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Aunque ya anticipo que mi opinión es contraria a la de Recarte, sí quiero empezar matizando varios aspectos que generalmente suelen pasarse por alto y que a mi entender aproximan mi análisis al del presidente de Libertad Digital.

En general, soy favorable a que el grueso de la tributación de un país recaiga en impuestos indirectos sobre el consumo, tal y como han defendido desde antaño multitud de economistas liberales. La base de la prosperidad de una sociedad es la acumulación de capital, esto es, el ahorro real de que disponen los individuos para realizar inversiones de todo tipo (maquinaria, gasto en I+D, formación, mejora de infraestucturas…) y la única manera de ahorrar es restringir el consumo. Por tanto, disgustándome todos los impuestos por cuanto tienen de limitación de la propiedad privada, hay unos que me disgustan más que otros y, en este sentido, los impuestos sobre el consumo –IVA o impuestos especiales– son menos empobrecedores que los impuestos que gravan el ahorro, la renta que podría ahorrarse o directamente el capital acumulado (como el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto sobre Sociedades o el extinto impuesto sobre el patrimonio). Por supuesto habrá quien sostenga que todos los impuestos son un mal por igual, pero me temo que ello impide efectuar el más mínimo análisis económico: en efecto, es evidente que generar inflación para financiar el gasto público es peor que un impuesto sobre la renta y éste a su vez es peor que un impuesto sobre el consumo.

Creo que conviene dejar este aspecto claro porque, repito, siendo las subidas de impuestos un error, no todas lo son en el mismo grado y no me parece responsable en estos momentos mantener tal postura. Y es que, dado que no tenemos una clase política caracterizada por la austeridad ni por su decidida voluntad para reducir el gasto, todo apunta a que los impuestos van a subir en el futuro y van a subir mucho. No porque sea la única alternativa, sino porque todos, en su momento, tratarán de vendérnosla como tal. Recordemos que cerramos 2009 con un déficit de unos 110.000 millones de euros y ésa es una cifra que asusta, pues representa más que toda la recaudación conjunta por IVA e IRPF.

Si no queremos que empiecen a prosperar ruinosas propuestas populistas como serían recuperar el impuesto sobre el patrimonio o incrementar el impuesto de sociedades o el gravamen de las plusvalías, deberemos distinguir el grano de la paja y para ello hay que diferenciar a su vez los efectos que cada tipo de impuesto tiene sobre una economía.

Sentado esto, ¿por qué no creo que deba subirse el IVA a diferencia de lo que defiende Recarte? Por dos motivos, uno de fondo y uno de forma.

En cuanto al fondo, la subida del IVA a la hora de la verdad no contribuirá en nada a la reducción del déficit público, objetivo que supuestamente ambiciona. Siendo optimistas, el incremento del IVA aumentará la recaudación en unos 5.000 millones de euros (probablemente menos) sobre un déficit de 110.000 millones de euros, a saber, tapará menos del 5% del agujero (y ello suponiendo que Zapatero no aproveche la recaudación adicional para aumentar más el gasto). Para que nos hagamos una idea, el mismo efecto sobre el déficit podríamos lograrlo olvidándonos de ruinosos estímulos keynesianos como el Plan E o suprimiendo las ayudas al desarrollo del Tercer Mundo y a la rehabilitación de vivienda.

Dada la magnitud de nuestro déficit, que en 2009 ni siquiera se hubiese eliminado duplicando el IVA y el IRPF, parece claro que la mayor parte del ajuste deberá venir por el lado de la reducción del gasto público (estatal, autonómico y municipal); especialmente hasta que la economía no se recupere con el consiguiente aumento de la recaudación y reducción de algunas transferencias como las prestaciones por desempleo. No veo ningún motivo, por consiguiente, para subir el IVA si no sirve ni mucho menos para solucionar uno de los grandes problemas de nuestra economía: el déficit público.

Pero aunque lo hiciera, aunque permitiera reducir ese déficit significativamente, ya hemos comentado que una parte importante de la reducción del déficit vendrá de la mano de la recuperación. Así, cabe preguntarse, ¿cómo favorecemos antes la salida de la crisis? ¿Con más Estado o con más mercado? Siendo las recesiones períodos en los que deben readaptarse con rapidez los factores productivos –liquidar las malas inversiones, por ejemplo inmobiliarias, y redirigir los factores hacia nuevas inversiones que permitan generar de nuevo riqueza–, un Estado que pretenda arrebatar al sector privado los recursos que necesita, entre otros motivos, para disminuir su abultadísima deuda privada y que pretenda destinar los fondos captados para ayudar y mantener los sectores en crisis que deberían readaptarse, es tanto como aplastar los "brotes verdes" para lavarles la cara a los marchitos.

En definitiva, disponiendo de dos alternativas para reducir el déficit y facilitar la recuperación –subir los impuestos o reducir el gasto– me quedaría sin dudarlo con el ajuste por el lado del gasto. No es cierto, como creía Keynes, que reducir el gasto sea igual de contractivo que aumentar impuestos: lo primero libera recursos para que el sector privado cree riqueza y lo segundo los concentra en el Estado para que los despilfarre. Pero es que, en este caso, ni siquiera contamos con la posibilidad de elegir cuál de las dos vías preferimos: el ajuste esencial se realizará sí o sí por el lado del gasto, lo cual no obstará para que, hasta entonces, los políticos nos vendan y aprueben unos impuestos mucho más devastadores para las clases medias, que tardarán décadas en volver a rebajar a sus niveles originales.

Y aquí enlazo con mi segundo motivo para oponerme a la subida del IVA: las formas. Padecemos un Gobierno –no sólo España, también Estados Unidos– que ha convertido la crisis en una oportunidad para acrecentar el tamaño y las competencias del Estado. Primero han aumentado el gasto hasta límites insospechados clamando que había que estimular la demanda agregada para reanimar la economía y después pretenden hacernos tragar un progresivo aumento de los impuestos que incluso en sus propios términos contribuye a contraer esa demanda agregada. No cabe duda de que este Gobierno es un oportunista cuyas pocas ideas sobre economía provienen de la peor literatura científica y que en la práctica sólo está valiéndose de la crisis para engordar. No se mueve por criterios económicos, sino políticos, y por eso constituye a mi juicio un error intentar racionalizar con argumentos económicos su demagogia política.

Precisamente porque, como reconoce Recarte, el Gobierno no está siguiendo ningún plan económico sino un plan político, no creo que sea el momento de avalar retazos de lo que podría haber sido un plan de estabilización presupuestaria en otra época, en otro país y con otros políticos, pero no en 2010 en la España de Zapatero y Rajoy. El previsible resultado de tal defensa, aun cuando no sea el pretendido, será el de legitimar que el Gobierno socialista siga despilfarrando el dinero de los españoles y no reduzca el gasto hasta que sea del todo imprescindible. Como gráficamente me decían hoy, subir el IVA con Zapatero es como pretender llenar una bañera abriendo el grifo sin darse cuenta de que primero hay que tapar un enorme desagüe. Sí, pero la confusión no es neutral: tanto cuando aumentan el gasto como cuando incrementan los impuestos, el sector privado pasa a sufragar un crecimiento desorbitado del mismo sector público que ha causado (con sus bancos centrales) y ha agravado (con sus políticas keynesianas) la crisis.

Es cierto que Recarte defiende la necesidad de aumentar el IVA y de reducir el gasto, pero coincidiremos en que el Ejecutivo socialista no se quedará con la segunda parte de la copla, de modo que el único resultado que puede tener es el de desarmar una imprescindible oposición política y económica a que el Gobierno más manirroto de la historia de España nos suba los impuestos para evitar por un tiempo reducir el gasto tanto como debería.

Para mí nunca es el momento de subir impuestos, pero especialmente no lo es ahora. Ni siquiera por las inquietudes que pudiera provocar en los mercados financieros, que a buen seguro se sentirían mucho más calmados si suprimiéramos todas las subidas de impuestos y, a renglón seguido, presentáramos una enérgica reducción del gasto público. Y aquí sí coincido en la necesidad de reprocharle a todo el PP que no sea nada claro sobre qué partidas concretas de gasto quiere suprimir para reducir el déficit sin incrementar, como promete, los impuestos. Pero peor que la incertidumbre que supondría echar para atrás un aumento del IVA puede ser la certidumbre de que nos abocamos al desastre si no recortamos el gasto público o si pretendemos lograr la mayor parte del ajuste con subidas de impuestos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Desde el Parlamento a la Comisión, pocos se libran de sentir una adoración casi sacra por ese conato de Estado mundial en el que algunos se empeñan en convertir lo que comenzó siendo una simple unión aduanera: la Unión Europea. Pero al lado de Zapatero, todos esos políticos de casta, todas esas hornadas de tecnócratas más centrados en el krátos que en el tecnos, parecen corderitos ultraliberales.

Ha tenido que llegar nuestro presidente del Gobierno para remover las tranquilas aguas de unos funcionarios que sólo aspiraban a pastar en los presupuestos comunitarios a cambio de aplastar a los europeos con voluminosas regulaciones que por supuesto ni se llegan a leer. En apenas unos días desde la presidencia de turno, Zapatero ya ha lanzado dos ocurrencias a cada cual más absurda. Tan disparatas son que incluso las gargantas profundas de la Unión Europa están teniendo problemas de digestión.

La primera fue extender el quebrado modelo español de energías renovables y de economía falsamente sostenible al resto de nuestros socios comunitarios, so pena de ser sancionados por ese egregio líder político cuyo país carga con una tasa de paro del 20% y un déficit público anual de más de 100.000 millones de euros. Magníficos referentes con los que ponerse a impartir lecciones y a sancionar a aquellos que se salgan del guión por él marcado, esto es, a aquellos que empiecen a crecer, crear riqueza y reducir el paro.

No es de extrañar que la prensa europea lo recibiera con una mezcla entre mofa, desprecio y compasión. Hasta la fecha, no conocemos casos exitosos de pordioseros administrando las finanzas de multimillonarios. Tal vez por eso, dentro del PSOE no se aclaran a elegir entre el capirote o la camisa de fuerza; entre el ridículo de la ignorante arrogancia o la enajenación mental transitoria a lo Napoleón.

La segunda boutade presidencial parece ser fruto de esa mística conjunción planetaria que en su día ya nos pronosticara Leire de Nostradamus. A Obama se le ha ocurrido que los bancos rescatados con el dinero de los contribuyentes deben financiar sus manirrotos proyectos faraónicos. No está mal: primero se roba a los estadounidenses para salvar indiscriminadamente a todo banco que se les cruzara por en medio (incluso a aquellos que no querían ser rescatados) y luego la víctima a la que tienen que indemnizar los bancos no son esos contribuyentes asfixiados por deudas e impuestos, sino a un manirroto Obama que no para de gastar el dinero de esos mismos contribuyentes.

Por cierto, Obama miente. Sería largo de explicar, pero las pérdidas que atribuye al Tesoro por más de cien mil millones de dólares todavía son provisionales. Imagine que usted adquiere un paquete de acciones de Telefónica a 15 euros y el precio cae a 10. Puede concluir que ha perdido dinero, pero esas pérdidas sólo serán definitivas si vende esas acciones antes de que vuelvan a 15.

Las pérdidas que alega Obama están calculadas sobre la depreciación de las acciones (mejor dicho, de los warrants) de los bancos acumuladas a mediados de 2009 que están en propiedad del Tesoro. Desde entonces, muchas de ellas ya se han revalorado alrededor de un 20% y si la economía sigue recuperándose, continuarán apreciándose.

Lo cual no quita para que al final, muy probablemente, se produzcan pérdidas, pero esas vendrán más bien por la incapacidad de ciertas empresas para repagar el dinero que el Tesoro les prestó. De momento, los bancos más solventes ya devolvieron unos 150.000 millones de dólares a mediados del año pasado. Ahora mismo, los peores y más arriesgados deudores son empresas que nunca, bajo ningún concepto, debieron ser rescatadas, como General Motors o los gubernamentales gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae. Pero, ¡ah!, estas empresas que a buen seguro arrojarán milmillonarias pérdidas para el Tesoro están exentas del nuevo impuesto que pretende crear Obama y, en cambio, otras que ya han pagado sus deudas, como Goldman Sachs o Morgan Stanley, no lo van a estar. Un disparate intervencionista cuyo objetivo es el de siempre: dotar de más poder a los políticos para repartir dádivas y comprar voluntades.

Zapatero, por supuesto, se ha entusiasmado con la idea. Todo cuanto sea crear nuevos impuestos cuenta con el espaldarazo socialista. Lo que no queda claro es qué sentido tiene darles centenares de miles de millones de euros a unos debilitados bancos y cajas para evitar que quiebren y, posteriormente, quitarles un pellizquito de esos fondos para maquillar el dispendio en el que incurren los políticos. En lugar de crear un nuevo impuesto, bien podrían reducir proporcionalmente los fondos que les van a entregar, haciendo innecesario el viaje de ida y vuelta.

Claro que entonces nuestros Estados se quedarían sin poder crear un nuevo impuesto que, con la excusa de recuperar el dinero prestado, grave a los bancos de manera permanente. El efecto trinquete: todo intervencionismo que avanza, no retrocede.

¡Qué fácil y transparente habría sido dejar a los bancos insolventes quebrar y a los solventes prosperar en lugar de repartir carretillas de millones, por un lado, e imponer nuevos tributos a justos y pecadores por otro! Pero cuanto más enfangado esté el asunto, más fácil les resulta meter mano. Qué bien se lo están pasando nuestros socialistas en estos momentos de crisis y desconcierto que ellos mismos contribuyen a agravar.

Aparte de toda la pléyade de regulaciones innecesarias que ya han salido adelante y de la moralina anticapitalista con la que nos desayunamos día sí, día también, algunos socialistas como el economista Paul Krugman y los políticos del Consejo Europeo han lanzado la idea de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras: la llamada Tasa Tobin.

Aunque la Tasa Tobin no fuera originalmente concebida para este propósito, ya se sabe que lo problemático en política no es cambiar el significado de las palabras, sino transformarlas en sufridos hechos con cargo al contribuyente. En este caso de lo que se trata es de gravar todas las transacciones financieras para reducir aquéllas que tienen un carácter puramente especulativo.

Si la crisis ha sido causada por la especulación, nada más lógico que tratar de restringir el exceso de especulación en el mercado. ¿Y qué mejor manera para ello que crear un nuevo impuesto sobre cualquier operación financiera?

El problema es que esta justificación para la Tasa Tobin tiene dos errores de base: a) el que sostiene que la especulación es superflua, y de hecho un exceso de la misma resulta nocivo; b) el que sostiene que el exceso de especulación tiene su origen en un mercado demasiado libre y que por tanto puede doblegarse con impuestos. Si, como enseguida veremos, ninguna de estas dos hipótesis se mantiene en pie, difícilmente podrá buscarse excusa alguna para este nuevo impuesto.

Los malvados especuladores

Aunque los especuladores tienen en general muy mala prensa, todos lo somos en cierta medida y en algún momento. El especulador simplemente trata de anticiparse al futuro, de no actuar únicamente conforme a los datos presentes sino a sus expectativas de datos futuros. Es decir, básicamente se dedica a comprar un bien para revenderlo más caro en el futuro (o a vender un bien para recomprarlo más barato). El efecto de la especulación será simple y llanamente estabilizar los precios a largo plazo: se compra en el presente cuando un bien está barato (aumentando su precio) y se vende en el futuro, cuando esté caro (disminuyendo su precio).

Ese futuro al que se dirigen los especuladores podrá ser más o menos extenso. Todos estamos habituados a oír hablar de "los especuladores inmobiliarios", que básicamente se dedican a comprar casas, mantenerlas vacías durante años y finalmente, cuando el precio de las mismas ha subido, venderlas. Sin embargo, éste no es el único tipo de especulación, ni siquiera el más habitual (de hecho, algunos de los mejores inversores de la historia, como Benjamin Graham, no lo considerarían siquiera una especulación, sino una inversión).

En los mercados financieros hay otro tipo de especulación, bastante más frecuente, mucho más a corto plazo y que normalmente no percibimos.

Ya vimos la semana pasada que todo bien cotiza a dos precios –uno para comprarlo (asked price) y otro para venderlo (bid price)–, y que esos dos precios suelen estar bastante distanciados entre sí. En los mercados se considera que el diferencial entre el asked price y el bid price sirve para medir la liquidez del activo, esto es, la facilidad para desprenderse de él sin pérdida de valor. Cuanto mayor sea ese margen, más habrá que pagar por comprar un bien (alto asked price) y menos se recibirá al venderlo (bajo bid price).

Invertir en activos ilíquidos es bastante arriesgado, ya que si el inversor los compra en grandes cantidades, tenderá a pagar un asked price cada vez más elevado; en cambio, si los ha de vender súbitamente y también en grandes cantidades, recibirá bid prices cada vez menores. Los promotores inmobiliarios han descubierto (tarde) esta triste realidad: sólo pueden liquidar su stock de viviendas si venden a precios muy inferiores al coste que soportaron para producirlas.

Y los inversores sólo están dispuestos a meter dinero en activos riesgosos si proporcionan una elevada rentabilidad. Dicho de otra manera: todos aquellos proyectos ilíquidos que no arrojen un rendimiento extraordinario no atraerán el interés de los inversores, y en circunstancias normales no serían siquiera emprendidos. Imagine que usted adquiere un paquete de acciones y que cuando va a venderlo nadie, en ese preciso momento, se lo quiere comprar (no hay inversores finales para esas acciones). Si necesita enajenarlas sin falta, el bid price que obtendrá será tan sólo una fracción del que pagó por ellas. Puede que aun cuando la acción se haya revalorizado pierda dinero.

Es aquí donde aparecen unos especuladores esenciales para el funcionamiento de los mercados, de los que también hablamos la semana pasada: los intermediarios o market makers. Su función consiste en pujar por los bienes que se quieren vender (elevando el bid price) y desprenderse de los que se quieren comprar (reduciendo el asked price). Gracias a estos especuladores, el inversor que quiera desembarazarse de un paquete de acciones obtendrá un precio por su venta muy superior al que habría obtenido sin ellos; análogamente, un inversor que quiera adquirir un paquete de acciones pagará un precio muy inferior al que hubiera abonado sin ellos.

Los especuladores-intermediarios se dedican a efectuar operaciones muy a corto plazo que pongan en contacto las necesidades de los distintos compradores y vendedores finales dispersos en el espacio y en el tiempo, reduciendo sobremanera los diferenciales entre asked y bid price. En cierta medida, incrementan la liquidez (o, mejor dicho, la negociabilidad) de los activos, reduciendo su riesgo y, por esta vía, aumentando la inversión que afluye a este tipo de proyectos.

A diferencia de lo que los defensores de la Tasa Tobin postulan acerca de los efectos del exceso de especulación, cuantos más especuladores-intermediarios se dediquen a comprar y a vender un bien, menor será el diferencial entre bid y asked prices y menor será su volatilidad; lo cual no tiene nada de negativo.

Los bondadosos impuestos

Todo lo anterior no significa que la especulación no pueda degenerar en la formación de burbujas de precios sobre un activo. Si los especuladores asumen que ese activo se va a revalorizar durante mucho tiempo, comenzarán a depositar allí su dinero de manera masiva, provocando la subida. En este caso, los especuladores no se dedican a reducir y estabilizar los diferenciales de precios, sino más bien a desestabilizarlos. El precio de los activos se desvía de sus valores fundamentales y durante un tiempo no recoge información demasiado útil para los inversores finales.

Uno podría tachar este tipo de operaciones de "mala especulación", aunque desde luego es un subproducto inevitable de la competencia en el mercado y de las distintas estimaciones de precios futuros que efectúa mucha gente al mismo tiempo. Además, a diferencia de lo que suele pensarse, las pérdidas de este tipo de especulación sólo afectan a los propios especuladores –y no al resto de la sociedad–, a menos que se combine con una expansión artificial del crédito por parte del sistema bancario. Sólo en este caso las burbujas de activos terminan traduciéndose en malas inversiones reales, que deberán purgarse en un período de crisis como el actual.

No queda muy claro a qué se refieren los defensores de la Tasa Tobin cuando hablan de poner coto a la especulación: a evitar toda burbuja de activos, a evitar la expansión crediticia que da lugar a los perversos efectos de las burbujas de activos o a evitar una combinación de las dos.

En el caso de que se refieran a evitar toda burbuja de activos, un impuesto sería una herramienta del todo inapropiada. Por muy alta que pongan la Tasa Tobin, en ningún caso superaría el 1%, y muy pocos especuladores dejarán de entrar en una burbuja, en la que se pueden obtener rentabilidades enormes, por un gravamen así. Como recuerda Marla Singer, la última burbuja se ha producido en el mercado inmobiliario, que es probablemente el sector donde resulta más costoso realizar transacciones.

Si a lo que se refieren es a evitar la expansión crediticia penalizando, como apunta Krugman, el descalce de plazos y la enorme dependencia de los bancos de la financiación muy a corto plazo (operaciones repo), es posible que el gravamen cambie el tipo de productos que facilitan el endeudamiento a corto plazo de los bancos, pero no acabará con esta estrategia financiera. Sin ir más lejos, un depósito a la vista es, a efectos prácticos, una deuda bancaria tan a corto plazo que se renueva no cada día, sino cada segundo; del mismo modo, si dos bancos se fusionan no necesitan realizar operaciones en el mercado para transferirse financiación: basta con que se presten internamente los fondos. Un impuesto del 1% puede que reduzca el uso de las operaciones repo como base de la financiación bancaria, pero a cambio de incrementar el volumen de otros instrumentos, como los depósitos, que sigan permitiendo a unos bancos cada vez más integrados expandir de manera artificial el crédito.

En definitiva, mucho me temo que una tasa del 1% no sirve para evitar las burbujas ni el descalce de plazos, pero sí puede provocar la eliminación del estrecho margen que obtienen muchos especuladores-intermediarios cuando compran al bid price y venden al asked price. Esto es, puede abocar a que muchos de estos márgenes se queden sin arbitrar y a que, por tanto, los inversores tengan que pagar precios más elevados al comprar las acciones y reciban precios más reducidos al venderlas.

Dicho de manera más simple y demagógica, para que Krugman y otros defensores de la Tasa Tobin puedan entenderlo: un impuesto sobre las transacciones financieras eliminaría muchas operaciones de especulación buena y dejaría intacta la especulación mala. Hacemos, pues, un pan con unas tortas: más volatilidad de precios para el inversor final… y la misma recurrencia de burbujas especulativas.

Aunque, claro, todo esto debería preocupar a los defensores de la Tasa Tobin si su objetivo real fuera el que declaran: terminar con los efectos negativos de la especulación. Sin embargo, si ello fuera así, hace tiempo que habrían exigido el regreso al patrón oro, el cierre de los bancos centrales o la imposición de fuertes restricciones a la expansión crediticia artificial que llevan a cabo estas instituciones; mucho más fácil, cómodo y eficiente que un impuesto del 1% sobre todas las operaciones financieras. Por el contrario, los que defienden el nuevo gravamen suelen ser los mismos que exhortan a los bancos centrales a que reduzcan los tipos de interés y abaraten el endeudamiento en la economía.

El objetivo de la Tasa Tobin parece, más bien, ser el mismo que el de todos los impuestos: apropiarse de porcentajes crecientes de la riqueza de la sociedad. Aunque al publicano lo vistan de seda, publicano se queda.