático en su expansión geoeconómica y política a nivel mundial.  

Líos de faldas

José Luis Ábalos, firme candidato al Premio Juan de Mariana 2025, fue el encargado de defender, allá por el verano de 2018, la moción de censura que el Grupo Socialista había puesto a Mariano Rajoy para desbancarle de la presidencia del gobierno. No vamos a detenernos ahora en cuestiones sobre cómo los socialistas aunaron una mayoría con absolutamente lo mejorcito del arco parlamentario, incluido el mismo Partido de los Negocios Vascos que le había aprobado los presupuestos a Rajoy. Nos vamos a quedar con que el elegido para atacar al Partido Popular por la condena en el Caso Gürtel fue José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.

La sentencia definitiva del Tribunal Supremo, mínimamente enmendada, establecía que el Partido Popular se había beneficiado “a título lucrativo” de la existencia de una trama corrupta comandada por Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del partido. Esto es, los jueces no apreciaban que el partido tuviera conocimiento de esta trama corrupta de su tesorero, pero sí que se había beneficiado de ella a través del pago parcial de las obras de su sede con este dinero obtenido de forma ilícita.

Pues bien, Pedro Sánchez aprovechó este hecho para presentar una moción de censura, posteriormente victoriosa, sobre la base de que el PP era la corrupción personificada y que no podía seguir en el poder ni un minuto más. Y aquí llegamos a la inolvidable apelación parlamentaria del maestro Don José Luis Ábalos Meco.

Comienza la lucha contra la corrupción desde el PSOE

En política, desde la noche de los tiempos, Ábalos fue ascendiendo en el escalafón del partido hasta llegar la Secretaría de Organización, el número 3 de partido y el que confecciona las listas electorales, de la mano de Pedro Sánchez. Ahora lo tienen relegado al Grupo Mixto, sin secretaria y sin coche oficial (pobrecillo), aunque Sánchez ha olvidado que se pateó España buscando avales para su reelección como secretario general de partido, en una peregrinación con el propio Ábalos, Félix Bolaños y, oh casualidad, Koldo García. El personaje de Ábalos no se entiende sin Koldo, ni Koldo se entiende sin Ábalos.

Curtido en la seguridad privada como escolta en el País Vasco durante los terribles años del terrorismo, Koldo se ganó la confianza de Ábalos cuando se convirtió en su chófer allá por 2018. Su relación era tan amistosa que acompañó al ministro Ábalos a recibir a la vicetirana venezolana Delcy Rodríguez aquella noche de enero en Barajas, pese a la prohibición de pisar suelo comunitario, algo a lo que parece que ya se ha acostumbrado.

Ahora, Koldo es investigado por, entre otras cuestiones, la compra de un apartamento en Benidorm a nombre de su hija de dos años (que se ría la hija de Bono), según el juez, con dinero obtenido en las comisiones por la venta de mascarillas a precio de oro (nunca mejor dicho). Ahora mismo es repudiado y nadie se acuerda de él, aunque la investigación avanza y continuamente salen cada vez noticias más interesantes.

Jesica como empleada de compañía

Pero, lo más interesante del amigo Ábalos es lo que hemos conocido este mes. Resulta que el paladín contra la corrupción pepera, el azote de los poderosos que utilizan su cargo con beneficios personales, contrató a una amiga suya, Jessica, como auxiliar administrativo en Iveco, una empresa dependiente del Ministerio de Transportes del que Ábalos estaba al frente.

De hecho, esta persona acompañó a Ábalos en un viaje oficial por Emiratos Árabes a finales de 2018, cuando aún no tenía ningún cargo en empresas públicas o ministerio. Pero bueno, como hay que aparentar, en marzo de 2019 ya estaba colocada en dicha empresa pública. De momento, el gobierno se ha negado a hacer público su salario, aunque se han publicado correos electrónicos en los que esta persona pedía, más bien exigía, la nada desdeñable cifra de 1.500€ diarios por acompañar al ministro a viajes fuera de la Comunidad de Madrid.

Sin ir más lejos, desde que Sánchez llegó al poder y hasta 2022, los salarios nominales han aumentado de 1.714,93€, en catorce pagas, a 1.797,54€, la friolera de un 4,81%, mientras que, en el mismo periodo, la inflación acumulada ha sobrepasado un 10%. La pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre jóvenes y clase media, es propia de una economía en recesión.

Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que no hay visos de que esto cambie.

Ver también

Begoña Gómez: crimen y castigo

Entre las arteras marrullerías para emborronar los vehementes indicios de criminalidad que se desprenden de las investigaciones judiciales en marcha sobre la tramas de corrupción que afectan al gobierno, al PSOE y, específicamente, a las actividades de Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente de gobierno, se han ensayado varias líneas de defensa.

La prensa y las instituciones educativas callan

Vista en retrospectiva la ascensión profesional de Begoña Gómez Fernández, siempre en paralelo al potencial o al poder político acumulado de su marido, las informaciones sobre los puestos que le crearon, a pesar de una patente falta de cualificación académica y experiencia[1], solo merecieron la callada por respuesta en un primer momento.

En este sentido, harto elocuente fue la escasa o nula intensidad de las críticas de los partidos de la oposición frente a la sospechosa obsequiosidad mostrada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid[2] y por la Fundación IE del Instituto de Empresa que contrató sus servicios para dirigir su Africa Center[3], según su esposo ganaba parcelas de poder en España. En un primer paso sobre su partido, con un polémico golpe de mano y, más tarde, gracias a una extraña moción de censura, sobre la jefatura del gobierno. No menos estruendoso fue el silencio dedicado por la mayoría de los medios de comunicación, asociaciones de estudiantes, profesores, catedráticos, académicos, instituciones con y sin ánimo de lucro. Con razón el periodista Carlos Cuesta Arce se lamentaba de clamar en el desierto marroquí.

Los cánones éticos en España y en otros países

En una sociedad con unos cánones éticos medianamente asentados, el mero conocimiento de nombramientos tan risibles habría desatado críticas insalvables. Los implicados habrían cancelado apresuradamente la colaboración y habrían atribuido a un malentendido la negociación. El debate se habría centrado en la hipocresía del pretexto aducido para truncar “la cooperación” con la consorte del primer ministro. Por desgracia, no es el caso de la sociedad española en su conjunto. Al fin y al cabo, las malas artes que permitieron a Pedro Sánchez Pérez-Castejón obtener un título de doctorado en el ámbito “pseudo académico” tampoco le habían desterrado de la vida política.

Aun con todo, a pesar de que el gobierno pretenda encerrar en un zulo cognitivo a quiénes considera súbditos, los españoles del siglo XXI tienen a su disposición ricas experiencias dadas por la globalización vivida en los últimos cuarenta años. Así, hace un par de semanas Miriam González Durántez, la esposa del ex viceprimer ministro británico liberal demócrata Nicholas (Nick) Clegg, en coalición con los conservadores dirigidos por David Cameron (2010-15) realizó unas ilustrativas declaraciones a una televisión tradicional, en las que ofreció jugosos detalles sobre la rutinaria – si bien meticulosa- entrevista con los funcionarios que les interrogaron y dieron estrictas recomendaciones, a ella y su marido, antes de que éste ejerciera su puesto en el gobierno británico. Todo ello para evitar que ambos sufrieran la tentación de aprovechar la posición de Clegg para favorecer a sus allegados anteriores y posteriores a desempeñar el cargo[4].

Comportamiento corrupto

En efecto, el funcionamiento de estos resortes habría evitado males mayores. No una ridícula Oficina de conflicto de intereses, cuyo director nombra el Consejo de Ministros al que supuestamente debe fiscalizar[5]. Por lo demás, partiera de quién fuera la iniciativa, tanto los responsables de las universidades (la pública y la privada) concernidas, como la agraciada y su marido se comportaron de forma corrupta. Sin que la espasmódica cónyuge desplegase ninguna actividad concreta, tales acuerdos merecían inicialmente el calificativo de artimañas para eludir los procedimientos de selección de personal de una institución de enseñanza respetable.

Para calificar a alguien como corrupto no hace falta que haya sido condenado por un delito de corrupción de los previstos en el Código Penal, una infracción administrativa o un acto ilícito. Admitiendo que Ética y Derecho configuran sistemas normativos que mantienen cierta línea de continuidad, un acto inmoral o indigno no requiere un conocimiento exhaustivo de sus detalles para merecer tal cualificación. Establecida su veracidad, su sanción queda dispersa en un rechazo social generalizado. De nuevo no así en el caso de España, donde el temor reverencial al poder y la adhesión sentimental contra los enemigos condiciona el juicio de amplios segmentos de la población.

En otro plano los conceptos jurídicos de acto ilícito, infracción o delito apuntan a una  gravedad ascendente de la conducta concreta que, además, conlleva un castigo[6] prestablecido en el sistema legal. Dicho de otra manera, si bien todo delito lleva generalmente aparejada una conducta infame desde el punto de vista ético, no todo acto inmoral se convierte en un acto ilegal.

Desprecio a la ética y al Derecho

Ahora bien, para consternación de quiénes observamos y denunciamos con estupor la desfachatez, el desprecio total a la Ética y al Derecho y la mendacidad compulsiva del gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y sus adláteres, la cometa surcó los cielos con una ruta de vuelo más que previsible. Y no solamente como pasajera de los aviones Dassault Falcon 900 al servicio semi secreto del gobierno.

Es evidente que durante la pandemia, las prioridades y la limitada capacidad de trabajo de los medios críticos y la oposición en las Cortes menoscabaron un control más efectivo. Los confinamientos y el clima de psicosis, auspiciado en parte por la incompetencia del mismo gobierno que decretaba los estados de alarma y dictaba decretos leyes inconstitucionales para hacer y deshacer a su antojo, desconectaron las tempranas denuncias sobre la opacidad de las subvenciones a Duro Felguera, Air Europa y la línea aérea hispano venezolana Plus Ultra con hechos que estaban ocurriendo al mismo tiempo.

Incluso una denuncia del entonces eurodiputado Luis Garicano Gabilondo ante la Comisaria de competencia y las informaciones del diario Vozpopuli que arrojaban indicios claros de prevaricación administrativa en la concesión, quedarán como pruebas indelebles de la ineficiente labor de fiscalización de la Comisión Europea.

Los modos de la autocracia cleptocrática

De cualquier modo, cuando a comienzos de este año aparecieron las primeras noticias sobre la instrucción en la Audiencia Nacional del macroproceso por el presunto cobro de mordidas en las compras de material sanitario[7], que produjo el insólito pase al grupo mixto del diputado y exministro socialista Jose Luís Ábalos Meco[8], afloró por enésima vez un clásico en los cortafuegos socialistas para disimular sus recurrentes escándalos de corrupción: El otrora todopoderoso secretario de organización del PSOE y exministro de Transportes asumía su responsabilidad política abandonando el grupo parlamentario en el Congreso. Aunque no se le investigaba por las actividades de su ayudante Koldo García Izaguirre, su decisión le honraba y liberaba a la organización que dirigió a dar ningún tipo de explicación. Tal cual.

Sin embargo, al desplegarse el organigrama de la autocracia cleptocrática española se destaparon también las actividades de Begoña Gómez Fernández. Medios de comunicación como El Confidencial, El Debate, The Objective, Vozpopuli, Libertad Digital o ESdiario no solamente han informado pormenorizadamente de hechos escandalosos, sino que los han apoyado con documentos[9], expedientes administrativos y concienzudos análisis y cotejos de datos.

Se puede ampliar la investigación judicial

De ellos se deducen, a simple vista, indicios racionales de criminalidad de diversos delitos. No solamente de tráfico de influencias (Art. 429 CP) o corrupción entre particulares (Art. 286 bis CP) de los que indiciariamente podría presumirse la participación de la esposa del presidente del gobierno como autora. En mi opinión la compleja dinámica de hechos relatados en los artículos periodísticos publicados hasta ahora permitiría, asimismo, ampliar la investigación a otras personas por delitos como el cohecho activo (Art. 424 CP) en el caso de Juan Carlos Barrabés Cónsul o el presidente de Globalia, Javier Hidalgo Gutiérrez[10], y por la comisión de otros delitos como alguna de las malversaciones tipificadas en los artículo 432 a 435 bis del Código Penal.

En cualquier caso, tal como se desprende de las diligencias acordadas por el juez de instrucción, al que se turnó la denuncia formulada inicialmente por el sindicato Manos Limpias[11], en ejercicio de la acción popular reconocida a todas las personas físicas y jurídicas en el artículo 125 CE y el art. 270 LECr, la instrucción se encuentra en una fase muy preliminar para aventurar un desenlace claro.

En su comparecencia de este miércoles, el presidente del gobierno manifestó que se siente interpelado por el caso, ya que entiende que los dirigentes de la oposición le acusan a él y a su esposa Begoña Gómez de tráfico de influencias. Dadas las implicaciones de esa afirmación y el previsible alcance de estos procedimientos penales, continuaré el seguimiento sobre las cuestiones jurídicas y políticas que planteen.

Notas

[1] A pesar de la opacidad al respecto, parece que tiene unos estudios de marketing en un centro no universitario.

[2] Antes conocido como Centro Superior de Estudios de gestión, donde “dirige” una cátedra e imparte un máster de Dirección de “Fundraising” Público y Privado para ONLs

[3] Al menos entre agosto de 2018 y junio de 2022.

[4] “Si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez cuando mi marido era vicepresidente del Gobierno británico, me habrían quemado en Trafalgar Square”.

[5] Art. 19 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

[6] Derivando una responsabilidad civil, una sanción administrativa o una pena.

[7] Debe recordarse que el artículo 13 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma, permitió al Ministro de Sanidad imponer un monopolio estatal en las adquisiciones de material sanitario, una intervención de industrias y un sistema de requisas temporales de todo tipo de bienes para el fin de combatir la pandemia.

[8] Artero político que, obviamente, sabe que el aforamiento de diputados y senadores, recogido en el artículo 71.2 y 3 CE impide su inculpación o procesamiento sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio) a petición de un juez de instrucción de Sala del Tribunal Supremo. Dadas las dimensiones del sumario, mientras el juez de instrucción de la Audiencia Nacional se piensa si debe elevar la causa al tribunal superior, el cómputo de los plazos de prescripción puede ser uno de los principales entretenimientos del exministro.

[9] La carta de recomendación firmada por la esposa del presidente del gobierno para apoyar ante la empresa pública RED.ES la adjudicación al proyecto de “Barrabés y The Valley” de determinados cursos de formación digital para jóvenes, la cual abriría el camino para sus sociedades a otros contratos con distintas administraciones públicas por más de 15 millones de euros en total. La cuestión capital estriba en este caso en que se podría entender perfectamente que el apoyo prestado por Juan Carlos Barrabés Cónsul a Begoña Gómez Fernández, en tanto que esposa del presidente del gobierno, constituyó un cohecho.

[10] Por esa razón supongo que la citación como testigos de estas personas deberían acompañarse de una recomendación de ir asistido de Letrado para el caso de que su declaración pudiera cambiar a la de investigado. De esta manera, llegada esa eventualidad, se garantizarían sus derechos a no declarar o a no decir la verdad, reconocidos en el artículo 24.2 CE y 118 LECr.

[11] Según sus propias manifestaciones, en las diligencias previas de procedimiento abreviado incoadas en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, parece que se han personado también la asociación Hazte Oír y el partido político VOX, formulando querella criminal contra, al menos, Begoña Gómez Fernández.

Ver también

La final del mundial. (Cristóbal Matarán).

La final del mundial

Este fin de semana hemos vivido una especie de partido entre selecciones entre España y Argentina. Lo más granado a uno y otro lado del Atlántico, dos países hermanos, enfrentados en un duelo sin igual por la cuestión política. En esta ocasión, los contendientes no son por España Casillas, Xavi o Vicente del Bosque contra Messi, Tévez o Agüero por Argentina. Aquí la cosa ha ido de buscarse las cosquillas.

La cuestión se remonta al momento en el que Óscar Puente, ministro de transportes o de paseos por las vías, según convenga, acusó a Milei de tomar drogas. Asimismo, hasta el propio Sánchez se refirió a Milei, y no precisamente en benignos términos, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados.

Yolanda Díaz, ministra de trabajo en la economía, líder en desempleo, desempleo juvenil y desempleo femenino de la Eurozona, con unos salarios en caída libre desde hace dos años, ha encontrado en Milei (y Garamendi) su enemigo preferido. Tal vez, la ministra de trabajo no ha terminado de entender que los empresarios quieren ganar dinero, no sermonear a la gente (aunque hay excepciones, claro está), y que ahora mismo Argentina va camino de convertirse en un sitio donde el clima empresarial sea más benigno para los negocios (no hablamos de vender mascarillas). Díaz ya había tachado a Milei de “mala persona” desde la tribuna del Congreso.

El Estado es ella (Begoña)

Irene Montero, ministra en la pasada legislatura y con récord en excarcelación de violadores, calificó a Milei de “persona siniestro que no cree en la justicia social”. Que Milei no cree en la justicia social es algo bastante obvio viniendo de un país que la ha practicado con profusión las dos últimas décadas. Diecinueve millones de argentinos, el 41,7% del país, son pobres, pero eso es culpa de no haber practicado la justicia social lo suficiente.

Alejandra Jacinto, que no es ni diputada en la Asamblea de Madrid porque Podemos no sacó ni un solo escaño el pasado mes de mayo, nos deleitó con un eslogan más propio de una asamblea universitaria, las únicas a las que Jacinto podría asistir ahora: “Patriarcado y capital, alianza criminal”. Aquí Jacinto hace referencia a la reunión de Milei con empresarios españoles, donde la paridad brilló por su ausencia. Tal vez Begoña Gómez hubiese sido un buen fichaje para cumplir la cuota de género en la reunión.

Ernst Urtasum, ministro de cultura del gobierno español, afirmó que “El insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España”. ¡Albricias! Llevamos una legislatura en la que el gobierno ha pactado su poltrona con un prófugo de la justicia que vive de insultar a España desde que se levanta hasta que se acuesta, pero al ministro de cultura ahora le interesan los insultos a España. Porque, claro, Begoña Gómez ha transmutado en España entera. Una persona sin ninguna función constitucional (de conseguidora habrá que verlo) que ni siquiera es funcionaria, representa ahora esa entelequia que es toda España.

Castillo y Petro

Cabe preguntarse si realmente ha habido ofensas a España en algún momento del pasado con el fin de comparar la reacción del gobierno español. Así a bote pronto, Pedro Castillo, al que la Fiscalía le pide treinta y cuatro años de prisión por su intento de golpe de Estado, nos recordó el pasado “imperialista” (sic) de Castilla y cómo los conquistadores se dedicaron a cometer un genocidio permanente contra los indígenas desde el s.XVI, cuyo descendiente se autoproclama el reo peruano. Aunque ya verás el disgusto cuando Pedro descubra su apellido.

Pero tuvimos ración de insultos en la propia Villa y Corte, cuando Gustavo Petro, presidente colombiano, cargó contra “el yugo español” en su visita oficial. Se refirió al Imperio Español como “régimen productivo de esclavista”. Claro, la mayoría de los indígenas se aliaron encantados con el Imperio para acabar, entre otras cosas, con el esclavismo de los aztecas, pero Petro anda más ocupado buscando un enemigo del que culpar su desastre económico. Exactamente igual que Inca-Castillo.

Papell, Fallarás

En el ámbito de los medios de comunicación, profesión moralmente un paso por detrás de la política, la situación ha sido lo esperable. Gente que se juega jugosas participaciones en medios de comunicación que no ve nadie, ha tenido que esforzarse en pleno domingo para soltar su homilía progre. Así, Cristina Fallarás, nos ha contado que “los fascistas se reúnen en Madrid y es urgente señalarlos”.

Todos hemos tenido la ocasión de estudiar en historia contemporánea los planes de privatización de Mussolini, la defensa de la libertad de expresión de Hitler y la construcción del Estado mínimo de la dictadura de Videla, por citar algunos ejemplos. No sólo eso. Fallarás intentó relacionar un triple homicidio en Buenos Aires con Milei, aunque el autor se haya confesado kirchnerista.

Por otro lado, Antonio Papell ya se fue directamente a pedir la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina. No cuando miembros del gobierno español insultaron a un jefe de Estado, sino cuando esté les recibió con la misma moneda. Y es que esta gente no ha entendido que Milei no es Núñez Feijóo, sino que hablamos de un tipo que ha derrotado a los Kirchner (los de Argentina, no los de La Moncloa).

Ver también

Todos moros o todos cristianos. (Cristóbal Matarán).

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (XCI): la corrupción y el Estado

Se discute mucho en España acerca del último escándalo de corrupción. Está referido a la compra de mascarillas sanitarias en el contexto de la epidemia del COVID. Como son materia sub judice, no me voy a pronunciar si las acusaciones de la UCO de la Guardia civil  tienen o no fundamento. Sólo dispongo de la información publicada en los medios. Tampoco quiero especular si responden a algún tipo de luchas por el poder dentro del partido socialista o entre los distintos poderes del estado, enfrentados entre sí por la cuestión de la amnistía a los delitos derivados del proceso independentista catalán.

Sólo quisiera hacer un análisis del caso que, como siempre se reduce a un caso concreto, se señala a los culpables como una especie de ovejas negras dentro del partido afectado y se ataca al partido rival diciendo que ellos son aún peores. Nada nuevo. Este análisis algo más detallado y no circunscrito al estado español nos haría ver que es precisamente en tiempos de crisis cuando este tipo de conductas se hace más frecuente por la mayor laxitud en los controles en estas circunstancias.

Corrupción en la guerra

Analícese con cierto detenimiento el comportamiento de los políticos en tiempos de guerra. Ya  desde los romanos (Lauro Martines en su Tiempo de guerra  es un excelente ejemplo histórico, centrado en los  tiempos del renacimiento y el barroco) se observa cómo se aprovechan por todo tipo de desaprensivos, obviamente vinculados al poder político, para hacer negocio con los suministros necesarios para la guerra. E incluso en el comercio de tales insumos con los enemigos.

Hay abundantes historias al respecto relativas a prominentes y muy conocidas dinastías norteamericanas que relatan este tipo de comercios y corruptelas en tiempos de las dos grandes guerras mundiales. No sería de extrañar, por tanto, que pudiese abundar la corrupción en los tiempos del COVID, y no creo que tal fenómeno se hubiese circunscrito a España, en el caso claro está  de que  pudiese probardse que este fenómeno se hubiese dado en el seno de nuestro estado.

La corrupción, instrumento del Estado

Pero me interesa más en este artículo destacar la funcionalidad que para un estado, cualquiera de ellos puede tener la corrupción como instrumento para facilitar la coordinación de los individuos que componen el mismo. No discutiremos aquí, lo dejaremos para algún artículo posterior, si la corrupción tiene o no su origen en la intervención estatal en la vida económica o social, aunque es obvio que algún tipo de relación existe. Me interesa más la funcionalidad de las prácticas denominadas habitualmente como corruptas. En puridad no todas lo son. Podríamos hablar también de una corrupción activa y otra de carácter defensivo, algo que también dejaremos para algún análisis ulterior.

En artículos antiguos enfatizamos en el carácter anárquico que opera en el  interior de los estados y afirmamos que esta coordinación se basa bien en compartir ideas comunes, en ideologías, bien en intereses económicos compartidos por sus miembros, o por ambos a la vez. Cuando analizamos estos factores de coordinación podemos encontrar también aspectos más siniestros, como el chantaje. Éste también merecería un capítulo aparte. Pero en puridad no lo considero como uso de la fuerza, o el uso de prácticas corruptas, que si bien emparentado también con el chantaje creo que merecería también un análisis aparte. De lo que se trata es pues de determinar si la corrupción puede ser en determinados casos o en determinados páises ser funcional para la coordinación de los distintos grupos que conforman un estado.

La corrupción “necesaria”

Un estado podría funcionar sin corrupción. De hecho, en algunos de ellos, si bien no se ha erradicado del todo, sí que se ha minimizado mucho. Y se circunscribe sólo a espacios muy limitados del aparato estatal, como la venta de armas o de infraestructuras a otros países. Países que aún funcionan con elevados grados de corrupción, y pudieran por tanto exigirla a la hora de contratar, o están excluidos por alguna razón del comercio normal. Es el caso de estados en guerra o estados sancionados internacionalmente.

En estos casos, el comercio honrado es imposible. Y por “razones de estado” o de interés económico se produce este tipo de intercambio. Puede generar grandes cantidades de “dinero negro”. También se establecen relaciones personales con gente dedicada a la intermediación en este opaco mundo. Esa gente puede después comprometer a los políticos encargados de estos menesteres.

Son frecuentes los escándalos de este tipo que vinculan en ocasiones a jefes de estado o miembros de la realeza, en estados en los que aparentemente la corrupción es muy baja. Los viejos escándalos de la Lockeed, o de los diamantes de Bokassa que afectaron al estado francés son buenos ejemplos. Me temo que siguen ocurriendo. Y que cuando, con el tiempo, se estudien las guerras actuales, como las de Ucrania, se descubrirá algún escándalo de este tipo. Pasará rápidamente al olvido, salvo que se use como munición en alguna batalla interna dentro de la clase política.

Mantener a los políticos y a sus organizaciones

Puede que este tipo de corrupción se acepte en mayor o menor medida por la población y no despierte excesivo escándalo. Pero ello no obsta para que se reconozca que los estados, incluso los más aparentemente ejemplares, hacen uso de ella. Lo hacen porque facilita sus objetivos de obtener fondos para sus empresas, sean públicas o “estratégicas” o para obtener ventajas en el tablero geopolítico mundial. Sin contar, claro está, que el dinero obtenido por esos medios alimenta intermediarios bien conectados o incluso políticos. Es dinero que no puede declararse legalmente y es de entender que reclamen algún tipo de compensación por los riesgos asumidos.

Peor vista, en cambio, la corrupción más frecuente en nuestro entorno cultural. Esto es, la que afecta a la financiación de los partidos políticos o a la remuneración de sus dirigentes. Una consideración que les afecta mientras están en ejercicio de sus cargos, pero también cuando los abandonan. Los partidos son organizaciones anárquicas en las que son frecuentes los abandonos y las traiciones. Al tiempo son estructuras caras de mantener, no sólo para pagar a sus funcionarios sino por los cada vez más elevados costes de las campañas electorales.

Incentivos para la colaboración en la corrupción

Además, para llevar a cabo ciertas actividades corruptas, es necesaria cierta coordinación entre los actores que la lleven a cabo; desde el que se encarga del cobro al cargo político con responsabilidades en el gobierno que efectivamente hace la compra o la concesión. Esto no quiere decir que todos los partidos políticos sean necesariamente corruptos. Ni que todos sus cargos lo sean. Sólo que en un momento dado esta división del trabajo favorecida por la existencia de una organización podría serles funcional a líderes carentes de escrúpulos.

Es un fenómeno también extendido por todo el mundo. Se puede contrastar en series políticas como Baron Noir, con usos semejantes en muchos países. Quizás sea porque este tipo de prácticas, como muchas otras, las aprenden unos de otros. Y las adaptan a las circunstancias y características de cada lugar. El problema añadido es que, por lo que se conoce, en las distintas causas judiciales de financiación de partidos no todos los fondos obtenidos se dedican a la organización. Los intermediarios y cargos se reparten parte de él.

A efectos de los que estamos analizando aquí, estos recursos extra obtenidos por cargos y líderes corruptos sirven como una suerte de “incentivo selectivo” por usar la terminología de Mancur Olson. El incentivo garantiza la lealtad de estos miembros del partido a sus líderes. Primero, porque están contentos con los rendimientos que obtienen. Y segundo, porque temen que en caso de cambiar de bando, sus corruptelas se denunciarán por quien mejor las conoce y que normalmente las tiene documentadas. De esta forma, temerá perder no sólo su carrera dentro de la clase política sino también el verse inmerso en procedimientos penales.

El grave problema de contar con miembros honrados

La corrupción, de esta forma, garantiza la fidelidad de algunos miembros clave del partido. Y evita tentaciones de cambio de alianza o de partido. Ello garantiza la estabilidad de liderazgos o incluso de gobiernos. Las denuncias de corrupción, de hecho, se usan muchas veces para desembarazarse de rivales políticos o como forma de venganza por algún agravio o incumplimiento. El miembro honrado de la clase política es en una situación anárquica como la política un individuo incontrolable. De ahí que la corrupción pueda verse como una forma efectiva de control.

La corrupción refuerza los tradicionales cementos de la clase política: la ideología y los medios económicos. Y los combina, para reforzar la cohesión de la clase política. Pero bajo ningún concepto puede ser considerada en sentido estricto como el uso de la fuerza, pues se entra en ella de forma voluntaria. Se parte de la expectativa de una ganancia por parte del corrupto. En ocasiones no se piensa quedar atado a ella, muchas veces de por vida.

Fidelidad y efectividad del mando político

Y cuando se hace uso de ella, no sólo se usa en el interior de los partidos, sino  también en las relaciones entre los distintos grupos que conforman el estado. Por ejemplo, las puertas giratorias no son conideradas legalmente como corrupción, pero podrían perfectamente ajustarse a la definición. Son, en ocasiones, pagos en diferido entre los distintos grupos que constituyen el estado. Y sirven para cohesionarlo.

También sería funcional la tolerancia con la corrupción con determinados colectivos; burocratas o fuerzas de seguridad especialmente. Los mantendría satisfechos, y permite que no interpongan resistencia a las directrices de los poderes. Así lo afirma Andreski en su reeditado libro Parasitismo y subversión en América Latina. Como vemos, la corrupción tiene muchas aristas y es un tema muy espinoso de analizar. Pero ntiendo que este tipo de análisis que, cómo no, puede ser dsicutido, es necesario a la hora de entender no sólo el funcionamiento sino también su enorme capacidad de acción y su coherencia interna. Si la corrupción no deja de estar de actualidad, me temo que tendré que volver a analizar más aspectos del tema.

Ver también

¿Libertad o corrupción? (Jorge Valín).

Socialismo y corrupción, dos caras de la misma moneda. (Pablo Martínez Bernal).

Pero, ¿qué es la corrupción? (José Carlos Rodríguez).

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (XCI): la corrupción y el Estado

Se discute mucho en España acerca del último escándalo de corrupción. Está referido a la compra de mascarillas sanitarias en el contexto de la epidemia del COVID. Como son materia sub judice, no me voy a pronunciar si las acusaciones de la UCO de la Guardia civil  tienen o no fundamento. Sólo dispongo de la información publicada en los medios. Tampoco quiero especular si responden a algún tipo de luchas por el poder dentro del partido socialista o entre los distintos poderes del estado, enfrentados entre sí por la cuestión de la amnistía a los delitos derivados del proceso independentista catalán.

Sólo quisiera hacer un análisis del caso que, como siempre se reduce a un caso concreto, se señala a los culpables como una especie de ovejas negras dentro del partido afectado y se ataca al partido rival diciendo que ellos son aún peores. Nada nuevo. Este análisis algo más detallado y no circunscrito al estado español nos haría ver que es precisamente en tiempos de crisis cuando este tipo de conductas se hace más frecuente por la mayor laxitud en los controles en estas circunstancias.

Corrupción en la guerra

Analícese con cierto detenimiento el comportamiento de los políticos en tiempos de guerra. Ya  desde los romanos (Lauro Martines en su Tiempo de guerra  es un excelente ejemplo histórico, centrado en los  tiempos del renacimiento y el barroco) se observa cómo se aprovechan por todo tipo de desaprensivos, obviamente vinculados al poder político, para hacer negocio con los suministros necesarios para la guerra. E incluso en el comercio de tales insumos con los enemigos.

Hay abundantes historias al respecto relativas a prominentes y muy conocidas dinastías norteamericanas que relatan este tipo de comercios y corruptelas en tiempos de las dos grandes guerras mundiales. No sería de extrañar, por tanto, que pudiese abundar la corrupción en los tiempos del COVID, y no creo que tal fenómeno se hubiese circunscrito a España, en el caso claro está  de que  pudiese probardse que este fenómeno se hubiese dado en el seno de nuestro estado.

La corrupción, instrumento del Estado

Pero me interesa más en este artículo destacar la funcionalidad que para un estado, cualquiera de ellos puede tener la corrupción como instrumento para facilitar la coordinación de los individuos que componen el mismo. No discutiremos aquí, lo dejaremos para algún artículo posterior, si la corrupción tiene o no su origen en la intervención estatal en la vida económica o social, aunque es obvio que algún tipo de relación existe. Me interesa más la funcionalidad de las prácticas denominadas habitualmente como corruptas. En puridad no todas lo son. Podríamos hablar también de una corrupción activa y otra de carácter defensivo, algo que también dejaremos para algún análisis ulterior.

En artículos antiguos enfatizamos en el carácter anárquico que opera en el  interior de los estados y afirmamos que esta coordinación se basa bien en compartir ideas comunes, en ideologías, bien en intereses económicos compartidos por sus miembros, o por ambos a la vez. Cuando analizamos estos factores de coordinación podemos encontrar también aspectos más siniestros, como el chantaje. Éste también merecería un capítulo aparte. Pero en puridad no lo considero como uso de la fuerza, o el uso de prácticas corruptas, que si bien emparentado también con el chantaje creo que merecería también un análisis aparte. De lo que se trata es pues de determinar si la corrupción puede ser en determinados casos o en determinados páises ser funcional para la coordinación de los distintos grupos que conforman un estado.

La corrupción “necesaria”

Un estado podría funcionar sin corrupción. De hecho, en algunos de ellos, si bien no se ha erradicado del todo, sí que se ha minimizado mucho. Y se circunscribe sólo a espacios muy limitados del aparato estatal, como la venta de armas o de infraestructuras a otros países. Países que aún funcionan con elevados grados de corrupción, y pudieran por tanto exigirla a la hora de contratar, o están excluidos por alguna razón del comercio normal. Es el caso de estados en guerra o estados sancionados internacionalmente.

En estos casos, el comercio honrado es imposible. Y por “razones de estado” o de interés económico se produce este tipo de intercambio. Puede generar grandes cantidades de “dinero negro”. También se establecen relaciones personales con gente dedicada a la intermediación en este opaco mundo. Esa gente puede después comprometer a los políticos encargados de estos menesteres.

Son frecuentes los escándalos de este tipo que vinculan en ocasiones a jefes de estado o miembros de la realeza, en estados en los que aparentemente la corrupción es muy baja. Los viejos escándalos de la Lockeed, o de los diamantes de Bokassa que afectaron al estado francés son buenos ejemplos. Me temo que siguen ocurriendo. Y que cuando, con el tiempo, se estudien las guerras actuales, como las de Ucrania, se descubrirá algún escándalo de este tipo. Pasará rápidamente al olvido, salvo que se use como munición en alguna batalla interna dentro de la clase política.

Mantener a los políticos y a sus organizaciones

Puede que este tipo de corrupción se acepte en mayor o menor medida por la población y no despierte excesivo escándalo. Pero ello no obsta para que se reconozca que los estados, incluso los más aparentemente ejemplares, hacen uso de ella. Lo hacen porque facilita sus objetivos de obtener fondos para sus empresas, sean públicas o “estratégicas” o para obtener ventajas en el tablero geopolítico mundial. Sin contar, claro está, que el dinero obtenido por esos medios alimenta intermediarios bien conectados o incluso políticos. Es dinero que no puede declararse legalmente y es de entender que reclamen algún tipo de compensación por los riesgos asumidos.

Peor vista, en cambio, la corrupción más frecuente en nuestro entorno cultural. Esto es, la que afecta a la financiación de los partidos políticos o a la remuneración de sus dirigentes. Una consideración que les afecta mientras están en ejercicio de sus cargos, pero también cuando los abandonan. Los partidos son organizaciones anárquicas en las que son frecuentes los abandonos y las traiciones. Al tiempo son estructuras caras de mantener, no sólo para pagar a sus funcionarios sino por los cada vez más elevados costes de las campañas electorales.

Incentivos para la colaboración en la corrupción

Además, para llevar a cabo ciertas actividades corruptas, es necesaria cierta coordinación entre los actores que la lleven a cabo; desde el que se encarga del cobro al cargo político con responsabilidades en el gobierno que efectivamente hace la compra o la concesión. Esto no quiere decir que todos los partidos políticos sean necesariamente corruptos. Ni que todos sus cargos lo sean. Sólo que en un momento dado esta división del trabajo favorecida por la existencia de una organización podría serles funcional a líderes carentes de escrúpulos.

Es un fenómeno también extendido por todo el mundo. Se puede contrastar en series políticas como Baron Noir, con usos semejantes en muchos países. Quizás sea porque este tipo de prácticas, como muchas otras, las aprenden unos de otros. Y las adaptan a las circunstancias y características de cada lugar. El problema añadido es que, por lo que se conoce, en las distintas causas judiciales de financiación de partidos no todos los fondos obtenidos se dedican a la organización. Los intermediarios y cargos se reparten parte de él.

A efectos de los que estamos analizando aquí, estos recursos extra obtenidos por cargos y líderes corruptos sirven como una suerte de “incentivo selectivo” por usar la terminología de Mancur Olson. El incentivo garantiza la lealtad de estos miembros del partido a sus líderes. Primero, porque están contentos con los rendimientos que obtienen. Y segundo, porque temen que en caso de cambiar de bando, sus corruptelas se denunciarán por quien mejor las conoce y que normalmente las tiene documentadas. De esta forma, temerá perder no sólo su carrera dentro de la clase política sino también el verse inmerso en procedimientos penales.

El grave problema de contar con miembros honrados

La corrupción, de esta forma, garantiza la fidelidad de algunos miembros clave del partido. Y evita tentaciones de cambio de alianza o de partido. Ello garantiza la estabilidad de liderazgos o incluso de gobiernos. Las denuncias de corrupción, de hecho, se usan muchas veces para desembarazarse de rivales políticos o como forma de venganza por algún agravio o incumplimiento. El miembro honrado de la clase política es en una situación anárquica como la política un individuo incontrolable. De ahí que la corrupción pueda verse como una forma efectiva de control.

La corrupción refuerza los tradicionales cementos de la clase política: la ideología y los medios económicos. Y los combina, para reforzar la cohesión de la clase política. Pero bajo ningún concepto puede ser considerada en sentido estricto como el uso de la fuerza, pues se entra en ella de forma voluntaria. Se parte de la expectativa de una ganancia por parte del corrupto. En ocasiones no se piensa quedar atado a ella, muchas veces de por vida.

Fidelidad y efectividad del mando político

Y cuando se hace uso de ella, no sólo se usa en el interior de los partidos, sino  también en las relaciones entre los distintos grupos que conforman el estado. Por ejemplo, las puertas giratorias no son conideradas legalmente como corrupción, pero podrían perfectamente ajustarse a la definición. Son, en ocasiones, pagos en diferido entre los distintos grupos que constituyen el estado. Y sirven para cohesionarlo.

También sería funcional la tolerancia con la corrupción con determinados colectivos; burocratas o fuerzas de seguridad especialmente. Los mantendría satisfechos, y permite que no interpongan resistencia a las directrices de los poderes. Así lo afirma Andreski en su reeditado libro Parasitismo y subversión en América Latina. Como vemos, la corrupción tiene muchas aristas y es un tema muy espinoso de analizar. Pero ntiendo que este tipo de análisis que, cómo no, puede ser dsicutido, es necesario a la hora de entender no sólo el funcionamiento sino también su enorme capacidad de acción y su coherencia interna. Si la corrupción no deja de estar de actualidad, me temo que tendré que volver a analizar más aspectos del tema.

Ver también

¿Libertad o corrupción? (Jorge Valín).

Socialismo y corrupción, dos caras de la misma moneda. (Pablo Martínez Bernal).

Pero, ¿qué es la corrupción? (José Carlos Rodríguez).

Salimos más fuertes (patrimonialmente)

El lunes 25 de mayo de 2020 la prensa nacional terminó de abdicar de sus funciones controladoras del poder político (el cuarto poder), regalándonos una coordinada y asquerosa portada conjunta en la que ninguno de ellos realizaba la menor crítica al gobierno socialista por su gestión de la pandemia. Aquel estado de alarma, y el que vino después, sirvieron no únicamente para secuestrar a millones de españoles en sus casas (algo posteriormente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional), sino para algo mucho más macabro: el saqueo de fondos públicos con la excusa de la pandemia.

Así, un estado de alarma supone que las Administraciones Públicas pueden, entre otras cosas, adquirir material que consideren oportuno sin el necesario procedimiento de publicidad. No es que el sistema hasta la fecha se haya desenvuelto en euros una perfección supina. Ahí tenemos de forma recurrente condenas a alcaldes, consejeros o presidentes de comunidad autónoma por trocear contratos, entregarlos a dedo o filtrar el baremo de puntuación a los amiguetes para obtener prebendas. Pero esta vez se ha ido un paso más lejos: con la excusa de adquirir material sanitario al precio que fuera. Por ejemplo, Salvador Illa, ministro de sanidad por aquel entonces, pagó un 600% más a dos proveedores. Ahora bien, la causa ha sido sobreseída porque se ajustaba totalmente a la legalidad.

La “empresarialidad” de los dirigentes socialistas

En el ámbito autonómico, la cuestión no se queda atrás. Se premió a Francina Barmengol con la presidencia del Congreso; no sabemos si por el caso de la prostitución de menores tuteladas por la Administración que dirigía, y por el que ya hay condenas en firme, o por pasarse por el forro sus propias limitaciones horarias durante la pandemia con el fin de arruinar a los pequeños hosteleros, aunque ahora nos llore con cara compungida que estaba luchando contra el virus. En Canarias, Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pero que ya no recuerda nada, compró mascarillas a cierta trama supuestamente corrupta a través de ese mágico “Comité de Expertos” inexistente que ha transmutado en expertos en comisiones.

Aquí hemos llegado al meollo del asunto. Nada más declarase la pandemia, sociedades mercantiles con domicilio social en un trastero y sin actividad, comenzaron a vender material sanitario a las Administraciones Públicas. No existían procedimientos de control (que no es que sean muy buenos). Y no hay nada que no se pueda amnistiar o indultar si hace falta. Así, los ministerios o conserjerías pudieron, entre otras cosas, comprar mascarillas diez veces más caras, pagar 16 euros por unas batas que costaban 0,30 euros, pagar contratos a empresas que no habían sido constituidas o comprar gafas a 5,20 euros a un proveedor de nuestro pueblo y luego comprarlas en otro sitio al día siguiente por 2,37 euros. Ya se sabe, los políticos estaban luchando contra una pandemia desconocida y eso les obligó a comprar el material sanitario mucho más caro, pese a tener otras ofertas.

La Koldosfera

En medio de esta conjura de necios surgió, entre otros, el escolta de José Luis Álbalos, Koldo García. Con un pasado en la seguridad privada y en locales liberales (no me refiero a nuestra sede), este personaje aparece en las memorias de Pedro Sánchez, Manual de resistencia, aunque ahora parezca que no le conozca (“Ese señor del que Vd. me habla”). Por ejemplo, la trama vendió mascarillas a Puertos del Estado o a Correos muy por encima del precio ofrecido por otros proveedores, pero, como el estado de alarma esto lo permite (gracias a todos los partidos que votaron a favor del saqueo), es muy difícil que se les pueda imputar algún ilícito penal. Como mucho, y aquí es por donde se les puede pillar, se les podría perseguir por delito fiscal o blanqueo de capitales, como comprar pisos utilizando la cuenta de la hija menor de edad.

Tras todo ello, Sánchez respondió con mejores cargos, aumentos de sueldo y prebendas a todos. A todo menos a uno: a José Luis Ábalos. A ese se lo han llevado por delante, aunque manteniendo el escaño (aforamiento). La lucha contra la corrupción es un poco como la lucha contra el virus. Es algo novedoso a lo que no se había enfrentado nunca. De ahí que las personas que compraron a sus amiguetes sin ningún control se hayan premiado con mejores cargos, como ascender a ministro o presidente del Congreso.

¿Es nuestra culpa? ¡Por supuesto que lo es!

La última semana de febrero inició con el conocimiento a la luz pública de un personaje llamado Koldo García, y unos supuestos pagos y comisiones ilegales por la compra de material sanitario durante la pandemia provocada por el COVID-19. A fecha de redacción de este artículo, la trama ya incluye supuestos rescates de una aerolínea, cuentas off-shore para guardar comisiones y hasta el nombre de la señora del presidente Sánchez ha sido parte de la cobertura sobre esta trama. Una vez más, la sociedad española, como todas las sociedades occidentales, se mueve entre la rabia, la apatía y la indiferencia. Nuevamente, somos todos partícipes y, como no, voces en el coro creciente que canta “todos son iguales”, “vamos fatal”, “es culpa de X”, etc.

Pareciese que todo escándalo público es culpa de alguien más. En algún momento se nos olvidó que vivimos en lo que todavía son democracias liberales, a pesar de las fuertes arremetidas internas y externas que vivimos a diario. Es, por lo tanto, ilógico y absolutamente irresponsable desentendernos de las situaciones que se viven en la palestra política y enconcharnos en nuestro pequeño caparazón social y familiar. Cada vez que hay un nuevo escándalo en nuestras sociedades, llámese Caso Koldo en España, Russiagate en Estados Unidos, Covid parties en el Reino Unido o Bunga Bungas en Italia, surgen dos reacciones extremas y peligrosas. La primera es de apatía “todos son iguales, de nada sirve votar o involucrarse en la vida pública”, la segunda es de rencor “no todo el mundo debería poder votar”, cual Savonarola moderno que se sabe poseedor de la verdad absoluta.

El papel de las instituciones

Estas reacciones se vuelven particularmente bochornosas cuando se toma en cuenta que las democracias liberales han sido el régimen de mayor bienestar para cualquier sociedad que haya habitado este planeta, o parafraseando a Churchill, un pésimo sistema solamente superado por todos los demás que hemos inventado. Bajo las consignas de apatía y desesperación hay algo más peligroso aún: un ciclo vicioso.

Culpamos a los demás, nos desentendemos de la vida pública y hasta de votar, cuando esporádicamente nos toca, decimos que la sociedad está cada vez peor (nosotros no por supuesto, todos somos excepciones a lo que es una “regla universal”) y cuando nos damos cuenta, llega cada vez peor gente al poder y estamos ante una verdadera deriva totalitaria. Pues, ahora el llamado de que viene el lobo es cierto y ya estamos metidos en un problema gigantesco. ¿Estamos ahí ahora? No. ¿Podemos llegar a estarlo? Por supuesto.

Cuando en una sociedad libre, y por ende liberal, la gente se va desentendiendo y no se toma en conjunto la responsabilidad colectiva de hacernos cargo del futuro de nuestras sociedades, las instituciones se van debilitando y prostituyendo al mejor postor. Ello acarrea consecuencias socioeconómicas gravísimas, pues son las instituciones, entendidas como constructos sociales que cumplen con una función determinada, elementos fundamentales para el progreso social y económico. Léase si no Institutions and Economic Development editado por el profesor Jakob de Haan, o cualquier artículo académico que demuestra que una sociedad libre y exitosa depende en una medida no menor del compromiso cívico y social de sus individuos, expresado a través de la acción institucional.

No son otros; somos nosotros

Por consiguiente, al planteamiento de que, en sociedades liberales, “lo que pasa es nuestra culpa” y “cada pueblo tiene lo que se merece”, la respuesta responsable ha de ser un rotundo SÍ. No es sano ni para un niño adicto a los móviles seguir mirando pantallas sin control, ni tampoco para una sociedad a la deriva seguirse haciendo de la vista gorda y culpando a elementos externos, siempre ajenos a su control. Ello no es solamente un suicidio colectivo, sino además una forma muy mal agradecida de vivir con relación a los sacrificios y penurias que padecieron las generaciones anteriores para construir las sociedades de progreso y bienestar, de las cuales aún disfrutamos.

Podemos seguir “pintando la mona” como se dice coloquialmente, o ver de qué manera se puede ser útil a la sociedad, más allá de nuestro diario quehacer. Es tiempo de juzgar los escándalos y disgustos de nuestras autoridades y líderes desde un prisma autocrítico, uno que conlleve responsabilidad y proactividad personal, sólo así, y aunando voluntades de consciencias despiertas, podremos transformar y cambiar, aquello que actualmente aborrecemos en cada telediario o portada de periódico.

Ver también

¿Libertad o corrupción? (Jorge Valín).

Socialismo y corrupción, dos caras de la misma moneda. (Pablo Martínez Bernal).

Pero, ¿qué es la corrupción? (José Carlos Rodríguez).

Contra el indulto a Griñán y Chaves

Resultaba previsible que tras el anuncio del fallo de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo[1] que confirma las principales condenas de la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de los EREs fraudulentos organizados por los gobiernos de la Junta de Andalucía durante más de diez años[2]se organizase una gran campaña para salvar de la cárcel a uno de los principales condenados, Jose Antonio Griñán Martínez.

No en vano, la pena de 6 años de prisión, que se le impuso como coautor – junto a otros nueve altos cargos – de un delito continuado de prevaricación en concurso medial, con un delito de malversación, de especial gravedad por las cantidades desviadas, ha alcanzado firmeza e implica, en principio, el próximo ingreso en prisión, según las disposiciones del Código Penal. A pesar de no haber salido tan mal parado del juicio y contar con una edad -76 años – que facilita la obtención rutinaria de unas condiciones muy favorables de cumplimiento de la pena privativa de libertad – prebostes como el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya habían aclarado en la campaña de las últimas elecciones autonómicas andaluzas que un expresidente del PSOE[3] con una larga hoja de servicios al partido/secta justifica un cierre de filas de sus militantes sin reparar en barras y colocarse por encima de la Ley. Todos los ocupantes socialistas del Palacio de San Telmo, proclamó el orate, han sido personas “honestas”. Tal cual. A pesar de la malversación de por lo menos 680 millones de euros.

Las primeras reacciones del gobierno actual apenas conocido el fallo, con el lanzamiento de consignas como “pagan justos por pecadores“[4] recordaron – probablemente sin quererlo – que Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía durante casi veinte años, Gaspar Zarrías Arévalo, vicepresidente y Magdalena Álvarez Arza, consejera de Economía y Hacienda durante los años en que se puso en marcha del famoso programa 31 L dentro de las leyes de presupuestos del gobierno autonómico andaluz, entre otros, recibieron como premio unas módicas penas de inhabilitación especial por delitos de prevaricación continuada que presuponían la malversación de caudales públicos. Con esa partida (pronto conocida como fondo de reptiles) se dotaría al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) luego denominado como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que, a su vez, en virtud de “un convenio” con la Consejería de Empleo, destinaría los fondos a subvencionar empresas supuestamente inmersas en expedientes de regulación de empleo (EREs) por motivos económicos, elegidas con total opacidad y arbitrariedad.

Obviamente la construcción de la cutre epopeya socialista exige olvidarse de la persecución de la primera jueza instructora del caso (Mercedes Alaya Rodríguez). Del mismo modo que no cabe sino admirarse de la entereza y la perseverancia de esta magistrada, apartada del caso por maniobras políticas en contra de su voluntad a finales de 2015, tampoco cabe llamarse a engaño. Las dimensiones del caso habrían exigido a un Estado de Derecho digno de tal nombre proveer de recursos y medios excepcionales a su Administración de Justicia, para afrontar la investigación de unos hechos que implicaron a miles de personas, al modo de los macroprocesos contra distintas mafias en Italia. Los imputados de esta denominada pieza política jugaron con los privilegios del aforamiento. No en vano la causa fue elevada al Tribunal Supremo, pero se devolvió al juzgado de instrucción ordinario para su enjuiciamiento final en la Audiencia de Sevilla. Con ello los procesados ganaron tiempo, por mucho que ahora clamen que se produjeron dilaciones.

Desde altas instancias del estado detentadas por militantes del PSOE o sus adláteres se lanzaron todo tipo de maledicencias contra la magistrada instructora y se obstruyó la investigación (el papel equívoco de la juez sustituta María Núñez Bolaños fue muy criticado). Esa falta de medios del juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, junto a los privilegios exorbitantes de los aforados, condujo a fragmentar la investigación de unos hechos que deberían comprender también las subvenciones otorgadas y las relaciones de políticos y empleados públicos con las principales empresas beneficiarias, despachos de abogados y asesorías encargados de la tramitación de los EREs con objeto de mantener en funcionamiento este gigantesco mecanismo de compra de votos.

Nunca se sabrá hasta que punto esta endeble instrucción, de la que se beneficiaron los altos cargos del gobierno andaluz, permitió que decayeran las acusaciones de asociación ilícita y de malversación de caudales públicos para los coacusados que durante diez años procedieron con la rutinaria mecánica de elaborar y proponer una ley de presupuestos regionales que contenía ese celebérrimo mecanismo de elusión de controles de la intervención llamado “programa 31 L”.

Pero lo que supera todas las cotas hasta ahora alcanzadas de iniquidad ha sido la petición del indulto para José Antonio Griñán Martínez por supuestos motivos humanitarios y de equidad, firmada por casi todos los viejos miembros de la nomenclatura del PSOE, a la que se han sumado algún político que ya montó en el coche oficial en las postrimerías del franquismo (Rodolfo Martín Villa) y algunos artistas y académicos de la quinta del condenado. Los elementos conocidos apuntan a una operación de altos vuelos para evitar que el interesado llegue a pisar siquiera la cárcel. ¿Con petición de suspensión de la ejecución de la sentencia a la Audiencia sevillana mientras no se resuelva el indulto, “cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria” (art 4 CP? ¿Con simultánea interposición de recurso de amparo y petición de suspensión con el mismo argumento? Cualquier argumento vale cuando se juega con las cartas marcadas.

El bucle en España continúa y se repite hasta el paroxismo. Se ha puesto en marcha la concesión de otra patente de corso de modo explícito. Un estamento político cínico y corrupto considera que sus miembros están por encima de la ley y conviene que así sea. ¿Siempre?


[1] Sentencia 749 de la Secc 1ª de la Sala de lo Penal de 13 de septiembre de 2022. Identificación del Centro de documentación judicial: 28079120012022100737

[2] Sentencia 490 de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de noviembre de 2019, dictada en el Rollo 1965/17. Identificación del Centro de documentación judicial: 41091370012019100159.

[3] Concretamente desde el 5 de febrero de 2012 al 27 de julio de 2017, sucediendo en el cargo al también condenado y expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves González. Fue elegido durante el XXXVIII Congreso del PSOE.

[4] Las aspiraciones del partido ahora sanchista por identificarse con el Estado y una réplica de la Iglesia tiene una larga tradición.