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Etiqueta: Fiscalidad

Otra vez el coche

Las razones que un político ofrece para justificar la subida o creación de un impuesto sobre el consumo (en realidad de cualquier impuesto) más allá del mero afán recaudatorio, esto es, confiscatorio, son, en el mejor de los casos, decorativas.

Al fin y al cabo la confiscación se consumará y parecerá que es cosa nuestra decidir la cuantía del robo, ya que seremos nosotros los que, al perseverar en nuestra libertad de consumir esto o aquello, habremos optado por el bien cuyo gravamen nos va a agujerear el bolsillo, aunque sea poquito, un poco más.

En agosto, en plena canícula veraniega y con los precios del petróleo dibujando negros nubarrones en el futuro de nuestra economía, el Sr. Solbes anunció una subida “moderada” de los impuestos sobre hidrocarburos a partir de 2007. El ministro ofreció entonces tres motivos: la caída de la recaudación; la práctica congelación del impuesto, cuya cuantía, fija por cada mil litros de combustible, no se ha renovado desde el año 2000; y la dichosa armonización fiscal con la UE.

Aun con todo, la confiscación en 2005 supuso 10.210 millones de euros para la caja del Estado, 289 millones de euros menos de los presupuestados. La desviación está ligada a la generalizada caída en el consumo tanto de gasolina sin plomo (-7,2%) como la del gasóleo (que en realidad modera su crecimiento). Una caída que encuentra sus causas en la conocida y padecida subida de los precios de todos los carburantes y, en el caso de la gasolina, en la dieselización que ahora quiere frenarse.

Desde luego se podrá estar en radical desacuerdo con los motivos aducidos, pero al menos no se adornan con la habitual demagogia ecologeta, una suerte de moralina impuesta a mano armada con la que es habitual hacernos comulgar, dos por uno, cuando los gestores de la cosa pública (ajena) nos meten la mano en la cartera. Ahí está el Ministerio de Medio Ambiente para darle colorido institucional a la cosa nostra con regulaciones pigovianas inspiradas, generalmente, en medidas importadas a la fuerza (directivas UE) o sin esfuerzo.

Pese a la tendencia a la baja señalada por el ministro-vicepresidente, no parece que por nuestras estatalizadas carreteras vayan a trasegar menos vehículos privados. Al menos la reducción no será significativa al nivel en que usted o yo podemos constatarla, es decir, sobre el asfalto. Con un incremento del precio+IVA y de los impuestos de tarifa plana se logrará recuperar, algo, la hucha del Estado (tampoco estaría de más que se ajustara mejor el presupuesto) pero no creo que el efecto, la coartada, sobre el medio ambiente (menos tráfico, reducción de las emisiones de CO2) sea significativa. Es notoria la poca elasticidad del consumo del combustible. Así las cosas, la señora Narbona vuelve a la carga con su otrora frustrado plan para “conceder prioridad a los vehículos que usan más eficazmente (sic) el espacio público y que disminuyan la contaminación atmosférica, lumínica y acústica“. Estos es: gravar el uso del vehículo privado en las ciudades mediante la aplicación de un peaje, medida que se complementaría con la construcción de aparcamientos periféricos y con el fomento del uso del transporte colectivo.

Posiblemente, en un primer momento y como ha sucedido en Londres o Estocolmo, esta medida puede suponer una reducción apreciable en el volumen de los atascos, siempre que las plazas de aparcamiento y la disponibilidad del transporte colectivo (privado-liberalizado, espero) lo permitan. Sin embargo no veo qué utilidad puede tener esta medida en una ciudad como Madrid, por poner un ejemplo cercano. Es decir, la mayoría de los atascos, al menos los más graves de los que nos informan los boletines de noticias y que padecemos algunos, se dan en las vías de circunvalación, es decir, lejos del centro urbano, en las proximidades de los grandes espacios comerciales y polígonos industriales. En estos casos el uso del coche no sólo es una decisión libre sino la única alternativa sensata.

La diferencia fundamental entre un buen gestor y uno malo es que el primero pone a prueba sus hipótesis, es más, genera hipótesis con el propósito de entender la realidad, mientras que el segundo mira a los ojos a una realidad impostada, sin molestos intermediarios, los hechos, que pudieran arruinar su objetivo que, en cualquiera de los casos, será de los de corto plazo.

Cierto que los atascos son consecuencia de la ley económica que establece que la demanda siempre se expandirá por encima del suministro de bienes “gratuitos” para crear “colas”, sin embargo, antes de generalizar las medidas coactivas que preconiza el Ministerio de la señora Narbona es preferible buscar soluciones más modestas, que no se pierdan en la espesura de la demagogia gubernamental.

Esperanza Aguirre y los impuestos

El motivo es sencillo, y había sido expuesto anteriormente por Ludwig von Mises: "La idea de un impuesto total no puede ser llevada a sus últimas consecuencias", porque "si los empresarios y los capitalistas no derivan ningún beneficio ni perjuicio de la utilización de los medios de producción" se vuelven "irresponsables administradores desinteresados" de la propiedad. Vamos, que se dedican a cualquier otra cosa distinta de producir haciendo el mejor uso del capital. Y sin producción no hay impuesto que valga. El 100 por cien de cero es igual que el cero por ciento de 100. Por eso, hay un tramo en el que todavía se pueden rebajar los tipos, aminorar el desincentivo sobre trabajadores y empresarios y con el aumento de la actividad, aumentar los ingresos.

Esperanza Aguirre lo sabe bien y tiene plena confianza en su reciente anuncio, que es el cumplimiento de su promesa electoral, de bajar un punto el tipo impositivo en el tramo autonómico del IRPF. Las administraciones públicas se mueven por incentivos que son distintos de los que aseguran un buen uso de los recursos, mientras que las familias, las empresas, los individuos, se cuidan mucho de sacar el mejor partido de su propio dinero. La rebaja de impuestos es una muestra de confianza de la presidenta de Madrid en la sociedad.

Pero no menos importante que la suerte que tienen los madrileños de contar con una presidenta regional que cree en la iniciativa de la sociedad es el mero hecho de que ella tenga la posibilidad de tomar este tipo de medidas. Lo que llaman federalismo fiscal, que no es otra cosa que hacer a cada administración regional responsable de los impuestos como lo es de los gastos, es un pequeño alivio para los sufridos contribuyentes. Porque permite que distintas administraciones territoriales compitan por favorecer unas mejores condiciones fiscales a sus ciudadanos y a las empresas en las que trabajan y que sirven sus necesidades. La competencia fiscal entre administraciones, como entre empresas, funciona. Miren, sino, cómo le ha seguido Cataluña a Madrid en la eliminación del impuesto de sucesiones cuando de nuevo Esperanza Aguirre tomó la decisión de acabar con ese impuesto, que John Stuart Mill reconoció como especialmente injusto.

Lo contrario del federalismo fiscal es la extensión de la mano muerta del Estado a todos los rincones. "Armonización fiscal" lo llaman, que para el crimen organizado también hay nombres. Es el camino que quieren tomar los países con Estados más pesados dentro de la Unión Europea, para evitar que otros, como Estonia o Irlanda. Dar a cada Estado la libertad de elegir su nivel de impuestos, y dentro de éstos, a cada región, hará que las áreas más liberales prosperen más a base de meterle con más moderación la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

El estado policial de Solbes

En el caso del endurecimiento del control fiscal la excusa ha sido el terrorismo, la mafia o la especulación. Ninguna de las medidas del plan contra el fraude fiscal permitió disminuir las "enormes" calamidades que vaticinaba nuestro "salvador", pero sí que permitió aumentar más de un 370% las actuaciones sobre el IVA que afectan a pequeñas empresas y autónomos, también se investigó a 112.500 contribuyentes más, y el estado consiguió recaudar casi un 13% más que en el año anterior 2004 sin que nosotros hayamos notado mejoras individuales.

El objetivo de gobierno socialista no es más que el engorde de las cuentas del estado y de los políticos a cualquier precio. Ya lo dijo bien clarito el precursor de este asedio, Fernández Ordóñez, hace unos meses cuando aún era secretario de estado de Hacienda y Presupuestos: "queremos que se sienta el aliento de la Agencia Tributaria detrás del cogote (de los contribuyentes), pero no después de haber defraudado, sino antes". ¿Le suena eso que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad? A los socialistas también, pero lo han interpretado al revés.

No contentos con esta situación, Pedro Solbes, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, tiene un plan para seguir recaudando más a costa de nuestro trabajo y dinero. Para el año 2007 inflará el presupuesto de Hacienda para estar aún más presente en nuestras vidas. La primera medida consiste en aumentar el presupuesto de la Agencia Tributaria a 750 millones de euros, más 565 millones adicionales, para después comprarse 560 vehículos terrestres, 6 aviones, 6 helicópteros, 48 embarcaciones y más de 38.400 equipos informáticos. ¿Estado policial? Usted dirá.

El estado policial no es buen amigo del progreso económico ni de la libertad. Tal vez empieza a ser hora que los políticos españoles, después de ochenta años de políticas salvajes contra la propiedad y la libertad de las personas, empiecen a innovar un poco con un experimento que nunca han probado: renunciar a perseguir a la economía de las personas y empresas para dejarles respirar un poco. A Rusia le funcionó. Cuando estableció un impuesto de tasa única al 13%, la recaudación aumentó.

Que en la actualidad tengamos una economía sumergida del 23% es un claro síntoma de que la gente está cansada de tanta intromisión gubernamental. Está cansada de que los políticos, con la excusa de los muertos en las carreteras, lucha contra los sediciosos, los incívicos, los que fuman, los que beben, los que tienen coche, los que comen hamburguesas o los que no comen suficiente no hagan más que sacarnos dinero y dinero culpándonos, encima, a nosotros de ser egoístas y antisociales por no dejarnos saquear y querer hacer uso legítimo de nuestra libertad.

El bienestar de la gente no se consigue con el bienestar del estado ni con estados policiales, porque si el gobierno sigue siendo rico a más no poder, eso significa que nosotros seguiremos siendo pobres a más no poder.

¿Qué conduciría Jesús?

Irreverente y poco respetuosa, la campaña era una muestra más del disgusto que produce a muchos los avances materiales de nuestras sociedades.

En Italia, el ministro de Medioambiente ha lanzado recientemente la posibilidad de prohibir la circulación de estos vehículos en las ciudades, pero es más probable que prospere la sugerencia del presidente del Parlamento de elevar los impuestos sobre estos coches. La idea ha sido expresada también en España, y como no nos faltan políticos con más sentido del populismo que escrúpulos, no sería de extrañar que una medida así acabara por imponerse.

Se trataría de un nuevo impuesto sobre el vicio, como los que gravan al tabaco o al alcohol con el objetivo moralizante de que se los consumamos menos (ya sabemos lo que cuidan nuestros políticos por la salud moral del país) y de paso que aumentemos nuestra contribución a las arcas públicas. Es una idea extraña esa de que los probos representantes públicos pueden darnos lecciones de moral. Pero es que, además, es muy difícil, por no decir imposible, que tengan una idea más clara que el propio consumidor de lo que realmente necesita.

Yo no sé qué imagen tendrá el lector de sí mismo. Tengo la misma información sobre usted que la que podría tener un regulador o un inventor de impuestos, una de las tareas menos nobles de la historia. Pero cabe pensar que si una persona está dispuesta a hacer un desembolso importante para comprarse un coche, si tiene que entregar una cantidad que le va a obligar a renunciar a otras cosas valiosas, es improbable que sea por mera frivolidad. Yo tiendo a pensar que cada uno tiende a ser responsable cuando se trata del propio dinero para el consumo personal o de su familia.

Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, elaborado en 2001, reveló que los SUV eran tan seguros como cualquier otro coche, a excepción de los más grandes, que resultaban mucho más protectores de la vida de sus ocupantes. Una de las críticas de esos coches que circulan entre quienes buscan argumentos en su contra queda, por tanto, desmentida. Por lo que se refiere al consumo, otra excusa típica contra los SUV, los coches nuevos emiten menos CO2 al ambiente que los antiguos, y éstos, cuya incorporación al mercado no tiene la antigüedad de otros, se benefician del avance tecnológico. Además, están sometidos como los demás a los estándares europeos en materia de emisiones.

La mala costumbre de demonizar el consumo pierde sus orígenes en la noche de los tiempos, pero se resiste a desaparecer pese a que el desarrollo de nuestra civilización está inextricablemente unido al crecimiento del consumo. O precisamente por eso. Pero consumir es satisfacer nuestras necesidades de forma directa, y es el objetivo de toda producción. Cuando políticos, economistas, intelectuales y gente de la calle habla de las necesidades sociales, lo están haciendo del consumo de cada uno de nosotros.

Infierno… fiscal

Para muchos, al llegar el verano llega el infierno. No sólo hace calor sino que también se suda al cumplimentar la declaración de la Renta. Tras hacer un minucioso acopio de papeles y rellenar las casillas pertinentes, el resultado sale a pagar. Entonces, no hay círculo de Dante en el que halle más calor que en su interior.

Observa que en su cuenta corriente tenía algo de dinero para comprar un aparato de aire acondicionado pero que quizás ya quede tan lejos como cerca en último día de plazo para pagar el impuesto.

A pesar de que cada mes, más de doscientos euros salían de su nómina con destino a las arcas del Estado y de que no ha hecho otra cosa que pagar tributos como el IVA, el impuesto de circulación o el de los Hidrocarburos, todavía el Gobierno le reclama más y más.

Su voracidad carece de límites. Es el taxman que glosaba la famosa canción de los Beatles. "Hay uno para ti, 19 para mí porque soy el recaudador. Si conduces, gravaré la calle. Si andas, gravaré tus pies".

Para colmo, al leer el genial libro de Carlos Rodríguez Braun "Tonterías Económicas" se encuentra con que un reputado escritor, del cual pensaba comprar alguna novela, Juan José Millás, ha lanzado vivas a la declaración de la renta.

Ya no le queda duda de que hay verdaderos canallas que se ríen de quienes trabajan la mitad del año para el Estado. Esa gente es la misma que recomienda creer a los políticos cuando justifican la necesidad de los impuestos para satisfacer las necesidades colectivas cuando, en realidad, como advierte Jorge Valín, el dinero lo van a entregar a los suyos o "se van a quedar una generosa parte".

Llegado el día del juicio, cuando tenga que darle a Belcebú, un trocito de su alma en forma de modelo D/100, al menos, piense que le están tomando el pelo y que todo cuanto trabaje, antes o después le será esquilmado.

Incluso, cuando quiera descansar en paz, el Estado se lanzará sobre su cadáver. Pedirá que unos pocos meses después su fallecimiento, sus herederos liquiden el impuesto sobre sucesiones… con lágrimas en los ojos.

Ha pasado un año más. Como usted lo ha soportado, Taxman le espera sonriente el año que viene. Bienvenido al averno fiscal.

En busca de los billetes perdidos

En todos los medios de comunicación nos dicen que la guerra contra los billetes es para combatir el terrorismo y actividades criminales. Es el truco que nunca falla, el gobierno instaura el miedo para poder beneficiarse a expensas de la sociedad civil. Los terroristas internacionales y grandes criminales pueden encontrar un sinfín de fórmulas para blanquear su dinero en la sociedad globalizada de hoy día. Tal vez esta fórmula del gobierno pudiera haber servido en la época de Al Capone, pero ahora resulta altamente ineficiente. Para luchar contra el crimen, existen medidas mucho más efectivas. Esto nos sugiere que la Hacienda Pública tiene en realidad otro objetivo.

La gran afluencia de billetes de 500 euros hacia España no se debe al terrorismo sino a la economía sumergida más común e inocua. En nuestro país, más del 20% del PIB es ajeno al control estatal moviéndose el capital entre autónomos, comerciantes, empresarios y gente trabajadora que no quiere ver expropiado su trabajo por el falso eslogan del bien común.

La lucha del gobierno contra el blanqueo de capitales es una faceta más de la eterna lucha del poder político contra la gente. En esta campaña de acoso, el gobierno socialista también ha involucrado a la banca privada obligándoles a que trabajen para ellos. La última misiva del Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) ha advertido a las entidades crediticias la obligación de fiscalizar a sus clientes, especialmente a los que están en lo que denominan "zonas calientes", es decir, el sur y la costa de España. Pero estas regiones no se caracterizan por la afluencia de terroristas, sino de turistas y residentes (muchos jubilados) de alto nivel adquisitivo. La propia nota del Sepblac se delata. El único interés del gobierno es la recaudación y su falsa excusa la seguridad y el bien común.

Como ya apuntó el economista Ludwig von Mises, cuando a una empresa se la somete a controles, reglas y leyes para que obedezcan al estado lo único que conseguiremos es que ésta pierda su visión comercial para dedicar sus recursos a la burocracia en lugar de destinarlos a la satisfacción del consumidor. Con este tipo de estado policial financiero lo único que conseguiremos es expulsar la riqueza de nuestro país entorpeciendo además la labor comercial de las empresas privadas.

Los billetes de 500 euros no son la causa del malestar económico, sino sólo un síntoma. La solución no pasa por endurecer y vigilar más a cada ciudadano, sino en otorgar mayor libertad económica para sacar a flote ese 20% del PIB español que vive escondido por el miedo a la expoliación.

Allons enfants de los impuestos

El responsable de la idea ha sido un eurodiputado francés del partido de Chirac, Alain Lamassoure, sin duda envidioso por los pocos impuestos que, en comparación, tienen los demás europeos. Ya que nos arruinamos, arruinémonos todos juntitos, habrá pensado. Y es que Francia encabeza el "índice de miseria fiscal", elaborado por Forbes, por delante incluso de un país comunista como China.

Uno de los impuestos que propuso fue una tasa de 0,00001 euros por cada correo electrónico enviado. Seguramente no se dio cuenta de todas las implicaciones de semejante estupidez. Concedámosle algo: la cifra es tan pequeña que, por una vez, un impuesto no iba a modificar nuestro comportamiento. Ni siquiera el de los que envían spam a cientos de miles de direcciones; les saldría a unos pocos euros la broma. Sin embargo, ignoro cómo planeaba cobrar dicho impuesto. Digo yo que lo intentarían cobrar a las empresas desde cuyas máquinas se hacen dichos envíos. Pero, ¿y si yo, europeo, envío un correo por medio de Gmail o Hotmail, ambas empresas norteamericanas; la UE querría cobrar algo? Bueno, querer querría pero, ¿podría? Es más, dado que no es obligatorio incluir un remitente real en los mensajes electrónicos, nada sería más fácil que eludir ese impuesto. Tampoco quiero ni imaginar el dinero que se podría gastar en recaudar todo eso, ni el que tendrían que tirar a la basura las empresas en hacer el papeleo, más que nada porque debo reconocer que no sabría ni cómo empezar a hacer los cálculos.

Eso sí, se pueden hacer algunas estimaciones de lo que se podría recaudar. Si se cree que se enviarán en el mundo aproximadamente un billón de mensajes en 2006, y suponemos que desde la Unión Europea se realizará un porcentaje similar a su participación en el PIB mundial, un 18%, de los envíos, se recaudaría cerca de 2 millones de euros al año, suponiendo que los costes administrativos fuesen cero. Dado que mantener a un eurodiputado, entre sueldo, secretarias y prebendas, cuesta unos 2’5 millones al año, cabría sugerir que saldría más rentable quitarnos de encima a Alain Lamassoure y reducir en uno el número de parlamentarios de la Eurocámara. No creo que nadie lo notara. Para mal, al menos.

Quizá consciente de que en esta ocasión había dicho una estupidez excesiva incluso en un europarlamentario francés, Lamassoure se ha echado atrás en el impuesto a los correos electrónicos, manteniendo la otra parte de su propuesta original, una tasa de céntimo y medio por cada SMS enviado, que además se cobraría sólo a las operadores, como si éstas no fueran a repercutirlo en los usuarios, como sucede con el canon de la SGAE. Eso sí, esto ya es otra cosa, al menos en cuanto a cifras: podría suponer unos 5.000 millones de euros. Se ve que, siguiendo una larga tradición, el europarlamentario ha salido a la calle, ha visto algo que hacen mucho los europeos y ha regresado con una propuesta para ponerle un impuesto. No existe ninguna razón especial para imponer otro impuesto además del IVA que ya pagan. Con la gasolina aducen la excusa del medio ambiente, con el tabaco la de la salud pero… ¿con los SMS? ¿Han de sufragar enormes gastos en volver a enseñar ortografía a los usuarios, quizá?

Si desean dinero, eliminen la Política Agraria Común, por ejemplo. Así tendrían campo incluso para bajar los impuestos, si no fuera porque para los políticos europeos eso de quitarles menos dinero a los ciudadanos es tema tabú.

Estilo Morales

Evo desvalija empresas extranjeras con un jersey de lana gorda y los políticos europeos desangran nuestros monederos pertrechados con traje y corbata. Evo es un ratero megalómano; nuestros políticos, unas sanguijuelas cojoneras.

La última ocurrencia de los zascandiles bruselenses consiste en gravar con un nuevo impuesto los mensajes a móviles y los correos electrónicos. La UE siempre está a la vanguardia del progreso técnico cuando se trata de vaciarnos la cuenta corriente; cualquier caladero de nuevos euros recibe su obsesiva atención.

Y, cómo no, la propuesta nace de un francés, Alain Lamassoure, usurero mayor del republicanísimo reino uropeo. En opinión de este brillante asalariado-a-nuestras-costillas,

"los intercambios entre países se han disparado, luego todo el mundo ha de comprender que el dinero para financiar la UE debería venir de los beneficios engendrados por la propia Unión".

Entiendo que al chiraquín le cueste diferenciar entre libertad y servidumbre, por algo sigue siendo político sin que las entrañas y la conciencia se le hayan escapado por patas. Ahora bien, me gustaría creer que semejantes chupitos de sentido común no van a sumir a nadie en una descamisada embriaguez socialista, aun cuando muchos serviles crédulos decidan inyectárselos en vena.

Imagine que un grupo de bandoleros le secuestra y le encierra en un cuarto oscuro. Al cabo de unos meses deciden liberarle, de modo que usted reanuda su vida, se pone a trabajar y a ganar dinero. ¿Tendría algún sentido que sus antiguos secuestradores le requirieran una parte de su salario aduciendo que usted está obteniendo ingresos gracias a que hace dos meses decidieron liberarlo?

La pifia argumental es similar a la del euroladrón. Los intercambios entre países se han disparado porque los estados europeos han reducido las barreras existentes entre ellos, favoreciendo de este modo la interrelación de los ciudadanos. El mérito lo tienen los individuos, y los empresarios que crean los medios para que esa interrelación sea posible; la Unión Europea sólo contribuye a ello de la misma manera en que un asesino en serie contribuye a nuestra salud si decide indultarnos.

Además, la extraordinaria prodigalidad paneuropea que muestra Lamassoure con el dinero ajeno sirve perfectamente para ilustrar el origen y el destino de esa colusión de mafiosos sinvergüenzas que se llama Unión Europea: el control de la sociedad.

Todavía hay quien piensa que el origen del euroburocratismo tiene algo que ver con la búsqueda de la fraternidad y la libertad entre sus ciudadanos, pero lo cierto es que la Unión Europea supone una vía no militar de alcanzar el objetivo que Napoleón, Hitler o Stalin ya acariciaran: regir a todos los europeos a través de un solo Estado.

En la práctica, nuestros padres fundadores, a diferencia de los estadounidenses, no pretendieron librarnos de la tiranía, sino armonizarla. Los dirigentes franceses y alemanes renunciaron a conquistar por las armas a sus vecinos y decidieron someterlos mediante la firma de unos tratados con vocación imperialista. Sólo tuvieron que repartirse la tarta del control político para tranquilizar sus ansias expansionistas: si los monarcas absolutistas unían sus dominios a través del matrimonio, los monarcas democratistas del presente los fusionan mediante contubernios pseudoconstitucionales.

No es de extrañar, por tanto, que el destino de este desaguisado estatista sea un crecimiento sostenido de la burocracia a costa de los europeos. Si Lamassoure asegura que el nuevo impuesto sobre los e-mails y los SMS es imprescindible para sostener la Unión Europea, ¿hemos de entender que el armatoste francoalemán está a punto de derrumbarse por insuficiencia de fondos? Supongo que de ser así todos los eurociudadanos deberíamos hacer un euroesfuerzo para evitar que los europarlamentarios, eurofuncionarios y eurochorizos, entre viajes en primera clase a Bruselas y Estrasburgo, tuvieran algo más que langosta y caviar para echarse a la boca.

Pero me temo que el nuevo impuesto no va destinado a financiar la UE tal y como la conocemos en la actualidad, sino a expandir sus programas, competencias, regalos, subvenciones y suculentos salarios. Vamos, los eurócratas exigen más impuestos para incrementar sus despilfarros y remuneraciones. Algunos nunca se dan por satisfechos, sobre todo cuando paga el vecino.

Eso sí, para Lamassoure no tenemos de qué preocuparnos, pues el nuevo impuesto es muy reducido; no es mucho –dicen–, pero, dados los miles de millones de transacciones que se efectúan cada día, podría ayudar a aumentar los ingresos.

Tras ciertas alocuciones sólo queda levantar el acta de defunción de la inteligencia. Si el impuesto no es muy gravoso, entonces los ingresos no serán muy elevados, a menos que los políticos hayan descubierto cómo multiplicar los panes y los peces partiendo de una pequeña suma de dinero. Si los ingresos son elevados, entonces el impuesto sí será gravoso. El Estado no tiene recursos propios, todo procede del expolio a la sociedad; aquél no puede ganar mucho sin que la ésta pierda más.

No debemos pensar sólo en el perjuicio económico que generaría la medida; para recaudar el impuesto será necesario controlar cuántos correos electrónicos y SMS enviamos, lo cual abre las puertas a conocer a quién se los enviamos y qué contienen.

El "proceso de construcción europeo" no es más que nuestra particular revolución bolivariana. Más lenta, pero más firme y segura. La dictadura explícita pasó de moda entre los europeos tras la II Guerra Mundial; ahora se conforman con un despotismo iletrado en forma de parlamentos. Pero no les preguntemos por la libertad: la mayoría ya ha perdido la costumbre. Entre cadenas e impuestos se vive mejor.

Precios de Transferencia y la nueva legislación fiscal

Si el lector se fija en una de las conferencias anunciadas por el Instituto (Precios de Transferencia y la Ley contra el Fraude Fiscal), se dará cuanta de que algo se nos viene encima y que afecta, en última instancia, a nuestro bienestar. Porque, aunque pudiera parecer lejano y concernir solamente a determinadas operaciones y contratos, como siempre sucede, cuando nuevos obstáculos son plantados en el camino de las empresas, son todos los consumidores quienes al final sufrirán el retraso en el surgimiento de nuevos y mejores productos al mercado.

Así ocurre, también, cuando la autoridades fiscales de un país corren a la zaga de sus empresas y se dan cuenta de que el beneficio que ha surgido de las actividades de éstas en el país son gravadas por otro Estado. Alarmados y temblorosos, contactan con sus homólogos (mejor si son europeos) y pergeñan nuevas medidas a través de centros de estudios proclives a sus tesis. Las nuevas medidas, como la futura Ley para la Prevención del Fraude Fiscal, son una clara muestra de la influencia que están protagonizando organizaciones transnacionales que respaldan teóricamente a los gobiernos más intervencionistas.

En el ámbito internacional, los negocios de las empresas pueden verse afectados por las actuaciones del fisco a través de los denominados Precios de Transferencia (precios por los que tributar fijados por la Administración para las relaciones internacionales entre empresas vinculadas). Las empresas vinculadas, aunque hayan llegado a montar una estructura empresarial de mercado que les permita diversificar actividades en distintos países al son de la eficiencia y de la productividad, deben valorar sus compras y ventas entre ellas al precio que estime aceptable la Administración. Es decir, que aunque se vendan y compren entre ellas productos de manera más económica o con un precio menor del que se ofrece en el mercado (precisamente gracias a esa mayor eficiencia conseguida), deben valorarlos a "precios de mercado" (con todos los problemas que ello conlleva) o tal como está definido en la ley: al precio que pactarían "sujetos independientes en condiciones normales de mercado".

En cuanto una empresa creara, por ejemplo, una nueva sociedad para centralizar determinados servicios y llevarlos a cabo más eficientemente, la inspección caería sobre sus bolsillos y le exigiría aumentar sus costes a efectos tributarios. Por lo tanto, con esta penalización a la competencia, se impide la creación de nuevos organigramas más productivos y que servirían de mejor modo a los ciudadanos, haciendo que sean más costosos por el simple hecho fiscal.

Sin embargo, lo verdaderamente palpable con estos movimientos y estos contraataques de la administración para retener bajo su control las rentas gravables se refiere a un protagonista de enorme expansión: la globalización.

La globalización, o la continuación del comercio fuera de las fronteras estatales, posibilitó que el ingenio empresarial se aprovechara de la diferente legislación interna de los países, y en concreto la legislación fiscal. Esto hace que hoy día, el sector privado aproveche sus recursos para minimizar el nocivo efecto del Leviatán y así servir de mejor modo al consumidor.

Por ello, la respuesta de los gobiernos, sobre todo europeos, y de las agencias progubernamentales, (la OCDE, etc.), no se hizo esperar y aplicaron medidas como la fijación de estos precios que engrandecen los poderes de la administración, endurecen las sanciones y amplían los supuestos por los que las empresas estarán a merced del Fisco.

De ahí que, conocer la nueva ley y, sobre todo, saber de la batalla que se está librando entre, por una parte, las empresas y los asesores fiscales, y por otra, el fisco y la Agencia, es imprescindible para poder defenderse y hacer frente a estas nuevas medidas liberticidas que están protagonizando los tiempos venideros.

Contra la armonización fiscal

Desde hace algún tiempo, la OCDE, pretende conseguir que no haya competencia fiscal en el mundo para que así los impuestos sean aún más draconianos y no haya donde proteger el dinero de la rapacidad fiscal.

En la Unión Europea, este proyecto enerva las mentes de nuestros burócratas. De ahí que, ante la propuesta de armonización de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, encabezada por la Comisión Europea, el Instituto Juan de Mariana haya considerado oportuno sumarse a la petición del Instituto Lituano por el libre mercado junto con otras 22 Fundaciones liberales contra este proyecto intervencionista.

Para entender de lo que estamos hablando necesitamos entender someramente cómo se calcula el Impuesto sobre Sociedades. Resumiendo mucho, la base sobre la que se aplica el tipo impositivo es el beneficio de la empresa. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Ahora bien, en la definición de qué gastos son deducibles contablemente y cuáles no fiscalmente, empieza el margen de actuación de un país como España. También por el lado de las deducciones en cuota o del reconocimiento fiscal de las pérdidas generadas en ejercicios precedentes, existe un amplio margen de maniobra.

Es evidente que, en la medida en que se aumentan las bonificaciones fiscales, aun sin apenas retocar el tipo impositivo, se puede reducir drásticamente la presión fiscal. Esto es, de alguna manera, lo que ha hecho España durante el gobierno del presidente Aznar y lo que ha permitido que nuestro país reduzca su brecha con el resto de Europa. Sin embargo, el ejemplo más plástico de que bajar los tipos es aún mejor medida, ha sido el de Irlanda. Como señaló José Carlos Rodríguez, en aquél país "el tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000" hasta "el 12,5 actual", lo cual ha hecho elevar de forma significativa su nivel de vida.

Ahora imaginemos por un momento qué pasaría si se impusiera una base imponible común en toda Europa. ¿Creen acaso que las deducciones seguirían siendo las mismas? ¿Y los porcentajes de amortización de los bienes?

Eso sí, según la batería argumentativa de los proponentes de la armonización fiscal, el objetivo no es aumentar los impuestos sino mejorar la competencia, el libre comercio, garantizar la correcta distribución de recursos y de ingresos fiscales para los Estados miembros y simplificar las obligaciones fiscales.

Desgraciadamente, la lógica contraría las buenas palabras de los eurócratas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los impuestos son fundamentales a la hora de invertir en un país o en otro. De ahí, que no se entienda muy bien cómo la propuesta estatista puede ser un acicate del libre comercio, máxime porque, como señala el LFMI, la competencia fiscal genera oportunidades de "producir productos y servicios más baratos".

Otro de los argumentos que se esgrimen, es el de que gracias a este proyecto se conseguirá reducir la carga administrativa que padecen las empresas. Sin embargo, de nuevo estamos ante un caso más de wishful thinking. Como se ha visto con el Impuesto sobre el Valor Añadido, aun siendo este un impuesto verdaderamente armonizado, coexisten tipos diferentes, distintos grados de implementación de la Sexta Directiva y, cómo no, derogaciones excepcionales según el país.

Al contrario que en el Impuesto sobre Sociedades, tiene más sentido armonizar un impuesto indirecto que grava operaciones multinacionales para así evitar la doble imposición. En cambio, en un impuesto que grava los beneficios de las empresas y no las sucesivas entregas de bienes y prestaciones de servicios en las cadenas de producción y distribución, resultaría del todo inoportuno.

Aunque podríamos extendernos para cubrir todas y cada una de las excelentes críticas con el que el LFMI desmonta uno a uno cada argumento de la Comisión, creemos que lo mejor es que se lean el manifiesto y el brillante estudio que lo acompaña. Especialmente, convendría que todo empresario al que le preocupe el futuro de su negocio lo analizara atentamente porque el progreso económico está en juego y con él, todo el esfuerzo que hasta ahora ha invertido.

Pensemos por un instante en que si no somos capaces de oponernos a una medida que se saldará con un coste fiscal mayor, entonces Europa tendrá que pensar que la prosperidad fue un sueño de una noche de verano.