La tributación sobre las empresas, en concreto el Impuesto sobre Sociedades, se basa en aplicar un tipo impositivo a la base imponible. Por tanto, para conocer el gravamen al que están sometidas las sociedades no sólo es necesario conocer el nivel al que se fija el tipo impositivo nominal, sino también la manera en la que se configura esa segunda variable que es la base imponible.
La determinación de la base imponible depende, a su vez, de los activos utilizados por la empresa y cómo se han financiado, es decir, de cómo se ordena la producción en la economía. Si atendiéramos a ciertas versiones muy reduccionistas del pensamiento neoclásico que conciben el capital como un fondo homogéneo, la imposición efectiva coincidiría con la indicada por el tipo nominal. Sin embargo, la economía real presenta más complejidades, tal y como expone la teoría austriaca del capital o de la producción desarrollada por Menger, Hayek, Lachmann o Lewin –por citar unos pocos-, que describen la estructura productiva y los procesos de producción como actividades conjuntas, en las que los planes empresariales tratan de combinar diferentes bienes de capital heterogéneos, específicos y complementarios.
Son esas combinaciones concretas de factores productivos -como el capital humano, maquinarias, naves industriales, la investigación y el desarrollo, los activos intangibles como el fondo de comercio, los bienes de transporte, existencias, etc.- y el modo en que éstos influyen en la base imponible –a través de su capacidad para reducirla al ser deducibles en mayor o menor grado- lo que, junto con el tipo impositivo, determinará la tributación efectiva.
Es por eso que las empresas no tributan todas igual. Una sociedad soportará una imposición efectiva diferente a otra dependiendo del tipo de activos que tiene instalados –incluido su dimensión- o la estructura financiera que presente en su balance.
En cierta literatura económica que viene desarrollándose desde los años sesenta y que se remonta a los trabajos iniciales de Arnold Harberger, o posteriores de Auerbach, Fullerton o Devereux, se ha tratado de medir –y entender- esta imposición efectiva que soporta una empresa dependiendo de sus activos ya instalados a través del denominado tipo impositivo efectivo (TIE) medio.
El TIE medio el porcentaje total que absorbe el Estado de los resultados de la actividad empresarial. Es la proporción del valor presente del beneficio antes de impuestos que se lleva el Estado. Este indicador suele servir a las empresas –sobre todo las que realizan inversiones en diferentes jurisdicciones- para decidir la localización de sus actividades al calcular el valor presente de los flujos de caja después de impuestos.
Pero no sólo la estructura del activo y del pasivo actual es importante para conocer la distorsión que sobre la actividad empresarial pueden tener los impuestos sobre sociedades. También la imposición efectiva es diferente cuando la empresa realiza nuevas inversiones. Hay distintos tipos impositivos efectivos según qué inversiones se acometan, tanto al tipo de activos –plazos y riesgos-, financiación –cuantía, coste y plazos-.
Se realizará una inversión si la ganancia que vaya a obtenerse cubra el coste del capital empleado o el coste de oportunidad. Dado que el Impuesto sobre Sociedades incrementa dicho coste del capital, habrá proyectos de inversión que no lleguen a realizarse o que si se realizan devenguen menores ganancias que las que podrían haber conseguido. Este desincentivo a la inversión causada por la fiscalidad empresarial suele medirse a través del denominado TIE marginal. La imposición efectiva marginal es determinante a la hora de decidir el volumen o intensidad de las inversiones, puesto que trata de medir el incremento porcentual del coste de capital de una inversión debido al Impuesto sobre Sociedades.
Por ejemplo, la eliminación de la libertad de amortización sin condiciones del Gobierno -o simplemente que las amortizaciones fiscales permitidas para cada bien sean menores que las económicas- ha incrementado el TIE marginal de las inversiones en nuevos activos. Dado que estas inversiones soportan una tributación mayor, puede que no sean tan intensamente acometidas, lo que supondrá modificar –reducir- el valor de los activos en cuestión.
Además, dependiendo del ritmo de reposición de activos de la empresa, las ventajas o desventajas fiscales a la hora de la amortización –acelerada, libre o a una tasa fiscal superior o inferior a la económica- modificará la tributación efectiva media –la que soportan los activos ya instalados- y la marginal. En el ejemplo anterior, si se limita la libertad de amortización se incrementa la imposición marginal en los proyectos de inversión nuevos que requieran de la adquisición de nuevos activos, pero también se elevará el TIE medio de la empresa dado que sus activos ya instalados suelen ser más nuevos –al haber mayor reposición- con una peor amortización fiscal.
Otro ejemplo podría ser las empresas que decidan emprender proyectos con un alto contenido en I+D o capital tecnológico. Estos proyectos más arriesgados tenderán a financiarse con recursos propios o reservas de la empresa. El diferente trato fiscal de gastos financieros o intereses –que suelen ser deducibles en alguna proporción- y las acciones. Esto tenderá a incrementar el TIE marginal y el medio dependiendo del tiempo que duren estos proyectos.
En resumen, elevar la imposición efectiva media (TIE medio) a través de, por ejemplo, la eliminación de la libertad de amortización que soportan las combinaciones de activos ya instalados en las empresas, afecta a los recursos generados por las mismas y, de nuevo, a las decisiones marginales de inversión. Si encima se eleva el TIE marginal a través de la limitación de otras deducciones -como los gastos financieros o los fondos de comercio, como ha hecho el actual Gobierno-, se penalizan las nuevas inversiones y, en consecuencia, la productividad y competitividad de la economía.
El tiempo cuenta en economía y mucho. Pasan los semestres, transcurren los años y cambian los gobiernos pero, sin embargo, seguimos observando la disminución de la competitividad europea respecto de las áreas económicas emergentes y, en estos últimos trimestres, la inmersión de la economía europea en una recesión económica que requiere que se tomen decisiones ajustadas a los principios del crecimiento económico, lo que sólo veremos si se imponen las tesis de verdaderos estadistas, con conocimientos profundos de economía y con visión estratégica a largo plazo.
España y Europa necesitan un cambio cultural para salir de la crisis del Estado del bienestar y retomar la senda del crecimiento, lo que requiere que arraiguen los conceptos económicos acertados entre la población en general y, especialmente, entre las autoridades para que aprecien y busquen de un modo consistente (y no coactivo) las bases institucionales que liberan el funcionamiento real del mercado, entendido como el proceso empresarial de creatividad y coordinación dinámicamente eficiente (1).
Sin embargo, permítanme que introduzca algunos conceptos económicos antes de comentar el efecto de la elevación de la presión fiscal sobre la función empresarial y la eficiencia dinámica.
1. Teoría de la función empresarial
Empleando las ideas de Hayek y Kirzner, el catedrático Jesús Huerta de Soto (2) define la función empresarial como la capacidad del ser humano para darse cuenta de las oportunidades de ganancia subjetiva que surgen en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas, y generando así un proceso inagotable de creatividad y coordinación de desajustes previos que constituye el corazón del orden espontáneo del mercado.
2. Eficiencia dinámica y función empresarial
La eficiencia estática es la buena gestión de los recursos disponibles que son conocidos o dados de antemano y no cambian. Se corresponde con la visión propia de la economía neoclásica y, en particular, de la economía del bienestar.
Sin embargo, la eficiencia dinámica abarca también la búsqueda del incremento de los recursos disponibles por medio de la empresarialidad y del comercio de nuevos bienes y servicios en el mercado. Está visión es la propia del liberalismo en general y, de modo especial, de la escuela austriaca de economía.
La eficiencia dinámica es el proceso social de creación y coordinación que es propio del orden espontáneo que denominamos mercado (o intercambio de bienes y servicios entre millones de personas) y que se produce como consecuencia de la asunción de riesgos e incertidumbre por parte de los emprendedores en un proceso constante de búsqueda de mayor creatividad y de mejor coordinación empresarial para competir y obtener mayores recursos.
Tal y como indica acertadamente Jesús Huerta de Soto en un trabajo publicado en el número de marzo-abril 2012 de la revista ICE (3): "el criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al concepto de función empresarial…su elaboración nunca puede efectuarse en un vacío institucional o, dicho de otra manera, que el análisis teórico de la eficiencia dinámica es inseparable del estudio del marco institucional en el que se llevan a cabo los comportamientos empresariales".
3. Marco institucional y función empresarial
Hago mías esas palabras porque mi propia línea de investigación trata del análisis del marco institucional que impulsa las mejores condiciones para el desarrollo de la función empresarial y, por tanto, de la eficiencia dinámica en economía.
Como voy a explicar a continuación, también nos preocupan las subidas de impuestos en España porque lastran la función empresarial y perjudican la eficiencia dinámica de la economía del país.
4. Estructura productiva del capital y función empresarial
Anteriormente observamos la estructura productiva del capital por medio del gráfico de los círculos concéntricos de Böhm-Bawerk (4) para visualizar como el factor tiempo es determinante en la producción de los bienes económicos más complejos, porque necesitaban más recursos para ser producidos cuanto mayor es su grado de sofisticación.
Sin embargo, al objeto de mejorar el análisis del proceso de producción de una economía de mercado, me permito introducir en este artículo un gráfico de serie de fechas que, también, representa las etapas de producción sucesivas y alejadas de un modo que entiendo permite visualizar mejor la variable tiempo y la acumulación de recursos que requieren los bienes de órdenes superiores y, además, creo que representa mejor la necesidad creciente de ahorro privado previo; que se precisan para evolucionar institucionalmente desde las economías de subsistencia hacia la producción de bienes y servicios cada vez más sofisticados que es propia de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente avanzadas:
Para la producción de bienes de órdenes cada vez más superiores no sólo se precisa de más tiempo sino que, además, se requieren: 1) incremento del periodo medio de producción, 2) mayor sofisticación tecnológica, 3) más valor añadido incorporado al producto, 4) más investigación, desarrollo e innovación previos, 5) más necesidad de recursos humanos cualificados, 6) mayor inversión para producir el producto.
Por ello, son imprescindibles para lograr un crecimiento económico sano en las economías desarrolladas tanto la acumulación del capital previo como la investigación, el desarrollo y la innovación, para el adecuado impulso por los empresarios de la inversión en productos y servicios de alto valor añadido. Todos estos requisitos se pueden integrar con la necesidad de un mayor ahorro privado previo para la realización de los bienes de órdenes cada vez más superiores.
De hecho, interpretando correctamente el gráfico de serie de flechas, a medida que los países se van desarrollando, las flechas posteriores se ensanchan y alargan y las flechas anteriores se contraen y acortan al producirse un incremento de la producción de bienes que incorporan más I+D+i, más recursos humanos cualificados y, en definitiva, mayores necesidades de ahorro privado previo para abordar la inversión productiva.
Es decir, el incremento del periodo medio de producción de un bien de orden superior supone una mayor necesidad de ahorro privado previo por parte del emprendedor para abordar la inversión que permite obtenerlo, en donde también se deben incluir las necesidades de aplicación de recursos humanos más cualificados y de investigación, desarrollo e innovación.
Podemos concluir que, cuanto más "alargado" en el tiempo es el proceso de creatividad y coordinación que realiza la función empresarial, también es más "intensivo" en capital y requiere de un mayor ahorro privado previo para ser abordado empresarialmente.
5. ¿Cómo las subidas de impuestos perjudican el crecimiento económico?
Como consecuencia del anterior razonamiento microeconómico, la eficiencia dinámica que se logra con el ejercicio libre de la función empresarial requiere un marco institucional de mínima coacción por parte de los Gobiernos (justo lo opuesto al intervencionismo y socialismo) para que políticos y funcionarios no dificulten la actividad empresarial y la libre aprehensión de los resultados de la actividad creadora y coordinadora; dentro de un Estado de Derecho que garantice la triple seguridad: exterior (militares), interior (cuerpos de seguridad) y jurídica (tribunales de justicia).
Cada vez que un Gobierno sube los impuestos, se está disminuyendo la capacidad de ahorro privado de los agentes económicos y se está mermando tanto su capacidad de consumir como su capacidad de emprender y ejercer la función empresarial.
Como las subidas de impuestos reducen el ahorro privado previo, justo disminuyen las inversiones productivas que son más intensivas en capital y están más alejadas en el tiempo. Es decir, las subidas de impuestos disminuyen la función empresarial y la eficiencia dinámica del mercado aplicada sobre los bienes de órdenes superiores que caracterizan el crecimiento económico de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente más avanzadas.
Si los consejeros del Ministro de Hacienda no atienden a razones y prescinden de considerar válidas las conclusiones de la curva de Laffer, luego que no se extrañen nuestras autoridades cuando la recaudación fiscal disminuya debido al aumento de la presión fiscal en una fase de recesión económica y perjudicando las posibilidades de consumo y empresarialidad de España.
Las subidas de impuestos podrán cuadrar las cuentas públicas a nivel macroeconómico para que el déficit público cumpla con el 6,3% del PIB acordado por España con la Comisión Europea. Pero, sin embargo, el aumento en la presión fiscal destroza el crecimiento económico a corto, medio y largo plazo al socavar el ahorro privado previo que es necesario para el consumo de la población y para las inversiones de los emprendedores, especialmente, en los bienes de órdenes superiores que suelen exportar las economías avanzadas.
Nuevamente, hay que reclamar sensatez a las autoridades o, al menos, que se asesoren por economistas que sepan identificar correctamente las relaciones causales del crecimiento económico y no sólo por intervencionistas que ahogan el presupuesto de las familias, impiden el ejercicio de la empresarialidad y destruyen el tejido económico e industrial del país con las subidas de impuestos.
Es una lástima pero, pudiendo hacerlo bien, nuestras autoridades están optando por las estrategias intervencionistas que ofrecen recetas económicas equivocadas, con un deficiente ajuste del gasto público que no llega a las autonomías y las entidades locales y, especialmente, con sucesivos aumentos de la presión fiscal para cuadrar las cuentas públicas a nivel macro a costa de dilapidar el ahorro privado que es el responsable, en el nivel micro, del crecimiento económico.
Obviamente, si el Gobierno de España no logra implementar un rescate interno, tendrá que solicitar un rescate externo con condiciones "estrictas", básicamente centradas en la devolución de los préstamos, y no siempre beneficiosas para el crecimiento económico si se optase por asaetear con más impuestos al sufrido contribuyente, disminuyendo el consumo, la función empresarial y la eficiencia dinámica en el país.
(1)(Huerta de Soto, 2010: p. 78). Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, 4ª edición, Unión Editorial, Madrid.
(2)(Huerta de Soto, 2012: p. 57). "La esencia de la Escuela Austriaca y su Concepto de Eficiencia Dinámica", Nuevas Corrientes de Pensamiento Económico, Marzo-Abril 2012, Nº 865, Revista ICE, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid.
(3)(Huerta de Soto, 2012: p. 68).
(4)(Böhm-Bawerk, 1930 [1889]: p. 148). The Positive Theory of Capital, G.E. Stechert, New York.
Una de las pruebas más gráficas de que el Estado de las Autonomías es un marco de incentivos perversos es lo que vino a denominarse "el teorema Zapatero". Este término, patentado por Artur Mas en unas declaraciones en verano de 2009, se refiere a la promesa que Zapatero iba haciendo a todos los presidentes regionales en las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica. El famoso teorema rezaba así: "Todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la media". Mas tiró de ironía y afirmó que, de lograrlo, "Zapatero habría conseguido una innovadora contribución a las matemáticas". Esta imposibilidad estadística es un buen reflejo del pensamiento burbuja al calor del que el sistema autonómico ha nacido y se ha expandido sin control. Este modelo de Estado que tanto bienestar ha proporcionado a nuestros políticos ha terminado por abocar a la quiebra al propio Estado español, sometiendo a los ciudadanos a un más que probable rescate total.
El sistema autonómico se ha comportado como lo hacen las células cancerígenas en el cuerpo humano. Tiende a reproducirse sin control hasta llegar a bloquear el funcionamiento de la propia economía, pues opera con un sistema de incentivos perversos debido a los desequilibrios estructurales con los que fue diseñado. Llegados a este punto, es muy probable que sólo queden dos alternativas. La primera es acometer una profunda reforma autonómica, una cirugía que ataque sin miramientos tanto a las consecuencias como a las propias causas del desequilibro. La otra opción es que nos intervengan, y que desde fuera nos apliquen la operación con motosierra. Ya se sabe que cuando te reforman desde fuera no buscan que la economía crezca saludable a largo plazo, sino hacer un arreglo basto a corto plazo para cobrar las deudas. Aunque sea terrible, a veces esto es mejor que la política suicida de nuestros gobernantes. Pero lo deseable sería una reforma seria de nuestro Estado autonómico.
Dicha reforma autonómica constaría de dos bloques fundamentales. El primero es la eliminación de todos los tejidos tumorales que se han ido formando estos últimos años. Es el ajuste para devolver el Estado, al menos, a un tamaño sostenible. Hay que recortar todo gasto estatal innecesario para liberar los recursos que necesita la economía española para volver a funcionar. Las cifras de despilfarro que exponía recientemente Roberto Centeno en El Confidencial eran apabullantes: "Duplicidades entre administraciones, 34.000 millones; 4.500 empresas públicas innecesarias en un 90%, creadas para ocultar déficit y colocar a familiares y amigos –en total 450.000 enchufados-, 30.000 millones; 17 miniestados con la estructura total de un Estado, parlamentos, defensores del pueblo, servicio meteorológico, universidades a porrillo, canales de televisión para cantar sus glorias, 30.000 coches oficiales y alrededor de un millón y medio más de empleados públicos nombrados a dedo totalmente innecesarios. Más de 20.000 asesores, inútiles en un 90%, con un sueldo medio de 50.000 euros. Suman y el total de despilfarro asciende a 120.000 millones de euros anuales". Y esto sólo para ir empezando, sin entrar a reformar o eliminar otras cosas que no nos podemos permitir o que están gestionadas de forma ineficiente. El político profesional se resiste de forma natural a esta liposucción. Siempre dice que ya no se puede recortar más, que ha llegado al límite. Pero el ciudadano ante eso debe contestar lo que suele decir Daniel Lacalle: "Que me dejen los presupuestos y un lápiz rojo, y reducimos el déficit a cero en una semana".
El otro bloque de esta reforma del modelo de Estado sería atacar las causas del desequilibrio. La fundamental es la falta de corresponsabilidad fiscal. Tal y como funciona actualmente el sistema, las autonomías no son más que sumideros de gasto público. No es que los políticos autonómicos sean de nacimiento más despilfarradores de lo normal. Es que el sistema de incentivos es perverso. Al estar la responsabilidad de recaudar desconectada del placer de gastar, el incentivo para el político autonómico es el de gastar al máximo, endeudarse, y dedicarse a pedir dinero al Gobierno central, que es quien recauda el grueso del presupuesto. Esto es terrible, porque lo normal sería que si un político quiere aumentar el gasto público (es decir, su poder), al menos tiene que soportar el coste electoral de subir los impuestos. Pero este freno no existe en la actualidad, provocando una expansión descontrolada del gasto autonómico. El presidente autonómico, para el que el gasto es gratuito en términos electorales, se lanza a gastar hasta instalarse en un despilfarro permanente del que incluso hoy, con el Estado en quiebra técnica, no quiere apearse.
La solución para al menos frenar este desequilibrio es una de dos: o se centralizan tanto ingresos como gastos (es decir, se eliminan las autonomías); o se descentralizan ambos, yendo a un sistema federal. Esta reforma consistiría en que todo gasto que hagan los gobiernos regionales deba ser recaudado por ellos mismos, soportando el coste electoral de subir el gasto. La virtud de la segunda opción, además de servir como freno al despilfarro descontrolado, sería que las autonomías tendrían que competir entre sí, tratando de que los impuestos sean bajos y la gestión eficiente, para atraer unas empresas, capital y trabajadores que cada vez tienen mayor movilidad.
Esta reforma autonómica, además, debería incorporar un importante cambio de tipo político. Es necesario que las competencias de cada nivel del Estado esté claro y fijado a nivel constitucional. Hasta ahora, el sistema ha favorecido que los políticos mercadeen con las competencias. Los partidos mayoritarios se han dedicado a sostener sus legislaturas a base de comprar los votos de los nacionalistas prometiendo transferencias de competencias, generando la proliferación de duplicidades y la sangría en las cuentas públicas. Es necesario blindar en la Constitución las competencias que tendrán los municipios, las autonomías y la administración central, asegurando que no haya ni una duplicidad.
En conclusión, urge una reforma total del sistema autonómico. En primer lugar hay que eliminar de raíz todo el despilfarro que nos cuesta más de 120.000 millones al año, y racionalizar el resto del gasto público para liberar los recursos atrapados que necesita la economía española para volver a funcionar. Y en segundo lugar hay que ir a un sistema de corresponsabilidad fiscal con competencias blindadas a nivel constitucional, en el que cada administración debe financiar su propio gasto público y sufrir las consecuencias electorales de una mala gestión financiera. Esta reforma es una condición necesaria, que no suficiente, para que la economía española salga del agujero en el que se encuentra. Si no emprendemos esta cirugía nosotros, lo harán, sin contemplaciones, desde fuera cuando nos intervengan.
Estar en contra de pagar impuestos cuando el receptor de los mismos es un político sinvergüenza, un actor que nos cae mal, o un sindicalista que no ha trabajado en su vida, es algo bastante natural. Es un sentimiento que fluye espontáneamente en casi todo ser humano que no pertenezca a la casta privilegiada que nos gobierna.
El problema es cuando esos impuestos van a parar a fines que son aceptados mayoritariamente. Por ejemplo, a los deportistas que se esfuerzan durante años para competir en unos Juegos Olímpicos. O para un ingenio humano que recorre cientos de miles de kilómetros para posarse con éxito en otro planeta.
Para alguien que no haya meditado mucho sobre el asunto, la comparación entre ambos fines les parecerá una salvajada. ¿Cómo se puede comparar que un político se enriquezca con que un deportista pueda realizar su sueño después de años de esfuerzo? ¿De verdad se puede criticar que todos pongamos nuestro granito de arena para que el ser humano avance en su conocimiento, como si de subvencionar a una panda de vagos se tratase?
La realidad es que moralmente no hay diferencia entre que nuestros impuestos vayan a algo que la mayoría cree bueno o que terminen despilfarrados en cosas a las que nadie quería destinar un céntimo. Y no la hay porque en ambos casos se está quitando dinero por la fuerza a personas que no tendrían que tener ninguna obligación de financiar esas actividades.
Es curioso que cuando expones esto, mucha gente te llama egoísta, avaro o codicioso. Si esa misma gente dedicara unos minutos de su tiempo a reflexionar sobre el asunto se darían cuenta de que obligar a otros a financiar un fin que persigues sí tiene bastante de egoísta.
Sobre todo cuando ese fin es apoyado por la mayoría. La cual no debería tener ningún problema en financiar cualquier fin sin tener que recurrir a quitarle el dinero a nadie.
Es algo lógico. Si que docenas de deportistas triunfen en los JJOO es algo tan importante para millones de españoles, tal número de personas no debería tener ningún problema en financiar el entrenamiento de deportistas por medio de contribuciones voluntarias.
¿Por qué, entonces, hay tanta gente a favor de que se financien vía impuestos? Por lo mismo de siempre: la gente quiere demasiadas cosas y cree que los impuestos son la vía mágica de alcanzarlas. No tengo duda de que mucha gente contribuye voluntariamente, y contribuirá aún más con impuestos más bajos, a que muchos atletas puedan competir al máximo nivel, o que la ciencia avance, o a otros muchos buenos fines que la humanidad se ha fijado. El problema es que esta vida, con unos recursos limitados para todos, exige tener unas prioridades. Y cada uno, con sus actos, elige cuáles son las suyas.
Y aquí es donde entra la tolerancia. Esa capacidad humana tan de moda pero que en realidad es casi desconocida para el común de los mortales. Porque sí, puede molestar que mucha gente decida no dar dinero para la investigación científica, mientras se gastan ese dinero en cosas más banales. Pero mucho más importante que llegar a Marte o ganar medallas de oro es que la humanidad empiece a respetar a sus semejantes, aunque les moleste las decisiones que toman sobre gastar su dinero.
Y lo es porque los mismos argumentos que sirven para legitimar mandar una nave a Marte con el dinero de todos son los que se usan para imponernos una sanidad universal en quiebra. O la misma autoridad que crea subvencionar a deportistas de élite hace que tengamos que pagar unas pensiones que nunca vamos a cobrar.
Porque, como pasa siempre en la historia de la humanidad, cuando la mayoría cree que el fin justifica los medios, los que ponen los medios terminan esclavizando a quienes les dieron el poder. Y llegados a ese punto, las mayorías se quedan sin sus preciados fines, y terminan compartiendo destino con las minorías a las que dejaron sin libertad.
En un comentario anterior, vimos cómo la competitividad internacional de España y Europa en las próximas décadas requiere un cambio cultural que, si arraigase entre las autoridades y los ciudadanos, implicaría la limitación de la estructura del gasto público y la implementación de reformas estructurales orientadas hacia el impulso del ahorro previo, la inversión y la empresarialidad del sector privado, porque son los impulsores principales del crecimiento económico.
Ese cambio cultural hacia la competitividad requiere que se olviden los errores teóricos en el ámbito económico y se confíe en la importancia del ahorro y de la función empresarial.
1. La fatal arrogancia de los economistas keynesianos
Keynes y sus seguidores se olvidan del largo plazo y se ocupan exclusivamente del empleo de los recursos económicos en el corto plazo, no planteándose el problema de las distorsiones que los estímulos políticos de la demanda provocan en la estructura productiva del capital y, especialmente, recomendando a los políticos una visión pesimista tanto del ahorro privado como de la empresarialidad, lo que supone un error teórico grave puesto que son los motores de las economías de mercado.
Esta percepción errónea de la realidad económica se produce porque las recetas de la sobrevalorada obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero(1936) de John Maynard Keynes carecen de una base teórica microeconómica al no tener en cuenta los desarrollos previos de Carl Menger y de Eugen Böhm-Bawerk.
Por un lado, Menger (1840-1921) analizó el principio de la utilidad marginal de los bienes en su obra Principios de Economía Política (1871) y, especialmente, profundizó en los aspectos subjetivos de la valoración de esos bienes en función de su escasez relativa y en las relaciones causales que explican la utilidad subjetiva y las fuerzas que impulsan las leyes de oferta y demanda de los bienes en los órdenes de preferencia temporal que configuran la estructura productiva del capital.
Por otro lado, Böhm-Bawerk (1851-1914) profundizó en las ideas microeconómicas previas de Menger y en su obra Teoría Positiva del Capital (1889) introdujo el gráfico de los círculos concéntricos que facilita que los economistas incorporen la variable tiempo y visualicen con facilidad la estructura del capital en economía.
2. La importancia de la estructura del capital en economía
Con el gráfico de Böhm-Bawerk se puede comprender mejor el concepto de la estructura productiva de los bienes que es temporal y capital-intensiva. Así, desde fuera y hacia adentro, se pueden observar los bienes que satisfacen necesidades personales (posición 1 o bienes de consumo), pasando por los bienes de capital intermedios (posiciones 2-3) y hasta llegar temporalmente a los bienes de órdenes superiores (posiciones 4-5 y posteriores), que son más capital-intensivos, necesitan más tiempo para producirse y requieren de ahorro e I+D+i previos para que se produzca la inversión del empresario, y que hacen posible un consumo cada vez más complejo y sofisticado propio de las sociedades más ricas.
A medida que los países se van desarrollando, los círculos interiores se ensanchan y los círculos exteriores se contraen porque se produce un aumento de la producción de bienes que incorporan más capital y más innovación. Por ello, son imprescindibles para lograr un crecimiento económico sano en las economías desarrolladas: tanto la acumulación del capital previo como la investigación, el desarrollo y la innovación para el adecuado impulso por los empresarios de la inversión (basada en ahorro previo) en productos y servicios de alto valor añadido.
3. Dos errores graves en contra de la estructura productiva del capital
De ahí el grave error que comenten los economistas keynesianos con sus políticas macroeconómicas de impulso de la demanda agregada en el corto plazo porque no tienen en cuenta la importancia de la microeconomía y, especialmente, se equivocan al pasar por alto la necesidad de que se produzca el ahorro privado previo que se requiere para que se produzca una inversión económicamente eficiente en la producción de los bienes capital-intensivos.
Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, desde el punto de vista del análisis microeconómico de la estructura productiva de un país desarrollado, se pueden extraer dos conclusiones importantes.
3.1. Primer error grave. La disminución de la inversión en I+D+i.
Por un lado, si un Gobierno reduce (o desincentiva o elimina) la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), está cometiendo un error grave (e hipotecando el crecimiento futuro del país) porque se elimina la posibilidad de que los empresarios impulsen inversiones capital-intensivas (con know-how nacional) para la producción de los bienes de órdenes superiores, que son los que permiten aumentar el consumo y las exportaciones y, por tanto, impulsan el crecimiento económico en los países más desarrollados.
Según este razonamiento sobre la estructura productiva del capital, un ajuste fiscal del gasto público debería recortar en todas las políticas de gasto y, sin embargo, sólo en último término y cuando fuese estrictamente imprescindible, entrar a recortar en las políticas de I+D+i [1].
Evidentemente, lo anterior no quita que se establezcan prioridades, se racionalicen y optimicen programas y se logren rendimientos crecientes en el gasto de I+D+i, lo que se gestiona de un modo más eficiente desde el sector privado.
3.2. Segundo error grave. Las subidas de impuestos.
Por otro lado, si un Gobierno elimina (o bien penaliza) el ahorro con impuestos (o con legislación) sobre las personas físicas y jurídicas, está cometiendo un error grave porque se disminuye la acumulación previa de capital, que es lo que permite que se realicen las inversiones en la etapas más alejadas en la estructura de producción del capital y, por tanto, se imposibilita la realización de la función empresarial en los productos y servicios de alto valor añadido (más capital-intensivos), sin los cuales el crecimiento económico es imposible en las economías desarrolladas.
Por tanto, según este razonamiento sobre la estructura productiva del capital, un ajuste fiscal del gasto público debería realizarse solamente con recortes de las partidas presupuestarias de todas las administraciones públicas (centrales, regionales, provinciales y locales) y, en último término y después de haber agotado todas las posibilidades ejecutivas y legislativas, recurrir a los impuestos.
Como estamos viendo, los aumentos de impuestos distorsionan gravemente la estructura productiva del mercado que se basa en la previa acumulación de capital (ahorro) y en la inversión privada para permitir la realización de la función empresarial y, por tanto, impulsar el crecimiento económico.
En todo caso, subir los impuestos en la etapa recesiva de un ciclo económico resulta económicamente poco inteligente (y hasta suicida) porque, el efecto que se produce es justo el contrario al buscado, se disminuye la recaudación tributaria [2][3][4][5] y se imposibilita el sostenimiento de las cuentas públicas lo que lleva a la quiebra del Estado, salvo un rescate internacional vía BCE y FMI. Por ello, una política financiación del gasto pública tan equivocada se suele denominar espiral de la muerte o, en inglés death spiral y, desgraciadamente, pudiese ser el camino de servidumbre en el que se estaría introduciendo la economía de España.
El gobierno de Mariano Rajoy ha despertado tras seis meses de letargo con una ristra de medidas para podar el Estado y… recaudar más. Tarde y mal, como buen burócrata, ha preferido aumentar la presión fiscal y mantener en la medida de lo posible un Estado del Bienestar que no podemos financiar.
Es verdad que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades pues durante los últimos tiempos los gobiernos nos han endeudado para poder ofrecer lo que la ciudadanía les exigía elección tras elección. Se trata de la trampa democrática que en ningún caso sale gratis y, en nuestro caso particular, se ha mantenido gracias al dinero prestado del exterior. Ahora quieren que se lo devolvamos y alguno lo llama la dictadura de los mercados (sic) pero no deja de ser algo lógico, quieren asegurarse de que se les devuelve lo que nos dejaron.
Entre tanto, los recortes y ajustes han empezado a afectar a todos los sectores de la población y cada vez son más los que salen a la calle a protestar por el atraco que perpetran los políticos en sus bolsillos. Unas quejas que llegan precedidas por años de silencio en los que el cuerno de la abundancia les confería lo que creían que eran derechos irrenunciables. Lamentablemente el cuerno de la abundancia del Estado del Bienestar no tiene nada que ver con Zeus y la cabra Amaltea pero mucho con la expansión crediticia.
Bienvenidas sean si estas protestas se traducen en una sociedad que vigila y controla con celo a sus políticos oponiéndose frontalmente a los impuestos confiscatorios, en sus palabras y en las urnas. Porque el comportamiento hasta la fecha no ha sido el de una sociedad de propietarios responsables sino el de una sociedad de irresponsables dependientes de la teta estatal.
De hecho, parece más bien que la gente no quiere darse cuenta que la burbuja estatal se está desinflando y que el mundo en el que creían vivir ya no existe. La pirámide se desmorona y nadie quiere perder sus privilegios, ni los que ocupan posiciones intermedias ni los de arriba. Quienes coronan el sistema aprietan las tuercas a los que tienen abajo y estos a su vez acusan a los de arriba. Los de más abajo, los trabajadores ahorradores, no saben hacia donde mirar porque les están sacando el dinero de sus bolsillos desde diferentes posiciones. En realidad todos están dispuestos a recortar los privilegios ajenos a cambio de blindar los propios.
El Estado conlleva burocracia que lo mantiene y gestiona; no se puede mantener el Estado sin políticos ni se puede prescindir de los políticos si se pretende seguir viviendo del Estado. Son los intérpretes necesarios para mantener el sistema. La vía socialdemócrata para salir de la crisis consiste exactamente en lo que se está haciendo, redimensionar el Estado para hacerlo viable sin cuestionarlo. Entre tanto, y mientras dure, todo seguirá igual bajo el poco ejemplar principio "que no me toque a mí".
Supimos que sufriríamos una fuerte subida del IVA desde el preciso momento en que Cristóbal Montoro lo negó rotundamente. Pues bien, ya la tenemos aquí: el tipo general pasará del 18 al 21%; el tipo reducido pasará del 8 al 10%; y el tipo superreducido se quedará en el 4%. Todo esto entrará en vigor a partir de 1 de septiembre.
El pretexto, el de siempre: reducir el déficit. Pero la subida del IVA no sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá aun más la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos y/o empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él en nuevos programas de gasto público prescindibles y subvenciones a sectores, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.
¿Y quién acabará soportando y pagando este IVA? Pues dependerá de si las empresas pueden repercutirlo en los precios o no, que dependerá del sector en el que se encuentren. Hay sectores en los que las empresas podrán trasladar la subida del IVA a los precios finales, porque en su sector hay menos competencia, porque su producto está muy diferenciado del resto y es ‘único’, porque todo el sector traslada a precios el impuesto, o porque vende sus productos únicamente a otras empresas (con lo que el IVA es ‘neutro’).
Pero no siempre es así, sobre todo en empresas muy cercanas al consumo final. En muchos de estos sectores los empresarios no podrán repercutir el 100% de la subida al consumidor debido a que la gente no consumirá lo mismo (ya sea porque se decantará por productos ‘sustitutivos’ o porque la competencia decidirá no trasladará el impuesto a los precios), con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.
Pague quién pague finalmente este impuesto, la sociedad se empobrecerá en su conjunto y la salida de la crisis será cada vez más difícil, costosa y dolorosa.
A continuación, reproducimos el artículo de Ángel Martín Oro aparecido en Wall Street Journal el 18 de junio. La traducción fue publicada en elCato en español, a quienes agradecemos nos permitan reproducirlo aquí.
A medida que la crisis económica en España se profundiza y el rendimiento de los bonos alcanza niveles récord, algunos afirman que la austeridad ha fracasado y que ahora es momento de recurrir a políticas de crecimiento basadas en un estímulo fiscal. Dos años de profundos recortes en el gasto solo han llevado a España a una nueva y severa recesión, con una caída estimada del PIB de 1,8% en 2012, según la edición de abril de la publicación Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. Los keynesianos señalan a la espiral contractiva que constituye el recorte del gasto, que conduce a una menor demanda y, a su vez, a una caída del PIB y del empleo.
El presidente del gobierno Mariano Rajoy acudió recientemente a Europa por ayuda, tras asegurar al parlamento que su gobierno había hecho todo lo posible para recuperar la confianza de los inversores.
El problema es que tanto las objeciones keynesianas como los intentos de Rajoy de pintar el rescate como una victoria, pasan por alto un hecho vital. La austeridad no ha fracasado porque esta no se ha intentado realmente, a menos que "austeridad" signifique realizar modestos recortes de gasto mientras se aumentan significativamente los impuestos, como ha hecho España. El término "austeridad" es ambiguo, pero no parece apropiado llamar a un gobierno "austero" cuando trata de solucionar el déficit mediante la extracción de más recursos del contribuyente.
Aclaremos que el déficit actual de las finanzas públicas se debe principalmente a un gasto excesivo. ¿Cómo es posible eso, teniendo en cuenta que las administraciones públicas españolas mantuvieron un superávit presupuestario del 2% en 2006 y 2007? La respuesta está en el crecimiento extraordinariamente alto e insostenible de los ingresos en ese momento, gracias a la burbuja inmobiliaria inducida por el crédito.
Durante el boom, el gobierno asumió nuevos y grandes compromisos de gasto a largo plazo en áreas como prestaciones sociales, infraestructura pública y salarios del sector público. Pero esto fue financiado principalmente por ingresos temporales y a corto plazo. No debería sorprender que el déficit se disparara cuando la burbuja se derrumbó.
Mientras que el gasto público ha caído de su nivel máximo de 2009, consideremos un horizonte temporal mayor con los siguientes datos —que provienen de un reciente estudio comparativo de las políticas fiscales durante la Gran Recesión, publicado por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana de España:
En 2011, el gasto total del sector público en España fue un 13% más alto que en 2007 y casi el doble de lo que era en el año 2000.
Entre 2007 y 2009, el saldo presupuestario se deterioró en 13,1 puntos porcentuales del PIB (comparado con 10,3 puntos porcentuales en EE.UU. y 4,3 en Alemania), como resultado tanto de un aumento en el gasto y una caída en los ingresos. Desde entonces, la llamada consolidación fiscal solo ha mejorado el balance público en 2,3 puntos porcentuales (frente a 3,5 puntos porcentuales en EE.UU.).
De 2007 a 2011, el gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado en 4,4 puntos porcentuales en España, más del doble del equivalente en Alemania (2,1 puntos porcentuales).
La relación deuda pública a PIB en España ha aumentado en un 90% desde 2007, en comparación a 50% en EE.UU. y solo 25% en Alemania.
En los debates actuales sobre la política fiscal en España —falazmente enmarcados como un conflicto entre la austeridad y el crecimiento— a menudo se olvida que durante 2008 y 2009 el entonces gobierno socialista implementó uno de los mayores paquetes de estímulo de todos los países desarrollados, comparable solo a los niveles de estímulo estadounidenses.
En el mejor de los casos, estas políticas fueron ineficaces. Ni EE.UU. ni España lograron evitar las fuertes pérdidas de empleo en el sector privado, y en su lugar aumentó el número de empleos del sector público. En cambio, con políticas fiscales mucho menos expansivas, el mercado laboral de Alemania apenas ha sufrido. Si bien es cierto que Alemania no experimentó una burbuja similar a las que inflaron los mercados inmobiliarios en EE.UU. y España durante la década pasada, también es cierto que en 2009 Alemania experimentó una caída del PIB mayor que la de España o EE.UU., causada por el colapso de sus exportaciones.
Pero la peor consecuencia de los paquetes de estímulo fiscal es el aumento subsiguiente de la carga de la deuda nacional y otros costes relacionados. En primer lugar, incentivan el creciente deterioro de las finanzas públicas al desplazar el crédito bancario del sector privado y ponen frenos al proceso de desapalancamiento saludable de la economía en su conjunto, lo que reduciría la necesidad de financiación externa.
En segundo lugar, el gasto de estímulo, tanto en España como en EE.UU., ha sostenido artificialmente sectores hipertrofiados de la economía, tales como la industria inmobiliaria y la automotriz, que fueron sobrealimentadas por políticas de crédito fácil durante la etapa del boom. De este modo, ha detenido el ajuste necesario de la estructura de producción de la economía, mediante el cual las industrias infladas deben reducirse y liberar recursos para su uso en sectores más rentables y eficientes.
Tratar de resolver una crisis causada por un exceso de (mala) deuda con más deuda ha sido contraproducente. El problema fundamental de la fase recesiva del ciclo no es la necesidad de estabilizar la demanda agregada. Las circunstancias actuales requieren, en cambio, que reajustemos la oferta inadecuada para satisfacer la demanda real, y para mejorar las deterioradas posiciones financieras de los agentes económicos reduciendo la deuda y aumentando el ahorro o el capital.
Sin embargo, la austeridad fiscal tampoco es una panacea. Debe acompañarse con un conjunto de políticas pro crecimiento para crear un ambiente institucional favorable para la recuperación del sector privado —mediante, por ejemplo, reformas más profundas del mercado laboral y la eliminación de las barreras al emprendimiento. Por otra parte, se debe alcanzar una solución razonable para el sistema bancario, como la que propuso anteriormente en estas páginas Juan Ramón Rallo.
Podría darse el caso de que aún con la aplicación de recortes de gasto grandes y bien orientados, acompañados con reformas favorables al libre mercado, los inversores siguieran sin la suficiente confianza como para invertir, manteniendo a la economía española en recesión. Pero el señor Rajoy al menos tendría mayor derecho a decir que hizo todo lo posible por solucionar la situación. Y la alternativa promete ser mucho peor.
Si algo se le concede a Rajoy es que, desde que llegó a La Moncloa, no se ha quedado de brazos cruzados. Su Consejo de Ministros presenta cada semana una nueva batería de medidas para atajar la profunda crisis en la que se encuentra España. Sin embargo, en economía más vale no hacer nada que aplicar las medidas equivocadas. En ese sentido, muchos liberales depositaron su confianza en Rajoy pensando en que mejoraría las cosas por simple omisión. Esa era la fama que se había labrado, sobre todo durante sus ocho años como líder de la oposición. Pero el pasivo opositor ha resultado ser un presidente hiperactivo. La cuestión a analizar, pues, no es si está tomando o no medidas. Es si van bien encaminadas.
El estallido de la burbuja que durante años vivió la economía española dejó al descubierto dos profundos problemas estructurales que se fraguaron durante aquella falsa bonanza. La primera es que los gastos estructurales del Estado habían crecido al calor de unos ingresos artificiales que no volverán. La segunda es que la estructura productiva estaba totalmente distorsionada por efecto de la burbuja, adaptada a la construcción y financiación de una bestialidad de viviendas que no necesitábamos, y de unas infraestructuras que no podíamos permitirnos. La salida de la crisis vendrá, por tanto, cuando el Estado vuelva a un tamaño sostenible, y cuando esa estructura productiva obsoleta se vaya liquidando y se reconvierta para satisfacer las demandas reales de la economía.
El actual Gobierno desde el principio anunció que su prioridad era la lucha contra el déficit. Pero en tiempo récord ha demostrado que no pretende reajustar el Estado a un tamaño sostenible. Prefiere sangrar al ciudadano, freírle a impuestos, para así tratar de no reducir la estructura del Estado en lo sustancial. De hecho, el método Rajoy es de lo más torpe: aprueba recortes dolorosos para los ciudadanos, pero por la puerta de atrás incrementa y mantiene gastos de corte político. Hasta la fecha los resultados son terribles. Pese a que trató de hacernos creer que embridaría el déficit público, en menos de medio año casi ha excedido el objetivo renegociado con Bruselas para todo el año. Y ya están tratando de apañar de nuevo un objetivo de déficit mayor. Es decir, que aunque la meta original para el año era del 4,4%, al final terminará acercándose al 7%. Quién sabe si más.
Ni los gobernantes españoles ni los burócratas de Bruselas parecen darse cuenta de que a los mercados financieros les da exactamente igual lo que los políticos pacten entre ellos. Lo que les preocupa es la propia sostenibilidad de las cuentas públicas. Por mucho que el Estado cumpla un objetivo de déficit previamente acordado, si se calcula que la economía española no puede permitirse tamaña cantidad de gastos públicos, esos mercados buscarán otro lugar mejor en el que invertir. Al fin y al cabo, los famosos mercados no son otra cosa que un conjunto de ahorradores que buscan el mejor destino posible en el que invertir con éxito su escaso capital.
La segunda pata para la salida de la crisis es la capacidad de la economía española para reajustar su estructura productiva y volver a generar riqueza. En primer lugar, los agentes económicos necesitan impuestos bajos para que les sea menos costoso desendeudarse y liquidar el capital mal invertido. Y en segundo lugar, se necesita un marco económico en el que los ahorradores se atrevan a invertir en España y que los empresarios, nacionales o extranjeros, decidan crear o expandir sus empresas en nuestro país.
Rajoy en este asunto ha sido sistemático: prácticamente todas sus medidas han perjudicado directamente a inversores y empresarios. En España se parte de la base de que tanto inversores como empresarios son los malos de la película. Es a quien hay que perseguir y castigar, no a quienes hay que convencer. A los inversores les han subido el impuesto del capital y les han ampliado los costes regulatorios. A los empresarios se les mantiene unos impuestos de sociedades y cotizaciones sociales prohibitivas. Y ahora se les vuelve a subir el IVA, que impacta en las ventas de las empresas de consumo y se repercute sobre todas las demás. El resultado es que hoy España es uno de los países con más impuestos y trabas regulatorias del mundo, y tiene a los agentes económicos totalmente asfixiados. Si sumamos a esto el costoso entramado burocrático y, sobre todo, la brutal incertidumbre de hacia dónde nos lleva este Gobierno, el resultado es que los inversores ni se plantean meter su capital en España. Y los potenciales emprendedores, de igual modo, buscan fortuna en otro país que les acoja mejor. O, simplemente, deciden no arriesgarse a emprender y se cruzan de brazos.
El gran pagano de esta situación es el ciudadano de a pie. Aquéllos que dependen del mercado de trabajo y no puede irse a otro país con tanta facilidad. El empleo en España vive la tormenta perfecta. La imposibilidad de que los emprendedores y los inversores sobrevivan en España provoca el desplome de la demanda de empleo. El paro permanece desbocado y se deprimen los salarios. Al final, la meritoria reforma del mercado laboral aprobada por Rajoy no tiene efecto si nadie invierte ni abre empresas. Y en esas estamos.
Rajoy, por tanto, va por el camino equivocado. Está desconcertado por los malos resultados de su política económica, convencido de que la solución es que el BCE se ponga a imprimir más dinero. El verdadero camino de salida de la crisis puede ser políticamente costoso, pero es de lo más lógico. Hay que reducir de verdad el tamaño del Estado y el poder de los políticos, y devolver el dinero a los agentes económicos. Y hay que hacer de España un lugar en el que los ahorradores quieran invertir y los empresarios quieran abrir empresas. Hasta que no se haga, España será un país sumido en la depresión económica y social, en el que el Estado se dedica a gestionar la pobreza, y los ciudadanos a padecerla.
Los políticos son seres que, estudiados desde la objetividad, resultan asombrosos. Son capaces de decir una cosa y la contraria sin parpadear. De negar la evidencia aunque la tengan delante. De criticar un defecto en su contrincante que todo el mundo puede ver en él. De dirigir los prejuicios de la masa en su beneficio, sin importar las consecuencias.
Y pese a que todas estas características se consideran negativas por la mayor parte de la sociedad, el poder político no deja de crecer y crecer cada día que pasa.
Pero de vez en cuando, ya sea por las circunstancias o por un fallo en el sistema, se cuela en lo más alto de la jerarquía estatal un ser que no debería estar allí.
Hablo, como no puede ser de otra manera, del señor ministro de Hacienda; Don Cristóbal Ricardo Montoro Romero. También conocido como Montoro a secas.
Alguien me podrá decir que no ve la diferencia entre un político corriente y el señor Montoro. Y puede ser así para ojos inexpertos, pero a poca experiencia que se tenga en el estudio del político común, uno se da cuenta de que estamos ante un espécimen que no debería haber llegado tan alto en la cadena alimentaria estatal.
Montoro es un simple técnico de Hacienda elevado por las circunstancias. Se licenció, se doctoró, dio clase de lo único que sabe y entró a servir a los políticos como un lacayo más en la época en la que Rato era la niña bonita de la derecha española.
Seguramente por esa obsesión absurda que tienen los conservadores sobre la superioridad de la gente estudiosa, le cayó un ministerio que hasta entonces no existía y se pasó cuatro años donde, sin la presencia de quienes le hicieron el trabajo en su etapa anterior, pasó sin pena y sin gloria.
Hasta aquí la historia no tiene nada de rara. Muchos políticos empezaron sus carreras siendo herramientas de otros políticos hasta que aprendieron el oficio y consiguieron suficiente poder como para empezar una carrera por su cuenta.
El problema de Montoro es que nunca ha aprendido el oficio. No es un político, sino un tecnócrata incapaz de disimular que le encanta la idea de subirnos los impuestos. Y no porque eso le lleve a mantenerse en el poder, no. Le gusta subirnos los impuestos por el mero hecho de subirlos.
Si alguien duda de esto, por favor, que mire su cara o se fije en su tono de voz cuando habla del tema. No estamos, como en el caso de Soraya o De Guindos, ante la típica cara de circunstancias con el fin de no cabrear al electorado mientras se aseguran el pesebre. Es claramente la cara de alguien que disfruta con su trabajo y es incapaz de disimularlo.
Es un fallo garrafal poner a este hombre en la posición en la que le ha puesto Rajoy. Podemos pensar que las actuaciones políticas no son creíbles y que da igual la cara que pongan, o las palabras que usen cuando toman ciertas medidas, porque éstas hablan por sí solas. Pero lo cierto es que lo políticos, como cualquier otra profesión, llevan perfeccionando su oficio durante siglos, y salirse del guion y mostrar, aunque solo sea un atisbo de sinceridad, mientras actúan en contra de la mayoría, es algo que no les sale gratis.
Que nadie piense que lo critico. Lo que perjudica a un político beneficia a la libertad. Imagine lo que siente un votante del PP al ver cómo el partido al que ha votado no sólo hace lo contrario de lo que defendía, sino que el ministro del ramo se chotea en su cara al hacerlo.
Así que siga así, señor Montoro. Sonría, haga gracias y disfrute. Va a poder degustar durante unos meses, o puede que años, su sueño de someter el dinero, y por ende la libertad, de los españoles a las cuentas que hace en su cuaderno.
Cada sonrisa y cada gracieta harán más por la libertad que cualquier bajada de impuestos, que, por supuesto, jamás acometería este gobierno.
Gestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
