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Etiqueta: Enemigos de la libertad

Una sociedad de propietarios como alternativa al Estado de bienestar

El estudio Una sociedad de propietarios que mañana divulga el Instituto pretende abrir un debate público en torno a alternativas plausibles al agotado modelo de Estado de Bienestar. Según el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, los individuos buscan satisfacer sus necesidades, y la victoria en esa lucha abriría nuestro apetito a otras nuevas, de distinto rango. Estas necesidades, empezando por las más básicas, son las fisiológicas, de seguridad, relación, estima y autorrealización. En la actualidad, en los países occidentales, las necesidades más básicas (alimento, vestido, salud o cobijo) están en general superadas y las personas buscan alcanzar y quemar etapas más elevadas. Emergen con mucha más fuerza necesidades de seguridad, como la protección física y económica frente a cualquier contratiempo. En el terreno del afecto y de las relaciones, es una queja habitual la dificultad de compatibilizar el trabajo con la familia y el cuidado de los hijos. En cuanto a la falta de “autorrealización”, muchos son los individuos que se hallan afligidos por la arbitrariedad directiva o la falta de desarrollo personal en trabajos que estiman alienantes.

La sociedad de propietarios busca reforzar el abastecimiento de recursos financieros en el hogar para lograr independencia y seguridad financieras sólidas, gracias a las cuales no deberemos estar al amparo de terceras personas. Para no estar atados al sueldo de un único empleador, temerosos porque peligran nuestras pensiones, agobiados por una actividad laboral que no nos satisface ni nos motiva emocional y profesionalmente, angustiados porque nuestra vida familiar se resiente por falta de tiempo, lo que necesitamos es acumular un patrimonio que nos permita una mayor autonomía económica y de decisión.

La socialdemocracia o el estado del bienestar ha resultado ser un verdadero fracaso en su intento de proveer cualquiera de las necesidades ubicadas en los escalafones más altos que nos explica Maslow. La sociedad de propietarios es un modelo alternativo al propuesto por el Estado con el que se quiere dar más autonomía, responsabilidad y libertad al individuo con el fin de que éste pueda ir satisfaciendo sus necesidades crecientes sin verse sometido a todas las cortapisas que hoy padece. Para ello se aprovecharán las ventajas que el capitalismo ofrece al individuo, especialmente la habitualmente desdeñada participación en la ganancia capitalista, para lo que se necesitará de una adecuada cultura financiera. Si deseamos una seguridad económica no atada a un único salario, retirarnos a una edad más temprana que la que nos fijan los estados, desarrollar actividades profesionales que nos satisfagan más, tener más tiempo para pasar con nuestra familia, mejor educación para los hijos, etc., seguramente debamos acometer cambios en la manera de llevar nuestras finanzas familiares.

Y la forma de hacerlo es emplear la magia de la capitalización compuesta, que requerirá de nosotros que empecemos cuanto antes a ahorrar e invertir lo ahorrado. Para ilustrar las cuantías que nos puede ofrecer un escenario medio, ni demasiado optimista ni pesimista, vamos a simular qué podría alcanzar un trabajador que empiece con el hábito de ahorro e inversión a una edad temprana, a los 25 años, y que separe anualmente 6.000 euros (1 millón de pesetas) durante los siguientes 20 años con el fin de invertirlos podría obtener, unos 41 millones de las pesetas al valor actual. Si a partir de entonces dejara de ahorrar, esa inversión se traduciría en los siguientes 10 años en 80,7 millones de pesetas. Todo esto con una hipótesis realista-conservadora de un 10% nominal de rendimiento anual de las inversiones y un 3% de inflación.

No obstante, el Estado, a través de impuestos y regulaciones, dificulta el proceso creativo y con él la productividad y el crecimiento económico y empresarial, lo que provoca que no obtengamos ni como trabajadores ni como accionistas todo lo que podríamos conseguir. Por eso proponemos la eliminación de requisitos burocráticos a la puesta en marcha de empresas y negocios productivos, una reforma de IRPF que elimine los tramos que desincentivan la movilidad social, eliminación del impuesto a las ganancias patrimoniales y eliminación o exención para los casos en que la base imponible sea inferior a 2 millones de euros de los impuestos sobre sucesiones y sobre el patrimonio.

Este modelo alternativo al estado del bienestar no tiene por qué eliminar el papel de éste en el cuidado de los desamparados, pero tal esfera de actuación quedaría circunscrita a aquellos casos de incapacidad que, fruto del azar o la mala suerte, no queden totalmente cubiertos por el propio trabajo del ciudadano o la acumulación de capital (apoyo familiar, herencia, inversiones anteriores, etc.). Cuidar a quienes lo necesitan de verdad no debe llevar a atarnos a todos al modelo obligatorio impuesto por el Estado.

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Precampaña navideña y derechos humanos

Cada vez con más frecuencia nos bombardean con noticias relacionadas con la violación de los derechos humanos. Políticos de todos los pelajes se unen para denunciar en voz alta semejante brutalidad aquí y allá, con una indignación tal, que finalmente me he sentido abochornada. Sí, confieso avergonzada que no he leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para preparar mi espíritu solidario de precampaña de Navidad, aprovechando que ya están colgados en la Castellana los… ¿adornos navideños con forma de monocadena de ADN?… que ha preparado el candidato no liberal a la Alcaldía de Madrid, he decidido ponerme a ello.

Y, la verdad, más que a las puertas de la Navidad me siento en plena Semana Santa.

Al principio, uno lee con cierta tranquilidad cosas como: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" en el tercero de los artículos, o "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" en el quinto, y más adelante: "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente" (artículo 17) y se siente reconfortado, civilizado, miembro de una sociedad que ha avanzado lentamente en el transcurso de la historia y piensa en las luces navideñas, en el calvo de la Lotería y en cosas de esas… por poco tiempo.

Se me eriza el vello de la nuca cuando leo esto: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho –tomen aire– a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (artículo 22). Y sigue el calvario: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial –vuelvan a respirar– la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad" (artículo 25). Y me pregunto, ¿con cargo a quién va todo este gasto? ¿Quién realiza ese esfuerzo para que toda persona disfrute del "libre desarrollo de su personalidad"? De manera involuntaria, agarro el bolso con fuerza aún sabiendo que es inútil, no hay nada que hacer… es a mi costa. Con el bolso aún asido, leo los dos últimos artículos: "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". ¿En esta comunidad, solamente en ésta puedo? Y la puntilla: "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".

¿Dónde puede borrarse uno de este club? ¿Se puede?

Dice Anthony de Jasay en la introducción a su Justice and Its Surroundings: "A freedom is a freedom and not a right". Según el liberal de origen húngaro, si necesitas definir un derecho para asegurar una libertad, ya no se trata de una libertad propiamente dicha. Más bien, lo que se consigue es convertir la libertad, apuntalada por un derecho, en un privilegio. Tal y como lo plantea, un derecho para alguien siempre implica una obligación para otra persona.

La situación de cada individuo debería ser la consecuencia de la libertad de acción, no el objeto de un sistema de privilegios acordados de manera supuestamente universal que restringe la capacidad individual de elegir, mi poder adquisitivo, mis recursos. El sentimiento de esclavitud es doble cuando, mientras me aseguran el derecho a expresarme, se me prohíbe luchar contra la barbaridad impuesta.

La cosa cambiaría solamente con redactar, por ejemplo, el terrible artículo 25 de esta manera: "Toda persona tiene libertad para dedicar sus esfuerzos y capitales a intentar alcanzar un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo libertad para acceder, si quiere, a los seguros privados en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

Está claro que me equivoqué de bando. En la próxima vida quiero ser damnificada social, y recibir todo eso que ignoraba que es indispensable para mi dignidad y el desarrollo pleno mi personalidad en esta sociedad, por supuesto a costa de otro. Usted, por ejemplo.

Arde París

Muchos medios, el lector sabrá que no todos, ocultaban la militancia islámica predominante entre los incendiarios. Francia ha llevado a la práctica con denuedo el multiculturalismo, esa idea según la cual quien llega al país de acogida no tiene porqué integrarse ni aceptar sus normas de convivencia. Como la de no quemar coches, pongo por caso. Ello ha favorecido la creación de inmensos guetos.

Pero esa es sólo una cara del problema. La otra (que sí fue recogida por todos los medios) es económica. Las tasas de paro entre la juventud de los barrios multiculturales podían superar el 50 por ciento. Esperanzas, pocas. Deseos, los de cualquier persona que espera vivir más de dos veces lo que ha vivido. Resultado: una lacerante frustración.

La frustración no justifica el vandalismo, pero ¿qué explicación hay para ella? Haber implantado, hasta donde ha podido, el Estado de Bienestar. Décadas de intelectualidad francesa denostando el mercado libre han logrado imponer su opuesto hasta una profundidad sorprendente. El éxito es total.

Es decir, el fracaso. El de muchos jóvenes que se ven atenazados por el palo y la zanahoria. El primero es el salario mínimo y las regulaciones que desincentivan la contratación de los menos cualificados. La zanahoria son las ayudas sociales, que mantienen a familias de inactivos. Es como si les dijeran: "no permitiremos que te caigas, pero tampoco que te levantes". ¿Se imaginan en esa extenuante posición?

Puede que algún lector me considere algo exagerado, pero los 15.000 jóvenes franceses que van anualmente a Gran Bretaña a trabajar y a montar empresas lo ven exactamente así. Donde llegan, la tasa de desempleo juvenil es la mitad, y tienen la sensación de que pueden hacer cualquier cosa, algo que es más complicado en Francia. Ellos mantienen viva la llama empresarial.

¿Está a favor de los mileuristas?

Evidentemente Sala-i-Martín se quedó atónito ante tan estúpida pregunta. Cuando le pidió a la reportera que le aclarara la cuestión ésta fue incapaz ya que ni ella misma sabía que podía significar.

A la progresía en este país le encanta encajar las cosas en tópicos y discriminar a la gente por lo que tiene, lo que es (hombre o mujer, negro o blanco) o lo que gana. En esta visión elitista y casi racista no dudan en declarar amigos y enemigos para simplificar las cosas olvidando la enorme complejidad de los actos humanos y sus circunstancias. La pregunta de nuestra reportera lo demuestra a la perfección, ¿cómo se puede estar a favor o en contra de un grupo social según su renta?

La gente no está predestinada por el hecho de ser mujer u hombre, blanco o negro, mileurista o millonario, sino por lo que es capaz de aportar a los demás con su esfuerzo, sacrificio y capacidad de innovación. Las cosas no son gratis; casi siempre nos las hemos de ganar con tiempo y esfuerzo porque de no ser así eso significaría que alguien está viviendo a costa de la producción de otra persona, y si todos anhelamos vivir a expensas del dinero de los demás sin dar nuestra contrapartida sólo conseguiremos crear una sociedad de oportunistas irresponsables abocados a la ruina general.

Cuanto mayor sea el esfuerzo y trabajo del individuo más posibilidades va a tener de conseguir una mayor felicidad material. Creer en absurdos tales como que el Estado, o cualquier otra forma de coacción masiva, es la solución a la felicidad material de las personas sólo hará que unos pocos puedan cometer atrocidades contra el resto de la población sin llegar jamás a una solución real.

El mileurista de hoy puede ser el millonario de mañana si se lo propone, y no haciendo manifestaciones, sino alcanzando hitos cada día y trabajando muy duro en una empresa privada o en su propio negocio, tal y como hicieron nuestros padres, porque pocos tienen el privilegio de ser adinerados en su juventud.

De hecho, un mileurista cobra algo más de 17.000 euros anuales brutos, y de aquí, casi el 20% es incautado automáticamente por el estado por diferentes conceptos. ¿Qué recibe a cambio el mileurista de la administración? Nada. Tal vez la auténtica injusticia del mileurista se llame Estado, y la pregunta más acertada de nuestra periodista sería: ¿cree si eliminásemos los impuestos aliviaríamos a lo mileuristas y se podrían convertir más fácilmente en gente de dinero y éxito? Sin duda.

Zapatero se hace el sueco

El modelo del estado del malestar sueco desapareció hace años y Suecia es hoy uno de los países más liberales y dinámicos de la esclerotizada Europa. El país aparece en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage justo detrás de Suiza y Estados Unidos. El dato no es sorprendente si tenemos en cuenta que el 60% de su PIB viene del comercio y que es el país con el mayor índice de multinacionales per cápita. Los horarios comerciales están completamente liberalizados y el número de horas y días que abre una empresa depende de la voluntad de los propietarios y, en última instancia, del consumidor.

El gobierno socialdemócrata saliente, que rigió en minoría con el apoyo de ex comunistas y verdes, abolió el impuesto de sucesiones y donaciones. Por otro lado, el impuesto de sociedades es de los más bajos de Europa. Además, Suecia ha estado a la cabeza de los procesos de liberalización en Europa. La banca, las telecomunicaciones, la electricidad o el transporte son hoy mercados donde brillan la competencia y sus favorables efectos. Incluso se han llevado a cabo procesos de privatizaciones en áreas como la defensa nacional. Los trenes se privatizaron, y ocurrió antes que en Inglaterra. El metro de la capital está en manos de una empresa francesa y uno de los mayores productores y proveedores de energía eléctrica del país es una empresa alemana que ostenta la mitad de la estratégica producción nuclear de la nación.

El gobierno también trabajó en la privatización de la sanidad pero la oposición frontal de los sindicatos complicó la aplicación del proyecto. Aún así, uno de los mayores hospitales de Estocolmo fue privatizado hace un par de años y es parte de una sociedad con ánimo de lucro que cotiza en la bolsa. El fraudulento sistema de pensiones de reparto ha sido sustituido por uno más cercano al de capitalización en el que el contribuyente puede elegir entre distintas formas de inversión.

Por último, el paro dejó de ser la lacra de lo más desfavorecidos desde que se suprimió el salario mínimo y el típico esquema de adoctrinamiento propio de los sistemas educativos europeos ha sido eliminado gracias a implantación del cheque escolar. Este es el modelo sueco de la actualidad a cuya creación ha contribuido decisivamente la izquierda en la última década y en el que previsiblemente profundizará el nuevo gobierno liberal-conservador. Si Zapatero fuese todo lo liberal que cuenta a la prensa extranjera seguiría el modelo sueco.

El cuidado de los pobres no justifica el Estado del Bienestar

En ausencia de Estado del Bienestar nadie velaría por los más pobres. Las capas menos favorecidas no pueden acceder a la sanidad o a la educación privada, sólo el Estado del Bienestar es capaz de garantizar a los pobres los servicios básicos. Ésta es quizás la principal objeción al liberalismo planteada tanto por sus detractores como por aquellos que, aun simpatizando con sus tesis en general, no ven claro que el destino de los más necesitados esté a merced, por ejemplo, de la caridad privada y no al amparo del sector público.

En primer lugar, concediendo a efectos dialécticos que esta objeción sea válida, es preciso aclarar que el cuidado de los pobres en una sociedad desarrollada no exige un Estado del Bienestar, sino a lo sumo una red de asistencia pública mínima que procure atención a esta minoría desfavorecida. En otras palabras, la objeción de los pobres no es un argumento en contra de un Estado poco intervencionista como pretenden algunos, en contra de la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones, en todo caso es solo un argumento a favor de un sistema de cheques o subsidios selectivos a los más pobres.

Ahora relajemos esa concesión y preguntémonos si es cierto que en ausencia de intervención estatal los pobres se hallarían desamparados y padecerían más de lo que padecen en la actualidad.

La gente asume que el Estado cuida de los pobres y raramente se plantea la posibilidad inversa, que sea su mayor lastre. ¿Por qué tendrían los gobernantes que preocuparse de los más pobres, que carecen de peso político, en lugar de fingir hacerlo y servir en realidad a otros intereses? Las leyes de salario mínimo y las regulaciones laborales elevan los costes laborales, reduciendo los salarios de la gente y condenando al paro a los menos productivos. Las licencias y los permisos para entrar en un sector restringen la competencia y encarecen servicios como la sanidad o los transportes metropolitanos. La regulación del suelo encarece la vivienda y el proteccionismo encarece la comida. Los impuestos indirectos, que cada vez tienen un peso mayor en el organigrama fiscal, son regresivos y se ceban en los más pobres. La subida de los precios provocada por la expansión crediticia es siempre asimétrica y afecta especialmente a las personas de rentas más bajas, que ven subir los precios de los bienes que compran antes de que hayan subido sus salarios. Las regulaciones y los impuestos en general socavan la acumulación de capital y el florecimiento de nuevas oportunidades de negocio. ¿Es así como el Estado ayuda a los más pobres?

Algunos se fijan en las rentas netas de los individuos y en los precios de la sanidad o la educación privadas hoy y concluyen que los pobres (y los no tan pobres) no pueden tener acceso a estos servicios a menos que el Estado se lo proporcione. Pero no se trata de valorar si en el contexto actual los pobres (y los no tan pobres) pueden pagarse una sanidad o una educación privada, sino si podrían en otro contexto, en un contexto no-intervenido. ¿La renta neta de las capas menos favorecidas sería la misma si no hubiera impuestos y los trabajos estuvieran mejor remunerados? ¿La oferta y los precios serían los mismos en un marco enteramente competitivo, en el que no satisfacer a los consumidores comporta la quiebra en lugar de más fondos públicos?

Aunque en un libre mercado sin restricciones se generara más prosperidad para todos y hubiera menos pobres, es posible que continuara habiendo una bolsa de gente que por sí misma no fuera capaz de pagarse determinados servicios básicos. Defender la asistencia pública alegando que en la actualidad la caridad privada se revela insuficiente para afrontar estos problemas supone, de nuevo, caer en el error de pensar que en un contexto no intervenido el volumen de donaciones (y la forma de canalizarlas) sería equiparable al que resulta en presencia del Estado del Bienestar. ¿Acaso los ciudadanos no podría destinar más dinero a beneficencia si su renta fuera más elevada y apenas pagaran impuestos? Tampoco debemos olvidar el efecto "crowding out" del Estado: el Estado no complementa la iniciativa privada, la desplaza. La única razón por la que mucha gente se muestra pasiva ante los pobres es que da por sentado que el Estado ya cuida de ellos (sic) y cree que en cualquier caso ya hace bastante pagando sus impuestos. Por otro lado, las organizaciones sin ánimo de lucro que dependen de donaciones voluntarias tienen más incentivos para proceder honesta y eficientemente que el Estado, que no depende de las donaciones de nadie. A la ONG corrupta puedes retirarle tu favor, al Estado no puedes dejar de pagarle impuestos.

El argumento de los pobres adolece de una curiosa paradoja. Quienes lo plantean suelen decir: "yo ayudaría a los pobres, porque a mí me preocupan, pero no confío en que los demás hagan lo mismo, así que el Estado debe intervenir para garantizar esa ayuda a los pobres". Pero la inmensa mayoría de gente opone la misma objeción al liberalismo, por lo que tenemos al 99% de la gente diciendo que ellos ayudarían a los pobres, pero los demás no. ¿Es razonable pensar que en un contexto en el que el 99% dice personalmente estar dispuesto a ayudar a los pobres nadie lo haría? ¿Todos se comportarían exactamente como temen que se comporten los otros? Si la gente es en efecto sensible a la pobreza lo iluso no es tanto creer que habrá personas dispuesta a ayudar a los necesitados como asumir que los gobernantes tienen inclinaciones más altruistas y que la letanía de políticas del Estado del Bienestar favorece a los pobres.

Boicot al cine español

En el libre mercado cada persona es remunerada según su capacidad para servir las necesidades ajenas. Cuanto más diligente sea un individuo en satisfacer a los consumidores mayor será su recompensa y, por consiguiente, sus posibilidades de consumir o invertir. El problema surge cuando un sujeto quiere obtener más riqueza de la que ha creado. Aunque el ser humano sólo conoce un método para ello: apropiarse de lo ajeno, tenemos a nuestra disposición dos nombres distintos para describirlo: robo y subvención.

La diferencia fundamental entre ambos es que la subvención es una apropiación canalizada por el Estado. Es un método mucho más limpio, cómodo y efectivo: en lugar de utilizar la pistola y el pasamontañas, basta tomar unas copas con el ministro de turno para que dé salida a la pertinente partida presupuestaria.

La industria corporativa del cine español, esa amalgama de aburguesados vividores cuyos referentes morales son Ho Chi Min, el Che y otros genocidas varios, hace tiempo que ha optado por chupar del bote de la subvención. Incapaces de hacer películas que agraden a los españoles, se han resignado a vender sus productos caducados a los políticos.

De nuevo, el Estado es utilizado en contra de la mayoría para beneficio de una elite bandolera que se considera moral e intelectualmente superior. Poco les importa que la mayoría de los españoles queramos disfrutar de muchas películas yanquis y que prefiramos guardarnos los seis euros en el bolsillo antes que ver el último bodrio del cine nacional. Su propuesta de Ley del Cine supone una apuesta decidida por atacar, manejar y controlar las decisiones libres de los españoles.

Pretenden encarecer los costes del doblaje y las entradas de cine. Dado que no pueden competir con el cine yanqui, desean destruirlo. No respetan nuestros gustos, son tan intolerantes como sus líderes intelectuales: su único interés es dar rienda suelta a su desatada codicia, enriquecerse a toda costa; a nuestra costa.

De ahí que sea necesario darles donde más les duele: en la cartera. Podrán robarnos el dinero, podrán obligarnos a pagar más por ver las películas que realmente queremos ver, podrán aliarse con los políticos para conseguir por la fuerza lo que no logran con su (escaso) talento, pero de momento no podrán forzarnos a engrosar sus escuálidas cifras de audiencia.

Mi propuesta es simple y llana: un boicot total al cine español mientras no se retire esta propuesta o mientras los participantes en las películas afectadas no retiren su apoyo a tales medidas.

El boicot es uno de los instrumentos pacíficos que las sociedades libres tienen para repeler los comportamientos ajenos que consideran inapropiados. En este caso no se trata ya de una conducta "desagradable", sino de un ataque frontal a nuestra libertad.

El boicot, por tanto, no sería sólo una reacción más que comprensible ante sus maniobras ofensivas, sino un instrumento digno contra su corrupta utilización del poder político. Frente a su cobro coactivo debe estar nuestro rechazo voluntario a sus películas.

Es cierto que muy probablemente ningún cineasta vaya a cambiar su lucrativa postura por el hecho de perder unos pocos espectadores. Pero cometeríamos un gran error si creyéramos que esto supone un fracaso del boicot. No. El boicot triunfará cada vez que un individuo decida no pagar en el cine por ver una película de esta panda, cada vez que dejemos de concederles el más mínimo respeto como artistas –y pasemos a considerarles como lo que son: unos parásitos del sistema político– y cada vez que sus cifras de audiencia pierdan un espectador. Estos hechos en sí mismos ya representarían el triunfo del boicot; nuestro triunfo frente a sus artimañas y exacciones.

Si son incapaces de respetarnos –de aceptar nuestras decisiones y nuestras preferencias–, que no nos pidan que vayamos a ver sus películas. No queremos ser cornudos y apaleados.

La propuesta de los 5.000 euros

Se trata del Gasto social y de lo que se llama absurdamente Actuaciones económicas y no, como debiera, antieconómicas. Respectivamente la mitad y un octavo de los gastos del Estado; 185.000 millones de euros de los que unos 170.000 entran en el capítulo de transferencias y mantenimiento de rentas. Si le sumamos a esto último lo que gastan las Comunidades Autónomas en el mismo concepto, el total no bajaría de los 200.000 millones de euros. ¿A qué vienen estas cuentas?

A que hago mía la propuesta que Charles Murray para Estados Unidos. Él lo explica así: "Si simplemente dividimos el dinero que estamos gastando y se lo devolviéramos a la gente, podríamos dar a cada uno recursos suficientes para un nivel de vida decente, incluyendo el dinero con el que pagar la sanidad y ahorrar para el retiro". Lo que en el artículo de Murray y es "La solución de los 10.000 dólares", para la España que ya ha cumplido 18 años sería "La propuesta de los 5.000 euros". Se puede aumentar la cifra fijando un nivel de renta a partir del cual no se devuelven los impuestos, y dejando fuera a las más altas.

El grueso de las transferencias lo ocupa el sistema de pensiones, que como muestra el modelo abrumadoramente exitoso de Chile se puede transformar en uno de capitalización con grandes beneficios sociales a medio y largo plazo. Las ventajas de este esquema son muchas. Eliminamos gran parte de la burocracia y liberamos a miles de trabajadores al mercado, que pasarían a crear riqueza en lugar de redistribuir lo que no llegan a destruir.

Grupos y empresas que están pendientes de ganarse el favor de la administración y que ajustan su comportamiento a la búsqueda de rentas, tendrían que mirar a lo que en el mercado les exigen los consumidores. Y las que no sobrevivirían sin el maná sacado del bolsillo de otros, tendrían que reinventarse hasta ser productivos y aportar riqueza a la sociedad, o desaparecer y liberar recursos y capital para mejores usos.

Los costes de transición del sistema actual a la propuesta de los 5.000 euros serían grandes, claro está. Pero serían costes financieros, no puramente económicos. Y de todo ello resultaría una mejora en la productividad de nuestra economía que haría menos dolorosa la transición.

¿Rayas en el agua? Quizás. La propuesta es interesante, aunque tiene sus propios problemas. Pero debe tenerse en cuenta para hacernos reflexionar sobre el modelo que hemos seguido con el objetivo inicial de proteger a quienes menos renta pueden generar. Confiarlo todo a la burocracia y dar la idea de que se puede percibir rentas sin tener que generarlas quizá no haya sido un acierto, al fin y al cabo.

El modelo sueco ya no es atractivo

Suecia ha ido adoptando progresivamente el Estado de Bienestar que ellos concibieron en los 30, hasta llegar a ser el caso más extremo y aparentemente más exitoso de todos. Pero ha llegado tan lejos, que ha esclerotizado la economía y corrompido los otrora firmísimos valores suecos de responsabilidad y autosuficiencia, que se han disuelto en una solución de exigencia a los demás de las propias necesidades.

No fue así en un principio. A finales del XIX, Suecia era uno de los países que con mayor entusiasmo abrazó el liberalismo, abriendo sus fronteras a los productos de otras naciones, y con un Estado que no sobrepasaba el 10 por ciento del PIB. Así llegó a ser una de las economías más exitosas del mundo, con un aumento de la productividad con pocos países que pudieran medirse a la par, y los salarios reales siguiendo su estela. No pensemos que ese liberalismo desapareció con el diecinueve. En 1950 la presión fiscal era todavía del 21 por ciento, por debajo de Estados Unidos. Pero desde entonces el aumento del Estado de Bienestar fue espectacular. El peso del Estado en la economía se dobló en dos décadas, pasando del 31 por ciento en 1960 al 60 en 1980.

Este cambio tan espectacular no podía dejar de tener consecuencias. Hay dos características básicas del modelo sueco que son una auténtica locura. El nivel de impuestos es altísimo y las ayudas por no trabajar son cuantiosas. Sólo un mercado laboral fuertemente intervenido que hace la reincorporación al mismo lenta e insegura hace que los suecos teman dejar de trabajar. El resultado de castigar el empleo y premiar la sopa boba es claro: no se han creado empleos netos en el sector privado desde 1950. De las 50 mayores compañías suecas, sólo una se ha creado después de 1970. El declive de los últimos años es claro. Desde 1995, el número de empresarios ha crecido en la Unión Europea en un 9 por ciento; el mismo porcentaje en que ha disminuido en Suecia desde entonces. En PIB per cápita medido en paridad del poder de compra, en 1960 Suecia estaba 20 puntos por encima de la media de la OCDE, y a principios de los 90 cayó a 10 puntos por debajo. Desde entonces, apenas se ha recuperado.

Hace una semana de la victoria de los conservadores en Suecia. Todo un acontecimiento, porque de los últimos 74 años, los socialdemócratas han estado en el poder 65. El nuevo primer ministro, Fredrik Reinfeldt, no ha prometido nada parecido a un cambio en el modelo sueco, sino simplemente la moderación de alguno de sus extremos. Suecia, que es ejemplo admirado fuera de sus fronteras, vive con desasosiego la sensación de vivir una crisis.

No es para menos. El modelo sueco ha dejado de ser atractivo. Durante unos años pareció funcionar, pero porque la vivísima economía de aquél país, que se desarrollaba con pujanza y que había fomentado una sociedad de personas orgullosas y autosuficientes, parecía aguantarlo todo. Ha sido el liberalismo lo que ha permitido el éxito aparente de la socialdemocracia en Suecia. Ahora se tendrán que replantear su camino.

Perversos incentivos

La Gran Sociedad del Presidente Johnson extendió el Estado de Bienestar hasta niveles jamás conocidos, y a base de demandar candidatos para los beneficios públicos, el número de ellos no dejó de crecer.

William Clinton prometió "acabar con el Estado de Bienestar tal como lo conocemos". No ha llegado tan lejos como podría, pero la combinación entre su interés por acabar con el espectáculo de una porción creciente de la sociedad subvenida y alejada del sector productivo y la "revolución conservadora" de Newt Gingrich plantada en el Congreso le hicieron firmar la Ley de la Responsabilidad Personal y la Reconciliación de las Oportunidades del Trabajo (PRWORA, por sus siglas en ingles), de 22 de agosto de 1996. El pasado martes cumplieron, por tanto, diez años.

Esta legislación supuso la mayor reforma del sistema de beneficencia pública en tres décadas. Otorgaba a cada Estado amplia libertad de gestión siempre que al menos la mitad de la ayuda estuviera condicionada a la obtención de un trabajo, y a que pasados cinco años se perdiera el derecho a percibir las ayudas. Desde The New York Times a los institutos de análisis más firmes defensores de las ayudas públicas, en toda la izquierda americana se pronunciaron frases apocalípticas sobre el aumento sin cuento de la pobreza en cuanto se pusiera la ley en marcha. Parecería que al año comenzarían a amontonarse los cadáveres en las aceras de las abarrotadas ciudades estadounidenses. Pero no ha sido así.

De 1996 a 2002, último año para el que contamos con datos, cerca de dos millones y medio de familias, o el 57 por ciento del total, han abandonado el subsidio como forma de vida. Del millón largo de niños que iban a caer en la pobreza de que habló el Urban Institute jamás se supo. Es más, en esos seis años, pese al aumento de la población, descendió el número de menores bajo los umbrales de pobreza en 1,6 millones, una mejora que ha sido más pronunciada entre los niños de familias negras. La incidencia de la pobreza entre las madres solteras dependientes ha caído del 46 al 28,4 por ciento. Es el grupo que más se ha beneficiado por las reformas. El éxito ha sido tan claro que incluso varios de sus primeros críticos se han sumado a quienes aprueban, diez años después, la reforma.

Durante esos años la economía estaba en expansión, y es lógico pensar que la mejora general de las condiciones ayudara a sacar de la dependencia a tantas familias, pero un reciente estudio elaborado por la Heritage Foundation elaborado por Michael J. New revela que el efecto del crecimiento económico no ha sido tan importante como las propias reformas. Y que los Estados que más duros han sido en las condiciones para acceder a las ayudas son los que más han contribuido a reducir la dependencia. Ofrecer dinero a cambio de no estar trabajando jamás fue una idea brillante, aunque su intención fuera ayudar a los desempleados y a los más necesitados.