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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Le llamaban propiedad

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Por ella, maldita palabra, la gente no puede disponer de un piso. Por ella, las personas se ven compelidas a habitar aquellas viviendas vacías.

La sociedad contribuyó a su creación, sin la cual el individuo jamás podría haberla adquirido. De ahí que, no cabe imaginar que sólo una persona pueda disfrutar de ella, no si hay quien carece de recursos para proveérsela. ¿Acaso cuando uno es capaz de hacer algo por si mismo, no debe su capacidad a los profesores que le enseñaron, a los doctores que le curaron y a los policías que le protegieron de los malhechores?

Esa palabra maldita, es la causa de todos los males. Sin ella, las personas no matarían, no robarían. Cuando a los ricos les sobran bienes, es lógico que quienes no pueden disponer de ellos se tomen la justicia por su mano.

Decía Cervantes, a través de su famoso personaje, que el fin de la felicidad mundana llegó aquel día en que alguien dijo "esto es mío".

Por eso, es la hora de poner coto a semejante despropósito. Pero como el número de reaccionarios que se oponen a que se vulneren sus mal llamados "derechos" es aún demasiado alto, el primer paso hacia su abolición es gravarla con impuestos.

Cuando sobre la compra recaiga un tributo, sobre su tenencia otros dos, sobre todo lo necesario para conservarla algún otro y cuando además, a quien tenga más de una, se le castigue bien dejando que otros la ocupen, cuando no incentivando que así se haga o que directamente otro impuesto le haga imposible su tenencia, entonces, la propiedad, esa ignominiosa palabra será un término vacuo.

Lograrlo pasa por un esfuerzo común en el que el egoísmo ceda a la justicia social, la apropiación al reparto equitativo y la solidaridad, sea el principio rector de la sociedad.

Cuando escuchen en la prensa que todavía hay quien se opone al progreso social en nombre de la libertad, estará ante aquellos que quieren que existan diferencias y que la pobreza siga aumentando indefinidamente.

Los pisos vacíos, son el exponente más claro del egoísmo que nos aflige. Acaparar es explotar… a quien nada tiene y nada tendrá. Cualquier medida es escasa, insuficiente, si no alcanza la expropiación.

Los ejemplos vasco y catalán son medidas demasiado moderadas pero, por lo menos, se dirigen hacia un buen destino. Será cuestión de tiempo que la propiedad no sea más que una concesión que da la sociedad a sus miembros, una autorización temporal para que dispongan de lo que han generado gracias a la cooperación social.

La propiedad ha muerto. ¡Larga vida al socialismo!

El aire tiene un dueño

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

El aire que usted respira pertenece al Estado. El que atraviesan los aviones y los pájaros al volar también es del Estado. El que alimenta las turbinas de los aerogeneradores e hincha las velas de los barcos tiene el mismo dueño. El que atraviesan las señales de televisión, las ondas de radio y las que permiten que hablemos por el móvil no es menos, sobre él gobierna el mismo, o los mismos, porque el Estado nunca hemos sido todos sino unos cuantos que, por la fuerza, se han atribuido nuestra representación y viven de ello.

Argumentan que el aire es limitado y que, precisamente por eso, hay que regularlo, racionar su uso, y que tienen que ser ellos quiénes lo hagan. Por el "bien común", claro, por su bien común, obviamente. El trigo, la cebada o las naranjas también son limitados y no por ello estaríamos dispuestos a admitir que decidieran por nosotros cuántos pueden dedicarse a su cultivo y en qué condiciones.

Pero con el aire es diferente. Nos parece la mar de normal que, por ejemplo, en España sólo haya tres operadoras de telefonía móvil o un puñado limitado de televisiones analógicas y otro un poco más grande de emisoras digitales. Nos parece normal porque siempre ha sido así o peor. Hubo un tiempo en que sólo el Estado podía ocupar el aire con sus señales y la sola idea de que un agente privado lo hiciese era una extravagancia impropia de personas sensatas con sentido de estado. Sí, sentido de estado. Expansivo como es, los gerentes del chiringuito no sólo nos exigen lealtad a punta de impuestos, sino que nos piden que comulguemos espiritualmente con su propio negocio.

Así las cosas, en toda Europa si usted o yo pretende abrir una cadena de televisión o de radio precisa de una autorización gubernamental, una licencia que le permita iniciar las emisiones o, al menos, hacerlo legalmente. En sí esto es una aberración, porque si bien el espectro radioeléctrico, es decir, el aire, es limitado, también lo es que debería ser el mercado el que regulase esa escasez conforme a los parámetros de oferta, demanda y satisfacción del consumidor. Cualquier otra solución es una inaceptable imposición del Estado que, como no podía ser de otro modo, se transmuta en corrupción y nepotismo.

Ahí, sin embargo, no queda la cosa. El Estado, no contento con prescribir arbitrariamente quién puede y quién no puede emitir, se arroga el derecho de dictar los contenidos radiofónicos o televisivos de los concesionarios, el número de empleados, la cantidad de anuncios que éstos pueden ofrecer y, en ciertos casos, hasta el modelo de gestión. Es como si a un fabricante de pantalones le obligasen a sacar al mercado unos determinados modelos, de unos determinados colores y a un determinado precio.

A cambio, el Estado garantiza una competencia controlada en la que nadie se entromete, y si alguien osa hacerlo multa y a la cárcel. La docilidad se premia con generosas campañas institucionales de publicidad y cierta comprensión oficial si las cosas se ponen feas. Una merienda de negros en la que, de los tres que intervienen –el Estado, los operadores y el consumidor–, sólo gana el primero, el segundo sobrevive y, si sabe ser lo suficientemente servil, puede llegar a ganar mucho dinero. El tercero, el espectador, el oyente, cata el menú y calla. No puede hacer mucho más, es por su bien.

La experiencia democrática

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Menos mal que España no vive una "experiencia democrática" como la de Venezuela. No tenemos a un cursi iluminado en el poder, ni se pueden negar la renovación de las licencias a emisoras importantes por el hecho de ser críticas con el poder, como ha hecho Chávez con Radio Caracas-Televisión. Tampoco se está criminalizando a la oposición por el hecho de serlo.

Es más, aquí sería impensable lo que está teniendo lugar en Venezuela. Chávez habla constantemente del proyecto "bolivariano" en referencia al famoso libertador. Sólo tenemos que recordar que lo que deseaba Simón Bolívar para sí mismo era el poder vitalicio con un Senado hereditario y un Congreso elegido por sufragio para darle una apariencia democrática. Afortunadamente para la "Gran Colombia" de entonces, la república bolivariana fracasó. Aquí, ¿quién iba a mirar al pasado para elegir un modelo fracasado como excusa para transformar nuestra realidad democrática? ¿Se permitirían en estas latitudes, en el corazón de Europa, en el centro cósmico de la Alianza de Civilizaciones, estas pretensiones tan totalitarias?

Es evidente que no sólo las permitimos, sino que todo eso está pasando ante la mirada conformista, cuando no entusiasta, de parte de los españoles. Pero no cabe llevar la comparación más allá de eso. En Venezuela el grueso de los ingresos del Estado depende de la extracción de un mineral, mientras que en nuestro país proviene de los impuestos sobre nuestra renta o nuestra riqueza. Aquí el Estado tiene que contar con la gente para sobrevivir; allí no. Además hay media España que no está dispuesta a resignarse ante todo el proceso de demolición de las instituciones, mientras que en Venezuela la respuesta civil es minoritaria e insuficiente.

Venezuela ha escrito su futuro con letras de sangre: "Socialismo del siglo XXI", lo ha bautizado Chávez. Está nacionalizando las grandes empresas, lo que llevará a lo que resta se sociedad organizada al caos y a la miseria. Cuando las cosas se pongan feas hará uso de sus nuevos poderes, cuando los imponga en la nueva Constitución, que le permiten gobernar por decreto durante año y medio, nada menos. Nacionalizará la sanidad y la educación. Y podrá estar en el poder hasta 2021, convirtiendo por fin a Venezuela, como ha prometido, en una "república bolivariana". Nosotros tendremos más suerte.

Cervantes sigue manco en la red

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Protesté porque los enlaces internos empleaban un formato muy intrincado que impedía que los contenidos fueran indexados por los buscadores, lo que básicamente aislaba el proyecto de sus potenciales usuarios. Además, disponían de un texto "legal" denominado "normas de enlaces" que prohibía todo enlace a cualquier parte de la biblioteca que no fuera la portada y unas pocas páginas más, y en el supuesto de que quisiéramos enlazar alguna página, autorizada, había que esperar un plazo de 15 días tras rellenar un formulario para que nos dieran permiso.

Bueno, al final parece que han recapacitado. El 26 de diciembre, como inesperado regalo de Navidad, anunciaban que ya se podía enlazar sin petición previa cualquier página de la biblioteca. Por supuesto, no hacían más que reconocer que era imposible poner puertas al campo y que, además, carecían de cualquier base legal para imponer restricciones a aquellos usuarios que en su propiedad privada, esto es, sus páginas web, incluyeran las referencias a otras páginas que les salieran de… la nariz.

Sin embargo, sus "normas de enlaces" siguen siendo un atraco al sentido común y a la propiedad privada. ¡Y eso que se supone que la institución la preside el liberal Mario Vargas Llosa! Han de saber ustedes que cualquier enlace que hagan a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes debe usar o bien una de estas imágenes o bien un texto que emplee una fuente "Arial, el estilo negrita, el tamaño de un mínimo de 12 y el color deberá tener las siguientes características: rojo 155, verde 23, azul 26, matiz 254, saturación 189 y luminosidad 89". Unos requisitos que, si alguna vez se cumplen, seguramente sea por casualidad. Estoy esperando a que denuncien a todos los buscadores que, tras la eliminación de ese absurdo formato de enlace que tenía, ponen a disposición de los internautas el contenido de la biblioteca. Ni Google ni Yahoo ni MSN ni nadie, en definitiva, cumple las normas. Normal. Los resultados de las búsquedas les pertenecen a ellos, no a ninguna institución retrógrada, del mismo modo que el formato en que está este artículo es responsabilidad de Libertad Digital, no de la Biblioteca Virtual Cervantes ni de cualquiera de los otros sitios web que enlazo.

Repasando sus normas, repiten que el incumplimiento "será perseguido por todos los medios que las leyes prevén" y que "se rigen por las Leyes españolas", pero no dicen qué leyes, seguramente porque aún no las han encontrado. El contenido de la biblioteca puede estar sujeto a los derechos de propiedad intelectual en los casos en que éstos no hayan expirado y, por tanto, emplearlo sin permiso y excediéndonos del derecho de cita sin duda puede ser condenado. Pero  las direcciones web donde se encuentran accesibles esos contenidos no son propiedad industrial o intelectual de ningún tipo e imponer "normas de enlace" no es más que un patético intento de vivir en Internet como si, valga la contradicción, ésta no existiera.

Mientras tanto, en el mundo real, Google Books sigue avanzando, y ahora digitalizará la biblioteca del monasterio de Montserrat. Mientras, su competidor Open Content Alliance, en el que participan Yahoo, Adobe o Internet Archive, ha alcanzado la marca de 100.000 ejemplares. No tienen normas de enlaces. Creo.

Vive y odia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Incapaces de juntar más de diez palabras con algún sentido, han impreso tres en una pared que expresa el sentimiento que mueve a estos jóvenes a actuar como lo hacen: "Vive y odia".

El odio es el sentido del movimiento okupa. No entienden en qué consiste y cómo funciona la sociedad libre y no aceptan todo aquello que hacemos los demás para salir adelante. Levantarse pronto todos los días, llevar un aspecto aseado y agradable, estudiar si estás en la edad de hacerlo, trabajar y ahorrar, llevar una vida (más o menos) ordenada, fijar objetivos para el futuro…

No. Ellos se creen con el derecho a tener lo que desean, pero no aceptan sacrificarse y trabajar para conseguirlo. Y lo toman por la fuerza. Odian la sociedad porque les fuerza a tener unas responsabilidades que no quieren aceptar. Están en la adolescencia permanente que caracteriza a todo progre. Pero éstos no leen con fruición un artículo en El País sobre el último jirón de violencia en Chiapas, o una reunión de movimientos terroristas en Porto Alegre, fantaseando con la revolución pendiente mientras llevan la vida que dicen aborrecer. No son, por tanto, el típico progre, sino que tiran por la calle del medio y parasitan la propiedad de cualquier vecino.

La izquierda siempre ha tenido fascinación por todos los comportamientos antisociales, y los ha justificado (la culpa es de la sociedad, ya sabe). Pero siente especial aprecio por los okupas, siempre que sea la casa de otro y no la suya la que vampiricen. Su alternativa a la sociedad libre se desmoronó a una velocidad espectacular, y la izquierda sigue sonada, aturdida, sin dar con otro modelo que oponer al capitalismo. Lo único que mantiene es el odio, otra vez el odio, por las sociedades abiertas y por todo lo que huela a Occidente, así que se apunta, desde el Islam a los antiglobalización o los okupas a todo lo que se opongan a ellas.

Como cada vez somos más ricos, nos podemos permitir más parásitos, de modo que o se toma el asunto en serio o este movimiento irá a más. El Estado, si tiene alguna justificación, es la de defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, y cuando falla, el ciudadano tiene todo el derecho a recurrir a los medios necesarios para recuperar lo que le pertenece. Ya han surgido iniciativas privadas que suplen, una vez más, el hueco creado por la ineficacia estatal, y que se encargan de desalojar los pisos. Seguro que contra ellas no habrá la comprensión que desbordan ciertos políticos hacia quienes ocupan lo ajeno.

De Aristóteles a Inma Mayol

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

No mucho después apareció la propiedad privada, que en contra de lo que opinan los retroprogres, no es un invento de la burguesía para extender sus privilegios a costa de la clase proletaria, sino una institución natural que surge como consecuencia del proceso de civilización. La existencia de la propiedad privada es lo que nos distingue de los animales irracionales y de los comunistas, que ya es bastante. Pero es que además, es lo que permite el desarrollo y el bienestar de las sociedades y la independencia y libertad de los individuos para perseguir los fines que cada uno se marca en la vida. Aristóteles, que con permiso de la parienta de Joan Saura tenía también una ligera noción de estas cosas, llegó a la conclusión de que la propiedad privada está indisolublemente unida a la naturaleza humana, pues si al hombre se le priva de ese derecho esencial, pierde su auténtica condición para convertirse en simple esclavo.

Pero diez mil años de respeto a la propiedad privada han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a Cataluña, cuyos dirigentes políticos en lugar de defender las tradiciones que hacen posible la existencia de seres libres, se dedican a dinamitarlas desde la base para crear un orden social nuevo con el movimiento okupa como referente teórico.

La tercera teniente de alcalde de Barcelona, por ejemplo, no ve "tan grave" que se invada la propiedad ajena para darle un uso social alternativo. Pues oiga, lo es; porque el Estado es precisamente el que tiene que salvaguardar los derechos de los individuos, y no convertirse en el principal agente encargado de dinamitarlos como ocurre en Cataluña. Los ciudadanos, en un Estado de Derecho digno de ese nombre, tienen perfecta libertad para hacer el uso que les venga en gana con sus propiedades legítimamente adquiridas y el hecho de que esta facultad elemental esté supeditada al dictado de los gobernantes no es más que una forma de tiranía, además muy poco sofisticada. Ya no es que una mayoría dañe los derechos de una minoría, como suele ocurrir en las democracias, es que ahora se trata de una minoría encaramada al poder, que usa la fuerza coercitiva del Estado para acabar con un derecho básico comúnmente extendido.

Entre la Venezuela de Chávez y la Cataluña de Montilla sólo hay una diferencia de grado. Las nacionalizaciones, las expropiaciones y, en general, cualquier ataque del Estado a los derechos y libertades básicas de los ciudadanos es un retroceso de la civilización y un paso hacia el totalitarismo. Y que no nos vengan hablando estos aprendices de caudillo bananero de nuevas conquistas sociales y más derechos de ciudadanía. La principal conquista social y el derecho más importante es la propiedad privada. Sin él no hay libertad. Punto.

Multiculturalismo, intervencionismo y opresión de la mujer: el caso indio

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

En 1978, Ahmed Khan, ciudadano indio de religión musulmana, decide divorciarse de su mujer. Tras el iddat, periodo de tres meses durante el cual la mujer musulmana debe permanecer con su ex marido tras el divorcio, Shah Bano se encontró en la calle y sin medio de subsistencia, ni para ella ni para sus cinco hijos.

Entonces decide invocar el código penal indio y reclamar una pensión alimenticia. Un tribunal ordinario falla a su favor. Sin embargo, Khan apela al Tribunal Supremo alegando que él ya había cumplido con su deber de acuerdo con la Ley Personal Musulmana. En 1985, los jueces dictaminan que la ley penal del país es de rango superior a cualquier ley personal, y por tanto debe aplicarse a todos. La sentencia también pidió la creación de un código civil uniforme que terminara con las diferentes modalidades matrimoniales basadas en la religión y aprobadas en los años treinta y cuarenta del siglo XX.

Los fundamentos jurídicos también cuestionaban la financiación estatal de colegios para ciertas minorías religiosas, que sin embargo no están sometidos a la inspección de la que son objeto las escuelas de la mayoría, que no dispone de establecimientos de enseñanza privativos financiados por el contribuyente.

Un año después, el parlamento del país aprueba la conocida como ley de Mujeres Musulmanas, oficialmente Protection of Rights on Divorce, que excluía a las mujeres musulmanas del recurso al código penal laico en casos de divorcio. Tras los tres meses de iddat, la pensión debía ser pagada por los parientes de la mujer, y en su defecto por el Estado. La legislación fue apoyada por el entonces primer ministro del Partido del Congreso, Rejiv Ghandi. El Congreso siempre se ha presentado como un partido laico, tolerante y socialista. Más de una quinta parte de sus votos proviene de musulmanes.

Se argumentó que la ley protegía los derechos de las minorías al preservar la identidad religiosa y cultural de los musulmanes. En el debate parlamentario no se tomó en cuenta la opinión de las mujeres musulmanas, aunque sí la de la mayoría de los practicantes de esa religión en la India, que según algunos estudios estaba a favor de la nueva ley. Esto provocó una airada reacción del Bharatiya Janata Party, que pidió el fin del “minoritismo” discriminatorio y la disolución de la Comisión Nacional de las Minorías, un órgano consultivo del ejecutivo indio, y su sustitución por una Comisión de Derechos Humanos.

En 1991, Rejiv Ghandi es asesinado, y un año después un grupo de militantes hindúes ocupa y destruye la mezquita de Babri en la ciudad de Ayodhya. La tradición hindú señala este lugar como el de nacimiento del Dios Rama. Muchos hindúes consideran la construcción de una mezquita en este lugar una ofensa a sus creencias. Estos hechos provocaron una ola de violencia religiosa en el país durante la cual 3.000 personas fueron asesinadas. Las pancartas pidiendo la abolición del Matrimonio Musulmán eran frecuentes entre los manifestantes hindúes. Algunos grupos fundamentalistas musulmanes animan a los jóvenes a casarse con mujeres hindúes, convencerlas de la conveniencia de aplicar la ley musulmana, y luego de tener hijos con ella divorciarse como método para extender el Islam en la India. La violencia interreligiosa no ha amainado en el país. Atentados terroristas, revueltas y asesinatos masivos se producen de forma continua. La segregación residencial entre las dos comunidades se ha acentuado incluso en las grandes ciudades.

En el contexto de un Estado intervencionista que ejerce una especie de caridad institucionalizada, el multiculturalismo indio ha dado como resultado una sociedad multi-teocrática en la que el ciudadano debe definirse, primero como miembro de una comunidad y luego como individuo.

Este es el trágico resultado del multiculturalismo y de los llamados derechos colectivos: el pluralismo intolerante que niega el libre albedrío y mina los fundamentos de la sociedad civil. Poco importa que el parlamento indio siga siendo elegido por sufragio universal, cuando a la hora de diseñar políticas públicas son los dogmas religiosos, no las personas, los que votan. A juzgar por los resultados de estas políticas en India y otros países, no creo que sea exagerado asegurar que hoy en día el comunitarismo en un estado intervencionista –¿alguno no lo es?– es uno de los mayores peligros para la democracia liberal, pues nada hay más incompatible con ella.

Urbanismo revolucionario

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Primero fue el Gobierno central, con su reforma de la Ley del Suelo; poco más tarde, los Gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, con su ofensiva contra los propietarios de pisos. Aunque no lo parezca, saben muy bien lo que hacen.

La nueva Ley del Suelo: expropiación gratuita

Hace tiempo que el Estado se arrogó la capacidad de expropiar las tierras de los individuos por mor del "interés general". ¡Como si hubiera un interés más general que la defensa de la libertad y la propiedad de cada cual! Con todo, parece ser que a nuestros politicastros no les gustaba demasiado tener que pagar un (mal llamado) justiprecio al expropiado, así que Trujillo ha puesto en marcha su inútil maquinaria ministerial para robar las tierras al propietario sin ningún tipo de compensación.

El Instituto Juan de Mariana denunció el pasado noviembre, en una nota de prensa, que la nueva Ley del Suelo "otorga carta blanca a la Administración para expropiar el patrimonio de los ciudadanos con una compensación mínima". La estratagema es muy sencilla: la ley elimina las calificaciones como método de valoración y se fija únicamente en la situación física actual de la finca. Así, por ejemplo, si usted tiene un terreno urbanizable pero no urbanizado, la Administración se lo pagará como suelo rural. ¡Llegan las rebajas!

Si los políticos quieren un chalet en la montaña, una carretera al lado de sus casas o una megaurbanización de viviendas públicas de 30 metros cuadrados, de ahora en adelante podrán encontrar auténticas gangas. Con el trujillazo no sólo tendremos que aguantar que nos expropien, sino que se rían de nosotros a la cara. El justiprecio es tan justo que no te dejan elegir entre quedarte con la finca o venderla: te colocan la pistola en la sien y te sugieren que aceptes las migajas que te ofrecen. Es el método de la mafia, del socialismo y del Estado.

Marx, 1 – Libertad, 0.

Los okupas Montilla y Madrazo

Si Trujillo pretende expropiar nuestras fincas, su compañero Montilla está decidido a quedarse con los pisos de los catalanes. Hace poco más de un mes, su Gobierno aprobó un proyecto de ley que prevé expropiar durante 6 años aquellos pisos que lleven más de dos años vacíos y no hayan sido puestos en alquiler. Así podrán montar un Buró del Alquiler Público.

Por su parte, el comunista Madrazo, consejero de Vivienda del Gobierno vasco, acaba de salir a la palestra con una propuesta similar: un impuesto de entre 9 y 15 euros diarios sobre las viviendas desocupadas. Ya se sabe, es la otra parte de la fórmula de Marx, lo del empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado.

Por si la exacción fuera escasa, se vigilarán los registros de la luz y agua de los inmuebles, para detectar si se encuentran vacíos y, entonces, inscribirlos en un novedoso registro de viviendas desocupadas.

¡Pobre Narbona! Ella, tan pía, promoviendo el ahorro de agua y energía eléctrica para cumplir con Kioto, y Madrazo sugiriendo (involuntariamente, eso sí) a los propietarios de viviendas vacías que se pasen todos los días a abrir el grifo y encender las luces si no quieren ser víctimas del dichoso impuesto. Ah, y si en su vivienda principal tiene la costumbre de poner la lavadora por la noche o de cerrar el grifo mientras se lava los dientes, vaya olvidándose de ello, que la bromita le puede salir cara.

Montilla y Madrazo se han servido de la atrofia del mercado de alquiler como excusa para atacar a los propietarios de inmuebles. En palabras del castrista Madrazo, "es un lujo inadmisible que haya propietarios que tengan su vivienda absolutamente desocupada y sin ningún uso, cuando hay tantas personas que necesitan una". En realidad quería decir que la propiedad es, en sí misma, un lujo inadmisible, pero no convenía escandalizar demasiado al rebaño, no sea que se rebele y no pueda seguir trasquilándolo.

Traduzcamos los palabros progres al román paladino: Madrazo y Montilla se quejan de que la gente prefiera mantener las viviendas vacías, a la espera de poder venderlas cuando se revaloricen, en lugar de alquilarlas. Es lo que los justicieros sociales llaman "especulación", algo que no saben cómo funciona pero que les suena fatal. Si el analfabetismo económico no obstruyera las sinapsis de semejantes prohombres, podrían plantearse lo siguiente: ¿por qué los propietarios no quieren alquilar sus viviendas mientras esperan a que éstas se revaloricen?

Los propietarios no son tontos

Me explico. Si creo que me voy a forrar vendiendo mi piso dentro de dos años, ¿por qué, entre tanto, no lo alquilo? Basta con que dentro de un año y medio desaloje a mis inquilinos, repare lo reparable y venda. Así habré percibido un alquiler durante año y medio y, luego, el precio de venta del piso. ¿Por qué renunciar a ese año y medio de alquiler? ¿Es que todos los propietarios de pisos son tan tontos como el bachiller Montilla y el marxista Madrazo suponen?

La razón es otra distinta de la ignorancia, la avaricia o la maldad. El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el plazo mínimo de un contrato de alquiler para una vivienda habitual es de cinco años, y el 14 obliga al adquiriente a soportar al inquilino hasta que finalice dicho plazo. O sea, que si un propietario quiere vender su piso en dos años no puede sacarlo ahora a alquiler. Así que sí, es lógico que los individuos renuncien a las rentas de alquiler a cambio de poder traspasar el piso sin inquilinos indeseados.

La intervención del Estado provoca distorsiones en el mercado que los burócratas necesitan atribuir a otros (inmobiliarias, especuladores, constructores, etcétera) para… volver a intervenir y dictar nuevas regulaciones.

Trujillo, Montilla y Madrazo son claros ejemplos de parasitismo: roban nuestras propiedades y sobre ellas se montan su chiringuito electoral.

Marx, 2 – Libertad, 0.

¡Ah, se me olvidaba!: los antecedentes de estas políticas ultraliberales las tenemos en Gallardón, el amigo de Tim Robbins, que se definía como liberal por "saber escuchar" pero que no dudó en proponer la expropiación de las casas deshabitadas del centro de Madrid. Tiene suerte el alcalde de no ser ni sordo… ni manco.

Marx, 3 – Libertad, 0.

Trujillo, Montilla, Madrazo y Gallardón se funden en un fraternal abrazo. Los socialistas de todos los partidos abandonan el terreno de juego tras una aplastante victoria. La vivienda sigue tan cara como siempre, los propietarios han sido atracados, pero los políticos se han llenado los bolsillos. Definitivamente, la robolución marxista es un chollo.

La violencia de género, todo un fraude de ley

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La violencia de género, todo un fraude de ley

El año recién terminado ha sido nuevamente trágico en cuanto al número de víctimas que se ha cobrado la, mal denominada por el Gobierno, violencia de género. Un total de 69 mujeres fueron asesinadas durante 2006, según un informe publicado por el Centro Reina Sofía. Ocho casos más que en 2005, lo que supone un aumento del 13,1%, al tiempo que iguala la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas durante 2004, año en el que, por cierto, aún no había entrado en vigor la tan anunciada y aplaudida Ley Orgánica contra la Violencia de Género. El fracaso ha sido, pues, total, no sólo por la demostrada ineficacia de tal medida –el 77,42% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor–, sino por las implicaciones y efectos jurídicos negativos que se derivan de la misma.

El 22 de diciembre de 2004 el pleno del Congreso aprobaba dicho proyecto, cuyo contenido ha levantado un intenso y polémico debate a nivel jurídico y social en torno a la validez y conveniencia de aplicar un texto en el que se recogen de forma explícita medidas claramente favorables a implementar en materia penal el controvertido concepto de discriminación positiva. Y eso que el propio Consejo General del Poder Judicial se mostró en su día contrario al planteamiento del Ejecutivo. De hecho, algunos magistrados, entre ellos mujeres, han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional por vulnerar ciertos principios básicos del Derecho contemporáneo, como el concepto de igualdad jurídica formal, propio de la tradición liberal.

La norma refuerza la protección penal frente a los actos de violencia contra la mujer, pero ello mediante la aplicación de un tratamiento penal diferencial en función del sexo al que pertenece tanto el agresor como la víctima: las amenazas leves contra la mujer se sancionan con prisión de seis meses a un año; las coacciones leves con pena de prisión de seis a dieciocho meses; de igual modo, se agrava la pena en las lesiones, de dos a cinco años, así como el quebrantamiento de pena o medida de seguridad impuesta al agresor. Además, castiga con cárcel lo que antes era considerado como falta leve con el argumento de que "esa acción es un indicio inequívoco que anticipa futuras conductas violentas del marido", con lo que se genera un peligroso precedente jurisdiccional, ya que el derecho penal debe tipificar conductas objetivas y no sancionar en base a hipotéticas intenciones, lo cual permitiría encerrar a un individuo en función de su hipotética y, por tanto, no probada peligrosidad o potencialidad delictiva.

Por otro lado, la creación de juzgados para la violencia de género supone, en esencia, un tratamiento judicial específico para un determinado colectivo en función de criterios jurídicos no objetivables. Es decir, la ley no contempla un objeto jurídico concreto (la agresión o el maltrato en el ámbito familiar o de pareja), sino que tales juzgados atienden exclusivamente a un criterio de carácter subjetivo (las mujeres maltratadas por sus maridos o ex-parejas), lo cual contradice los fundamentos constitucionales de igualdad de trato e igualdad ante la ley. Es más, según diversos juristas, se observa un aumento significativo del número de denuncias falsas por maltrato. Algunas mujeres aprovechan las ventajas que les ofrece la citada norma para salir beneficiadas en sus respectivos procesos de divorcio, ya que la existencia de denuncia implica el traslado del expediente, hasta el momento en vía civil, a los juzgados de violencia, con todo lo que ello implica (retrasos, carencia de especialización y posible apertura de un proceso penal para el sospechoso maltratador).

En el ámbito asistencial también establece la formación de un fondo para financiar diversos servicios sociales para atender a las víctimas, pero nuevamente dirigido sólo hacia las mujeres: la trabajadora víctima de la violencia tendría derecho a la adaptación y reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo, entre otras medidas.

Así pues, tal ley ofrece una protección jurídica desigual y claramente discriminatoria en función de quién sea la víctima y quién el agresor, lo cual es jurídicamente inaceptable y políticamente condenable. El maltrato y la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico supone, sin lugar a dudas, una importante lacra social sobre la que se debe intervenir de forma urgente mediante la puesta en práctica de medidas legislativas eficaces capaces de dotar, ante todo, de seguridad a las víctimas, así como de herramientas jurídicas capaces de castigar de forma efectiva a los agresores con el objetivo de garantizar que tales hechos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, las pretensiones iniciales no han obtenido los resultados esperados y el número de asesinatos se mantiene, sin visos de verse reducido por la aplicación de tales medidas discriminatorias.

Además, la violencia doméstica afecta de forma igualmente alarmante a niños, ancianos y, en menor medida, hombres (quienes suelen padecer maltrato psicológico), con independencia del sexo de la víctima o del agresor, de ahí que sea un grave error la aplicación de la discriminación positiva en este ámbito, al igual que en otros. ¿Es que acaso no todas las víctimas de dicha violencia no merecen igual trato o atención y sus agresores igual castigo con independencia del sexo al que pertenezcan? ¿Es que acaso unos son más culpables que otros?

La ley debe proteger a todos por igual, sin distinciones de ningún tipo, ya que lo contrario supondría una evidente vulneración institucionalizada de derechos individuales que son estrictamente inalienables, una violación en toda regla del fundamental principio de igualdad ante la ley, propio de las democracias modernas. Todo individuo, que no grupo, con independencia del sexo al que pertenezca, debe ser considerado de la misma manera cuando es víctima o agresor, puesto que la existencia de delito no radica en una mera y simple cuestión de género. El delito en sí es la violencia y el maltrato, independientemente de quién lo sufra e independientemente de quién lo ejerza.

Occidente acabó con la esclavitud

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Cuando pensamos en el término esclavitud lo más probable es que acudan a nuestra mente imágenes de plantaciones del sur de Estados Unidos y negros cantando sus penas mientras recogen el algodón, incitados por el chasquido del látigo de su capataz. Es decir, los malvados occidentales, es más, los malvados norteamericanos esclavizaron a los pobres negros africanos. Lo cual es indudablemente cierto. Sin embargo, semejante escena es casi una nota al pie dentro de la historia de la esclavitud, una institución que ha acompañado a la humanidad desde su nacimiento hasta hace muy poco tiempo. Lo realmente excepcional de Occidente es que fue la civilización que acabó con ella. Es esa historia la que cuenta Thomas Sowell en uno de los ensayos contenidos en Black Rednecks and White Liberals.

Para hacernos una idea de lo poco que se sabe de la historia real de la esclavitud, basta recordar que la misma palabra "esclavo" proviene de "eslavo" en infinidad de lenguas, entre ellas la nuestra… y el árabe, por ejemplo. No fue el racismo lo que movió la esclavitud; los europeos esclavizaron a los habitantes de los Balcanes seis siglos antes de que el primer negro llegara a América, los asiáticos esclavizaron a otros asiáticos, los africanos a otros africanos, los indios americanos a otros indios, etc. La razón por la que África fue la principal fuente de esclavos para América y Europa al final de la era de la esclavitud es que carecían de sociedades que les permitieran defenderse y por las presiones de la Iglesia Católica para no esclavizar a otros cristianos. Sin embargo, no existía ningún movimiento ni pensador importante que, en palabras de Lincoln, creyera que "si la esclavitud no está mal, es que nada está mal". Incluso la utopía de Tomás Moro incluía esclavos. Era algo que existía, que había existido siempre en todas las sociedades del mundo, y sobre lo que no se reflexionaba demasiado.

El primer movimiento antiesclavista nació en Gran Bretaña en 1787, con una reunión de doce personas "profundamente religiosas", en una época en que el imperio británico lideraba el comercio de esclavos. Liderados por cristianos y financiados por empresarios conservadores, empezaron un debate que nunca antes había existido, pero décadas más tarde lograron que el parlamento prohibiera primero el tráfico de esclavos, más tarde la esclavitud y, finalmente, que un imperio británico en su apogeo impusiera esas prohibiciones al resto del mundo.

Sin embargo, aunque poco a poco los demás países occidentales fueron prohibiendo la esclavitud, fuera de Occidente la abolición se impuso a sangre y fuego, aprovechando la enorme superioridad tecnológica y militar de la que disponían. El imperialismo, especialmente el imperialismo británico, fue la herramienta que sirvió para destruir el comercio de esclavos y reducir la prevalencia del esclavismo en todo el mundo. Barcos británicos entraban en aguas de Brasil para hundir barcos de esclavistas y se amenazó al imperio otomano con hacer lo mismo con los suyos si no aceptaban la prohibición. Años después, los norteamericanos erradicarían la esclavitud de Filipinas, los holandeses de Indonesia, los rusos de Asia Central y los franceses en sus colonias africanas y caribeñas.

Y es que, fuera de Occidente, no había nadie que entendiera muy bien esa manía que tenían contra el esclavismo. En el imperio otomano afirmaban que era una institución crucial para la vida y los hábitos de todos sus habitantes. Los maoríes lo veían como algo sin importancia, una más de sus costumbres. En Zanzíbar, su gobernante se negó a prohibir el esclavismo por miedo a perder la lealtad de sus súbditos. Si en Brasil, el último país occidental en abolir la esclavitud, hubo grandes demostraciones de alegría en las calles el día de la emancipación, en muchas zonas del imperio otomano hubo una revolución cuando el sultán prohibió el tráfico, que no la posesión, de esclavos.

Generalmente, los multiculturalistas afirman que se debe tratar a todas las culturas por igual, porque carecemos de un marco objetivo que nos permita evaluarlas, aunque en la práctica eso les sirve de excusa para denigrar a la civilización occidental y exaltar a todas las demás. Una de las herramientas a las que más recurren es a la historia de la esclavitud o, más exactamente, a la escasa "memoria histórica" de la gente, que sólo recuerda la de Estados Unidos porque es la que aparece en las películas. Sin embargo, si algo hay que muestre la enorme superioridad de la cultura occidental sobre las demás es precisamente la historia del fin de la esclavitud, una imposición de Occidente al resto del mundo.