Una de las consecuencias del Estado del Bienestar, en su cruzada por destruir el Estado de Derecho, es el aumento sin paliativos de la presión fiscal. Desde la Segunda Guerra Mundial, con un brevísimo interregno durante los años 80 y 90, el mundo ha caminado hacia la fiscalidad en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana. El impuesto sobre la renta, sin ir más lejos, una medida implantada en Estados Unidos en 1913 como algo temporal, se ha convertido en el principal instrumento recaudador de los Estados, junto con los impuestos sobre los productos.
Pues bien, en el mundo moderno, en el que la fiscalidad ya abarca casi la mitad de lo que producimos, la cuestión sobre en qué se gasta el dinero ha adquirido tintes sobrenaturales. No se recaudan impuestos para mantener la seguridad, pintar los pasos de peatones o construir carreteras, sino que la fiscalidad sustenta un entramado de empresas públicas. Pese a ello, el Estado introduce la competencia del sector privado en la práctica totalidad de sus funciones: seguridad privada, autopistas de peaje, aeropuertos privados, urbanizaciones, etc.
Estatalización de los servicios
El siguiente paso, sobre todo, como decimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue que el Estado se hiciera con la gestión de servicios que, tradicionalmente, habían sido provistos por el sector privado a través de contratos voluntarios. Ahí tenemos a Clement Atlee estatalizando los hospitales británicos, aunque un tercio de ellos fuera de gestión privada y financiación voluntaria, especialmente de órdenes religiosas a través de donaciones caritativas. O la educación y las pensiones, originariamente gestionada por sindicatos y mutualidades de trabajadores.
Ahora, ya en el s.XXI, con el Estado gestionando catastróficamente dichos servicios (seguridad social en quiebra, colegios produciendo en serie analfabetos funcionales o interminables listas de espera para un especialista médico o una operación), sumamos una nueva función para el gasto público: el control del medio ambiente.
Chamanes fiscales
De la misma forma que los indígenas precolombinos (no todos) creyeron manejar los designios de la naturaleza a través del sacrificio de seres humanos (no siempre), nuestros actuales gestores políticos (y esto es bastante transversal), abducen poder ordenar sobre el medio ambiente a través de la fiscalidad. Un impuesto a los plásticos, a los carburantes, a la entrada en ciertas calles y, por arte de magia, la reducción de ciertas emisiones haría que el ser humano manejase de forma benigna el clima. No se pide aumentar la fiscalidad, ya más alta que nunca, en favor de mejorar servicios “tradicionalmente” estatales, sino por una nueva forma de gestión: la del planeta en su conjunto.
En este sentido, los ciudadanos parecen haber asumido con regocijo, y a veces hasta con alegría, la posibilidad de que los políticos hayan abdicado de las funciones tradicionalmente asumidas, de los bienes públicos que la teoría neoclásica nos predispone a la gestión estatal, si no a un poco más de función en la vida diaria de los ciudadanos. La consecuencia, desde el punto de vista de la libertad, siempre es negativa. A las restricciones de la vida diaria, normalmente fiscales, se le suman ahora las referidas a la movilidad. Los impuestos verdes tuvieron un enorme auge a comienzos de este siglo, aunque la cuestión sigue adelante, como el reciente impuesto a los plásticos no reutilizables.
La movilidad
Pero en lo que los ayuntamientos parecen haber encontrado un nuevo filón, como decimos, es en la movilidad, especialmente a través del vehículo privado. No es únicamente una manida cuestión de reducción de las emisiones, sino en la reducción de la gestión del tráfico rodado para las corporaciones municipales, algo que facilita enormemente su labor. Esto es, se da la paradoja de que, mientras que se asumen más competencias y restricciones al individuo con la excusa del medio ambiente, los gestores estatales se encuentran con menor cantidad, en este caso de tráfico, que gestionar. Como se aprecia, el aumento de la presión sobre las libertades no es únicamente cuestión de recaudación, sino de reducir los preceptos más básicos del gobierno, por otro lado.
Desde que existe el Estado han existido los impuestos. Hoy por hoy el ciudadano medio se ha acostumbrado a tener unos impuestos tremendamente abusivos. Financiar al Estado mediante estas imposiciones es algo tan natural como cualquier otra acción cotidiana de nuestra vida.
Pero no siempre ha sido así; los impuestos llevan aparejados también disconformidad. Cuando el Estado no era tan omnipotente como ahora, los dirigentes tenían menos poder para imponer su voluntad. La historia del ser humano es una pugna continua contra las imposiciones estatales. Aunque en ocasiones el individuo haya aceptado o incluso defendido más autoridad, en la mayoría de los casos ha sido por ignorancia y no por convicción. Hasta los movimientos más autoritarios de la historia han defendido sus regímenes bajo la bandera de la libertad, aunque, por supuesto, mal entendida.
Como ejemplo de lucha contra la tiranía, los movimientos antifiscales han existido en todas las épocas históricas alrededor de todo el mundo. Aunque a veces no seamos conscientes, las personas tenemos una tendencia hacia la libertad, y estos movimientos antiestatistas son una clara manifestación de ello. A continuación, vamos a poner algunos ejemplos de estos movimientos antifiscales en orden cronológico.
A finales del S.VI a.C, el Imperio persa se extendía desde el actual Pakistán hasta Estambul. El territorio estaba dividido por satrapías gobernadas por un sátrapa que cobraba impuestos a sus súbditos para financiar la monarquía. Hacia el final de siglo, el Imperio persa conquistó los territorios de Asia Menor, territorio situado en la actual Turquía. Las ciudades griegas allí situadas estaban sometidas militarmente y el Imperio les cobraban unos altísimos tributos, gravados sobre el floreciente comercio de la zona. En el 499 a.C, Aristágoras, gobernador de la ciudad de Mileto, harto de servilismo y de los altos impuestos, se levantó en armas contra el rey, fue el inicio de las Guerras médicas.
Situándonos ya en la Edad Media, encontramos infinidad de estos movimientos. Hacia el 777 Carlomagno quería proteger su imperio, por lo que realizará una serie de marcas alrededor de sus fronteras. En el sur quería defenderse de los musulmanes que controlaban la península ibérica, buena parte del territorio estaba controlado por Córdoba. Es aquí donde la ciudad de Zaragoza tomará un papel principal: los zaragozanos no querían estar sometidos a Abderramán I y no querían pagar tributos a Córdoba. La aristocracia zaragozana se vio amenazada por el norte y por el sur, los zaragozanos enviaron una embajada a Aquisgrán con una propuesta: la Zaragoza musulmana se entregaría a Carlomagno a cambio de que la reconociera y la defendiera de Abderramán. El germen del Reino de Aragón será un movimiento antitributario.
Ya en la Baja Edad Media, encontramos otros ejemplos como la Rebelión de Wat Tyler en Inglaterra. Muerto el rey Eduardo III, le sucedió su nieto de once años, Ricardo II. Pero como era demasiado joven, gobernaron en su nombre de los duques de Lancaster, York y Gloucester. En ese momento, Inglaterra pasaba por un momento económico complicado debido a las consecuencias de la peste negra y la aprobación del Estatuto de los Trabajadores que congelaba los salarios de los jornaleros. Debido a esto y las enormes cargas impositivas del Estado, se unieron sectores campesinos, clero popular, pequeña nobleza, artesanos y habitantes de las ciudades contra el gobierno. La causa inmediata en 1381 fue la subida del impuesto especial cobrado desde 1377 para financiar la guerra de los Cien Años. Uno de los dirigentes fue Thomas Baker, terrateniente local que se opuso al cobro del impuesto en sus tierras de Essex, y expusó a los recaudadores de impuestos.
Un año después, en 1382, en París, se produjo otra revuelta como respuesta a las nuevas tasas impositivas de Carlos VI y sus regentes. Más de 40.000 personas se levantaron bajo la consigna “abajo los impuestos”. Asaltaron el Châletet para robar armas y mazas de hierro (maillotins) que dieron nombre a la revuelta. Los sublevados saquearon mansiones y mataron a recaudadores de impuestos. Hubo una dura represión por parte del ejercito real en 1383, con el ajusticiamiento de los principales líderes.
Ya en la modernidad, en Castilla tendremos las Comunidades, tras la muerte de Fernando de Aragón, Carlos I se convertía en el nuevo monarca, convocaría urgentemente Cortes en Santiago de Compostela donde se dirigiría con el fin de ganar tiempo y embarcarse en la Coruña con destino a Flandes. El objeto de la convocatoria no era otro que solicitar un subsidio de 300 millones de maravedíes para financiar los gastos de la coronación, lo que desencadenarían en Castilla motines populares. Esto daría lugar a uno de los acontecimientos más importantes del reinado de Carlos. Las consecuencias, según Joseph Pérez, fueron la sustitución de las instituciones de los antiguos regimientos aristocráticos por instituciones representativas, más que una lucha de clases fue una revolución moderna, posiblemente la primera revolución moderna, pero también una revolución prematura.
Un siglo después encontramos más movimientos antifiscales como por ejemplo la Fronda francesa a partir de 1648, son una concatenación de eventos que se alargaron cinco años, en un momento en el que en el panorama europeo pasaba por una situación muy convulsa. Todo se produjo a raíz de la renovación del impuesto de la Paulette, era un impuesto que podían pagar los parlamentarios si querían asegurar el cargo a sus hijos. Tuvo tres fases diferentes, pero llego a un punto final tras la subida de Luis XIV al poder tras alcanzar su mayoría de edad, esta vez la monarquía absoluta obtuvo una victoria incontestable.
Prácticamente entrados ya en la contemporaneidad tendremos la tríada revolucionaria más importante de la historia, la Revolución de las Trece Colonias, la Revolución francesa y la Revolución rusa. Las dos primeras tendrán como germen las tasas impositivas. Comenzaremos con los Estados Unidos, seguramente el ejemplo más conocido de movimiento antifiscal. El Imperio británico decidió adoptar una medida muy impopular que era la de subir los impuestos a las colonias para financiar el costo del mantenimiento imperial. En 1773 se firmó la Ley del Té que convertía a la Compañía de las Indias Orientales en prácticamente un monopolio sobre esta mercancía, la noche del 16 de diciembre en Boston, un centenar de personas asaltaron los barcos y arrojaron las cajas de té por la borda, la ocupación militar de Boston por parte del gobierno británico fue el germen de la guerra entre las colonias y su metrópoli, muchos de aquellos colonos luchaban bajo el lema “no taxation without representation”, aunque el derecho romano ya recogía aquella premisa: quod omnes tangit ab omnibus approbari debet (“lo que a todos toca, todos deben aprobarlo”).
Como último ejemplo, hay que destacar lo que seguramente es la Revolución más importante de la Historia, la Revolución francesa. El alto endeudamiento del Estado francés obligó a la monarquía a subir las tasas impositivas, sin embargo, era el tercer estado quien sustentaba el gasto estatal. El ministro Calonne le propuso al rey que los nobles y el clero pagaran impuestos también, ya que era la única manera de sufragar todos los gastos, este ministro fue sustituido por el arzobispo de Toulouse que propuso la misma medida. Ante la negativa de los estamentos privilegiados, se declararon los Estados Generales, que desde 1614 no se reunían. Comenzó así una paradoja, porque de un movimiento antifiscal nació el germen del Estado omnipotente que sufrimos hoy en día.
Estos han sido únicamente algunos de los numerosísimos ejemplos que hay a lo largo de la historia. ¿Podríamos los historiadores libertarios considerar los movimientos antifiscales o antiestatistas como el motor de la historia igual que los marxistas la dialéctica de clases? Es un mundo todavía por explorar. Lo que queda claro, es que en el devenir histórico, el individuo siempre ha tenido presente el engrandecimiento estatal. Parece que hoy día los impuestos son mejor vistos y más defendidos que nunca en la historia. Es por ello por lo que hace falta una nueva historia del Estado desde sus orígenes hasta hoy para defender lo más preciado que tenemos, la libertad.
Tengo unas notas de debate con mi querido amigo y compañero, José Hernández Cabrera (JHC)[i], él insiste en la tesis: “Es duro asimilar que los empleados públicos, stricto sensu, no pagan impuestos. Imaginemos que el gobierno eximiera de «pagar» cotizaciones e impuestos a los funcionarios, pagándoles exclusivamente el salario neto. Las cuentas del Estado no sufrirán modificación alguna. Ese impuesto, por tanto, es una argucia contable cuya finalidad es ocultar la naturaleza parasitaria de los «servidores» del Estado. En cambio, si a un trabajador del sector privado se le eximiera de pagar impuestos, ese dinero aumentaría su renta” (Véase).
Mi posición, desde un planteamiento, creo, praxeológico, no concluye de igual forma. De hecho, ya señalo que como se siga, sigamos, querido amigo Pepe, y colegas liberales en sus respectivas “categorías”, presentando como ficción los impuestos pagados por los funcionarios y empleados públicos y a estas personas como parásitos, creo que nos va a costar mucha incomprensión ajena y propia. Y desde luego, esta posición poco o nada redunda en la mejor causa liberal. Si vamos al punto importante del argumento de JHC, por donde creo se desliza el error que da pie a un sofisma, es que está definiendo, entendiendo y defendiendo el recurso o factor laboral de empleado público como sector público y que no es sector privado, como persona, como individuo. Ahí creo radica el error que aparentemente (sé, me consta, que su argumento es con buena y recta intención) sustenta el sofisma de la paradoja que presenta como cierta, no siéndolo.
A mi entender, siempre me he ubicado, como individuo, como persona, dentro del segmento “familias” como agente económico, y siempre, en este marco laboral, como oferente de trabajo. Que desde el sector privado ofrezco mis horas de trabajo a cambio de un sueldo, intentando resolver, de alguna manera, el logro de la mayor satisfacción derivada de las dotaciones de renta laboral y de ocio alcanzables. Ello sujeto a la clara restricción exógena y obvia de que cada día hay disponibles 24 horas menos las horas que duermo, y que la renta laboral mía es el resultado de multiplicar el número de horas trabajadas por el salario/hora que me pagan compensando mi renuncia al ocio que también me satisface. Es verdad, que quien me paga es el sector público, pero ello creo no me hace dejar de ser quien soy, un individuo, recurso, factor, con decisión propia que procede ejecutando un intercambio voluntario en el mercado laboral, accediendo a la función pública, en su respectivo segmento, sin dejar de ser yo, insisto, un individuo o agente económico[ii].
Para nuestra reflexión, ¿no creen que otorgarnos la pertenencia de los empleados públicos al sector público como miembros suyos y negarnos la pertenencia al sector privado como individuos, elementos de las familias, que en su acción humana ofertan sus horas al sector público a cambio de un salario sea, creo, una baza tremenda para el engorde de las tesis públicas, hasta el punto de languidecer al sector privado? ¿Los impuestos que yo pago, no los pago, pagamos, como agentes económicos perteneciente al sector privado que pagan su irpf?, su igic, su ivtm, su ibi, …? ¿A los funcionarios, desde la metodología individualista, les es indiferente la subida y las bajadas de impuestos?
Es claro, para los dos, y para todos, que el 100% del cobro de los impuestos, la recaudación tributaria, es cobrada por el sector público (gobiernos y administraciones) y es pagada por agentes económicos desde el sector privado. Si nos quitas, se nos quita como oferentes de trabajo, del sector privado, entonces nuestros pagos ya no los computas porque cancelas el cargo y el abono y lo tildas como “argucia contable encubridora del parasitismo”. Este es el punto. Permítanme explicarlo en términos contradictorios.
Los dos, y todos, siempre estamos bien dispuestos a la escucha, a aprender y a sorprendernos. Ni los oropeles académicos ni los idearios deben nublar la mente ni el corazón, aunque a veces se nos cuela la bruma en el ojo y en la perspectiva. Querido JHC indicas. A) ‘Las cotizaciones a la SS y los impuestos que pagan los funcionarios es una ficción’. y B) ‘Todo ese dinero sale del sector privado’.
Al respecto:
1.- Estas dos proposiciones en sus contenidos creo es lo que hace vislumbrar que el pago de nuestros impuestos y cotizaciones (de los empleados públicos) los hacemos como elementos del sector privado.
2.- Es verdad la segunda proposición, ‘todo ese dinero sale del sector privado’.
La primera proposición A) para sostenerse necesita identificar al funcionario o empleado público como sector público, cosa que no comparto. Pero, además, si se hace esto entonces no sería verdad la segunda proposición que afirma que ‘todo ese dinero, el recaudado, sale del sector privado’. Cosa que como sabemos, así lo entendemos los dos, como indiqué, el 100% de la recaudación es pagada desde el sector privado. En tu concepción el sumatorio de lo recaudado es menor por excluirnos como agentes del sector privado. Digamos que tus 100% es en recaudación absoluta menor.
Mis impuestos pagados y mis cotizaciones a la SS no son una ficción, al margen de que me encantaría que los impuestos se redujesen, sí son fruto de una “coacción”, son una transferencia obligada y muy real, coercitiva, legalizada, una restricción exógena inexorable que opera en mi problema laboral praxeológico y cataláctico. En mi acción humana (Mises) y en la de muchos individuos, sus resultados se concretan en ‘los procesos sociales dinámicos` que conducen, sin dejar de ser yo, sin dejar ser cada uno, a los ACUERDOS míos y respectivos interactuando voluntariamente en los mercados de bienes y servicios, en los mercados de trabajo, mercados de activos financieros con otros agentes, públicos y privados, a nivel local, regional, nacional e internacional. Al respecto de “la argucia contable”: Partamos de la pregunta alternativa ¿”¿Se podría asimilar, entender que los empleados públicos, stricto sensu, pagan impuestos? Imaginemos que el gobierno NO eximiera de «pagar» cotizaciones e impuestos a los funcionarios, pagándoles el salario bruto; realmente para eso no hay que esforzarse en imaginarlo, es lo que hay. Pregunto, ¿Las cuentas del Estado en su saldo neto sufrirán modificación alguna? No. Tampoco. En su saldo neto, no. Pero las cuentas reflejan así la realidad de las transacciones habidas entre el sector público y su personal (parte propia del sector privado como oferentes de trabajo). Por tanto, la respuesta es sí, si pagan impuestos. Ese impuesto, creo, no es una argucia contable cuya finalidad sea ocultar la naturaleza parasitaria de los «servidores» del Estado. Ese impuesto es un instrumento fiscal, coercitivo, para quien lo pague, no es en absoluto ficción. En cuanto a lo del parasitismo, de todo tipo puede haber y de hecho haylo, en toda organización, si bien es verdad que, en el tiempo, el parasitismo de los que no combaten el despilfarro (sin tregua diría Mises), de los que anidan en la ineficiencia, suelen, según evidencias, durar menos en las organizaciones privadas que en las públicas. Pero ello, no es ningún resultado de teorema explícito conocido, siempre podremos ver puntos y contrapuntos.
[i] Sostenido en septiembre de 2021 y que creo puede justificar la redacción de este artículo para Análisis Diarios del IJM.
[ii] También, praxeológicamente, desde un enfoque propio de “Individualismo Metodológico”.
Es un título que resultará chocante para muchos. ¿Existe aún la esclavitud? ¿En el siglo XXI? ¿En un país occidental y democrático? Bien, no es algo que sea fácil de visualizar; no se ve gente con cadenas por las calles completamente a voluntad de sus dueños y señores. No, es evidente que no es esa esclavitud a la que me refiero.
Sin embargo, cuando comenzamos el año con titulares recordándonos que a partir del 1 de enero solo nos podremos jubilar a los 66 años y 2 meses, uno no puede evitar sentirse un poquito esclavo. De alguna forma se nos obliga a trabajar (o cotizar) hasta esa edad si se quiere tener derecho a una pensión pagada por el Estado con la que, quizá, pueda mantenerse el resto de su vida sin trabajar.
Alguien podría responder que el Estado no te esclaviza, nadie te obliga a trabajar si no quieres, puedes dejar de hacerlo cuando lo desees, eso sí, sin acceder al Dorado de la pensión. Pero el problema es evidente: si has trabajado o estás trabajando por cuenta ajena, estás obligado a cotizar para esa futura pensión, la quieras o no la quieras. Dicho de otra forma, desde que empiezas a tener un salario, una parte nada despreciable del mismo pasa a manos del Estado mensualmente, a cambio de la promesa de pagarte una pensión desde determinada edad hasta que fallezcas.
Estamos hablando de un 28,3% del dinero que te corresponde, aunque en la nómina solo se vea el 4,7% que paga el trabajador. El otro 23,6% es “a cargo del empresario”, como si fuera una cosa que paga éste de su bolsillo, cuando la realidad es que solo lo paga como consecuencia de la riqueza que genera el trabajo del contratado. Vamos, que por mucho que el Estado te diga que lo paga el empresario de sus ingresos, realmente terminaría siendo parte del sueldo del trabajador en un mercado no intervenido.
En suma, desde que empiezas a trabajar, el Estado te quita un 30% de lo que ganas para contingencias comunes, entre ellas la jubilación. Y solo podrás acceder a esos fondos que está ahorrando el Estado en tu nombre si cumples tu parte de estar trabajando todos los años que te diga el Estado, que además varían con el tiempo, como prueba el titular recogido en el segundo párrafo de este artículo.
La comparación es odiosa, pero imaginemos por un momento que ese 28,3% se quedará en nuestra nómina en vez de “guardárnoslo” el Estado. Ello nos permitiría ser nosotros los que decidiéramos hasta cuándo trabajar, en función de nuestras preferencias de nivel de vida y ahorro en cada momento. En comparación con esta posibilidad, pocas dudan caben de que el régimen a que nos someten es una cierta forma de esclavitud: Nos retienen parte de lo que producimos y solo nos lo darán si estamos trabajando hasta que ellos decidan1. Tienen nuestro ahorro como rehén para obligarnos a trabajar.
¿Por qué nos quiere tener esclavizados el Estado? Pues porque a la postre el Estado vive de lo que genera el trabajador con su trabajo. Me apresuro a explicarme: no existe producción de riqueza sin una componente de trabajo, sin la cooperación del ser humano en algún momento de la producción. Por tanto, el trabajo es componente necesario en cualquier generación de riqueza, y los impuestos solo se pueden cobrar si hay generación de riqueza, tengan el calificativo que tengan.
No hay Impuesto de Sociedades sin empresas en que haya algún trabajador, ni hay IVA sin personas haciendo consumo, ni hay IBI sin personas pagándose una casa, ni mucho menos a IRPF sin salario. O sea que todos los ingresos del Estado provienen, directa o indirectamente, del trabajo de los individuos2.
El círculo queda así cerrado: el Estado necesita trabajadores que generen la riqueza con la que sostenerse. Lógicamente, lo racional es tratar de alargar lo máximo la vida útil de tales generadores de riqueza, toda vez que, además, en el momento en que dejan de ser generadores, pasan a ser consumidores de la misma (si han accedido a una pensión). Así pues, a nadie debería extrañar que los Estados, esos que cuidan nuestro futuro, traten por todos los medios de impedir que ejerzamos nuestra libertad de trabajar o no hacerlo. Ellos nos quieren trabajando, cotizando y pagando impuestos. Y si para ello nos tienen que esclavizar, que sea de forma sutil: reteniéndonos parte importante de nuestra producción y condicionando el acceso a la misma a que cumplamos su voluntad, la voluntad del señor.
Son unas cadenas invisibles, pero no menos reales que las que sufrían los esclavos de tiempos pretéritos. Al menos, aquellos eran conscientes de que cargaban con ellas, y esa es condición necesaria para arrancárselas. ¿Cuánta gente nota ahora mismo las dulces cadenas de la jubilación?
1 Y nos lo darán si para cuando toque devolvérnoslo aún lo tienen, algo muy dudoso en un régimen piramidal como él que rige en España. Pero este no es el tema de hoy.
2 Se pueden anticipar esos ingresos acudiendo a los mercados de Deuda Pública, por supuesto, pero la única forma de devolverlos descansa en recaudar impuestos de los ciudadanos en algún momento posterior.
Actuando en libertad cada individuo revela lo que considera bueno: «Sea pues bueno aquello que sea elegible por sí mismo» (Aristóteles, 2009: 77). Por el contario, lo malo procura ser evitado. El hombre por imperativo biológico —sostenimiento y perfeccionamiento de la vida— necesita apropiarse de bienes pudiendo hacerlo de dos formas: «El trabajo y el robo, el propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros»; distinción que Oppenheimer (1926: 24) denominada «medios económicos» y «medios políticos».
El origen del impuesto nunca fue un mítico «contrato social», sino la apropiación violenta de la riqueza mediante la conquista (Bodino, 1576). Paulatinamente, el impuesto se fue sistematizando con funcionarios al servicio de las élites políticas; por ejemplo, la unificación que supuso el Sistema Métrico Decimal (Lavoisier, 1799) facilitó la labor confiscatoria del Estado moderno.
El tributo enriquece a quien lo percibe y empobrece a quien lo paga, por ello, uno intenta acrecentarlo y el otro intenta escamotearlo. Cobrar impuestos requiere de una capacidad técnica que combina información, organización, coacción y persuasión. A pesar de que el Estado posee la fuerza para doblegar la resistencia de sus víctimas, procura conseguir su voluntariedad o, al menos, su anuencia. La persuasión incrementa el ingreso fiscal mediante la reducción de costes del recaudador. El lenguaje, sin duda, es una potente herramienta de legitimación fiscal cuya finalidad es hacer creer al individuo que los tributos son justos, necesarios y que, en última instancia, él es el principal beneficiario. En el presente artículo, por fiscalidad o tributación entendemos cualquier obligación dineraria o servidumbre (militar, electoral, judicial) forzosa.
El impuesto no es voluntario
«El interesado, antes de actuar de uno u otro modo, valora y pondera la posibilidad de que otro ejerza coacción sobre él» (Mises, 2011: 766). El impuesto no es voluntario, se cobra bajo amenaza; no obstante, el recaudador intenta disfrazarla empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad. Sin duda, sería más realista llamar «confiscado» al «contribuyente». El actual «Impuesto de Bienes Inmuebles» (I.B.I.) se llamaba «contribución». La Constitución española (art. 31. 1) reza: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […]». De igual modo, se pervierte el significado de «colaboración» (art. 118): «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así́ como prestar la colaboración requerida […]». La «participación» y «colaboración» que exige el Estado es sui generis; por ejemplo, negarse a «participar» como miembro de un Jurado supone multa entre 150€ y 1.502€; y negarse a «colaborar» en la realización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) conlleva sanción. Las organizaciones criminales privadas emplean la misma técnica que el Estado, por ejemplo, así se dirigía E.T.A. al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]».
Otro eufemismo es llamar «prestación» a cualquier forma de servidumbre o trabajo forzado, como el servicio militar obligatorio. De igual modo, el verbo «pagar» es usado equívocamente cuando declaramos «pagar» impuestos o «pagar» el sueldo a los políticos. Analicemos este titular: «Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos»; aquí los verbos «destinar» y «pagar» enmascaran la naturaleza violenta de la fiscalidad. El ciudadano no «paga» salarios públicos, ni «sufraga» obras o servicios públicos y ni siquiera «paga» su propia jubilación. Es el gobierno, previa confiscación, quien realiza todos esos pagos. Sería más apropiado afirmar que los políticos se pagan a sí mismos. Otras veces, una cuota forzosa se camufla como «aportación»: «El sistema […] se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores». Cual trilero, el gobierno retiene a las empresas un dinero que luego les devuelve como «crédito» formativo y, de paso, se embolsa cada año más de 900 millones € por cursos no impartidos.
Otra perversión del lenguaje es esta: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional a los ciudadanos durante la crisis»; o bien: «Los españoles han asumido sacrificios y en cuanto podamos bajaremos los impuestos»; pero los políticos no piden permiso para saquear a los ciudadanos. El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.
Para combatir la manipulación verbal es recomendable hablar en plata, por ejemplo, la cuota que «pagaban» las empresas por su pertenencia forzosa a las Cámaras de Comercio era más conocido como «impuesto revolucionario». Otra estrategia es hacer ostensión verbal de estar siendo coaccionado; por ejemplo, algunos políticos separatistas prometen su cargo por «imperativo legal» para manifestar su oposición al statu quo político. De igual modo, podríamos adjetivar como «forzosos» específicos hechos y situaciones; por ejemplo: contribuyente forzoso de impuestos, médico colegiado forzoso Nº…, presidente forzoso de la mesa electoral…, miembro forzoso del jurado…, etc
Competitividad fiscal
La palabra competitividad tiene una connotación positiva. La competencia mercantil proporciona a los consumidores bienes económicos con la mejor relación calidad-precio posible. Los peores competidores desaparecen o son adquiridos por los mejores. Al hablar de competitividad fiscal se da a entender que los gobiernos compiten entre sí buscando el plácet de los ciudadanos, pero el Fisco no es una empresa ni compite como una empresa. En primer lugar, la competencia fiscal es contraria a la naturaleza expansiva del poder político: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). No nos engañemos, ni siquiera la (estatista) curva de Laffer busca el interés del contribuyente, sino optimizar el ingreso fiscal. Los índices de competitividad fiscal (ICF) que elaboran fundaciones y think tanks libertarios son empleados para persuadir a los gobiernos y que sean fiscalmente atractivos a residentes y empresas. Esta estrategia se ve fuertemente contrarrestada con acusaciones de dumping fiscal y por el intento de «armonización» fiscal proveniente de saqueadores sin complejos. Más que competir, los gobiernos se cartelizan para subir impuestos; por ejemplo, tras la crisis de 2008, se orquestó un catastrazo nacional que multiplicó el I.B.I. por 3,5 en una década. Sería más apropiado llamarlo «Índice de agresión fiscal».
En segundo lugar, los gobiernos no quiebran por falta de competitividad fiscal; por ejemplo, Cuba lleva 60 años siendo un pésimo competidor fiscal y perdiendo población, pero ahí sigue. Los Estados no se ven obligados a reducir su fiscalidad, por el contrario, el avance imparable del Estado social no ha hecho sino incrementarla.
Dumping fiscal
En un artículo anterior ya vimos que prohibir la venta a pérdida o dumping carece de justificación ética y económica. El dumping es un fenómeno exclusivamente mercantil ya que los gobiernos no venden bienes a precios de mercado. La incorrecta acusación de dumping fiscal, por tanto, se refiere más bien a tener una fiscalidad «demasiado» baja. Por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de «deslealtad» porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Toda propuesta de «homogeneización» o «armonización» fiscal es un intento igualitario de saquear a todos al máximo nivel.
Paraíso fiscal
Un deslizamiento lingüístico es probablemente el origen de la metáfora «paraíso fiscal», dado el parecido entre los sustantivos ingleses haven (refugio) y heaven (paraíso). En cualquier caso —refugio o paraíso — nos estamos refiriendo a una jurisdicción con nula o baja fiscalidad que atrae a capitales y residentes de otros Estados. Los paraísos fiscales han sido objeto de las peores acusaciones —blanqueo de capitales, fraude, elusión— por la mayoría de gobiernos (auténticos «infiernos» fiscales), que ve mermada su capacidad confiscatoria. Resulta cómico que los mayores agresores fiscales acusen a los más moderados de «prácticas fiscales abusivas». El mundo al revés. En particular, La Unión Europea (2021) tiene una lista negra de 21 jurisdicciones que no «cooperan» lo suficiente al saqueo fiscal de Bruselas.
Impuesto confiscatorio
Se trata de un pleonasmo pues todo impuesto, en mayor o menor medida, es confiscatorio. Sin embargo, los hablantes entienden por «confiscatorio» un tributo desmedido o abusivo: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (CE, art. 31. 1). El legislador hace un brindis al sol cuando no precisa el significado de «confiscatorio», permitiendo el expolio fiscal con impunidad. Esta argucia convierte al gobierno en dueño y señor de toda la riqueza, estipulando en cada caso qué porción reclama para sí y cuál permite conservar al contribuyente (Chodorov, 2012: 8).
El impuesto progresivo es regresivo
La (espuria) justicia social exige que los más ricos sean sacrificados en el altar del Estado social mediante una fiscalidad «progresiva». Paradójicamente, como apunta el profesor Benegas Lynch (2014), las personas con ingresos más bajos (supuestos receptores del botín fiscal) resultan perjudicados de forma indirecta. A medida que la renta se incrementa, generalmente, la proporción dedicada al consumo disminuye y la dedicada al ahorro e inversión aumenta. El impuesto progresivo reduce el consumo de los más «ricos», pero reduce en mayor proporción la inversión en bienes de capital; y una menor tasa de capitalización implica salarios e ingresos reales más bajos. Por otro lado, el impuesto progresivo desincentiva el trabajo de los profesionales más productivos, agravando la escasez de servicios altamente valorados por los consumidores. Por ejemplo, un afamado cirujano reducirá voluntariamente el número de intervenciones quirúrgicas. En definitiva, el impuesto progresivo penaliza los factores de producción capital y trabajo: «La producción y la riqueza total ha sido rebajada» (Mises: 2011: 779).
Confusión fiscal y jurídica
Consiste en hacer que la legislación fiscal sea tan intrincada, ambigua y cambiante como sea posible, de tal forma que constituya un arcano para los legos y un laberinto para los técnicos, que ven mermada su capacidad de asesoramiento. Cuanto más confusa y alambicada sea la normativa más ventaja tiene el Fisco que, actuando como juez y parte, interpreta la norma en su favor. La inseguridad jurídica de individuos y empresas es la seguridad económica al gobierno.
La confusión fiscal intersecta con el Derecho. El legislador enmascara la coacción haciendo creer al ciudadano que un deber legal —fiscal, militar, electoral, judicial— es al mismo tiempo un derecho. Por ejemplo: «Son derechos y deberes de los vecinos: […] d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales». Sin embargo, para un mismo individuo algo no puede ser simultáneamente derecho y deber (García-Trevijano, 2012). Veamos otra mentira: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Claramente, el servicio militar obligatorio no es un derecho porque si lo fuera podría dejar de ser ejercido, es decir, todo derecho incluye su abstención. Votar tampoco es derecho y deber. El sufragio activo es un derecho político y su corolario es el derecho de abstención (no votar). Es una indecencia que los legisladores elaboren falacias informales, a saber, «usos equívocos de términos y abusos de imprecisión» (Vega, 2007: 196).
Benegas Lynch, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios» [Video file]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s
Bodino, J. (1997). Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.
Chodorov, F. (2002). “The Income Tax: Root of all Evil”. [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.
Consejo de Europa: https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf
Constitución española de 1978.
Constitución suiza de 1995.
Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.
Oppenheimer, F. (1926). The State. New York: Vanguard Press.
Sánchez, D. (2013). “Taxes and History” [Video file]. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=bOjaE_-BNY0
García-Trevijano, A. (2012). «El voto es un derecho, no un deber». Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY
Rothbard, (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial. Vega, L. (2012). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.
Próximamente se presentará en el Congreso, y veremos si se aprueba, la ley de Presupuestos generales del Estado para el año 2022.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se subirá a la tribuna, a exponer los puntos fundamentales de unos presupuestos con un record total y absoluto de gastos, 458.970 millones de euros. Lo que conducirá en el mejor de los casos, como luego veremos, a un déficit del 5% del PIB, es decir, los gastos del Estado superarán en un 5% de la riqueza nacional a los ingresos. Y con este, serán ya 15 ejercicios consecutivos con déficit público. Tres lustros en los que los distintos gobiernos han gastado más de lo que ingresaban, algo que todos a nivel personal, veríamos como una locura, pero que hemos normalizado a nivel colectivo.
Mucho se ha hablado de la mal denominada austeridad, cuando conociendo este hecho, salta a la vista que tal cosa jamás existió. ¿Cómo se puede llamar austero a algo si se gasta más de lo que ingresa? Como mucho, menos derrochador, ya que esa diferencia entre gastos e ingresos se redujo durante esos años de “austeridad”, gracias a unos recortes y reformas muy necesarias por otra parte. Pero incluso con ello, nunca se llegó al objetivo, utópico desde nuestro punto de vista actual, casi religioso en el caso alemán, de “equilibrio presupuestario”. Es decir, algo tan radical y fantasioso, como que el Estado gaste como mucho tan solo lo que ingrese, nunca más de esa cifra.
Y la pregunta es, ¿Qué consecuencias tiene que el gobierno sistemáticamente incurra en déficits presupuestarios? Pues un aumento exponencial de la deuda pública que ya ronda el 120% del PIB. ¿Y quién tendrá que devolver esa mastodóntica cantidad? Adivinen, todos nosotros. Más intereses por supuesto. Intereses que ya se nos están haciendo pesados. Alrededor de 31.000 millones de euros en intereses de deuda pagaremos en el año 2022. Para hacernos una idea, eso es casi tres veces lo presupuestado para defensa, o un 50% de todo el gasto en educación. Lo que agranda este peligro, es que actualmente pagamos esa considerable cantidad, tendiendo unos tipos de interés anormalmente bajos, por las políticas expansivas del Banco Central Europeo. Cuando esos estímulos desaparezcan, y no debería ser dentro de mucho, el pago de los intereses de deuda se puede hacer insostenible, llevándonos irremediablemente a la quiebra.
A todas estas malas noticias, hay que sumarle una más que dejábamos entrever al principio. Que esto es en el mejor de los casos. Y es que estos presupuestos, han sido desarrollados con un cuadro macroeconómico totalmente desfasado, con una previsión de crecimiento del PIB que ya ha sido corregida a la baja respecto al que han tomado para hacerlos. Por si fuera poco, este presupuesto contempla unos ingresos record, en muchos casos poco o nada realistas. Al final pasará lo de siempre, nunca se cumplen las optimistas previsiones de ingresos, y en cambio siempre se gasta lo que se tenía previsto o incluso más, haciendo bastante probable que el déficit del 2022 sea mucho más alto que el ya de por sí altísimo desfase presentado por el gobierno.
En conclusión, es urgente acabar con los déficits en las cuentas públicas, ya que endeudarnos más no es una opción factible. Y teniendo en cuenta que los ingresos están en máximos históricos, esto se tendrá que hacer vía recortes de gastos. El presupuesto es muy extenso y hay muchas partidas discutibles o demasiado pesadas. Hará falta un “cirujano” experto que haga los cortes (y recortes) necesarios para salvar al paciente. De no ser así, busquen información de lo ocurrido a Grecia hace una década, pues será nuestro futuro más pronto que tarde.
“Los impuestos son un robo” es un lema liberal muy radical y de uso frecuente. Se trata de un eslogan breve, provocativo, llamativo, simplista, extremo y sin matices. Hay alternativas más razonables:
-Los impuestos se parecen [bastante, mucho] al robo.
-Algunos [muchos] impuestos se parecen al robo.
-Los impuestos y el robo no son tan diferentes y tienen mucho en común.
-Los impuestos tienen algo/mucho de robo.
-Los impuestos suelen ser ilegítimos.
-Los impuestos son en su gran mayoría injustos por violar la libertad y la propiedad y no tener adecuada justificación contractual o consentimiento efectivo.
-Los impuestos suelen ser injustos por su tipología (qué gravan), por su cantidad (cuánto gravan), por su distribución (progresividad fiscal) y por su uso (gasto presupuestario a grupos de interés).
Robo vs. impuestos:
En el robo un ladrón (individuo o grupo) quita sus bienes a una o varias víctimas sin su libre consentimiento y sin dar nada a cambio, frecuentemente por la fuerza o con amenaza de violencia, o mediante invasión o aprovechamiento de descuidos (hurto). Hay un clara separación y asimetría entre el agresor, parásito o depredador que se beneficia de su acción contra los perjudicados por su delito.
En los impuestos hay, o se supone que hay, una asociación o comunidad con unos representantes o líderes políticos que presuntamente actúan bajo mandato del pueblo (al menos en democracia) con el monopolio de la violencia legítima y por el bien común: los miembros de la comunidad se obligarían de forma indirecta a sí mismos mediante un contrato social a pagar impuestos por presuntos bienes públicos o razones de justicia social (igualdad, ayuda a los desfavorecidos).
-Si en el robo hay uno y otro, en los impuestos habría un nosotros.
-Si en el robo hay un beneficiado y un perjudicado, en los impuestos todo sería por el bienestar general, el bien común, o el bien mayor de los más vulnerables.
-Si en el robo la víctima no recibe nada a cambio, los impuestos servirían para financiar bienes y servicios para los contribuyentes.
-Si en el robo no hay consentimiento por la víctima, en los impuestos el ciudadano consentiría al aceptar el contrato social.
-Si en el robo la violencia es ilegítima, en los impuestos esta estaría justificada por los procedimientos democráticos.
Pero:
-Los límites de la comunidad, quiénes son ciudadanos y quiénes no, son problemáticos: algunos incluidos pueden preferir quedar fuera, y algunos excluidos pueden querer participar. La pertenencia a la comunidad no es realmente libre ni contractual.
-El Estado como sistema institucional para la gestión de lo común históricamente suele tener su origen en el saqueo, la guerra y la opresión de unos sobre otros, y frecuentemente degenera en herramienta de unos para vivir a costa de otros.
-Se supone que el Estado somos todos, pero hay poderes particulares y grupos de interés con mucha capacidad de control que lo utilizan en su propio beneficio.
-La decisión de qué bienes o servicios son auténticamente públicos (no excluibles, no rivales) y necesarios para la convivencia común es problemática y tiende a abusarse de ella. Se confunde bien público con bien proporcionado por el Estado. Los auténticos bienes públicos (defensa, orden público) suelen recibir poca importancia o ignorarse.
-El presunto consentimiento que justificaría los impuestos es falaz o problemático. Las constituciones no son contratos auténticos. Información importante sobre las preferencias individuales no se manifiesta o se pierde en las decisiones agregadas. Se asume que la democracia lo legitima o justifica todo, se impone la tiranía de las mayorías y se ignora la libertad individual. Aquellos que dan su consentimiento a los impuestos lo hacen en su propio nombre, no en el de los demás: que uno acepte los impuestos legitima que se los cobren a él, no a los demás. Que una mayoría acepte los impuestos no legitima que se los imponga a la minoría.
-Hay una tendencia a la colectivización. Se permite la voz y el voto, pero no se permite o se dificulta la salida efectiva de la comunidad y sus servicios, la participación o no por separado en cada programa estatal. No se permite al individuo no participar en proyectos que no tienen naturaleza de bienes públicos (pensiones, sanidad, educación). Dificultar o impedir la salida de una asociación sirve para tener atrapados a quienes son parasitados por los demás.
-El pago de impuestos no está relacionado con el valor de los servicios recibidos. Algunos contribuyentes pagan impuestos aunque no reciban o usen ciertos bienes o servicios públicos.
-Los impuestos tienden a gastarse mediante los presupuestos públicos de forma ineficaz, ineficiente o corrupta.
El robo viola la libertad y la propiedad privada, pero la pertenencia a una comunidad suele implicar contribuciones para su mantenimiento (en dinero o en especie). Los impuestos se presentan o justifican presuntamente como una necesidad colectiva por el bien común, como el precio de la civilización y la convivencia, pero en realidad se parecen mucho al robo. Los impuestos podrían ser contribuciones necesarias para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como cuotas de una comunidad de propietarios con estatutos establecidos contractualmente. Ciertos impuestos podrían servir para evitar o minimizar externalidades negativas como la contaminación. En realidad gran parte de los impuestos son confiscaciones sistemáticas de dinero para su redistribución o transferencia de individuos desorganizados a grupos organizados (teoría de la elección pública), quitando a unos para dar a otros. Los impuestos tienden a ser defendidos por ideologías colectivistas liberticidas y por los receptores del dinero o los servicios asociados a los mismos: gobernantes, burócratas, funcionarios, grupos subvencionados, ideólogos estatistas.
Los impuestos son más un robo cuanto más altos sean, más injustificados, y peor se gasten. Los impuestos no son estrictamente un robo, pero en su aplicación práctica lo parecen mucho.
(Posición contraria extrema de derecho positivo colectivista que niega el derecho natural y la ética de la libertad: en los impuestos no hay nada de robo porque todo es de todos, es el Estado el que establece las reglas y decide qué es la propiedad y qué se puede y debe dar y quitar a cada uno. No hay derechos previos al Estado.
Algunos denuncian que otros son insolidarios o incívicos y no pagan suficientes impuestos, los que les tocan, los que les corresponden, los que deberían pagar según su renta o su riqueza. El robo sería el no pagar más impuestos, porque presuntamente se estarían beneficiando a costa de otros, o porque la justicia presuntamente exigiría quitarles a ellos para darles a otros con menos renta o riqueza.)
Los robots no pagan impuestos, ni cotizan a la Seguridad Social. Tampoco lo hacen los plásticos, ni el tabaco, ni los combustibles, ni la Coca-Cola. Las personas siempre acabamos pagando los impuestos.
La corrección política en su versión fiscal gira en torno al siguiente axioma: el único problema de los impuestos es cómo aumentarlos. Se supone que el gasto público no puede bajar, con lo cual cualquier desequilibrio en la Hacienda, o en el sistema de pensiones de la Seguridad Social, nunca puede ser considerado un problema de gastos excesivos, sino de ingresos insuficientes.
Esto es más que dudoso, pero el grueso de los analistas pasa púdicamente por encima del asunto, asegurándonos que la fiscalidad es solo una cuestión técnica, cuantitativa, que pasa por investigar cómo expandir los ingresos públicos; y que todo lo que sea cuestionar la naturaleza y dinámica del Estado y sus finanzas nos aparta del marco científico, y nos extravía en estériles cápsulas ideológicas.
Sin embargo, quienes así razonan, en realidad, siegan la hierba debajo de sus pies. Al ser incapaces de aportar una teoría robusta sobre el Estado y la lógica del poder político, no abordan las contradicciones de los sistemas fiscales, y van saltando de una propuesta imaginativa a la otra, presentándonos sucesivos bálsamos de Fierabrás. Es el caso de hacer que paguen los robots.
La argumentación florece en falacias, y se nos dice que los robots destruyen empleo, bajan cotizaciones e ingresos públicos, e impiden la redistribución de la riqueza. Hay que hacer algo, concluyen. Podrían empezar cuestionando dogmas.
El secretario general de UGT, Pepe Ávarez, aseguró: “La robotización creará empleo, pero no el suficiente con respecto al que destruye. Es urgente revisar las fórmulas de protección y fiscalidad que equilibren la sociedad”. Carlos Bravo, de CC OO, aplaudió el castigar impositivamente el aumento de la productividad: “se favorece la innovación, gravando el resultado, no la adquisición”. Añadió otro clásico: hay que subir los impuestos porque en Europa son más altos, con lo cual tenemos mucho “margen”. En suma: “Necesitamos, más que nunca, redes de protección vía impuestos”.
Los líderes sindicales no pregonan estas cuestionables consignas en solitario, porque no pocos expertos han propuesto también aumentar el Impuesto de Sociedades, o castigar fiscalmente a las empresas que sustituyan mano de obra por robots.
Esta argumentación es endeble, e ignora en particular el punto que deseo subrayar en este artículo: los robots no pagan impuestos. Es decir, la mayor presión fiscal será descargada en primera o última instancia sobre las personas, de formas no siempre fáciles de precisar, pero que conviene tener siempre presente. El proceso parece a menudo paradójico, como nos explica la teoría de la incidencia fiscal.
Así, los impuestos sobre las cosas recaen sobre la gente, en proporciones diversas según las elasticidades de oferta y demanda; los gravámenes a las importaciones los pagan los exportadores; las ayudas sociales son también sanciones; y la persecución a las empresas acaba perjudicando a los trabajadores.
Quizá una forma de empezar a analizar seriamente el problema sería percibir que el Estado nos protege a todos de todo. Menos de él.
Carlos Rodríguez Braun del catálogo TOP 100 conferenciantes editado por Thinking Heads con quien organizará un Live este jueves 25 de febrero a las 12:00 en su perfil de LinkedIn.
El Rubius se ha ido a Andorra por motivos que, en parte, tienen que ver con la menor fiscalidad de nuestro país vecino. Él ha expuesto sus razones, y yo recomiendo a cualquiera que tenga un mínimo interés por el asunto que las lea hasta el final. A mí, su decisión de vivir en otro lado y la reacción que ésta ha provocado me sugieren varias ideas.
Él puede dedicarse a ganar dinero como le dé la gana. Rubén Doblas ha tenido el talento de tener a 40 millones de personas dispuestas a pagar una pequeña cantidad por escuchar lo que dice. Todo lo que ingresa son aportaciones voluntarias de personas que valoran lo que hace.
Del mismo modo, tiene derecho a establecer su residencia permanente donde le plazca, y por los motivos que quiera. Es su vida, no la de la miríada de personas que se creen con el derecho de elegir dónde deben vivir los demás.
Andorra tiene el derecho a elegir la política fiscal que quiera. No está claro que la democracia pueda sobrevivir a la legión de demócratas que no asumen el derecho de un pueblo de votar como a ellos no les gusta. Por el momento, la democracia andorrana sobrevive.
Cualquier impuesto que proceda de la renta, o que no grave otra cosa que no sea el consumo, me parece un error. Cualquier impuesto que le quite a un ciudadano más de un diez por ciento de lo que produce me parece moralmente inasumible.
El Rubius ha estado diez años aportando la mitad de lo que ganaba al Estado español. La práctica totalidad de quienes le critican necesitarían varias vidas para aportar una cantidad igual. Resulta ridículo oírles decir que su decisión de pagar impuestos en otro país pone en riesgo unos servicios públicos cuyo uso él ha pagado decenas de veces.
Un Estado puede atender las necesidades más básicas de un país con unos impuestos bajos. Ni toda su actividad se justifica por sí misma, ni está dedicada a atender a los ciudadanos con más dificultades. Hay una parte de los españoles que viven a costa del resto simplemente porque están amparados por el proceso político. Y eso sí es injusto.
La patria no se puede confundir con la sumisión al Estado. La patria es el acervo de la historia en común de los españoles, y sus frutos. Muchos de quienes la aborrecen, quizás porque han aprendido a hacerlo desde el colegio, ahora se acuerdan de ella con la sola esperanza de beneficiarse del talento ajeno. Una actitud muy poco patriótica. Me parece más patriótico defender tu propiedad de las manos de los políticos. Yo le doy las gracias.
La envidia no es patriotismo. Y la disposición a ser un parásito a costa de ser sumiso, tampoco permite hacer invocaciones a la ética.
Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.
Estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?
Todo el mundo centrado en si en Andorra se pagan o no más impuestos que en España, en si los youtubers son unos egoístas, en si de verdad vivirán o no en el Principado pirenaico… pero respecto a lo que el implicado ha dicho en realidad, apenas nadie dice nada.
Estoy seguro de que pagar menos a Hacienda ha sido un incentivo (de eso va esta columna, de incentivos) para la mudanza de estos chicos. Y no me creo que esté “muy contento de haber pagado” la mitad de lo que ganaba en impuestos. Pero nos engañaríamos si pensáramos que el único motivo de queja tiene que ver con el tipo marginal del IRPF.
Algunos comentarios de asesores, abogados o gestores de empresas familiares con los que hemos hablado esta semana.
“A ellos les da igual lo que a ti te suponga: se sientan en su despacho y desde su silla te requieren lo que se les pasa por la cabeza. Y te piden de todo y tú te tiras semanas buscando documentación que en muchos casos o no necesitan o ya deberían tener”
“Mi cliente nos pidió que lo hiciéramos todo bien. De hecho, es lo que hace la mayoría. ‘Por favor’, nos dijo, ‘que no haya ningún fallo en nada de esto’. Pues bien, el otro día nos sentamos tres personas que nos dedicamos a esto (fiscalista, asesor, gestor) a hacer la declaración. Y entre los tres no sabíamos cómo clasificar una factura porque la compraventa estaba sometida a varias normas que han cambiado en los últimos meses. Al final, la hicimos pero sin ninguna seguridad de que aquello esté bien”
“¿Tú sabes el desgaste que esto supone? ¿Y las pérdidas para el negocio? Se supone que mi trabajo es gestionar las empresas de mis clientes. Pero el 50% de mi tiempo se marcha en atender a Hacienda”
“Entran como un elefante en una cacharrería. Y te tratan igual si has cometido una ilegalidad flagrante que si es un error o un problema de interpretación. Yo lo he hablado con algún inspector sensato, que hay muchos. Pero hay otros que llegan y te dicen ‘Sí, tienes razón que esto podría interpretarse así; pero yo lo interpreto de esta otra forma y me da igual que tu interpretación sea lógica’. Bien, incluso así, acepto la multa. Pero hombre, la consecuencia no puede ser igual que si me salto la norma por la cara. Está claro que he intentado cumplir y que he hecho una interpretación razonable de la ley. Pero les da igual: el resultado es el mismo y su actitud, en muchos casos, también”
“Muchos de mis clientes pagan incluso aunque sepan que tienen razón. Lo que queremos es que se vayan ya y que el proceso acabe. Pagas para quitártelos de encima”
“Un caso concreto: una petición de información que nos tuvo varios días trabajando. Vamos a la oficina de la AEAT con todos los papeles. Se los mostramos. Todo en regla. ¿Y sabes lo que hizo? Ni se inmutó: sacó un listado de Excel que tenía impreso con 200 ó 300 nombres… y tachó el nuestro. ¡¡Estaba disparando a todo lo que se movía!! Y si alguno paga por miedo o recurre tarde o ha perdido algún papel… pues eso que se llevan”
“[Los inspectores] son los únicos funcionarios que cobran en variable”
“Una cosa anecdótica, pero que no entiendo: muchas notificaciones se envían a través de la Administración Electrónica en fin de semana. Parece una tontería, pero todos nosotros tenemos en el mail un servicio de alerta para estas notificaciones. Y ves el mensajito y ya te han fastidiado el finde: ¿tan difícil es programarlo para que llegue de lunes a viernes? Yo mis correos a mis clientes los programo siempre para que salgan en horario laboral, aunque los escriba un sábado por la tarde”
Antes de sufrir las iras de uno de los cuerpos de funcionarios con peor prensa, diré que tengo muchos amigos, conocidos y familiares que son inspectores de Hacienda. De hecho, diría que es una de las profesiones en las que conozco más gente. Y sé, como me explicaba uno de estos asesores, que un porcentaje elevado (de los que yo conozco, la gran mayoría) son tipos muy sensatos, buenas personas, profesionales íntegros que intentan hacer lo mejor posible su trabajo.
Y seguro que ellos (los inspectores) tienen su propia retahíla de quejas sobre los contribuyentes. Aunque advierto que también hemos hablado con ellos, en realidad llevo toda la vida escuchándoles, y en parte les entiendo.
Incentivos
Pero, ¿y los incentivos? Pues perversos y corrosivos. Para todos, también en muchos casos para aquellos que en teoría se benefician de ellos.
Hay tres quejas que se repiten constantemente. Que están en los dos párrafos de El Rubius. Y que deberían hacernos pensar a todos:
— Leyes ambiguas. Normas que no se entienden, cambios legislativos muy importantes que se cuelan en una disposición transitoria de una ley que no trata sobre eso, cambios de criterio que convierten en ilegal lo que hasta ese momento se había admitido sin problemas… En resumen: inseguridad jurídica.
Yo no creo que todos los empresarios o autónomos quieran “hacerlo todo bien”. Pero sí me creo que son mayoría los que prefieren evitarse cualquier problema legal, incluso a un coste algo superior. Y muchas veces no saben cómo hacerlo: no saben cómo “hacerlo todo bien”. La ley tributaria en España es compleja. Y lo es a propósito.
El legislador quiere que no sea sencilla, por dos motivos: 1) porque el desconocimiento provoca en muchos casos incumplimientos involuntarios que abren la puerta a sanciones; y 2) porque una ley clara, cerrada, sin ambigüedades, le da tranquilidad al contribuyente que ante una inspección sabe que puede decir “está todo en regla”. Con una norma confusa o sujeta a múltiples interpretaciones, la capacidad para amenazar (chantajear) de la Administración se dispara.
El político es feliz así. Pilla al que cumple, tiene en vilo al que se salta la norma… pero también aumenta su nivel de presión sobre el que quiere ser honrado, que nunca puede tener la certeza de que ha cumplido como debe.
— Desequilibrio en las partes. Impunidad. Otro ejemplo práctico: un contribuyente frente a Hacienda. Le abren una inspección. El tipo está convencido de que lo hizo todo bien. El inspector duda. ¿Cree Hacienda que puede ganar? Al 50%. La Administración pierde en primera instancia: ¿y si recurre? ¿Y si también pierde el recurso? ¿Y si vuelve a recurrir otra vez?
Tras seis-siete años, los tribunales le dan la razón al contribuyente. A veces, incluso, con duros reproches a la actuación de Hacienda. Hay sentencias que da miedo leer por lo que dicen de inspectores que se extralimitan en su función o por los derechos conculcados del contribuyente. Y la pregunta es ¿cuál es el resultado para las dos partes de esta historia? ¿Qué gana el que gana y qué pierde el que pierde?
El que gana [el empresario o autónomo] se lleva en la mochila seis-siete-ocho años de preocupaciones; de no dormir; de no contar con un dinero que es suyo; de pérdida de tiempo y dinero en asesores, abogados, gestores. Y, como mucho, gana que le devuelvan lo que pagó de forma indebida y los intereses que fija la propia administración.
¿Y el que pierde [el inspector]? Incluso aunque haya actuado de forma indebida, aunque la sentencia le ponga de vuelta y media, aunque haya sido arbitrario e injusto: el que pierde vuelve a su despacho de la AEAT al día siguiente, coge la carpeta del caso perdido, la mete en un archivador… y abre un nuevo procedimiento.
Y todo esto sin entrar en el tema del variable y del premio por recaudar: una cuestión muy polémica, pero que está ahí. ¿No es lo decisivo? Probablemente no, porque tampoco supone un porcentaje del sueldo tan elevado. Pero está claro que habría que pensárselo dos veces: tanto si debe mantenerse como el diseño del sistema
— Miedo. Sí, es lo primero que transmiten los pequeños empresarios, autónomos (no otra cosa son los youtubers) o gestores de empresas familiares. Miedo a todo: a no hacerlo bien y a hacerlo bien. A un procedimiento largo, porque siempre son largos. A la sensación de que son culpables mientras no demuestren lo contrario. Al coste de litigar, muchas veces ligado al principio de “primero paga y luego reclama”. A notificaciones que no se entienden. A esos PDF que te descargas de la web de la AEAT y que son infumables hasta en el formato (¿tan difícil es usar un tipo de letra, espaciado u organización algo más user friendly?). A procesos que creían cerrados o prescritos y que se reabren con un argumento peregrino.
Hay una frase terrible. La apuntábamos antes. Ese “he aconsejado a mi cliente que pague, aunque tiene razón” o “mi cliente me ha dicho que le da igual si está todo en regla, prefiere abonar la multa y olvidarse de todo esto”. Digo que es terrible porque implica que hay cientos de contribuyentes que renuncian a sus derechos sólo por no acabar perdidos en un laberinto burocrático o por miedo a que una interpretación novedosa de la norma convierta en ilegal lo que siempre se había permitido.
Las soluciones
La solución no es sencilla. Hablar de “leyes no ambiguas” o de “simplificación legislativa” queda muy bien, pero luego la realidad económica es complicada. Aunque en este punto es en el que yo soy más crítico: se podría hacer mejor desde ya. La normativa tributaria es un carajal… pero un carajal buscado y perseguido para que el contribuyente esté más expuesto. Esto no es culpa de los inspectores, sino del legislador (y aquí la lista incluye a villanos de todos los partidos).
Y sí, sabemos que existen las consultas vinculantes y otros instrumentos que la Administración pone a disposición del contribuyente. También hemos escuchado muchas historias de inspectores que intentaron ayudar al contribuyente a descifrar una norma. Pero es que estas historias no deberían ni existir: ¿de verdad es tan complicado diseñar un sistema tributario que no sea incomprensible y genere este pánico?
Acortar los plazos de los procedimientos también parece muy fácil de decir, pero no tanto de hacer. Entre otras cosas porque esos plazos también benefician al contribuyente. Aunque más al contribuyente pirata que al honrado. Otra frase que se repite a menudo al hablar con abogados o asesores es que las normas parecen hechas para fastidiar al que quiere hacerlo bien y darle ventaja al que vive en la oscuridad.
Por supuesto, lo de los incentivos no es sencillo. Pagar por variable es un clásico en las empresas y a los liberales en general nos encanta, porque parece que alinea los intereses. Pero si no hay un castigo por el otro lado, puede ser peligrosísimo: por ejemplo, con esos bonus que empujan a los CEO a tomar apuestas enormes que, si salen bien, cobran ellos y si salen mal, paga el accionista. El problema aquí es que castigar a un inspector porque pierda un caso tampoco parece que sea la solución.
Si decidimos que este tipo de retribución es adecuada, creo que sería mucho más sensato diseñar un esquema más equilibrado: por ejemplo, una bolsa con un porcentaje lo recaudado de más en toda España, que se reparta entre las oficinas de la AEAT con varios criterios que tiren en direcciones opuestas. Algo del tipo: un 5% de lo que se saque en inspecciones en toda España va a parar a un bonus que se repartirían los mejores inspectores.
¿Y qué cuenta para repartir ese bonus? 1) Porcentaje de éxito en las inspecciones (es decir, abrir muchos casos, en plan ametralladora, penalizaría); 2) Total recaudado en función del personal de cada oficina; 3) Los casos perdidos restan (con una penalización más que proporcional para los recursos perdidos; una cosa es abrir un caso dudoso y otra el encarnizamiento tributario sólo por cabezonería); 4) Reparto más por oficinas de la AEAT que por inspectores; 5) Porcentaje de contribuyentes de esa oficina que pagan en tiempo y forma (es decir, incentivar que cada oficina ayude a sus contribuyentes a cumplir sus obligaciones sin retrasos ni errores), etc…
Ningún sistema sería perfecto. Pero seguro que podemos encontrar algo que no nos deje con esa sensación de indefensión tan absoluta que ahora relatan los implicados. Esa idea de que ellos siempre ganan, sea cuál sea el resultado del proceso.
Porque, además, éste no es un problema sólo tributario. Cuando surge este debate, todos pensamos: “Otro que no quiere pagar”. Pero nunca pensamos “Otro chico joven que tiene una buena idea y no abre una empresa en España por miedo, porque ha escuchado en casa muchas veces a su padre empresario quejarse de los líos y los sufrimientos con Hacienda”. Tampoco nos imaginamos: “Otro directivo de una empresa familiar que deja pasar una buena inversión porque tiene tres procedimientos abiertos y los próximos dos meses necesita estar centrado al 100% en resolverlos”. Ni nos viene a la cabeza: “Otra empresa que no puede contratar un par de trabajadores para ampliar su negocio porque gasta el 10-15% de su presupuesto en pagar a asesores o fiscalistas”. Y, por supuesto, ni de broma aceptamos: “El Rubius se va a Andorra porque allí paga menos, pero también porque la relación entre la AEAT y los contribuyentes está completamente viciada. ¿Cuántos otros empresarios o autónomos o residentes extranjeros dejan España cada año por este tema”.
Luego hablamos de productividad o de facilidades para los empresarios. Y les hacemos una web para que suban la documentación de creación de la sociedad. Como si ésa fuera su principal preocupación. El Rubius es sólo el caso más llamativo de un problema de fondo mucho más grave. Pagar impuestos se ha convertido en un sufrimiento y no sólo por los tipos. Pregúntenle mañana a cualquier empresario si preferiría pagar el 20% con la legislación actual o el 25-30% con una norma que se pudiera cumplimentar en un día y que Hacienda le diera el “OK a todo” en una semana. ¿A ver qué responde?
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