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Etiqueta: El lenguaje económico

El lenguaje económico (XX): Sobre el poder

Habitualmente resulta falaz el uso del término «poder» en economía. Dice Mises (2011: 767):

Genera confusión emplear el mismo término «poder» para expresar la capacidad de una empresa para abastecer a los consumidores de automóviles, zapatos o margarina mejor que otros proveedores y para referirse al poder que tienen las fuerzas armadas para quebrar toda resistencia.

Según Max Weber (2006: 162): «Poder o macht (capacidad de imposición) significa la probabilidad de imponer en una relación social la voluntad de uno, incluso contra la resistencia del otro, con independencia de en qué se apoye esa probabilidad». Es decir: «Poder equivale a capacidad para ordenar la actuación ajena» (Mises, 2011: 226). Cuando media poder, la relación humana es jerárquica o hegemónica: uno manda y otro obedece por miedo al castigo. Por ejemplo, ejerce poder un matón de barrio, un asaltante de caminos, un pirata, un piquete «informativo» de huelga o un recaudador de impuestos. Los padres eventualmente ejercen poder sobre sus hijos mientras tengan superioridad física. Todos ellos utilizan la violencia para obtener específicas conductas indeseadas por terceros.

1. Poder de mercado

En los manuales de economía se afirma que las grandes empresas y multinacionales tienen «poder de mercado», entendido como la capacidad de una persona o de un pequeño grupo para influir «indebidamente» en los precios de mercado (Mankiw, 2007: 9). Para otros autores, el «poder de mercado» faculta a las empresas para fijar el precio de sus productos sin perder todas sus ventas (Frank, Jennings y Bernanke, 2012: 260). Todas las empresas fijan precios, pero los consumidores son libres para aceptarlos o rechazarlos. Solo el gobierno, mediante la coacción, puede fijar topes mínimos y máximos a determinados precios.[1] «Poder de mercado» es un oxímoron. El poder es violento y el mercado es pacífico. Ni las empresas ni los multimillonarios tienen poder alguno sobre sus proveedores, clientes o empleados. Las relaciones mercantiles no se basan en el poder, sino en lo que Weber (2006: 162) llama «dominación» (herrschaft): «La probabilidad de que determinadas personas obedezcan una orden con un contenido determinado». En este caso, la obediencia se obtiene mediante la persuasión o la convicción de que las «recomendaciones» de la autoridad resultan beneficiosas para quien las cumple. Por ejemplo, los contratos, la publicidad, las relaciones amorosas, los mandamientos religiosos, los consejos de familiares y amigos o las prescripciones de médicos, asesores y videntes, se inscriben como «dominación».

2. El poder del dinero

Es habitual referirse al «poder del dinero» (Marx, 2008: 80). Tener dinero, sin embargo, no confiere poder alguno sobre terceros. Ningún magnate puede doblar el brazo a los consumidores, obligándoles a comprar lo que produce. Tampoco los 409 millones de dólares gastados por Michael Bloomberg[2] en su campaña electoral de 2020 le sirvieron para alcanzar la presidencia de EE.UU. El error, a nuestro juicio, es confundir «poder» con «capacidad adquisitiva». Ni siquiera el dinero usado con intención de soborno otorga poder. El dinero únicamente da poder cuando se usa con fines violentos, como contratar matones, sicarios o equipar ejércitos.

3. Poder empresarial y financiero

Algunos afirman que los políticos no ejercen poder, sino que son simples marionetas al servicio de grandes empresarios, bancos y fondos de inversión. Un magnate empresarial, eventualmente, puede usar su dinero para influir en las decisiones políticas, pero el político de turno es libre de aceptar o rechazar el soborno. El soborno es un acuerdo libre y consentido por los participantes. El empresario no ejerce poder porque no puede obligar a que el político se corrompa. Solo un mafioso ejerce poder cuando amenaza y asesina a políticos, jueces y policías. En cambio, mucho más frecuente y extensa que la anterior es la corrupción estatal: políticos y funcionarios exigen y/o aceptan coimas a cambio de la adjudicación de contratos públicos y otras «facilidades» burocráticas. En este caso, tampoco media poder, porque el empresario es libre de rechazar la «colaboración» económica con los políticos.

El tamaño adquirido por una empresa no es debido a «poder» alguno, al contrario, su elevada participación en el mercado es la mejor prueba de haber servido cabalmente a sus clientes. Tampoco los empresarios son poseedores de un «difuso, pero amenazante poder económico» (Rothbard, 2009: 64) que les faculta para despedir trabajadores. Interrumpir una relación laboral es una prerrogativa de cada parte y no implica violencia alguna; en otras palabras, nadie puede ser obligado a mantener una relación indeseada. Solo el Estado actúa en virtud de mando y subordinación (Mises, 2011: 234).

4. Poder de negociación

Existe la creencia que determinadas empresas, especialmente las de mayor tamaño, tienen «poder» sobre sus proveedores y clientes, supuestamente, las primeras pueden imponer unilateralmente los precios a los segundos porque tienen un mayor «poder intrínseco de negociación». Es habitual culpar a los grandes distribuidores de alimentación de «exigir concesiones de precios» (Porter, 2009: 160) a sus proveedores, que se ven obligados a vender sus productos a precios «demasiado» bajos o incluso con pérdidas. La realidad es que ni los proveedores están obligados a vender a un precio «demasiado» bajo, ni los consumidores a comprar a uno demasiado alto. Las grandes corporaciones obtienen mejores precios porque manejan grandes volúmenes de contratación. Según la ley de la «utilidad marginal decreciente»: a medida que aumenta el número de unidades de un bien (fungible), cada unidad vale menos.[3] El proveedor, por su parte, acepta el trato porque claramente le beneficia: a) Reduce sus costes de transacción; b) Reduce la incertidumbre comercial; [4] etc. Pero si el proveedor considera que el precio es inaceptable, no está obligado a cerrar el trato y buscará alternativas: buscar clientes más pequeños cuya «capacidad de negociación» sea menor, colocar el género en otros mercados o almacenarlo hasta que el precio suba, etc. Por desgracia, algunos agricultores y ganaderos, en lugar de buscar soluciones de mercado (pacíficas) acuden al gobierno (que sí ejerce poder) para que coaccione a la «gran distribución» con un buen decretazo de control de precios.

5. Empoderamiento 

Este término es muy actual y tiene connotaciones positivas. Los ideólogos de género desean empoderar a las mujeres con fines igualitarios y los gurús empresariales recomiendan empoderar a los empleados con fines organizacionales y económicos. En ambos casos se confunde poder con autonomía. Esta última puede ser conveniente y deseable para mejorar la toma de decisiones personales (vitales, laborales), pero «empoderar», stricto sensu, significa otorgar capacidad para violentar a terceros. Esa facultad sólo puede conferirla quien monopoliza la violencia legal: el Estado. Por ejemplo, hasta 1856, los gobiernos «empoderaban» a los corsarios otorgándoles una patente o licencia para atacar barcos y saquear poblaciones de naciones enemigas. Los sindicalistas son «empoderados» cuando el gobierno les permite amenazar y agredir impunemente a los esquiroles o interferir violentamente la producción empresarial. Empoderar, en su caso, puede ser profundamente inmoral. El empoderamiento sólo es legítimo cuando el uso de la fuerza también lo es. Sería admisible empoderar a los individuos, por ejemplo, extendiendo su capacidad legal para repeler una agresión criminal.

Bibliografía

Frank, R., Jennings, S. y Bernanke, B. (2012). Principles of Micro Economics. Sidney: McGraw-Hill.

Mankiw, G. (2007). Principios de economía. Madrid: Thompson.

Marx, K. y Engels, F. (2013) [1848]. Manifiesto del partido comunista. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Porter, M. (2009). Estrategia competitiva. Madrid: Pirámide.

Rothbard, M. (2009). La ética de la libertad. Madrid (Kindle): Unión Editorial.

Weber, M. (2006). Conceptos sociológicos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial.


[1] «Topar» precios es una expresión incorrecta. Topar significa embestir con los cuernos, chocar o tropezar.

[2] Candidato demócrata, ex alcalde de Nueva York y empresario.

[3] Valor es la utilidad que cada persona otorga subjetivamente a un determinado bien. El precio es la relación de un intercambio comercial.

[4] La seguridad de colocar todo el género es relevante en los productos perecederos.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XIX) El principio de Peter

(XVIII) Economía doméstica

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

El lenguaje económico (XIX): El Principio de Peter

El Principio de Peter es un libro de management escrito, en 1969, por el catedrático de Ciencias de la Educación Laurence J. Peter. Su tesis es la siguiente: «En una jerarquía (organizacional), todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia: la nata sube hasta cortarse». Es decir, los trabajadores más competentes son ascendidos sucesivamente hasta que alcanzan un puesto donde dejan de serlo y ahí son retenidos. Esta idea tan sugerente ya había sido expuesta por el filósofo José Ortega y Gasset en la década de 1910: «Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes».

El Principio de Peter puede ser visto como un «fallo» organizacional, mal inevitable en toda corporación, especialmente aquellas de gran dimensión, altamente estructuradas y jerarquizadas: ejércitos, ministerios, multinacionales, etc. Este Principio ha sido asumido, acríticamente, como una verdad del management: por ejemplo, un buen médico puede resultar un pésimo director de hospital; un excelente académico un mal rector de universidad o un buen comercial un mediocre jefe de ventas. Hoy analizaremos críticamente el popular Principio de Peter. 

En primer lugar, un jefe puede constatar que un empleado es competente o incompetente, actualmente, para ciertas tareas. Esta situación es dinámica y puede cambiar según las circunstancias personales del individuo y el entorno laboral. Por tanto, el «máximo competencial» —suponiendo que existiera— es incognoscible. En el ámbito de la acción humana (praxeología) las metáforas «techo» y «suelo» son engañosas porque se trata de conceptos estáticos. Nunca tenemos certeza del desempeño de alguien que es promovido, es algo que debe descubrirse. Deberíamos preguntarnos si las empresas hacen bien en ascender a los mejores, es decir, a quienes ocupan actualmente niveles de «elevada competencia». ¿Acaso deberíamos dejarlos en su sitio y probar con otros peores? Si no tenemos certeza del futuro desempeño de unos y otros, lo más sensato parece ascender a los mejores. Hacer lo contrario sería dañino para la moral de los empleados y para la organización en su conjunto. Por ejemplo, nadie querría ser demasiado eficiente para evitar ser retenido en su nivel de «máxima competencia».

En segundo lugar, las habilidades requeridas para ocupar puestos directivos pueden ser perfeccionadas. Las organizaciones capacitan a los empleados que demuestran tener potencial para ocupar puestos de mayor responsabilidad. Por ejemplo, en el Ejército suele ser obligatorio superar un curso de capacitación antes de ser ascendido. Si los sistemas de promoción están bien diseñados, los aciertos superan a los fallos.

En tercer lugar, el Principio de Peter no se cumple en absoluto en algunos negocios: en el deporte profesional nadie es mantenido en un nivel de incompetencia. Los deportistas suben o bajan de categoría con suma facilidad, en función de sus resultados; por tanto, cabría preguntarse: ¿bajo qué circunstancias se cumple el Principio de Peter?

Tal vez, el Principio de Peter no sea una característica inherente del funcionamiento corporativo, sino la consecuencia de una interferencia gubernamental. Allí donde existe completa libertad contractual el Principio de Peter no se cumple. En la economía sumergida —paradigma del libre mercado— no hay «incompetentes» porque el mercado sitúa a cada quien en el lugar más acorde a sus capacidades; y si los hay, son remunerados acorde a su productividad. En un mercado laboral laissez faire cualquiera que fuera ascendido y demostrase incompetencia sería automáticamente devuelto a su condición anterior, pero la legislación interfiere este retorno, por ejemplo, mediante la «consolidación» del salario. Es el legislador, no insondables fuerzas del management, quien premia la incompetencia. El Principio de Peter es espurio, no es una regularidad organizacional, sino la consecuencia indeseada de haber interferido el mercado laboral. Por ejemplo, como las indemnizaciones por despido dependen de la antigüedad de los empleados, con frecuencia, las «víctimas» de un ajuste de plantilla no son los más incompetentes, sino los más modernos.

Por desgracia, la literatura sobre management está plagada de pseudoprincipios que no resisten el menor análisis praxeológico. Las «leyes» de Murphy no dejan de ser simpáticos chascarrillos: «Si algo puede salir mal, saldrá mal»; «La tostada siempre cae del lado de la mantequilla», etc. En definitiva, si los dueños del capital y los gerentes a sus órdenes tuvieran completa libertad para dirigir sus organizaciones, el Principio de Peter sería la excepción y no la norma. Este «principio» no es consustancial al management, sino el resultado de haber interferido la función empresarial, la libertad contractual y la propiedad privada.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XVIII) Economía doméstica

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

El lenguaje económico (XVIII): economía doméstica

Los primeros tratados de economía, escritos en la Antigua Grecia, versan sobre la economía doméstica y la agricultura. En su Económico (364 A.C.), Jenofonte (1786: A2) afirma: «El objeto de el buen Ecónomo es gobernar bien su propia casa». Ayer y hoy, las familias deben tomar decisiones económicas para equilibrar ingresos y gastos. Mientras que los primeros —salarios, pensiones, dividendos, rentas inmobiliarias, etc.— constituye una cantidad relativamente estable, los segundos pueden fluctuar considerablemente según la conducta consuntiva de cada cuál. Para gozar de una buena economía las familias y, en general, los consumidores deben abrazar el círculo virtuoso que propone el profesor Bastos (2012): «Capitalismo, ahorro y trabajo duro».

No llegar a fin de mes

Al menos en Occidente, desde una óptica biológica, nadie muere de inanición antes del día 30. La expresión «no llegar a fin de mes» significa, en realidad, que existen dificultades para equilibrar ingresos y gastos. Algunos sitúan el problema en la parte del ingreso: no se gana lo suficiente para cubrir las necesidades vitales, lo que conduce eventualmente a demandas políticas como la «renta básica universal» o el «ingreso mínimo vital». Otros lo sitúan en la parte del gasto: se gana lo suficiente (por así decirlo), pero se gasta demasiado.

Ubicar a una familia en uno u otro grupo es una cuestión controvertida porque «insuficiente» o «demasiado» son conceptos subjetivos. Por ejemplo, la mayoría de subsidiados considera que el monto percibido es «insuficiente» para cubrir las necesidades básicas. Las demandas de quienes viven o aspiran a vivir de lo ajeno nunca tienen fin, por este motivo, el Estado de bienestar contiene la semilla de su propia destrucción (Huerta de Soto, 2014).

Sea como fuere, la realidad nos impone ajustar el gasto al ingreso y quienes lo realizan mal tienen tres opciones: a) Incrementar su ingreso mediante un aumento de la producción: pluriempleo, horas extra, etc.; b) Reducir su consumo modificando hábitos, pero como esto no es fácil, la mayoría (que dice no llegar a fin de mes) prefiere pasar estrecheces los días previos al cobro; c) Pedir un crédito para llegar a fin de mes: círculo vicioso que suele terminar en la ruina. Para evitar los agobios económicos es recomendable constituir un fondo de emergencia (dinero u otro activo muy líquido) equivalente a tres mensualidades del ingreso corriente. A mi juicio, el origen más común para «no llegar a fin de mes» es una mezcla de pereza (no trabajar lo suficiente), irresponsabilidad e imprevisión. O sea, la negativa a asumir sacrificios productivos y consuntivos. Corrobora esta tesis el hecho de que nuestros padres y abuelos ahorraban mucho más teniendo menores ingresos.

Vivir al día

En algunas culturas los individuos, literalmente, «viven al día»: una vez que han conseguido el poco dinero que necesitan para subsistir dejan de trabajar hasta el día siguiente. Su preferencia temporal es máxima. Según Rothbard (2011: 15): «Puede denominarse preferencia temporal la que privilegia la satisfacción presente sobre la satisfacción futura, o el bien presente con respecto al bien futuro, teniendo en cuenta que se trata de la misma satisfacción (o bien), comparada en momentos diferentes». Vivir al día imposibilita el ahorro y la inversión, lo que sitúa a las personas en un estado de supervivencia propio del reino animal.

Vivir por encima de las posibilidades

Incluso quien gasta más de lo que ingresa, viviendo a crédito, lo hace según «sus» posibilidades. El prestatario obtiene el préstamo porque el prestamista considera (subjetivamente) que su cliente tiene capacidad de pago (rentas futuras) o presenta garantías (patrimonio, prenda, aval, seguro) susceptibles de redimir el principal más los intereses. En definitiva, nadie puede vivir por encima de sus posibilidades porque todos, incluso el manirroto, vivimos según nuestras posibilidades.

Gastar lo que no se tiene

Al igual que la expresión anterior, se trata de una imposibilidad económica y lógica. Los productos y servicios que se consumen son necesariamente bienes presentes: propios, donados o prestados. Si alguien consume algo es porque lo tiene a su disposición. Incluso si pagara con dinero prestado gasta «lo suyo» porque al suscribir el contrato de mutuo «queda facultado para consumir o disponer como propio el dinero que le ha sido prestado» (Huerta de Soto, 2020: 10).

Prestar o vender lo que no se tiene

La única forma de prestar o vender algo que no se tiene es cometiendo fraude. Por extraño que parezca, en el seno del sedicente «Estado de Derecho», los gobiernos legalizan con descaro ciertas estafas. El caso más notorio es la banca con reserva fraccionaria: la entidad presta a terceros el dinero que sus clientes han depositado a la vista. El banco se lucra a expensas de los depositantes (riesgo) y de la sociedad en su conjunto ya que esta práctica —expansión crediticia— provoca inflación. Otro ejemplo es el overbooking,[1] donde el transportista revende un derecho (asiento) que no le pertenece porque ya ha sido adjudicado previamente a otro cliente. Paradójicamente, el gobierno prohíbe la reventa de entradas a espectáculos siendo el revendedor legítimo propietario del derecho adquirido. ¡El mundo al revés!

Serie ‘El lenguaje económico’

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Bastos, M. A. (2012). «Comparación entre socialismo y capitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ittVmW2wtbk.

Huerta de Soto, J. (2014). «Liberalismo vs anarcocapitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CRef2_aRmII

Huerta de Soto, J. (2020). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.

Jenofonte (1786). La economía. Madrid: Benito Cano. Biblioteca Nacional de España.


[1] La Unión Europea ha legalizado (Reglamento CE nº 261/2004) el overbooking para satisfacer los intereses de las aerolíneas a expensas de los viajeros afectados.

El lenguaje económico (XVII): Producción

En sentido amplio, entendemos por producción toda actividad humana cuyo fin es la obtención de un bien económico mediante el trabajo. Eventualmente, una actividad lúdica (i.e. pesca, caza, juegos de azar) puede reportar ciertos bienes económicos (i.e. capturas, premios), pero su finalidad principal no es la producción, sino el consumo de bienes de ocio. Por otro lado, la producción es una actividad humana y sólo en sentido metafórico decimos que las abejas «producen» miel o que un manzano «produce» manzanas. Veamos algunas confusiones relativas a la producción.

Trabajo productivo frente a trabajo improductivo

Los economistas clásicos  —Smith, Say, Ricardo, Bastiat, Mill— consideraron tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. Esta clasificación, con ligeras adiciones (i.e. tecnología), se ha mantenido hasta la actualidad. En economía, la creación de clases siempre ha sido problemática pues conduce frecuentemente a su jerarquización: ¿Cuál es el factor de producción más importante? Los fisiócratas franceses, liderados por el Dr. François Quesnay, creían que solamente la agricultura era productiva (Rothbard, 2013: 405).

Por su parte, Adam Smith (2011: 424) introdujo la desafortunada distinción entre trabajo productivo (industria) e improductivo (servicios) Todavía hoy persiste este error cuando, por ejemplo, consideramos «más» productivo al agricultor que al intermediario (que «sólo» compra y vende). Esto se refuta con un mero ejercicio mental: imaginemos que, en lugar de adquirir todo en un único sitio (mercado), tuviéramos que acudir a cada uno de los miles de productores. Sin mayoristas y minoristas comerciales nuestro nivel de vida caería drásticamente. También es habitual creer que el comerciante obtiene mayores ingresos que el «genuino» productor: agricultor o ganadero. En los mercadillos municipales se aprecia este tipo de sesgos; por ejemplo, en Breña Alta (La Palma) se fijan topes máximos y mínimos para «garantizar los precios más justos para consumidores y productores».

Por último, en el sector turístico, los hoteleros —productores— también se quejan de los improductivos turoperadores. ¿Acaso la función comercial no forma parte del proceso productivo? Los primeros, en privado, reconocen que es muy ventajoso que alguien les asegure una ocupación mínima del establecimiento, vendiendo ellos el resto de habitaciones por otros canales. El turoperador es muy útil pues palía el daño ocasionado por la legislación laboral, equilibrando oferta y demanda. Es patente que si un hotel tuviera la capacidad de colocar directamente toda su oferta prescindiría del intermediario comercial; si lo hace, es porque claramente le beneficia.    

Economía real o productiva vs economía financiera

La falacia smithiana de la improductividad de los servicios alcanza su paroxismo en el sector financiero, que es visto como improductivo y especulativo. Supuestamente, existe una economía «real» que produce bienes (no financieros) y otra economía financiera que es improductiva y especulativa. Esta maniquea distinción carece de lógica económica. Por ejemplo, el pago con tarjeta de crédito que realizamos en el restaurante es tan real como la comida ingerida o el servicio recibido. Que algo sea intangible no significa que sea irreal. Paradójicamente, en el sector bancario se denomina «producto financiero» a cualquier contrato: hipoteca, crédito, depósito, seguro, etc.  El gestor de fondos de inversión, Daniel Lacalle, en su libro: Nosotros, los mercados, critica la injusta demonización de los negocios financieros: «Se habla de la “economía real” como si la economía financiera no fuera un elemento esencial para el desarrollo del comercio mundial y de la globalización» (Lacalle, 2013: 544[1]). 

Producción «ineficiente»

Otro mito es el referido a los (supuestos) fallos de mercado que «provocan producción o consumo ineficientes y el Estado puede contribuir significativamente a curar la enfermedad» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34).

En el ámbito tecnológico, «eficiencia» tiene un significado preciso: es el resultado (output) obtenido por unidad de entrada (input) consumida. Así, los fabricantes establecen categorías de eficiencia para los electrodomésticos. En cambio, en el ámbito social el concepto de eficiencia —la mejor combinación de medios para alcanzar fines dados— (Rothbard, 2011: 254) se vacía de contenido porque medios y fines varían para cada individuo, se valoran de forma subjetiva y, a menudo, son antagónicos.

Es cierto que la producción capitalista produce mayor cantidad de bienes y a menor precio que la producción artesanal, pero algunos consumidores prefieren bienes más caros (muebles, joyas, alimentos) producidos de forma tradicional. ¿Y cómo saber cuál es la producción más eficiente? Para saberlo tendríamos que tener un conocimiento perfecto, pero lo que hay que producir, así como su cantidad y calidad, no está dado de antemano y siempre está sujeto a la incertidumbre.

Por ejemplo, el panadero, al final de cada jornada, debe elegir el momento de detener la producción: si se queda «corto» ganará menos dinero y si se «pasa» sufrirá mermas. La producción óptima nunca está asegurada y solo podemos aproximarnos a ella por tanteo. Pero incluso si aceptáramos, a efectos dialécticos, que el mercado es «ineficiente» y que genera «sobreproducción» o «infraproducción», constituye un non sequitur afirmar que el gobierno debe intervenir; esta conclusión no es económica sino normativa: “The contention that government should involve itself with the private economy is a moral conclusion, one that can be reached only if there are ethical arguments in the premises” (Block, 1983: 3).

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(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Block, W. (1983). “Public Goods and Externalities: The Case of Roads”. Journal of Libertarian Studies, Vol. VII, No. 1, spring, pp. 1-34.

Rothbard, M. (2011). Economic controversies. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. (2013). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2013). Nosotros, los mercados: Qué son, cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles. Deusto.

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006). Economía. Méjico: McGraw Hill (18ª ed.)

Smith, A. (2011). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza Editorial.


[1] Paginación en libro electrónico Kindle.

El lenguaje económico (XVI): Inflación

El común de hablantes entiende por inflación la subida generalizada de los precios en el mercado. Sin embargo, la inflación genuina es el aumento de la oferta monetaria, que a su vez es la causante de la subida de los precios. ¿Y por qué suben los precios? Si mantenemos la producción inalterada, al haber una mayor cantidad de dinero pugnando por comprar los mismos bienes, estos últimos se encarecen. En definitiva, la subida generalizada de los precios es el efecto (no la causa) de la inflación. Estamos ante un primer error conceptual cuyo fin es ocultar la naturaleza inmoral de la inflación, entendida como robo que perpetra el gobierno contra las personas productivas. Para ello, algunas agencias gubernamentales (INE, Eurostat) registran y analizan los cambios temporales de los precios para una cesta «estándar» de productos y servicios.

Periodistas y diletantes que confunden a la opinión pública tampoco faltan. Por ejemplo, John Lanchester, novelista, reseñista de libros, periodista futbolístico, escritor de necrológicas y crítico de restaurantes; se permite el lujo de afirmar en su libro Cómo hablar de dinero que la inflación es el «aumento de los precios a lo largo del tiempo» y que «no hay consenso en torno a sus causas» (Lanchester, 2015: 195). La literatura producida siempre alude a la inflación de los precios, siendo escasos los autores que denuncian el verdadero origen del mal.

Inflación desbocada

La inflación no se «desboca» como los caballos. Una metáfora ecuestre más acertada sería afirmar que los políticos se «van de caña» (en singular) imprimiendo billetes. La inflación no es un fenómeno misterioso e incontrolable, sino que obedece a causas precisas y conocidas. La inflación es el aumento de la oferta monetaria y se produce de dos formas: a) El Banco Central imprime billetes y los entrega al gobierno que lo gasta en nóminas, obras públicas, pensiones, subsidios, etc. b) La segunda forma, más sibilina si cabe, es provocada por la banca comercial. Los bancos prestan a terceros la mayor parte del dinero depositado a la vista (cuentas corrientes) por sus clientes, un fraude legalizado llamado «reserva fraccionaria». En España, el coeficiente de reserva es 2%, es decir, el gobierno permite que un banco preste a terceros hasta el 98% del dinero depositado a la vista. De igual forma que un banco central imprime billetes (expansión monetaria), la banca privada imprime cheques y pagarés que se intercambian como si fuera dinero (expansión crediticia). El profesor Huerta de Soto (2011: 126) encuentra 7 razones jurídicas para repudiar el depósito bancario con reserva fraccionaria.

Los chivos expiatorios

El segundo engaño consiste en buscar chivos expiatorios de la inflación: guerras, pandemias, subida del precio de las materias primas o de la electricidad, avaricia de los empresarios, consumismo, etc. Sin embargo, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Por ejemplo, es falso que el encarecimiento del petróleo cause una subida «generalizada» de los precios. Si la producción y la oferta de dinero se mantienen inalteradas, cuando unos precios suben otros bajan. Supongamos que cada mes usted gasta 100€ en gasolina. Si el precio de ésta sube 50% y usted recorre los mismos km., para equilibrar su presupuesto, deberá abstenerse de consumir una cantidad equivalente de otros bienes. La menor demanda de estos últimos provocará una bajada de sus precios y el nivel «general» queda inalterado. Si la oferta monetaria no aumenta, no hay inflación posible pues el sistema de precios funciona como un circuito de vasos comunicantes. En ausencia de un banco central que imprime dinero y de la banca con reserva fraccionaria, la inflación sólo podría venir por alguna causa sociológica (i.e. milenarismo) que indujera un súbito aumento de la preferencia temporal de los consumidores y un gasto masivo de sus saldos en efectivo. Por tanto, también se puede culpar de la inflación al consumismo desaforado de las masas. Según Daniel Lacalle (2022), el gobierno es el más beneficiado por la inflación, pero puede echarle la culpa a los demás y, encima presentarse como solución al problema.

La falacia keynesiana del gasto público

La palabra «estímulo» es engañosa. Imprimir más dinero (expansión monetaria) o prestar dinero que no se tiene (expansión crediticia) no es una pócima que mejore la salud económica. La riqueza no consiste en tener más dinero, que al fin y al cabo es un medio de intercambio, sino en tener a disposición una mayor cantidad de bienes de consumo. A tal efecto, cualquier cantidad de dinero (fraccionable) sirve cabalmente a las necesidades comerciales. Solamente mejorando la productividad, incrementando la tasa de capitalización, puede mejorar la economía. Si la ciencia económica, desde los escolásticos hasta los austriacos, ha advertido los efectos nocivos de la inflación, ¿cómo pudo Keynes vender su falaz Teoría General? Cuando ésta se publicó, en 1936, el clima intelectual era favorable a las ideologías colectivistas —comunismo, fascismo— y a la intervención económica de los gobiernos. Además, las ideas de Keynes eran un pretexto «científico» al anhelo de todo gobernante: gastar, gastar y gastar. En palabras de Rothbard (2010: 37): «La Teoría General no era verdaderamente revolucionaria, sino una frecuentemente refutada falacia mercantilista e inflacionista, vestida con un brillante ropaje y construida con una nueva jerga incomprensible».

Serie ‘El lenguaje económico’

(XV) Empleo y desempleo

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(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Huerta de Soto, J. (2011). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.

Lacalle, D. (2022). «Inflación persistente, fenómeno monetario».

Lanchester, J. (2015). Cómo hablar de dinero. Barcelona: Anagrama.

Rothbard, M. (2010). Keynes, the man. Alabama: Ludwig von Mises Institute.

El lenguaje económico (XV): Empleo y desempleo

Las cuestiones laborales son del máximo interés político, social, periodístico y económico. Empleo y desempleo son objeto de debate y argumentación. Hoy analizaremos las expresiones más comunes relativas al mercado laboral.

Lo primero que debemos señalar es que el desempleo es un fenómeno institucional, es decir, provocado por la legislación estatal. «En una economía de mercado no interferida el paro es siempre voluntario» (Mises, 2011: 709). O como dice Huerta de Soto (2004: 185): «La causa única y directa del desempleo es la inexistencia de unos mercados laborales flexibles y el hecho de que los salarios son demasiado altos».

Conquistas laborales

Es extendida la creencia de que la regulación laboral —salario mínimo, jornada máxima, días libres, vacaciones, permiso de maternidad y paternidad, subsidio de desempleo, contratación forzosa de discapacitados, prohibición del trabajo infantil, etc.— son «conquistas» realizadas por la lucha sindical y los políticos con «sensibilidad social». Sin embargo, todo privilegio laboral u otra forma de forma de servidumbre empresarial impuesta por la legislación recaerá forzosamente en el trabajador mediante una reducción de su salario. Ha sido la mayor productividad del capitalismo (no los mandatos gubernamentales) la causante de todas esas «conquistas».

Desempleo forzoso

Sucede cuando la legislación prohíbe, restringe o impone servidumbres a los agentes. Cuando el gobierno fija topes máximos al trabajo (jornada, días libres, vacaciones), prohíbe trabajar a los menores o mayores de cierta edad o cuando fija un salario mínimo; está causando descanso o paro forzoso. Esta intervención produce una dupla maligna: por un lado, reduce la oferta de trabajo por parte de los empresarios; por otra (subsidios), reduce la demanda por parte de los trabajadores.

Empleo estable y de calidad

Este es el eslogan favorito de sindicalistas, políticos y demagogos. La vida, en general, y el mercado, en particular, no proporcionan esa quietud, estabilidad y seguridad que todas las utopías anhelan. Actualmente, este empleo ideal (platónico, socialista) lo encontramos en la función pública, pero el Estado sólo puede garantizar a las masas estabilidad en la pobreza. Una mayor calidad en el empleo, especialmente en aquellos oficios más penosos, solo puede darse en una economía capitalista, innovadora, dinámica y competitiva. Por otro lado, en el mercado de bienes de consumo o de factores de producción todas las calidades son bienvenidas.

Empleo garantizado o indefinido

Otra falsa creencia es pensar que un contrato laboral indefinido proporciona seguridad de por vida. De vez en cuando, las quiebras empresariales nos recuerdan que el mercado no puede garantizarnos una completa seguridad. Ni siquiera los funcionarios están a salvo cuando el gobierno destruye el orden social mediante el socialismo, el intervencionismo o la inflación.

Empleo precario

Se dice que un empleo es precario por diversas razones: A) Salarial. Tener un salario precario equivale a decir: «desearía cobrar más». El salario (como cualquier otro precio) se fija por la oferta y demanda de trabajo. El salario depende de la productividad —contribución del empleado al ingreso monetario de la empresa—. Tanto el empresario como el empleado hacen sus propias estimaciones al respecto. Estar «mal pagado» es una apreciación subjetiva: si fuera acertada, el empleado no debe tener problemas para encontrar un empleo mejor remunerado. Esto es así porque los empresarios compiten entre sí por los trabajadores. En caso contrario, cabe suponer que el trabajador se equivoca respecto de su valía o que se conforma con lo presente. Otra razón distinta para afirmar que un salario es precario es porque no cubre adecuadamente las necesidades del empleado. Esta cuestión no es económica, sino ética, moral o política. B) Intermitencia. Encadenar contratos breves o sin estabilidad temporal es otra seña de la precariedad laboral. Sin embargo, la intermitencia de la producción es inerradicable en ciertos sectores: agricultura, pesca, turismo, servicios domésticos, etc. C) Peligrosidad y/o penosidad. Algunos trabajos se realizan en condiciones adversas, siendo la tecnología y las medidas de prevención las que mitigan este factor.

Empleo sumergido, oculto o irregular

Al igual que el desempleo forzoso, es causado por la legislación laboral. Según el análisis económico del derecho, cuando cumplir la ley es más costoso que desobedecerla las personas se desplazan desde la legalidad a la costumbre, informalidad o economía sumergida (Ghersi, 2005). El empleo sumergido es la reacción del mercado frente al intervencionismo y «pone de manifiesto hasta qué punto la coacción institucional está a la larga condenada al fracaso por ir en contra de la más íntima esencia del humano actuar» (Huerta de Soto, 2010: 123). Si el gobierno desea emerger el empleo, en lugar de demonizar el trabajo informal, debería desregular el mercado laboral.

Fomentar el empleo

No está en manos del gobierno hacer que el empleo crezca porque estamos ante un fenómeno mercantil. Cuando el gobierno «crea» empleo en un sitio (previo cobro de impuestos) lo destruye necesariamente en otro. A medida que aumenta el número de funcionarios o de empresas públicas disminuye el número de productores privados. El resultado neto del «fomento» (gubernamental) del empleo es necesariamente negativo. Solo es posible mejorar la situación abrazando una economía laissez faire.

Igual trabajo, igual salario

Esta es una de las falacias más perversas del igualitarismo. El error está en la premisa «igual trabajo». Ya vimos antes que el salario depende de la productividad y no hay en el mundo dos personas que sean igual de productivas. Ni siquiera un mismo individuo tiene el mismo rendimiento a lo largo del tiempo. Paradójicamente, lo genuinamente justo es la desigualdad salarial, tal y como ocurre en el deporte profesional: cada jugador de un equipo percibe un específico salario —ficha— que ha sido fruto de una negociación individualizada. Es cierto que todos los jugadores realizan el «mismo trabajo», pero no pueden cobrar lo mismo porque todos contribuyen desigualmente al ingreso económico del club. Las mujeres deportistas cobran menos que los varones por idéntico motivo: su productividad es menor porque atraen menos público. En definitiva, la discriminación salarial no solo es impecable desde una óptica económica (sistema de precios), sino también justa porque da a cada uno lo suyo.

Proteger el empleo

La quiebra de empresas y su corolario, el desempleo temporal, es una circunstancia propia mercado. Proteger el empleo es una expresión confusa porque una empresa en crisis no está siendo agredida por nadie; es posible que esté mal gestionada o que no haya sabido adaptarse a los cambiantes gustos de los consumidores. No es lícito, por tanto, impedir la quiebra de bancos, astilleros, siderurgias o incluso de pequeños negocios apelando a una falaz «protección» del empleo. Cuando el gobierno acude, cual héroe, al «rescate» está agrediendo a otros negocios y al conjunto de los consumidores.

Racionalizar el horario laboral

Hay quienes opinan que el horario laboral es «irracional». En 2016, la ministra Fátima Báñez tuvo una ocurrencia: pretender, con carácter general, la finalización de la jornada laboral a las 18:00. La organización de la producción (incluido el horario laboral) no es un capricho del empresario, sino la mejor expresión de su racionalidad económica, guiada por el cálculo de beneficios y pérdidas. Son los hábitos del consumidor lo que establece indirectamente el horario laboral. Es cierto que el pequeño comercio, por ejemplo, tiene jornada partida y que los empleados «preferirían» la jornada continua, pero eso no significa que su horario sea irracional. Los ingenieros sociales, en lugar de coaccionar a los empresarios con normas jacobinas, deberían persuadir a los consumidores para que se abstuvieran de dormir la siesta o ver telenovelas después de almorzar. ¿A quién se le ocurre ir de tiendas o al gimnasio después de las 6 de la tarde? Ironías aparte, interferir la libertad comercial es un error y un horror: se reduce la producción, la tasa de capitalización, los salarios y el empleo; pero sobre todo es inmoral pretender regular la vida de los demás.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Ghersi, E. (2005). «El carácter competitivo de las fuentes del Derecho» [Video file]. Recuperado de https://www. tube.com/watch?v=w034GEg8awc

Huerta de Soto, J. (2004). Estudios de Economía Política. Madrid: Unión Editorial.

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

El lenguaje económico (XIV): Nacionalismo

Por nacionalismo entendemos el «sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia» (R.A.E.). Cree el nacionalista que su nación es «mejor» que las demás o que sus naturales están dotados de rasgos y virtudes «superiores» a las del resto de la humanidad. Frases predilectas del nacionalista son: «nuestra tierra», «nuestra gente», «lo nuestro», etc.

La teoría del Estado considera que el interés del individuo debe subordinarse al interés general, sea lo que esto signifique: nación, pueblo, sociedad, etc. La Constitución española (art. 128.1) corrobora esta jerarquía: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Para el nacionalismo, el individuo es un instrumento al servicio de fines colectivos dictados por la «superioridad». El nacionalismo se manifiesta en muchos ámbitos —político, jurídico, bélico, demográfico, religioso, etc.—, siendo el económico uno de gran importancia. Según Mises (2011: 891): «el nacionalismo económico es el obliga­do corolario de esa política intervencionista, tan popular, que asegura estar incrementando el bienestar de la clase trabajadora, cuando real­mente lo que hace es dañarla gravemente». La política mercantilista, los obstáculos a la libertad comercial y, finalmente, la autarquía, reduce el nivel de vida de la población. Para justificar sus medidas liberticidas el jerarca nacionalista habitualmente busca uno o varios chivos expiatorios.1 Todo lo «extranjero» es visto como enemigo: a) Los inmigrantes quitan el trabajo a «nuestra» gente. b) Los productos foráneos nos «invaden». Pero tampoco faltan «enemigos» internos; por ejemplo, durante la Revolución francesa se culpó del elevado precio del pan a la avaricia de los panaderos y a los acaparadores y especuladores (Schama, 2019).

Nacionalización de empresas

Un gobierno nacionaliza activos o industrias cuando las expropia a sus legítimos dueños. Los gobiernos podrían acudir al mercado y realizar estas adquisiciones de forma contractual y consentida, pero prefieren actuar violentamente: ¿por qué negociar pudiendo imponer?, ¿por qué pagar un precio de mercado pudiendo fijarlo unilateralmente o incluso no pagar nada? Si la empresa está saneada, la nacionalización es un robo al propietario; y si está quebrada (rescate), un robo al contribuyente. Los motivos para nacionalizar son espurios: «interés general», «seguridad nacional», sectores «estratégicos» etc. La nacionalización puede ser extensiva, tras la irrupción de un régimen autoritario; o limitada, tras una crisis o emergencia nacional. En este último caso, se culpa a las empresas de una situación (altos precios) y el gobierno nacionaliza para «proteger» de los consumidores. Toda nacionalización es una sustitución del capitalismo por un régimen socialista.

Fuga de cerebros y talentos

En el término «fuga» hay implícito un juicio de valor: «algo va mal». Por ejemplo, en la técnica decimos que hay una «fuga» cuando un líquido o gas se escapa de un circuito; en el ámbito social, decimos que alguien —presidiario, interno— se «fuga» cuando abandona ilegalmente un establecimiento. Resulta, por tanto, engañoso llamar «fuga» a la legítima movilidad de trabajadores, empresas y capitales. En particular, la expresión «fuga de cerebros»2 es referida a la emigración de ciertos trabajadores cualificados —investigadores, técnicos— que buscan mejorar su situación. Quienes llaman «fuga» a la movilidad de los factores de producción piensan que tienen un derecho sobre la vida y la propiedad ajena. Estas invectivas se extienden a otros profesionales —deportistas, youtubers— que buscan acomodo en otros territorios huyendo del expolio fiscal.

La retórica de los nacionalistas económicos es maniquea: el inmigrante es visto como una amenaza y el emigrante como traidor o desagradecido. Más que les pese, los «fugados» no son propiedad de un ser hipostático llamado Estado. Los emigrantes se desplazan buscando mejores salarios y oportunidades; por ejemplo, las enfermeras portuguesas vienen a trabajar a España y las españolas van a Reino Unido. Nada hay de malo en ello.

Fuga de empresas y capitales

Decir que los capitales y las empresas se «fugan» es confuso. Los inversores trasladan el capital de un país a otro buscando mejores rentabilidades. Sin embargo, no es igual de fácil trasladar dinero, bienes muebles o instalaciones fijas. Por ejemplo, cuando alguien vende una fábrica —desinvierte— siempre hay alguien que la compra —invierte—; el primero «sale» y el segundo «entra». La fábrica sigue en su sitio, no se ha fugado. Durante la crisis secesionista de Cataluña, en la década pasada, se asustaba a la población diciendo que miles de empresas «huían» de Cataluña cuando sólo cambiaban su sede social (buscando mayor seguridad jurídica). Los centros de producción, en su mayoría, no se movieron de su sitio.

Los depósitos tampoco se «fugan». Si no hay cambio de divisa, asistimos a un traspaso de fondos de una entidad bancaria a otra. Pero si el dinero saliera, por ejemplo, de España a EE.UU., volvemos al supuesto anterior: si uno vende euros contra dólares es porque otro hace lo contrario. Las divisas no se fugan, ni se evaporan, tan solo cambian de dueño, apreciándose o depreciándose relativamente entre ellas. Que estén físicamente en un país u otro importa, pero sólo cuando hay amenaza de expropiación o embargo.

¿«Huye» el dinero?

En ocasiones, se dice que determinados negocios turísticos —todo incluido, cruceros— no son demasiado rentables para el destino porque los clientes realizan sus pagos en origen y el dinero se queda «fuera». Indefectiblemente, da igual dónde se realice el pago, el dinero acude a pagar los factores de producción. Si el cliente paga en la agencia de viajes, ésta deberá pagar al transportista y al hotel. El dinero del turista necesariamente sufragará todo aquello que consuma durante sus vacaciones.

Otras veces, se dice que el dinero gastado en Carrefour, Ikea o Decathlon «huye» de España. Las empresas extranjeras radicadas en España pagarán todos los costes que se producen in situ (salarios, proveedores, impuestos) y también a todos los suministradores de mercancías, ubicados por todo el mundo; finalmente, en caso de tener beneficios, la corporación repartirá dividendos. Pero en una economía moderna ¿quiénes son los propietarios de una multinacional?: los pequeños accionistas o partícipes de fondos de inversión. El dinero se reparte de una forma intrincada por toda la economía global.

Proteccionismo

Otra faceta del nacionalismo económico es la «protección» de industrias nacionales mediante el arancel: tributo a la importación de productos competidores. Los beneficiados del arancel son la industria «protegida» y el propio gobierno que aumenta su ingreso fiscal. El resto de la sociedad —los consumidores— ve reducida su capacidad adquisitiva y, en consecuencia, su nivel de vida. Una de las razones del Brexit fue precisamente la disconformidad con la Unión Aduanera, que restringía el comercio del RU con el resto de mundo; en este caso, el nacionalismo británico derrotó al centralismo fiscal de Bruselas. Otro motivo para fijar un arancel es la agresión política y su represalia. Si el gobierno de Ruritania impone un arancel a ciertos bienes de Laputania, su homónimo actuará recíprocamente. La mal llamada «guerra comercial» es, en realidad, una «guerra arancelaria» entre gobiernos nacionalistas que se enriquecen a expensas de los consumidores de ambos países.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Constitución española (1978).

Huerta de Soto, J. (2022). Teoría del nacionalismo libertario. Madrid: Revista Avance. Suplemento 20, marzo de 2022.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Schama, S. (2019). Ciudadanos. Una crónica de la Revolución francesa. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

1 El profesor Carlos Rodríguez Braun, con su característico humor, afirma que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio.

2 «Fuga de cerebros» es una metonimia donde el todo (individuo) se sustituye por una parte del cuerpo (cerebro).

El lenguaje económico (XIII): Política

Políticos, economistas y periodistas, entre otros, emplean ciertos términos —rey, imperio, soberanía, democracia, poder— para referirse a cuestiones económicas; sin embargo, como veremos: «El empleo de conceptos de tipo político resulta inadecuado para el estudio de los problemas económicos» (Mises, 2011: 950).

Reyes e imperios

A menudo, los multimillonarios y magnates son apodados «reyes» y sus corporaciones, «imperios». Sin embargo, el imperio de Gengis Kan en nada se parece al de Henry Ford o Amancio Ortega. Los conquistadores forjaron sus imperios asesinando, robando y sometiendo a los supervivientes. Los imperios industriales y comerciales se forjan satisfaciendo las necesidades de millones de consumidores. La diferencia es notable. Los empresarios de éxito, a diferencia de los reyes y emperadores, no ejercen poder alguno sobre los consumidores, no pueden obligarles a adquirir sus productos y servicios. En otras palabras: No hay tal cosa como «poder económico» o «poder de mercado». La política y la economía de mercado son instituciones de naturaleza distinta: La primera se sustenta en el poder y la fuerza; la segunda, «presupone la cooperación pacífica» (Mises, 2011: 969). Un imperio político se forja con la espada y un imperio económico, sirviendo cumplidamente los deseos de los consumidores. No obstante, hubo excepciones: la Compañía Británica de las Indias Orientales (1600 – 1874) ejercía poder con sus ejércitos privados.

Soberanía

Se trata de un concepto político, definido en 1576 por Juan Bodino (1997: 47): «Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república». Decimos que un Estado es soberano cuando su poder —ejecutivo, legislativo y judicial— es la más alta instancia frente a los ciudadanos. No hay poder superior al soberano. La soberanía no emana de un mítico «pueblo» ni de una constitución. «La fuerza y la violencia han dado principio y origen a las repúblicas» (Bodino, 1997: 35). En la actualidad, los Estados ejercen su soberanía combinando «la coacción, el dinero y la propaganda» (Rallo, 2017). Los hablantes, sin embargo, hablan de soberanía y la adjetivan para referirse a cuestiones económicas.

Soberanía energética

Expresión utilizada por ecologistas, nacionalistas y otros enemigos de la «dependencia exterior», cuyo significado correcto sería «autosuficiencia» o «autarquía». Los actuales ecologistas estarían orgullosos de Franco: Entre 1940 y 1945, el General restringió el uso de carburantes líquidos y nació, en Barcelona, la empresa Vehículos Eléctricos Autarquía, S.A.; dedicada a la fabricación de camiones, furgonetas y autobuses eléctricos. La autarquía (como era de esperar), entre 1939 y 1959, provocó la miseria de los españoles. El progreso económico necesita la división (internacional) del trabajo y el libre comercio, sin embargo, se persiste en el error de la autosuficiencia: Véase el mito de convertir El Hierro en una isla 100% sostenible. El proyecto de Gorona del Viento ha costado 100 millones de euros (10.000€ por habitante). La nueva energía hidroeólica resulta cuatro veces más cara que la producida en la central térmica, cuya turbina diésel, por cierto, sigue encendida para evitar un cero energético. Nadie, en su sano juicio, costearía de su bolsillo semejante suma para presumir de ecologismo. Por su parte, el Cabildo de La Palma (Canarias) se ha embarcado en un proyecto similar —Manifiesto del Electrón—, cuyo «nuevo modelo energético» convertirá (supuestamente) a La Palma en un paraíso 100% sostenible. Nada de petróleo y gas. La isla del volcán debe ser autosuficiente con sus propias fuentes renovables: hidroeléctrica, termosolar, eólica, hidrógeno y geotérmica. Los políticos palmeros, que desean superar a sus vecinos, pretenden que incluso el transporte interior sea 100% ecológico. Todo ello se conseguirá con prohibiciones, restricciones, subsidios, nuevos impuestos (aduana, arbitrios), etc.; que empobrecerá aún más a los palmeros. Autarquía significa involución económica, descivilización y la vuelta al estado tribal; en efecto, las tribus pueden presumir de ser «sostenibles». La mal llamada «soberanía energética» no sólo es inmoral, sino detrimental.

Soberanía alimentaria

Como en el caso anterior, estamos ante la mezcla de dos siniestras ideologías: nacionalismo y ecologismo. Por el primero, se pretende fomentar la producción local de alimentos para combatir el fantasma de la «dependencia exterior». Es preciso impedir la entrada de alimentos foráneos para «proteger» a los agricultores nacionales, regionales o locales (según el discurso). Por el segundo, hay que evitar el transporte de alimentos para reducir las emisiones de CO2. Los apóstoles del «kilómetro cero» pretenden salvar el planeta fomentando la producción y consumo locales. Sobre todo, desean evitar la importación, sin reparar que, abolida ésta, la exportación también cesa. ¿Y qué sucedería si lleváramos el «km. 0» al sector servicios? El turismo, tal y como lo conocemos, desaparecería. Podríamos ver el mundo a pie o a lomos de semovientes, como hizo Camilo J. Cela (1948) en su Viaje a la Alcarria. Ejemplo de este nefasto Nacional Ecologismo es la moratoria turística: Según sus promotores, hay «demasiados» hoteles, habitantes o coches; como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis usan metáforas biológicas: Los hoteles «devoran» el territorio. Toda ensoñación autárquica acaba forzosamente en un régimen autoritario. Franco buscó la autarquía mediante el aislamiento comercial y Hitler mediante el Lebensraum: la apropiación de materias primas mediante la conquista militar de otros países.

Soberanía de consumidores y productores

Otra acepción de «soberanía» es la referida a la autonomía personal. Así, se dice que un consumidor es soberano cuando es libre de adquirir bienes o abstenerse de hacerlo. La «soberanía del consumidor» en modo alguno significa que el empresario deba plegarse a sus deseos porque «nadie es soberano respecto de los actos o intercambio de cualquier otro» (Rothbard, 2013: 130). Recientemente, se ha acusado injustamente a los bancos de «maltratar a las personas mayores». Analicemos la polémica. Los bancos abaratan costes cuando los clientes realizan, por sí mismos, operaciones rutinarias (pagos, retiradas de efectivo); por su parte, las personas mayores, sea por incapacidad, seguridad o comodidad; solicitan una atención personal. ¿Acaso es maltrato cobrar por algo que los clientes no pueden o no quieren hacer? Cobrar comisiones por determinados servicios personales es legítimo, además observable en otros negocios —despachos profesionales, seguros, gasolineras, restauración, servicios low cost y que operan por Internet, etc.— Todos ellos reducen costes y precios cuando trasladan ciertas tareas a sus clientes. Incluso los ayuntamientos ofrecen descuentos en los tributos para desincentivar los pagos en ventanilla.

El sindicalismo cae en el mismo error al pensar que gremios y corporaciones pueden ordenar la producción de forma soberana, tal y como decía el matrimonio británico Webb: «El derecho de autodeterminación para cada profesión» (Mises, 2011: 965). En el mercado, todas las decisiones relativas a una industria —tipo de bien, cantidades, calidades, salarios, duración de la jornada, turnos, etc.— vienen condicionadas por las preferencias de los consumidores y no es posible desatenderlas sin sufrir la sanción del mercado.

Democracia

Con frecuencia, se emplea (incorrectamente) el verbo «democratizar» en lugar de «popularizar»; por ejemplo, democratizar la ópera o el caviar significa hacerlos accesibles al gran público. ¿Es esto posible? En un mercado no interferido, las innovaciones tecnológicas pueden aumentar la oferta de ciertos bienes; por ejemplo, la ópera puede disfrutarse sin límite a través de TV o Internet; y la cría del esturión en viveros aumenta la producción de caviar. Los sucedáneos, por otro lado, palían la inevitable escasez de ciertos bienes, como la bisutería respecto de las piedras preciosas.

Lamentablemente, en ocasiones, la «democratización» de un bien es ideológica —igualitarismo— y su abaratamiento se produce mediante la confiscación y los subsidios. Paradójicamente, si el gobierno subsidia la ópera, el caviar o cualquier artículo de lujo, las clases bajas y medias financian fiscalmente el consumo de las élites, pues la mayoría de consumidores sigue prefiriendo ir al fútbol y comer pizza. El gobierno no puede aumentar la oferta de un bien sin reducir concomitantemente la del resto de bienes, que son más deseados por los consumidores. Esta transferencia coactiva del capital beneficia a unos pocos a expensas del resto de la sociedad. Si el gobierno desea popularizar el consumo de bienes exclusivos lo mejor que puede hacer es eliminar el impuesto de lujo.

También se oye decir que el mercado es una «democracia de consumidores», pero los consumidores no votan para decidir lo que luego deben consumir todos forzosamente. El mercado, en todo caso, es una acracia: una anarquía de productores y consumidores donde cada cuál produce y consume lo que cree mejor para alcanzar sus fines.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Bodino, J. (1997) [1576]. Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rallo, J. R. (2017): «Cómo Rajoy pretende someter al independentismo». Recuperado de https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-10-23/

Rothbard, M. (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial.

El lenguaje económico (XII): Riqueza y pobreza

Sobre la riqueza y la pobreza se ha escrito mucho, casi siempre de forma errada según el dogma de Montaigne: “El beneficio de unos es perjuicio de otros”. El corolario de este error económico es la maniquea distinción entre países ricos y pobres o entre hombres ricos y pobres, donde los primeros son culpables de la lamentable situación de los segundos. Este mito se adorna de una variada retórica que vamos a analizar.

Riqueza y pobreza no son estados permanentes

Habitualmente se dice que alguien «es» rico o pobre como si tal condición fuera inherente a la persona. Tal vez, esto fuera cierto en una sociedad estamental o de castas donde la movilidad social apenas existe. Hoy en día, sería más apropiado decir que alguien «está» rico o pobre pues la sociedad capitalista no garantiza las respectivas posiciones patrimoniales de los individuos. Tampoco es cierto que «el rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre». El rico puede convertirse en pobre y viceversa, todo depende del acierto o desacierto en la conducta económica. Abundan casos de ricos que consumen su capital con la misma rapidez con que lo reciben —herederos, agraciados en el juego— o lo generan: artistas, deportistas, etc. En definitiva, como dice Kirzner (1995: 104): «El beneficio es un fenómeno esencialmente dinámico».

¿Se hereda la pobreza?

En el Antiguo Régimen la riqueza (o pobreza) se heredaba, dicho metafóricamente, junto con el estamento social de pertenencia. La Revolución industrial y la aparición de la burguesía dio paso a una incipiente movilidad social y la pobreza dejó de ser el destino inexorable de las masas. La llegada del capitalismo ensanchó y profundizó la movilidad social. Haber nacido pobre dejó de ser una excusa para morir pobre. Por ello, resulta anacrónico oír que la pobreza se hereda. La pobreza no es genética: de padres pobres nacen hijos «provisionalmente» pobres. La riqueza tampoco se hereda en sentido económico. Un afortunado descendiente no hereda las cualidades que hicieron ricos a sus antepasados, lo que hereda es una específica cantidad de capital —dinero, bienes, propiedades— que lo convierte «provisionalmente» en alguien rico; pero el capital no se mantiene de forma automática, sino que «es necesariamente fruto de una acción deliberada» (Mises, 2011a: 614). El rico heredero, si quiere conservar su fortuna, está obligado a actuar de forma económica.

Igualdad de oportunidades entre ricos y pobres

Estamos ante una imposibilidad teórica y práctica cuya búsqueda provoca toda clase de interferencias gubernamentales en el libre mercado. No hay ni puede haber dos personas con las mismas oportunidades y la principal razón es la diversidad natural: genética (sexo, fenotipo, inteligencia), cultural, geográfica, social, familiar, psicológica, etc. Los individuos tienen diferentes capacidades —vigor intelectual, fuerza de voluntad, capacidad de trabajo— que no pueden igualarse mediante la coacción política. Sólo el fruto —la propiedad— puede ser confiscado y repartido cual botín. Además, las capacidades y circunstancias que hacen a unos ricos y a otros pobres son cambiantes durante la vida. Tampoco es posible «crear» oportunidades (tal y como dice un eslogan publicitario) porque éstas son preexistentes y depende de la creatividad humana el detectarlas y aprovecharlas (Huerta de Soto, 2010).

La riqueza no «merecida»

Otras veces se realizan arbitrarios juicios de valor sobre el merecimiento de la riqueza. Por ejemplo, nadie condena al que se hace rico, «sin esfuerzo», con un premio en la lotería; pero muchos se escandalizan de quien se hace rico, honradamente, con su trabajo. Se tacha de inmorales o injustos los pingües salarios que perciben determinados famosos. Las iras recaen con especial virulencia sobre presentadores y tertulianos de programas del corazón, deportistas de élite —futbolistas, pilotos— o youtubers millonarios; entre otros. Es frecuente comparar sus ingresos con los de otros profesionales —médicos, bomberos, maestros— que supuestamente son más «útiles» a la sociedad.

El elenco de lamentos y agravios comparativos que tildan de «excesiva» la ganancia de los famosos puede deberse a la envidia, pero sobre todo a la incapacidad para entender cómo se retribuye el trabajo. «La democracia capitalista del mercado no premia a las gentes en razón a sus ‘verdaderos’ méritos, virtudes personales o excelsitud moral» (Mises, 2011b). Es el consumidor, en última instancia, el que asigna los ingresos de cada individuo; por ejemplo, las audiencias —TV, radio, cine, Internet— fijan indirectamente los cachés; por este motivo, ciertos «famosos» se enriquecen más que otros profesionales. ¿Es esto justo? Si la justicia es «dar a cada uno lo suyo» (Ulpiano), por supuesto que sí. Por ejemplo, la riqueza de J. K. Rowling (creadora de Harry Potter) es la justa retribución al talento creativo de sus novelas que deleitan a millones de lectores. En resumen, el ingreso monetario no depende de nuestras filias, fobias o de una particular concepción del mérito, sino de la productividad del trabajo; es decir, de la personal contribución a la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores.

Pobreza energética

Otra moda consiste en poner adjetivos para crear subcategorías de pobreza. Pobre energético es quien no puede pagar la factura de la luz o comprar gas butano o el que destina a tal efecto una «excesiva» proporción de sus ingresos. Mutatis mutandi podríamos crear otras subcategorías de pobreza; por ejemplo, pobreza «tabáquica»: no tener dinero para comprar tabaco; pobreza «inmobiliaria»: no tener dinero para comprar o alquilar una vivienda; pobreza «telemática»: no tener dinero para pagar Internet. Los apóstoles de la pobreza energética intentan medirla «científicamente» con ratios que combinan temperaturas, rentas domésticas, precios de la energía, etc. ¿Qué hay detrás de esta impostura? La captura de rentas a expensas del contribuyente: a) Primero se crea un problema y luego se destinan fondos públicos para hacer informes, cursos, conferencias, programas, etc. La O.N.U., la U.E. y los gobiernos elaboran estrategias, crean departamentos, agencias y chiringuitos. b) Se otorgan subsidios directos a los «consumidores vulnerables» y dinero público para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.

Serie ‘El lenguaje económico’

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Bibliografía

Huerta de Soto, J. (2010). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Madrid: Unión Editorial.

Kirzner, I. (1995). Creatividad, capitalismo y justicia distributiva. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011a). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011b). La Mentalidad Anticapitalista. Madrid: Unión Editorial.

Montaigne, M. (1580). Ensayos. Edición digital basada en la de Paris, Casa Editorial Garnier Hermanos, [s.a.]. http://www.cervantesvirtual.com

El lenguaje económico (XI): El comercio

El comercio tiene luces y sombras. Desde una óptica praxeológica, se trata de una actividad útil pues, axiomáticamente, beneficia a todos cuantos participan en los intercambios. El comercio es ético, pues se trata de una actividad libre, pacífica y consentida; sin embargo, los comerciantes no son seres angelicales y a menudo son vistos con suspicacia. El fraude comercial y su corolario, el enriquecimiento ilícito, han sido causantes de la condena moral del comercio. Recordemos el pasaje bíblico: «Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas» (Mateo, 21: 12). Según Antonio Escohotado (2015) este episodio constituyó un ataque injusto, pues tanto el cambio de moneda como la venta de animales tenía por finalidad la ofrenda de sacrificios a Yahvé. De igual modo, hoy veríamos injusto el destrozo de las tiendas que hay dentro de las iglesias donde se venden libros y souvenirs. La condena generalizada al comercio no solo está injustificada, sino que supone un freno al desarrollo económico. Esta secular animadversión al comercio es el origen de múltiples expresiones que hoy analizaremos.

El dogma Montaigne

Posiblemente, el error más funesto y persistente contra el comercio proviene del filósofo y humanista francés Michel de Montaigne (1533-1588), cuyo ensayo Nº 21 se titula: «El beneficio de unos es perjuicio de otros». Es muy extendida la creencia de que la riqueza es una cantidad fija, por tanto, alguien solo puede ser rico a expensas de los pobres. La estadística es utilizada para abundar en este error de «suma cero», por ejemplo, se afirma que el «1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global», pero nunca se dice que ese 1% enriquece al 99% restante mediante inversiones que aumentan la productividad del trabajo y los salarios reales. Los igualitaristas parecen ignorar que en un mercado no interferido el aumento de la riqueza de unos pocos se produce necesariamente aumentando la riqueza de las masas.

Comercio justo 

Todas las iniciativas denominadas comercio «justo» reconocen implícitamente que el libre comercio no lo es, por ejemplo, frecuentemente se dice que existe una inequidad de ingresos entre productores y comercializadores. Supuestamente estos últimos obtienen beneficios «excesivos» a expensas de los primeros. En esta nueva versión de la teoría de la explotación es el comerciante el que abusa del agricultor o ganadero. Pero si la utilidad es subjetiva, ¿cómo saber si un intercambio es o no equitativo? ¿Y quien será el juez de tan espinosa cuestión? Los promotores del comercio justo apelan a la justicia global, los derechos humanos o el medioambiente para alcanzar sus objetivos igualitaristas, pero el comercio afortunadamente es inmune a prejuicios y pseudoderechos. Los defensores del comercio justo, en lugar de demonizar al comerciante, podrían pedir a los gobiernos la eliminación de aranceles a la importación de productos.

El problema del comercio justo es que sus promotores desean eliminar o acotar el ánimo de lucro, sin darse cuenta de la importante función social que desempeña. En un mercado no interferido quien más se lucra es aquél que ha sido capaz de servir más cumplidamente las necesidades de los consumidores. La riqueza se obtiene enriqueciendo a los demás. No hay conflicto de intereses entre compradores y vendedores. 

El salario «digno»

La relación laboral es un intercambio económico. El empresario compra el trabajo que el empleado vende. La formación del salario, como precio del trabajo, obedece a las mismas leyes económicas que cuando se compran materias primas, maquinaria o bienes de consumo. Los salarios no se forman atendiendo a la dignidad del empleado ni a sus necesidades personales o familiares, sino a su productividad. Frecuentemente se apela a la «dignidad» para exigir una remuneración superior a la que el libre mercado concede a cada trabajador. Salario «digno», condiciones laborales «dignas», vivienda «digna», etc. son consignas que se utilizan para alcanzar unas condiciones económicas y laborales distintas de las que una persona obtiene con su propio trabajo. En lugar de exigir «dignidad, quién desee mejorar su salario deberá trabajar más horas, cambiar de ocupación o de lugar de residencia, mejorar su cualificación, etc. Pero mientras no lo consiga, deberá admitir que su actual empleador es la persona que más lo valora. 

Beneficio comercial «excesivo»

Otras veces se afirma que el beneficio (nunca las pérdidas) comercial es «excesivo» o que la ganancia debería ser «razonable». Por ejemplo, la usura es un caso particular donde se considera que el precio del préstamo —el interés— es excesivo. ¿Pero cómo saber si un precio es razonable o excesivo? Puesto que el valor es subjetivo, el único juez capaz de dirimir esta cuestión es el cliente. Si éste considera que el precio es «excesivo» no habrá intercambio, pero si lo hubiera, asumimos que el comprador lo da por bueno, por elevado que sea éste. Por otro lado, considerar «excesivo» el beneficio comercial no deja de ser una suposición, pues solo el empresario conoce en detalle los costes soportados. Que el beneficio comercial sea elevado no es malo ni censurable, todo lo contrario, es la mejor prueba de que el empresario satisface a sus clientes de un modo superior a sus competidores. Para rizar el rizo, también se critica al comerciante por vender «demasiado» barato, es decir, la denominada «venta a pérdida» o dumping. Haga lo que haga, el comerciante está condenado. Si el precio es muy alto, es avaricioso; si el precio es similar al resto es que hay colusión de precios (cártel) y si el precio es muy bajo, es que hace dumping.

Comercio exterior y balanza de pagos

La distinción entre comercio interior o exterior es únicamente producto de la existencia de Estados, cuyas legislaciones restringen la movilidad transfronteriza de las mercancías y de los factores de producción. «La verdad es que los individuos, al actuar, al proceder ya sea como productores o como consumidores, como vendedores o como compradores, jamás diferencian el mercado interior del exterior» (Mises, 2011: 392). Los errores del mercantilismo siguen instalados en la mente de muchos, por ejemplo, creyendo que que es mejor exportar que importar. La balanza de pagos es un mito porque todo incremento o decremento de los saldos en efectivo siempre es favorable para quienes realizan intercambios comerciales. Exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda y ambas tienden a igualarse. Por ejemplo, los euros que salen de España al comprar vehículos Audi o BMW vuelven con los turistas alemanes. Las metáforas de corte nacionalista —soberanía alimentaria o energética— o incluso las campañas de «consumo local» y «kilómetro cero» reproducen el mismo error: creer que la autarquía rinde mejores frutos que el libre comercio.

Bibliografía

Escohotado, A. (2015). Los enemigos del comercio (I). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=sgl9ZvTjiGE

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Montaigne, M. (1580). Ensayos. Edición digital basada en la de Paris, Casa Editorial Garnier Hermanos, [s.a.]. http://www.cervantesvirtual.com

Serie ‘El lenguaje económico’

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor