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La elaboración del nuevo programa económico por parte de Podemos se asienta sobre la base de un diagnóstico que, no por ampliamente extendido, resulta menos erróneo. En concreto, la explicación es la siguiente: el decrecimiento de las rentas salariales a lo largo de las últimas décadas empujó a los trabajadores a endeudarse para poder estabilizar sus niveles de consumo y bienestar; este endeudamiento fue el responsable de la burbuja inmobiliaria que terminó condenando a España a una situación de producción atrofiada y de endeudamiento hipertrofiado; una vez colapsada la burbuja, el gasto interno de España —sustentado precisamente sobre el endeudamiento burbujístico insostenible— se vino abajo, generando millones de parados que han socavado aún más la demanda agregada de la economía; a su vez, los planes de ajuste de los distintos gobiernos, inspirados en un absurdamente germano austericidio, agravaron todavía más esta contracción de la demanda interna.

Llegados aquí, el recetario keynesiano se impone casi por sentido común: si el problema es el colapso de la demanda agregada, toca aumentar salarios para que los trabajadores gasten más, toca fomentar el crédito para que las pymes vuelvan a invertir y toca incrementar el gasto público (con cargo a la deuda o a impuestos sobre unos ricos avariciosos que acaparan el dinero en lugar de ponerlo en circulación). Sucede que, como decíamos, semejante programa económico adquiere su justificación en el mentado diagnóstico inicial y ese diagnóstico inicial es del todo erróneo.

Las rentas salariales no se han reducido

El presupuesto de partida que emplea Podemos yerra: el peso de las rentas salariales dentro del PIB no ha decrecido durante los últimos años. Si las estadísticas oficiales reflejan este descenso de las rentas salariales frente a las rentas del capital es por dos motivos: uno, las rentas del capital incluyen la depreciación del stock agregado de capital, por lo que las sobreexpansiones pasadas de la inversión se traducen en mayores cuotas de depreciación presentes y, por tanto, en mayores rentas brutas del capital presentes; dos, las rentas del capital también incluyen la imputación de rentas inmobiliarias, por lo que un incremento del número de viviendas en propiedad genera un aumento contable de las rentas del capital.

En suma, lo que muestran los datos no es una expansiva pauperización de los trabajadores a manos de los capitalistas, sino el resultado de un boom crediticio dirigido a financiar un incremento de la inversión en bienes de capital y en vivienda. De hecho, los salarios reales medios subieron ligeramente entre 2001 y 2007: según la Encuesta anual de coste laboral, pasaron en términos nominales desde 16.561 euros anuales a 20.246 euros (es decir, pasaron en términos reales desde el equivalente a 20.088 euros a 20.246).

Los salarios no generan deuda ni burbujas

Con independencia de la evolución que hayan seguido los salarios, es menester aclarar que éstos no guardan relación alguna con la formación de una burbuja inmobiliaria. Acaso podría haber tenido algún sentido vincular a los bajos salarios un auge del endeudamiento destinado a estabilizar los niveles de consumo corriente: pero no lo tiene cuando la deuda se destinó predominantemente a la adquisición de vivienda. Y es que una vivienda es un bien de consumo duradero que la inmensa mayoría de ciudadanos necesita comprarse a crédito por mucho que aumenten sus salarios. ¿O acaso si los salarios reales se hubiesen incrementado un 20% al año entre 2001 y 2007 los españoles habrían dejado de hipotecarse (ya sea porque hubiesen dejado de desear viviendas o porque las hubiesen podido comprar sin necesidad de endeudarse)? No, desde luego que no: de hecho, unos salarios más altos muy probablemente habrían alimentado una burbuja inmobiliaria incluso mayor (pues los bancos podrían haber sido aún más espléndidos concediendo crédito).

Asimismo, e incluso asumiendo que los bajos salarios sí indujeran una mayor demanda de crédito por parte de los ciudadanos, si la oferta de crédito hubiese sido todo lo rígida que debería haber sido, esa mayor demanda de crédito no se habría podido materializar en una orgía de endeudamiento barato. Por consiguiente, la causa última de la expansión crediticia cabe hallarla en la endiablada organización de nuestro sistema financiero, en cuya cúspide se encuentra un monopolio estatal llamado banco central.

En cualquier caso, la génesis de nuestro boom crediticio no está vinculado a la evolución de los salarios: éstos no sólo no se redujeron sino que aumentaron ligeramente y, en todo caso, la demanda de vivienda a crédito no guarda relación con el nivel salarial. La causa de nuestro boom crediticio fue la artificial reducción de tipos de interés capitaneada desde 2001 por la Reserva Federal de EEUU y elBanco Central Europeo: fue esa manipulación deliberada de la provisión de crédito la que empujó a familias y empresas a endeudarse y a distorsionar las bases de nuestro tejido productivo.

El hundimiento de la demanda es un hundimiento de la oferta

Atribuir nuestros problemas actuales a una demanda agregada que ha colapsado como consecuencia del pinchazo de la burbuja crediticia es otro error. Superficialmente, es verdad: lo que ha sucedido es que el gasto total de la economía ha caído toda vez que la gente ha dejado de endeudarse para adquirir vivienda. Pero es necesario mirar más allá de lo superficial: la demanda total de una economía no es otra cosa que su oferta actual (cuando pagamos al contado) o su oferta futura (cuando pagamos a crédito). Es decir, para demandar algo hoy hemos de ofrecer algo hoy (pago al contado) o mañana (pago a crédito).

La economía española funcionaba hasta 2007 cebando su demanda presente con cargo a su oferta futura: a saber, gastábamos en la actualidad endeudándonos con el exterior y prometiéndole a ese exterior que amortizaríamos la deuda con una abundantísima producción futura. El problema es que cuanto más gastábamos a crédito, más distorsionábamos nuestro modelo productivo (escorándolo hacia el ladrillo burbujístico) y menos capaces íbamos siendo de amortizar nuestra deuda con una producción futura inexistente. De ahí que finalmente el flujo de endeudamiento se interrumpiera y que con esa interrupción del crédito cayera la demanda agregada: pero el flujo de endeudamiento se interrumpió por bueno motivos, esto es, por la propia insostenibilidad de nuestra oferta para amortizar nuestra creciente deuda.

Así, nuestra incapacidad actual para seguir gastando a crédito deriva justamente de que no somos lo suficientemente solventes como para devolverlo: y no somos lo suficientemente solventes porque, a su vez, no somos capaces de fabricar los suficientes bienes y servicios futuros que nos permitan amortizar esa deuda.

La austeridad estatal era necesaria por el exceso de deuda

Por último, atribuir las muy moderadas reducciones del gasto público acaecidas desde 2010 a una irracional política de austeridad teutona es otro remarcable error. Evidentemente, la reducción del gasto público en un contexto de hundimiento del gasto privado a crédito tuvo a corto plazo efectos contractivos: si el Estado se endeuda para gastar, por necesidad generará algo de actividad (cuestión distinta es que esa actividad sea saludable: el gasto publico podría, por ejemplo, haber mantenido la burbuja inmobiliaria un par de años más, retrasando la necesaria destrucción de empleo asociado a su pinchazo, mas nadie habría considerado ese gasto público como saludable). Pero la clave del asunto es que no había alternativa a contraer el gasto público a partir de 2010: el tamaño del Estado de 2010 había sido sufragado hasta entonces merced a un volumen de recaudación tributaria insostenible, fruto del falaz expansionismo económico de la época de la burbuja inmobiliaria. Por fuerza debíamos —y aún debemos— redimensionar el tamaño del sector público para así adaptarlo a una etapa post-burbuja con una recaudación fiscal mucho más moderada.

La imperiosa necesidad de este ajuste fue volviéndose cada vez más acuciante conforme el volumen de deuda pública iba alcanzando cotas cada menos manejables: tan inmanejables que ahora mismo los propios economistas de Podemos reconocen que acaso no quede otro remedio que reestructurar la deuda. Pero si hoy no queda otro remedio que reestructurar la deuda es que ayer nos estábamos endeudando a un ritmo demasiado alto, por lo que no quedaba otro remedio que reducir ese excesivo ritmo de endeudamiento.

Por consiguiente, aun cuando a corto plazo los ajustes del gasto público fueran contractivos, no había alternativa salvo la que finalmente se siguió de manera fraudulenta: obviar los problemas, seguir endeudándonos y, una vez colocados los pasivos a acreedores ingenuos, amenazar con impagarles esa deuda por insostenible.

Del mal diagnóstico a la mala receta

Evidentemente, el mal diagnóstico de nuestros males va parejo a una mala prescripción de soluciones por parte de Podemos: si la causa de los problemas de España no fueron los bajos salarios, incrementar los salarios no será la solución (al contrario, hará que el desempleo se incremente todavía más); si la causa de nuestros problemas no fue el súbito e injustificado parón del crédito, arbitrar políticas que fomenten nuevas rondas de endeudamiento privado no será la solución (al contrario, agravará todavía más la insolvencia relativa de nuestras familias y empresas); si la causa de nuestros problemas no fue la insuficiencia de gasto público sino su exceso, volver a incrementarlo no será la solución: ni incrementarlo con cargo al endeudamiento público (abocaría al sector público a la quiebra) ni incrementarlo con cargo a nuevos impuestos sobre el capital (rapiñaría la materia prima necesaria para amortizar nuestra deuda y para transformar nuestro modelo productivo: el ahorro).

España no necesita políticas de demanda basadas en el sobreendeudamiento y el sobregasto público y privado, sino que requiere de una profunda reestructuración de su oferta acompañado de un desapalancamiento público y privado que refuerce la solvencia del conjunto de la economía. Para favorecer esa reestructuración productiva y ese desapalancamiento necesitamosflexibilidad por el lado de la oferta (incluyendo en materia salarial) y muy sustanciales volúmenes de ahorro —público y privado— que permitan financiar el nuevo modelo productivo y la amortización anticipada de la deuda. Nada de esto —y sí todo lo contrario— nos ofrece Podemos, como tampoco nada de ello nos ofrecieron PP y PSOE: por eso el programa de Podemos está condenado a fracasar estrepitosamente al igual que fracasaron los del PP y PSOE.

Con Hans-Werner Sinn llegó merecidamente la polémica: el director del centro de estudios Ifo ha colocado el dedo en la llaga al denunciar la perversa configuración hacia la que está avanzando Europa, a saber, hacia una mutualización centralizadora de la deuda combinada con una absoluta autonomía a la hora de emitir descentralizadamente esa deuda. Un canto irresistible a la irresponsabilidad más grotesca: los manirrotos Ejecutivos europeos se endeudan y los contribuyentes alemanes (y austriacos, y fineses, y holandeses) pagan con los platos rotos.

Ese es el razonable diagnóstico que, como decimos, efectúa el conocido economista alemán toda vez que Manuel Valls en Francia y Matteo Renzi en Italia acaban de anunciar que incumplirán deliberadamente sus compromisos de déficit para 2014. Normal, por tanto, que Sinn crea que ha llegado el momento de dar marcha atrás en la mutualización de la deuda europea para que cada país apechugue en solitario con ella sin trasladarle su coste a los alemanes: algo que básicamente implica cerrar el fondo de rescate intergubernamental MEDE, suspender la ventanilla de la OMT del Banco Central Europeo —con la que hace más de dos años salvó de la quiebra a España—, e incluso liquidar en oro los saldos deudores del sistema Target2 (préstenle la atención debida a este último punto: que Sinn reclame liquidar en oro los saldos deudores interbancarios de la Eurozona significa, en el fondo, que no confía en la supervivencia a medio-largo plazo del euro).

Todas ellas críticas pertinentes que ponen de manifiesto, sí, una cierta indefinición fundamental dentro la Eurozona que será preciso resolver en el futuro próximo: a saber, si retiramos los esquemas actuales de mutualización de la deuda pública a cambio de ceder soberanía fiscal o si, en cambio, mantenemos la autonomía fiscal a cambio de retirar los esquemas actuales de mutualización de la deuda. A la postre, si bien dentro de la Eurozona existen cuatro posibles opciones resultantes de combinar la posibilidad de mutualizar o no la deuda con la de centralizar la política fiscal o no hacerlo, en la práctica sólo las dos antedichas posiciones podrían llegar a ser medianamente estables. Examinémoslas brevemente.

Parasitismo

La situación actual dentro de la Eurozona se corresponde con un parasitismo fiscal del Sur contra el Norte: los Gobiernos sureños han adquirido la potestad de emitir deuda pública nacional que, en última instancia, está siendo avalada por los países del Norte. Si el Sur no paga, el Norte lo hará: esto es, mientras que los beneficios del gasto financiado con la emisión de deuda son disfrutados íntegramente por el Sur, sus riesgos son soportados en última instancia por el Norte.

Evidentemente, Alemania, Austria, Finlandia u Holanda sólo han aceptado esta situación de parasitismo de forma temporal y con una única esperanza: que los gobiernos del Sur sean lo suficientemente disciplinados como para, durante estos años de gracia, reestructurar sus economías y comenzar a amortizar su montaña de deuda acumulada durante los años de burbuja. Dicho de otro modo, el Norte le ha regalado tiempo y financiación al Sur para que éste se sanee. 

Pero, por desgracia, lo que estos últimos años están demostrando —tal como nos barruntábamos algunos— es que la combinación de autonomía fiscal y mutualización de la deuda no funciona, ya que los Estados rescatados del Sur adquieren los muy perversos incentivos de seguir emitiendo deuda a costa de los Estados rescatadores del Norte. Lejos de comportarse responsablemente, han hecho lo que todo ser humano —y por supuesto todo político— haría al verse sometido a pésimos incentivos: comportarse irresponsablemente. Por eso, la situación terminará volviéndose insostenible tal como augura Sinn. La cuestión es hacia dónde nos dirigiremos.

Servidumbre

La servidumbre del Sur ante el Norte es la opción preferida por muchos ciudadanos españoles, quienes ingenuamente siguen viendo a las burocracias europeas como entes benevolentes que se preocuparían por el bienestar general. Por eso, no dudan en ceder autonomía presupuestaria a una superburocracia a cambio de que esa superburocracia avale nuestra deuda y nos permita seguir financiándonos asequiblemente. ¿Qué puede salir mal? Avancemos hacia la integración europea y, de paso, que los europeos nos concedan crédito barato para seguir endeudándonos sine die.

Sin embargo, no deberíamos olvidar que la centralización fiscal europea implicaría que los Presupuestos Generales del Estado para España se redactaran en Bruselas o, más exactamente, en Berlín. ¿Aceptarían impenitentemente los españoles que Alemania, Austria y Finlandia pudiesen decretar por su cuenta un recorte del 15% en las pensiones españolas? ¿O una rebaja del 20% en el gasto en educación? ¿O que el IVA se disparara al 25%? No parece que a muchos los recortes por delegación les sentaran mejor que los recortes aplicados por políticos patrios: y seamos conscientes de que, mientras perdurara nuestro déficit, los recortes aplicados por Bruselas no dejarían de sucederse (lo que hoy son recomendaciones o presiones sería ley).

En la práctica, por tanto, es muy dudoso que la inmensa mayoría de españoles aceptara ceder el presupuesto a cambio de una financiación barata (y, mucho menos, cesión del presupuesto sin mutualización de la deuda, posición que implicaría una dominación sin contrapartidas del Norte sobre el Sur). Y además tampoco nos conviene: lejos de avanzar hacia superestructuras estatales que diluyan todavía más la autonomía individual, deberíamos avanzar hacia estructuras mucho más descentralizadas donde primaran los lazos voluntarios y el consentimiento. La Unión Europea es la antítesis de esa descentralización voluntarista y, por tanto, la servidumbre ante los Estados norteños no debería ser una opción.

Autonomía

La principal alternativa a la servidumbre es la autonomía fiscal: los presupuestos se siguen elaborando descentralizadamente en cada Estado europeo pero no hay mutualización de deuda (ni mediante el banco central ni mediante fondos estatales). Es la situación en la que nos encontrábamos hasta 2010 y a la que ahora Sinn quiere regresar. Se trata de la posición más sensata pero a su vez enormemente molesta para todos aquellos que viven del presupuesto: dado que cada palo aguanta su vela, aquellos Estados relativamente menos solventes ven cómo los tipos de interés de su deuda se disparan, de modo que sus gobernantes rápidamente se enfrentan a la disyuntiva de cuadrar sus cuentas o de quebrar.

Así, la autonomía fiscal es la única posición que incentiva la responsabilidad y disciplina a largo plazo de los gobernantes: la famosa corresponsabilidad que se reclama para las comunidades autónomas españolas que también habría que reclamar para los Estados europeos individualmente considerados. Pero responsabilidad implica aceptar e interiorizar los costes de la irresponsabilidad: a saber, la posibilidad de quebrar y de vernos privados del crédito para financiar nuestros déficits. Es ese horizonte de hecatombe económica el que en todo caso podría atar en corto a nuestros manirrotos gobernantes.

La cuestión, claro está, es si el euro será capaz de sobrevivir a un conjunto de quiebras en cadena dentro del sur europeo. Sinn asume que sí, trazando el paralelismo con las quiebras estatales acaecidas dentro de EEUU que no han supuesto mayores perjuicios. Mas existen dos diferencias básicas entre la Eurozona y EEUU: la primera es que la deuda agregada de los Estados en EEUU ni siquiera alcanza el 20% del PIB, mientras que en la Eurozona supera el 92%; la segunda, que la quiebra de algunos grandes Estados europeos —como España, Italia o Francia— sí abocaría a la bancarrota a la mayor parte de la banca europea, generando un cataclismo financiero de primer orden (que los Estados europeos tratarían de paliar imprimiendo divisa y generando inflación, para lo cual necesitarían no sólo autonomía fiscal sino también autonomía monetaria).

En suma, si bien la autonomía fiscal de los gobiernos constituye la mejor opción dentro de un saludable marco de unidad monetaria (tal como operó el patrón oro durante el siglo XIX), esta autonomía sólo funciona adecuadamente con Estados medianamente honestos y preocupados por el largo plazo y por cumplir con sus compromisos: en caso contrario, son plenamente capaces de exteriorizar los costes de sus despropósitos sobre el conjunto de la ciudadanía y de sus acreedores internacionales. Por desgracia, este tipo de gobernantes no se corresponde con ninguno que quepa encontrar en el Ejecutivo o en la oposición y por eso la autonomía fiscal, siendo la mejor opción, no está exenta de poder degenerar en un inquietante colapso financiero. 

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015. Como todos los PGE, éstos se basan en unas previsiones macroeconómicas que, a su vez, para elaborar unos pronósticos sobre gastos e ingresos esperados. Si el cuadro macroeconómico falla o si la traducción de ese cuadro macroeconómico en ingresos y gastos esperados se efectúa de manera incorrecta, buena parte de los PGE se convierten en papel mojado: un error que, en un país como España urgentemente necesitado de cuadrar sus cuentas para poner fin a la sangría de hiperendeudamiento público, resulta de esencial importancia.

Conviene, por tanto, repasar cuáles son los supuestos sobre los que se han elaborado las previsiones de los últimos PGE de la era Rajoy. El dato más conocido es el pronóstico de que el PIB crecerá un 2% a lo largo de 2015, frente al 1,3% esperado para 2014. Pero acaso convenga desagregar el PIB en sus componentes para estudiar la evolución de cada uno de ellos.

Consumo privado

Alrededor del 60% de la evolución del PIB depende del curso que siga el consumo del sector privado. El Gobierno estima una expansión del 2,1% del consumo privado para 2015 frente al 2% de 2014. De momento, la economía española acumula varios trimestres de crecimiento del consumo privado desde finales de 2013, pero todavía no ha crecido en ninguno de ellos por encima del 2%. Por tanto, para que la previsión del Gobierno se cumpliera sería necesario que nos mantuviéramos por encima de los ritmos máximos de crecimiento que hemos experimentado en los últimos años. 

Sucede que, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de España, el consumo ya ha comenzado a desacelerarse en el tercer trimestre de 2014. Léase: “En el caso del consumo de las familias, los indicadores de opinión de hogares y comerciantes minoristas se situaron en el promedio de julio y agosto en un nivel algo inferior al del segundo trimestre. Entre los indicadores cuantitativos, las matriculaciones de automóviles particulares prolongaron la trayectoria de desaceleración interanual de los meses anteriores. Por su parte, la Agencia Tributaria notificó un aumento interanual de las ventas interiores de bienes y servicios de consumo de las grandes empresas (reales y corregidas de estacionalidad) del 0,7% en julio, una décima menos que en julio, y el índice de comercio al por menor sin estaciones de servicio (ajustado de efectos estacionales) reflejó una caída intermensual del 0,2%, que situó la tasa interanual en el -0,5%”.

Por tanto, si el ritmo de crecimiento del consumo hubiese tocado techo en el segundo trimestre de 2014, la previsión del aumento del consumo privado para 2015 no se alcanzaría. Por ejemplo, si el consumo privado creciera un 1,5% en lugar del 2,1% anticipado por el Gobierno (nótese que, pese a todo, seguimos colocándonos en un escenario a mi juicio demasiado optimista), el PIB de 2015 no crecería el 2%, sino el 1,65%.

Inversión

La inversión representa alrededor del 20% del PIB. El Gobierno estima que en 2015 aumentará un 4,4% frente al crecimiento del 1,5% anticipado para 2014. A la luz de la reciente evolución de la inversión agregada, necesitaríamos un muy sustancial aumento en las tasas actuales de crecimiento para alcanzar el objetivo del 4,4%: en el segundo trimestre de 2014, apenas lográbamos un crecimiento interanual del 1,4%.

Pero lo verdaderamente inquietante viene cuando desagregamos los distintos componentes de la inversión.

Por un lado, alrededor del 45% de la inversión agregada se corresponde con inversión no vinculada al ladrillo (bienes de equipo y otros activos). El Gobierno estima un crecimiento del 6% en esta partida frente al 7% anticipado para 2014, lo que nos obligaría a mantenernos en el muy alto tramo actual de crecimiento interanual. Pero, como vemos, el crecimiento interanual de la inversión en bienes de equipo y otros activos ya comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre de 2014 y de acuerdo con el Banco de España: “La información disponible relativa a la inversión en bienes de equipo muestra una cierta moderación de la tendencia fuertemente expansiva de los últimos trimestres”.

Por otro lado, el 55% de la inversión se concentra alrededor de la construcción, a partes iguales entre la inversión residencial y la no residencial. El Gobierno anticipa un crecimiento interanual de la inversión en ladrillo del 3,1% para 2015, frente a la contracción del 3,3% de 2014. Pero actualmente la construcción está lejos de regresar a tasas de crecimiento interanual positivas, y según el Banco de España la situación no mejora: “Los indicadores más recientes referidos a la inversión en construcción apuntan también a una posible ralentización del crecimiento en el tercer trimestre del año, tras la favorable evolución en el segundo. Entre los indicadores de consumos intermedios, la producción de materiales de construcción disminuyó un 0,2 % en julio en términos intermensuales y el consumo aparente de cemento lo hizo en un 1,4 % en junio (sobre la base, en ambos casos, de las series ajustadas de estacionalidad)”.

A su vez, la inversión en construcción se subdivide, por un lado, en vivienda residencial, que incluso en el positivo segundo trimestre de 2014 seguía contrayéndose a tasas superiores al -4% y que no parece estar mejorando en el tercer trimestre de 2014. Según el Banco de España: “los visados de vivienda afianzaron en mayo la trayectoria de suave recuperación de los meses anteriores, aunque su nivel sigue siendo muy reducido”.

La otra partida de gasto incluida en la inversión en construcción incluye la vivienda no residencial y la obra pública. Esta es la única partida que el Gobierno puede controlar directamente, pero si el Ejecutivo recurriera a la obra pública para dopar los datos de crecimiento, el déficit público se descuadraría no por el lado de menores ingresos de los previstos sino de mayores gastos de los inicialmente anticipados. Por desgracia, no es nada descabellado que en año electoral las administraciones públicas recurran al populismo keynesiano para lograr algunas décimas adicionales de actividad. Tal como constata el Banco de España para la primera mitad de 2014 y tal como puede observarse en el gráfico: “El valor de la obra civil presupuestada en los contratos de licitación aumentó en torno al 70% entre enero y junio, en comparación con el mismo período de 2013”.

Añadan a todo lo anterior que el enrarecido clima actual de los mercados financieros bien podría desalentar la inversión: la percepción de incertidumbres en la economía europea que ha generado recientes caídas bursátiles podría, por las mismas razones, engendrar caídas en la formación de capital real durante los próximos trimestres.

En cualquier caso, y adoptando unas expectativas considerablemente positivas sobre nuestro futuro, si la inversión en construcción creciera al 1,5% (frente al 3,1% esperado por el Gobierno) y la inversión en bienes de equipo y otros activos se expandiera al 5% (en lugar de al 6%), el crecimiento del PIB descendería adicionalmente desde el 1,65% al 1,4%.

Gasto público

El gasto público, en su vertiente de consumo público, copa aproximadamente el otro 20% del PIB. El Gobierno estima que durante 2015 el consumo público caerá un 1%. Al tratarse de una variable que en gran medida queda a la discreción del Ejecutivo, no vale la pena contradecirla, salvo para poner de manifiesto que, en caso de que las previsiones de crecimiento no se cumplan, muy probablemente se eche mano del consumo público para mejorar el PIB en unas décimas. Eso sí, semejante política keynesiana sólo haría que aumentar el gasto y, por tanto, volver inasequible el objetivo de déficit.

Saldo exterior

El Gobierno estima que las exportaciones crecerán un 5,2% frente al 3,6% de 2014 y que las importaciones aumentarán un 5% frente al 4,4% previsto para 2014. Es decir, tanto las exportaciones como las importaciones se expandirán, pero las primeras lo harán a mayor ritmo que las segundas. De momento, sin embargo, las importaciones llevan todo 2014 creciendo por encima de las exportaciones y no se atisba hasta el momento un cambio de tendencia. Según el Banco de España: “Las exportaciones aumentaron un 10,6% en tasa interanual, frente al avance del 1,5% en el mes de junio (…) En la vertiente importadora, los flujos comerciales experimentaron también un repunte significativo, con un avance del 14,9% (7,7% en junio)”. De hecho, las exportaciones de bienes cayeron en agosto un 5%.

El Ejecutivo cree que el mayor crecimiento interanual de las exportaciones sobre las importaciones proporcionará dos décimas de crecimiento del PIB en 2015 frente a la contracción de una décima que ocasionará el saldo exterior en 2014. Una estimación moderadamente conservadora llevaría a esperar un saldo exterior equilibrado, es decir, que ni sumara ni restara al PIB (en realidad, si se prolongan las tendencias de 2014, lo restará). En tal caso, el crecimiento del PIB descendería desde el 1,4% al 1,2%.

Conclusión

Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 han sido elaborados a partir de un cuadro macroeconómico excesivamente optimista y excesivamente complaciente. En lugar de adoptar hipótesis más conservadoras sobre nuestro futuro (que deberían llevar a estimar un crecimiento similar al de este año) que eventualmente podrían revisarse al alza (como se ha hecho durante este año) en caso de que resultaran inadecuadamente pesimistas, el Ejecutivo ha optado por inflar desde el comienzo las previsiones de crecimiento: para llegar a crecer el 2%, todas las variables del PIB tienen que comportarse mucho mejor de lo que se han comportado en el segundo trimestre de este año (que según el Banco de España marcará, de momento, el pico de nuestro crecimiento). No es honesto ni prudente colocarse de entrada en un escenario de ensueño sobre todo cuando el contexto internacional y los últimos datos sobre nuestra economía no avalan esa inflación de optimismo.

El motivo de todo ello es claro: el Ejecutivo ha inflado sus previsiones de crecimiento para a su vez inflar sus previsiones de ingresos, de modo que el ritmo de reducción del déficit público cuadre con sus compromisos con Bruselas sin necesidad de reducir un ápice más el gasto público. Al cabo, 2015 es año electoral y lo último que desea el Partido Popular es volverse aún más impopular. Un irresponsable tacticismo electoral que recuerda demasiado al del zapaterismo como para no considerar a Rajoy un simple continuador del desastre económico que comenzara a gestar el socialista. Los españoles pagaremos cara su enloquecida ambición por mantenerse en el poder.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran confiscador de España. Su última hazaña carroñera ha sido la de eliminar los coeficientes de abatimiento con su reciente reforma del IRPF, lo que implicará una gigantesca mordida tributaria sobre aquellos ahorradores que vendan sus activos de muy largo plazo, incluyendo entre éstos las viviendas. Las arcas públicas están vacías debido a que el volumen de gasto prácticamente no se ha achicado durante la era Rajoy y, por tanto, sólo queda rapiñar al contribuyente, incluso llegando al extremo de expropiarle el ahorro inmovilizado en su casa.

Mas la reciente reforma del IRPF también contiene una aparentemente bondadosa provisión que permitirá a algunos ahorradores escapar de las garras del ministro de Hacienda: si el propietario de la vivienda enajenada tiene más de 65 años y los ingresos derivados de la venta del inmueble –o de cualesquiera otros activos no inmobiliarios– se reinvierte en un seguro de renta vitalicia, entonces la plusvalía cosechada quedará exenta de tributar en el IRPF (art. 38.3 de la nueva Ley de IRPF). La justificación ofrecida por Hacienda es simple: se trata de promover el ahorro de cara a la jubilación, logrando así una renta adicional que complemente las cada vez más exiguas pensiones públicas.

En apariencia, Montoro aprieta pero no ahoga: al menos en este caso ha aparcado su voracidad recaudatoria para no machacar inmisericordemente a las personas que entran en la tercera edad. Claro que uno debería preguntarse lo siguiente: si de lo que se trata es de promover el ahorro de cara a la jubilación, ¿por qué Hacienda sólo exime de tributar las plusvalías reinvertidas en seguros de renta vitalicia? ¿Por qué no concede esa misma exención cuando el capital se reinvierte en cualquier otro vehículo de ahorro? Acaso al responder semejante pregunta descubramos que la motivación esencial de Montoro no es la compasión hacia los jubilados, sino su sobradamente conocido (y sufrido) afán por apropiarse de su patrimonio. 

El de los seguros es el sector financiero que más invierte en deuda pública en términos relativos, por encima de la banca: a finales del primer trimestre de este año las aseguradoras poseían más de 87.000 millones de euros en renta fija estatal… el 70% de todos sus activos financieros (cantidad, por cierto, que se ha duplicado durante el trienio ominoso de Rajoy). Las aseguradoras necesitan contar con una cartera de activos muy seguros, con un amplio mercado secundario y con flujos de caja muy estables y previsibles: de ahí que la deuda pública sea una de sus inversiones predilectas.

En el caso de los seguros de renta vitalicia, esa vinculación con la deuda pública todavía se vuelve más intensa: los seguros de renta vitalicia son un producto financiero invertido esencialmente en deuda pública. A efectos prácticos, son una especie de imposiciones a plazo fijo que las aseguradoras inmovilizan en deuda pública: en la actualidad, un auténtico despropósito de inversión para los particulares debido a los bajísimos intereses que está abonando este activo y a los precios burbujísticos a los que cotiza (es decir, para el asegurado es ahora mismo un producto financiero de baja rentabilidad y de alto riesgo).

Por tanto, sí, Montoro ofrece una salida a los jubilados para evitar su rapiña más directa tras la supresión de los coeficientes de abatimiento, pero esa salida les conduce irremisiblemente al matadero de la (mala) inversión en deuda pública. Poco le importa a este Gobierno que sus incentivos fiscales conduzcan a los jubilados a tomar pésimas decisiones financieras (como tampoco le importó al Gobierno anterior que invirtieran masivamente en las participaciones preferentes con tal de recapitalizar de tapadillo a las cajas de ahorros). En este caso, lo esencial es que la desenfrenada avaricia del ministro de Hacienda queda colmada: ya sea con una confiscatoria recaudación –si los jubilados venden sus inversiones de muy largo plazo y no reinvierten sus ganancias en seguros de renta vitalicia– o con una mayor colocación de deuda pública burbujística –si venden sus inversiones y se acogen a los seguros de renta vitalicia–. Todo por la pasta: por la pasta del Estado.