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Etiqueta: Fiscalidad

Sangría para todos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La previsible subida de impuestos está al caer. Nuestro Gobierno, maltrecho en credibilidad, no sabe cómo hincar el diente en la yugular del ciudadano. Pero, no lo dude, antes o después, lo hará.

A pesar de lo incómodo que resulta el traqueteo informativo, los “ahora sí, ahora no” del Gobierno respecto a las medidas económicas, primero anunciadas, luego esquivadas, este comportamiento tiene su objetivo. El primero, desde luego, marear al personal. Y lo han conseguido con creces. Pero, además, es el típico juego de despiste de la enfermera que te va a poner una vacuna dolorosa y te da unos golpecitos antes en plena vena. La idea es despistar la atención del paciente para que la inyección duela menos. Pues igual. Que recorto. Que no recorto. Que subo los impuestos. Que no. Bueno, mejor sí. Y cuando estemos más despistados, nos endiñan una subidita.

Los sufridos pacientes, que ya nos la sabemos, generalmente le pedimos a la enfermera que ataque a la de tres y se deje de tonterías que ya aguantamos nosotros el dolor, que a estas alturas ya sabemos. Lo sorprendente es que la sociedad no exige a los gobernantes que no amague y se retire, y menos con el dinero de todos. Es decir, no hay algaradas en las calles, ni protestas exigiendo la dimisión de nadie. Y mira que hay motivos. Corbacho se va por la puerta grande, tan grande como el boquete de paro que deja tras de sí, para ser candidato socialista en Cataluña. Y todos mirando.

Estas reacciones de la manada, este instinto de rebaño, no es nuevo y está en la vanguardia de los estudios del comportamiento económico y político.

Cuando la gente piensa que la información a la que tiene acceso es insuficiente se dispara el bandwagon effect, según el cual, las decisiones individuales se toman observando lo que hacen los demás: si ves que A es la opción mayoritaria, simplemente la adoptas sin tener en cuenta evidencias ni creencias personales, te subes al carro. De manera que las conductas se generalizan a medida que las modas pasajeras y las tendencias lo hacen. Este comportamiento puede acabar en la elección de la opción menos deseable para el conjunto. Amos Tversky, Daniel Kahnemann y Vernon Smith (todos con un Nóbel de Economía en su haber) son tres de los investigadores que han estudiado cómo afectan estos aspectos de la toma de decisiones grupales a las finanzas.

Y así, la idea de que subir los impuestos es necesario para salvar a los parados, eliminar desigualdades (injustas, no se olviden, siempre injustas) y “curar” al país de todo mal, va acompañada de ejemplos de otros países, a los que supuestamente queremos parecernos, que han subido los impuestos. No importa que todos sepamos que cada caso es distinto, que nuestro paro es inigualable, que nuestro sistema productivo es el que es, que nuestras empresas son principalmente pequeñas y medianas y que la mayoría de nuestro tejido empresarial está integrado por autónomos. Nada, todos lo mismo. Viva la igualdad… pero págala tú.

La metáfora médica no se restringe al comportamiento enfermeril. En general, los gobiernos se autodefinen como los médicos, los que poseen la cura milagrosa, los que van a extirpar esos activos tóxicos y van a sanar el sistema financiero. Y tienen razón. Lo malo, sobre todo para nosotros, es que son médicos de otras épocas. Ya desde la Antigüedad se usaban sanguijuelas para sanar, pensando que las sangrías, es decir, la extracción de sangre con fines terapéuticos, era lo mejor. La gente solía morirse desangrada, pero sin dolor. Como la saliva de la sanguijuela contiene un anticoagulante, un anti cicatrizante, un vasodilatador y un anestésico, uno no se enteraba de que le estaban matando, simplemente se sentía cada vez más débil.

De la misma forma, nuestro Gobierno nos unta con anestésicos locales para que no nos demos cuenta, pero el sistema económico está tan débil que no puede con su alma. Y lo que le queda. La próxima subida de impuestos, la vendan como “sólo para ricos” o como “purga Benito”, va a empobrecernos a todos. Los “ricos” que no se han llevado ya el dinero fuera de España, no van a estar en disposición de crear empleo. Y no se trata de las grandes empresas, ésas probablemente han tenido tiempo y recursos para esquivar el golpe. La cura va dirigida a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios. Les van a sangrar, y no solamente a ellos, la medida nos va a salpicar a los demás. A grandes males, grandes remedios. Y este gobierno ha decidido lo que necesitamos: sangría para todos.

Los diez mandamientos del profeta Blanchard

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Artículos en prensa.

…un artículo publicado junto a Carlo Cottarelli, donde tratan de aleccionarnos sobre cómo se deben ejecutar los planes de consolidación fiscal que ya se están implementando en diversos países.

Para algunos, estos planes levantan grandes preocupaciones e incluso rechazo. El caso paradigmático sería el de Paul Krugman, quien continúa defendiendo que hay que continuar con los estímulos fiscales, y que el déficit público no debería ser una preocupación en estos momentos, con altas tasas de desempleo y una producción muy por debajo de su potencial.

Para otros, estos planes responden a una perentoria necesidad: poner por fin las finanzas públicas en orden, aunque sea de forma parcial, y abandonar esa práctica –tan alabada por algunos, aunque de forma sutil– de gastar muy por encima de nuestras posibilidades, que es la que en parte nos ha llevado a la situación de crisis.

Blanchard se situaría en una especie de punto medio entre estas dos posiciones. Se debe proceder a la consolidación fiscal, pero hay que tener cuidado con llevarla demasiado lejos, porque podría perjudicar la recuperación económica, sostiene. Las claves para llevarla a cabo con éxito son varias: ser claros, concretos y creíbles en los objetivos de reducción de déficit/deuda, implementar las adecuadas reformas estructurales, y recibir un poco de ayuda de la política monetaria y el crecimiento de los países emergentes.

El Gobierno español podría tomar nota de algunas de estas recomendaciones, evidentes para la mayoría de expertos. Desde comienzos de la crisis, la política informativa de Zapatero ha dejado bastante que desear, con contradicciones múltiples entre distintos miembros del Ejecutivo; gran ambigüedad en las propuestas de política económica, como es el caso de la reforma laboral. Además, la credibilidad no es uno de los activos que gocen de mejor salud en la administración socialista.

Pero del texto de Blanchard también se incluye algún recadito para que Obama y su Administración abandonen el doble rasero en el que están incurriendo en relación a las finanzas públicas. Al menos así lo interpreto cuando dice que "Las promesas de acción futuras [de cara al ajuste fiscal] no serán suficientes". Hasta ahora, el gobierno norteamericano, con Obama y su secretario del Tesoro Geithner a la cabeza, se ha llenado la boca de promesas y de la necesidad de reducir el disparado déficit a niveles más sensatos, pero no han pasado ni mucho menos de las palabras a los hechos.

Si bien parte de sus recomendaciones, como las anteriores, pueden tener bastante sentido, habría que añadir importantes matices sobre Blanchard. En primer lugar, antes de exigir orden en instituciones ajenas, debería ser más exigente con la institución de la que él es economista jefe: el FMI, con errores garrafales en sus previsiones y recomendaciones discutibles. En segundo lugar, era este mismo organismo internacional quien hasta hace nada recomendaba continuar con los estímulos fiscales para evitar una recaída en la actividad económica. De no haber sido por sus recomendaciones, muy posiblemente no tendríamos los graves problemas fiscales que sufrimos en algunas economías avanzadas, y hacia las que se dirigen los "mandamientos". Y desde el punto de vista teórico, las ideas que ha propuesto Blanchard tras la crisis, con el fin de construir un nuevo consenso entre los macroeconomistas, también dejan bastante que desear como ya analizara Juan Ramón Rallo.

Después de todo, quizás sea mejor desconfiar de presuntos profetas económicos que, lejos de acertar en sus previsiones del futuro a través de la revelación divina, yerran estrepitosamente gracias a un juicio humano más que discutible.

Endeudarse no es crecer

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Fácil elección, dirán ustedes. ¿Quién puede preferir el endeudamiento insostenible conducente a la quiebra al saneamiento de las finanzas personales? Es de sentido común que sólo cuatro gatos irresponsables lo harían; el problema es que el keynesianismo ha convertido en legión a esa exigua camada felina y en dogma de fe económico la irresponsabilidad ignorante.

Nos dice Obama que debemos seguir endeudándonos para "sostener el crecimiento" pese al nulo margen de crédito que nos queda. Será que los austeros y frugales occidentales se han endeudado demasiado poco durante estos últimos años y que el Estado debe instarnos a ser un pelín más irresponsables; a no preocuparnos tanto por el mañana y a vivir un poquito por encima de nuestras posibilidades.

En caso contrario no se entiende –salvo que uno se sumerja en los desvaríos keynesianos donde el ahorro es consumo, la inversión se transmuta en ahorro, resulta posible demandar sin ofertar y es habitual ofertar para no demandar nada, ni siquiera dinero– que el endeudadísimo Estados Unidos reclame a la endeudadísima Europa que ambos continúen endeudándose hasta que se recuperen sus economías, ésas que precisamente necesitan reducir su endeudamiento para recuperarse. Es más, no se entiende que el el endeudamiento se confunda con crecimiento.

Cualquier persona, familia o empresa sabe perfectamente que el lado de su activo patrimonial aumentará si se endeuda, lo cual no significa ni mucho menos que sea más rica o próspera. De hecho, lo contrario resulta más probable cuando uno busca alocadamente endeudarse por endeudarse: cuando una persona, familia o empresa adquiere más compromisos que aquellos a los que puede hacer frente, se empobrece. Que se lo digan a quienes concertaron una hipoteca que ahora les acapara la mayor parte de su salario o a las empresas que implementaron modelos de negocio cuya estrecha rentabilidad pretendían multiplicar mediante el aumento de sus fondos ajenos.

Más deuda pública no sólo implica más impuestos y más riesgo de impago sino también menos crédito privado. No veo entonces qué beneficios nos puede arrojar el déficit público, salvo como mecanismo para crear demandas artificiales y dependientes de que esos programas públicos prosigan. Si creemos que la economía es un automóvil que necesita de un empujón para comenzar a andar de manera autónoma, es que debemos de tener un taller de reparaciones en la azotea de nuestra torre de marfil. Durante demasiado tiempo se han acometido demasiadas malas inversiones que ahora deben liquidarse, reestructurarse y ver sus precios adaptados. El problema no es que demandemos demasiado poco, sino que hasta que no cambiemos nuestro aparato productivo seremos demasiado pobres como para demandar tanto como lo veníamos haciendo en tiempos de la renovada exuberancia irracional.

Por eso Obama se equivoca y Merkel acierta. Por eso Hoover y Roosevelt se equivocaron hace 80 años cuando desbocaron el déficit público de EEUU. Por eso España y Grecia no han remontado el vuelo pese a sus espectaculares déficits. Por eso Keynes fue un charlatán y Hayek un economista serio.

La cuenta atrás

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La aceleración de los acontecimientos relacionados con la economía mundial está tomando tintes vertiginosos. En lo que se refiere a España, se tornan trágicos a causa de la singular mezcla de corrupción e inepcia de la casta política local que derrocha recursos presentes y futuros. Al grito keynesiano – y de Groucho Marx- de “¡más madera!”, los planes de rescate de bancos y empresas de todo tipo, los programas de estímulo (Planes E y compañía) por no hablar de los gastos insostenibles del Estado de bienestar -¿sorprende que se recorte tímidamente la baladronada de su  “cuarto pilar”?- han provocado tales desajustes en las cuentas públicas que los inversores internacionales suscriben deuda pública con un nerviosismo comprensible. Especialmente, la de países como España, cuyo deterioro económico ha provocado el hundimiento de los ingresos con los que se supone debe pagarse la deuda al vencimiento.

Causa perplejidad que a estas alturas tengan tanta resonancia las campañas denigratorias lanzadas por gobiernos adictos al crédito contra la actuación de sus prestamistas en mercados organizados. Tal vez se deba a que estos chivos y cocos expiatorios transmiten al público no especializado señales de alarma y convierten en transparente lo que los gobiernos buscan ocultar.

Sea como fuere, pocas veces puede presenciarse un momento tan crítico. Guste o no, depende de la casta política la adopción de unas cuantas medidas basadas en la sensatez y la racionalidad. El gobierno irresponsable que nos ha metido en semejante lío carece de mayoría parlamentaria, pero, paradójicamente, antes de largarse a su casa debería promover las medidas que eviten sumir a un país entero en una prolongada depresión, si no activa la espoleta que haga saltar por los aires el frágil esquema de la unión monetaria europea.

Dentro de ese contexto, el gobierno español, presionado con insólita publicidad por los socios de las organizaciones a las que pertenece, se vio forzado la semana pasada a adoptar los primeros recortes serios. Por solo mencionarlos, se trata de la reducción del 5 por ciento de los sueldos del personal del sector público en términos brutos anuales; la suspensión de la revalorización de las pensiones públicas para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas; la irretroactividad del reconocimiento de situaciones de “dependencia” para no pagar las prestaciones correspondientes desde el momento de la solicitud; la supresión del cheque bebé de 2500 euros a partir del año que viene y el racionamiento de medicamentos subvencionados por el sistema público de salud.

Obviamente, cabe criticar la elección concreta de las partidas elegidas. Nótese que esos recortes de gasto reúnen la característica común de que pueden hacerse efectivos sin pensar demasiado y algunos afectan a las cuentas de todas las administraciones. En el caso de la necesidad de reducción del sueldo de los empleados públicos, por ejemplo, fue advertida hace tiempo, sobre todo después de la disparatada subida lineal pactada por el gobierno con los sindicatos el año pasado, a pesar de las tasas negativas de IPC del año 2009. Sin embargo, la cuestión esencial es que son alarmantemente insuficientes para atajar el descontrolado déficit de las administraciones públicas españolas. El anunciado ahorro equivale tan solo a los quince mil millones de euros ya despilfarrados en subvencionar obras de los ocho mil ayuntamientos españoles.

El preceptivo trámite parlamentario previsto en el artículo 86 de la Constitución permite que el Congreso ratifique el decreto ley utilizado por el gobierno para adoptar esas medidas para, a continuación, proseguir su aprobación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De esta manera, cabría añadir enmiendas parciales que suprimieran o redujeran partidas adicionales de gasto como las subvenciones públicas a organizaciones de todo tipo (partidos, sindicatos, ONGs, empresas) y ayudas a gobiernos extranjeros.

Si el Estado gastó el doble de lo que ingresó por impuestos el año pasado, esos recortes apenas son un parche que debería acompañarse de una terapia de choque. La gravedad de la situación exige, además, una inmediata liberalización de todos los sectores de la economía (relaciones laborales, arrendamientos de vivienda y rústicos, del suelo) que contribuya a un rápido reajuste de los factores productivos. De este modo podrá atajarse el índice de paro del 20%. Asimismo, es necesario derogar leyes y normativas que comportan estipendios públicos, liquidar empresas públicas deficitarias (incluyendo las cajas de ahorros) enajenar las rentables al mejor postor, eliminar consorcios y fundaciones que escapan del control financiero de las administraciones, eliminación de ministerios y sus unidades administrativas respectivas, y el despido de empleados públicos que sirvan en esos puestos.

Es cierto que la envergadura del envite sobrepasa en gran medida las dimensiones de la economía española, por lo demás intrincada en los flujos de la europea y mundial. Sin embargo, en pocos lugares como en España cabe percibir con nitidez la línea que separa una crisis coyuntural, si se adoptan medidas drásticas que suponen sacrificios, de un descenso a los infiernos y la instalación en el marasmo al menos durante una generación, realimentado por las luchas intestinas favorecidas por la inseguridad jurídica y la arbitrariedad introducida por estatutos de autonomía como el catalán.

Si los socialistas son capaces de rectificar levemente sus errores porque les tiran de orejas sus héroes americanos (por supuesto más preocupados de endeudarse para intervenir su propia economía que de rescatar lejanos países mediterráneos) el tiempo de los disimulos y el regate corto de los líderes de la supuesta oposición debería agotarse. ¿Es imposible que se sacudan de esa falta de criterio que Hayek atribuyera a los conservadores en general? El tiempo se está agotando y los galgos y podencos pueden conducirnos a la más persistente de las ruinas.

En conclusión, la cuenta atrás para evitar un desastre colectivo sin paliativos sigue corriendo. Con independencia de la valoración del ECOFIN de la Unión Europea y el FMI, los principales examinadores de la viabilidad de los planes de reducción de gasto y de liberalización de la economía que permita la adaptación de la estructura productiva a la nueva situación son los millones de personas que conforman el mercado. Esperemos que un ataque de cordura asalte a los dirigentes de los partidos mayoritarios y sirvan patrióticamente a su país evitando que se despeñe por la vía tercermundista.

El ajuste de la izquierda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…ése que había prometido durante dos años no tocar y ése que había convertido en el estandarte de la vía española o zapaterina para salir de la crisis. Algunos todavía siguen queriendo rebelarse contra una ciencia económica que no entienden, pero en su fracasado intento sólo logran arruinar a naciones enteras. Zapatero y la izquierda son un buen ejemplo: durante mucho tiempo –demasiado– creyeron que el Estado tenía que gastar más de lo que ingresaba (al contrario de lo que empezó a hacer un mucho más prudente sector privado) para relanzar la recuperación; hoy, Zapatero se ha visto obligado a empezar a rectificar y sus corifeos están desconcertados. ¿Es posible que les hubiese mentido durante tanto tiempo sin que ellos se dieran cuenta?

Algunos incluso emplean la coyuntura para implementar su agenda ideológica. No es que estén convencidos de que nos veamos abocados a la quiebra, pero dado que su líder ha dado el pistoletazo de salida para reducir el déficit, aprovechan para hacer aquello que siempre quisieron hacer: subir los impuestos a los ricos y recortar el gasto público al ejército, a la banca y a la Iglesia.

El diario Público despliega este fin de semana sus propuestas para poner corto al déficit, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos fiscales. No voy a entrar a valorar las propuestas concretas –en muchas reducciones del gasto puedo incluso estar de acuerdo– ni la lógica que puedan tener (es absurdo pensar que aumentando los impuestos en medio de la mayor depresión de nuestra historia moderna se logrará un incremento lineal de la recaudación o que el déficit puede solucionarse sin una liberalización enérgica del mercado laboral). Sólo me interesa destacar la incapacidad de una parte muy importante de la izquierda para digerir la realidad y proponer soluciones en consecuencia.

Después de, entre otras cosas, recortar un tercio el presupuesto de Defensa, dejar quebrar a la banca española al suspender el FROB, gravar las loterías, reinstaurar el Impuesto sobre el Patrimonio, aumentar el tramo máximo del IRPF al 50%, eliminar la práctica totalidad de las deducciones a las que se acogen las clases medias, multiplicar por cinco la tributación de las SICAV, aumentar el Impuesto de Sociedades al 35% para las grandes empresas y luchar genéricamente contra el fraude fiscal, sólo esperan reducir el déficit en unos 23.000 millones de euros (el cálculo que hace Público es algo superior, pero se debe a que no suma correctamente).

Bien: ahora recordemos, en 2009 el déficit público de España estuvo en torno a los 110.000 millones de euros. ¿23.000 millones? ¿Eso es todo? ¿Con este ajuste de cuentas, en su doble sentido, concluye la consolidación presupuestaria alternativa de la izquierda? Debería bastar este botón fuertemente ideologizado como muestra de lo poco que nos tiene que ofrecer el socialismo en la salida de esta depresión. Y no entro a juzgar, ya digo, los efectos devastadores que en la actual coyuntura tendría gravar aún más las escasas fuentes de ahorro de que dispone la sociedad española.

Muchos pensaron que la crisis la había causado el libre mercado (en ningún momento se plantearon el papel que jugaron esos monopolios públicos de la emisión de moneda que son los bancos centrales) y automáticamente se ilusionaron creyendo que era la "hora del Estado", de "lo público". Ya hemos visto qué pasa cuando a un mal diagnóstico lo sigue una peor receta. Aunque se nieguen a reconocerlo, la sociedad española no puede permitirse un Estado tan caro como el actual y por ello habrá de realizar un drástico recorte de gasto público, en parte en las partidas que sugiere la izquierda pero también y sobre todo –porque son el grueso del Presupuesto– en otras que son intocables para el dogma socialista. Esperemos que su tozudez no nos lleve a la quiebra a todos; o, al menos, resultaría deseable que quienes nos abocan a la quiebra sean los que soporten el mayor coste de la misma una vez se produzca (por ejemplo, pagando más impuestos en el futuro por el gasto que no han querido recortar hoy para hacer viable el repago de la deuda). En caso contrario, continuarán brotando e implementándose propuestas políticas disparatadas y suicidas, al estar socializándose unas pérdidas de las que ellos, la izquierda, son los responsables.

Un sencillo plan para acabar con el déficit

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.

Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

  • Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 19.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
  • Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
  • No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
  • Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
  • Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
  • Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
  • Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
  • Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
  • No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
  • Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
  • Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
  • Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
  • Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.

Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.

¿Seguro que la subida del IVA no creará distorsiones?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Según afirmó Elena Salgado, ministra nada menos que de Economía, la inminente subida del IVA del próximo julio no causará distorsiones y efectos perjudiciales en la economía española. Uno no puede dejar de sorprenderse de que afirmaciones como ésta salgan de la boca de una ministra de Economía, que idealmente debiera ser la persona que más sabe de economía de España o, al menos, la que mejor asesores económicos tuviera.

Antes de entrar a comentar las distorsiones, hay que decir que la subida del IVA (o de cualquier otro impuesto) no solamente creará numerosas y perjudiciales distorsiones en nuestra economía, sino que no solucionará en ningún caso el problema de nuestro déficit, como ya comenté en un anterior artículo.

Dicho esto, lo que está claro, al menos económicamente hablando, es que el incremento del impuesto se trasladará a precios. En otras palabras, los comerciantes se verán en la obligación de “cobrar” la subida al consumidor. El gran afectado es el consumidor, como (casi) siempre.

Por lo tanto, aquí tenemos la primera gran distorsión: en el escenario actual de crisis económica, la subida del IVA va a causar que sea más difícil salir de esta crisis. Incluso la Comisión Europea advirtió que la tímida recuperación que se esperaba para el segundo trimestre se vería truncada por la subida del impuesto. Se estima que costará 1.000 euros anuales a cada familia. Nada menos. Y esto significa que las personas tendrán menos recursos para hacer frente a sus deudas y reestructurarse financieramente. Lo cual significa que seguiremos en recesión. Eso sin contar que la subida del IVA no “la pagarán los ricos” (como se suele decir demagógicamente), sino que recaerá sobre las rentas más bajas y los pensionistas. ¿Pretende la ministra Salgado hacernos creer que esto no supone una tremenda distorsión?

Además, ¿no habían quedado nuestros queridos gobernantes, consejeros y economistas keynesianos que lo que había que promover era el consumo? Si la demanda es débil ya de por sí, una persona sensata se preguntaría cómo pretenden estimularla castigando el consumo con la subida del IVA. El sentido común nos dice que si los bienes y servicios son más caros y nuestra renta permanece constante, no podremos adquirir el mismo número de bienes que adquiríamos antes (o tendremos que endeudarnos más todavía…). Si yo antes destinaba 100 euros a comprar una serie de bienes y ahora estos mismos bienes cuestan 110, está claro que me veré forzado a comprar menos cantidad. Zapatero, que ya sabemos que nació con otra lógica cerebral, afirmó que “[la subida del IVA] es la medida que ahora menos daño hace al consumo y a la recuperación de la actividad”.

La ministra Salgado, no obstante, nos intenta convencer de que sólo un 50% de la subida se trasladará a precios. Quizás sea así, quién sabe. Pero si los empresarios no repercuten el 100% de la subida al consumidor es porque no pueden hacerlo debido a que la gente no consumiría lo mismo, con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.

Desconozco si la ministra considera esto una distorsión, pero en cualquiera de los dos casos, significará un descenso en la actividad económica. Y es que los impuestos siempre suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico y son los que aumentan el nivel de vida de todos, haciendo que el país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Cosa que pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores, empobreciéndose la sociedad en su conjunto. El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Por eso, cuando desde el gobierno se nos dice que no queda más remedio que subir los impuestos porque el Estado no ingresa lo suficiente, habría que recordarles que la recaudación del Estado no se ha reducido porque los impuestos sean bajos, sino porque se ha dilapidado/hundido la actividad económica.

La ministra Salgado nos muestra lo que un buen político demagogo (valga la redundancia) no puede olvidar bajo ningún concepto: nunca valorar y reflexionar acerca de los posibles efectos secundarios de sus decisiones;  pensar que, después de que ellos metan la manaza en la economía, todo va a quedar igual, nada se va a alterar, todas las variables permanecerán constantes. Lo cual significa pensar que el ser humano no reacciona ante un cambio de circunstancias, que no le afecta nada, que actuará igual pase lo que pase en su entorno. Curiosa manera de entender la economía y la naturaleza humana…

Y mientras tanto, Zapatero con su peculiar lógica cerebral va afirmando que “empezamos a dejar atrás la recesión”.

El concepto de perro no ladra

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Ésa es una de las lecciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería aprender de la debacle bursátil de esta semana. Por más que el índice de confianza de los consumidores suba en un mes, eso no quiere decir que exista confianza real en su gestión.

Y lo cierto es que dicho índice, elaborado por el ICO, remontó 5,5 puntos de marzo a abril, lo que junto con el buen dato del paro, podría hacer pensar que se ve una lucecita al final del túnel. Pero si rascamos un poco y observamos cómo se construye el índice de confianza del consumidor podremos hacernos una idea de qué mide y para qué sirve. Se trata de una encuesta con preguntas del tipo «¿considera usted que le va mejor que hace seis meses?» o «¿considera usted que la economía española va a mejorar?», que se realiza a 1.000 personas de diferentes edades, provincias y ocupaciones. La conclusión que cualquier español sensato sacaría de ese repunte es que, o bien las cosas van mejor con toda claridad, o bien la gente está cansada de que vaya mal y necesita vivir con la esperanza de que saldremos adelante. Y teniendo en cuenta que el paro sigue en torno al 20% (por más que la estacionalidad nos haya regalado un dato favorable el pasado mes), no parece que estemos remontando.

Según el ICO, han mejorado sobre todo las expectativas sobre la situación económica, seguida de las del empleo y la economía familiar, mientras que la valoración de la situación actual mejora, sobre todo, en el empleo y el conjunto de la economía. ¿Son incompatibles estos datos con la peor calificación de la deuda soberana española y con la caída bursátil? No lo creo.

Los consumidores financiamos las políticas del Gobierno con nuestros impuestos presentes y con los impuestos futuros, a través de la deuda pública. En España, la proporción de gastos financiados con deuda es mayor que lo que se recauda mediante impuestos, de manera que el consumidor no tiene una percepción real de lo que el Gobierno gasta de más. Por otro lado, la variedad de impuestos, la manera de anunciar las subidas y la periodicidad explican que el consumidor recibe la bofetada pero por partes. Por ejemplo, la subida del IVA supondrá, a partir de julio, una reducción en el poder adquisitivo del ciudadano de la Comunidad de Madrid de 350 euros. Pero será peor: no hay que pasar por alto la caída del PIB y los empleos que se perderán fruto de la subida del IVA. Y la eliminación de la devolución de los 400 euros supondrá otra reducción en su poder adquisitivo extra. Si suben los impuestos especiales, o retocan otros tributos de aquí a septiembre, el efecto será mayor y el ciudadano no se enterará del todo.

La mala percepción del ciudadano de a pie es mucho más grave cuando se trata de los efectos de la deuda del Estado. No solamente porque no se suele dar el dato agregado de la deuda estatal, autonómica, municipal y de las empresas públicas. También porque la deuda de los estados la pagan nuestros descendientes, no nosotros. Pero afortunadamente, la deuda se compra y se vende en el mercado financiero. Eso permite tener más claro lo solvente que el mercado internacional cree que es nuestra economía.

Cuando uno apuesta su propio dinero, mira con lupa dónde lo mete. Y eso es lo que le pasa a los inversores internacionales. Ellos saben que quien ladra es el perro, no el concepto de perro. Se dan cuenta de la diferencia entre la presentación que el dúo Salgado y Campa se llevaron de tournée para convencer a Europa de que somos una buena inversión y la realidad económica de nuestro país. Con un paro del 20%, un sistema bancario lastrado por las cajas de ahorro, cuyo rescate representaría un 15% del PIB, con destrucción del tejido empresarial, unos sindicatos que no están dispuestos a llegar a un pacto en el mercado laboral que facilite el arranque y un contribuyente anémico es necesario un Gobierno con autoridad y solvencia que tome las medidas necesarias, sean o no populares. Y ese no es el Gobierno español.

Por eso, a pesar del maquillaje de datos, de la estacionalidad del empleo, de los buenos deseos proyectados en el índice de confianza del consumidor, la deuda española es más cara y los inversores en Bolsa han dejado claro que no se fían.

** Artículo publicado en el suplemento económido de los domingos, Mercados.

Si fuéramos una empresa privada, ya habríamos quebrado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…tal como demuestra que durante toda la crisis griega el coste de su deuda pública sólo haya aumentado en 25 puntos básicos.

No estaría de más que el propio Krugman o nuestro muy transparente Gobierno nos aclararan si este comentario ha estado motivado por, digamos, algún tipo de agradecimiento monetario o se debe una vez más a la empanada mental del estadounidense. Al fin y al cabo, el propio Nobel escribía hace unos meses que "el gran problema de la eurozona no es Grecia, es España. Es cierto, España está incurriendo en enormes déficits presupuestarios, pero eso es consecuencia de su colapso económico".

Estipendios al margen, lo cierto es que no sé dónde podemos encontrar una pizca de esa credibilidad fiscal de España que pregona Krugman. Es cierto que la relación de su deuda pública con el PIB sigue estando en torno al 55%, por debajo de la media de la Unión Europea, pero este dato aislado no significa nada. Déjenme citar a Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, dos economistas que han elaborado uno de los estudios más extensos sobre los impagos de deuda pública:

Sólo el 16% de los países que quebraron entre 1970 y 2008 tenían una deuda pública que superara el 100% del PNB; más de la mitad de todas las quiebras ocurrieron a niveles inferiores al 60% e incluso el 20% de las suspensiones de pagos se produjeron a niveles menores del 40%.

Podemos seguir echándonos deuda a la espalda con el pretexto de que todavía tenemos margen para alcanzar a Japón, cuyos pasivos soberanos copan casi el 200% de su PIB. Pero sólo estaríamos cavando nuestra propia tumba. No conozco a ninguna empresa que esboce una sonrisa cuando anuncia que sigue perdiendo irremediablemente dinero pero que, al menos, todavía posee cierto margen de endeudamiento para conseguir pagar los salarios de sus trabajadores.

Porque la situación de España es exactamente ésa: una empresa que pierde año tras año 120.000 millones de euros (déficit presupuestario), que tiene una deuda pendiente de 550.000 millones (deuda pública), con un quinto de la plantilla cobrando y durmiendo al Sol (desempleo del 20%), con unos inviables compromisos futuros en concepto de pagos de pensiones a sus trabajadores (Seguridad Social en quiebra) y a la que no le queda más remedio que endeudarse para poder hacer frente a sus gastos corrientes y obligaciones pasadas (gastos presupuestarios y refinanciación de deuda). Todo ello con varios agravantes: las pérdidas anuales de esa empresa, lejos de reducirse, han crecido hasta marzo casi un 20%; los consumidores que deberían adquirir los productos de esa empresa (los contribuyentes que pagan impuestos) tienen unas deudas que son dos veces superiores a sus ingresos anuales (una deuda privada del 190% del PIB), y los bancos que prestan a la empresa están casi quebrados (sistema financiero español). ¿Credibilidad fiscal? Tanta como Krugman debería poseer credibilidad económica.

Es increíble que estemos avanzando hacia el abismo y todos sigan tocando la lira, aunque sospecho que la mayoría lo hace mientras se llena los bolsillos a costa de aquellos a quienes les queman sus hogares. Grecia sí está en el horizonte a menos que alguien rectifique: catástrofe o sacrificio. Lean el plan de ajuste del país heleno para ver qué se nos avecina: recorte de sueldo a los funcionarios, paralización de las contrataciones durante tres años, rebaja de las pensiones en un 15%, segunda subida del IVA hasta el 23%, incremento de los impuestos especiales y congelación salarial del sector privado. Todo lo cual, probablemente, ni siquiera sea suficiente. El futuro de los griegos es trabajar más para vivir peor, todo por cortesía de unos políticos y sindicatos que se fundieron la riqueza futura de los helenos durante más de una década. Exactamente como aquí en los últimos tres.

En España vamos por el mismo camino de la mano de los Zapateros, Salgados, Toxos y Rajoys. Como digo, si fuéramos una empresa ya habríamos quebrado hace meses.  Y no se crean que la ficción del Estado, por mucha capacidad para expoliar que posea, puede durar eternamente. Ni siquiera con maporreros como Krugman.

Los capitales no tienen color

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Si tiene usted alguna tarjeta de crédito, puede haberle sorprendido que su banco o gestora le haya pedido últimamente una copia del documento administrativo que acredita su identidad. Menuda estupidez, habrá pensado, si tengo domiciliado el pago de las compras que hago con la tarjeta en mi cuenta bancaria. Si, además –digamos-, jamás ha faltado a esos compromisos de pago derivados del uso de la tarjeta de crédito, el asombro se tornará en estupefacción.

Sin embargo, antes de atribuir a una pesadez inherente a los operadores telefónicos ese extraño proceder, repare en que el pasado jueves, los diputados del congreso español aprobaron por unanimidad una ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial del estado.

Ha de tenerse en cuenta que el blanqueo de capitales comenzó a perseguirse principalmente desde que las administraciones norteamericanas observaron la imposibilidad de atajar el tráfico de drogas prohibidas y, que, aunque pueda solaparse, no debe confundirse con la receptación. Este último se persigue desde tiempo inmemorial, ya que consiste en lucrarse, con los bienes sustraídos por un tercero sin haber intervenido como autor o cómplice en el delito base, teniendo conocimiento de su origen ilícito.

Bien es cierto que con bastante retraso, mediante esta ley se transpone al derecho español el contenido de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (firmada por Josep Borrell Fontelles), luego desarrollada por la Directiva de la Comisión 2006/70/CE, de manera que, de entrada, se unifican los regímenes jurídicos de ambas prevenciones. Por el contrario, se regulan aparte las medidas administrativas para inmovilizar fondos que puedan servir para financiar el terrorismo, bajo la dependencia de una comisión dependiente del Ministerio del Interior.

A grandes rasgos, la nueva legislación impone a sus destinatarios (financieras y aseguradoras, principalmente, pero también otros muchos empresarios y profesionales enumerados de la A a la Z, literalmente) unas obligaciones de vigilancia y espionaje de sus clientes para dar cuenta a la poderosa Comisión de prevención del blanqueo de capitales (llamémosla COPREBLANCA, por su resonancia soviética) dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, si sospechan que el dinero que van a utilizar procede de beneficios obtenidos por la comisión de delitos o va a ser utilizado para financiar actividades terroristas.

De este modo, las personas obligadas deben identificarlos; averiguar qué personas naturales sostienen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital social de sociedades y fideicomisos; analizar el propósito y la índole de la relación de negocios que se entable, recabando de sus clientes información sobre la naturaleza de sus actividades; controlar la relación de negocios mediante la fijación de procedimientos y órganos internos para llevarlo a cabo; examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al Servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, de las que deben abstenerse; conservar la documentación que resulte de todo ello durante un mínimo de diez años y formar su personal para prevenir el blanqueo de capitales.

La ley regula también las medidas reforzadas que los sujetos obligados deben adoptar respecto a autoridades de otros países de la Unión Europea o terceros y sus familiares, así como  en relación a operaciones que se consideren de alto riesgo, como la actividad de banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera. A estos efectos, se consideran todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal.

Como contrapunto, todas esas medidas se relajan cuando se trata de vigilar a entidades de derecho público, entidades financieras y las sociedades que coticen en bolsa, dentro del marco de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, ya que se encuentran sometidos a otros controles, se supone. Asimismo, la ley deja al arbitrio del gobierno la inclusión o exclusión de operaciones y personas de la aplicación de esas medidas.

En resumen, varias conclusiones desoladoras cabe extraer de este nuevo retorcimiento de la legislación administrativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Con las más variadas excusas, la Unión Europea va conformándose cada vez más como una peligrosa fuente de inspiración para el control totalitario de las vidas de los europeos por parte de sus gobiernos. Tendencia coincidente con la que se observa en los gobiernos norteamericanos, cualquiera que sea el signo político de sus presidentes, principal, aunque no solamente, por la “guerra” emprendida contra la droga. Como dijera David Hume en sus Ensayos Políticos, ninguna clase de libertad suele perderse bruscamente.

Por otro lado, la ausencia de una distinción por su gravedad entre los delitos de los que proceden los capitales ilícitos a los efectos de impedir su “blanqueo” conducirá indefectiblemente a la multiplicación de negocios sospechosos y al cortocircuito del sistema. Como ocurre en otras regulaciones “preventivas” de atentados terroristas, como los controles y registros a los pasajeros de aviones, se aprecia que la aplicación de métodos rutinarios solapa los muchos casos menos graves con los graves y causa molestias injustificadas.

Tal como se desprende del último debate en el congreso previo a su aprobación definitiva, se percibe, sobre todo, una intención de estrujar todo resquicio por donde se resienta la recaudación fiscal. La casta política española, insensata y corrupta donde las haya, ha desaprovechado, empero, una gran oportunidad para hacer creíbles sus declamaciones sobre la honradez de los políticos y, aprovechar así algo a lo que apuntan las interminables regulaciones comunitarias. Basándose en un análisis del riesgo al que aluden las directivas que se transponen, nada hubiera impedido ampliar a los políticos españoles y sus familiares los procedimientos reforzados de diligencia debida que se reservan para los comunitarios y de países terceros.