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Etiqueta: educación

La educación y el empleo deben ir de la mano

Ayer, lunes, se inauguró la cumbre empresarial que durará hasta el día 25 de junio y que, con el título de Empresas españolas liderando el futuro, se ha convertido en un acontecimiento económico y empresarial sin parangón en nuestra historia. Las principales empresas de todos los tamaños y sectores estarán presentes para analizar el rol que desempeñan en la reconstrucción del tejido empresarial dañado por el cierre de nuestra economía, poner en común los principales escollos a los que están haciendo frente y los que se vislumbran en el horizonte, y, de paso, hacer oír su voz ante los gobernantes.

La primera de las diez jornadas  ha sido protagonizada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto con el presidente de Inditex, Pablo Isla, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín y el presidente de Mercadona, Juan Roig. El mensaje de todos ellos se resume en un lema: crear empleo.

A ninguno se les escapa la sangría que las medidas de confinamiento están suponiendo para las empresas españolas. También son conscientes de lo difícil que es salir de una situación de “pinza mortal”, en la que hay crisis de demanda y crisis de oferta, especialmente con un Gobierno bicéfalo, en permanente campaña electoral, que a menudo se limita a lanzar consignas populistas.

Piden los empresarios que las medidas aplicadas ahora para flexibilizar el mercado laboral no se eliminen cuando pase esta circunstancia tan desgraciada. Piden trabajar en un consenso para generar certidumbre y seguridad jurídica, de forma que España sea un objetivo atractivo para inversores. De esta manera, no se destruirá el tejido empresarial sino que se creará empleo.

Estudiar el mercado de trabajo es harto complicado. Son muchas las variables que influyen en el buen funcionamiento del mismo. Una de ellas es la estructura del sistema productivo. Por un lado, se trata de comprobar si dicha estructura es intensiva o no en mano de obra, de manera que genere muchos puestos de trabajo. Por otro lado, es importante que haya empresas intensivas en capital que sean el motor del crecimiento económico.

También cuenta si nuestro país es importador de bienes intermedios o finales y la dependencia energética. Trayendo al siglo XXI la teoría de la demanda recíproca de John Stuart Mill, si hay un problema en el comercio internacional, lo ideal es que nuestros bienes y servicios se vean lo menos afectados posible. Eso implicará un menor daño en el empleo de la nación. No es el caso de España, por desgracia.

Otro punto muy relevante en la salud de nuestro mercado laboral es, por supuesto, la Educación.

En este aspecto, como en tantos otros, es muy fácil dejarse llevar por los datos cualitativos. ¿Cuánto gastamos en Educación? ¿Más o menos que el año anterior? Y se asume que, si un Gobierno de un color gasta más, es porque le importan los niños, pero si gasta menos, entonces es lo peor y le da igual el futuro de España. El impacto del gasto no parece contar.

La estructura de nuestro sistema educativo es muy rígida. Y va a más. La búsqueda de la calidad de la educación y de la homologación, que son dos objetivos muy loables, se han interpretado tan mal que se han transformado en un potro de tortura para docentes y alumnos. Pero no es eso en lo que quiero detenerme, sino en la asignación de recursos.

Una correcta asignación del trabajo implica que cada puesto laboral está cubierto por una persona preparada para desempeñar sus funciones de la mejor manera posible. La mala asignación del trabajo sería como poner al portero de fútbol de delantero. Cada cuál se especializa en aquello que se le da mejor. Fue muy sonada la entrevista de aquel astrofísico español que se quejaba porque se había tenido que ir de su región para ejercer su profesión. Normal. Es como intentar ejercer la carrera de Ciencias del Mar en Toledo.

Si el sistema educativo, en general, y el universitario, en particular, no van de la mano, nos encontramos con una generación altamente preparada que ha de emigrar para poder trabajar eficientemente. Eso implica un coste económico y emocional, que hay que sumar al de su educación, desde los 6 años hasta que sale al mercado de trabajo. Es una inversión muy alta.

Los que se quedan y trabajan en lo que pueden, pasan a engrosar las listas del subempleo, junto con quienes desearían trabajar a jornada completa, pero han de conformarse con empleos de media jornada, porque es lo que hay. España es uno de los países con mayores tasas de subempleo. Es decir, además de tener un desempleo estructural muy alto, que significa que nuestras empresas no pueden ofrecer puestos de trabajo para todos, también ganamos en mala asignación de recursos.

No se trata de elaborar un plan nacional de forma que se asegure que van a salir tantos estudiantes de tal especialidad, que es lo que necesitan las empresas. Pero creo que es necesario que nos demos cuenta de que hay algo que estamos haciendo fatal. Y nuestra universidad y nuestras empresas, aunque hay cada vez más convenios y colaboraciones, no encajan como deberían.

Por eso, tal vez, esta cumbre debería ir acompañada, además, de una reflexión acerca de qué estudiantes universitarios les estamos presentando a estas empresas. ¿Tienen la cualificación que se necesita? ¿Por qué se promocionan, por ejemplo, los estudios de género en lugar de la ingeniería informática, la ciencia de datos, la robótica o la transformación digital?

¿Nos hemos intoxicado con el Espacio Europeo de Educación Superior y nos lo hemos tomado demasiado a la tremenda? ¿Respetará la política, alguna vez, la Educación como garantía de nuestro futuro, y dejará de utilizarla como arma arrojadiza? Ojalá la cumbre y la pandemia nos empujen a repensar, también, la Educación.

Menores: ni del Estado ni de sus padres

El pin parental fue una de las propuestas de Vox en la campaña electoral del pasado abril. Durante la campaña no generó demasiado revuelo hasta que el pasado martes el partido de Abascal lo exigió como una de las condiciones para apoyar los presupuestos que PP y Ciudadanos tienen que sacar adelante en la Región de Murcia, y en las otras autonomías en las que gobiernan en coalición.

Por el momento parece que únicamente el PP ha salido en defensa de esa medida, y mientras que la coalición gobernante se ha erigido beligerantemente en contra (ha amenazado con recurrir cualquier medida en esa línea), Ciudadanos se ha mostrado (lamentablemente) titubeante.

La polémica sobre la educación en valores y la capacidad de veto de los padres no es la primera vez que sale a la luz en nuestro país. En 2006 el Gobierno de Zapatero introdujo una nueva asignatura obligatoria de educación en valores, llamada Educación para la ciudadanía, que se impartió en algunos cursos de educación primaria, secundaria y bachillerato.

Aunque no fueron pocas las voces de padres que se alzaron contra su obligatoriedad recurriendo incluso a los tribunales, la polémica fue zanjada por el Tribunal Supremo que estableció que los padres no tenían derecho a apelar a la objeción de conciencia para negarse a que sus hijos cursaran dicha materia.

Catorce años después, en aras de proteger a los menores del “evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren en los centros educativos en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres” Vox reaviva la polémica.

Más allá de que pueda estar más o menos de acuerdo acerca de los motivos que llevan a la formación de derechas a hacer esta propuesta, se trata de una forma de asegurar la capacidad de decisión de los padres sobre la educación en valores de sus hijos.

La libertad es el derecho más básico de toda persona y presupone que los individuos tienen garantizada una esfera privada dentro de la cual pueden desarrollar sus facultades, su personalidad y perseguir sus proyectos de vida y en la que el resto no pueden intervenir.

Los niños son seres humanos incapaces de ejercer de forma libre y responsable todas sus facultades, motivo por el cual y mientras dura su etapa de maduración, esa limitación la suplen los padres en el ejercicio de la patria potestad.

Este régimen de guarda les confiere la obligación de alimentar, vestir, educar y cuidar de sus hijos y, por lo tanto, les otorga un derecho superior al del Estado a hacerlo, teniendo en cuenta el mayor interés del menor, como crean más conveniente. Además, existe una probabilidad más alta de que ellos, que conocen a sus hijos, puedan hacerlo mejor.

Siempre que no se pueda probar que la forma en la que educan unos padres afecta seriamente algunas facultades relevantes del desarrollo del menor, no existe motivo alguno para obligar a estos a participar de actividades curriculares o extracurriculares con contenido moral. Los que se alarman con propuestas como esta parecen más bien alarmados por su falta de capacidad para moldear a la sociedad a su antojo que por el bienestar de los menores.

La libertad educativa ejercida por los padres es precisamente una de las herramientas que garantiza el derecho fundamental a la libertad de conciencia, imprescindible en cualquier sociedad plural y democrática. Parte de la base de que los individuos somos diferentes y tenemos visiones del mundo distintas que pueden y deben convivir en paz. El control estatal de la educación, sobre todo cuando se aleja de la instrucción y se complementa con contenido moral, cercena esa libertad.

Los que acusan a los padres de querer adoctrinar a sus hijos parecen asumir que eso nunca sucede en las escuelas, lo cual es eminentemente falso. De hecho, es la escuela la que es instrumentalizada por parte de minorías organizadas con capacidad para imponer sus preferencias, para moldear a la sociedad y llevar a cabo los cambios sociales que no son capaces de conseguir con la persuasión. En detrimento, por supuesto, de aquellos que no pueden permitirse el lujo de huir del sistema público.

Y cuantas más decisiones gubernamentales reemplacen la toma de decisiones privada más numerosos serán los grupos enfrentados para que las decisiones se tomen en base a sus deseos.

Como ya defendí aquí en otro artículo, el Estado debe mantenerse cada vez más al margen del diseño de los currículos educativos y otorgar mayor libertad a los padres y mayor autonomía a los centros educativos.