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Etiqueta: Fiscalidad

El nuevo impuesto de ZP

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, el Congreso ha aprobado recientemente una medida de similares características: una elevación de la presión fiscal, sólo que encubierta.

Se trata de la reforma de la Ley de Tráfico. En esencia, lo que persigue el Gobierno con este proyecto es convertir a la Guardia Civil en un organismo más de Hacienda. Un nuevo brazo ejecutor del Fisco, sólo que especializado en la persecución de automovilistas, con el fin de incrementar los recursos no financieros del Estado por la vía punitiva.

Y es que el objetivo de la reforma vial, pese a que se nos intenta colar por "nuestro bien", está meridianamente claro: permisividad 0 si se excede en un solo kilómetro por hora el límite de velocidad establecido por la autoridad competente mediante el uso de radares de tramo; sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros, según la gravedad de la infracción; además, tales cuantías podrán incrementarse en un 30%, si así lo considera el agente.

Por otro lado, el Gobierno ha insistido en que el conductor podrá beneficiarse de un descuento del 50% si paga la multa en un plazo de 15 días desde el momento de la notificación. Olvida destacar, sin embargo, que el infractor tan sólo recibirá un aviso frente a las tres notificaciones que se realizaban anteriormente. Cabe recordar que, si por casualidad, ésta no se recibe, el proceso continúa y el impago de la multa en plazo disparará el coste final de la sanción.

La norma tiene un afán 100% recaudatorio. En este sentido, el Estado, por desgracia, se ha decantando por imitar las medidas recaudatorias puestas en macha por las autoridades locales. Así, los ingresos por multas de tráfico se han disparado más de un 50% interanual en muchos ayuntamientos.

Lo más grave de la nueva ley, sin embargo, es la indefensión que conlleva. El Comisario Europeo del Automóvil (CEA) se apresuró a tildar de "ilegal" la reforma tras su aprobación en el Congreso. Y no le falta razón a este club de automovilistas. El conductor deberá decidir pagar o no, con descuento, sin conocer si existen pruebas fehacientes e irrefutables en su contra; no tendrá derecho a dos intentos de notificación en su domicilio; no tendrá derecho a ver el informe del agente denunciante si niega o contradice los hechos denunciados; y, entre otras lindezas jurídicas, no tendrá derecho a formular recurso de alzada, con lo que la Administración denunciante será juez y parte en el procedimiento.

Así pues, no es estrictamente necesario que el Gobierno anuncie una subida de tipos en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para sablear al contribuyente. Existen muchas vías y fórmulas para ocultar el aumento de la presión fiscal, desde la subida de la luz a la eliminación de deducciones, más y mejores inspecciones tributarias, la no deflactación del IRPF, la eliminación de paraísos fiscales…

Por el momento, el bolsillo de los fumadores y los conductores serán los primeros en experimentar la política social y solidaria de Zapatero. No se preocupen. Pasito a pasito, nuevos colectivos se irán sumando al nuevo régimen fiscal del Gobierno socialista. Muy pocos quedarán exentos al término de este proceso. ¡Ah, sí, los propios políticos!

Zapatero necesita unas tijeras

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, en una insistente demostración de irresponsabilidad política, Zapatero sigue haciendo oídos sordos a las advertencias lanzadas desde el Banco de España y el Banco Central Europeo. ¿Resultado? El déficit del Estado (diferencia entre ingresos y gastos) se ha triplicado en mayo con respecto a abril, hasta provocar un agujero próximo a los 20.000 millones de euros en las arcas públicas, equivalente al 1,78% del PIB.

Los recursos no financieros (ingresos) ascendieron a 45.358 millones de euros durante los cinco primeros meses del año, mientras que los empleos no financieros (gastos) del Estado se situaron en 64.901 millones. Pero lo relevante no son tanto las cifras sino su evolución. Así, los ingresos, vía recaudación fiscal, se hundieron un 24,9% hasta el pasado mayo con respecto al mismo período de 2008. Por el contrario, el gasto público crece a un ritmo del 13% interanual, según los propios datos de Economía.

Y el problema es que la brecha no tiene visos de reducción a medio plazo. Como consecuencia, el Gobierno está tirando de deuda pública para compensar la drástica caída de los ingresos tributarios y, así, poder mantener sus compromisos como, por ejemplo, el pago de las prestaciones por desempleo. Es decir, las arcas públicas se enfrentan ya a un acuciante problema de liquidez. No obstante, en los últimos 12 meses el Tesoro ha colocado cerca de 100.000 millones de euros en el mercado de bonos y se esperan otros tantos, como mínimo, para el próximo año.

Ante tal presión, Salgado & Company se han puesto manos a la obra con el fin de aumentar la recaudación. Si la primera subida ha afectado a los tributos indirectos, todo apunta a que los siguientes en experimentar modificaciones al alza serán, sin duda, los directos y los que gravan el capital, esto es, el ahorro.

Se trata no sólo de una política insostenible, sino de una estrategia destinada al suicidio colectivo. Imagínese por un momento la gestión de Zapatero aplicada al ámbito de la economía doméstica. En una familia de cuatro miembros, tres de ellos (padre, madre e hijo mayor) trabajan, aportando recursos periódicos al sostenimiento del hogar, como las cuotas de la hipoteca, el préstamo del coche y el pago de las facturas. La crisis deja en el paro a uno de ellos, restando en un 25% ó 30% el volumen total de ingresos que percibía dicha familia.

Pese a ello, no sólo se obstinan en mantener el nivel de gastos anterior sino que, alegremente, deciden viajar todos juntos al Caribe para celebrar la buena nueva y, por si fuera poco, renuevan su antiguo coche aprovechando las ayudas públicas que ofrece el ministro Sebastián. No obstante, malo será que en unos meses, como mucho, la economía no mejore y vuelvan a surgir oportunidades de trabajo, tal y como afirma el presidente Zapatero en el telediario de TVE.

Pero mientras espera, su nivel de gastos ya ha crecido un 15% anual, y como la familia en cuestión no dispone de ahorros, acuden al banco para solicitar un crédito con el que sufragar tales "necesidades básicas". ¿Cuál sería la respuesta del banquero? En este caso es amigo por lo que, sin atender a la lógica, accede. A cambio, eso sí, de un buen aval para cubrir el préstamo. Ahora bien. ¿Y si el padre que se ha quedado en paro no encuentra trabajo ni en un año ni en dos? Es más, ¿y si durante ese período el hijo mayor también se queda sin empleo? ¿Y si, aún así, la familia mantiene e, incluso, incrementa su nivel de gastos? En este caso, es seguro que el banquero perderá un amigo pero, cumpliendo su obligación, ejecutará el aval y la familia entrará en quiebra.

En lugar de recortar gastos, Zapatero está siguiendo justo la receta contraria. Al fin y al cabo, su banca de confianza (el Tesoro) avalará todos los dispendios habidos y por haber mediante la emisión de deuda pública, ya que el Gobierno cuenta con un aval muy potente (la recaudación de impuestos futuros). Pero, ¿y si la crisis se prolonga más allá de las previsiones optimistas del Gobierno? ¿Y si el paro en España alcanza los seis millones de parados? Los ingresos fiscales serán entonces todavía menores. ¿Y si en este contexto las necesidades de gasto se disparan otros 100.000 ó 200.000 millones, tan sólo como resultado del rescate bancario? Tarde o temprano los acreedores dirán basta. El coste del crédito explotará e, incluso, podría llegar a cerrarse.

Lo que necesita Zapatero no es, pues, una chequera sino unas tijeras de tamaño jardín para aplicar un recorte drástico en los Presupuestos Generales del Estado, al igual que todos los presidentes autonómicos y autoridades locales de este país. Y después, bajar impuestos para fomentar el ahorro y aliviar la carga fiscal de familias y empresas. Por desgracia, esto no va a ocurrir… La poda la realizará otro. Y ésta será por imposición, sin recomendaciones o sugerencias de ningún tipo.

España, en la carrera de la rata

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Y dice mucho por dos motivos. Primero por cuanto ya debería ser algo sobradamente conocido entre todos los españoles: al Gobierno –a ningún Gobierno, pero con especial intensidad a éste– no le importa lo más mínimo el bienestar de los ciudadanos, su único objetivo es mantenerse en el poder.

Sólo así se explica que los impuestos se incrementen después de los comicios europeos. Si era necesario aumentarlos para encarrilar la situación económica, ¿por qué no se adoptó esa decisión antes? ¿Por qué se retrasó hasta después de que los ciudadanos que aun tienen estómago para ir a votar depositaran su sufragio en las urnas? ¿Es que nos están diciendo que sus intereses electorales valen más que la adopción de medidas que redunden en beneficio de los españoles?

Aunque claro, y este es el segundo motivo, que subir los impuesto sea algo que favorezca a lo españoles resulta bastante discutible. Nuestro país tiene un déficit público del 8% (es decir, gastamos nada menos que 80.000 millones de euros más de lo que ingresamos), de modo que algo hay que hacer, porque por mucho que se empeñen Zapatero y Salgado, el margen del Gobierno para seguir endeudándose se va acabando (ahí tenemos a las agencias internacionales de rating amenazando de nuevo con rebajar la calificación de la deuda pública española).

Ante un desequilibrio en nuestras cuentas, tenemos dos alternativas: o ingresar más o gastar menos. Cualquier persona sabe que si cada mes derrocha más de lo que cobra, tendrá que ir pensando en apretarse el cinturón o en hacer horas extras en el trabajo. A esta segunda estrategia, el inversor inmobiliario y experto en finanzas personales Robert Kiyosaki la llama "la carrera de la rata". Básicamente, una persona, familia o sociedad está en la carrera de la rata cuando vive por encima de sus posibilidades: no sólo se funde todas sus rentas, sino que primero se endeuda para seguir consumiendo y, después, cuando el crédito ya le comienza a escasear, se busca un segundo o tercer empleo para poder mantener su desbocado ritmo de vida.

El resultado de la carrera de la rata es también bastante conocido: la persona cada vez tiene menos tiempo libre, vive más agobiado para poder atender sus facturas, va acumulando más deuda y, al final, termina restringiendo de todas formas su gasto (cosa que debió y no quiso hacer al principio) pero con una diferencia sustanciosa: tiene una montaña de deuda pendiente de pago.

El Gobierno ha optado por meternos de lleno en la carrera de la rata. Con un 8% de déficit, sólo se le ocurre intentar reducir el gasto público en un 4,5% (en realidad se está incrementando a sí mismo el margen de gasto en un 15%, pero este es otro asunto) y aumentar los impuestos. Dicho de otra manera: más deuda, mismo despilfarro (a pesar de que probablemente terminará creciendo) y, eso sí, más tributos.

Las subidas de impuestos de hoy, téngalo por seguro, han sido sólo una broma comparadas con las de mañana, sólo vienen a indicar qué rumbo se seguirá en el futuro. Con una deuda pública creciente, aun cuando lográramos –por alguna alineación de los astros Zapatero y Obama– regresar al equilibrio presupuestario, deberíamos incrementar los impuestos. Pues imagínese si el presupuesto sigue arrojando un importante agujero negro ejercicio tras ejercicio.

En unos años, los caprichos de las energías renovables de Zapatero se traducirán en subidas del precio de la luz del 31%, los sociales y keynesianos en fuerte subidas de impuestos y los laborales y de supuesta protección del trabajador en unos cinco millones de parados. Ese solar será la España del caprichoso ZP.

El Tesoro agujerea su bolsillo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El presunto experto en economía ofrece sus recomendaciones, que a menudo se presentan como exigencias ineludibles: tal sector debe reducir su tamaño (la construcción, las finanzas), y tal otro sector debe ser ayudado a crecer (las energías renovables, todo lo relacionado con tecnología, investigación y desarrollo). Se apoya el intervencionismo estatal al mismo tiempo que con total desfachatez se pretende que vivimos en una economía de libre mercado (que además se asegura fue el causante de la crisis por no estar adecuadamente vigilado por el Estado).

El planificador que quiera aparentar seriedad y profundidad intelectual propondrá una gestión científica de su plan de intervención: será necesario fijar objetivos y plazos, establecer métricas y controles de cumplimiento, coordinar esfuerzos para que las distintas subtareas del plan sean complementarias y consistentes. El ingeniero social da recomendaciones u órdenes a otros pero rara vez tiene la iniciativa de lanzar un proyecto empresarial propio que aproveche su presuntamente vasto conocimiento y las oportunidades de negocio de la crisis y así corregir los problemas de la situación anterior. Y normalmente se olvida mencionar que el "impulso" estatal para un determinado sector siempre se produce a costa de otros ámbitos sociales y violando los derechos de propiedad de los ciudadanos sobre sus posesiones.

Este abuso de la ciencia económica es muy común y no parece que vaya a dejar de producirse a corto plazo dados los paradigmas dominantes. La mayor parte de los economistas desconocen los problemas de fundamentación epistemológica de su disciplina, y tampoco conocen las diferencias entre el economista y el empresario, entre el conocimiento teórico, abstracto, objetivo y articulado y el conocimiento práctico, concreto, subjetivo y no articulado que permite el funcionamiento de los mercados. Tratan la economía como un problema de física o de ingeniería cuando es en realidad un problema de biología, de evolución, de adaptación, de cognición, de coordinación.

Los gobernantes no suelen hacer mucho caso al economista que les dice que las sociedades son órdenes espontáneos complejos imposibles de diseñar intencionalmente, y que la coacción legal y la ingeniería social no funcionan y son destructivas. El político quiere parecer alguien que hace algo para resolver los problemas, es incapaz de reconocer que es el causante de esos mismos problemas y que la auténtica solución está en que se quite de en medio. No suelen dejar que el sistema se ajuste a sí mismo mediante la flexibilidad de precios, la libertad contractual, la quiebra y liquidación de los proyectos fracasados y la acumulación de beneficios para los exitosos. Dedicarse solamente a gestionar lo auténticamente colectivo y a garantizar la seguridad jurídica no es compatible con sus ambiciones de poder sin límites.

Son los auténticos empresarios quienes lanzan propuestas de modificación del sistema económico, arriesgando sus propios recursos (más los de quienes hayan confiado en ellos) e intentando predecir las preferencias de los consumidores, quienes con sus decisiones últimas de compra, ahorro o inversión son los auténticos soberanos.

Madrid, capital mundial del oro por un día

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Abogar por una política sensata, permitiendo que el libre mercado depure los excesos del pasado vía recesión y reajuste de precios relativos con el fin de liquidar las malas inversiones fomentadas por el crédito fácil, o bien abogar por una intervención masiva a base de rescates financieros y falsos estímulos económicos. El resultado de una u otra pintan un escenario muy distinto: una recesión en V o una japoneización en forma de L.

Hasta el momento, Obama se ha decantado por esta segunda opción. Y sus efectos comienzan a materializarse de modo dramático en las cuentas públicas de Estados Unidos. Tras revisar al alza sus previsiones iniciales, el Gobierno estima que el déficit fiscal rozará el 13% del PIB en el presente ejercicio. Un desequilibrio sustancial que será financiado a través de la emisión de más deuda pública.

El problema consiste en que los inversores comienzan a desconfiar de los bonos del Tesoro. En las últimas semanas, los acontecimientos se han precipitado. La agencia de calificación Moody´s estudia seriamente rebajar la calidad crediticia (rating) de la deuda pública estadounidense. China, y ahora también Japón, principales acreedores del Gobierno de Estados Unidos, ya han manifestado claramente que no están dispuestos a financiar tal despropósito de forma indefinida.

De hecho, el régimen de Beijing está reduciendo su compra de bonos nominados en dólares y advierte del riesgo de inflación, en una estrategia muy similar a la que en estos momentos está poniendo en práctica Rusia. El Banco Central de Moscú ha comenzado a diversificar sus reservas y ha reducido de forma sustancial su tenencia de dólares hasta el 41,5% frente al 49% de principios de 2007. ¿Casualidad? Ambas potencias dejaron bien claro a Washington que el actual sistema monetario debe ser reformado. El dólar ha de ser sustituido como divisa de referencia internacional

La emisión del billete verde carece de respaldo real desde que el ex presidente Richard Nixon eliminó el último atisbo del patrón oro en 1971. Desde entonces, gracias al monopolio monetario, la Administración de Estados Unidos ha podido embarcarse en una política de gasto público desenfrenado gracias a la capacidad de imprimir billetes y, con ello, generar inflación. 

Sin embargo, China y Rusia han puesto las cartas encima de la mesa y abogan ya sin miramientos por reformar el sistema monetario vigente. No obstante, los bancos centrales de medio mundo están acumulando reservas de oro ante la desconfianza que, hoy por hoy, genera el dólar. De hecho, el propio Obama reconoce que el déficit es "insostenible" a largo plazo y que Estados Unidos ya no puede depender del crédito chino para financiar su abultada deuda pública.

Y todo ello, en un momento clave de crisis financiera y económica. Si Obama continúa por esta senda suicida, lo que hoy son amenazas podrían llegar a convertirse en realidad. Al carecer de respaldo real, el valor del dólar depende en última instancia de la capacidad del Tesoro para colocar sus bonos y refinanciar su abultado endeudamiento. Sin embargo, los acreedores de Estados Unidos advierten seriamente de que podrían cortar el grifo del crédito que abastece a Washington. En tal caso, y siempre y cuando su economía no se recupere antes con intensidad y solidez, el colapso del dólar dejará de ser una utopía y pasará a convertirse en una auténtica pesadilla. Y es que el peor de los mundos no es la temida deflación, sino una recesión inflacionaria.   

Dicha posibilidad existe. Ya aconteció en el pasado, con la suspensión de pagos encubierta por Nixon bajo la derogación del patrón oro, y podría volver a suceder. Tanto Bernanke, presidente de la Reserva Federal, como el propio Gobierno estadounidense son conscientes de dicho riesgo. Lo triste es que, en lugar de recortar drásticamente el gasto público, han escogido la huida hacia delante animados por destacados economistas.

Buscan conscientemente devaluar la moneda vía inflación para deshacerse de la pesada carga de la deuda. Lo consigan o no, y más allá de que se trata de una salida inmoral e injusta –incumplir sus compromisos–, lo realmente grave es que una política inflacionaria e, incluso, hiperinflacionaria, se traduce en un drástico empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. El Gobierno impone la miseria a los ciudadanos responsables –ahorradores y precavidos– con el fin de salvar a los morosos: empresas en quiebra y la propia Administración. ¡Bravo!

Un nuevo impuesto a internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Con ellos se obliga a los ciudadanos a pagar por televisiones perfectamente serviles a los designios de los partidos en el poder. Cualquier excusa con respecto a su mantenimiento cae en el ridículo en un escenario en el que la TDT ya está llenando los números de nuestros mandos a distancia de decenas de canales que no nos cuestan un duro. Y en momentos de crisis, en los que es crucial que los gobiernos se aprieten el cinturón, resultan un gasto inadmisible.

Las televisiones públicas son contraproducentes en una democracia y resulta difícil creer en la seriedad de ningún político al explicarnos las medidas con las que pretende sacarnos de esta crisis si entre ellas no está la inmediata supresión de todas las televisiones públicas, sea vía privatización o directamente mediante el cierre. No sólo RTVE, sino también las autonómicas.

Y en este escenario el Gobierno anuncia un aumento de los gastos de la televisión pública que serán pagados, en parte, por los impuestos de todos y, sobre todo, por dos nuevas tasas que deberán sufragar las empresas de televisión privadas y las operadoras de telecomunicaciones.

Sobre ese primer impuesto no se ha escrito mucho, especialmente porque las principales cadenas están de acuerdo con el trato, pues estiman que ganarán más de lo que pierden. Sin embargo, se olvida que muchas otras empresas que están intentando hacerse un hueco como buenamente pueden van a ver muy mermadas sus posibilidades de romper con el oligopolio de las telecincos, antenatreses, cuatros y sextas, que en breve será aún más pequeño gracias a las fusiones. Libertad Digital TV, Veo o Intereconomía TV, entre otras, tendrán que pagar este diezmo sin que vayan a ver aumentados sus ingresos por la desaparición de TVE del mercado publicitario. Lo cual aumenta las barreras de entrada del sector, con lo que se aseguran de que no habrá alternativa informativa al progresismo que reina en el oligopolio.

Pero lo que ya resulta indignante en grado sumo es el impuesto a las operadoras de telecomunicaciones. Este fin de semana Zapatero aseguraba en Vistalegre que la economía española crecería de acuerdo a un nuevo modelo resumido en la frase "menos ladrillo y más ordenadores". Su modo de conseguirlo consiste en… subir el precio de las conexiones a internet y las comunicaciones móviles con un nuevo impuesto a las empresas del ramo. Un hacha, el tío. Así es como se pretende estimular un sector desde el poder, encareciendo sus costes y, en el caso de internet, reduciendo su clientela que optará, al menos en parte, por dejar de conectarse para ahorrar dinero en estos tiempos. De toda la vida se sabe que ésta es la mejor manera de impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto.

No existe ninguna razón para hacer pagar a las operadoras, salvo que son un blanco fácil y que, como ya lo había hecho Francia, existen más posibilidades de que Europa dé el visto bueno. Las balbucientes excusas de De la Vega de que las operadoras "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos es ridícula. Las operadoras ya pagan un canon por el uso del espectro y el beneficio que les puede suponer que TVE ponga sus programas en internet es minúsculo, aparte de que se estaba llevando a cabo al margen del modelo de ingresos de la cadena. No hay más que ver las cifras que obtiene la web de RTVE en OJD; si eso justifica un impuesto del 0,9% exigimos otro del 0,5% para Libertad Digital, que más o menos es lo que nos correspondería por los "beneficios" que obtienen las operadoras de nuestra presencia en la red.

En definitiva, que el Gobierno ha encontrado otra vía para atracarnos, que es lo que suelen hacer los gobiernos. Otro motivo para manifestarse el día 24, en la Plaza del Rey de Madrid.

ZP imita a Sarkozy y pagan los internautas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Eso es lo de menos, si quiere leer su blog favorito o tener el suyo propio contribuirá económicamente a su mantenimiento. ¿No soporta cómo presentan el Telediario Lorenzo Milá y María Escario? A ellos les da igual, si usted pretende usar el correo electrónico pagará parte de sus sueldos. ¿Considera una perfecta tontería un programa en el que unos cuantos famosos participan en un concurso de baile? Aplique cualquiera de las respuestas anteriores.

No es importante si a uno le gustan o no los programas de Televisión Española. Tampoco lo es si no se pone jamás delante del televisor y sin embargo pasa mucho tiempo frente al monitor del ordenador. Rodríguez Zapatero ya ha decidido por usted. Es cierto que todos los ciudadanos ya estamos obligados a mantener ese "ente" a través de unos Presupuestos Generales del Estado que salen de nuestros bolsillos. Pero dentro de poco será peor. Si no fuera suficiente con eso, parte de lo que paguemos por conectarnos a internet irá a parar directamente a las arcas de ese pozo sin fondo que algún publicista listo decidió hacer pasar por "la televisión de todos" (aunque, por cierto, a mí nadie me ha dicho donde están mis acciones ni a cuanto cotizan en la bolsa).

Se ve que a falta de ideas propias, el presidente del Gobierno está dispuesto a copiar todo lo malo que se le ocurra a alguien de fuera. Y, tal vez fascinado por el carisma personal que dicen que irradia el presidente de la República Francesa o puede que obnubilado por la belleza de la mujer de este, ha decidido aplicar una de esas muchas malas ideas que tiene Nicolas Sarkozy. Como queda muy bonito y supuestamente culto –como si TVE fuera algo parecido a una cadena de calidad– quitar los anuncios de la televisión pública, pues se hace. Y de paso se elimina la competencia desleal que hasta ahora sufrían las privadas, empezando por las muy socialistas Cuatro y La Sexta. Lo malo es que alguien tiene que pagar el invento. Pues nada, a explotar un poco más la gallina de huevos de oro llamada conexiones a internet. Lo mismo, dicho de paso, que pretende la SGAE.

Se nos dirá que no lo pagaremos los usuarios, que quien tiene que afrontar ese gasto son las operadoras. Pero pretender que estas no lo repercutan en las tarifas es simplemente de ingenuos, idiotas o mentirosos. De hecho, las "telecos" ya han advertido de que financiar la televisión pública de esa manera puede llevar a un aumento de precios. Para alegrar la vida a Emilio Aragón, Juan Luis Cebrián, Paolo Vasile y José Manuel Lara, sin plantearse en serio el sentido de esa herencia del franquismo llamada TVE, desde el Gobierno han decidido exprimir todavía más el bolsillo de aquellos ciudadanos y empresas que se conectan a internet.

Tal vez la última cumbre hispano-francesa no tenga nada que ver con que ZP haya decidido ahora copiar esa idea de "Sarko". Pero, por si acaso, que el presidente del Gobierno no vuelva a reunirse con ningún mandatario extranjero al que se le haya ocurrido en el pasado alguna cosa mala para los ciudadanos.

Planificando la Sociedad de la Información

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Y nuestro Gobierno, nuestro nuevo Gobierno, no ha tenido dudas. Démosle ese dinero al sufrido sector audiovisual, a la televisión pública y, en definitiva, a las desfavorecidas televisiones.

Ya se explicó en una columna anterior que la capacidad de innovación de nuestros grandes tycoons de contenidos se limitaba a exigir del Gobierno la supresión de la publicidad en la televisión pública. De esta forma, descuentan estos próceres del libre mercado, tendremos un competidor menos y obtendremos más ingresos del anunciante. En lugar de ver cómo dar un mejor servicio a la audiencia para que no les abandone, es preferible pedir al Ejecutivo que se cargue a un rival.

Y por fin lo han conseguido, parece. Ahora la cuestión pasa a ser cómo mantener el tinglado de la TVE sin los ingresos que le proporciona la publicidad. Para qué plantearse si es necesaria o no la televisión pública, sujeta también a la misma crisis de audiencia que hace mella en el sector. Por supuesto, TVE tiene que mantenerse, y con todos sus trabajadores, que no hagan los sindicatos algún número extraño con las pantallas.

¿De dónde saldrá la pasta, pues? Muy fácil, del sector de telecomunicaciones. Total, proporcionan también servicios audiovisuales. Y además tienen dinero. Porque vete tú a pedirle ahora pasta a los bancos, en mitad de su crisis, o a las eléctricas, recién condenadas a congelar sus precios a determinados colectivos.

Así que dicho y hecho: que las telecos paguen un 0,9% de sus ingresos para el mantenimiento de la tele pública. Planificación central en toda su extensión, completa desatención a los mensajes que da el mercado.

Si los Telefónica, Vodafone, Orange y compañía son capaces de ganar dinero y ser viables, es por la sencilla razón de que proporcionan servicios útiles a los ciudadanos. Y estos, por tanto, están dispuestos a pagar por estos servicios más de lo que cuesta su producción.

Si los Tele 5, Antena 3, Cuatro y TVE están pasándolas canutas por la crisis, es por la sencilla razón de que sus servicios no son tan útiles para los ciudadanos como para que estos estén por la labor de pagarlos al precio que, directa o indirectamente, se los demanda. Estos agentes están utilizando mal los recursos escasos de nuestra economía, pues no consiguen recuperar su valor.

El veredicto de las preferencias de los consumidores es muy nítido: transfiéranse recursos del sector audiovisual al de teleco, porque aquí están más valorados, aquí son más útiles para la sociedad.

¿Qué hace el Gobierno? Tratar de revertir este veredicto y ordenar justo lo contrario: que se muevan recursos a un sector que ya no proporciona utilidad, precisamente a costa del que la proporciona. Evidentemente, el resultado será malo para los ciudadanos.

Por mucho que el Ejecutivo saque dinero de un lado y lo meta en otro, las preferencias de los individuos no cambian. Lo único que se hace es obligarles a convivir con cosas que no necesitan, pero en las que tienen que gastarse recursos que no pueden dedicar a las que sí necesitan.

¿Qué la gente prefiere llamar por su teléfono móvil o navegar por internet a tragarse los contenidos que tienen a bien suministrarnos los medios? Da igual, el Gran Hermano sabe más que nosotros. Y ha decidido que necesitamos más tele y menos telecos: comienza la planificación central de la Sociedad de la Información en España.

El G-20 y la persecución a los paraísos fiscales

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Organizaciones burocráticas internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas o el G-20 han lanzado un ataque coordinado a los paraísos fiscales. Todo ello apoyado por los países de altos impuestos y gobiernos ineficientes como Francia y Alemania.

En realidad, el quid de la cuestión es que los Estados necesitan financiarse. Esta es la raíz (o problema, mejor dicho) del asunto. En un principio, el cometido del Estado era permitir la convivencia pacífica mediante la defensa de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa interior y exterior. Pero a partir del siglo pasado, los Estados se han atribuido un sinfín de funciones: educación, salud, pensiones, telecomunicaciones, energía, televisión, radio, entre otros (dependiendo del caso). Y evidentemente, mantener esas enormes estructuras burocráticas (de poder) es costosísimo.

¿Cómo obtiene el Estado recursos para financiarse? Básicamente puede obtenerlos mediante el cobro de impuestos, la venta de activos y servicios, endeudándose y emitiendo moneda. De todas estas vías para financiar los gastos del Estado, la principal es la impositiva.

Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. En la época de Ronald Reagan, Laffer dibujo esta curva en una servilleta para explicar a Dick Cheney las ventajas de una rebaja fiscal (la servilleta está actualmente depositada en una vitrina en el Bookings Institution). La curva, que tiene forma de U invertida, relaciona el tipo impositivo medio y los niveles de recaudación. En este diagrama, se coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y los niveles de recaudación en el de ordenadas. Al principio de la curva, cuando los impuestos son del 0% (es decir, no pagamos impuestos), la recaudación del Estado es lógicamente cero. A medida que se van aumentando los impuestos, la recaudación del Estado empezará a aumentar desde cero hasta alcanzar un punto máximo. En este punto se encuentra el tipo impositivo "óptimo", ya que es el que produce los mayores ingresos para el Estado. A partir de este momento, si el Estado continúa incrementando los impuestos, su recaudación irá descendiendo progresivamente, hasta llegar a cero en el caso de un gravamen del 100% (porque nadie se molestaría en trabajar si sabe que perderá todo lo que gana).

Pese a que tanto el tipo de gravamen óptimo como la forma de la curva no se pueden conocer/calcular (y además varían de un país a otro), la curva de Laffer es una intuición sencilla e interesante porque nos dice que a partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se pueden deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales.

Pero estas son solamente consecuencias de la principal causa: los ciudadanos sienten que la presión fiscal es excesiva. Sufren esta carga impositiva en su vida diaria. La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen. Es en este sentido que el individuo ve a los paraísos fiscales como verdaderos refugios (hay que recordar que tax haven no significa paraíso sino refugio fiscal). Es decir, se refugia en destinos donde la actividad económica esté menos gravada. Y es que mientras las regulaciones no son exageradas, los ciudadanos no suelen oponerse a ellas. Pero llega un punto en el que los ciudadanos ("contribuyentes" se les denomina) no están dispuestos a aguantar más imposiciones. Consideran que el tipo es demasiado alto y empezarán a dejar de pagar impuestos, ya que será más rentable el fraude (o el ocio) que el trabajo y la inversión. Dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos, la gente tenderá a no obedecer la ley.

La existencia de los refugios fiscales es positiva porque promueve la "competición fiscal" entre los países. La globalización ha reducido las barreras entre naciones facilitando el flujo de capitales y trabajo de unas a otras, por lo que los políticos sienten la necesidad de bajar los impuestos para que los trabajadores y las inversiones no crucen la frontera. Que los Estados compitan entre ellos ha provocado recortes de impuestos y diversas reformas fiscales (aunque quizás no tanto como desearíamos). Si no existiese esta presión competitiva, no tendrían ningún incentivo para llevar a cabo esas reformas.

La existencia de los refugios fiscales es, además, un imperativo moral. Y es que existen países del mundo (la mayoría) en los que no se respetan totalmente los derechos humanos. Se persiguen a minorías étnicas, religiosas y sexuales; la corrupción y las expropiaciones son muy corrientes y habituales; existe una gran inestabilidad política y económica; y se violan continuamente los derechos de propiedad y libertades civiles. Pues bien, la existencia de refugios fiscales es esencial para la gente que vive en este tipo de países inestables, ya que les permite proteger sus activos y propiedades. Si usted fuese un ciudadano de Zimbabwe, ¿depositaría tranquilamente sus activos en un banco zimbabwense sabiendo que el dictador Robert Mugabe puede confiscarlos cuando desee?

Los países que desean exterminar los refugios fiscales suelen ser los que tienen impuestos elevados. Evidentemente no les interesa participar en la "competición fiscal" que hemos comentado antes. Tienen derecho a adoptar las medidas fiscales que deseen oportunas para su país, pero no están legitimados para crear una especie de cartel internacional impositivo. Tratando de eliminar refugios fiscales están pidiendo que esos países pierdan su soberanía para favorecer a sus ineficientes estados del bienestar. Quizás habría que recordarles que las colonizaciones ya acabaron.

Federalismo para España

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La Comunidad de Madrid ocupa la octava posición entre las regiones de España con menor tasa de paro; es decir, aún hay nueve comunidades peor posicionadas que ella. Su tasa de desempleo es del 10,15% y la de la región con menos paro, Navarra, es del 8,12%. Apenas dos puntos porcentuales separan a Madrid de ser la comunidad con menos paro de España; ¿saben cuántos puntos separan a Extremadura? Nueve. ¿Y a Canarias? Trece. ¿Y a Andalucía? Trece y medio. Pero no, Madrid sí merece una manifestación, al contrario que el Ejecutivo socialista que ha posicionado al presidente de la comunidad autónoma con más desempleo de España en la vicepresidencia del Gobierno.

Teniendo en cuenta que la tasa de paro general de España es del 13,91%, no parece que una del 10,15% implique que se está sufriendo más la crisis que en el resto del país.

Pero, ¿qué más da? Los sindicatos de todo el orbe, incluyendo los españoles, nunca han defendido a los trabajadores, sino a sus afiliados y a sus cuadros directivos. No buscan mejorar el bienestar de todos los individuos, sino alcanzar ciertas metas políticas como convertirse en parte de un Estado cuyo tamaño no pare de acrecentarse.

La economía se la trae completamente al pairo. Sólo así puede entenderse que en medio de la crisis económica más severa que haya sufrido España en décadas, al secretario general de la UGT se le ocurra proponer la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales. O sólo así se comprende que repitan y prometan que el fraudulento sistema de pensiones español no está en peligro.

La realidad no les interesa en absoluto. El mundo sólo es y puede ser como ellos creen que debería ser: un mundo donde el Estado omnipotente puede solucionar todos los problemas sociales mediante un decreto redactado por los propios sindicatos.

Pero las cosas no funcionan así. Ni la Comunidad de Madrid es la más castigada por la crisis, ni las soluciones a la misma pasan por seguir sus disparatas propuestas, a saber, incrementar la rigidez del mercado laboral español y conservar una Seguridad Social quebrada y que perjudica especialmente a los trabajadores.

Y es que a ellos poco les importa la realidad. Para algo llevan años encaramados en una burocrática asociación que medra gracias a la preponderancia artificial y a las transferencias coactivas de renta que les concede el Estado. Son simples lobbys que sobreviven haciendo ruido y maltratando a todos los españoles, incluyendo a los trabajadores y excluyendo a los liberados sindicales.

Ése es todo el misterio de tamaño sectarismo e ignorancia. Anthony Downs, aplicándola a otro contexto, la denominó hace 50 años "ignorancia racional". Y lucrativa, cabría añadir.