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Etiqueta: Fiscalidad

Achicar la economía con un colador

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El tema estrella de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado fue, sin duda, el tema de los impuestos. Además de negar tres veces, como Pedro, una próxima subida de impuestos, se anunció la creación de un supervisor fiscal independiente. No sé si quedan almas ingenuas que se lo crean.

Las trampas del lenguaje

El ministro Montoro, sonriente y hablando despacio, respondía a los periodistas incrédulos que le preguntaban por la posible subida del IVA. No se va a subir el IVA pero cabe una reestructuración fiscal, que consiste en subir algunos impuestos y rebajar otros. Pero por más que negaba una y otra vez, creo que nadie le compró la explicación. Tal vez porque se trata del mismo Gobierno que prometió no subir los impuestos y los subió nada más llegar al poder atrincherado tras el parapeto de la exigencia europea. Esta vez también han recurrido los gestores de nuestros bolsillos a las recomendaciones del MoU y lo pactado con Europa para justificar dicha reestructuración.

La pregunta entre los analistas en conversaciones informales no es si sí o no, sino hasta dónde nos van a clavar el rejón, si hasta el 23 o hasta el 25% de IVA. Las consecuencias económicas de una medida así son más que sabidas. Contracción del consumo, empobrecimiento y, probablemente, una recaudación menor de lo esperado por disminución de la actividad económica. Justo lo que no necesitamos.

El ojo independiente que todo lo ve

Además, la creación de un comité de expertos que vigile el cumplimiento de los deberes fiscales de las Comunidades Autónomas y supervise el pago de impuestos fue anunciado con cara de satisfacción, amparándose en la experiencia de los Estados Unidos y otros países que cuentan con una institución similar.

Pero si analizamos las instituciones dedicadas a la supervisión y el control de cuentas en España, el Tribunal de Cuentas, uno se pregunta qué va a ser diferente, si esta vez la celeridad y eficiencia van a ser las adecuadas, o vamos a repetir errores. De todos es sabido que la supervisión de los presupuestos generales del Estado lleva un desfase tal que cuando afloran los errores y salen a la luz, el Gobierno que metió la pata está ya recolocado en organismos internacionales o patrios, disfrutando de una nueva vida y sin haber rendido cuentas de la mala gestión.

Una de las cosas que más me llamaron la atención fue la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría repitiendo la palabra independiente como si no hubiera mañana. Nadie espera que el comité de expertos sea independiente. Pregunten a MAFO acerca de la independencia del Banco de España, paradigma de institución independiente.

La separación de las instituciones de la política y la rendición de cuentas son imperfectas en todos los países occidentales. Pero hay grados. Y España no es el mejor ejemplo. Sin esas dos condiciones, este tipo de intentos, por más que se traten de amparar bajo el paraguas de los requisitos europeos, no sirven de nada. Es achicar la barca con un colador.

La solidaridad impositiva

Una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía y que levanta ampollas en la sensibilidad a pie de calle es el tema de la solidaridad impositiva. Los que tienen más, que paguen más. Los que obtienen más rentas del trabajo o más rentas de su capital, que aporten más. Y esa premisa se puede trasladar desde el ámbito del individuo al de las Comunidades Autónomas, o al de los países de la Unión Europea. No se menciona en absoluto la palabra responsabilidad. Por más que esté en boca de todos lo de "irse de rositas" al final, nos quedamos en el "tú que tienes, apoquina". Y, simultáneamente, nos echamos las manos a la cabeza cuando se van los inversores y los trabajadores más productivos por motivos fiscales.

El mensaje que subyace a esta actitud es "trabaja e invierte para hacerte responsable de los rotos de otros". Y el resultado es una disminución en la recaudación, un retraso en la recuperación y una población activa pagadora de impuestos ahogada. Porque por más que la presión fiscal española sea menor ("y eso hay que solucionarlo, claro", decía Montoro), el esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre la presión fiscal y la renta, es mayor. 

Cómo se achica una economía a punto de naufragar

Sin pretender erigirme en salvapatrias ni pontificar, creo que deberíamos centrar los esfuerzos en el crecimiento. Y eso no pasa por estimular el consumo ni por gravar al más productivo, sino por ofrecer estímulos a quienes generan riqueza y empleo. Cuiden al creador de riqueza. No le expulsen y le demonicen. Porque por más que desaparezcan refugios fiscales, a la misma velocidad, aparecerán otros. Se irán los inversores que no lo hayan hecho ya, y se irán los trabajadores que puedan a lugares donde las rentas de tu esfuerzo sean tuyas.

Nadie puede tachar de egoísmo a quienes decidan huir de esta situación por la razón que apuntaba al principio: las instituciones de supervisión no funcionan y no hay rendición de cuentas. Mientras se cierra el ciclo escandaloso del indulto a Alfredo Sáenz concedido por Zapatero y ratificado por Rajoy, Cristobal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría nos sonríen y explican que el comité de supervisión va a ser independiente y que no se va a subir el IVA, solamente se va a reestructurar el sistema impositivo. La bipolaridad manifiesta de ambos hechos explica que quienes trabajan e invierten más exitosamente quieran irse de este infierno fiscal.

España: incumpliendo desde 2008

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Se acostumbraron nuestros políticos a gastar a lomos de la recaudación fiscal extraordinaria que proporcionaba la burbuja inmobiliaria (el gasto público per cápita en 2007 era un 60% superior al del año 2001) y cuando se detuvo el sobreendeudamiento privado promovido por nuestro privilegiado sistema financiero comenzaron los problemas: incapaces de meter en vereda nuestro también ‘burbujístico’ sector público, el déficit y el endeudamiento estatales se han disparado sin tregua. Desde comienzos de 2008, nuestros manirrotos gobernantes han emitido más de 500.000 millones de euros en ‘nueva’ deuda pública: tocamos a más de 10.000 euros por español (o casi 30.000 euros por persona ocupada). Una factura que, pese a esa intensísima austeridad que supuestamente estamos aplicando, sigue creciendo sin parar.

Así, con tal de acreditar que, pese a las apariencias, no vamos a caer en la suspensión de pagos, nuestro Gobierno socialista (ora Zapatero, ora Rajoy) acordó con Bruselas un calendario para reducir el déficit hasta dejarlo en el 3% este 2013. Obvia decir que, tras las múltiples renegociaciones, el objetivo del ejercicio en curso ya no es el 3%, sino el 4,5%. Pero lo más grave del asunto es que, con renegociaciones o sin ellas, España no ha cumplido ni un solo año desde 2008 su compromiso de déficit. Ni uno. 2008 y 2009 debieron cerrar en el 3% y alcanzamos el 4,1% y el 11,2%; en 2010 nos comprometimos a bajar al 9% y terminamos en el 9,3%; en 2011 concluimos en el 9% debiendo haberlo hecho en el 6%; y en 2012, pese al maquillaje ‘montoriano’ y a la exclusión de las ayudas bancaria, nos quedamos en el 7% cuando lo debimos hacer en el 6,3%.

También incumpliremos en 2013

¿Será 2013 distinto? En absoluto: el Gobierno cocinó unos Presupuestos Generales del Estado para el año en curso que no sólo incrementaban el gasto, sino que contenían una previsión de crecimiento (y, por tanto, de ingresos y de gastos) absolutamente irreal. Fuimos muchos los que advertimos contra tan irresponsable práctica: no tanto porque seamos capaces de predecir el futuro, sino por un criterio de elemental prudencia. Si queríamos cumplir el déficit con garantías, no podíamos ponernos en uno de los mejores escenarios posibles, sino en uno de los peores: se llama margen de seguridad. ¿Cómo creen que elaboró una familia española sus presupuestos para 2013? ¿Asumiendo que las cosas pasarían a marcharle fantásticamente o poniéndose en un escenario más bien conservador tirando a pesimista? Pues así mismo debería haberse comportado el PP: haciendo los deberes necesarios para cuadrar las cuentas aun en el caso de que la situación económica se deteriorara a pasos agigantados.

Montoro, sin embargo, prefirió optar por recurrir a esa ‘zapaterina’ treta consistente en falsear los presupuestos para ahorrarse rebajar el gasto. Tal como él mismo reconocía entre llantos desconsolados ante aquellos periodistas y economistas que quisieran escucharle, su previsión de crecimiento estaba cocinada para evitarse tener que recortar su reverenciado gasto público. El ministro de Hacienda, así como el resto del Gobierno, llevan en su ADN la obsesión por mantener un Estado hipertrofiado, y a tal propósito subordinan toda su errática labor de gobierno… aun cuando para ello hipotequen, como ya lo hiciera Zapatero, el futuro del país. Y ahora, cuando ya el propio mendaz Ejecutivo popular reconoce que la recesión será mucho mayor de lo que nos vendieron, descubrimos que el déficit de 2013 también está condenado a serlo.

Lo estamos viendo ya: en apenas dos meses, el déficit de la Administración central del Estado –dejemos de lado Seguridad Social, autonomías y ayuntamientos– asciende al 2,22%, cuando el objetivo para el conjunto del año de todas las administraciones públicas es el 4,5%. Dicho de otra manera, sólo en dos meses y sólo con las cuentas del Gobierno central, ya hemos llegado al ecuador de todo este año en materia de desfase de ingresos y gastos. Y ello pese a la brutal rapiña fiscal a la que sigue sometiendo este liberticida gobierno a los españoles; mas de poco les está sirviendo machacar a un debilitado sector privado para mantener su endiosado ‘hiperEstado’: la recaudación se le está hundiendo (IRPF cae un 3,5% y Sociedades un 12%), dejando bien claro que nos han engañado pretendiendo solventar este problema aumentando los ingresos y reduciendo los gastos. Un auténtico desastre.

En definitiva, no hemos cumplido el déficit ni un solo año y, pese a ello, el autocomplaciente Mariano Rajoy se pavonea por Europa exigiendo una renegociación de los objetivos de déficit debido a que España “ha demostrado ser un país cumplidor”. Somos tan cumplidores que no sólo no hemos cumplido jamás sino que exigimos nuestro derecho natural a incumplir porque, aunque nos lo denieguen, tampoco vamos a mover un dedo en esforzarnos en cumplir recortando los gastos. La parodia nacional de un déficit fuera de control. Pero lo peor de todo es que, según parece, la suicida Europa está decidida a darnos más tiempo, a ver si en un par de añitos superamos ampliamente el 100% de deuda sobre PIB y o nos despeñamos por el default o nos consolidamos como infierno fiscal por las décadas de las décadas. Todo, menos meterle seriamente mano al gasto público.

Mordida desinteresada

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La tesorería es cara, sobre todo para quien no la tiene y la necesita. El Estado español, por ejemplo, realiza recurrentemente emisiones de deuda por las que paga elevados intereses, incluso cuando tal deuda es a muy corto plazo. No es inhabitual, de hecho, oír quejas de nuestros gobernantes a propósito de los asfixiantes intereses que han de abonar por unos pasivos que, en el fondo, no son más que el reflejo de su obsesión ególatra por gastar el dinero de los contribuyentes presentes y futuros. Lamentos que, empero, no terminan por convertirse en un atisbo de empatía hacia el resto de la población; acaso por aquello de que la política es la profesión con un mayor número de psicópatas per cápita y sabido es que los psicópatas son personas con nula empatía.

Al cabo, con lo que nos encontramos es que, pese a las reiteradas promesas de este Gobierno de que los autónomos no tendrían que pagar IVA por las facturas no cobradas, la mala práctica sigue funcionando como un cómodo y gratuito mecanismo de financiación de nuestras manirrotas administraciones. No sólo desangran fiscalmente a familias y empresas, sino que incluso las exprimen con carácter preventivo: antes de que hayan recibido la transfusión de sangre, ya les están reclamando la vampírica mordida. Tal vez piensen que a los autónomos y a las empresas les sale la tesorería por las orejas y que son incapaces de darle otro mejor uso a la misma que el de nutrir las arcas de Hacienda para, por ejemplo, atender sin demora las nóminas de los 600 asesores monclovitas.

Pero no, lo cierto es que muchos empresarios llevan años contra las cuerdas, sobreviviendo en un entorno tributario y regulatorio abiertamente hostil, y sus cajas se hallan consiguientemente exhaustas. No serán pocos quienes se vean forzados a solicitar un préstamo bancario y a pagar intereses para entregar un IVA que todavía no les ha sido entregado; sí, un préstamo como el que debería solicitar el Gobierno para seguir financiando su infladísima estructura de gastos en caso de no poder arrebatarles prematuramente sus fondos a autónomos y empresarios. Damos por sentado que la colocación de deuda debe efectuarse a interés (y debe, claro), pero tendemos a olvidarnos con extremada ligereza que los cobros adelantados, por idénticos motivos, también deberían abonar tales intereses: por ejemplo, rebajando la factura fiscal por pronto pago (o permitiendo como alternativa el retraso de su pago al momento del cobro). ¿O acaso Hacienda no es ávida en cobrar intereses de demora cuando cualquier ciudadano se retrasa en pasar por caja? ¿Por qué Hacienda considera gravosísimo que no se le pague a tiempo pero reputa un mal menor que los empresarios se vean forzados a pagar mucho antes de haber cobrado?

Veremos si, al final, el Ejecutivo excepcionalmente cumple con su palabra y modifica esta disparatada legislación, pero no olvidemos que, al final, esta disparatada legislación sólo es una de las numerosas groseras exteriorizaciones de un problema mucho más general dentro de un Occidente cada vez más socialdemócrata: la subordinación de los sanos intereses privados a los espurios tejemanejes estatales. La manera de promover el espíritu de empresa no pasa ni por tarifas planas, ni por cosméticas deducciones, ni siquiera por aplazar unos meses las deudas con el Estado: la forma de promover la empresa es tan sencilla como no convertir una sociedad en un infierno fiscal y regulatorio. Si los tributos fueran cuasi imperceptibles, abonarlos por adelantado no pasaría de ser una incomodidad menor; si hoy muchos autónomos y empresarios se sienten ahogados por su pronto pago, es porque nuestro mastodóntico Estado nos arrebata una gigantesca porción de nuestra renta. Ésa es la verdadera cuestión de fondo a resolver y que, por supuesto, ni los socialistas de izquierdas ni los de derechas resolverán jamás.

De la “ilusión fiscal” a la “ilusión de deuda pública”

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

La crisis de deuda que azotaba España en 2008 se circunscribía al ámbito privado hasta que el Gobierno extendió aún más sus tentáculos en la economía y se dio de bruces con la realidad del colapso productivo y recaudatorio (fiscal). Durante el auge económico, fue la "ilusión fiscal" la que permitió al Estado crecer y crecer. Mientras, en los inicios de la recesión, la "ilusión de la deuda pública" propició que gozara de margen para aumentar su tamaño y poder, creando nuevas bolsas de receptores netos de transferencias públicas. Téngase presente que tanto en las crisis nacionales (económicas o de otra índole) como en épocas de esplendor económico, el Estado tiende a incrementar su poder (si no se ponen frenos constitucionales muy rígidos –a lo Buchanan y, muy a menudo, de poco sirven…– o medidas de parecido cariz que inmunicen a la población contra la palabrería populista). El Estado crece siempre que puede… y le dejan.

La "ilusión de la deuda pública" (debt illusion) hace referencia al hecho de que los contribuyentes no son conscientes del coste impositivo que tendrá un incremento del gasto público de aquellas Administraciones Públicas que recurren a nuevas emisiones de deuda pública o a créditos con entidades financieras. Si, en lugar de ello, este nuevo gasto se financiara con cargo a consiguientes subidas impositivas, los bolsillos del contribuyente se verían perjudicados ipso facto, siendo conocedores de los efectos fiscales de manera inmediata. Este no es el caso cuando de emisión de deuda pública se trata.

La práctica de emitir deuda pública es tolerable durante un tiempo, en buena medida, gracias a que, al quedar diferido el pago, el contribuyente desconoce muchos factores asociados a las emisiones:

  • Cuándo se pagará: es práctica habitual la refinanciación (emitir nueva deuda para pagar la deuda pública que va venciendo) si no hay Presupuesto para atender al pago.
  • En qué cuantía final: Si hay refinanciaciones, la coyuntura económica y el plazo influirán en los costes financieros (tipos de interés). Léanse las famosas primas de riesgo.
  • Cómo se pagará: Hace referencia a qué configuración del sistema tributario estará en vigor en cada momento. Por ejemplo, si en un momento histórico la tributación recaerá más sobre el consumo; cuáles son los tipos marginales del IRPF y qué tramos hay, etc.
  • Quién lo hará: Estas promesas de pago diferido recaerán a menudo en gente sin derecho a voto (jóvenes) o que ni siquiera ha nacido. Además, cada agente desconoce qué situación personal y económica tendrá cuando llegue el momento de pagar.

La ignorancia sobre el proceso gubernamental, presupuestario o la futura estructura fiscal por parte de las masas, e incluso de políticos y burócratas, es total. Por tanto, el grado de información de que dispone el ciudadano es insuficiente para calcular el valor descontado de la carga que soportará la economía en forma de subidas futuras de impuestos o generación de inflación.

De esta manera es como se logra incurrir en creciente deuda pública durante un lapso de tiempo más o menos continuado sin hacer saltar las alarmas en la población general. Sí lo hará en especialistas conocedores del peligro que la práctica sistemática conlleva, si bien se trata de profesionales con un impacto mínimo en la opinión pública. Más tarde, se apercibirán los mercados de deuda pública y la prensa especializada. Incluso en esos momentos, la alarma social estalla a consecuencia de las noticias sobre convulsiones en los mercados nacionales y mundiales de deuda pública y bursátiles, sobre los que, paradójicamente, se ciernen miradas inquisitoriales. Sólo es al final, cuando llegan los recortes de gasto –si es que llegan– y las subidas de impuestos de los gobiernos o las devaluaciones, cuando muchos núcleos de la población general empiezan a tomar conciencia de los abusos de las Administraciones en el pasado. Esto nos toca muy de cerca a los españoles.

Así pues, el manejo de la deuda pública, otra inspiración más del keynesianismo, pone en manos de la clase política una herramienta más con la que acrecentar su poder mientras la ciudadanía se sume en otro velo más de ignorancia.

A todo lo anterior se sumó la característica "burbuja de deuda pública" española, que facilitó que, hasta febrero de 2010, España tuviera carta blanca para endeudarse a espuertas: no sólo se sirvió la Administración de que partía de una salud financiera "sólo aparentemente" envidiable, sino que en torno a septiembre u octubre de 2008, dio comienzo esta burbuja de deuda coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese mismo año, cuando se constataron las miserias del sector financiero, que dio muestras de una situación de grave insolvencia. Los ahorradores huyen de los bancos, pero también del sector productivo.

  • Se empieza a dudar de la capacidad de atender al pago de sus pasivos bancarios (depósitos) tras haberse endeudado cuantiosamente a corto plazo e invertido a largo plazo (en activos financieros ilíquidos y de elevado riesgo).
  • Del mismo modo, la sombra de la duda alcanza al sector productivo de la economía (son precisamente los bienes reales producidos por éste los que están respaldando la parte del activo bancario de dudoso cobro). El hundimiento del sector y del precio de estos bienes lleva a que haya fuertes caídas de las bolsas mundiales y el pesimismo sobre la duración y la intensidad de la crisis productiva se apodere de los inversores.
  • Por último, los primeros indicios del desplome de la burbuja de materias primas se vivieron en el verano de 2008, que pinchó definitivamente en las mismas fechas en que se arrancó la burbuja de deuda soberana.

Estos tres factores contribuyeron a la llegada al mercado de deuda pública de dinero caliente que huía de estos tres tipos de inversión, en esos momentos, en franca decadencia.

Este impulso, reforzado por la situación de partida del sector público español, que llegó a registrar superávits entre 2005 y 2007, posibilitó que las emisiones de deuda fueran recibidas con los brazos abiertos entre el público durante algo menos de dos años. Por consiguiente, se pudieron colocar a tipos de interés muy interesantes y en cuantías crecientes, debido a las bajas primas de riesgo.

En palabras de Nouriel Roubini (julio de 2010):

El desapalancamiento del sector privado apenas ha comenzado. Además, ahora hay un enorme reapalancamiento del sector público en las economías avanzadas, con enormes déficits presupuestarios y una acumulación de deuda pública impulsada por los estabilizadores automáticos, los estímulos fiscales anticíclicos keynesianos y los inmensos costos de la socialización de las pérdidas del sistema financiero.

De aquellos polvos…

De impuestos y servicios

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los errores más comunes del ciudadano medio es pensar que tiene derecho a tal o cual servicio público porque está al día en el pago de sus impuestos. Y es que los impuestos tienen como característica principal que no necesitan de una contrapartida del Estado para ser cobrados.

Dicho de forma más clara: los impuestos son aquello que el Estado nos puede quitar simplemente por el hecho de que tiene que pagar los gastos que provoca su existencia con el dinero ajeno.

Como los que defienden el Estado no son idiotas, hay toda una maraña de argumentos para intentar defender que gracias al sustento de ese mastodóntico Estado podemos llevar una vida digna sin morirnos de hambre, ser esclavizados o devorados por fieras salvajes.

El hecho es que si esto fuera así no sería necesario tener el sistema impositivo que tenemos. Bastaría con un sistema de tasas por las cuales pagáramos los servicios estatales que disfrutamos de forma transparente.

Por ejemplo, igual que la empresa pública de turno cobra el servicio que nos da al llevarnos agua potable a nuestro domicilio, se nos factura una tasa fija para poder disponer de él, más el consumo que realizamos del mismo, el resto de servicios se podrían cobrar exactamente igual. A saber, si la función de la policía es proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, nada más fácil que cobrar una tasa fija por propiedad y persona a proteger, más el coste del servicio que puntualmente nos presten en un momento dado.

A la gente le puede parecer una barbaridad que la policía te cobre si les llamas, pero es lo que hacen los bomberos desde hace años y nadie ha muerto quemado por falta de fondos. Las compañías de seguros se pueden hacer cargo sin mucho problema de la mayoría de intervenciones policiales, y las más complejas siempre pueden ser absorbidas por la parte fija del servicio, liberando así del pago de investigaciones costosas de forma individual.

Y si esto se puede hacer con algo tan delicado como la policía, con más razón se puede aplicar al resto de los servicios públicos.

Una posible crítica es que al crear una tasa por cada servicio se complicaría el pago de impuestos. Cualquiera que haya hecho una declaración de la renta sabe que este argumento se cae por su propio peso, ya que el sistema actual es el más complicado de los posibles. En todo caso las tasas se pueden cobrar de forma conjunta por propiedad o persona sin mucha dificultad.

Por ejemplo, si existen tasas sobre personas físicas sobre seguridad, medioambiente, sanidad y justicia, siempre se pueden cobrar por la misma administración de forma conjunta y con la misma periodicidad. Es lo que hacen muchos ayuntamientos y no parece que a la gente se le complique mucho la vida por ello.

Así que una vez que hemos visto que no habría ningún problema en que el Estado financiara sus maravillosos servicios de forma que sus sufridos contribuyentes supieran qué están financiando y por cuánto le sale broma, habrá que empezar a pensar por qué prefiere un sistema impositivo opaco que separa totalmente los servicios de su financiación.

Y a poco que pensemos nos encontramos con la excusa de siempre: la dichosa justicia social, igualdad socialista o como la queramos llamar.

Volviendo al ejemplo anterior, si un sujeto A, con una renta de 20.000 euros paga 200 €, un 1% de su sueldo, por tener un servicio de policía, mientras que un sujeto B, con una renta de 200.000 € paga una tasa igual, que supone un 0,1% de todo lo que gana, la injusticia, se dice, es manifiesta.

Para desmontar esta creencia sólo hay que razonar un poco. Para empezar, el servicio de partida que da la policía a estos dos sujetos es el mismo, porque no hay ningún indicio que permita sostener que proteger la vida del sujeto A es menos costoso que proteger la del sujeto B. Por lo tanto tildar de injusto pagar la misma cantidad por un servicio igual, es bastante delirante. Y hay un pequeño detalle que se le olvida a los defensores de la justicia social, y es que una cosa son las tasas que se pagan individualmente, y si todos somos iguales no tiene sentido que estas sean distintas, y otras las que se pagan por propiedades. Y aquí es donde la desigualdad de las tasas se cae por su propio peso, ya que esos 200.000 euros de renta del sujeto B pueden ir destinados, bien a un depósito bancario, bien a una propiedad. Y, mira por dónde, tanto uno como otro sí que están bajo la tasa de propiedades. Y no hace falta decir que un banco pagaría bastante más de 200 € como tasa de seguridad, con lo que el sujeto B tendría que hacer frente a un coste mayor por garantizar la seguridad de sus propiedades, al ser éstas superiores a las del sujeto A.

Como última y desesperada crítica siempre se puede recurrir a las personas que no pueden afrontar el pago de ninguna tasa por carecer de medios para ello. Como argumento es bastante absurdo porque al ser servicios del Estado nada impide que éste libere de pagar, total o parcialmente, a las personas que cumplan ciertos criterios, repartiendo el coste de esta medida entre los que sí están en disposición de pagarla.

Por supuesto este razonamiento no le vale a ningún socialista, porque el fin de cobrar impuestos nunca ha sido el de prestar servicio público alguno, sino el de controlar toda la actividad de la población para poder sacar provecho de cada céntimo de riqueza que se genere, y así hacer crecer el Estado, no porque sea necesario, sino simplemente porque todavía queda riqueza que se puede rapiñar para alimentarlo.

2012, ¿el año de los recortes?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Dicen que el primer paso para superar un problema es reconocerlo. Aunque la afirmación puede parecer cargada de sentido común, realmente es muy difícil de asumir. En política, casi siempre, los problemas son los que crearon los demás, pero, por razones de lo más variado, cuando se accede al poder, los que eran evidentes en la oposición se asimilan o asumen. La llegada al poder de Mariano Rajoy, hace algo más de un año, llenaba de esperanza a millones de votantes y a algunos otros que, pese a no haberle votado, esperaban que, al menos en lo económico, lo hiciera mucho mejor que su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó una serie de decisiones económicas que transformaron el erial económico que había heredado de Felipe González en una economía más emprendedora y abierta, y lo hizo en relativamente poco tiempo. Al menos eso es lo que pensó mucha gente que le terminó concediendo una mayoría absoluta en la siguiente legislatura. Ese aparente acierto del pasado era posiblemente la base de la esperanza de los votantes de Rajoy: que el PP, y la derecha en general, sabe más de creación de riqueza que la izquierda, que siempre se ha centrado en el reparto de la existente. Un año después, una buena parte de esos votantes está arrepentida.

A Rajoy y a varios gobiernos regionales del PP se les acusa de recortar, de atacar el Estado de Bienestar, de atentar contra los derechos de los trabajadores públicos y de los beneficiarios de sus servicios. El término “derecho” ha surgido y surge con facilidad en las reivindicaciones de afectados, sindicatos y movimientos de la extrema izquierda que, bajo el paraguas de las revueltas y algaradas callejeras, se han hecho fuertes en las portadas de ciertos medios de comunicación y, con un impacto más limitado de lo esperado, en la calle.

Sin embargo, el año de Rajoy es posiblemente el que muchas fuerzas de la izquierda habrían firmado con los ojos cerrados si el que hubiera tomado las decisiones fuera un líder de su partido. Rajoy ha subido 27 impuestos durante el último año. Por poner tres ejemplos significativos, ha superado el límite máximo de IRPF que proponía la propia IU, ha incrementado el IVA y ha aumentado el de sociedades, impuesto muy relacionado con la maltratada actividad empresarial.

Su reforma del mal llamado mercado laboral no avanza apenas hacia una verdadera liberalización, dejando a trabajadores y empresarios atrapados en un maremágnum regulatorio que no favorece a ninguno.

La Administración sigue siendo la misma. Los tres niveles (central, autonómico y local) siguen contando con servicios duplicados, prosiguen los conflictos entre ellos, avivados por las luchas partidistas, ideológicas y, en los últimos años, con un nacionalismo desbocado, hambriento de recursos que no puede conseguir si no es a base de coacción y amenazas. El dinero que toman de los contribuyentes se gasta en asuntos que les son ajenos, despilfarrando, alimentando corruptelas que a nadie benefician, salvo a los propios corruptos. El gasto estatal se mantiene en niveles muy elevados y ni Rajoy ni las entidades locales o autonómicas parecen haber tomado medidas para que disminuya de manera significativa, ni que la deuda y el déficit retornen a cifras, al menos, asumibles por los sufridos contribuyentes. La burbuja estatal sigue existiendo y corre peligro de explotar, con efectos impredecibles.

Y mientras, el Estado clientelar, el que depende del presupuesto público, sigue incrementándose. Cada vez son más los que dependen de las administraciones estatales, no sólo los funcionarios o trabajadores públicos, incluyendo en este colectivo a los políticos electos que favorecen, en muchos casos, políticas irresponsables, sino también los que reciben (recibimos) los servicios públicos (sanidad, educación, transporte público, pensiones, prestaciones por desempleo, limpieza y mantenimiento viario, etc.) y los que perciben subvenciones o ayudas financieras de distinta naturaleza por las actividades económicas que realizan, pese a que, sin tales ayudas, sus actividades no fueran, en muchos casos, rentables: agricultores, productores de energías renovables, artistas, empresarios ligados a sectores como el inmobiliario o el desarrollo de infraestructuras urbanas, viarias o de transporte, entre otros.  

Y la situación es poco halagüeña si tenemos en cuenta que el propio Estado se ha encargado de acabar con su competencia, con las instituciones que la sociedad civil ha ido creando. Ahora que lo estatal no tiene recursos para tanto compromiso, no tenemos alternativas que nos ayuden, con el agravante de que, en el caso de España, el espíritu empresarial está muy mal considerado, a la vez que la propia naturaleza administrativa y regulatoria lo convierte en una actividad desagradable.

Cada vez son más los que pasan del colectivo netamente contribuyente al colectivo asistido, y a ello hay que añadir una pirámide demográfica cada vez más invertida, con un paro juvenil que supera el 50%. El Estado no cuenta con suficientes ingresos para mantener esta maquinaria ineficiente y cada vez más dañina, pues cada vez somos menos los que podemos aportar dinero a las arcas de Hacienda y cada vez son mayores sus necesidades.

Y habría que recordar a los que se benefician del sistema, a los que viven del presupuesto, que el coste de sus sueldos y gabelas, sus ayudas, servicios y derechos procede en su integridad de los impuestos que pagan ciudadanos y empresas y que, si éstas son cada vez menos y cada vez hay más personas a las que asistir, menos se podrá sostener tal gasto; que las corruptelas podrán ser significativas e importantes, pero que, en ningún caso, cubren el déficit y la deuda, una deuda que se come cada año parte de ese presupuesto.

Habría que recordar a huelguistas y manifestantes del “qué hay de lo mío”, que asolan la ciudad de Madrid con sus reivindicaciones que la situación es inviable y que, les guste o no, les parezca justo o injusto, la manera en que han vivido hasta la fecha resulta insostenible y que los recortes que se proponen no son, ni de lejos, los que deberían ser; que, pese a que nos han enseñado durante décadas lo contrario, el ciudadano debe buscar satisfacer sus necesidades con lo que ingresa y que, si con ello no es suficiente, debería dar prioridad a unos gastos frente a otros, o bien centrar sus esfuerzos en encontrar más fuentes de ingresos, en vez de esperar a que alguien le solucione la vida con el dinero de otros y que sus gritos acobarden o alimenten a algún político populista.

Por último, no puedo dejar de pensar que Rajoy ha querido llegar al poder para gestionar que todo siga como está, que nada cambie de manera profunda y que, cuando la economía mejore en el exterior, reavive a la española y, de esta manera, convertirse en el salvador del Estado de Bienestar. Rajoy no quiere ver los problemas del sistema y propone malas soluciones a corto plazo, soluciones que no pretenden hacer demasiado ruido. 2012 no ha sido el año de los recortes, ha sido el año de la subida de impuestos, ha sido el año en que todo ha seguido más o menos como lo dejó el PSOE, ha sido un año más con un gasto público disparatado, ha sido el año de los manifestantes que quieren que lo poco que se recorte no les afecte a ellos sino a otros, ha sido el año en que no se ha desregulado nada importante, sino que se ha añadido un millón de páginas de nuevas normativas.

Y pese a todo, el camino es claro y está ahí para quien lo quiera ver y se atreva a desmantelar esta ineficiencia, aunque le costara el poder. Se debe hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho durante los últimos ocho años. Es cuestión de dar esos pasos y ver qué pasa. El futuro no está escrito.

Las fundaciones de partidos políticos reciben otros 2,5 millones en subvenciones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos gozan en España de una ventaja esencial a la hora de financiar sus gastos. Mientras que el resto de asociaciones de la sociedad civil compiten con todas las demás interesadas en cada convocatoria de subvenciones públicas, las pertenecientes a los partidos políticos tienen reservadas dos convocatorias de ayudas públicas anuales a las que no puede concurrir ninguna otra entidad. Por supuesto, eso no implica que los chiringuitos de los partidos no puedan obtener otra serie de ayudas en igualdad de condiciones con el resto de entidades civiles, de manera que las vías para financiarse se multiplican a diferencia de cualquier otra asociación, fundación u ONG.

En esta ocasión las ayudas repartidas entre las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria ascienden a casi 2,5 millones de euros. La fundación más beneficiada en esta edición es la FAES (PP), con 1,2 millones. A continuación figuran las fundaciones "Ideas para el Progreso" y "Pablo Iglesias" (PSOE) que en total reciben 664.000 euros, "Fundación por la Europa de los Ciudadanos" (IU) con 148.000 euros, la "Fundación Progreso y Democracia" (UPyD) 122.000 euros y la "Rafaél Campalans" (PSC) con 100.000 euros. Los chiringuitos del resto de partidos políticos, todos los nacionalistas, reciben también su correspondiente subvención pública, si bien en cuantías significativamente inferiores respecto a los partidos nacionales antes citados.

No es ésta la única convocatoria de subvenciones a las que sólo pueden concurrir las fundaciones partidistas. Existe otra, también de carácter anual, gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar congresos y otras actividades sobre Iberoamérica, que este año repartió un total de 900.000 euros. De esta manera, los "laboratorios de ideas" de los partidos políticos con presencia parlamentaria han ingresado este año 3,4 millones de euros procedentes de los impuestos pagados por todos los contribuyentes.

Hacia un régimen tributario populista del miedo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El ministro Cristóbal Montoro ha amenazado con publicar listas con los nombres de grandes defraudadores. Por supuesto, no han faltado voces, tanto en la derecha como en la izquierda, que se han mostrado partidarias de la medida. Ha habido incluso quien ha dicho que “tengo derecho a saber quién me debe dinero”. El autor de dicha frase se ha tragado esa idea que nos vendían hace años en un anuncio gubernamental de que “Hacienda somos todos”, cuando no es así.

La Agencia Tributaria es el organismo recaudador que nos esquilma a todos para alimentar económicamente a un Estado sobredimensionado que tampoco somos todos, aunque se imponga sobre todos los ciudadanos. Si al final Montoro, con el visto bueno de Rajoy, cumple su amenaza de sacar esas listas, no lo hará por el inexistente derecho de los demás ciudadanos a saber quién les debe un dinero que a ellos no les es adeudado. Lo hará para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado mediante la imposición de un régimen tributario de corte populista basado en la extensión del miedo a la “ira popular”.

De hecho, ese sistema ya está funcionando con la entrada de los funcionarios de Hacienda, en plan ‘Los intocables de Eliot Ness’, en restaurantes en plena hora de comida para embargar todo lo embargable. Se busca el efectismo mediático con el fin de infundir en los potenciales defraudadores el pavor a sufrir la vergüenza pública.

En el caso de que se pudiera incluir a alguien en el listado de Montoro incluso antes de que hubiera concluido la preceptiva investigación y se hubiera aprobado una sanción, los allí señalados quedarían condenados ante la opinión pública incluso aunque después se demostrara su total inocencia. Si, por el contrario, se incluye tan sólo a quienes ya han sido sancionados o condenados (en caso de que hubiera delito), se estaría imponiendo un doble castigo que no se admite en otros casos.

¿Publica el Gobierno listas de los condenados, por ejemplo, por robos contra la propiedad privada o por otro tipo de delitos? En absoluto. Es más, cuando ha habido alguna propuesta referida a delitos especialmente repugnantes, como la violencia sexual, se ha vetado con el argumento de que el reo quedaría marcado incluso después de cumplir su pena. No existe motivo alguno para que con los defraudadores sea diferente. No al menos para aquellos que no piensan en cosa distinta que aumentar los ingresos del Estado a costa de los ciudadanos y sus derechos básicos.

Las listas de Montoro tienen, además, un peligro añadido. Ofrecerían una información privilegiada para las organizaciones de criminales que buscaran personas a las que secuestrar para pedir un abultado rescate. Los potenciales secuestradores pensarán, con lógica, que quienes aparecen en el listado tienen mucho dinero. La seguridad de muchas personas correría un mayor peligro tan sólo para que el ministro de Hacienda sienta que está haciendo algo por ingresar más dinero.

El Estado cruza muchos límites a la hora de poner en marcha su maquinaria recaudatoria. Pensemos que, en España, la Policía necesita una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de aquellos a los que investiga, mientras que Hacienda puede fisgar en ellas sin problema ni límite alguno. Eso ya es excesivo, pero los listados serían un paso especialmente grave. Constatarían la imposición de un régimen tributario basado en el miedo del que sería difícil salir.

Y que nadie se llame a engaño. Empezaría poniéndose en esas listas de la vergüenza a los grandes defraudadores, pero terminarían figurando en ellas quienes algún día olvidaran pagar unos pocos euros de alguno de los muchos tributos con los que nos esquilman. Nadie, excepto los políticos que controlan la maquinaria, quedaría a salvo.

Rajoy, año cero

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Rajoy acaba de cumplir su primer año en el poder y el balance es, sin duda, negativo para el conjunto de españoles. El presidente no ha logrado remontar el suspenso que cosechó ya en febrero. La razón de este resultado negativo, al contrario de lo que opina la mayoría, no reside en los supuestos recortes a lo público que ha aplicado desde que gobierna, ni en las profundas reformas liberalizadoras de las que tanto se queja la izquierda mediática, política y social. No, ni mucho menos. Si por algo hay que criticar a Rajoy es justo por todo lo contrario. Es decir, por su falta absoluta de principios morales y convicciones ideológicas para hacer lo que hay que hacer, que no es otra cosa que eliminar el déficit exclusivamente por la vía del gasto (sin subir impuestos), reformando la anquilosada estructura estatal y reduciendo el peso del sector público, evitar la perjudicial e injusta socialización de pérdidas que impone un rescate público de bancos o empresas y liberalizar al máximo una economía que, por culpa del asfixiante intervencionismo gubernamental, es incapaz de volver a generar riqueza con la intensidad suficiente como para reincorporar a los casi seis millones de parados al mercado de trabajo.

Rajoy ha demostrado que es, él mismo, una promesa incumplida, una mera ilusión cuyo desvanecimiento ha hecho que millones de españoles despierten de golpe de una vaga ensoñación de esperanza. El 20 de diciembre de 2011, hace ahora un año, comenzaba su mandato cargado de buenas y correctas intenciones. ¿Su mensaje? No subiría un solo impuesto y, de hecho, rebajaría algunos. De este modo, se presentó a los españoles como el primer presidente de la Zona Euro comprometido con reducir el déficit exclusivamente por el lado del gasto, mediante una drástica austeridad pública que vendría acompañada de un amplio listado de reformas estructurales para impulsar el crecimiento.

Su palabra apenas se mantuvo en pie diez días.

Rajoy, y con él todo el PP, tiene ahora el honor de presidir el Gobierno que más impuestos –¡y a qué tasas!– ha aprobado de toda la democracia. Esto es lo más negativo de su gestión, no sólo porque es la receta equivocada para reducir el déficit sino porque, además, lastrará la recuperación económica. Por el lado de las reformas, su Gobierno, si bien ha hecho algunos avances, por ejemplo en lo relativo al mercado laboral, está aún muy lejos de apostar por la flexibilidad que precisamos para reestructurar el modelo productivo sobre bases sólidas. Por otro lado, no ha dudado en recurrir al rescate público para sanear el sistema financiero, en lugar de apostar por el bail-in y convertir a los acreedores de las entidades insolventes en accionistas de las mismas.

En definitiva, el primer ejercicio de Rajoy ha sido más bien un año cero, ya que los avances han sido escasos y algunas medidas, como las fiscales, claramente contraproducentes. La España del PP imita a Grecia, Italia y Portugal, y tiene a Francia como referente, cuando debería seguir los pasos de Irlanda o de Estonia.

El día que España sea expulsada del euro

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

¿Salir o no salir del euro? He aquí el dilema que muchos se plantean. Un dilema que algunos resuelven demasiado rápido. Por un lado están los amantes románticos del euro y del proyecto de los Estados Unidos de Europa, que formarían parte de la moneda única en cualquier circunstancia y escenario. Por el otro están los que señalan al euro como la causa de nuestros males actuales, principalmente porque hemos perdido el control de la política monetaria.

Pero ahora el dilema no es ese. Dada la situación extrema de la economía española, la cuestión se transforma en: ¿ser expulsados o no del euro?

Creo que el debate debe centrarse en el análisis de la situación que nos encontraríamos en el momento de ser expulsados, y si este escenario es mejor que lo que tendríamos estando dentro de la moneda única. Es decir, en qué contexto tendríamos un mejor bienestar y a una mayor libertad tanto a corto como a medio plazo.

En este sentido, creo que lo que conviene a España es no ser expulsada del euro. Básicamente porque nos encontraríamos con total seguridad en el escenario que expongo a continuación.

Déficit irresoluble.

 

Primeramente, la expulsión significaría que España está quebrada sin remedio. Es decir, que presentaría un déficit crónico y sistemático que no ha podido ser resuelto. ¿Motivo principal? La tremenda burbuja de gasto público no habría sido debidamente corregida y pinchada.

El estado seguiría sobredimensionado, pensando en recuperar inútilmente el nivel de ingresos que existía durante la burbuja productiva en lugar de flexibilizar el gasto a la nueva situación de ingresos, es decir, disminuir el gasto a niveles de 2001-2002.

Ya sabemos que el déficit de 2008 a 2012 ascenderá a 440.000 millones de euros, teniendo en cuenta que para 2012 se estima que el desequilibrio sea parecido al del 2011, es decir, unos 90.000 millones de euros. Pues bien, en un escenario en el que España fuera expulsada del euro, es de suponer que estos déficits del 9-10% se seguirían dando con total seguridad, por lo que si la expulsión se hiciera efectiva, dentro de 2 años, el déficit acumulado en ese momento sería de unos 600.000 millones de euros.

La tragedia española proviene de no poder cuadrar los presupuestos, y abandonar el euro no cambiaría esta situación, sino que la agravaría como veremos a continuación.

Fin de la posibilidad de financiarse en los mercados.

Como es lógico, la expulsión conllevaría fuertes pérdidas a nuestros acreedores. Ciertamente, si España fuese expulsada del euro sería, entre otras cosas, por no poder hacer frente a sus obligaciones y deudas de ninguna manera.

Lo cual provocaría que nuestro flujo de financiación exterior fuese nulo. Es decir, podemos despedirnos de cualquier financiación de los mercados en los próximos 25 años. Nadie arriesgaría ni un euro en un país que no cumple mínimamente los ratios de solvencia y liquidez exigibles.

Esto deberían tenerlo muy presente los adalides del impago de la deuda por considerarla "ilegítima". No solamente porque es una postura antidemocrática (la deuda se contrajo en democracia y ellos estaban totalmente de acuerdo) y contraria al Estado de Derecho (los contratos deben cumplirse moral, ética y jurídicamente), sino porque además provocaría la imposibilidad de acceder a financiación futura en el mercado.

Pero la situación sería más adversa todavía, ya que los impagos del Estado afectarían también a los agentes privados, principalmente empresas, que el día después de ser expulsados del euro verían sus calificaciones rebajadas automáticamente y, por tanto, aumentarían notablemente sus dificultades para financiarse y acceder al crédito. Todo ello sería la puntilla a la moribunda actividad económica española que también tardaría unos cuantos lustros en recuperarse (siendo muy optimistas).

 

Devaluación.

Llegados a este punto tendríamos: déficit crónico no solucionable, imposibilidad de financiación exterior y nula actividad económica. A nuestros irresponsables políticos, que han vivido despilfarrando vía deuda, sólo les quedaría una salida: devaluación de la nueva moneda entre un 30 y un 40% para hacer frente al enorme y desproporcionado gasto estatal.

De esta manera se sufragarían los déficits vía inflación, que no deja de ser un impuesto camuflado. Todos los tenedores de la nueva moneda sufrirían una quita del 40%. Este nuevo control de la política monetaria significaría un saqueo al patrimonio de ahorradores, trabajadores (por la caída de los salarios reales) y acreedores. Todo ello sin efectuar las reformas estructurales necesarias, por lo que otra ronda de devaluaciones no tardaría en llegar.

Recortes.

Además de la comentada pérdida generalizada del 40% del valor de la moneda, hay que sumarle el impacto sobre los "derechos sociales" y el Estado del Bienestar. Es curioso cómo algunos intelectuales y políticos animan a impagar "la deuda odiosa" para proteger la sanidad y las pensiones. Están muy alejados de la realidad, ya que el día después de impagar la deuda y ser expulsados del euro la Seguridad Social y la hucha de las Pensiones quebrarían inmediatamente. Sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo de Reserva ya está invertido en más de un 90% en deuda soberana.

Pérdida de valor.

Un país con una economía muerta como sería la española ahuyentaría en estampida a los creadores de valor, que son el verdadero motor de la economía y las sociedades prósperas. Cualquier agente, ya sea particular o empresa que fuese capaz de aportar valor se acabaría yendo. O lo que es lo mismo, otro país lo acabaría captando. Los países líderes y desarrollados compiten por cualquier factor que genere valor. De esta manera España sería menos competitiva, menos productiva y menos innovadora.

Aumento del intervencionismo político.

La sociedad, inmersa en dificultades económicas y sociales, se volvería más dependiente del Estado, esperando que éste encauzase sus vidas, solucionase sus problemas y erradicase la inevitable incertidumbre del futuro. Esto es el caldo de cultivo del auge y la posible llegada al poder de partidos más extremistas y populistas, tanto de izquierdas como de derechas, que prometen un futuro mejor a base de políticas más intervencionistas, reguladoras y proteccionistas. Esto convertiría al país en un entorno institucional muy poco atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Por estas razones considero que España debe hacer lo posible para no ser expulsada del euro. Posiblemente no debimos de haber entrado y quizás debamos abandonar en el futuro la moneda única. Pero al menos de momento, mientras existan otros países que sean notablemente más rigurosos y prudentes presupuestariamente y con más criterio en política económica, conviene quedarse adentro.

@jmorillobentue