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Etiqueta: Fiscalidad

Armonizando la servidumbre

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Estado es un monopolio jurisdiccional: todas las personas que caen dentro de las fronteras de su territorio deben someterse obligatoriamente a su imperium. No se permite una desvinculación voluntaria del Estado y la contratación de otra agencia de protección y justicia; la única relación que conciben los políticos y burócratas es el acatamiento de la plebe.

A diferencia de las empresas, por tanto, el Estado puede seguir engordando aun cuando su comportamiento sea totalmente ineficiente y represor. Mientras que el empresario tiene que pugnar día a día por los beneficios que le permitan permanecer en el mercado (gracias al favor del consumidor), el político sólo tiene que incrementar los impuestos para continuar expandiendo su poder y su influencia.

Sin embargo, los individuos sí tienen una gravosa salida para escapar de la legislación liberticida estatal: emigrar. Dado que el monopolio territorial es inamovible, el exilio se convierte en el último resorte con que cuentan los ciudadanos, para refugiarse en otros estados menos ineficientes y represivos.

Así, gran parte de los habitantes de los países comunistas trataron de escapar de sus estados-prisión, a pesar de los controles fronterizos y de las enormes penas que se impusieron al respecto. La emigración es la consecuencia lógica de una coacción estatal tan lacerante que ni siquiera el desarraigo contiene.

Ahora bien, no todos los tipos de emigración resultan igual de complicados y costosos. Generalmente asociamos los movimientos migratorios con los movimientos de personas físicas, pero no deberíamos olvidar que también es posible la migración de personas jurídicas, esto es, de capitales (lo cual viene a coincidir en el léxico socialista con la temida "deslocalización").

Los traslados de empresas son mucho menos problemáticos que los de personas. Un empresario español puede vender su compañía a cambio de euros, cambiar esos euros por yuanes y abrir otra nueva empresa en China. Todo ello sin necesidad de cambiar de país, comunidad o vecindario.

Ya vimos cómo, si la Unión Europea no modifica su querencia intervencionista, los países miembros colapsarán sobre su propia miseria socialista. Si la legislación fiscal, laboral y medioambiental de Europa es mucho más estricta que la de otros países, las empresas carecerán de cualquier motivo para permanecer aquí. Más que en EEUU, deberemos empezar a fijarnos en África.

Obviamente, la Unión Europea es consciente de este problema, pero en lugar de solucionarlo a través del libre mercado prefiere recurrir a mayores cotas de coacción. El razonamiento de nuestros políticos es el siguiente: "Si el problema está en que otros países son menos represores que nosotros, hagamos que esos países sean tan represores como nosotros". En otras palabras, lo que pretende la clase política europea es conseguir que la legislación de los países extracomunitarios sea igual de represiva que la nuestra para que las empresas tengan que quedarse en Europa, por imposibilidad de huir a otra parte.

Esta estrategia uniformizadora es la que subyace en la mayor parte de los tratados internacionales, en la persecución de los "paraísos" fiscales y en la armonización jurídica que se está implantando intra muros. En concreto, la UE está batallando desde hace años por lograr la armonización de las bases del impuesto de sociedades, para así evitar cualquier vestigio de competencia fiscal en su seno. Si un país reduce su impuesto de sociedades tenderá a atraer a las empresas de los países vecinos y a concentrar la mayor parte de la inversión extranjera, como ilustra el caso de Irlanda.

Ya hace casi diez años que la UE aprobó un Código de Conducta para tratar de evitar la "dañina" competencia fiscal entre los países miembros; en él podían leerse párrafos tan reconfortantes y liberales como el siguiente:

"Las medidas fiscales que den lugar a un nivel impositivo sustancialmente menor –incluyendo los tipos impositivos cero– a los que generalmente se aplican en ese país serán consideradas como potencialmente dañinos".

El interés de la Unión Europea, claro está, es evitar que los estados alivien el expolio de que son víctimas sus ciudadanos.

De ahí que en 2004 finalmente se creara un grupo de trabajo dedicado a redactar un documento que permita a la Comisión Europea armonizar las bases del impuesto de sociedades en 2008. Afortundamente, el Lithuanian Free Market Institute, con el respaldo del Instituto Juan de Mariana y la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, suscribió la semana pasada un manifiesto contra la armonización del impuesto de sociedades.

Las consecuencias de esta medida serían desastrosas para la libertad en la UE:

– En primer lugar, supondría un incremento de la exacción fiscal en toda empresa cuyo tipo efectivo de gravamen fuera inferior al resultante de eliminar los beneficios fiscales y las deducciones. Un impuesto armonizado significa un incremento del robo estatal, al desterrar toda posible competencia fiscal entre países.

– Segundo: la armonización de las bases abre la puerta a una completa armonización del impuesto en el futuro. Dado que la definición de base imponible deja de ser competencia de los países miembros, la competencia fiscal se trasladará a los tipos impositivos, donde será más evidente y "dañina", en los términos de la Comisión. Por ello, necesariamente nos encontramos ante un primer paso para la total armonización del impuesto por parte de la burocracia bruselense.

– Tercero: buena parte de las empresas perjudicadas por el incremento de los tipos efectivos de gravamen buscará cobijo en otros países extracomunitarios, lo cual acelerará el proceso deslocalizador que padece Europa.

– Cuarto: las empresas que decidan soportar estoicamente el incremento de impuestos verán reducida su eficiencia y, por tanto, su riqueza. Unas empresas más empobrecidas necesariamente dan lugar a una sociedad con menos recursos: menores salarios, mayores precios, menores rentas.

– Y quinto: la armonización de los impuestos supone, a su vez, una fase adicional en la construcción de un Gobierno centralizado europeo. Pensemos que, si se armonizan los ingresos de los países miembros, necesariamente tendrá que armonizarse el gasto; es decir, necesariamente habrá que instaurar un único Gobierno en toda la UE que unifique y distribuya las partidas de gasto.

En definitiva, la armonización del impuesto de sociedades es un instrumento en manos del Leviatán europeo destinado a impedir que los individuos se refugien en aquellos países con menores impuestos de sociedades. Nuestra libertad no se ve expandida, sino constreñida, con unidades políticas mayores que doten a políticos y burócratas con armas más numerosas y poderosas contra los individuos. Los impuestos son un sangrante robo, también cuando se armonizan.

El islote del tesoro

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Imagínese que es usted natural de cierto islote o peñasco pelado. Se trata de un solarcito del tamaño de una modesta capital de provincias española. No tienen recursos naturales, ni ninguna fuente de agua potable aparte de la lluvia, tampoco hay tierra fértil como para mantener a una población significativa, ni un pasado cultural esplendoroso. Jamás han recibido la más mínima ayuda económica y no tienen siquiera un gobierno propio. Son ustedes una colonia que pocos, aparte de algún profesor de geografía y los habitantes de los territorios contiguos, sabrían situar en un mapa.

Pongamos que en la colonia se celebra un referéndum sobre el estatus político. ¿Seguimos como estamos, nos independizamos o entramos a formar parte de un país desarrollado como un territorio más? En los últimos once años, dos colonias han celebrado sendos referendos de este estilo.

El de Bermuda de 1995, en que el 73% de los votantes lo hicieron en contra de la independencia. Y el de Gibraltar de 2002 en que un aplastante 99% votó: ¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy! Es más, cuando el Reino Unido decidió entregar Hong Kong a la República Popular China, la respuesta de los ciudadanos de la colonia fue la de… ¡correr a hacerse con un pasaporte británico!

¿Qué puede ser tan bueno para los habitantes de una colonia como para compensar todas las carencias apuntadas en el primer párrafo?

Es evidente que se trata de paraísos fiscales y a estas alturas debería ser evidente que a menos impuestos y menos regulaciones, mayor prosperidad y desarrollo. De hecho, Hong Kong llegó a superar en PIB per cápita a la mismísima metrópoli británica y el de Bermuda es similar al de EE.UU. Pero hay quien dice que los espectaculares índices de PIB per cápita no reflejan un bienestar real del ciudadano común sino que son el reflejo contable de la localización en esos territorios de las sedes sociales de grandísimas multinacionales.

Peor todavía, los grandes estados-nación suelen acusar a estos pequeños territorios de blanquear dinero y de actuar como puerta de entrada a todo tipo de contrabando hacia Occidente; lo cual, de paso, los convierte en utilísimas herramientas para los terroristas.

Pero estas objeciones difícilmente explican el resultado de los referendos. ¿Acaso el 99% de los gibraltareños (y 73% de bahameses) que votan trafica con drogas o armas o blanquea dinero o tiene escondido en su casa a Bin Laden? Eso no se lo creen ni los hipócritas mandamases de las grandes socialdemocracias.

Lo que pasa, simplemente, es que pagar pocos impuestos cuando, además, tienen que soportarse pocas regulaciones compensa con creces todas las carencias naturales de un islote yermo. O dicho de otro modo, la calidad de los servicios prestados por el Estado del Bienestar no compensa su multitud de impuestos y regulaciones. Y, ante la disyuntiva, no son pocos los que prefieren largarse a uno de estos islotes del tesoro.

Ésta, por cierto, podría haber sido la historia reciente de la isla de Menorca si los británicos hubiesen mantenido allí una legislación como la de Hong Kong, Gibraltar o Bermuda en vez de irse. Es fácil suponer que sería la región más rica del planeta. Pero no hace falta que vuelva John Bull, basta con aplicar el viejo truco liberal que nunca falla: hacer a los hombres lo que jamás les haría un enemigo; respetarles la vida, la libertad y la propiedad privada. Así se crea una auténtica isla del tesoro. Aunque, en realidad, ni siquiera hace falta un islote, puede aplicarse en cualquier parte.

Lo más plus: un IVA reducido

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

La reciente reducción del tipo de IVA aplicable al “suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital” del 16 al 7% en la Ley de Presupuestos ha pasado un tanto desapercibida. Máxime, cuando el PSOE había prometido no utilizar esta Ley para introducir reformas fiscales y, sin embargo, ha acabado por incumplir su promesa. Probablemente la urgencia de pagar los favores prestados ha pesado más que la palabra dada.

Conforme a esta reforma de la Ley de IVA la reducción impositiva no afectará a la “explotación de infraestructuras de transmisión y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas necesarias a tal fin”. Dicho en román paladino, el tipo aplicable a los equipos para la recepción de la televisión digital terrestre seguirá siendo del 16% mientras que a las cuotas de Digital Plus se les adicionará un impuesto de sólo el 7%. Sin duda, el mayor beneficiario será Sogecable, si bien el negocio televisivo de Telefónica recibirá cierto impulso.

Bajar los tipos de IVA no es algo que esté permitido a la ligera. De hecho, conforme a la normativa comunitaria, se precisan los bienes y servicios a los que los Estados miembros de la Unión Europea pueden aplicar los tipos reducidos. Entre estos, se halla la “recepción de servicios de radiodifusión y televisión”. Por tanto, el regalo al Sr. Polanco si es legal. Ahora bien, ¿resultaba necesario?

Como el concepto es claramente indeterminado y difuso, incidiremos en la reducción de la recaudación que implicará. El IVA que ingrese Hacienda con ocasión de los servicios sujetos a partir de 1 de Enero de 2006 al 7% será inferior. Al ser un impuesto indirecto, el IVA recae sobre el consumidor final. Por ello, no incide sobre los empresarios ya que estos repercuten IVA sobre sus ventas y deducen el impuesto sobre sus compras. Es decir, que pagan por la diferencia entre el IVA soportado y el repercutido.

Como consecuencia de la minoración del tipo impositivo, Sogecable ingresará menos IVA al Erario Público. Suponiendo que Digital Plus tenga una facturación notable, la recaudación se reducirá considerablemente. Esto es, con ocasión de la reforma de IVA, el Estado, verdadero garante del bien común, como les gusta decir a los socialistas de todos los partidos, verá mermados sus recursos, aunque sea ligeramente y tendrá que incrementarlos de alguna otra forma.

Si existen muchas formas de redistribuir la riqueza, esta medida que comentamos es una de las más partidistas. Como suele suceder con el reparto del dinero, el que mejor se organiza o más patalea es el que recibe más réditos. Está claro que Sogecable se ha ganado, gracias a su buen hacer periodístico y radiofónico, un lugar destacado entre los grupos de presión afectos al nuevo régimen. Por eso, le han regalado un tipo del 7% y han legalizado por la puerta grande su adquisición de Antena 3 radio.

Esta bajada del IVA a Digital Plus, recuerda al fallido intento de la Ministra de Incultura, de reducir los tipos aplicables a los libros y a la música. En aquella ocasión, no fue posible retribuir al mundo de la cultura como se merecían porque no se puede bajar el IVA unilateralmente al ser éste un impuesto armonizado. Además, los libros ya disfrutan actualmente de un tipo excepcional del 4% por lo que las palabras de la Calvo fueron un brindis al sol. Para corregir semejante error, los Presupuestos del Estado premiaron a los intelectuales del régimen como se merecían, con mucho dinero. Este el tipo de solidaridad de verdad de la que nos suele hablar la izquierda. En ambos casos, parece patente que el objetivo de modificar el IVA ha sido remunerar a quienes más han hecho porque ZP llegara a Moncloa.

Después de lo dicho, uno sólo puede pensar en que hay grupos que tienen el enchufe hasta en el nombre. Para ellos, las reglas se adecuan según sus necesidades. Con el IVA ha sido así.

Irlanda como ejemplo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La sangría emigrante, que redujo los más de ocho millones de irlandeses que vivían en su tierra en el XIX a solo tres, se ha detenido e incluso ha cambiado de signo, y el crecimiento económico desde 1996 ha rondado el 9 por ciento. En 2004 se le consideró el país con mayor calidad de vida del mundo. Y todo gracias principalmente a una reforma fiscal que nada tiene que ver con la del Gobierno socialista.

En Irlanda, el mejor consejero resultó ser el desastre. La deuda superaba con creces lo que producía el país, la tasa de desempleo llegó al 17 por ciento y el crecimiento apenas se notaba. Cuando la economía alcanzó una situación desesperada, cuando el Gobierno era consciente que se había probado casi todo y todo había fallado, se optó por hacer caso, por una vez, a los mejores consejos económicos. Redujeron de forma significativa el gasto público (en más de un 20 por ciento), y comenzaron a rebajar los impuestos y los aranceles. El tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000, y se ha seguido rebajando hasta el 12,5 actual. Estas condiciones han sido una llamada a la inversión extranjera, que ha acudido decidida.

La transformación que ha experimentado la economía irlandesa ha ido forzando a los responsables a tomar otras medidas, como la desregulación del mercado de telecomunicaciones y otros sectores, que han contribuido también a hacer del país un lugar muy adecuado para la inversión y el trabajo. Irlanda ha ido ganando posiciones en los dos índices de libertad económica, hasta alcanzar la tercera posición en el de la Heritage y el WSJ y el noveno en el de los institutos Fraser y Cato.

En España seguimos el ejemplo contrario. Se rebaja el tipo del Impuesto de Sociedades en un atrevido plan de un punto al año durante cinco años, y eso que no sabemos qué quedará de España en 2011. Pero a cambio elimina las deducciones, que permitían que el tipo efectivo quedara bastante por debajo del 35 por ciento para numerosas empresas. Si los inversores extranjeros ya comienzan a desconfiar de España, si la competitividad española está claramente a la baja, esta contrarreforma fiscal no va a ser de ninguna ayuda. Hubiéramos debido fijarnos en el ejemplo irlandés. No lo hará el Gobierno de Zapatero.

Estado y competencia fiscal

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El mercado es un orden espontáneo, es decir, no deliberado o creado por nadie en concreto, sino por todos los seres humanos que conformamos la sociedad y aquellos que lo han hecho en su día. El derecho surge de esa libertad de relacionarse del individuo y ha venido descubriéndose evolutivamente. Frente a esta visión nos encontramos con lo que Hayek denominara legislación, es decir, el derecho positivo o conjunto de normas aprobadas por los que nos gobiernan. Un fruto vil de dicha legislación es nuestro sistema tributario. Y es el más importante desde varios puntos de vista.

Desde el estatal, ya que algo artificial e involuntario debe subsistir de algún modo. Mientras que en el mercado libre lo haría por sus propios méritos, el estado debe obligar a que se le transfiera propiedad involuntariamente para continuar existiendo (impuestos e inflación). Su naturaleza no es de mercado (no es voluntaria, no es una empresa) y para existir, debe imponerse por la fuerza: si fuera voluntario dejaría de ser estado y se convertiría en una empresa productora de bienes y servicios sujeta a la presión competitiva por mejorar constantemente su oferta al son de los consumidores.

Pero el sistema tributario también es importante desde el punto de vista de los ciudadanos. Y en concreto, para aquellos que nos proveen de bienes y servicios que queremos tener: las empresas. Para estas es de vital importancia la tributación porque ahorrar costes supone sobrevivir y lograr mantenerse en el servicio al consumidor frente a sus rivales. Y es que,  las empresas que tengan que soportar los impuestos verán aumentados sus costes y tenderán, bien a reducir su producción o bien a huir, la famosa deslocalización. La intensidad del segundo caso dependerá de la estructura productiva de la economía, es decir, de la incidencia del impuesto sobre el empleo de capital fijo (bienes menos líquidos), difíciles de liberar y por tanto más costosa su movilidad; o por el contrario, sobre el capital circulante (más líquidos) más rápidos de convertir en dinero y, por tanto, más fácil liquidar y trasladarse. Y sobre todo, esto también explicaría como el estado prefiere gravar las rentas del trabajo que las del capital, dado que los primeros encuentran más incomodidades a la emigración que las propias empresas (suponiendo solo aquellas que tienen capacidad para su traslado, no las más pequeñas que directamente cierran).

Así, en un mundo en donde el comercio es cada vez más imparable, las empresas deben aprovechar cuantas oportunidades tengan para reducir costes y vender a precios más bajos y productos de mayor calidad. Es por ello que se ven impelidas a abandonar sus sedes y trasladarse hacia aquellos lugares más pacíficos con los derechos de propiedad. La deslocalización es un producto más de las incomodidades que las legislaciones provocan y no son más que un alivio forzado para los consumidores. De ahí que la idea de una competencia en impuestos resulte positiva, como un parche a medio camino entre el estado y la libertad.

La competencia en impuestos parcelaría los territorios burocráticos modificando a la baja la fiscalidad ya que las administraciones rebajarían sus gravámenes como modo de atraer empresas, albergar el nacimiento de nuevas  y permitir mayor prosperidad a sus súbditos. Sería un continuum de rebajas de uno y otro lado, más sensible al grado de paciencia de los contribuyentes que el que ahora padecemos. En este punto no cabría argumentación en contra del estilo oligopolístico o colusivo. Siempre habría disparidad de opiniones y objetivos de atraer inversiones de otra zona burocrática por parte de alguna de ellas.

Además, se facilitaría el surgimiento de nuevas voces administrativas que clamarían por disponer de capacidad normativa en materia fiscal en vista de los beneficios políticos que al final se evidenciarían si con menor tributación se permite mayor empleo y prosperidad. Y así, se sentarían las bases para un proceso de secesión del individuo, la sociedad, del estado,  ya que mayores cotas de libertad serían alcanzadas y sería más fácil ver las consecuencias de la planificación acelerando así el desprendimiento del estado.

Pero aun sin llegar a ser tan optimistas, se combatiría el hambre gubernamental que viene de Bruselas y que no suena a otra cosa que a armonización fiscal –al alza, siempre al alza–; ejemplo de ello es la armonización fiscal del IVA. Con lo que con lugares como nuestros Territorios Forales vascos y Navarra como ejemplos, se iniciaría un camino en el que se atomizaría el sistema fiscal. Las empresas emigrarían allí donde mejor pueden servir a los consumidores. Y tendríamos como resultado, una constante armonización a la baja del sistema fiscal.

El exterminador nuclear

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cuál fue la prestación de Cataluña que llevó al resto de España a aceptar una obligación que acaban de descubrir Artur Mas y Zapatero? ¿En qué momento se firmó el préstamo, con qué firmantes? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Cuál es la historia de la deuda histórica?

Este descubrimiento de Mas y Zapatero no es sino una forma de acuñar en una expresión cursi el coste en inversiones en Cataluña del acuerdo sobre el texto del nuevo Estatuto. Y muestra con toda su crudeza en qué consiste la política: actuar como mecanismo redistributivo que le quita renta y riqueza a unos y se la transfiere a otros, con peaje para la propia clase política. También consiste en discriminar entre distintos grupos para tener el poder de decidir quién sale ganando y quien no, y sacar de nuevo tajada de ese poder. En eso consisten el Estado y sus gestores.

El robo, la extracción coactiva de la renta y la riqueza, recibe el nombre de “impuestos”. Como limitarse a sacarle jugo a los trabajadores y emprendedores les llevaría a la rebelión, el Estado y la política han ido aprendiendo con la historia y su estrategia ha variado con el tiempo. El robo desnudo se convierte en la redistribución a distintos grupos, en función de su poder e influencia, que una vez en el juego se ofrecen para apuntalar al entramado estatal. Según cambien las circunstancias históricas, los grupos o sectores sociales con mayor influencia se llevan una cuota mayor de poder o de participación en el botín. La transferencia suele hacerse de grupos desorganizados a grupos organizados. En el caso de la España de Zapatero (junto con otros grupos), la ventaja ha sido tomada por la Generalidad y su entorno. Y no se olvide que, a diferencia de una sociedad de libre mercado, en el juego de los robos y las transferencias políticas no hay ni armonía de intereses ni aumento de la prosperidad para todos. Aquí lo que se lleva uno es a costa de los demás. Adivine quién pagará la “deuda histórica”. No mire muy lejos.

Como la alianza entre distintos grupos para sostener el enorme mecanismo de distribución de riqueza no es suficiente para mantenerlo a largo plazo, es necesario un elemento más: la legitimación. El reparto de un botín es mucho más eficaz si uno es capaz de legitimarlo ante la sociedad. Y poco hay mejor para ello que hablar de conceptos metafísicos, e incluso metahistóricos como los que utiliza el nacionalismo. “Deuda histórica” es un buen ejemplo.

En torno a los impuestos

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Los impuestos son un mal necesario e imprescindible para que el Estado pueda cumplir ciertas funciones. En eso casi todo el mundo está de acuerdo. El problema viene al fijar la cantidad de los mismos, es decir, cuánto se ha de detraer a los ciudadanos y empresas, y las funciones que éstos tienen que atender. He aquí la madre del cordero.

El paradigma keynesiano, el que dio lugar en lo político a la socialdemocracia, se inclina por impuestos altos y un gran abanico de competencias estatales. De este modo, una parte de la población trabaja, esencialmente, para satisfacer tributos, mientras otra vive de ellos por obra y gracia de las transferencias estatales. El sistema, que, aparentemente, parece equilibrado y funciona como un reloj, está sin embargo condenado al colapso. Y no es un artificio teórico, sino una doliente realidad, ocasión hemos tenido de padecerlo en nuestras carnes en los últimos 50 años.

Los impuestos altos desincentivan la producción. Cuando una empresa destina una parte siempre creciente de lo ganado al fisco, no está haciendo una labor caritativa desprendiéndose de algo que le sobra, sino descapitalizándose de un modo innecesario. Es habitual que las empresas tengan ejercicios buenos y otros malos conforme a la coyuntura del mercado y a las decisiones empresariales que sus dueños hayan tomado que, como es obvio, no tienen por que ser necesariamente sabias.

Si el emprendedor ha de entregar al Estado un alto porcentaje de los beneficios obtenidos en los años buenos, tendrá que afrontar los malos con una merma considerable de capital. Esto disuade de iniciar nuevas inversiones o, sencillamente, las hace imposibles. Como resultado final, las empresas se esclerotizan y sucumben o, las más avisadas, buscan refugio en otros mercados con una fiscalidad más benigna o en los célebres “paraísos fiscales”, que son en realidad lugares donde el Estado incordia lo mínimo. El hecho es que la riqueza que podría haberse creado sale por la ventana. Es el coste oportunidad de los voraces aparatos fiscales a los que son tan dados los socialistas. Es algo que no se ve, de ahí que sea difícil cuantificar.

Si no existe capital para impulsar la inversión privada, la única que merece tal nombre –la pública es, por lo general, simple dilapidación-, la actividad económica se resiente con su corolario de desempleo, dependencia de los subsidios y un nuevo giro de tuerca en la presión fiscal. Un círculo vicioso que conduce irremisiblemente a la miseria.

En los individuos el efecto de los impuestos es aún más explícito. Si la renta personal se grava de un modo confiscatorio, los mejores, los más productivos se largan y el resto busca la manera de pagar lo menos posible o de no pagar, esto es, de defraudar a Hacienda. La consecuencia más habitual es que, a pesar de que las retenciones suban, los ingresos estatales van a menos, la famosa curva de Laffer, de la que muchos políticos parecen no haberse enterado. Y es que, aunque nos hayamos acostumbrado a ello, es difícil de entender la razón por la cual hemos de trabajar 5, 6 ó 7 meses para el Estado.

Si, en lugar de insistir en mantener los impuestos por las nubes y rebañar hasta el último céntimo de los ciudadanos, el Estado fuese más razonable, la actividad económica se dispararía. Tan reactiva es la sociedad que, cuando un Gobierno decide rebajar ligeramente los impuestos, los efectos beneficiosos se dejan ver en muy poco tiempo. Eso, claro, sería pedir demasiado a los que siguen pensando que, Hacienda, somos todos.

La falsa neutralidad de los impuestos al consumo

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

The very idea of a neutral tax is as unrealizable as that of neutral money.
La Acción Humana. Ludwig von Mises

Existe la opinión bastante extendida según la cual los impuestos al consumo serían neutros porque sería el propio consumidor quien soporta la carga del impuesto. La producción no se vería condicionada por el gravamen si las empresas pueden trasladar o repercutir el coste fiscal a los consumidores. La economía, en su conjunto, no se vería modificada por una imposición de este calibre. Un ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido que padecemos los europeos. Sin embargo, la idea de que una intervención gubernamental resulte ser neutral supone otorgarle al Órgano de Planificación una naturaleza etérea e inhumana un tanto alejada de la realidad; algo, desgraciadamente, no muy alejado de algunas teorías económicas.

Toda acción persigue un fin y para ello emplea unos medios. Y siempre puede resultar exitosa, o por el contrario, fracasar. Del mismo modo, los economistas yerran y han errado en sus continuos intentos por formular teorías que puedan ser explicativas de la realidad. Como todo hijo de vecino, el error está inexorablemente presente en la acción o en la profesión de cada uno. No obstante, los economistas académicos están en una posición diferente ya que el fruto de su trabajo e investigación tiene una repercusión planetaria. Rothbard afirmó que una parte importante del sustento del Estado eran las ideologías afines a él. Como la mayor fuerza la tenía el pueblo, el Estado necesitaba de un séquito de intelectuales que realizaran la labor de persuasión a las masas para justificar su existencia.

Entre los economistas, se hizo popular la idea de que los costes determinaban parte sustancial de los precios. La famosa tijera marshalliana en la que por una parte se encontraba los costes de la oferta, y por otra las preferencias de la demanda, fue la explicación sobre la determinación de los precios que aun hoy se estudia en las universidades. Tal teoría no resultaría de mayor importancia de la que realmente tiene si no fuera por sus repercusiones políticas. Como dijo Jean Baptiste Say “si estos principios se limitaran solamente a los libros, uno podría absorber el problema”, pero estas teorías “han sido puestas en práctica por los agentes de la autoridad pública que se aprovechan de este error y este absurdo a punta de bayoneta”.

Y es que, si por un lado tenemos en cuenta que un impuesto como el IVA puede suponer un coste de un 16% es difícil explicarse meramente con el sentido común cómo no podría tener efectos sobre la economía y ser neutral.

Un impuesto de tal calibre sí tiene efectos perversos ya que es un impacto que soportan las empresas. En contra de la teoría de la tijera marshalliana, los precios están determinados por los gustos y preferencia de los consumidores. Ante un incremento de un 16% de los precios de los artículos de consumo, estos modificarán su conducta si ven que ahora se les aumenta el coste de sus adquisiciones. Tal modificación puede ser variada. Por un lado puede que la distribución que anteriormente hacían entre consumo y ahorro se modifique, bien en detrimento del primero o, más probablemente, del segundo. Con lo cual, toda la estructura productiva de la economía, se vería gravemente modificada por tal imposición gubernamental. Pero esto sería una de las consecuencias solo si se tuviera en cuenta que ese traslado del impuesto desde las empresas al consumidor por la que tanto abogan los defensores de la idea de neutralidad en impuestos como el del IVA, se diera efectivamente en la realidad.

No obstante, es muy probable que no sea así, puesto que normalmente las empresas ya ofrecen a los precios con los que se obtiene el ingreso neto máximo. Con lo que ante un aumento de los costes debido al dicktaat gubernamental no podrían aumentar los precios a los consumidores. El efecto final no resultaría ser un impuesto al consumo, sino a la producción, puesto que son las empresas quienes absorberían esta enésima carga estatal. Y, al ser un impuesto a la producción, todos los sujetos implicados en ella se verían salpicados por esta idea económica utilizada por los políticos. Con lo que, una vez más, el impuesto al consumo en realidad sería un impuesto indirecto a la renta de los factores productivos de la economía.

Esto último, sumado con la distorsión sobre la preferencia temporal de los individuos que ya mencionamos, no sólo no resultaría neutral, sino que sería y es tremendamente dañino, si lo que queremos es mayor bienestar y prosperidad y mayor respeto a la propiedad y a la libertad.

Sociedades: el impuesto que no cesa

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La rebaja en el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades anunciada por el presidente del gobierno español fue posteriormente atenuada por su viceministro de Hacienda; más siendo noticia importante, no es esencial. Lo significativo es que la economía ya no será obstáculo para pagar los experimentos sociales que se aproximan.

El profesor Carlos Rodríguez Braun, en su conferencia Los nuevos totalitarismos para el Instituto Juan de Mariana, señalaba la nueva legitimidad que actualmente la izquierda procura ganar, defendiendo, entre otras legitimaciones, el prohibicionismo (véase consumo público de tabaco) frente al acuerdo privado sobre usos cotidianos.

Efectivamente, al socialismo le aburren cada vez más las regulaciones de empleo en la fábrica de turno y hoy se mueve mucho mejor patrocinando la intervención en las costumbres para atraer a la mayoría sociológica estatista. Para sufragar esas intromisiones y otras (la desintegración autonómica) se necesitará durante mucho tiempo que alguien siga encendiendo la luz de su negocio cada madrugada y generando ingresos para el fisco; verbigracia, los empresarios españoles, a los que les acaban de decir que les rebajarán del impuesto de sociedades cinco puntos en cinco años o así.

Quizá tiene cierta razón el viceministro cuando afirma que las empresas demasiado pendientes de las decisiones gubernamentales no deberían beneficiarse de la reducción del impuesto, ya que tales firmas no cejan en su empeño de hacer pasillo. Sin embargo, esa declaración no deja de ser un dardo envenenado que demuestra el riesgo moral de muchos empresarios. Habría que advertirles duramente a éstos: “¡No es sólo la economía, sino también la honradez lo que importa, estúpidos!” Y al propietario más abnegado: “¿De qué sirve que compriman el impuesto de sociedades punto arriba o abajo, cuando, por otro parte, no desmontarán la inflexibilidad laboral, rechazarán tus productos por su origen y tus vecinos sólo te seguirán apreciando por tu forzada labor recaudadora?”

Habría, además, que recordarles a ambas clases de emprendedores, que el impuesto de sociedades español es uno de los más elevados de Europa, desmotiva la inversión, deja a la intemperie a los modestos capitalistas si no pueden vincularse al mecenazgo y no permite amortizar el suelo –si lo declaran no urbanizable- donde se hace el negocio. El de sociedades es un impuesto muy contable, muy complejo; para saber Sociedades hay saber Contabilidad a base de bien. Cada párrafo de su extensa ley (144 artículos) tiene demasiada enjundia. Por múltiples razones debería dejar de ser el impuesto por excelencia de la empresa.

La actitud de algunos respecto de esta promesa impositiva es similar a la del animoso mastín al que le echan un hueso jugoso de roer, mientras le derriban la caseta donde vive. Demasiado voluntarismo y escasa profundidad para una noticia que ha tenido seguramente la intención de aliviar el eco mediático de la corrupción y el conflicto entre regiones. El problema del impuesto de sociedades no son los tipos sino su existencia como impuesto de la renta bis para las compañías.

Bush y la reforma fiscal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Llegó con pocas ideas, aunque bastante firmes. Había observado, en primera línea, cómo la traición de su padre al sistema fiscal que había heredado de Reagan, más las circunstancias económicas del momento, arruinaron una reelección que nadie hubiera puesto en duda. Él no iba a cometer el mismo error. Reduciría los impuestos, ayudaría a crear riqueza y se ganaría en gran parte su reelección.

La historia nunca se puede escribir de antemano, y el doloroso descubrimiento en septiembre de 2001 de que el primer problema del mundo procede del Islam cambió muchas cosas. No la decisión de George W. Bush de rebajar los impuestos, que como cabía esperar ha resultado en un notable éxito. Pero la ambición del presidente parecía ir más allá. No se conformaba con una rebaja de tipos y lo que quería era una auténtica reforma fiscal, como la que introdujo Ronald Reagan en 1986, que redujo el número de tramos de 14 a dos (del 15 y del 28 por ciento) y eliminó multitud de desgravaciones. Desde entonces se han hecho no menos de 15.000 cambios en el sistema fiscal, que gracias a la influencia de los lobbies en la Administración lo han vuelto a hacer extremadamente complejo, con dos sistemas alternativos (el segundo, de siglas ATM, ha de ser elegido si por el cálculo sale una mayor contribución), con deducciones, exenciones, y mil complicaciones añadidas. El sistema es tan complejo que los americanos dedican un 1 por ciento del PIB a cumplimentar sus impuestos.

Un tipo marginal único que ronde el 25 por ciento, que recaiga solo en el consumo y sin deducciones sería suficiente incluso para financiar el enorme gasto público que está gestionando la Administración Bush. Dejar de gravar el ahorro y la inversión elevaría el valor actual de los activos en un 9 por ciento, según una reciente investigación. Y simplemente dejar imponer las nuevas inversiones elevaría el PIB del 5 al 7 por ciento.

Para operar su reforma, George W. Bush ha creado un comité de expertos. Error descomunal. Los técnicos han dado lugar a dos reformas que dejan atrás las peores perspectivas. Una de ellas es notablemente peor que la de Reagan de 1986, con cuatro tramos y un tipo máximo del 33 por ciento, sólo dos puntos menos que el actual, del 35. Aunque las dos propuestas están bien encaminadas, ya que se acercan a una imposición del consumo y no en la del ingreso, y simplifican notablemente el sistema actual, lo que proponen es aún demasiado complejo.

El error consiste en que no necesita de un comité. Le bastaba con tomar la decisión política de adoptar un sistema de tipo marginal único como el que se está extendiendo por Europa y otras partes del mundo, que grave el consumo, evite la doble imposición y no actúe sobre el ahorro y la inversión. No lo ha hecho, y las dos propuestas del comité no se dirigen por esa vía. Ahora tendrá que renunciar a su intención de realizar una auténtica reforma, o despreciar vergonzantemente las recomendaciones del comité que él mismo ha creado. El sistema fiscal actual, tanto en los Estados Unidos como en los países desarrollados, no tiene ninguna relación con la lógica económica o incluso con la recaudatoria. Está elaborado desde los intereses de la Administración y los de grupos especiales fuertemente organizados, que tienen el poder de influir en los políticos y en la burocracia. Por ese motivo, todo lo que no sea una decisión personal del presidente de cambiar radicalmente el sistema está llamado a ser un fracaso o como mucho un éxito efímero.